Marco jurídico

Organismos de apoyo a la inversión extranjera

1.1. CORFO (CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN)

La Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) es el organismo del Estado chileno encargado de impulsar el desarrollo productivo del país, la innovación y el apoyo al emprendedor y a la pyme.

CORFO es una agencia promotora de la innovación que apoya al emprendedor, acelera el desarrollo  y  mejora la productividad  de Chile generando mayores oportunidades para ciudadanos y empresas.

Su actividad es realizada a través de cinco gerencias o departamentos: Gerencia de Desarrollo competitivo, Gerencia de Inversión y Financiación, Gerencia de Emprendimiento, Gerencia de Innovación y Gerencia de Desarrollo de Capacidades Tecnológicas. Además, CORFO cuenta con el apoyo de una serie de entidades con finalidades específicas, los Comités CORFO, donde se reúnen representantes del mundo privado y público para abordar tareas estratégicas para el país. Entre ellos destacan el Comité Seguro Agrícola, el Centro de Energías Renovables (CER), Comité de Innovación en el Sector Público (CIP) y Consejo Nacional de Producción Limpia (CPL).

CORFO tiene una gran cantidad de programas, subsidios y concursos que van cambiando cada cierto tiempo y buscan ayudar a las empresas en necesidades de crecimiento, financiación, innovación y emprendimiento. Todos los programas se pueden consultar en https://www.corfo.cl/sites/cpp/programas-y-convocatorias

1.2. INVESTCHILE

InvestChile es la Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera de Chile. El organismo representa al Estado de Chile en sus tratos con los inversionistas extranjeros y apoya el posicionamiento de Chile como plaza de alto atractivo para la inversión extranjera y los negocios internacionales actuando en materias relacionadas con la administración y difusión de la normativa legal pertinente, el desarrollo de actividades de promoción de diversa índole y la elaboración de información relevante en materia de inversión extranjera, para inversionistas extranjeros y potenciales inversionistas.

InvestChile fue creado como resultado de la promulgación de la Ley 20.848 en 2016. 

El Comité de Inversiones Extranjeras está conformado por los ministros de Economía (que actúa como Presidente del Comité), Hacienda, Relaciones Exteriores y Desarrollo Social, además del Presidente del Banco Central. Adicionalmente, los ministros que representan sectores económicos específicos son invitados a participar en las sesiones del Comité de Inversiones Extranjeras en caso que corresponda. El organismo es dirigido y administrado por el Vicepresidente Ejecutivo, quien es designado directamente por el Presidente de la República.

1.2.1. Funciones

El organismo desarrolla todo tipo de iniciativas cuyo objeto sea informar, promocionar, coordinar y ejecutar acciones que incentiven el ingreso de Inversión Extranjera Directa (IED) al país:

  • Atracción: enfocada a promover a Chile como destino de inversión extranjera directa a través de: Participación en eventos empresariales a nivel mundial; crear y difundir información general y de ambiente de negocios del país; promover información sobre oportunidades sectoriales de inversión y de la promoción de la cartera de proyectos públicos. 
  • Pre-Inversión: consistente en asesorar directamente a nuevos inversores o inversores extranjeros que busquen expandir sus negocios en Chile, entregando información clave para la toma de decisiones; asesorando y promoviendo visitas a terreno o entregando asesoría para obtención de subsidio para estudios de pre-inversión.
  • Landing: asesoría para la instalación de la empresa; entrega del Certificado de inversionista extranjero; Facilitar acceso a red regional de apoyo y asesoría para la solicitud de fondos.
  • Post-Establecimiento: gestión de consultas; agenda de reuniones; información para la reinversión; proyectos públicos y oportunidades; ayuda para la exportación de productos
  • Publicación periódica de informes acerca del clima de negocios en Chile y las oportunidades concretas de inversión en proyectos tanto públicos como privados, y coordina reuniones de negocios, conferencias y seminarios.
  • Coordina la defensa y representación de la República de Chile ante los tribunales arbitrales en los cuales es demandada por inversores extranjeros, a través del Programa de Defensa en Arbitrajes de Inversión Extranjera.

1.2.2. Foro de Inversiones

Dentro de las actividades que realiza InvestChile está la organización de foros de inversión. El último fue organizado en enero de 2019. Este foro multisectorial buscaba posicionar a Chile como un destino atractivo para el desarrollo de proyectos de inversión internacionales. En el mismo, empresarios de diferentes países y sectores conocieron las oportunidades de inversión en el país. En concreto, se abordaron proyectos de inversión en los sectores de Industria de alimentos, Infraestructuras, Equipos, tecnología y servicios de minería y Venture Capital. 

1.3. AGENCIAS Y CORPORACIONES REGIONALES DE DESARROLLO PRODUCTIVO

Las Agencias Regionales de Desarrollo Productivo comenzaron siendo un órgano dentro de CORFO con la misión de elaborar la estrategia productiva de las distintas regiones. A partir del año 2012, estas agencias, denominadas Corporaciones, se transformaron en agentes de derecho privado como una forma de consolidar el modelo. Esta transformación  ha otorgado una mayor autonomía a las regiones para desempeñar un papel determinante en la identificación de las potencialidades productivas.

Las Corporaciones y Agencias se han convertido en un organismo clave para la configuración de estrategias de fomento, innovación y competitividad en la Región.

Al ser entes de derecho privado y autónomas en su mayoría, no todas tienen los mismos objetivos ni se rigen por las mismas normas. Sin embargo, en términos generales, las Agencias tienen por objeto promover el desarrollo productivo regional, contribuir a la mejora de la competitividad, promover la generación y desarrollo de proyectos de investigación, innovación y transferencia tecnológica, el desarrollo de la actividad turística regional y su promoción en el extranjero y, en general, propiciar actividades o iniciativas sin fines de lucro que contribuyan al desarrollo social y económico de la región.

Las Agencias Regionales dependen de los distintos gobiernos regionales para obtener directrices y financiación. También pueden obtener financiación mediante la presentación a licitaciones públicas para proyectos concretos. Por otra parte, estas Agencias trasladan los apoyos a las empresas a través de nuevas licitaciones. Tienen por tanto, capacidad para presentarse a, y sacar a concurso, licitaciones públicas.

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Detalle del APPRI con España

2.5. APPRI España - Chile

Desde marzo de 1994, España y Chile poseen un Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Intereses. En este APPRI se protege a las personas físicas o jurídicas que se encuentren constituidas según el derecho de cualquiera de las partes y tengan su sede en ese mismo territorio, aunque pertenezcan a personas naturales o jurídicas extranjeras. Las inversiones protegidas consisten en cualquier tipo de bienes y derechos adquiridos de acuerdo con la legislación del país receptor de la inversión. En particular, aunque no exclusivamente, se protegen:

  • Las acciones y otras formas de participación en sociedades,
  • Los créditos, valores y derechos derivados de aportaciones con el propósito de crear valor económico en el país receptor,
  • Bienes muebles e inmuebles, y sus derechos asociados,
  • Derechos de propiedad intelectual, incluyendo todo tipo de patentes, marcas, licencias de fabricación y know how,
  • Derechos otorgados por la ley o un contrato para realizar actividades económicas, en particular los relacionados con la prospección, cultivo, extracción o explotación de recursos naturales.

Con el APPRI, cada parte fomentará y admitirá las inversiones efectuadas en su territorio por inversores de la otra parte. Además, se comprometen las partes a proteger  las inversiones de la contraparte, sin poner trabas al mantenimiento y disfrute de las mismas, siempre acorde a su legislación nacional: las condiciones de la inversión extranjera nunca podrán ser peores que las de la inversión nacional.

Se puede consultar el APPRI completo en el siguiente enlace:

http://www.comercio.es/acuerdos 

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Otros incentivos a la inversión

Programas CORFO

Por otra parte, CORFO cuenta con un importante directorio de programas y apoyos en diferentes sectores, siempre en el ámbito de la innovación. Los programas CORFO no tienen una periodicidad concreta, sino que van siendo publicados en su página web atendiendo a las necesidades de los diferentes sectores. Por ello se recomienda a las empresas que estén pendientes de las publicaciones de este organismo en la web www.corfo.cl/programas-y-concursos. Mientras que muchos de ellos son muy amplios, algunos de ellos pueden categorizarse en los siguientes apartados:

  • Emprendimiento: incentivos para personas interesadas en desarrollar negocios que salgan de lo usual, emprendedores con nuevas ideas, en búsqueda de financiación para ponerlas en marcha. 
  • Innovación: impulsa a las empresas a asumir riesgos y a pensar en nuevas formas de afrontar desafíos. Para esto, les ayudan a financiar la creación de productos, servicios o procesos originales, o bien, a mejorar sustancialmente los que ya están desarrollando. 
  • Desarrollo de pymes: apoyo a empresas, para que a través de la cofinanciación de proyectos, puedan mejorar sus prácticas de gestión, sus procesos productivos y oferta; y lleven a cabo acciones de carácter asociativo y encadenamientos productivos, para mejorar su productividad y facilitar su internacionalización.
  • Inversión y financiación: soluciones para mejorar el acceso a la financiación de la inversión, innovación, emprendimiento y desarrollo, de empresas de diferentes tamaños a través de intermediarios financieros bancarios, no bancarios, y de fondos de inversión, profundizando y desarrollando mercados más competitivos
  • Chile transforma: mejorar la competitividad de la economía, fortaleciendo el capital humano, la innovación y la productividad, con el fin de resolver fallas de coordinación y remover obstáculos en sectores productivos estratégicos. 
  • Capacidades tecnológicas: fortalecimiento de las capacidades de desarrollo y transferencia de tecnologías, a través de programas colaborativos que conectan a empresas, universidades y centros tecnológicos, con una visión de largo plazo en sectores estratégicos para el país.
  • Inversiones estratégicas: contribución a la materialización de inversiones privadas y estratégicas, que tengan un foco en la reducción de brechas de competitividad en territorios y sectores productivos relevantes, a través de una oferta de instrumentos de cofinanciación que acelere la toma de decisiones para invertir.

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Zonas francas y ZEE

  • Zonas francas

Las dos zonas francas de Chile son la Zona Libre de Iquique (ZOFRI) en el extremo norte del país (I Región) y la Zona Libre de Punta Arenas (ZonAustral) en el extremo sur (XII Región). En cada una de estas zonas se encuentran modernas instalaciones de fabricación, embalaje y exportación, si bien la más utilizada es la de ZOFRI.

Los comerciantes y fabricantes están exentos del Impuesto de Primera Categoría, del IVA y de los derechos de aduana sobre las importaciones. Los bienes se pueden re-exportar sin tributar, pero  los que se vendan en Chile deben pagar derechos de importación e IVA cuando abandonan la zona, a menos que, en el caso de los derechos de aduana, procedan de un país con el cual Chile tiene un Tratado de Libre Comercio.

Los bienes que son trasladados al área que rodea a una zona franca (definida legalmente como Zona Franca de Extensión) están sujetos a un impuesto de un 1,7% sobre su valor CIF. Éste puede ser deducido de los derechos de aduana y del IVA, si los bienes  son posteriormente transferidos al resto del país, o puede ser recuperado si son exportados.

Para ampliar información, visite los sitios Web de la Zona Franca de Iquique: www.zofri.cl/ y de la Sociedad Administradora Zona Franca Punta Arenas: www.zonaustral.cl/

  • Centros de exportación (CE)

Los centros de exportación son recintos con presunción de extraterritorialidad aduanera, autorizados para el ingreso, depósito y comercialización de mercancías al por mayor en las región de Arica y Parinacota (provincias de Arica y Parinacota). A los CE podrán ingresar mercancías nacionales y mercancías extranjeras originarias y procedentes de otros países sudamericanos, las cuales podrán ser:

  • Exhibidas
  • Empacadas
  • Desempacadas
  • Etiquetadas
  • Reembaladas
  • Comercializadas

Mientras permanezcan en los CE se considera como si estuvieran en el extranjero y, por lo tanto, no están afectas al pago de los siguientes gravámenes:

  • Arancel, impuestos, tasas y gravámenes percibidos por Aduana
  • Impuesto al Valor Agregado, IVA
  • Impuesto Zona Franca de Extensión o Art. 11, Ley Nº18.211 (actualmente 3,3%)
  • Impuesto al tabaco (Decreto Ley Nº 828)

Las ventas de mercancías nacionales a un comerciante establecido dentro de un CE, son consideradas exportación para efectos de acogerse a los siguientes beneficios:

  • Recuperación del Impuesto al Valor Agregado, IVA.
  • Sistema Simplificado de Reintegro a las Exportaciones No Tradicionales
  • (Ley Nº 18.480).
  • Sistema de Reintegro de Derechos y Demás Gravámenes Aduaneros (Ley   Nº 18.708).

