Marco jurídico

Resumen del marco jurídico para los negocios

República Dominicana dispone de un marco legal y normativo amplio y en general bueno, aunque algunas piezas adolezcan de antigüedad precisando actualización, como las que regulan la representación comercial y agencia, o el funcionamiento de ciertos ámbitos del sistema financiero o el fiscal. Entre otras cosas, se echan de menos elementos como una ley de concesiones, o mejoras en la resolución de diferencias, pero el cuerpo legal en su conjunto- es amable con el inversionista extranjero. En el campo de la seguridad jurídica, los problemas son recurrentes, pero no derivan tanto de las normas cuanto de su pobre aplicación que es achacable al funcionamiento de la maquinaria judicial, a debilidad en la ejecución de laudos y sentencias y, en otro orden de cosas, los obstáculos a la libre competencia que son numerosos y sólidos cuando existen intereses empresariales locales precedentes dominando el mercado.

En el calibrado de problemas que se escuchan en círculos empresariales, el rango abarca desde la escasa competitividad hasta el crecido nivel de criminalidad, pasando por la debilidad institucional (puesto 96º en el mundo, según el informe 2019) o el grave nivel de corrupción, que dominan a diario la atención político-social desde la explosión del caso Odebrecht en 2016. Como resultado de los diversos factores, el Doing Business del Banco Mundial sitúa en 2019 al país en el puesto 102º por dificultad para desarrollar negocios y el 82º por competitividad. Destaca también su puesto 135º  entre 168 países en cuanto a nivel de corrupción percibida.

La Guía País y otros informes de nuestra Oficina Económica y Comercial reseñan las principales piezas legislativas y sus características más relevantes para el potencial inversionista, comenzando por la Ley de Inversiones Extranjeras (Ley 16-1995).  Siguen a ésta varias iniciativas  de ámbito específico que afectan a la materialización de la IED o que intentan promoverla, cuales son:

Ley de 2016 sobre Emprendimiento (No. 688-16), Ley No.141-15 y su Decreto de 2017 sobre Reestructuración y Liquidación de Empresas; diversa normativa específica para sectores escogidos (Aviación, Turismo, Minería, Telecomunicaciones, Agrícola, Inmobiliario, Fideicomiso, Energético, Portuario, Zonas Francas y Especiales, Cinematografía, Farmacéutico, Financiero); o el plan de relanzamiento de las Zonas Francas lanzado en 2017.  En materia de Competitividad cabe esperar mejoras en la medida que la promulgación del Decreto 389 de 2017 permita el desarrollo efectivo de la Ley 1-06. El gran empresariado viene propugnando desde el CONEP un nuevo Código de Trabajo con miras al mismo propósito, pero su énfasis en reducir la indemnización por despido y jubilación suscita oposición entre las fuerzas sociales.

Una novedad de 2018 es la Resolución 198-2018, que dispone la inclusión en los Presupuestos estatales de los recursos estipulados por sentencias que han adquirido el caracter de de cosa irrevocablemente juzgada.

En cuanto a otro capítulo significativo, cual es la inversión extranjera de cartera, cabe anotar que ésta viene limitada a la suscripción de bonos emitidos del Estado, del Banco Central y de algunas sociedades, al no existir todavía Bolsa de Valores para negociación abierta de títulos de renta variable.

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Organismos de apoyo a la inversión extranjera

A diferencia de otros países donde, junto con sistemas de apoyo del Gobierno Central a la atracción y fomento de la IED convive un abanico de esquemas o actuaciones a nivel municipal o provincial, en República Dominicana las instancias tienen básicamente un carácter centralizado.

1.- ENTIDADES BÁSICAS

Las que a continuación referimos como principales incluyen algunas entidades privadas que estrictamente no cabe calificar como organismos de apoyo. Sin embargo las incluimos por ser facilitadores o administradores de esquemas que gozan de respaldo público con implicaciones para la inversión de procedencia extranjera. Tras una breve reseña de cada uno, el recuadro ofrece también sus datos de contacto.

· Centro de Exportación e Inversiones (CEI-RD).-  Creado en 2003, tiene la función atraer inversión extranjera directa, y el fomento de las exportaciones sus principales tareas son confeccionar y aplicar la normativa sobre inversión y exportación, brindar servicios de información comercial atender consultas relacionadas con la implantación, prácticas, normas e incentivos relativos a ambas vertientes de la actividad económica internacional, y organizar eventos promocionales en el país y en el extranjero sobre exportaciones, inversión directa e imagen del país.

En esta línea participa de forma activa en la confección de programas de financiamiento y promoción de la IED y de la oferta exportable, promueve la aprobación de inversiones de nueva planta a través de canales interinstitucionales del país, cuida de la continuidad de esas implantaciones, recomienda al Ejecutivo la adopción de medidas tendentes a mejorar el clima de inversión, y colabora en las negociaciones de acuerdos multilaterales, regionales y bilaterales sobre la materia. Se configura así como el organismo principal para la IED, facilitando asesoría técnica y especializada a productores, exportadores e inversionistas extranjeros y nacionales en sus iniciativas en el país o para su acceso a mercados foráneos.

Por otra parte, el CEI-RD es también la oficina de registro de las inversiones y exportaciones de República Dominicana, diseminando información al efecto.

A partir de 2018, el Centro incorpora la denominación de PRODOMINICANA, que el Gobierno ha adoptado a manera de Marca País.

