Marco jurídico

Resumen del marco jurídico para los negocios

No existe un texto único que regule la inversión extranjera en Costa Rica. Hay varias leyes y regulaciones que tienen relación con la inversión nacional y extranjera en Costa Rica. No hay registro de inversiones en el país ni registro de inversiones costarricenses en el exterior.

En la solución de los conflictos derivados de la interpretación y aplicación de la regulación sobre inversión extranjera se aplica lo dispuesto en la legislación nacional. Los contratos celebrados con el Estado se sujetan a la ley costarricense y a la jurisdicción de los tribunales nacionales.

Con el objeto de atraer capital exterior y de proporcionar un marco legal confiable a los inversores, Costa Rica se ha adherido al Tratado de Protección de Inversiones de la Agencia Multinacional de Garantía de Inversiones del Banco Mundial (MIGA). Hasta la fecha se han suscrito 12 proyectos, de los cuales podemos nombrar el de Autopistas del Sol S.A. de inversión española.

 

Por otra parte, el 8 de julio de 1997, España y Costa Rica firmaron un Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI). Y desde el 1 de enero de 2011 el Acuerdo de Doble Imposición firmado entre España y Costa Rica se encuentra en vigor. Este acuerdo permite a las empresas españolas elegir, en caso de conflicto, entre la jurisdicción de un tribunal costarricense o la jurisdicción de un tribunal internacional. Asimismo, Costa Rica tiene en vigor Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI) con Alemania, Argentina, Canadá, Chile, China (Taiwán), Corea, España, Francia, Reino de los Países Bajos, Paraguay, República Checa, Suiza y Venezuela.

 

Restricciones a la inversión extranjera

Aunque la inversión extranjera no se encuentra restringida en ningún sector de la economía, impera sobre ella lo establecido en la Constitución para distintos ámbitos económicos (Estado como único propietario de hidroelectricidad, carbón, gas y petróleo, fabricación de alcohol, servicios de telecomunicaciones, agua, ferrocarriles, puertos, aeropuertos y seguros; en estos sectores sólo puede operar la empresa privada en régimen de administración o de concesión temporal en los términos establecidos en la ley especial al efecto).

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Organismos de apoyo a la inversión extranjera

No existe un texto único que regule la inversión extranjera en Costa Rica. Hay varias leyes y regulaciones que tienen relación con la inversión nacional y extranjera en Costa Rica. No hay registro de inversiones en el país ni registro de inversiones costarricenses en el exterior.

En la solución de los conflictos derivados de la interpretación y aplicación de la regulación sobre inversión extranjera se aplica lo dispuesto en la legislación nacional. Los contratos celebrados con el Estado se sujetan a la ley costarricense y a la jurisdicción de los tribunales nacionales.

Con el objeto de atraer capital exterior y de proporcionar un marco legal confiable a los inversores, Costa Rica se ha adherido al Tratado de Protección de Inversiones de la Agencia Multinacional de Garantía de Inversiones del Banco Mundial (MIGA). Hasta la fecha se han suscrito 12 proyectos, de los cuales podemos nombrar el de Autopistas del Sol S.A. de inversión española.

 

Por otra parte, el 8 de julio de 1997, España y Costa Rica firmaron un Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI). Y desde el 1 de enero de 2011 el Acuerdo de Doble Imposición firmado entre España y Costa Rica se encuentra en vigor. Este acuerdo permite a las empresas españolas elegir, en caso de conflicto, entre la jurisdicción de un tribunal costarricense o la jurisdicción de un tribunal internacional. Asimismo, Costa Rica tiene en vigor Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI) con Alemania, Argentina, Canadá, Chile, China (Taiwán), Corea, España, Francia, Reino de los Países Bajos, Paraguay, República Checa, Suiza y Venezuela.

 

Restricciones a la inversión extranjera

Aunque la inversión extranjera no se encuentra restringida en ningún sector de la economía, impera sobre ella lo establecido en la Constitución para distintos ámbitos económicos (Estado como único propietario de hidroelectricidad, carbón, gas y petróleo, fabricación de alcohol, servicios de telecomunicaciones, agua, ferrocarriles, puertos, aeropuertos y seguros; en estos sectores sólo puede operar la empresa privada en régimen de administración o de concesión temporal en los términos establecidos en la ley especial al efecto).

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Cuadro de organismos de apoyo a la inversión extranjera

No existe un texto único que regule la inversión extranjera en Costa Rica. Hay varias leyes y regulaciones que tienen relación con la inversión nacional y extranjera en Costa Rica. No hay registro de inversiones en el país ni registro de inversiones costarricenses en el exterior.

En la solución de los conflictos derivados de la interpretación y aplicación de la regulación sobre inversión extranjera se aplica lo dispuesto en la legislación nacional. Los contratos celebrados con el Estado se sujetan a la ley costarricense y a la jurisdicción de los tribunales nacionales.

Con el objeto de atraer capital exterior y de proporcionar un marco legal confiable a los inversores, Costa Rica se ha adherido al Tratado de Protección de Inversiones de la Agencia Multinacional de Garantía de Inversiones del Banco Mundial (MIGA). Hasta la fecha se han suscrito 12 proyectos, de los cuales podemos nombrar el de Autopistas del Sol S.A. de inversión española.

 

Por otra parte, el 8 de julio de 1997, España y Costa Rica firmaron un Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI). Y desde el 1 de enero de 2011 el Acuerdo de Doble Imposición firmado entre España y Costa Rica se encuentra en vigor. Este acuerdo permite a las empresas españolas elegir, en caso de conflicto, entre la jurisdicción de un tribunal costarricense o la jurisdicción de un tribunal internacional. Asimismo, Costa Rica tiene en vigor Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI) con Alemania, Argentina, Canadá, Chile, China (Taiwán), Corea, España, Francia, Reino de los Países Bajos, Paraguay, República Checa, Suiza y Venezuela.

 

Restricciones a la inversión extranjera

Aunque la inversión extranjera no se encuentra restringida en ningún sector de la economía, impera sobre ella lo establecido en la Constitución para distintos ámbitos económicos (Estado como único propietario de hidroelectricidad, carbón, gas y petróleo, fabricación de alcohol, servicios de telecomunicaciones, agua, ferrocarriles, puertos, aeropuertos y seguros; en estos sectores sólo puede operar la empresa privada en régimen de administración o de concesión temporal en los términos establecidos en la ley especial al efecto).