Si las mercancías extranjeras de origen sudamericano salen del CE, podrán:

  • Importarse a la región de Arica y Parinacota de Chile afectas sólo a un impuesto de 3,3%, establecido en el Artículo 11, Ley 18.211.
  • Importarse al resto de Chile, sujetas al régimen general de importación.
  • Reexpedirse al extranjero libres de todo gravamen e impuesto.
  • Venderse exentas de todo gravamen e IVA a las empresas establecidas en la Zona Franca Industrial. 

Restricciones

Los beneficios operan para las mercancías de origen sudamericano.

Las mercancías nacionales ingresadas a un CE no pueden ser reingresadas a la Región de Arica y Parinacota o al resto de Chile.

Los ingresos y salidas hacia y desde un CE debe ser por un monto mínimo de 15 UTM. 

Beneficiarios

Persona natural o jurídica, establecida legalmente en Chile.

Forma de acceder al beneficio

Mediante un contrato suscrito con el concesionario del CE y la realización de los trámites correspondientes ante Aduana y Servicio de Impuestos Internos.

      
  • Ley de zona franca industrial (ZFI)

Cobertura geográfica

Provincia de Arica

Beneficiarios

Industrias manufactureras instaladas o que se instalen en Arica, que realicen procesos de transformación irreversible de materias primas, partes y piezas extranjeras, y que realicen otros procesos que incorporen valor agregado nacional (armaduría, ensamblado, montaje, terminado, integración, manufacturación o trasformación industrial) 

Beneficios

Exención de los derechos aduaneros e IVA a las materias primas, partes y piezas importadas e incorporados a procesos productivos. 

Exención del pago del Impuesto de Primera Categoría de la Ley de Impuesto a la Renta por las utilidades devengadas en sus ejercicios financieros.

Recuperación de IVA por servicios o suministros utilizados en la elaboración de productos exportados

Información adicional

Presentar el proyecto de inversión a Zona Franca Industrial de Arica, carta dirigida al señor Intendente de Arica y Parinacota y formulario “Solicitud Usuario Zona Franca Iquique-Arica”

Recuperación del crédito hasta 2030

Más información sobre las leyes que aplican en Arica y Parinacota en www.aricaparinacota.cl/.

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Contratación Pública. Criterios de adjudicación de contratos

Inscripciones registro contratistas

Según la Normativa de Compras Públicas, la Administración adjudicará los contratos que celebre mediante licitación pública, licitación privada o contratación directa. La licitación pública será obligatoria cuando las contrataciones superen las 1.000 UTM (unos 61.600 euros), salvo las excepciones que se disponen en la ley. Para efectos de esta ley se entenderá por: 

·      Licitación o propuesta pública: el procedimiento administrativo de carácter concursal mediante el cual la Administración realiza un llamado público, convocando a los interesados para que, sujetándose a las bases fijadas, formulen propuestas, de entre las cuales seleccionará y aceptará la más conveniente. En las licitaciones públicas cualquier persona podrá presentar ofertas, debiendo hacerse el llamado a través de los medios o sistemas de acceso público que mantenga disponible la Dirección de Compras y Contratación Pública, en la forma que establezca el reglamento. Además, con el objeto de aumentar la difusión del llamado, la entidad licitante podrá publicarlo por medio de uno o más avisos, en la forma que lo establezca el reglamento.

·      Licitación o propuesta privada: el procedimiento administrativo de carácter concursal, previa resolución fundada que lo disponga, mediante el cual la Administración invita a determinadas personas para que, sujetándose a las bases fijadas, formulen propuestas, de entre las cuales seleccionará y aceptará la más conveniente.

·      Trato o contratación directa: el procedimiento de contratación que, por la naturaleza de la negociación que conlleva, deba efectuarse sin la concurrencia de los requisitos señalados para la licitación o propuesta pública y para la privada. Tal circunstancia deberá, en todo caso, ser acreditada según lo determine el reglamento. La Administración no podrá fragmentar sus contrataciones con el propósito de variar el procedimiento de contratación. Procederá este tipo de licitación en los casos fundados que a continuación se señalan:

o  Si en las licitaciones públicas respectivas no se hubieren presentado interesados. En tal situación procederá primero la licitación o propuesta privada y, en caso de no encontrar nuevamente interesados, será procedente el trato o contratación directa.

o  Si se tratara de contratos que correspondieran a la realización o terminación de un contrato que haya debido resolverse o terminarse anticipadamente por incumplimiento por parte del contratante u otros motivos y cuyo remanente no supere las 1.000 UTM.

o  En casos de emergencia, urgencia o imprevisto, calificados mediante resolución fundada del jefe superior de la entidad contratante, sin perjuicio de las disposiciones especiales para casos de sismos y catástrofes contenidas en la legislación pertinente.

o  Si sólo existe un proveedor del bien o servicio.

o  Si se tratara de convenios de prestación de servicios a celebrar con personas jurídicas extranjeras que deban ejecutarse fuera del territorio nacional.

o  Si se trata de servicios de naturaleza confidencial o cuya difusión pudiere afectar la seguridad o el interés nacional, los que serán determinados por decreto supremo.

o  Cuando, por la naturaleza de la negociación, existan circunstancias o características del contrato que hagan del todo indispensable acudir al trato o contratación directa, según los criterios o casos que señale el reglamento de esta ley.

o  Cuando el monto de la adquisición sea inferior al límite que fije el reglamento.

Las empresas españolas tienen la opción de participar directamente en licitaciones. La viabilidad de esta forma de acceso depende del organismo convocante. El MOP, por ejemplo, exige que la empresa tenga presencia física en Chile y conste en un determinado registro. Otros organismos pueden condicionar la adjudicación de la licitación al establecimiento definitivo de la empresa en el país.

Para participar en licitaciones se requiere, por lo general, la inscripción en los Registros de Contratistas y/o Consultores que exige cada organismo. La adjudicación mediante licitaciones es un procedimiento, en general, transparente y formal y existe mucha experiencia al respecto. Normalmente establecen mecanismos para separar la calidad técnica de la económica y se exige a los participantes garantías de seriedad de las ofertas, y al ganador, garantía de fiel cumplimiento. El chileno es muy cuidadoso en la forma de presentación de las ofertas en las licitaciones, por lo que se recomienda a la empresa española que revise minuciosamente la documentación para no incurrir en errores que puedan llevar a la descalificación.

La Dirección ChileCompra es la institución que administra el sistema de compras públicas de Chile y funciona con un marco regulatorio público, basado en la transparencia, la eficiencia, la universalidad, la accesibilidad y la no discriminación. Es un servicio público descentralizado relacionado con el Ministerio de Hacienda. Administra la plataforma de licitaciones del Estado, Mercado Público, a través de la cual más de 850 organismos del Estado realizan de manera autónoma sus compras y contrataciones y participan activamente más de cien mil empresas. La Dirección ChileCompra también administra el Registro Electrónico de Proveedores del Estado, en el cual hay 40.000 empresas inscritas y que está abierto al sector privado. En dicho sistema, las instituciones demandantes del Estado publican los requerimientos de bienes y servicios y permiten a cualquier usuario acceder a los requisitos. Podrán registrarse como proveedor del Estado todas las personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras que acrediten su situación financiera e idoneidad técnica. Desde 2017 el MOP ingresa al portal también, sumando transiciones por un total de más de 2.300 millones de dólares, un 20% de las operaciones actuales.

El ciclo de vida de la licitación de una concesión es muy similar al proceso en España (declaración y existencia del proyecto; estudio y diseño; licitación y adjudicación; y etapa de construcción y explotación). En el caso de un proyecto no concesionado, la diferencia reside en que no es necesaria la formación de una sociedad concesionaria.

Es importante tener en cuenta que determinadas obras precisan del acto de toma de razón por parte de la Contraloría General de la República (CGR). La CGR es un órgano de fiscalización de la Administración del Estado, que goza de autonomía frente al Poder Ejecutivo y demás órganos públicos. Es una entidad de control de legalidad de los actos de la Administración del Estado, que verifica que actúa dentro del ámbito de sus atribuciones y con sujeción a los procedimientos que la ley contempla. Su labor es eminentemente fiscalizadora, de carácter jurídico, contable y financiero.

La principal función de la Contraloría es ejercer el control de juridicidad de los actos de la Administración. Tiene la facultad de interpretar las normas jurídicas que inciden en el ámbito administrativo; lleva a cabo la toma de razón, que es el procedimiento de control preventivo a través del cual verifica la constitucionalidad y legalidad de los decretos y resoluciones; le corresponde efectuar auditorías con el objeto de velar por el cumplimiento de las normas jurídicas, el resguardo del patrimonio público y el respeto del principio de probidad administrativa; genera información estructurada y sistemática sobre los eventos económicos que modifican los recursos y las obligaciones del Estado; y tiene la labor de juzgar las cuentas de las personas o funcionarios que tienen a su cargo fondos o bienes públicos, de velar por la legalidad de sus ingresos, gastos y por la integridad del patrimonio estatal. Cuando una obra pública requiere de la aprobación de la Contraloría, la ejecución puede retrasarse incluso con el proceso de licitación ya concluido y el proyecto adjudicado.

Concesiones: Criterios de adjudicación

La Coordinación de Concesiones de Obras Públicas (www.concesiones.cl), sustentada en una Alianza Público-Privada, permitía inicialmente desarrollar importantes planes de conectividad vial y aeroportuaria.  A través de esta vía, por primera vez en Chile se hacía partícipe al sector privado en los procesos de inversión, mantenimiento y explotación de grandes obras públicas, por medio de un procedimiento que permitía al sector privado financiar obras económicamente rentables, recuperando su inversión a través del cobro directo de una tarifa a los usuarios.

Amparado en la Ley de Concesiones de Obras Públicas, promulgada en 1996 y con el acuerdo amplio de los sectores políticos del país, esta modalidad permitió al Ministerio de Obras Públicas (MOP) otorgar en concesión toda obra fiscal y, en caso que la obra a concesionar fuese competencia de otro organismo del Estado, delegar a esta cartera, mediante convenio mandato, la facultad de concesionarla. Esta visión consensuada y la confianza demostrada en el modelo por importantes consorcios nacionales y extranjeros, consolidarían definitivamente al Sistema de Concesiones.

Las cuatro grandes áreas en las que opera la Coordinación de Concesiones son las siguientes:

  • Hospitales
  • Infraestructura vial
  • Edificación pública
  • Infraestructura aeroportuaria

Normativa

Las normas jurídicas que reglamentan la provisión de infraestructura pública, a través del sistema de concesiones, están estipuladas en diversos cuerpos legales, especialmente la Ley de Concesiones (DS N° 900 de 1996 del Ministerio de Obras Públicas y su Reglamento, Decreto Supremo N° 956, de 1997).  Dicha normativa, aprobada ampliamente por todos los sectores políticos del país, regula la adjudicación, ejecución, reparación o conservación de las obras públicas otorgadas en concesión a privados. La Ley de Concesiones establece que en los procesos de licitación pueden participar empresas nacionales y extranjeras.

Ciclo de desarrollo

En su ciclo de desarrollo, las propuestas a ser concesionadas pueden ser de origen público o privado. En el segundo caso, el Ministerio de Obras Publicas debe determinar si la iniciativa es de interés para el Estado. De ser así, el proyecto será declarado licitable y, al momento de su licitación el proponente será premiado con una mejor ponderación en su oferta, la cual está claramente establecida en la normativa.  Si el origen del proyecto es público, el Ministerio consulta con otros organismos fiscales sobre su factibilidad y conveniencia; sólo entonces se integra a la cartera de negocios.

Una vez que los interesados en los proyectos entran en una fase de precalificación o directamente de licitación, los profesionales del Ministerio de Obras Publicas dan inicio a una etapa de intercambio de información técnica y de factibilidad con los participantes del sector financiero y los propios actores del proceso, perfeccionando los proyectos y los mecanismos de participación del Estado y del sector privado. Una vez concluido este proceso se elige, entre las propuestas técnicamente aceptables, la que entregue la mejor oferta económica.  La empresa o consorcio que se adjudica la concesión construye las obras establecidas en el contrato, lo administra y mantiene el servicio por un período determinado, el cual se extiende generalmente por un período de 20 o 30 años, siendo su máximo 50, de acuerdo a lo establecido por la Ley de Concesiones.