· PROINDUSTRIA.-  Actúa como centro para el desarrollo y la productividad industrial en virtud de la Ley Nº 392-07, conocida como Ley de Competitividad Industrial y que se comenta más adelante.

Es una entidad orientada al despliegue de la industria manufacturera nacional y está especialmente enfocada hacia las PYMEs. A tal fin propone políticas y programas que estimulen la renovación e innovación industrial buscando la diversificación del tejido industrial, el encadenamiento productivo mediante el fomento de Parques y Zonas Industriales, y el engarce con los mercados internacionales.

· Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación (CNZFE).-  Surgió mediante el Decreto No.507 en 1978, con el propósito de estimular la sustitución de importaciones y fomentar y desarrollar la exportación textil  -en particular hacia Estados Unidos en aquel momento-, promover empleos formales, incrementar la obtención de divisas y diversificar la orientación de la producción local el aumento de su competitividad. El Consejo actúa en coordinación y consulta con ADOZONA (Asociación Dominicana de las Z.F.).

Posteriormente, en 1990 la Ley sobre Zonas Francas de Exportación (Ley No. 8-90) creó una Dirección Ejecutiva del CNZFE, ampliando las funciones y obligaciones del esquema. Las Zonas se hallan distribuidas por todo el territorio nacional y su número supera a las 70.

A día de hoy, el Consejo es el ente regulador que, integrado por representantes de los sectores público y privado, trata de armar un marco atractivo de implantación para inversionistas tanto nacionales como extranjeras; evalúa y aprueba las solicitudes de nuevas empresas y el desempeño  de las existentes. Actúa en colaboración estrecha con el Viceministro de Zonas Francas y Especiales del Mº de Industria y Comercio y monta giras internacionales de promoción lideradas por el Ministro, como la desplegada en 2017 en tres ciudades españolas.

· Consejo de Coordinación de Zona Especial Desarrollo Fronterizo, tutelado igualmente por Mº de Industria y Comercio, es una institución gubernamental creada en 2001 que atiende los planes y realización de proyectos empresariales en la zona fronteriza con Haití. Su demarcación abarca las provincias de Pedernales, Independencia, Elías Pina, Dajabón, Montecristi, Santiago Rodríguez y Bahoruco. Es promotor y supervisor de inversiones nacionales y extranjeras en dicha zona y está facultado para aprobar proyectos de inversión en la misma. Con el actual despliegue del Plan Quisqueya, que pretende dar mayor vida económica a la franja de ambos lados de la raya mediante grandes actuaciones en los campos de logística, manufacturas, agricultura y dotación habitacional, este Consejo podría estar llamado a multiplicar su relevancia.

· Consejo Nacional de Competitividad.-  Creado mediante Ley Nº 247-12 depende de la Presidencia de la República, lo integran representantes del sector público y el sector privado (8 miembros designados por el Presidente).  El Consejo está llamado a proponer políticas y prioridades para el logro de mejoras tecnológicas, del entorno de negocios, de la competitividad a escala nacional y sectorial y a desarrollar un Programa Nacional en la materia de decretos 191-07 y 192-07 vienen a completar la normativa al efecto.

· Asociación Dominicana de Empresas de Inversión Extranjera (ADIEX).  Es una agrupación empresarial que reúne buen número de firmas internacionales con presencia inversora en el país, tanto de producción como de comercialización y servicios. Respalda los intereses de los miembros ante las autoridades, al tiempo que elabora estudios y trata las dificultades regulatorias, de normativa o procedimentales que sus miembros encuentran para el desarrollo de sus negocios.

· Cámaras de Comercio y Producción.-  Son propulsoras del comercio formal para facilitar el crecimiento económico, la creación de empleos, la sinergia empresarial y el fortalecimiento de la institucionalidad. Su relevancia a efectos de una posible implantación inversora directa en República Dominicana estriba en que en 2002 (Ley 3-02 sobre Registro Mercantil) se les otorgó la llevanza del Registro Mercantil, el cual administra cada Cámara en su demarcación geográfica respectiva, bajo supervisión del Ministerio de Industria y Comercio. Las dos principales – Santo Domingo y Santiago de Los Caballeros – son además sede del Tribunal de Arbitraje que la mayor parte de los contratos y concesiones eligen como instancia para solución de diferencias, lo que otorga a las Cámaras una relevancia adicional para los inversionistas y contratistas extranjeros.

· Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER).-  Creado mediante la ley No. 124-01 como institución estatal autónoma, le corresponde velar, custodiar y administrar las acciones del Estado en las empresas surgidas del proceso de reforma y transformación emprendido en 1997. Compete a FONPER supervisar posibles privatizaciones adicionales como la recientemente ensayada para La Tabacalera y, por otra parte, los beneficios que obtiene el Estado de las empresas reformadas, en programas y proyectos que promueven el desarrollo del país. Por su pobre rendimiento, en 2017 se decretó la disolución de la Corporación de Empresas Estatales y liquidación de sus activos restantes, principalmente tierras; también queda suprimido el CREP (Consejo de Reforma de la Empresa Privada). No obstante, afloran simultáneamente iniciativas nuevas de titularidad estatal, como las centrales térmicas a carbón actualmente en construcción.

En el capítulo & 4.2 de nuestro Informe Económico y Comercial se reseñan hitos y situaciones de FONPER, y empresas públicas privatizables.