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Detalle del APPRI con España

No existe un texto único que regule la inversión extranjera en Costa Rica. Hay varias leyes y regulaciones que tienen relación con la inversión nacional y extranjera en Costa Rica. No hay registro de inversiones en el país ni registro de inversiones costarricenses en el exterior.

En la solución de los conflictos derivados de la interpretación y aplicación de la regulación sobre inversión extranjera se aplica lo dispuesto en la legislación nacional. Los contratos celebrados con el Estado se sujetan a la ley costarricense y a la jurisdicción de los tribunales nacionales.

Con el objeto de atraer capital exterior y de proporcionar un marco legal confiable a los inversores, Costa Rica se ha adherido al Tratado de Protección de Inversiones de la Agencia Multinacional de Garantía de Inversiones del Banco Mundial (MIGA). Hasta la fecha se han suscrito 12 proyectos, de los cuales podemos nombrar el de Autopistas del Sol S.A. de inversión española.

 

Por otra parte, el 8 de julio de 1997, España y Costa Rica firmaron un Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI). Y desde el 1 de enero de 2011 el Acuerdo de Doble Imposición firmado entre España y Costa Rica se encuentra en vigor. Este acuerdo permite a las empresas españolas elegir, en caso de conflicto, entre la jurisdicción de un tribunal costarricense o la jurisdicción de un tribunal internacional. Asimismo, Costa Rica tiene en vigor Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI) con Alemania, Argentina, Canadá, Chile, China (Taiwán), Corea, España, Francia, Reino de los Países Bajos, Paraguay, República Checa, Suiza y Venezuela.

 

Restricciones a la inversión extranjera

Aunque la inversión extranjera no se encuentra restringida en ningún sector de la economía, impera sobre ella lo establecido en la Constitución para distintos ámbitos económicos (Estado como único propietario de hidroelectricidad, carbón, gas y petróleo, fabricación de alcohol, servicios de telecomunicaciones, agua, ferrocarriles, puertos, aeropuertos y seguros; en estos sectores sólo puede operar la empresa privada en régimen de administración o de concesión temporal en los términos establecidos en la ley especial al efecto).

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Otros incentivos a la inversión

No existe un texto único que regule la inversión extranjera en Costa Rica. Hay varias leyes y regulaciones que tienen relación con la inversión nacional y extranjera en Costa Rica. No hay registro de inversiones en el país ni registro de inversiones costarricenses en el exterior.

En la solución de los conflictos derivados de la interpretación y aplicación de la regulación sobre inversión extranjera se aplica lo dispuesto en la legislación nacional. Los contratos celebrados con el Estado se sujetan a la ley costarricense y a la jurisdicción de los tribunales nacionales.

Con el objeto de atraer capital exterior y de proporcionar un marco legal confiable a los inversores, Costa Rica se ha adherido al Tratado de Protección de Inversiones de la Agencia Multinacional de Garantía de Inversiones del Banco Mundial (MIGA). Hasta la fecha se han suscrito 12 proyectos, de los cuales podemos nombrar el de Autopistas del Sol S.A. de inversión española.

 

Por otra parte, el 8 de julio de 1997, España y Costa Rica firmaron un Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI). Y desde el 1 de enero de 2011 el Acuerdo de Doble Imposición firmado entre España y Costa Rica se encuentra en vigor. Este acuerdo permite a las empresas españolas elegir, en caso de conflicto, entre la jurisdicción de un tribunal costarricense o la jurisdicción de un tribunal internacional. Asimismo, Costa Rica tiene en vigor Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI) con Alemania, Argentina, Canadá, Chile, China (Taiwán), Corea, España, Francia, Reino de los Países Bajos, Paraguay, República Checa, Suiza y Venezuela.

 

Restricciones a la inversión extranjera

Aunque la inversión extranjera no se encuentra restringida en ningún sector de la economía, impera sobre ella lo establecido en la Constitución para distintos ámbitos económicos (Estado como único propietario de hidroelectricidad, carbón, gas y petróleo, fabricación de alcohol, servicios de telecomunicaciones, agua, ferrocarriles, puertos, aeropuertos y seguros; en estos sectores sólo puede operar la empresa privada en régimen de administración o de concesión temporal en los términos establecidos en la ley especial al efecto).

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Contratación Pública. Criterios de adjudicación de contratos

A nivel electrónico en el portal: www.comprared.cr/ y en el del Ministerio de Hacienda de Costa Rica: https://www.hacienda.go.cr, se publican todas las compras que realizan las entidades públicas nacionales y municipales.

Los contratos celebrados por la Administración quedan sujetos a las disposiciones y procedimientos que establecen la Ley de la Administración Financiera de la República y el Reglamento de la Contratación Administrativa. Supletoriamente, les serán aplicables los principios administrativos y los demás principios pertinentes del ordenamiento jurídico costarricense.

Las leyes que regulan la contratación pública en Costa Rica son:

Ley de Contratación Administrativa  

Ley General de Concesión de Obras Públicas con Servicios Públicos

Ley de Incentivos para la Producción Industrial

Reglamento de la Utilización del Registro de Proveedores

Los procedimientos de contratación que podrá emplear la Administración Pública son la licitación pública, la licitación privada (por registro o restringida), la contratación directa y el remate. La Administración podrá incorporar entre estos procedimientos algún otro tipo contractual que contribuya a satisfacer el interés general y las necesidades particulares existentes, todo ello dentro del marco general y los procedimientos fijados en la Ley y en el Reglamento.

La determinación del procedimiento a seguir está sujeta a los parámetros que establece la ley, en atención al monto de la contratación y al presupuesto de la respectiva Administración, salvo cuando la ley disponga un procedimiento específico en función del tipo de contrato.

Principios generales de los procedimientos de contratación administrativa:

-Principio de eficiencia: en virtud de este principio, el fin principal de los procedimientos de contratación administrativa es la selección de la oferta más conveniente a la satisfacción del interés general.

-Principio de igualdad: la Administración garantiza la igualdad de participación de todos los potenciales oferentes en los procedimientos de contratación. No podrá introducirse en las condiciones del concurso ni en los parámetros de calificación ninguna disposición que coloque a alguna parte en posición de ventaja respecto a otros competidores.