Financiación

El esquema utilizado para la ejecución de los proyectos es el Sistema BOT (construir, operar y transferir, de sus siglas en inglés).  Para hacer posible este sistema, los ingresos percibidos deben ser superiores a la inversión realizada, tanto en obras como mantenimiento y operación  de las mismas. De igual forma, debe existir un sistema de garantías y seguros que de confianza a todos los agentes que se relacionan con  la construcción, operación y mantenimiento del contrato de concesión, y un esquema financiero que permita diversificar los riesgos de la inversión.

En este sentido, el Sistema de Concesiones ha desarrollado un conjunto de instrumentos de financiación, entre los que destacan los Ingresos Mínimos Garantizados, Bono de Infraestructura, Mecanismo de Cobertura Cambiaria y Mecanismo de Distribución de Ingresos.  Cabe señalar que todas las obras, construcciones e inversiones realizadas bajo esta modalidad pertenecen al Estado. Es decir, la empresa adjudicataria tiene la concesión del servicio, pero no la propiedad de la obra. De ahí que una vez terminado el periodo de concesión, el Estado puede llamar a una nueva licitación o administrarla directamente.

Para mayor información, podrá consultar la página Web de la Coordinación de Concesiones de Obras Públicas: www.concesiones.cl.

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Régimen de inversiones

Hasta la promulgación de la Ley Marco para la Inversión Extrajera en junio de 2015, en Chile las inversiones se podían materializar a través de dos vías: 

  • El Estatuto de la Inversión Extranjera o Decreto Ley 600.
  • El Artículo 47 de la Ley Orgánica Constitucional del Banco Central, conocido también como el Capítulo XIV del Compendio de Normas de Cambios Internacionales (CNCI).

El 1 de enero de 2016 es la fecha de entrada en vigor de la nueva Ley de Inversiones, que asegura la plena vigencia de los derechos y deberes adquiridos por los inversores extranjeros al haberse acogido al DL 600 anteriormente y establece un régimen excepcional de carácter transitorio, por un periodo de cuatro años, a contar desde la entrada en vigor de la ley, que autoriza a firmar nuevos contratos de inversión extranjera en los términos establecidos por el decreto ley 600.

Asimismo, la nueva ley garantiza el acceso al mercado cambiario formal y la libre repatriación del capital y los beneficios, la no discriminación arbitraria y la exención del IVA a las importaciones de bienes de capital que cumplan con los requisitos establecidos en el número 10 de la letra B del artículo 12 del decreto ley N° 825, de 1974.

La Ley estipula que los inversores extranjeros y las empresas, receptores de inversión extranjera, conforme a lo establecido en el artículo 3° de la ley marco para la inversión extranjera directa en Chile, tendrán la exención de IVA respecto de los bienes de capital importados que destinen al desarrollo, exploración o explotación en Chile de proyectos mineros, industriales, forestales, de energía, infraestructura, telecomunicaciones, investigación o desarrollo tecnológico, médico o científico, entre otros, que impliquen inversiones por un volumen igual o superior a 5 millones de dólares. La exención se aplicará únicamente respecto de la importación de bienes de capital que se destinen a proyectos de inversión que, por sus características de desarrollo, generen ingresos afectos, no afectos o exentos del impuesto establecido en el Título II de esta ley transcurridos, al menos, doce meses contados desde la importación al país o adquisición en Chile de los primeros bienes de capital, cuya exención de Impuesto al Valor Añadido se solicite.

Por otra parte, los gobiernos regionales, con sus propios recursos, podrán organizar unidades de promoción y atracción de inversión extranjera. 

Adicionalmente, existe una tercera vía, a través de la Ley n° 18.657, que regula la figura jurídica del Fondo de Inversiones de Capital Extranjero (FICE), aunque en este caso, los capitales invertidos tienen que ampararse en el Capítulo XIV o en el DL 600. Por ello, no profundizaremos en este instrumento. Bastará con indicar que los FICE son aquellos fondos cuyo patrimonio está formado con aportes realizados fuera del territorio nacional por personas naturales o personas jurídicas o, en general, entidades colectivas, para su inversión en valores de oferta pública en Chile. La administración de estos fondos es ejercida por una sociedad anónima chilena (Administradora de Fondos), por cuenta y riesgo de los aportantes. Por su parte, las Administradoras efectúan un cobro por la administración de los recursos, denominado remuneración, el que variará dependiendo de cada fondo.

A continuación se describen brevemente las características de cada uno de los instrumentos:

 2.1. DECRETO LEY 600 (DL600)

Es un mecanismo voluntario administrado por la Vicepresidencia Ejecutiva del Comité de Inversiones Extranjeras (CIE). Su particularidad más importante es la firma de un Contrato de Inversión Extranjera con el Estado de Chile, el cual no puede ser modificado unilateralmente con el fin de asegurar estabilidad y garantía al inversor. No obstante hay que señalar que el nuevo gobierno ha adelantando su voluntad de eliminar esta herramienta a medio plazo. Este contrato otorga los siguientes derechos:

- Derecho a transferir al exterior su capital  y beneficios líquidos.

- Derecho a acceder al mercado cambiario formal

- Derecho a no discriminación.

- Derecho a la invariabilidad tributaria, es decir, a que se mantenga invariable el tipo impositivo de la renta. El inversor puede decidir si acogerse al tipo invariable del 42% durante los 10 años siguientes a la puesta en marcha de la respectiva empresa, o pagar sus impuestos con el tipo que corresponda a todas las empresas que operan en Chile.

La repatriación del capital se puede hacer después de transcurrido el plazo de un año desde la fecha de su ingreso al país. Los beneficios generados por la inversión pueden ser remesados al exterior, sin sujeción a plazo alguno una vez cumplidas las obligaciones tributarias.

Procedimiento de acogida al DL 600

La entrada de capitales al país mediante DL 600 se lleva a cabo a través de la suscripción de un contrato ley entre el inversor extranjero y el Comité de Inversiones Extranjeras (CIE), en representación del Estado de Chile. El procedimiento sigue este procedimiento:

1) Envío de formulario a la Vicepresidencia Ejecutiva de CIE: El formulario (disponible en DL600/ Solicitud de inversión extranjera  en la página Web www.inversionextranjera.cl) debe incluir además información básica sobre el proyecto y volumen de inversión que se desea acoger a los beneficios del DL 600.  

2) Suscripción del Contrato-Ley: Se realiza una vez aprobada la solicitud de inversión que, por lo general, suele tardar de 20 días a un mes, y en un plazo máximo de 6 meses. El contrato de inversión extranjera es firmado entre el inversor extranjero y el Estado chileno, a través de un representante de CIE. Se suscribe mediante escritura pública y en él se fijan todos los términos. Dicho contrato revestirá carácter de Contrato-Ley, por lo que sólo podrá ser modificado por acuerdo entre las partes y no le afectarán los cambios legislativos posteriores. Según el artículo 16, las inversiones de volumen superior a 5 millones de dólares, las referidas a sectores o actividades normalmente desarrolladas por el Estado o por los servicios públicos, las efectuadas en medios de comunicación social y las que realicen Estados o personas extranjeras de Derecho Público, necesitarán acuerdo del Comité de Inversiones Extranjeras. Las restantes sólo necesitarán la autorización o visto bueno del Vicepresidente Ejecutivo.

3) Materialización de la inversión: El Decreto Ley 600 establece un plazo entre 1 y 3 años para materializar la inversión en Chile. Las inversiones superiores a 50 millones de dólares que tengan por objeto proyectos industriales o de extracción, pueden solicitar un plazo límite de 8 años, prorrogable a 12, cuando se trate de inversiones en minería o la naturaleza del proyecto así lo requiera.

Beneficios de acogerse al DL 600

Los principales derechos contenidos en el Estatuto de la Inversión Extranjera son:

  • Principio de trato nacional: Se garantiza al inversor que en materia económica recibirá, de parte del Estado y sus organismos, un trato igual que el otorgado a los inversores  nacionales.
  • Trato no discriminatorio de las solicitudes de inversión.            
  • Posibilidad de desarrollar todo tipo de actividades económicas, respetando las normas vigentes.
  • No existen prácticamente límites en el porcentaje o en la duración de la propiedad extranjera de empresas conjuntas, empresas nacionales, edificios o tierras, con escasas excepciones, como pueden ser las tierras situadas en la frontera.
  • Libre acceso al mercado cambiario formal, al tipo de cambio más favorable que los inversores puedan obtener.
  • El capital podrá ser repatriado después de un año y los beneficios, tan pronto como se generen.

Según el artículo 2 de la ley, la materialización de una inversión podrá consistir en moneda extranjera de libre convertibilidad, bienes físicos -tanto nuevos como usados-, tecnología, créditos que vengan asociados a un inversor extranjero, capitalización de créditos y deudas externas, en moneda de libre convertibilidad, así como capitalización de beneficios con derecho a ser transferidos al exterior.

Existen beneficios adicionales otorgados a inversiones superiores a 50 millones de dólares, como es el derecho a cuentas en el exterior (cuentas off-shore) y al régimen de invariabilidad tributaria hasta por 20 años.

A marzo de 2014, la inversión mínima para acogerse al DL 600 ascendía a 5 millones de dólares si la inversión es en divisas, y 2,5 millones si la inversión es en otras modalidades.  

En caso de repatriación de beneficios, existen dos regímenes tributarios posibles a aplicar. Uno de ellos es el denominado régimen de invariabilidad tributaria, que establece un tipo impositivo del 42% hasta 10 años, como carga impositiva efectiva total. El otro es el sistema general, con un tipo del 35%. De este impuesto se deducirá el % correspondiente al Impuesto de Primera Categoría (equivalente al Impuesto de Sociedades en España). El inversor puede cambiarse de régimen tributario una sola vez. Hoy en día, la primera opción, con un tipo fijo del 42%, carece de atractivo comparado con el tipo del 35% del régimen ordinario. Tuvo sentido en los años 70 y 80, cuando existía mayor incertidumbre sobre la evolución económica y política de Chile.  

 2.2. CAPÍTULO XIV DEL COMPENDIO DE NORMAS DE CAMBIOS INTERNACIONALES

Este Compendio recoge normas generales aplicables a operaciones de cambios internacionales relativas a créditos, depósitos, inversiones y aportaciones de capital procedentes del exterior, como las relativas a otras obligaciones con el extranjero. El volumen mínimo para acogerse a este regimen es de 10.000 dólares o su equivalente en otra divisa.

Las modalidades de inversión que contempla este mecanismos son divisas y créditos y, a diferencia del DL 600, no da lugar a suscripción de contrato alguno.  

Es obligatorio informar de dichas operaciones al Banco Central (esta información se realiza a través de los bancos comerciales), aunque no es necesaria la autorización por parte del mismo. Asimismo, no existen restricciones para la repatriación del capital, pudiendo repatriarse tanto éste como los beneficios obtenidos en cualquier momento.

Procedimiento de acogida al Capítulo XIV

Las divisas a introducir en Chile deben ser compradas a través del Mercado Cambiario Formal (MCF), constituido por los bancos y casas de cambios autorizadas.  El inversor extranjero debe informar de la inversión al Banco Central de Chile, a través de un banco comercial o de la intervención de una institución financiera, conforme a los términos y condiciones contenidos en la reglamentación del Capítulo XIV.

Bajo los recientes cambios de la Ley de la Renta y a las regulaciones de intercambio extranjero, las inversiones pueden ser efectuadas a través de acciones o derechos sociales en sociedades residentes en el extranjero a las entidades locales o a entidades constituidas bajo las reglas del Artículo 41 D de la Ley de la Renta.

Sin perjuicio de las normas establecidas en el Capítulo XIV, el Banco Central puede, en virtud del artículo 47 de su Ley Orgánica, suscribir un convenio cambiario con inversores o acreedores, externos o internos y demás partes en una operación de cambios internacionales, estableciendo los términos y modalidades en que el capital, intereses, utilidades o beneficios que se generen puedan ser utilizadas, remesados al exterior o restituidos al inversor o acreedor interno, como asimismo asegurarles, para estos efectos, libre acceso al MCF.

Por otro lado, indicar que no existe ninguna limitación a la repatración de beneficios o capital invertido a través de esta modalidad.  

 2.3. LIMITACIONES A LA INVERSIÓN EXTRANJERA

No existen sectores generales reservados al Estado a excepción de ciertas actividades estratégicas como la exploración y explotación de litio y de los hidrocarburos líquidos o gaseosos, la exploración y explotación de yacimientos existentes en aguas marítimas sometidas a la jurisdicción nacional o situados en zonas determinadas por ley como de importancia para la seguridad nacional, la producción de energía nuclear para fines pacíficos y el derecho de primera opción de compra del torio y del uranio.   