 2.- OTROS ORGANISMOS RELEVANTES

En adición a las entidades mencionadas en el & 1 son de tener en cuenta ciertos ministerios y organismos que afectan a la inversión directa por si mismos, o que facilitan la participación de inversionistas extranjeros en sus ámbitos de competencia:

   Ministerio de Industria, Comercio y MYPIMES.- Tiene adscritas funciones múltiples de tutela y gobernanza. Entre otras, en materia de las Pequeñas y Medianas Empresas, fijación de precios de bienes seleccionados, acompañamiento promocional de las Zonas Francas, negociación y defensa en el ámbito de los tratados comerciales y de los contenciosos empresariales contra el Estado, incluidos los arbitrajes internacionales.

   Ministerio de Turismo (MITUR).- Creado mediante la Ley No. 541 en 1969, es el órgano rector para la regulación de la actividad de su sector en el país. A través de su Departamento de Planeación y Proyectos (DPP) vela por el uso racional del territorio con posibilidades turísticas y la aplicación del marco normativo vigente. Al amparo de la Ley 158-01 de Fomento del Desarrollo de Nuevos Polos Turístico, tiene encomendado propiciar inversión estatal y privada en los polos turísticos actuales y emergentes y la aprobación de los permisos al efecto en coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente y otras instancias pertinentes según casos.

El poderoso Consejo CONFOTUR adscrito al MITUR, es la institución facultada para decidir sobre la idoneidad de los proyectos de inversión extranjera o nacional en el sector.  Su no objeción es imprescindible para poder desarrollarlos y para beneficiarse de las ventajas fiscales que el sector tiene otorgadas.

· Ministerio de Energía y Minas.-  Creado en 2013, es el órgano rector en la formulación de la política energética, es la minería metálica y en la no metálica. A través de sus unidades e instituciones adscritas (Dirección General de Minería (DGM), Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, entre otras) planifica y concesiona el desarrollo de hidrocarburos, minería, energía convencional y renovable, fija incentivos a la inversión extranjera y nacional y, en coordinación con el Mº de medio Ambiente, extiende los permisos o prórrogas para la explotación y distribución en el territorio nacional y plataforma marítima.

· Ministerio de Agricultura.-  Establece incentivos al desarrollo agropecuario nacional y a la modernización de esquemas agrícolas de producción de alimentos, intercambios, reparto de cupos de importación y demás. Tiene competencia sobre la calificación de usos de las tierras, aprobación de proyectos de inversión y aspectos reguladores de la producción y cupos en su ámbito de actividad.

· Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).-  Creado en 1954, tiene a su cargo la construcción y mantenimiento de infraestructuras, comunicaciones y transporte terrestre. Elabora planes sobre proyectos a ejecutar y dispone incentivos a la inversión pública y privada en el sector, incluidas decisiones sobre otorgamiento y supervisión de concesiones para construcción y explotación de carreteras y autovías. Desde hace algún tiempo el Ministerio propugna las colaboraciones Público Privadas, con fortuna diversa, que confía mejorará con la nueva ley sobre APP's que el Parlamento bajo consideración en 2019.

El Departamento incluye una D. G. de Equipos y Transportes y otra de Comunicaciones.  Adscrita al Departamento está el Instituto del Transporte Terrestre, INTRANT, creado recientemente (Ley 63-17).

· Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI).-  Creado en 1965 como autoridad nacional para las aguas superficiales y subterráneas, tiene amplias prerrogativas para regular el uso de las aguas tanto de escorrentía como subálveas. Se ocupa del control de cuencas y gestión de las mismas, incluidos aspectos medioambientales que las afectan, y convoca consultorías y concursa proyectos para presas, canales, redes de regadío, así como su mantenimiento y ampliación. Aunque adscrito a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARN), su Director dispone de gran autonomía. Su papel es relevante en las posibles concesiones a inversionistas para explotaciones hídricas.

·  Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA).-  La entidad fue creada en 1962 mediante Ley No. No.5994, como organismo autónomo de nivel nacional. Se ocupa del abastecimiento de agua potable, gestión y tratamiento de aguas residuales en todo el país salvo los ámbitos urbanos y provinciales que competen a las 8 Corporaciones de Agua y Alcantarillado (Santo Domingo, Puerto Plata, Santiago....).

Adscrito al Ministerio de Salud Pública, cuyo ministro preside su Consejo de Administración, el INAPA licita proyectos del desarrollo en su sector, casi todos con financiación de las IFIs, o en cofinanciación con otros Gobiernos.  Más adelante podría contemplar concesiones de gestión de agua potable y saneamiento a inversionistas extranjeros o nacionales en el marco del Plan Nacional del sector con horizonte 2030, elaborado en 2017. Dispone de varias Oficinas regionales.

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Cuadro de organismos de apoyo a la inversión extranjera

ORGANISMODATOS DE CONTACTO
Centro de Exportación e Inversiones (CEI-RD)

D. Marius de León, Director Ejecutivo

Dirección: Av. 27 de Febrero esq. Av. Gregorio Luperón, Plaza de la Bandera, Santo Domingo

Teléfono: +1 809-530 5505

Fax: +1 809-555.5555

Web: http://cei-rd.gob.do

 

Ministerio de Turismo (MITUR)

D. Francisco Javier García Fernández, Ministro

Dirección: Av. Cayetano Germosén, esq. Av.