-Principio de libre competencia: el principio de libre competencia entre los oferentes implica la imposibilidad de introducir en las condiciones de los concursos cláusulas limitativas de la participación más allá de las estrictamente derivadas de las especificaciones técnicas propias del bien o servicio por adquirir.

-Principio de reciprocidad: este principio impide a los oferentes extranjeros la obtención de ventajas de participación que los oferentes nacionales no tienen en su país de origen. Para acreditar el cumplimiento del principio de reciprocidad, la Administración podrá solicitar como condición para participar en un concurso la demostración de los aspectos que considere pertinentes.

Representación

El oferente puede concurrir a través de un representante de casas extranjeras. En estos casos el oferente deberá hacer indicación expresa de tal circunstancia en la propuesta original. El representante de casas extranjeras podrá concurrir directamente a nombre de un tercero, cuando acredite en forma fidedigna la existencia de un contrato de representación, aportando una copia certificada del mismo. También se podrá concurrir a través de cualquiera de las formas de representación reconocidas por el derecho común.

Procedimientos de contratación

1.- Licitación pública.

2.- Licitación privada.

3.- Adjudicación directa.

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Régimen de inversiones

Costa Rica tiene en general un sistema abierto de inversiones, aunque hay algunas excepciones. El Estado tiene el derecho exclusivo de propiedad de la importación, refino y distribución de hidrocarburos y sus derivados, servicios de seguros, carreteras, puertos marítimos y aeropuertos, algunos servicios postales y la concesión de algunos servicios de energía y telecomunicaciones. Algunas de estas actividades pueden ser objeto de concesión por leyes aplicables.

No existe ninguna ley especial en Costa Rica referida a la inversión extranjera, aunque sí que existen algunas regulaciones que persiguen la promoción de estas actividades. Entre ellas el Régimen de Exención Fiscal y los Procedimientos de Inmigración. Además existen una serie de tratados (ver punto 3.4 Apertura Comercial) que promueven las inversiones y la actividad en el país. Es importante señalar que los inversores extranjeros cuentan con los mismos incentivos y beneficios que se ofrecen a las compañías costarricenses.

No hay límites para la inversión de capital extranjero en sectores como la agricultura, la industria, el comercio o los créditos institucionales. Pero sí que hay leyes que restringen la inversión privada para ciertas actividades que son monopolios públicos. Entre ellas se encuentran: la destilación de alcohol (Fábrica Nacional de Destilería) y el refino del crudo del petróleo (RECOPE).

Respecto a la participación de Costa Rica en la promoción internacional de inversiones, el país ha ratificado el Convenio Constitutivo de la Corporación Interamericana de Inversiones (CII) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y es miembro del Cuerpo Multilateral de Garantías de Inversión del Banco Mundial. A finales de enero de 2016, Costa Rica mantenía acuerdos de promoción recíproca y protección de inversiones con catorce países comerciales, mientras que cuatro nuevos acuerdos similares estaban pendientes de aprobación legislativa.

En lo referente a España, es importante señalar la entrada en vigor del Tratado de Doble Imposición con Costa Rica el 1 de enero de 2011. Este Tratado se aplica a los impuestos sobre la renta y el patrimonio exigibles por cada uno de los estados contratantes, sus subdivisiones políticas o sus entidades locales.

El texto completo de este Tratado puede encontrarse en el enlace siguiente: Tratado de Doble Imposición.
 

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Incentivos a la inversión (fiscales, sectoriales, regionales y locales)

Incentivos a la inversión extranjera

Existen numerosas leyes que ofrecen incentivos fiscales y ventajas tributarias a la inversión extranjera. Entre los más importantes podemos destacar los siguientes:

Régimen de Zonas Francas: El Régimen de Zonas Francas es un conjunto de incentivos y beneficios otorgados por el gobierno de Costa Rica a las empresas que realicen inversiones nuevas en el país, tal y como se indica en las Leyes sobre el Régimen de Zonas Francas Nº7210, Nº8794 y sus Estatutos.

Las empresas que pueden aplicar el incentivo de este  régimen son: las manufactureras de exportación, las comerciales de exportación (no productores), las de servicios de exportación, las empresas u organizaciones dedicadas a la investigación científica, las empresas manufactureras que pueden o no exportar (nivel mínimo de exportación no es necesario).

Los principales incentivos son:

  • Para proyectos de manufactura pequeños y medianos (150.000$ de inversión, no es necesario un nivel mínimo de exportación):
    • Tasa preferencial al impuesto sobre la renta del 6% por 8 años y 15% durante los 4 años siguientes.
    • 10% del crédito del impuesto de sociedades
  • Para compañías de servicios que exportan más del 50% de su producción en la operación de Costa Rica (150.000$ de inversión):
    • Exención del 100% del impuesto sobre la renta de sociedades durante 8 años, exención del 50% durante los 4 años siguientes.

Además todas las empresas que operan bajo el Régimen de Zona Franca disfrutan, sin límite de tiempo, del 100% de exención en los derechos de importación, la exportación y los impuestos especiales, impuestos sobre las remesas y la repatriación, entre otros.

 

 

 

 

                                                                                                                        

Parques Industriales: En la actualidad existen 13 Parques Industriales activos en Costa Rica.

Régimen de perfeccionamiento activo

Régimen devolutivo de derechos

Incentivos para el turismo (Ley 6990)

Incentivos a la reforestación

Además de estos incentivos existen en Costa Rica otras ventajas relacionadas con la inversión extranjera:

- Sistema Generalizado de Preferencias (SGP): los Sistemas Generalizados de Preferencias arancelarias son mecanismos por medio de los cuales gran parte de los países desarrollados de economía de mercado otorgan acceso con tasas arancelarias preferenciales a productos, principalmente manufacturados y semimanufacturados, aunque también a algunos productos agrícolas y del mar, procedentes de países en desarrollo. Costa Rica es país beneficiario del SGP otorgado por Japón, Canadá, la UE, Australia, Nueva Zelanda, Noruega, Suiza, Bulgaria, Eslovaquia, Hungría, Polonia y Estados Unidos. Las preferencias abarcan a productos que la mayoría de los países en vías de desarrollo no exportan todavía, ya sea porque aún no los producen o porque sus industrias se hayan orientado a los mercados nacionales. En este caso, la instauración de las preferencias generalizadas constituye un incentivo a las inversiones, tanto de origen nacional como extranjero, y favorece la industrialización de los países beneficiarios de las mismas. En el 2008 la UE pospuso la puesta en vigencia del nuevo sistema preferencias de ciertos productos ticos, que reducían las ventajas que gozaban hasta ahora ya que el país ha superado las circunstancias que sirvieron para su establecimiento. El pasado marzo de 2011, en respuesta a la solicitud de Costa Rica, la UE prorrogó el SGP Plus de productos costarricenses al mercado europeo hasta diciembre del 2013. En el caso de Costa Rica este beneficio finalizaba el 31 de diciembre de 2011, sin embargo, este dictamen y la posterior votación final del Plenario extenderán por dos años más estos beneficios, manteniendo sus productos mientras se aprueba el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea.