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Incentivos a la inversión (fiscales, sectoriales, regionales y locales)

En línea con su compromiso con las políticas económicas de mercado y libre comercio, Chile no utiliza subsidios o beneficios tributarios para apoyar actividades productivas o atraer nuevas inversiones en específico. Sin embargo, sí provee incentivos para ciertas áreas geográficas del país, y respecto de nuevos sectores económicos, particularmente en el campo de la alta tecnología y las energías renovables. Todos estos incentivos están disponibles tanto para inversores locales como extranjeros.

La inversión extranjera, por el principio de trato nacional, está sujeta a cuantos impuestos existen en Chile, tanto IVA como cualquiera de los demás, sin que existan excepciones en este campo.

Incentivos fiscales nacionales

En este sentido, los principales incentivos fiscales a la inversión ofrecidos por el Gobierno de Chile son: 

Incentivo tributario a la Inversión Privada en I+D (Ley 20.241)

Este incentivo establece que los contribuyentes por el Impuesto de Primera Categoría tendrán derecho a un crédito tributario en los ejercicios asociados a los pagos efectuados en dinero, en virtud de los contratos de I+D, celebrados con entidades inscritas en los Registros de I+D, administrados por CORFO.

El incentivo establece 2 beneficios:

1.- Una rebaja de hasta un 35% en los pagos efectuados conforme a los contratos de I+D certificados por CORFO y celebrados, bien por los Centros de Investigación inscritos en el Registro administrado por la Sociedad, o bien, realizados por sus propias capacidades o con el apoyo de terceros.

2.- Una rebaja tributaria asociada al otro 65% que podrá rebajarse como gasto necesario para producir la renta, independiente del giro de la empresa.

El importe anual del crédito no podrá exceder del 15% del ingreso bruto anual de cada contribuyente ni a 5.000 UTM, de acuerdo al valor de dicha unidad al término del ejercicio respectivo. La Unidad Tributaria Mensual o UTM es una unidad correspondiente a una cantidad de dinero expresada en pesos chilenos, que se actualiza permanentemente por el IPC. A junio de 2018, un UTM equivale a 47.538 pesos (aproximadamente 60 euros).

Incentivo tributario a la Inversión en Bienes Físicos de Activo Inmovilizado (art. 33 bis de la Ley de Renta)

Beneficia a los contribuyentes que declaren por el impuesto de primera categoría sobre renta efectiva que realicen inversiones en bienes físicos del activo inmovilizado.

Es un beneficio tributario que incentiva la inversión de las empresas que declaren el impuesto de primera categoría sobre renta efectiva determinada según contabilidad completa en bienes físicos del activo inmovilizado, consistente en aplicar un 4% a la inversión en este tipo de bienes, de acuerdo a lo establecido en el artículo 33 bis de la Ley de la Renta, el cual pasa a constituir un crédito contra el impuesto de Primera Categoría de la Ley de la Renta.

Los bienes adquiridos deben ser nuevos o terminados de construir durante el ejercicio. No dan derecho a crédito las obras que consistan en el mantenimiento o reparación de los bienes. Tampoco darán derecho a crédito los activos que puedan ser usados para fines habitacionales o de transporte, excluidos los camiones, camionetas de cabina simple y otros destinados exclusivamente al transporte de carga y los autobuses que presten servicios interurbanos o rurales de transporte público.

Se entenderán que formen parte del activo físico inmovilizados los muebles nuevos que una empresa alquile con opción de compra. El crédito se calculará sobre el importe total del contrato.

En ningún caso el monto anual del crédito podrá exceder de 500 UTM mensuales, considerando el valor de la unidad tributaria mensual del mes de cierre del ejercicio.

Para mayor información, puede consultar la página Web del Servicio de Impuestos Interno (www.sii.cl)

Incentivo gastos de capacitación ( Ley Nº. 19.518)

Consiste en el descuento como crédito contra los impuestos anuales a la renta, de los gastos incurridos por las empresas en la financiación de acciones, actividades o programas de capacitación ocupacional a favor de sus trabajadores, desarrollados exclusivamente en territorio nacional, debidamente autorizados por el SENCE, conforme al Estatuto de Capacitación.

Como norma general, el crédito tiene un límite máximo del 1% de las remuneraciones imponibles pagadas en el año.

Adicionalmente CORFO ofrece otros incentivos para empresas extranjeras en forma de subsidios no reembolsables:

Programa de apoyo a proyectos en etapa de pre-inversión – PRAP

Apoya la ejecución de estudios de pre-inversión para incentivar y acelerar el proceso de toma de decisiones destinado a materializar o ampliar inversiones. Financia hasta un 70% del coste de los estudios, con un tope de hasta 250.000 USD, para proyectos
de inversión de más de 2 MUSD.

Iniciativas de Fomento Integradas – IFI

Apoyan la implementación de proyectos de inversión tecnológica, ya sean nuevos o en etapa de expansión. Pueden cofinanciar:
* Hasta el 30% de las inversiones realizadas durante los dos primeros años en proyectos de inversión sobre los 2 MUSD. l tope máximo de este financiamiento es de hasta 5 MUSD.
* La inserción y formación de capital humano especializado.
* Actividades relacionadas con el desarrollo de proveedores.
* Gastos en activos tecnológicos (financia hasta el 30% del costo total del subsidio aprobado).

Iniciativa Start Up Chile

El programa Iniciativa Start Up Chile impulsado por CORFO es un proyecto financiado por el gobierno que ofrece a las empresas globales en desarrollo, pero con alto potencial, una inversión de 40.000 dólares (sin obtener derecho a controlar capital). El único requerimiento es que al menos un miembro del equipo permanezca en el país durante seis meses. Debe tratarse, además, de una idea nueva o que no haya sido puesta en marcha hace más de dos años. Los proyectos pueden ser acerca de cualquier sector. Para mayor información puede acceder a la página Web: www.startupchile.org

Todos los años se abren plazos de inscripción para que las empresas presenten sus proyectos. Por lo general, existen tres rondas de plazos al año, una en abril, otra en julio y la última en octubre. Cuando el plazo de admisión está abierto, en la página se mostrará un link con el formulario de inscripción correspondiente.

Incentivos regionales

Además de los incentivos ofrecidos por las Agencias Regionales de Desarrollo Productivo, de las que se habló anteriormente, a nivel nacional encontramos una serie de incentivos para invertir en las llamadas regiones extremas chilenas.

  • Programa de Apoyo a la Inversión en Zonas de Oportunidades

Este programa tiene por objetivo apoyar la materialización de proyectos de inversión con potencial de generación de externalidades positivas en Zonas de Oportunidades. Por tanto, está orientado a empresas privadas, nacionales o extranjeras, que desarrollen proyectos de inversión productiva o de servicios por un importe igual o superior a 600 UF en las siguientes zonas:

Zonas extremas del país: Regiones de Arica y Parinacota, y de Tarapacá, en el extremo norte, y las Regiones de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo y de Magallanes y de la Antártica Chilena, en el extremo sur, además de las Provincias de Chiloé y Palena.

Zonas con bajo desempeño económico: Provincias calificadas en base a un conjunto de indicadores socioeconómicos, tales como pobreza, desempleo y crecimiento económico, entre otros. Están consideradas zonas con bajo desempeño económico las siguientes: Provincia del Tamarugal, Provincia de Tocopilla, Provincia de Huasco, Provincia de Limarí, Provincia de Choapa, Provincia de Petorca, Provincia de San Antonio, Provincia de Valparaíso, Provincia de Quilpué, Provincia de Villa Alemana, Provincia de Colchagua, Provincia de Cardenal Caro, Provincia de Curicó, Provincia de Talca, Provincia de Linares, Provincia de Cauquenes, Provincia de Ñuble, Provincia de Biobío, Provincia de Arauco, Provincia de Malleco, provincia de Cautín y Provincia de Ranco.

No se consideran proyectos elegibles aquellos que contemplen inversiones inmobiliarias (salvo aquellas que estén expresamente destinadas al desarrollo de actividades meramente comerciales (comercio minorista, supermercados), y en general todas aquellas inversiones cuyo objeto sea la mera transferencia o desplazamiento de bienes que no agreguen un componente de valor consistente en la generación de nuevos bienes y servicios de carácter productivo.

Asimismo, no se otorgará este beneficio a aquellos proyectos de inversión presentados por empresas en las que el Estado tenga una participación superior al 40%.

El programa entrega hasta 2000 UF a proyectos de inversión productiva y de servicios que tengan por objeto la producción y comercialización de bienes o servicios que contribuyan a la competitividad del sector y/o industrias relacionadas y que generen nuevos empleos, no pudiendo exceder del 15% de los recursos comprometidos por el beneficiario durante los dos primeros años de ejecución del proyecto.

La financiación es entregada a través de un reembolso de los gastos e inversiones efectuadas por el beneficiario en componentes relevantes del proyecto de inversión.  

  • DFL 15: Bonificaciones por inversiones y reinversiones productivas efectuadas en las regiones extremas del país 
Cobertura geográfica Regiones I, XI y XII y las provincias de Chiloé y Palena en la X Región
Elegibilidad del inversor Ventas anuales hasta 1,5 millón de dólares. No son elegibles las grandes compañías mineras de cobre y hierro, ni las empresas de pesca industrial
Elegibilidad del proyecto Valor máximo del proyecto 1,8 millones de dólares
Incentivos Subsidios por un valor equivalente al 20% de la inversión en activo fijo, excluidos los terrenos
Información adicional CORFO
  • Leyes Navarino y Tierra de Fuego
Cobertura geográfica Territorio chileno de la isla de Tierra de Fuego y la Antártica Chilena
Elegibilidad del inversor Disponible para las empresas de los sectores de minería, manufactura, transporte, pesca y turismo que proporcionan productos o servicios que contengan un componente de al menos 25% de valor agregado local.
Incentivos Exención del Impuesto de primera categoría, del IVA y de los derechos de importación, además de un beneficio mensual equivalente a un 20% del valor de las ventas a Chile continental.
Información adicional CORFO, Servicio de Impuestos Internos
  • Plan Austral
Cobertura geográfica Regiones XI y XII y la provincia de Palena en la X región
Elegibilidad de proyecto Proyectos cuya inversión en bienes sea superior a 1000 o 1500 UTM, según las comunas en las que se materialice la inversión.
Incentivos Crédito tributario respecto de los bienes que se hayan incorporado a un proyecto de inversión hasta el 31.12.2011 en las regiones indicadas. El porcentaje del crédito será el siguiente:

32% para inversiones hasta 200.000 UTM
15% para inversiones de 200.001 a 2.500.000 UTM
10% para inversiones superiores a 2.500.000 UTM

La recuperación del crédito se puede realizar hasta el 31 de diciembre de 2030.
Información adicional CORFO, Servicio de Impuestos Internos
  • Ley Tocopilla 
Cobertura geográfica Comuna de Tocopilla en la II Región
Elegibilidad del inversor Sociedades industriales manufactureras que fabrican o reparan equipos de minería y otros insumos para la industria minera.
Incentivos Exención del Impuesto de Primera Categoría, IVA y derechos de importación
Información adicional CORFO, Servicio de Impuestos Internos
  •  Incentivo de contratación de mano de obra (DL 889)

El decreto ley otorga incentivos especiales para las empresas que contraten y empleen trabajadores en las regiones extremas de Chile. El incentivo a la contratación de mano de obra bonifica el equivalente al 17% de la parte de las remuneraciones imponibles que no exceda  de 8 UF (USD 350), cantidad que se reajusta de acuerdo a la variación del IPC del año presente.

Se excluyen las empresas del sector público; la gran y pequeña minería  del cobre y del hierro; aquellas donde el estado tenga participación superior al 30%; las empresas mineras que tengan contratadas directa o indirectamente a 100 trabajadores cada una; las administradoras de fondos de pensiones; las instituciones privadas de salud; las casas de cambio; las corredoras de seguros; sociedades financieras; trabajadoras de casas particulares; y empresas que se dedican a la pesca reductora.

Para acceder al beneficio es necesario contactar con la Tesorería Regional contra acreditación de estar al día en las cotizaciones de los trabajadores.   

Incentivos sectoriales

Incentivos en el sector de la construcción

  • Franquicia crédito especial de empresas constructoras (art. 21 de DL 910)

Este beneficio establece que las empresas constructoras tendrán derecho a deducir de la cantidad de sus pagos provisionales mensuales obligatorios de la Ley sobre Impuesto de la Renta, el 65% del débito del IVA que deban determinar en la venta de bienes corporales inmuebles para habitación construidos por ellas y en los contratos generales de construcción que no sean por administración de dichos inmuebles.