Gral Gregorio Luperón, sector Mirador Sur, Santo Domingo

Teléfono: +1 809-221 4660

Email: e.delacruz@sectur.gov.do 

Web: http://mitur.gob.do

 

Ministerio de Energía y Minas (MEM)

D. Antonio Isa Conde, Ministro

Dirección: Av. Tiradentes esquina

Heriberto Pieter #53, Bloque B, Banco

Nacional de la Vivienda (BNV), Ensanche Naco, Santo Domingo

Teléfono: +1 809-373 1800

Email: info@mem.gob.do

Web: http://www.mem.gob.do

 

Ministerio de Agricultura

D. Osmar Benítez, Ministro

Dirección: Autopista Duarte Km. 6½ ,

Jardines del Norte, Santo Domingo.

Teléfono: +1 809-547 3888

Email: info@agricultura.gob.do

Web: http://www.agricultura.gob.do

 

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)

D. Gonzalo Castillo, Ministro

Dirección: C/Héctor Homero Hernández

esq. Horacio Blanco Fombona, Ensanche La Fe, Santo Domingo.

Teléfono: +1 809-565 2811

Email: contacto@mopc.gob.do

Web: http://www.mopc.gob.do

 

PROINDUSTRIA

Dª. Alma Fernández, Directora General

Dirección: Ave. 27 de Febrero esq. Av. Luperón,

Plaza de la Bandera, Santo Domingo.

Teléfono: +1 809-530 0010

Email: oai@proindustria.gov.do 

Web: http://www.proindustria.gob.do

 

Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación (CNZFE)

Dª. Luisa Fernández Durán, Directora Ejecutiva

Dirección: Ave. Leopoldo Navarro 61, Edificio San Rafael 5º,

Santo Domingo.

Teléfono: +1 809-686 8077

Email: contacto@cnzfe.gob.do  

Web: http://www.cnzfe.gob.do

 

Consejo de Coordinación de la Zona Especial Desarrollo Fronterizo

Dr. Ejecutivo: Luís Estrella Pichardo

Dirección: Calle Hoja Ancha #21, Alameda Oeste

Teléfono: +1 809-475 3932 

Email: ley28-01@ccdf.gob.do  

Web: http://www.ccdf.gob.do

 

 

Consejo Nacional de Competitividad

Dr. Rafael Paz Familia

Dirección: Avenida Jiménez Moya #32,

Edificio Franco Acra, 6º Piso

Teléfono: +1 809-476 7262

Email: contacto@competitividad.gob.do 

Web: http://www.competitividad.gob.do

 

 

Consejo de Fomento del Turismo (CONFOTUR)

Licda. Carmen Martínez, Dtora. Técnica

Dirección: Calle Cayetano Germosén #419

Esquina Ave. Gral. Gregorio Luperón, Mirador Sur

Teléfono: +1 809-221 4660 Ext. 3002 / 3004

Email: Carmen.martinez@sectur.gov.do

 
Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER)

D. Fernando Rosa, Director

Dirección: Edificio Gubernamental Dr.Rafael Kasse Acta

Esq. Av.Gustavo Mejía Ricart No.73, Ensanche Serrallés, Santo Domingo.

Teléfono: +1 809- 683 3591

Web: www.fonper.gob.do

 

 

Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo (CCPSD)

D. Manuel Luna, Presidente

Dirección: Avenida 27 de Febrero No. 228, Torre Friusa,

Sector La Esperilla. Santo Domingo

Teléfono: +1 809-6822688

Fax: +1 809-685 2228

Email: info@camarasantodomingo.do

Web: http://www.camarasantodomingo.do

 

Cámara de Comercio y Producción de Santiago

D. Juan Carlos Hernández, Presidente

Dirección: Edificio Empresarial - Av. Las Carreras # 7 -

Apartado Postal 44, Santiago de los Caballeros.
 

Teléfono: +1 809-582 2856

Fax: +1 809-241 4546

Web: http://camarasantiago.org/

 

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Otros incentivos a la inversión

Reseñamos seguidamente algunas ventajas más de carácter heterogéneo disponibles para la radicación o inversión en territorio dominicano. 

Incentivos al desarrollo de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES)

La Ley No. 488-08, establece el Régimen Regulatorio para el Desarrollo y Competitividad de las MIPYMES.  Para compras públicas, las entidades convocantes vienen obligadas a reservar para MIPYMES el 20% del total anual que convoquen.  Además, se brinda a estas empresas la oportunidad de presentar ofertas en el restante 80% licitado para ampliar su presencia y competitividad. Adicionalmente, a las empresas MIPYMES adjudicatarias se les entrega un adelanto del 20% del valor del contrato para fortalecer su capacidad económica, previa sumisión una garantía de 1% que asegure el buen uso del anticipo. En 2016 se promulgó la Ley 688-16 que contempla incentivos y suprime obstáculos al emprendimiento. La norma crea, además, un Fondo de Contrapartida Financiera (CONFIE) bajo la figura de fideicomiso para inversiones primerizas, administrado por el Banco de Reservas.

Créditos Contributivos

La Ley 57-07 de Incentivos al Desarrollo de las Energías Renovables y sus Regímenes Especiales provee los siguientes créditos contributivos:

·      Reducción del 50% en el Impuesto sobre Financiamiento Externo que para los proyectos desarrollados al amparo de dicha Ley No.57-07, deja en 5% el gravamen a los intereses por financiamiento externo en el Artículo 306 del Código Tributario, modificado por la Ley No.557-05 de Reforma Tributaria.