- El Contrato de Exportación: el Contrato de Exportación fue creado como un instrumento para coordinar los beneficios otorgados a las empresas exportadoras de productos no tradicionales. Se definen para ello tres tipos de beneficiarios: productor-exportador, comercializador y proveedor. El Contrato de Exportación otorga los siguientes incentivos:

1. Exoneración de los impuestos de importación de las materias primas, envases y productos semielaborados utilizados en la elaboración de los productos a exportar. La exoneración será proporcional a las ventas a terceros mercados de productos no tradicionales.

2. Exoneración de los impuestos de importación de la maquinaria, equipo y repuestos que participan directamente en el proceso de producción de los productos a exportar. La exoneración será proporcional a las ventas a terceros mercados de productos no tradicionales.

Los incentivos del contrato de exportación son solicitados en la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Inversiones.

 

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Representación y agencia

La representación de empresas y sociedades extranjeras y el traspaso de su sede a territorio nacional

Las empresas extranjeras que quieran abrir sucursales en la República de Costa Rica están obligadas a mantener en el país a un apoderado generalísimo para los negocios de la sucursal. En la escritura de poder consignarán:

- El objeto de la sucursal y capital que se le asigne.

- El objeto, el capital, el nombre completo de los administradores y la duración de la empresa principal. La declaración del capital de la empresa principal tiene por objeto el de hacer conocer en el país su solvencia económica y no implica obligación de pagar derechos de registro por tal concepto.

- Manifestación expresa de que el representante y la sucursal quedan sometidos a las leyes y tribunales de Costa Rica para todos los actos o contratos que celebren o tengan que ejecutarse en el país, renunciando expresamente a las leyes de su domicilio.

- Constancia de que el otorgante del poder tiene capacidad jurídica para hacerlo.

Las sociedades extranjeras que, con arreglo a las leyes del país en que fueron creadas, estén autorizadas para transferir sus sedes sociales a otros países podrán transferirlas al territorio de Costa Rica después de haber presentado al registro mercantil, para su inscripción, los siguientes documentos debidamente autentificados:

-Copia del pacto social y sus modificaciones.

-Certificado del acuerdo que autorice la transferencia de la sede social a la República de Costa Rica.

-Una relación que contenga los nombres y apellidos de las personas que integran el consejo de administración y los representantes de la sociedad.

La transferencia de la sede social al territorio de la República de Costa Rica no implica la disolución o liquidación de la sociedad en su país de origen, ni tampoco la constitución de una nueva sociedad en el territorio costarricense.

Las sociedades extranjeras que transfieran su sede social a la República, continuarán rigiéndose por las leyes del país donde fueron creadas en lo que respecta a su pacto social, pero quedarán sujetas a las leyes de orden público de Costa Rica y obligadas a pagar el impuesto sobre la renta en lo que respecta a aquellos negocios realizados dentro del territorio de la República. Los negocios situados, desarrollados y que tengan efecto en el extranjero, estarán exentos de dicho impuesto.

Las sociedades extranjeras que transfieran su sede social a Costa Rica podrán, en cualquier momento, retransferirla a cualquier otro país, debiendo presentar, para su inscripción en el registro mercantil, un certificado del acuerdo mediante el cual se tome dicha decisión, debidamente autentificado.

Toda sociedad constituida con arreglo a leyes extranjeras que opere en el país o tenga en él sucursales o agencias deberá nombrar a un agente residente que deberá ser abogado con una oficina abierta en Costa Rica y deberá tener facultades suficientes para atender notificaciones judiciales y administrativas a nombre de la sociedad.

 

 

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Formación de "joint-ventures". Socios locales

No existe una regulación específica sobre los joint ventures, sin embargo la legislación nacional los admite para contratar con el estado. En este caso se aplica la Ley de Contratación Pública.

Las joint ventures, conformadas por socios locales y extranjeros, tienen las mismas obligaciones y derechos que las formadas únicamente por nacionales o únicamente por extranjeros.

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Tipos de sociedades

El Código de Comercio de Costa Rica maneja la organización de las diferentes empresas y sus actividades comerciales. Las principales diferencias entre las organizaciones comerciales se encuentran de acuerdo a sus procedimientos de registro y la responsabilidad financiera de las partes implicadas: • Sociedad de Responsabilidad Limitada: La responsabilidad de los socios se limita a la proporción de sus aportes de capital. Un mínimo de dos socios están obligados (personas físicas de las entidades comerciales) para iniciar su incorporación. Su estatus legal no se altera en el caso de un único socio, posteriormente se convierte en el único propietario de la aportación de capital. • Sociedad Anónima: Es equivalente a la definición de una Corporación, según los Estados Unidos de América. Es la estructura corporativa más utilizada para la constitución de empresas en Costa Rica. Una Sociedad Anónima puede estar formada por varias entidades comerciales o personas, una mezcla de ambos, o eventualmente puede estar en manos de una sola persona u entidad comercial. En tal caso, el estatus jurídico de la corporación no se ve alterada. • Sociedades en nombre colectivo • Sociedades en comandita

 

La legislación mercantil de Costa Rica está recogida en el Código de Comercio cuyo artículo 18 establece los requisitos que deberá contener la escritura constitutiva de toda sociedad mercantil. Son los siguientes: 

 

-Lugar y fecha en que se celebra el contrato.

 

-Principales datos de las personas físicas que la constituyan.

 

-Nombre o razón social de las personas jurídicas que intervengan en la fundación.

 

-Clase de sociedad que se constituye.