Tienen derecho a crédito las viviendas con destino habitacional que no superen las 4500 UF. Además, el crédito determinado del cálculo del 65% del débito fiscal de IVA, que puede ser usado por las empresas constructoras como crédito, no debe superar el monto tope de 225 UF.

Las empresas constructoras que tengan derecho al crédito especial del 65% del IVA, deben registrar en el código 126 el importe de crédito especial a empresas constructoras, determinando según lo establece el art. 21 del DL 910 y sus modificaciones. Se debe registrar el importe que se imputará como crédito del mes.

  •  Franquicia tributaria respecto de sistemas colectores térmicos (Ley 20.635)

Promulgada el 11 de agosto de 2009, la ley 20.635 establece que las empresas constructoras tendrán derecho a deducir del importe de sus pagos obligatorios a la Ley sobre Impuesto sobre la Renta, un crédito equivalente a todo o parte del valor de los sistemas solares térmicos y de su instalación que instalen en viviendas de nueva construcción. Para poder acogerse a la deducción, se deben cumplir los siguientes requisitos:

  • Los sistemas solares térmicos instalados deberán aportar al menos un 30% del promedio anual de la demanda de agua caliente sanitaria estimada para la respectiva vivienda.
  • Los componentes de los sistemas solares térmicos deberán ser nuevos.
  • La empresa constructora deberá acreditar la instalación y sus componentes ante el municipio en el momento de la recepción municipal definitiva de la obra.
  • Las empresas constructoras se podrán acoger a una deducción equivalente a un porcentaje del coste de los equipos. Este porcentaje variará entre un 20% y un 100%, en función del valor de la vivienda.

En ningún caso, el beneficio tributario podrá exceder de 15 UF por vivienda en 2018.

La franquicia tributaria rige sólo respecto de las viviendas cuyos permisos de construcción o las respectivas modificaciones de tales permisos se hayan otorgado a partir del 1 de enero de 2008 y que hayan obtenido su recepción municipal final a partir de dicha publicación y antes del 31 de diciembre de 2013. Aunque ya se haya cumplido el plazo de inscripción, aún puede haber proyectos que se inscribieran en su momento y no hayan sido desarrollados todavía, por lo que se podría aplicar el incentivo.

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Representación y agencia

Los contratos de agencia y de distribución comercial en Chile no poseen una regulación específica. El acuerdo es realizado de forma privada y se rige por lo establecido por las partes en el contrato. Los artículos 233 y siguientes del Código de Comercio chileno establecen las bases del mandato comercial similar a la Comisión Mercantil en España. A pesar de no tener respaldo legal, los contratos de agencia y distribución comercial son generalmente respetados. Sin embargo, en caso de que sea posible es preferible que el contrato de distribución exclusiva sea firmado bajo la legislación de un país que tenga una regulación al respecto.

Los términos de los acuerdos de representación los establecen directamente las partes a través de un contrato privado.

La Ley autoriza a las sociedades anónimas extranjeras a operar en Chile a través de la constitución de una agencia. Para ello es necesario, en primer lugar, contar con un representante legal con residencia en Chile con poder suficiente para actuar ante la administración tributaria, especialmente para escriturar, llenar y firmar los Formularios 4415 Inscripción al Rol Único Tributario y Declaración de Inicio de Actividad y 4416 para actualización y/o modificación de la Inscripción al RUT y Declaración de Inicio de Actividades, poder para recibir notificaciones y asistir a citaciones ante la Administración Tributaria. Será quien realice los trámites necesarios para la formación de la sucursal.

Existen dos opciones para designar a un representante legal Existen dos opciones para designar a un representante legal a través de un notario público chileno, de cualquiera de las regiones, o de un notario público extranjero, en cuyo caso el poder deberá ser legalizado a través de la Apostilla de la Haya o mediante el visado por parte del Cónsul chileno respecto y el Ministerio de Asuntos Exteriores de Chile. 

El representante deberá formalizar los siguientes trámites:

1.- Llevar al Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile los documentos que designan al representante legal legalizado mediante la apostilla de La Haya, por el cónsul o por las autoridades pertinentes del país si no contara con cónsul chileno, para que tengan validez.

2.- Formalizar en una notaría el domicilio de la futura agencia en Chile y presentar determinados documentos relativos a la sociedad anónima extranjera, entre otros:

  • documento que demuestre que la empresa está válidamente constituida conforme al derecho nacional
  • copia de los estatutos vigentes, etc.
  • poder que le ha sido otorgado al representante por la compañía.

Con igual fecha y ante el mismo notario, el representante deberá formular, mediante escritura pública, una declaración con determinadas menciones referentes a la agencia chilena, entre ellas, el capital efectivo que ésta tendrá en Chile y la fecha y forma en que dicho capital se ingresará en la misma, así como una declaración afirmando que se conoce la legislación chilena y se compromete a respetarla, lo que le obliga a mantener bienes fácilmente realizables en el país para hacer frente a sus obligaciones.

3.- Un extracto de esa formalización y de la escritura deberá inscribirse en el Registro de Comercio correspondiente al domicilio de la agencia y publicarse en el Diario Oficial, dentro del plazo de 60 días.

Toda esta documentación deberá ser entregada en el idioma oficial del país de origen de la empresa extranjera con traducción al castellano.

4.- Publicar el balance anual de la sucursal en un diario de su domicilio en Chile, dentro del cuatrimestre siguiente al cierre del ejercicio respectivo.

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Formación de "joint-ventures". Socios locales

Una Joint Venture es un tipo de asociación que se forma mediante un contrato por el que dos o más empresas acuerdan desarrollar una o varias operaciones mercantiles con aportaciones conjuntas de capital, tecnología, etc., participando en una proporción convenida tanto en las ganancias como en las pérdidas. Esta asociación, que puede suponer la creación de una nueva empresa o la expansión de una existente, se rige por un acuerdo entre las partes y no necesariamente está sujeta a ninguna formalidad, aunque se recomienda constituirla ante notario e inscribirla en el Libro de Registro de la Sociedad. Asimismo, es muy común que la Joint Venture se cree como una nueva sociedad, siendo la más utilizada la constituida como sociedad anónima.

Con respecto a los consorcios o UTEs, dichos tipos de acuerdo interempresas no están regulados en la legislación chilena. No obstante, existen multitud de empresas que se constituyen en consorcio para presentarse a licitaciones tanto públicas como privadas. En algunos casos, la licitación exige que dicho consorcio esté ya constituido como empresa para presentarse a la licitación y, en otras licitaciones, se solicita que sea un consorcio prometido, es decir, que si dicho "consorcio" resulta adjudicatario, tiene la obligación de constituirse como empresa para la licitación específica, aunque no tiene la obligación de denominarse consorcio en ningún caso.

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Tipos de sociedades

El régimen jurídico chileno establece 6 tipos de sociedades mercantiles. Estas son:

  • Sociedad anónima (abierta o cerrada)
  • Sociedad de responsabilidad limitada
  • Sociedad por acciones
  • Empresa individual de responsabilidad limitada
  • Sociedad colectiva
  • Sociedad comanditaria

La sociedad colectiva y la sociedad comanditaria son poco frecuentes dado que comprometen el patrimonio de los socios, pero existe la posibilidad de constituirlas a pesar del poco uso que se hace de las mismas.

Todas ellas están dotadas de personalidad jurídica propia, es decir, son personas o sujetos de derecho distintos de sus socios y titulares. Dada la relevancia, en el punto último de este apartado se tratará también la creación de joint ventures.

Constitución de sociedades

Independientemente del tipo de sociedad que se establezca, existen una serie de obligaciones comunes a todas ellas:

Formalidades administrativas

Las personas o entidades que comiencen sus actividades en Chile deben cumplir con los siguientes requerimientos:

- Disponer del número de contribuyente ("Rol Único Tributario" o "RUT"): este número se obtiene cuando la persona o entidad se registra en el Servicio de Impuestos Internos. Sin este número no puede realizar actividad comercial alguna y equivale al NIF español. Para más información sobre trámites y documentos a realizar para la obtención del RUT consultar (www.chileclic.gob.cl).

- Declaración de iniciación de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos, dentro de los dos meses siguientes a aquél en el que se inició la actividad. La declaración debe contener una descripción sobre la naturaleza y el volumen de capital de la empresa. Este trámite se puede realizar presencialmente o por Internet a través de la página Web del Servicio de Impuestos Internos www.sii.cl.

- Permiso municipal: se debe obtener un permiso de la Municipalidad correspondiente para cada uno de los establecimientos, oficinas, bodegas, etc., de la empresa. No se podrán iniciar actividades sin tener el correspondiente permiso.

Contabilidad y teneduría de libros

El año financiero de la entidad no puede exceder los doce meses y puede terminar en cualquier día que elijan los accionistas. Sin embargo, para efectos de impuestos, se debe utilizar un año tributario que termina el 31 de diciembre, aunque el Servicio de Impuestos Internos puede autorizar un cierre de ejercicio a 30 de junio.

En general, cualquier empresa o contribuyente debe mantener registros contables completos: un libro de caja, un libro diario, un mayor y un libro de inventarios, o registros equivalentes.

Para fines tributarios, se deben mantener los siguientes registros: diarios de ventas y compras, libro de remuneraciones (sólo para empresas con cinco empleados o más), registro de retenciones de impuestos, registro de inventarios y registro de utilidades tributables.

Todos los libros de contabilidad y tributarios deben ser timbrados por el Servicio de Impuestos Internos. Los registros pueden ser llevados en hojas sueltas, preparados manualmente o por equipos electrónicos de procesamiento de datos, si se cuenta con la autorización previa del Servicio de Impuestos Internos. Las empresas que operan en las zonas francas (Iquique y Punta Arenas) y en las áreas en que existen incentivos (actualmente las I, XI y XII Regiones y la Provincia de Chiloé) deben mantener registros contables separados para esas operaciones.

Auditorías independientes

Sólo ciertos tipos de entidades deben nombrar auditores independientes. Entre ellas se incluyen los bancos, instituciones financieras, compañías de seguros, Administradores de Fondos de Pensiones (AFPs), sociedades anónimas abiertas y cooperativas. Casi todas las demás entidades tienen libertad para nombrar auditores o para establecer otros medios de control.

Sin embargo, las empresas que deseen repatriar beneficios al exterior al amparo del Decreto Ley 600 (Estatuto de la Inversión Extranjera) pueden ser obligadas a presentar estados financieros auditados al Banco Central para justificar que esos beneficios están devengados.

Publicidad de los estados financieros

Ciertas entidades deben presentar sus estados financieros trimestrales y anuales a la agencia reguladora correspondiente, en este caso la Superintendencia de Valores y Seguros. Estos archivos son públicos. Además, los estados financieros anuales presentados a una Superintendencia y los de una agencia o sucursal de una sociedad extranjera deben ser publicados en un periódico. La sociedad anónima cerrada no está obligada a publicar los estados financieros.

Los auditores externos de la sociedad anónima abierta deberán ser elegidos de entre los inscritos en el registro que, para este fin, llevará la Superintendencia de Valores y Seguros y quedarán sujetos a fiscalización.

Proyecto de ley: Empresa en un Día

En febrero de 2014 entró en vigor la iniciativa del Ministerio de Economía, mediante la cual se podrán constituir nuevas empresas en un día a coste cero. En concreto, la iniciativa aprobada permite que se pueda crear una empresa completando un formulario en línea, sin la necesidad de abogados o trámites notariales.

En la dirección http://www.tuempresaenundia.cl/ se puede consultar los pasos necesarios para constituir una nueva sociedad. Es necesario tener firma electrónica avanzada (FEA).

Tipos de sociedades

Sociedad Anónima

La Sociedad Anónima en Chile se rige por la Ley 18.046 (modificada la última vez por la ley 20.382 de 20.10.09). De acuerdo a ésta, es una sociedad formada por la reunión de un fondo común suministrado por accionistas responsables sólo por sus respectivos aportes y administrada por un órgano colegiado integrado por, al menos, tres personas que pueden ser accionistas o no. Este órgano recibe en Chile el nombre de Directorio. Este Directorio elegirá a un gerente y a su presidente. Las decisiones se toman por mayoría a través de votación. El capital inicial de la compañía debe encontrarse íntegramente suscrito y pagado dentro del plazo de 3 años, de lo contrario el capital se reduce automáticamente al importe efectivamente suscrito y pagado.

Existen dos tipos de sociedades anónimas: abiertas o cerradas

1.- Las sociedades anónimas abiertas se definen como aquéllas que cumplen una o más de las siguientes condiciones:

  • Realizan una oferta pública de sus acciones de conformidad a la Ley de Mercado de Valores o están inscritas en una Bolsa de Comercio
  • Poseen 500 ó más accionistas
  • Al menos el 10 % de su capital suscrito pertenece a un mínimo de cien accionistas.