·      Crédito fiscal de hasta el 40% (como desgravación en el impuesto sobre la renta, tomando como base el costo de la inversión realizada) a quienes instalen (o cambien a) fuentes energéticas renovables la provisión de su consumo eléctrico. Dicho crédito fiscal se descuenta del Impuesto sobre Renta de Sociedades a lo largo de los tres años siguientes, en cuotas del 33,33%.

·      Crédito único sobre el impuesto sobre la renta de hasta un 75% del coste de la inversión en equipos, a los propietarios o inquilinos de viviendas familiares, edificios comerciales o industriales que cambien o amplíen su consumo energético sistemas de fuentes renovables y cuyos proyectos hayan sido aprobados por los organismos competentes. Dicho crédito fiscal será descontado del ISR del beneficiario durante los tres años siguientes en cuotas del 33,33%.

Régimen de admisión temporal

Opera en virtud de la Ley No. 84-99 de Reactivación y Fomento de las Exportaciones y autoriza la entrada al territorio aduanero dominicano con suspensión de los derechos e impuestos de importación, a determinados bienes  procedentes del exterior y de las zonas francas que vayan a ser reexportados en un plazo no mayor de 18 meses a partir de su entrada al territorio aduanero.

Para acogerse a este régimen las empresas deben estar inscritas en el Registro de Exportador del CEI-RD, y presentar una fianza por el 100% del monto del gravamen, la cual les será devuelta a la salida de la mercancía del país. 

Otros

Aunque no se trate de incentivos en sentido estricto, ni de organismos dominicanos, cabe recordar aquí que varias instituciones e instrumentos de tipo multilateral financian a inversionistas o tomadores de co-participaciones. Entre ellos destacan el B.I.D. (ventanilla del Sector Privado, BID - Invest y FOMIN); C.F.I. y MIGA del Banco Mundial; la Corporación Andina de Fomento; el Banco Europeo de Inversiones; el BCEI y la UE Investment Facility administrada por el B.E.I.  Un detalle de sus programas y carteras puede verse en nuestro Informe Económico y Comercial. 

Incentivos Especiales a los Pensionados y Rentistas de fuente extranjera.

Fuera ya del ámbito de la Inversión Directa -aunque con el mismo espíritu de atraer recursos extranjeros hacia territorio dominicano-, se promulgó en 2007 la Ley No. 171-07. En su virtud, las personas que inviertan en el país no menos de 200.000 $ o que puedan justificar ingresos fijos mensuales de 1.500$ por pensiones (o bien 2.000$ por concepto de rentas) percibidas del exterior, podrán beneficiarse de una Residencia por Inversión y tener ventajas fiscales. No se establece edad mínima para ser elegible en el marco de este programa.

A esas personas se les brindan los siguientes beneficios y exenciones, si se instalan en República Dominicana:

- permiso de residencia definitiva emitido en un plazo de 45 días;

- exención de impuesto sobre la renta percibida de fuente extranjera por intereses o dividendos;

- exención del 50% del Impuesto sobre Propiedad Inmobiliaria y del coste de inscripción de hipotecas (2% previsto en la ley 173-07);

- exoneración del pago de impuestos sobre importación de ajuares, dispuesto en la ley 14-93;

- exoneración para importación de un vehículos de motor, instaurada mediante la ley 168-67;

- rebaja del 50% en su Impuesto sobre Ganancias de Capital, siempre y cuando el sujeto pasivo sea accionista mayoritario de una compañía obligada al pago de este impuesto y dicha sociedad no se dedique a actividades comerciales o industriales.

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Zonas francas y ZEE

*El conjunto de zonas francas y parques industriales existentes a la fecha en República Dominicana supera los 70. Se distribuyen por toda la geografía nacional, sin venir ligados a la proximidad portuaria, como es frecuente en otros países. Destacan por su importancia la Zona de Industrias de Herrera en el cinturón periurbano de Sto. Domingo y la de Santiago de los Caballeros. En 2015 comenzó el lanzamiento de la franja fronteriza con Haití y un proyecto piloto iniciado en 2017 en las cercanías de Dajabón espera atraer importantes asentamientos textiles e infraestructuras habitacionales y logísticas en la zona norte, incluida una zona logística importante en torno a Manzanillo, una vez se amplie este puerto.

a) Comenzando por las Zonas Francas, cabe reseñar algunas anotaciones de interés para el inversionista:

-Las casi setecientas empresas establecidas en estos recintos generan el 57% de la exportación nacional en valor y dan empleo a 172.000 personas. Tienen un alto componente de titularidad extranjera y su conjunto reúnen el 10% de la inversión extranjera total llegada al país. Su output productivo-exportador viene dominado por la confección textil, tabaco, calzado, complementos, productos farmacéuticos y para-médicos. Aunque, el éxito cosechado ha quedado lejos de las esperanzas que en ellas se depositaron al negociarse al Acuerdo RD-CAFTA y alguna zona ha fracasado en el propósito de generar un efecto catalizador que multiplicase el desarrollo tecnológico mutuo de los implantados, estas Zonas están recibiendo nuevo impulso gubernamental para promoverlas. 

-Por la relevancia que han alcanzado en el ámbito manufacturero y exportador dominicano, su texto regulador (Ley Nº 8-90) ha ocupado un lugar preeminente en la normativa empresarial y de inversiones. Pretende esta pieza legal reunir todo lo concerniente a la organización, incentivos, derechos y obligaciones de las zonas francas y de las empresas que en ellas se implanten. En 2017 se lanzó un nuevo Reglamento para esta norma que busca mejorar el clima de los negocios en su ámbito de aplicación.