 

-Objeto de la sociedad.

 

-Razón social o denominación.

 

-Duración y posibles prórrogas de la sociedad.

 

-Monto del capital social y forma y plazo en que deba pagarse.

 

-Expresión de la aportación de cada socio en dinero, en bienes o en otros valores. Cuando se aporten valores que no sean dinero, deberán valorarse adecuadamente. Si por culpa o dolo se fijara una valoración superior a la verdadera, los socios responderán solidariamente en favor de terceros por el exceso de valor asignado y por los daños y perjuicios que resultaren.

 

-Domicilio de la sociedad: deberá ser una dirección actual y cierta dentro del territorio costarricense, en la que podrán entregarse válidamente notificaciones.

 

-Forma de administración y facultades de los administradores.

 

-Nombramiento de los administradores, indicando quiénes son los que han de tener la representación de la sociedad, si fuere el caso.

 

-Nombramiento de un agente residente que cumpla con los siguientes requisitos: ser abogado, tener una oficina abierta en el territorio nacional, poseer facultades suficientes para atender notificaciones judiciales y administrativas en nombre de la sociedad cuando ninguno de sus representantes tenga su domicilio en el país. El registro no inscribirá ningún documento relativo a la sociedad si el nombramiento no se encuentra vigente.

 

-Modo de elaborar los balances y de distribuir las utilidades o pérdidas entre los socios.

 

-Estipulaciones sobre la reserva legal, cuando proceda.

 

-Casos en que la sociedad haya de disolverse anticipadamente.

 

-Bases para practicar la liquidación de la sociedad.

 

-Modo de elegir a los liquidadores cuando no hayan sido designados anticipadamente y facultades que se les confiere.

 

-Cualquier otra convención en que hubieran consentido los fundadores.

 

La constitución de la sociedad, sus modificaciones, disolución, fusión y cualesquiera otros actos que en alguna forma modifiquen su estructura, deberán ser necesariamente consignados en escritura pública, publicados en extracto en el periódico oficial e inscritos en el Registro Mercantil.

 

a) Las sociedades anónimas costarricenses

 

Las sociedades anónimas costarricenses se encuentran reguladas en el Código de Comercio.

 

Requisitos generales

 

La formación de una sociedad anónima requerirá:

 

- Que haya dos socios como mínimo y que cada uno de ellos suscriba por lo menos una acción.

 

- Que el valor de cada una de las acciones suscritas a cubrir en efectivo quede pagado cuando menos el 25% en el acto de constitución.

 

- Que en el acto de constitución quede pagado íntegramente el valor de cada acción suscrita que haya de satisfacerse, en todo o en parte, con bienes distintos del numerario.

 

Constitución

 

Como ya se ha mencionado, para constituir una sociedad anónima se requiere un mínimo de dos accionistas, que pueden ser personas físicas o sociedades de cualquier nacionalidad y residencia. Sin embargo, una vez constituida la sociedad, el número de accionistas puede quedar limitado a uno. La sociedad anónima se constituirá en escritura pública por fundación simultánea o por suscripción pública. Aprobada por la asamblea general la constitución de la sociedad, se procederá a la protocolización del pacto social para su inscripción en el Registro Mercantil.

 

Capital

 

La sociedad debe tener un capital social autorizado. El capital de la sociedad anónima está dividido en acciones que deben ser en todo caso nominativas. Para las sociedades anónimas no se especifica capital mínimo. El capital debe ser depositado en un banco al constituirse la sociedad. Está prohibida la emisión de acciones sin valor. Las acciones son indivisibles. El monto total del capital social y el valor nominal de las acciones sólo podrán expresarse en moneda nacional corriente.

 

Duración y denominación

 

La duración de las sociedades es de un máximo de 99 años.

 

El nombre de la sociedad se formará libremente, pero deberá ser diferente a la de cualquier sociedad preexistente de manera que no se preste a confusión. Irá precedida o seguida de las palabras “Sociedad Anónima” o de su abreviatura “S.A.”, y podrá expresarse en cualquier idioma, siempre que en el pacto social se haga constar su traducción al español.

 

Consejo de administración

 

Los negocios de la sociedad serán administrados y dirigidos por un consejo de administración que deberá estar formado por un mínimo de tres miembros, quienes podrán ser o no socios y ostentar las calidades de presidente, secretario y tesorero.

 

Disolución

 

Las sociedades se disuelven por cualquiera de las siguientes causas:

 

- El vencimiento del plazo señalado en la escritura social.

 

- La imposibilidad de realizar el objeto que persigue la sociedad o la consumación del mismo.

 

- La pérdida definitiva del 50% del capital social, salvo que los socios repongan dicho capital o convengan en disminuirlo proporcionalmente.

 

- El acuerdo de los socios.

 

Responsabilidad

 

La norma general es la limitación de la responsabilidad. La responsabilidad de los accionistas y socios de las sociedades anónimas se limita al importe de capital aportado por cada uno. Aunque la norma general es la limitación de la responsabilidad, la ley prevé la pérdida de la responsabilidad limitada en casos excepcionales.

 

b) Las sociedades de responsabilidad limitada

 

Para las sociedades de responsabilidad limitada no se especifica capital mínimo. El capital debe ser depositado en un banco, al constituirse la sociedad. Los socios responden únicamente con sus aportaciones, salvo en los casos en los que la ley amplíe esa responsabilidad.

 

El capital social estará representado por cuotas nominativas que no podrán cederse a terceros sin el consentimiento previo y expreso de la totalidad de los socios, salvo que en el contrato de constitución se disponga que en estos casos baste el acuerdo de una mayoría no menor de las ¾ partes del capital social. No podrán usarse unidades monetarias extranjeras.

 

Las sociedades de responsabilidad limitada podrán denominarse por el nombre que los socios quieran darle pero será requisito indispensable la inclusión del término “Sociedad de Responsabilidad Limitada” o “Limitada” o “SRL” o “Ltda”. Han de ser administradas por uno o varios gerentes que pueden ser socios o extraños y deben llevar un libro de actas debidamente legalizado, en el cual se consignarán todos los acuerdos que se tomen y nombramientos que se hagan en las reuniones. Dichas actas deberán ser firmadas por los asistentes.