Los bancos y las compañías de seguros deberán revestir necesariamente la forma de sociedades anónimas abiertas.

Estas sociedades quedarán sometidas a la fiscalización de la Superintendencia de Valores y Seguros (www.svs.cl), deberán inscribirse en el Registro Nacional de Valores y observar las disposiciones legales especiales que les sean aplicables.

2.- Las sociedades anónimas cerradas son aquellas no comprendidas en el apartado anterior, sin perjuicio de que voluntariamente puedan sujetarse a las normas que rigen a las sociedades anónimas abiertas.

La ley de Sociedades Anónimas establece los siguientes principios para el funcionamiento de las sociedades

Constitución

La sociedad anónima se forma, existe y prueba mediante escritura pública que debe contener la identificación de cada accionista, los objetos específicos de la asociación, su duración, capital, sus modalidades administrativas y la forma en la que se distribuyen los beneficios, entre otras declaraciones. Posteriormente, deberá inscribirse, en extracto, en el Registro de Comercio correspondiente al domicilio de la sociedad, y publicarse de una sola vez en el Diario Oficial. La inscripción y publicación deberá realizarse dentro de los 60 días desde la fecha de la escritura social.

Capital

Las aportaciones de capital que realizan los socios deben consistir en dinero u otros bienes estimados por peritos. No son aceptadas acciones de “industria” ni de “organización”. La ley sólo acepta acciones nominativas y pueden o no tener valor nominal.

Para la válida constitución de la sociedad es necesaria la concurrencia de un mínimo de dos socios.

El capital debe estar fijado de manera precisa en los estatutos y, al menos, un tercio del mismo debe suscribirse y pagarse en el momento de su constitución, sin que la Ley exija un capital mínimo. Sin embargo, el capital puede aumentarse o disminuirse mediante reforma de los estatutos, acordada en Junta Extraordinaria, cuyo extracto debe publicarse e inscribirse en igual forma y tiempo que el de la escritura de constitución.

Acciones

El número de acciones deberá establecerse en los estatutos, pudiendo ser preferentes u ordinarias. Cada accionista dispondrá de un voto por cada acción que posea, aunque los estatutos podrán contemplar series de acciones preferentes sin derecho a voto o con derecho a voto limitado.

Todas las acciones tienen el carácter de nominativas.

Administración de la sociedad

La administración de la sociedad es ejercida por un Directorio, elegido por la Junta de Accionistas, cuyo número de miembros es invariable. La renovación del Directorio (Consejo de Administración) será total y se efectuará al final de su período, que no podrá ser superior a tres años. El Directorio de las sociedades anónimas cerradas no podrá estar integrado por menos de tres directores y el de las abiertas, por menos de cinco directores.

El Directorio sólo podrá ser revocado en su totalidad por la Junta Ordinaria o Extraordinaria de Accionistas.

Las sociedades anónimas tendrán uno o más gerentes designados por el Directorio. Al gerente, o gerente general en su caso, le corresponderá la representación judicial de la sociedad. El cargo de gerente es incompatible con el de presidente, auditor o contador de la sociedad y en las sociedades anónimas abiertas, también con el de director.

No existen restricciones en cuanto a la nacionalidad de los directores.

Fiscalización de la administración

Las Juntas Ordinarias de las sociedades anónimas cerradas deberán nombrar anualmente dos inspectores de cuentas titulares y dos suplentes, o bien auditores externos independientes, con el objeto de examinar los estados financieros de la sociedad. En las sociedades abiertas, la Junta Ordinaria deberá designar anualmente auditores externos independientes inscritos en el Colegio de Auditores contadores.

Responsabilidad de los socios

Queda limitada a la aportación que realizan a la sociedad, sin perjuicio de la responsabilidad personal que pudiera corresponderles por su cargo de administradores.

Juntas de Accionistas

Los accionistas se reunirán en Juntas Ordinarias o Extraordinarias, convocadas por el Directorio de la sociedad. Las sociedades anónimas abiertas deberán comunicar a la Superintendencia de Valores y Seguros la celebración de la Junta de Accionistas, con una anticipación no inferior a 15 días.

Distribución de dividendos

Las sociedades anónimas abiertas deberán distribuir anualmente como dividendo en dinero a sus accionistas, a prorrata de sus acciones o en la proporción que establezcan los estatutos si hubiera acciones preferentes, al menos el 30 % de los beneficios netos de cada ejercicio, salvo acuerdo en contrario adoptado por unanimidad. En las sociedades anónimas cerradas se hará lo que determinen los estatutos.

El Directorio puede determinar el pago de dividendos a cuenta, siempre que no existan pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores.

División, transformación y fusión de sociedades

La división de una sociedad anónima consiste en la distribución de su patrimonio entre sí y una o más sociedades anónimas que se constituyan al efecto, correspondiéndoles a los accionistas de la sociedad dividida la misma proporción en el capital de cada una de las nuevas sociedades que aquélla que poseían en la sociedad que se divide. La división debe acordarse en Junta General Extraordinaria de Accionistas.

En caso de fusión, emisión de acciones preferentes u otras decisiones importantes establecidas por la ley, los accionistas minoritarios pueden retirarse de la sociedad, recibiendo un reembolso equivalente al valor de sus acciones.

Además, es posible que una Sociedad Anónima adquiera todas las acciones de otra sociedad anónima. Como resultado de tal adquisición, la última queda automáticamente disuelta.

La transformación es el cambio de especie o tipo social de una sociedad, mediante la reforma de sus estatutos, subsistiendo su personalidad jurídica.

La fusión es la unión de dos o más empresas formando una sola sociedad. Se exigen los dos tercios de las acciones emitidas con derecho a voto, en acuerdo adoptado por la Junta Extraordinaria de Accionistas.

Transferencia de acciones

Las Sociedades Anónimas no pueden interferir en la transferencia de sus acciones, estando obligadas a inscribir los cambios que se les presenten. Los acuerdos de accionistas sobre el particular están permitidos, siempre que se registren en la sociedad.

Disolución

No existe plazo legal obligatorio para la duración de una sociedad. Sin embargo, si los estatutos establecen un límite, la sociedad se disuelve al vencimiento del plazo, que puede ser extendido o reducido por un acuerdo de la Junta de Accionistas. Como las sociedades anónimas chilenas requieren de al menos dos accionistas, éstas se disuelven automáticamente si las acciones pasan a ser propiedad de un solo accionista.

El acuerdo adoptado por al menos dos tercios de las acciones emitidas con derecho a voto es válido para la disolución de la sociedad.

Las Sociedades Anónimas que han sido creadas por autorización de una Agencia Gubernamental se disuelven si dicha autorización es revocada. Los estatutos pueden fijar otras causas de disolución.

Ampliación de capital

El capital se ajusta automáticamente, según el índice de corrección monetaria, al aprobarse los estados financieros en la Junta Ordinaria de Accionistas. Si fuera procedente, el valor nominal de las acciones se corrige en un mismo porcentaje.

El capital también puede aumentarse por medio de la modificación de los estatutos. Un extracto del escrito que contenga el cambio deber ser registrado en el Registro de Comercio y publicado en el Diario Oficial.

Reducción de capital

Las disminuciones de capital deben ser aprobadas por la Junta de Accionistas por una mayoría de votos de dos tercios de las acciones emitidas. Además, se requiere la autorización del Servicio de Impuestos Internos.

Sociedades de responsabilidad limitada

Las sociedades de responsabilidad limitada se rigen por lo dispuesto en la ley nº. 3918 y el Código de Comercio. Son sociedades personales donde los socios limitan su responsabilidad al importe de los aportes efectuados o hasta una suma superior a tales que quede indicada, sin exigirse un mínimo de capital. El objeto, administración y fiscalización de la sociedad pueden ser libremente pactados por los socios.

Sus principios de funcionamiento básicos son los siguientes:

Constitución

Para su constitución se requiere una escritura pública inscrita en extracto en el conservador de comercio correspondiente al domicilio social y publicado una vez en el Diario Oficial dentro de los 60 días posteriores al otorgamiento de la escritura. La razón o firma social puede contener el nombre de uno o más socios, o una referencia al objeto de la sociedad siempre acompañado de la palabra "Limitada", sin la cual todos los socios serán solidariamente responsables de las obligaciones sociales.

Administración

La administración corresponde a todos y cada uno de los socios, quienes pueden desempeñarla por sí mismos o por delegados, sean socios o terceros. Lo usual es que en la escritura social se prevea una forma de administración distinta a la señalada por la Ley, pudiendo designarse al efecto uno o más administradores, sean socios o terceros, o incluso preverse un órgano colegiado, siendo necesario en este caso enumerar las facultades que se otorgan al/los administrador/es.

Socios

No existen limitaciones en cuanto a la nacionalidad de los socios. Estos pueden ser tanto personas físicas como personas jurídicas. La sociedad ha de contar con un número de socios comprendidos entre 2 y 50.

Capital

Pueden efectuarse aportaciones en dinero o en activos materiales o inmateriales, susceptibles de valoración monetaria, incluyendo el trabajo o industria de uno o más socios. Tal estimación puede ser hecha por todos los socios de común acuerdo sin que sea necesario informe pericial. No se exige un capital mínimo y su desembolso deberá realizarse conforme a lo estipulado en la escritura de constitución.

Cesión

La cesión supone la modificación del pacto social y debe efectuarse por escritura pública e inscribirse y publicarse de igual forma que la escritura de constitución.

Distribución de los beneficios

Se efectúa conforme a lo estipulado por los socios en la escritura de constitución.

Filiales y participaciones

No existen limitaciones para que una sociedad limitada participe en el capital y/o gestión de otras sociedades.

Disolución

Entre las causas que pueden dar lugar a la disolución de la sociedad cabe destacar el acuerdo unánime de los socios (expresado por escritura pública, cuyo extracto ha de inscribirse y publicarse de igual modo que la escritura de constitución), la expiración del plazo estipulado y el fallecimiento de uno de los socios.

Control

Las sociedades limitadas no están sujetas al control de la Administración ni a exigencias especiales de publicidad.

Prohibición especial

La Ley señala que los socios no pueden explotar por cuenta propia el sector de la industria en que opera la sociedad ni realizar, sin consentimiento de todos los socios, operaciones particulares de cualquier naturaleza cuando la sociedad no estuviera circunscrita a un sector determinado de comercio.

La principal diferencia con la Sociedad Anónima hace referencia a las características de las participaciones (cuyos derechos no se encuentran incorporados a ningún documento ni son libremente transmisibles) y a la toma de decisiones en el seno de la sociedad. Precisamente por eso, este tipo de sociedad no se recomienda para sociedades extranjeras que quieren formar una sociedad con otro socio, ya que las decisiones se toman por unanimidad, independientemente del capital aportado.

Sociedad por acciones

Se encuentra regulada por la ley 20.190 del 05.06.2007 cuyo objetivo es incentivar la industria de capital riesgo y por el Código de Comercio.

La sociedad por acciones (SpA) es una persona jurídica creada por una o más personas cuya participación en el capital es representada por acciones. Esta sociedad es siempre mercantil y puede contar con uno o más socios. Por ello, no se disuelve por reunirse todas las acciones en un mismo accionista.

Supletoriamente, la SpA está regida por las reglas aplicables a las Sociedades Anónimas Cerradas, debiendo llevar un registro de accionistas que es prácticamente el mismo que se exige a las sociedades anónimas.

Los principios básicos de su funcionamiento son los siguientes:

Constitución

La SpA se forma, existe y prueba por un acto de constitución social escrito, inscrito en el Registro de Comercio y publicado en el Diario Oficial. Puede constituirse mediante escritura pública o por instrumento privado suscrito por sus otorgantes, cuyas firmas sean autorizadas por notario público, y se protocoliza ante el mismo Notario.

Posteriormente, debe quedar inscrito en el Registro de Comercio correspondiente al domicilio de la sociedad y publicado en el Diario Oficial dentro del plazo de un mes contado desde la fecha del mismo.

Capital social

El capital de la sociedad debe ser fijado de manera precisa en el estatuto y estar dividido en un número determinado de acciones nominativas.

El estatuto social puede establecer porcentajes o montos mínimos o máximos del capital social que pueden ser controlados por uno o más accionistas, en forma directa o indirecta.

Estatutos sociales

Las disposiciones del estatuto social sólo pueden ser modificadas por acuerdo de la junta de accionistas, del que se debe dejar constancia en un acta que debe ser protocolizada o reducida a escritura pública.