La Ley contempla varias exenciones aduaneras y fiscales para las empresas radicadas en Z.F durante sus primeros 15 años de vida. Entre las ventajas destacan exoneraciones como las siguientes: arancel a la importación de materiales y equipos para operar; impuesto sobre la renta de sociedades, si bien la DGII ha comenzado desde finales de 2016 a percibir el 10% sobre los beneficios que distribuyen a accionistas, amparada en que otros países del DR-CAFTA lo detraen desde 2013; ITBIS (equivalente al IVA español); tasas sobre constitución y registro de patentes; arancel de los insumos importables para la confección y el calzado; impuesto a la exportación. Por otra parte, las empresas de Z.F. están exentas de la obligación de registro como inversión extranjera en el Banco Central.

-Cada zona dispone de una Autoridad rectora, encontrándose éstas a su vez bajo el paraguas de la Asociación Nacional, ADOZONA (Véase www.adozona.org) que dispone de notable audiencia en el Ministerio de Industria y Comercio y otras esferas gubernamentales.

-Junto a beneficios de orden vario como pueda ser su consideración de recinto aduanero con despacho directo en fábrica, las Zonas ofrecen ventajas muy valiosas de tipo inmaterial para el recién llegado a RD; en particular la tranquilidad de estar a cubierto de los graves problemas de titularidad de los terrenos que son plaga en el país; y de los conflictos y retrasos que con frecuencia van aparejados a las adquisiciones de los mismos. Adicionalmente, confieren mejor protección frente a problemas de seguridad física, suministro eléctrico y de aguas, alcantarillados y demás.

-Se concibieron pensando en la exportación del producto y las firmas establecidas estaban sujetas a requisitos a este respecto. No obstante, hoy puede venderse en el mercado interno hasta un 20% de lo producido, tras abonar el arancel e impuestos de las materias primas utilizadas en la elaboración. En 2016 se habló de estudiar la ampliación de este umbral, pero existe controversia al respecto. No pueden, sin embargo, utilizarse las Z.F. meramente como almacén a estos efectos sino que debe realizarse alguna transformación que aporte valor a las materias. Las empresas residentes vienen obligadas a cambiar en moneda local hasta un 30% del valor de los ingresos por exportación, para hacer frente con ello a gastos locales de salarios, electricidad, transporte interno, alquileres, etc.

-Las zonas están acogidas a la Iniciativa para la Cuenca del Caribe, otorgada por los Estados Unidos, que es el mercado al que principalmente orientan sus exportaciones las firmas instaladas en ellas.

- En abril de 2017 el Mº de Industria y Comercio (que dispone de un Viceministro de Zonas Francas y Zonas Especiales) y el Consejo de ZF armaron un programa de relanzamiento fabril para las Zonas que incluía campañas de captación de inversionistas extranjeros para el textil, calzado y otras manufacturas. Su primera gira internacional al efecto se encaminó precisamente a tres ciudades españolas.

b) Un segundo grupo de tratamiento privilegiado por motivos geográficos lo conforman las Zonas Especiales de Desarrollo Fronterizo.

- Creadas mediante la Ley No.28-01, estas zonas se crearon para fomentar la producción en las 7 provincias de la raya con Haití, ofreciendo a los inversionistas ventajas de operación adicionales. Los incentivos se conceden durante 20 años (frente a los 15 aplicables a las Z. F. convencionales) para todo proyecto existente o que se implantase durante los primeros 5 años tras la entrada en vigor de esta Ley.

-Entre los privilegios de que disfrutan las empresas cabe destacar la exoneración total de aranceles sobre materias primas, equipos y maquinarias, así como cualquier otro gravamen. Se les garantiza además una rebaja del 50% en cualquier impuesto, tasa o contribución vigente a la fecha o que se puedan establecer en el futuro.  Adicionalmente, se otorga a sus mercancías un 50% de descuento en el tránsito y utilización de puertos y aeropuertos.

- Todo tipo de actividades son elegibles para desarrollarse en ellas y no se requiere vocación exportadora para el producto. Los inversionistas en Zonas Especiales fronterizas están facultados para deducir la inversión en sus ingresos imponibles de otras fuentes por un monto de hasta 100% del importe de aquéllos.

- Estas zonas disponen de un órgano coordinador que atiende las nuevas solicitudes de implantación y que está bajo la tutela del Ministerio de Industria y Comercio.

c) Centros Logísticos.-  La Ley 262-15 define tratamiento especial para las instalaciones logísticas emplazadas en zonas aduaneras autorizadas por la DGA, que se dediquen ha almacenado, refrigeración, consolidación, etiquetado, reexportación y transporte de carga. Sus operadores se beneficiarán de un tipo reducido del 3,5% en el impuesto sobre la renta de sociedades para las ventas que efectúen en moneda local, además de la lógica exención arancelaria para aquellas que vayan a reexportar.

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Contratación Pública. Criterios de adjudicación de contratos

Las Compras Públicas se rigen por la Ley No.340-06 , enmendada mediante Ley No.449-06,  Decreto No.490-07 y Reglamento No.543-12, más los Decretos No.188-14 y No.183-15 sobre Comisiones de Veeduría.