 

c) Las sociedades en nombre colectivo

 

Son aquéllas que existen bajo una razón social y en la que todos los socios responden de modo subsidiario pero ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales. La razón social se formará con el nombre y apellido o sólo el apellido de uno o más socios, y con la inclusión del término “y Compañía” u otra expresión equivalente que indique la existencia de más socios si los hubiere.

 

La administración de la sociedad y el uso de la firma social corresponden exclusivamente a la persona o personas a quienes de acuerdo con los términos del contrato se hubiera dado esa facultad. La firma de todos los socios obliga a la sociedad. Los socios no podrán ceder sus derechos en la sociedad sin el consentimiento expreso de los demás. Podrá ser administrador quien no sea socio, pero la escritura social deberá autorizarlo expresamente.

 

La sociedad colectiva se disuelve por las siguientes causas:

 

- Terminación del plazo o cumplimiento de la condición prefijada al efecto.

 

- Consumación del negocio para el que fue constituida.

 

- Declaratoria firme de quiebra.

 

- Muerte de uno de los socios. Podrá convenirse sin embargo, que este hecho no ponga fin a la sociedad, y que esta continúe con los socios restantes y con los herederos. Para que continúe con los herederos será necesaria la aceptación de estos.

 

- Fusión con otra sociedad.

 

- Prematuramente, por el consentimiento unánime de los socios.

 

d) Las sociedades en comandita

 

La sociedad en comandita es aquélla formada por socios comanditados o gestores, a quienes corresponde la representación y administración, y por socios comanditarios. Deberá indicarse claramente quiénes son los socios gestores o comanditados y quiénes son los comanditarios.

 

La responsabilidad de los socios gestores o comanditados de la sociedad en comandita es similar a la de los socios colectivos, pero la del socio o socios comanditarios queda limitada al monto del capital suscrito.

 

La razón social deberá formarse con el nombre, nombres o apellidos de los socios gestores o comanditados, con la inclusión del término “y Compañía, Sociedad en Comandita”, o “S. en C.”. El capital de la sociedad en comandita debe necesariamente ser aportado por uno o más socios comanditarios o por estos y los socios gestores. Esta clase de sociedades se rige por las disposiciones de las sociedades colectivas y de las sociedades anónimas en lo que les fuera aplicable.

 

Las sociedades en comandita y las sociedades en nombre colectivo han caído en desuso, dadas las ventajas que ofrecen las sociedades anónimas y las de responsabilidad limitada.

 

Obligaciones comunes a los que ejercen el comercio

 

Los que ejercen el comercio contraen las siguientes obligaciones:

 

- Distinguir el establecimiento con un nombre, que puede ser su razón social o una denominación debidamente registrada.

 

- Llevar la contabilidad del negocio en orden y de conformidad con las disposiciones del Código de Comercio.

 

- Conservar los libros de contabilidad desde que se inician hasta cuatro años después del cierre del negocio, y conservar igualmente la correspondencia, las facturas y los demás comprobantes, por un período no menor de cuatro años contados a partir de sus respectivas fechas, salvo que hubiere juicio pendiente en que esos documentos se hubieren ofrecido como prueba.

 

- Inscribir en el Registro Mercantil los documentos exigidos por la ley. Estos documentos aparecen recogidos en el Código de Comercio y son los siguientes:

 

-Las escrituras de constitución, prórroga, modificación o disolución de las sociedades comerciales y de las empresas individuales de responsabilidad limitada, así como los documentos referentes a la fusión o transformación de sociedades.

 

-El traspaso del interés de las sociedades en nombre colectivo, el de los comanditados en las sociedades en comandita, el de las cuotas de capital en las de responsabilidad limitada, cuando fuere el caso, y la protocolización del acta de creación de acciones no comunes en las sociedades anónimas.

 

-Los poderes generales y generalísimos que otorguen los comerciantes, así como la renovación, sustitución, modificación o prórroga de los mismos.

 

-Las escrituras en que conste el nombramiento, modificación o renovación de los poderes conferidos a los gerentes, administradores y representantes legales de las sociedades comerciales, nacionales y extranjeras.

 

-El nombramiento del consejo de administración de las sociedades anónimas.

 

-Las patentes de los corredores jurados.

 

-Las capitulaciones matrimoniales que afecten a un comerciante, cuando en virtud de ellas se establezca comunidad de bienes con el otro cónyuge.

 

-La sentencia de divorcio o separación de cuerpos que afecte a un comerciante, así como la escritura o sentencia en que se defina la liquidación de sus haberes en la sociedad conyugal.

 

-Los mandamientos librados por autoridad judicial en que conste la declaración de quiebra de un comerciante o de una sociedad, así como la reposición de la misma o la rehabilitación del quebrado.

 

-El nombramiento de un curador en una quiebra.

 

-La habilitación concedida al menor o incapaz para ejercer el comercio y la modificación o revocación de ésta.

 

 

 

 

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Propiedad industrial (marcas, patentes, diseños, licencias)

Mediante la Ley Nº 4593 de 1970, se aprobó el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial que comprende marcas, nombres comerciales y otras señales de propaganda. Además el gobierno aprobó recientemente la ley 7978 sobre leyes de marcas y otros signos distintivos. Costa Rica es miembro de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO), desde 1980.

Los registro de la propiedad intelectual en Costa Rica han de realizarse en el Registro de la Propiedad Intelectual. Para obtener los derechos que otorgan cada una de las formas de propiedad intelectual (marcas, derechos de autor o patentes), siempre es necesario, además de los requisitos específicos que se detallan más abajo para cada caso, presentar la siguiente información:

  • Nombre y dirección del solicitante.
  • Lugar de constitución y domicilio del solicitante, cuando sea una persona jurídica.
  • Nombre del representante legal, cuando sea el caso.
  • Nombre y dirección del apoderado en el país, cuando el solicitante no tenga domicilio ni establecimiento mercantil real y efectivo en el país.

Patentes

La Ley Nº 6867 regula las patentes de invención, dibujos y modelos industriales y los modelos de utilidad. Para registrar una patente es necesario presentar una descripción de la invención, el comprobante de pago de la tasa correspondiente y la solicitud de registro ante el Registro de Propiedad Industrial (RPI).

La persona natural que realice una invención tendrá el derecho exclusivo de su explotación desde la presentación de su solicitud al RPI. Ese derecho se otorgará a través de patentes. El titular de una patente puede ser persona natural o jurídica.