Responsabilidad de los accionistas

Los accionistas sólo son responsables hasta el monto de sus respectivos aportes en la sociedad.

Consideraciones especiales

Si la SpA reúne, por más de 90 días, alguno de los siguientes requisitos:

- Que cuente con más de 500 accionistas;

- Que, a los menos, el 10% de su capital suscrito pertenece a un mínimo de 100 accionistas, excluidos los que individualmente, o a través de otras personas naturales o jurídicas, excedan dicho porcentaje; se transforma, por el solo ministerio de la ley, en una sociedad anónima abierta, siéndole totalmente aplicables las disposiciones pertinentes de dicha ley, las que en este caso prevalecen sobre el estatuto social. 

Aumentos de capital

Los aumentos de capital deben ser acordados por los accionistas. Con todo, el estatuto puede facultar a la administración en forma general o limitada, temporal o permanente, para aumentar el capital con el objeto de financiar la gestión ordinaria de la sociedad o para fines específicos.

Reparto de dividendos

En caso que el estatuto establezca que la sociedad deba pagar un dividendo por un monto fijo, determinado o determinable, a las acciones de una serie específica, éstos se deben pagar con preferencia a los dividendos a que pudieren tener derecho las demás acciones. Salvo que el estatuto señale algo distinto, si las utilidades no fueren suficientes para cubrir el dividendo fijo obligatorio, el accionista podrá optar por alguna de las siguientes opciones:

- Registrar el saldo insoluto en una cuenta especial de patrimonio creada al efecto y que acumulará los dividendos adeudados y por pagar. La sociedad no podrá pagar dividendos a las demás acciones que no gocen de la preferencia de dividendo fijo obligatorio, hasta que la cuenta de dividendos por pagar no haya sido completamente saldada. En caso de disolución de la sociedad, el entero de la cuenta de dividendos por pagar tendrá preferencia a las distribuciones que deban hacerse, o

- Ejercer el derecho a retiro respecto de las acciones preferidas a partir de la fecha en que se declare la imposibilidad de distribuir el dividendo. Si el estatuto no señalare otra cosa, el precio a pagar será el valor de rescate si lo hubiere o en su defecto el valor libros de la acción, más la suma de los dividendos adeudados a la fecha de ejercer el derecho de retiro.

Cada accionista dispone de un voto por cada acción que posea o represente. Sin embargo, el estatuto puede contemplar series de acciones sin derecho a voto, con derecho a voto limitado o a más de un voto por acción, en cuyo caso, deberán determinar la forma de computar dichas acciones para el cálculo de los quórum.

Las diferencias que ocurran entre los accionistas, los accionistas y la sociedad o sus administradores o liquidadores, y la sociedad y sus administradores o liquidadores, de resolverse por medio de arbitraje.

Empresa Individual de Responsabilidad Limitada

La Ley N°19.857, de 11 de febrero de 2003, crea un nuevo tipo de sociedad, las Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada (E.I.R.L.) y posibilita que cualquier persona natural -quedando excluidas las personas jurídicas- pueda constituir una sociedad de responsabilidad limitada al patrimonio de la empresa, sin necesidad de contar con un socio.

Por tanto, es una persona jurídica con patrimonio propio distinto del de la persona que la constituye. Además, esta institución posee carácter comercial y se encuentra sometida al Código de Comercio, por lo que puede realizar toda clase de operaciones civiles y comerciales, excepto las reservadas por ley a las sociedades anónimas.

El nombre de la empresa debe incluir el nombre del constituyente o un nombre de fantasía haciendo una referencia al objeto social y acompañado de la expresión "Empresa Individual de Responsabilidad Limitada" o "E.I.R.L.". El objeto de la empresa debe señalar el giro de la misma y el sector específico en el que se desempeñará.

Su patrimonio queda limitado al señalado en la respectiva escritura y el propietario sólo responde con sus bienes personales hasta el aporte de capital a la empresa y la empresa responde con todos sus bienes.

No obstante, el titular responde ilimitadamente con sus bienes en los siguientes casos:

a.- Por los actos y contratos efectuados fuera del objeto de la empresa, para pagar las obligaciones que emanen de esos actos y contratos.

b.- Por los actos y contratos que se ejecutaran sin el nombre o representación de la empresa, para cumplir las obligaciones que emanen de tales actos y contratos.

c.- Si la empresa celebrare actos y contratos simulados, ocultara sus bienes o reconociera deudas supuestas aunque de ello no se siga perjuicio inmediato.

d.- Si el titular percibiera rentas de la empresa que no guardan relación con la importancia de su giro

e.- Si la empresa fuera declarada en quiebra culpable o fraudulenta.

Sociedad Colectiva

En las sociedades colectivas, los socios intervienen directamente en la gestión y responden personal e ilimitadamente de las deudas sociales, por lo que la responsabilidad de los socios es solidaria por todas las obligaciones de la sociedad. No hay limitaciones de nacionalidad. Se constituyen mediante escritura pública, cuyo extracto se inscribe en el Registro de Comercio del domicilio social y se publican en el Diario Oficial, dentro de los 60 días siguientes a la formalización de la escritura.

Debido a la asunción de responsabilidad ilimitada, esta forma de sociedad no es aconsejable y, de hecho, es la que menos se utiliza.

Sociedad Comanditaria

Se caracterizan por la coexistencia de socios gestores, que responden ilimitadamente por las deudas de la empresa y participan en su gestión, y socios comanditarios, que no participan en la gestión y cuya responsabilidad se limita al capital aportado. Las sociedades comanditarias se dividen en: simples y por acciones. En éstas últimas, la participación de los socios comanditarios está representada por acciones. Son muy poco frecuentes.

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Propiedad industrial (marcas, patentes, diseños, licencias)

En Chile, al igual que en España, se diferencia el concepto de Propiedad Industrial (marcas, patentes, dibujos y diseños industriales, etc.) del concepto de Propiedad Intelectual, asociado a los derechos de autor y derechos conexos, por lo que ambos conceptos se recogen en regulaciones separadas.

Las instituciones competentes en materia de propiedad industrial e intelectual son:
• Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI)
• Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA): en materia de indicaciones geográficas, denominaciones de origen y nuevas variedades vegetales.
• Instituto de Salud Pública (ISP)
• Archivo Nacional de Chile (DIBAM)
• Departamento de Derechos Intelectuales (DDI)

Legislación

- Ley N° 17.336 sobre la Propiedad Intelectual (modificada por la Ley N° 20.750 que permite la Introducción de la Televisión Digital Terrestre) (2014)

- Ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial (Texto Refundido del 6 de febrero de 2012, aprobado por Decreto con Fuerza de Ley N°3) (2012)

- Ley N° 20.243 que establece las Normas sobre los Derechos Morales y Patrimoniales de los Intérpretes de las Ejecuciones Artísticas Fijadas en Formato Audiovisual (2008)

- Ley Nº 20.254 que crea el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (2008)

- Ley Nº 19.342 sobre los Derechos de Obtentores de Nuevas Variedades Vegetales (1994)

Alcance de la protección de los derechos de la propiedad industrial

La Ley y el Reglamento adaptan la normativa chilena al acuerdo TRIPS (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) organizado por la OMC y que establece estándares mínimos para la regulación de la propiedad industrial relativos a:

  • Marcas comerciales
  • Invenciones
  • Modelos de utilidad
  • Dibujo y diseños industriales
  • Esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados
  • Indicaciones geográficas y denominaciones de origen

Los tres principales elementos del Acuerdo son los siguientes:

Normas.- establece las normas mínimas de protección que ha de prever cada Miembro, definiendo cada uno de los principales elementos de la protección:

- Materia que ha de protegerse
- Derechos que han de conferirse
- Excepciones permisibles a esos derechos
- Duración mínima de la protección

Observancia.- El Acuerdo contiene los procedimientos y recursos internos encaminados a la observancia de los derechos de propiedad intelectual que deben existir en cada Estado Parte. Esto implica para dicho Estados la obligación de hacer valer estos derechos en el marco de sus leyes, y de establecer procedimientos justos y equitativos.

Solución de diferencias.- En virtud del Acuerdo, las diferencias entre Estados miembros con respecto al cumplimiento de las obligaciones quedan sujetas al procedimiento de solución de diferencias de la OMC.
Principios básicos.- se recogen determinados principios fundamentales por los que ha de regirse la protección de la propiedad intelectual.
- Principio de trato nacional o de no discriminación; por el que se establece la igualdad de trato para nacionales y extranjeros.
- Principio de nación más favorecida: igualdad de trato para los nacionales de todos los interlocutores comerciales en el marco de la OMC.
- La protección de la propiedad intelectual debe contribuir a la innovación técnica y a la transferencia de tecnología, esto es, la protección de la propiedad intelectual debe favorecer el bienestar económico y social, estableciendo un equilibrio entre derechos obligaciones de productores y usuarios. El Acuerdo permite a los Miembros prestar una protección más amplia en materia de propiedad intelectual si así lo desean. Dejándoles libertad para determinar el método apropiado de aplicación de las disposiciones del Acuerdo en el marco de sus sistemas y usos jurídicos.

Marcas comerciales

La protección que concede la marca es territorial, es decir, sólo a nivel nacional y temporal, por 10 años renovables indefinidamente por periodos iguales, y previo pago de la tasa correspondiente.

Proceso de registro

1.- Presentar formulario de solicitud en la mesa de atención al público de INAPI o vía electrónica. Las personas naturales o jurídicas residentes en el extranjero deben designar un apoderado o representante en Chile para que efectúe estos trámites.

En forma presencial, se debe presentar en el mesón de atención de INAPI la solicitud en el formulario correspondiente, según lo que se quiera registrar, actuando personalmente o representando acompañado el poder correspondiente. El trámite respectivo tiene un valor estándar que se entrega en dicho mesón. Los documentos deben contar con una presuma que indique el número de solicitud y la marca, así como la individualización del solicitante y su representante, si lo hubiera.

2.- Ingresada la solicitud de registro de marcas, el INAPI realiza un examen formal pudiendo aceptar u observar la solicitud.

- Si la solicitud se acepta, se debe publicar el extracto pagado de la solicitud en el Diario Oficial que funciona dentro de las dependencias del INAPI, dentro del plazo legal de 20 días hábiles siguientes a la aceptación, de lo contrario la solicitud se supondrá abandonada. De no existir oposición, la solicitud pasa al Jefe del Departamento de Propiedad Industrial para su última revisión, quien emitirá la resolución definitiva.

- Si la solicitud es observada, al detectarse algún error u omisión, el interesado debe efectuar las correcciones o aclaraciones pertinentes dentro de 30 días. Si no se efectúa la corrección, se declara abandonada la solicitud. Asimismo, con la publicación de la solicitud en el Diario Oficial, comienza a correr el plazo de treinta días hábiles para que terceros puedan deducir oposición a la solicitud de registro. En Chile se aceptan, en este caso, cualesquiera medios de prueba (excepto el testimonial).

3.- La resolución definitiva es pronunciada por el Director Nacional de la INAPI pudiendo:

- Aceptar la marca, cuyo caso se deberán pagar y acreditar los derechos definitivos dentro de un plazo de 60 días, contados desde la notificación de la resolución. Tras este plazo se obtendrá el Certificado de Marca. El pago se puede realizar de forma electrónica a través de la página Web del INAPI (www.inapi.cl), un banco comercial o alguna otra entidad recaudadora de derechos fiscales (Sencillito o ServiPag).

- Rechazar la marca, en cuyo caso el interesado puede apelar ante el Tribunal de Propiedad Industrial con patrocinio de abogado y consignación.

Patentes

El INAPI distingue los siguientes tipos de patentes:

- Patentes de invención
- Modelos de utilidad
- Diseños industriales y dibujos
- Esquemas de trazado o circuitos integrados

Patentes de invención
Estas patentes se otorgan un plazo limitado de 20 años, a contar desde la fecha de presentación de la solicitud, siempre y cuando el titular de la misma pague las tasas anuales. Y la protección otorgada será válida únicamente en el país donde se ha solicitado la misma. Una vez expirado el plazo de protección la invención pasa a pertenecer al dominio público, es decir, puede ser utilizada por cualquier persona.

Requisitos de patentabilidad

Se exigen tres requisitos fundamentales para poder dotar de patentabilidad una invención, estos son los siguientes:

- Novedad: la invención no debía existir antes en el estado de la técnica, esto es, todo aquello divulgado o hecho accesible al público, en cualquier lugar del mundo, mediante una publicación tangible, venta o comercialización.

- Nivel inventivo: la invención no puede resultar obvia ni derivar, de modo evidente, del estado de la técnica.