En febrero 2017 se sumó al conjunto el Decreto 15-17 que, completado por la Resolución 143 -17, entró en vigor el 1 de abril orientado a terminar con el frecuente problema de los parones e impagos que entidades públicas contrataban sin disponer de asignación presupuestaria para ello. Ahora se obliga a las entidades a obtener una carta especial del Tesoro sobre la reserva en Presupuesto, antes de poder lanzar convocatorias.  Para 2018 también se preparan cambios para dejar desiertas licitaciones en cuya fase técnica quede un solo oferente.

La participación en las denominadas "licitaciones nacionales” requiere disponer de domicilio en el país a través de una sucursal en dominicana, así como estar inscrito en el Registro de Proveedores del Estado, lo que puede hacerse online en la página Web de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP): www.comprasdominicana.gov.do, a través del enlace Proveedores / Cómo Inscribirse?

En los supuestos de "licitación internacional", la empresa no establecida en el país viene obligada a registrarse como proveedor del Estado en caso de resultar adjudicataria, si bien no precisa estarlo en el momento de participar.

Para el caso de obras y trabajos, la Ley 322 de 1981 sobre Adjudicación de Obras y Servicios, establece que una empresa o persona física extranjera debe asociarse con una firma nacional o de capital mixto, para poder participar en adjudicaciones o para ser contratada y ejecutarlos para el Estado Dominicano, instituciones autónomas, ayuntamientos, o para empresas en que el Estado figure como accionista.  Según el Art.3 de dicha Ley el porcentaje de capital del socio nacional en el consorcio o asociación temporal no puede ser inferior a 50%.  El monto se reduce al 30% si se demuestra que no ha habido otra empresa dominicana dispuesta a coparticipar al 50%.

El requisito de asociación con una empresa local no se extiende a concursos financiados por organismos internacionales como el Banco Mundial, el BID o la UE, para los cuales rigen sus propias normas.  

Es frecuente que los proyectos conlleven financiación exterior, lo que suele requerir un porcentaje de bienes y servicios originarios del país prestamista.

La información se recoge en el portal del Órgano Rector (DGCP) y de la Entidad Contratante, y en la prensa local.  Los plazos estipulados para la publicación de convocatorias son de 30 días para licitaciones públicas nacionales y de 40 días para licitaciones internacionales. No obstante, hay avisos que aparecen con antelación más breve con excusa de urgencia. También resultan frecuentes las convocatorias restringidas a empresas domésticas.  Es muy de tener en cuenta que, en orden a proteger y promocionar el desarrollo de PYMES, se reserva para ellas cada año el 20% de las compras públicas.

En caso de detectar violaciones al reglamento por plazos de publicación u otro motivo, existe posibilidad de presentar recurso dentro de los 10 días siguientes a la publicación.  La entidad encargada de recibir las denuncias es la DGCP.

Para más información, y para el seguimiento diario de los concursos que lanza el sector público, se recomienda la página web del organismo competente para adquisiciones, (DGCP): http://dgcp.gob.do.

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Régimen de inversiones

El Gobierno y su brazo promotor de la inversión extranjera, el CEI-RD, proclaman el atractivo del país para los inversionistas foráneos. A tal fin, alegan en particular los bajos salarios vigentes, una legislación favorable y la reciente adopción de varias mejoras en pro de la inversión extranjera.

El Doing Business 2019 sitúa sin embargo a República Dominicana en el puesto 102º del mundo en cuanto a facilidad para desplegar negocios en su territorio. El capítulo mejor valorado es la gestión del comercio en frontera; los peores, la gestión de impuestos (lugar 149º), el cumplimiento de contratos (136º), el tratamiento de la insolvencia (121º), y la dificultad de establecer una nueva empresa (116º). En materia de corrupción, transparencia y falta de institucionalidad, que son aspectos sobresalientes, figura clasificado en el lugar 135º de 168 países.  En competitividad ocupa el puesto 82º entre 135.

Cabe indicar que en República Dominicana el marco jurídico relativo a la IED es amplio y de calidad suficiente: tanto en lo tocante a regulación sobre figuras societarias o implantación, como a fiscalidad y a ventajas de alcance genérico o sectorial. Así, aunque se echen de menos piezas normativas más adecuadas para la representación comercial y los agentes, las concesiones, o la solución de diferencias inversor-Estado, el trato general al inversionista es claro con pocas restricciones al emplazamiento, titularidad accionaria local, o umbrales de exportación. Los obstáculos y problemas con que tropiezan muchos inversionistas extranjeros en su implantación no son achacables tanto a las leyes mismas como al déficit de su aplicación efectiva, al funcionamiento de la maquinaria de la justicia, a la débil ejecución de laudos y sentencias, y a los obstáculos a la competencia . 

La inversión extranjera viene regulada por la Ley 16 de 1995 y su reglamento de 11/03/2004,  que otorgan Trato Nacional al inversionista extranjero. La norma consiente titularidad foránea para el 100% del capital, salvo en unos pocos campos restringidos. También consagra la desinversión y repatriación de beneficios una vez liquidados los impuestos, y siempre que la firma hubiese sido registrada en el CEI-RD dentro de los 180 días de haberse efectuado la inversión (Ley 93/03 y norma 214/04). La inscripción es simple, no precisa autorizaciones y da lugar al CRIE (Certificado de Registro de Inversión Extranjera) que permite obtener el contravalor y transferencia de las divisas para la repatriación, llegado el caso.