En 1995 la Asamblea Legislativa ratifica la Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Sin embargo, la ley costarricense de patentes es deficiente en algunas áreas claves. Las patentes se conceden por un período de 20 años, no prorrogables, contados a partir de la fecha de la concesión. En el caso de productos considerados de interés público, como los productos farmacéuticos, productos químicos, fertilizantes y productos alimentarios, el período de la protección es de tan sólo un año desde la fecha de concesión de patente.

Marcas

La marca es el signo distintivo usado por el empresario para diferenciar en el mercado sus productos o servicios de los productos o servicios de sus competidores.

La Ley Nº 7978 regula las marcas y otros signos distintivos. Para registrar una marca u otro signo distintivo es necesario presentar los siguientes documentos al Registro de la Propiedad Intelectual:

  • Una reproducción de la marca en el número de ejemplares que determine el reglamento de esta ley, cuando se trate de marcas denominativas con grafía, forma o color especial, o de marcas figurativas, mixtas o tridimensionales con color o sin él.
  • Una traducción de la marca, cuando esté constituida por algún elemento denominativo con significado en un idioma distinto del castellano.
  • Una lista de los nombres de los productos o servicios para los cuales se use o se usará la marca, agrupados por clases según la Clasificación internacional de productos y servicios de Niza, con la indicación del número de clase.

En 1994, Costa Rica firmó la Convención Americana de Protección de Marcas. Las marcas comerciales se registran ante el Registro Público de la Propiedad Industrial. El uso exclusivo de una marca de fábrica o comercial se otorga por un término de 10 años, prorrogable indefinidamente por períodos similares. Uno de los principales problemas existentes en relación con este tema es la falsificación de marcas conocidas que se encuentra muy extendida en Costa Rica.

 

 

 

Derechos de Autor

 

La ley costarricense de Derechos de Autor en términos generales adecuada aunque no se aplica de manera uniforme.

Costa Rica durante muchos años ha demostrado interés  en estar a derecho con las leyes internacionales relacionadas al comercio, se puede decir que ha sido uno de los países pioneros ya que desde el año 1982 existe en el país la Ley de Derechos de autor  Nº 6683. Dicha ley protege los derechos de los autores de todo tipo de obras, literarias, musicales y teatrales, amparada en el artículo 47 de la Constitución Política el cual establece que todo autor, inventor, productor o comerciante gozará temporalmente de toda la propiedad exclusiva de su obra, invención, marca, o nombre comercial, con arreglo a la ley.

Los derechos de autor son permanentes durante toda la vida del autor. Después de su fallecimiento, disfrutarán de ellos, por el término de setenta años, quienes los hayan adquirido legítimamente. Cuando la duración de la protección de una obra se calcule sobre una base distinta de la vida de una persona física, esta duración será de:

  • Setenta años, contados desde el final del año civil de la primera publicación o divulgación autorizada de la obra.
  • A falta de tal publicación dentro de un plazo de setenta años contados desde el final del año civil de la realización de la obra, la duración de la protección será d 70 años, contados desde el final del año civil de cualquier otra primera puesta de la obra a disposición del público con el consentimiento de autor.
  • A falta de una publicación autorizada y de cualquier otra puesta a disposición del público, con el consentimiento del autor, dentro de un plazo de 70 años contados a partir de la realización de la obra, la duración de la protección será de 70 años desde el final del año civil de la realización.

Durante el año 2000, Costa Rica aprobó un paquete de nueve leyes, incluidos tres convenios internacionales, en las cuales adaptó su legislación en esta materia.

Entre las nuevas leyes que rigen a partir del año 2000 se encuentran:

- Reformas de la Ley de Derechos de Autor y Derechos conexos, N 6683 y sus reformas.

- Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, Nº 7130 y sus reformas Ley Nº 7979 del 6 de enero del 2000.

- Ley de Marcas y otros signos distintivos, Ley 7978 del 6 de enero del 2000.

- Ley de Protección a los Sistemas de Trazados de los Circuitos integrados, Ley Nº 7961 del 17 de diciembre de 1999.

- Ley de información no divulgada, Ley Nº 7975 del 4 de enero del 2000.

- Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley N 8039 del 12 de Octubre del 2000.

- Protocolo al Convenio Centroamericano para la protección de la Propiedad Industrial (Marcas, Nombres comerciales, y expresiones o señales de propaganda) Ley Nº 7982 del 14 de enero del 2000.

- Tratado de la OMPI sobre interpretación o ejecución y fonogramas (WPPT), Ley Nº 7967 del 22 de diciembre de 1999.

- Tratado de la OMPI sobre Derechos de Autor (WCT), Ley Nº 7968 del 22 de diciembre de 1999

                                                  

 

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Razones y ventajas para la implantación de empresas españolas

Mediante la Ley Nº 4593 de 1970, se aprobó el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial que comprende marcas, nombres comerciales y otras señales de propaganda. Además el gobierno aprobó recientemente la ley 7978 sobre leyes de marcas y otros signos distintivos. Costa Rica es miembro de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO), desde 1980.

Los registro de la propiedad intelectual en Costa Rica han de realizarse en el Registro de la Propiedad Intelectual. Para obtener los derechos que otorgan cada una de las formas de propiedad intelectual (marcas, derechos de autor o patentes), siempre es necesario, además de los requisitos específicos que se detallan más abajo para cada caso, presentar la siguiente información:

  • Nombre y dirección del solicitante.
  • Lugar de constitución y domicilio del solicitante, cuando sea una persona jurídica.
  • Nombre del representante legal, cuando sea el caso.
  • Nombre y dirección del apoderado en el país, cuando el solicitante no tenga domicilio ni establecimiento mercantil real y efectivo en el país.

Patentes

La Ley Nº 6867 regula las patentes de invención, dibujos y modelos industriales y los modelos de utilidad. Para registrar una patente es necesario presentar una descripción de la invención, el comprobante de pago de la tasa correspondiente y la solicitud de registro ante el Registro de Propiedad Industrial (RPI).

La persona natural que realice una invención tendrá el derecho exclusivo de su explotación desde la presentación de su solicitud al RPI. Ese derecho se otorgará a través de patentes. El titular de una patente puede ser persona natural o jurídica.