- Aplicabilidad industrial: la invención debe poder ser producida o empleada en cualquier industria.

Registro de patentes

Este procedimiento se establece en la Ley Nº 19039 y su reglamento.

Para efectuar a cabo el registro es preciso presentar la solicitud de patente, constituida por una hoja de solicitud, una hoja técnica (ambos documentos descargables de forma gratuita de la página web de INAPI), así como por:

- Una memoria descriptiva, este es un documento que contiene una descripción detallada y clara de lo conocido en la material, de la invención, de los dibujos acompañados, de haberlos y un ejemplo de aplicación.
- Un pliego de reivindicaciones, un documento que contiene el conjunto de descripciones claras y concisas sustentadas en la memoria descriptiva, con el objeto de individualizar los aspectos nuevos sobre los cuales se desea obtener la protección.

Una vez presentada la solicitud esta se someterá a un examen de forma y se publicará, tras lo cual el solicitante deberá pagar el arancel pericial, esto es, el valor correspondiente a los honorarios del perito, que realizará el análisis técnico de la solicitud.
De ser la solicitud aceptada, el solicitante pagará los derechos fiscales por la obtención de la patente y acreditar dicho pago a INAPI, que asignará entonces un número de registro al derecho.
Las tasas a pagar a lo largo del proceso por el solicitante pueden ser consultadas en el siguiente enlace: https://www.inapi.cl/patentes/para-informarse?acordeon=3

Base de datos
INAPI cuenta con una base de datos a través de la cual es posible acceder a la información de documentos de patentes, que abarca todos los sectores técnicos de lo que es nuevo, aplicable a la industria y relevante a nivel internacional. Esto permite obtener información sobre las últimas tecnologías, evaluar la posibilidad de transferencia tecnológica, conocer el entorno competitivo de un mercado, seguir las actividades de una determinada empresa o acceder a una licencia.
Las patentes están ordenadas según el sistema de clasificación único, la Clasificación Internacional de Patentes (CIP), que permite identificar patentes por área específica de la técnica.
Dicha base de datos está disponible en el siguiente enlace: https://ion.inapi.cl/Patente/ConsultaAvanzadaPatentes.aspx

Modelos de utilidad
Los modelos de utilidad son, al igual que las patentes, títulos de propiedad industrial que protegen invenciones, si bien estas son de escaso valor creativo o carentes de innovación radical, esto es, los modelos de utilidad se destinan a proteger invenciones de menor complejidad técnica que las protegidas por las patentes.
En Chile, la protección mediante modelos de utilidad solo puede obtenerse para ciertos campos de la tecnología, y se aplica a productos y no a procesos.
La duración de la protección otorgada para los modelos de utilidad en Chile es de 10 años a contar desde la presentación de la solicitud.
Registro
El procedimiento de registro de un modelo de utilidad en Chile, no difiere del procedimiento empleado para el caso de las patentes de invención, variando únicamente las tasas de adquisición y mantenimiento que son menores, estas pueden consultarse en el mismo enlace facilitado para las patentes de invención.
Una vez registrado el modelo de utilidad deberá llevar de forma visible la expresión “Modelo de Utilidad” o las iniciales “M.U” y el número de registro.

Diseños y dibujos industriales
Ambos títulos de la propiedad industrial aparecen regulados en la legislación chilena, tanto en la Ley 19039 como en el Reglamento de la misma. En dicha normativa se establece que todas las disposiciones relativas a las patentes de invención, serán aplicables a los diseños y dibujos industriales, siendo los derechos conferidos por estas similares a los otorgados por un diseño o dibujo industrial.
Para poder ser registrados y obtener protección tanto los diseños como los dibujos industriales deben ser “nuevos” es decir, cumplir con el requisito de la novedad, sin perjuicio de la aplicación industrial característica de todos los títulos de la propiedad industrial. Se considera que el diseño es nuevo cuando no se ha hecho público ningún otro idéntico o similar antes de la fecha de solicitud de registro.
En cuanto al registro de estos derechos, el mismo sigue las mismas pautas que el registro de las patentes de invención, si bien, presenta algunas particularidades, que aparecen reflejadas en los artículos 54 y 55 del Reglamento de la Ley 19039 .
La duración de la protección otorgada por el registro de un dibujo o diseño industrial, en Chile, es de 10 años a contar desde la fecha de solicitud.

Esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados
Al igual que los demás títulos de la propiedad industrial, los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados son protegidos a través de su registro, y para poder ser registrados ha de concurrir en ellos el requisito de la originalidad. Esto es, se considerarán originales aquellos que sean el resultado del esfuerzo intelectual de su creador y no sean de conocimiento ordinario entre los creadores de esquemas de trazado o topografía de circuitos integrados, y los fabricantes de circuitos integrados, al momento de su creación.
En cuanto al registro y los derechos otorgados rige para estos títulos todo lo establecido en la Ley 19039 para las patentes de invención.
Contando la protección otorgada por el registro con una duración de 10, desde la fecha de solicitud del registro o de la primera explotación comercial en cualquier parte del mundo.

Derechos de autor

Los derechos de autor protegen las obras por el mero de hecho de su creación, de forma automática. Es decir, no es necesario registrar las obras para que se les conceda la protección de los derechos de autor, si bien cabe la posibilidad de efectuar tal registro con la finalidad de que quede constancia de la existencia de tales derechos sobre la obra protegida.

En Chile, el organismo que tiene a cargo el registro de los derechos de autor y derechos conexos es el Departamento de Derechos Intelectuales, dependiente de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, del Ministerio de Educación.

El derecho de autor tiene dos aspectos igualmente importantes: primero, los derechos patrimoniales de contenido económico, que permiten al titular o a sus derechohabientes beneficiarse con la explotación, reproducción, comunicación y difusión de la obra literaria o artística, por cualquier medio o procedimiento; y, segundo, los derechos morales, que son personalísimos, intransferibles e imprescriptibles, tales como el de la paternidad e integridad de la obra.

El Departamento de Derechos Intelectuales de l DIBAM tiene una única oficina en Chile situada en Santiago, no siendo posible realizar las inscripciones de obras vía Internet. Este departamento brinda los siguientes servicios:

- Inscripción de derechos de autor: Registrar las creaciones originales literarias, artísticas y literario- científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, en donde se incluyen fotografías, diseño, base o compilación de datos, software, proyectos de ingeniería y arquitectura, obras cinematográficas, páginas Web y personajes.

- Inscripción de contratos de cesión y de edición de derechos de autor.

- Inscripción de derechos conexos, que corresponden a los artistas intérpretes y ejecutantes, productores, fonográficos y organismos de radiodifusión.

- Registrar las obras grabadas en un fonograma, realizadas por un productor fonográfico que es la persona natural o jurídica responsable de la primera fijación sonora de dicha creación.

- Registrar las obras que pertenecen a los artistas intérpretes y ejecutantes de una obra.

- Inscripción de contratos de cesión de derechos conexos.

- Emisión de certificados de inscripción de obras.

- Registro de inscripción de seudónimos.

- Entrega de información legal, como medio de prueba, a fiscalías u otros organismos especializados, a nivel nacional o internacional, relacionada con el Registro de Propiedad Industrial.

- Anotaciones y subinscripciones de embargos y prohibiciones sobre derechos de autor o conexos, decretadas por las fiscalías.

Indicaciones geográficas y denominaciones de origen

En chile, el reconocimiento de las mismas se hace por el INAPI, mediante la incorporación de estas en un Registro de Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen que se lleva al efecto, previo procedimiento administrativo. Dicho registro puede ser solicitado por cualquier persona, natural o jurídica, o bien por autoridades nacionales, regionales, provinciales o comunales, cuando se trate de indicaciones geográficas o denominaciones de origen ubicadas dentro de los territorios de sus respectivas competencias.

Entre los requisitos que deben cumplirse para el registro está la descripción detallada del producto que identificará la IG o DO que se solicita, las características o cualidades especiales que tienen, un estudio técnico, elaborado por un profesional competente, que exponga todos los antecedentes que permiten fundamentar que tales características o cualidades que se le atribuyen al producto, se derivan fundamentalmente o exclusivamente de su origen geográfico, un reglamento de uso y control de la indicación o denominación que se solicita. Además, en caso de tratarse de IG/DO extranjeras, se debe acompañar documentación que acredite reconocimiento en el país de origen.

El formulario de solicitud puede ser descargado directamente del sitio web de INAPI de forma gratuita. Dicho formulario debe presentarse, junto con los antecedentes, directamente en las oficinas de atención al público de INAPI. Finalmente de ser aceptada para el registro, la IG o DO, esto tendrá un costo de 3 UTM.

Acuerdo Chile – UE en materia de propiedad industrial

Las partes se comprometen a:

  • Continuar asegurando una ejecución adecuada y efectiva de las obligaciones derivadas de los siguientes convenios (convenios suscritos por Chile y España):
  • Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. (Anexo 1C del Acuerdo por el que se establece la OMC – Acuerdo sobre los “ADPIC” o “TRIPS”)
  • Convenio de Paris para la protección de la propiedad industrial. (Acta de Estocolmo, 1967)
  • Convenio para la protección de las obtenciones vegetales. (“Convenio UPOV 1978” y “Convenio UPOV 1991”). Las variedades vegetales no son patentables.
  • Asegurar para el 1 de enero de 2007 una ejecución adecuada y efectiva de las obligaciones derivadas de los siguientes convenios:
  • Arreglo de Niza sobre clasificación internacional de productos y servicios para el registro de marcas.
  • Tratado de Cooperación en materia de patentes. (Washington 1970, enmendado en 1979 y modificado en 1984), y
  • Arreglo de Estrasburgo sobre clasificación internacional de patentes (Estrasburgo 1971, modificado en 1979)
  • Asegurar para el 1 de enero de 2009 una ejecución adecuada y efectiva de las obligaciones derivadas de los siguientes convenios:
  • Arreglo de Locarno sobre clasificación internacional para los dibujos y modelos industriales. (Unión de Locarno 1968, modificado en 1979)
  • Tratado sobre el derecho de marcas (Ginebra, 1994)
  • Tratado sobre reconocimiento internacional del depósito de microorganismos a los fines del procedimiento en materia de patentes (Budapest 1977, modificado en 1980)
  • Asegurar lo antes posible una ejecución adecuada y efectiva de las obligaciones derivadas de los siguientes convenios:
  • Arreglo de Madrid (Acta de Estocolmo, 1967, modificado en 1979) y Protocolo del Arreglo de Madrid (Madrid, 1989) sobre registro internacional de marcas.
  • Convenio sobre clasificación internacional de los elementos figurativos de las marcas. (Viena 1973, modificado en 1985).

La gran mayoría de las disposiciones del Tratado sobre Derecho de Marcas se refieren al procedimiento para el registro de marcas: requisitos exigibles en la solicitud, cambios del registro y renovación. El objetivo es simplificar y armonizar los procedimientos y eliminar obstáculos, de tal modo que el procedimiento resulte más seguro.

El mecanismo previsto por el Protocolo de Madrid (entró en vigor el 1 de diciembre de 1995) facilita, flexibiliza y unifica el procedimiento de registro de marcas para los usuarios de los países adheridos al sistema, permitiéndoles presentar una solicitud, en un solo país, con un solo juego de documentación, en un solo idioma, pagando tasas y honorarios una sola vez en una sola moneda. Así se obtiene un solo registro, con un solo número, con una sola fecha de renovación y con vigencia en más de un país. La adhesión de los EE.UU. al sistema junto con el hecho de la adopción del español como idioma alternativo al inglés y al francés ha puesto a América Latina en el centro de la escena en esta materia. Chile es el país iberoamericano que más ha avanzado en este tema, habiéndose comprometido doblemente: con la UE y con los EE.UU. Para más información sobre el Protocolo de Madrid, consultar: www.interes.org.

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Barreras de entrada para inversores españoles

Obstáculos administrativos: Destaca la obligatoriedad de poseer el Rol Único Tributario (RUT), similar al NIF, por parte de las empresas extranjeras que deseen darse de alta en Chile en los registros existentes al efecto para poder acceder a licitaciones del Ministerio de Obras Públicas, así como la obligatoriedad de establecerse como agencia en Chile, con el fin de que les sea reconocida la experiencia internacional. 

Evaluación de impacto ambiental: El sistema de evaluación de impacto ambiental ha suscitado quejas del sector privado en cuanto a injerencias políticas, retrasos y ajustes que afectan a nuevos proyectos de inversión, especialmente en el ámbito energético.

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  • Movilidad Internacional
  • Barreras Comerciales
  • ICE
  • Datainvex