En 1995 la Asamblea Legislativa ratifica la Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Sin embargo, la ley costarricense de patentes es deficiente en algunas áreas claves. Las patentes se conceden por un período de 20 años, no prorrogables, contados a partir de la fecha de la concesión. En el caso de productos considerados de interés público, como los productos farmacéuticos, productos químicos, fertilizantes y productos alimentarios, el período de la protección es de tan sólo un año desde la fecha de concesión de patente.

Marcas

La marca es el signo distintivo usado por el empresario para diferenciar en el mercado sus productos o servicios de los productos o servicios de sus competidores.

La Ley Nº 7978 regula las marcas y otros signos distintivos. Para registrar una marca u otro signo distintivo es necesario presentar los siguientes documentos al Registro de la Propiedad Intelectual:

  • Una reproducción de la marca en el número de ejemplares que determine el reglamento de esta ley, cuando se trate de marcas denominativas con grafía, forma o color especial, o de marcas figurativas, mixtas o tridimensionales con color o sin él.
  • Una traducción de la marca, cuando esté constituida por algún elemento denominativo con significado en un idioma distinto del castellano.
  • Una lista de los nombres de los productos o servicios para los cuales se use o se usará la marca, agrupados por clases según la Clasificación internacional de productos y servicios de Niza, con la indicación del número de clase.

En 1994, Costa Rica firmó la Convención Americana de Protección de Marcas. Las marcas comerciales se registran ante el Registro Público de la Propiedad Industrial. El uso exclusivo de una marca de fábrica o comercial se otorga por un término de 10 años, prorrogable indefinidamente por períodos similares. Uno de los principales problemas existentes en relación con este tema es la falsificación de marcas conocidas que se encuentra muy extendida en Costa Rica.

 

 

 

Derechos de Autor

 

La ley costarricense de Derechos de Autor en términos generales adecuada aunque no se aplica de manera uniforme.

Costa Rica durante muchos años ha demostrado interés  en estar a derecho con las leyes internacionales relacionadas al comercio, se puede decir que ha sido uno de los países pioneros ya que desde el año 1982 existe en el país la Ley de Derechos de autor  Nº 6683. Dicha ley protege los derechos de los autores de todo tipo de obras, literarias, musicales y teatrales, amparada en el artículo 47 de la Constitución Política el cual establece que todo autor, inventor, productor o comerciante gozará temporalmente de toda la propiedad exclusiva de su obra, invención, marca, o nombre comercial, con arreglo a la ley.

Los derechos de autor son permanentes durante toda la vida del autor. Después de su fallecimiento, disfrutarán de ellos, por el término de setenta años, quienes los hayan adquirido legítimamente. Cuando la duración de la protección de una obra se calcule sobre una base distinta de la vida de una persona física, esta duración será de:

  • Setenta años, contados desde el final del año civil de la primera publicación o divulgación autorizada de la obra.
  • A falta de tal publicación dentro de un plazo de setenta años contados desde el final del año civil de la realización de la obra, la duración de la protección será d 70 años, contados desde el final del año civil de cualquier otra primera puesta de la obra a disposición del público con el consentimiento de autor.
  • A falta de una publicación autorizada y de cualquier otra puesta a disposición del público, con el consentimiento del autor, dentro de un plazo de 70 años contados a partir de la realización de la obra, la duración de la protección será de 70 años desde el final del año civil de la realización.

Durante el año 2000, Costa Rica aprobó un paquete de nueve leyes, incluidos tres convenios internacionales, en las cuales adaptó su legislación en esta materia.

Entre las nuevas leyes que rigen a partir del año 2000 se encuentran:

- Reformas de la Ley de Derechos de Autor y Derechos conexos, N 6683 y sus reformas.

- Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, Nº 7130 y sus reformas Ley Nº 7979 del 6 de enero del 2000.

- Ley de Marcas y otros signos distintivos, Ley 7978 del 6 de enero del 2000.

- Ley de Protección a los Sistemas de Trazados de los Circuitos integrados, Ley Nº 7961 del 17 de diciembre de 1999.

- Ley de información no divulgada, Ley Nº 7975 del 4 de enero del 2000.

- Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley N 8039 del 12 de Octubre del 2000.

- Protocolo al Convenio Centroamericano para la protección de la Propiedad Industrial (Marcas, Nombres comerciales, y expresiones o señales de propaganda) Ley Nº 7982 del 14 de enero del 2000.

- Tratado de la OMPI sobre interpretación o ejecución y fonogramas (WPPT), Ley Nº 7967 del 22 de diciembre de 1999.

- Tratado de la OMPI sobre Derechos de Autor (WCT), Ley Nº 7968 del 22 de diciembre de 1999

                                                  

 

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Barreras de entrada para inversores españoles

Con la entrada en vigor del CAFTA, el gobierno de Costa Rica abrió, con ciertas restricciones, los mercados de las Telecomunicaciones y los seguros.

La Ley General de Telecomunicaciones abre los segmentos de telefonía móvil, internet, redes privadas y telefonía IP, pero se mantiene el monopolio de la telefonía fija por parte del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

Por su parte, la Ley Reguladora del Mercado de Seguros permite la apertura de las pólizas sobre vivienda, vida, salud, contra incendios y robos mientras que el Instituto Nacional de Seguros (INS) mantiene la exclusividad para las pólizas sobre riesgos del trabajo y seguro obligatorio de vehículos. Los seguros transfronterizos se abren con todos aquellos países que se tengan firmados tratados para este tipo de seguros. 

En materia de energía eléctrica, se permite la inversión privada extranjera en generación con bastantes limitaciones: la inversión se realiza en régimen de concesión, siendo el ICE el único comprador, al ostentar el monopolio de distribución de electricidad. Al menos el 35% del capital social de las empresas privadas a las que el ICE comprará electricidad ha de ser propiedad de costarricenses. Además, la potencia generada por una determinada empresa privada no puede superar el 15% de la potencia del conjunto de centrales eléctricas que conforman el sistema eléctrico nacional. Un inversor privado puede ser propietario de una central y firmar un contrato de venta (PPA) con el ICE o bien, construir una central bajo un esquema BOT a 20 años. De acuerdo con la normativa vigente, queda muy escaso margen para nueva inversión privada en generación (se estima como máximo unos 70MW) y el Gobierno no parece estar decidido a aumentar ese margen.

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