La implantación en Zonas Francas compete al Consejo Nacional de Z. F.

Las disputas comerciales se rigen por el Código de Comercio, Ley 479/08.

En el ámbito de la representación y distribución se estará a lo dispuesto en la Ley 173 /66 y, para el comercio electrónico, a lo que establece la Ley 126/02.

Varios sectores (hostelería, zonas francas, energías renovables, zonas fronterizas, telecomunicaciones, operadores logísticos y agropecuario) disponen de normativa específica sobre participación extranjera, beneficios arancelarios, fiscales y demás.

En 2019 la Ley 68-19 modificó el artículo 91 de la Ley General de Sociedades eliminando el capital mínimo para las Sociedades de Responsabilidad Limitada (SRL), una medida con la que se había comprometido el Consejo Nacional de Competitividad. En 2017 entró en vigor la ley 141/15 sobre quiebras. La Ley 155-17 persigue el Lavado de Activos y está teniendo gran repercusión. La Ley 249-17 modificó la regulación del Mercado de Valores, revistiendo interés para los inversionistas de cartera. En 2016 quedó promulgada la Ley 688-16 destinada a promover el emprendimiento con incentivos y eliminando obstáculos a la formalización de empresas; crea ésta el CONFIE (Fondo de Contrapartida Financiera) fideicomiso con el Banco de Reservas destinado a primeras inversiones.

Detalles del marco normativo dominicano se comentan en el IEC y Guía País de nuestra Oficina Económica y Comercial (www.oficinascomerciales.es). También procede estudiar el portal del Centro de Exportación e Inversiones (http://cei-rd.gov.do/ceird/Inversion.aspx).

El Gobierno viene propugnando la fórmula de alianzas público-privadas de inversión, sobre todo para desarrollar infraestructuras de transporte. La normativa que la rige figura en el Titulo II de la Ley 340-06 de Compras Públicas (ver epígrafe 4.5. de la Guía País de nuestra Oficina Económica y Comercial), tras quedar orillado años atrás un borrador de Ley General de Asociación Público-Privada. Varios acercamientos de concesionarios extranjeros están jalonados de malas experiencias en casi todos los ámbitos (carreteras, aguas, basuras, distribución eléctrica, exportación azucarera, generación renovable), con los inversionistas afectados negativamente por aprobaciones congeladas, por desposesión de sus concesiones al poco de iniciadas en operación, o por impagos, habiéndose visto abocados a abandonar el país con notable quebranto económico.  Cabe esperar una nueva ley sobre PPA's que podría quedar aprobada en el curso del presente año 2019 mejore la situación.

En lo que respecta a la otra gran rama de inversión extranjera, la de cartera -que supone del orden de 3.000 M$ anuales-, se ciñe a suscripciones de títulos públicos y de bonos de algunas firmas privadas o mixtas, ya que no existe en el país Bolsa de Valores para negociar de forma abierta títulos de renta variable.

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Propiedad inmobiliaria

Las operaciones de inversión inmobiliaria se rigen por la Ley No.108-05 de Registro Inmobiliario, vigente desde abril de 2007 y sus Reglamentos de aplicación. La propiedad de un inmueble se adquiere mediante la inscripción en el Registro de Títulos tras un acto de compraventa, legalizado ante notario. Una vez inscrito, el Registrador de Títulos expedirá a nombre del comprador un Certificado que acredita su derecho de propiedad sobre el edificio. No existen restricciones a la compra de inmuebles por extranjeros. El Decreto No.21-98 (enero de 1998) estableció como único requisito que el Registro de Títulos mantenga un archivo de todas las ventas hechas a extranjeros, a efectos estadísticos.

Los extranjeros pueden también heredar libremente bienes inmuebles; pero, si son no residentes, el impuesto sucesorio se aumenta un 50% sobre el de residentes. Además, la herencia de inmuebles está sujeta a una reserva obligatoria en provecho de los hijos de la persona fallecida. Así, un extranjero con un hijo debe reservar a su heredero el cincuenta por ciento de su patrimonio inmobiliario poseído en República Dominicana sin importar que la ley de su país de nacionalidad, o el testamento, establezcan otra cosa.

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Incentivos a la inversión (fiscales, sectoriales, regionales y locales)

Con el fin de atraer inversión hacia diferentes sectores de economía (turismo, procesamiento de materias primas, infraestructura, minería, energías renovables) promoviendo actividad económica y empleo, República Dominicana ha promulgado diversa normativa de carácter tanto sectorial como geográfico-zonal. La más conocida es probablemente la referente a apoyos localizados (Zonas Francas y Zonas Especiales Fronterizas). Sus contenidos se tratan de forma específica en el &3.2 de nuestra Guía de Incentivos a la Implantación.

El deseo de atraer IED se traduce, por otra parte, en campañas de promoción en el exterior, misiones oficiales a países seleccionados y en una Ventanilla Única de Inversiones en el Centro de Exportación e Inversiones (CEI-RD), accesible en: htpp://www.cei-rd.gob.do.  En 2018 y bajo la advocación de PRODOMINICANA, el Gobierno lanzó un Plan de Apoyo a la exportación y atracción de inversiones que a dado lugar ya a foros y giras por varias capitales españolas.

Centrándonos en las disposiciones sobre incentivos de tipo sectorial, se reseñan a continuación las más destacables para el ámbito del interés empresarial español.

--Ley No.158-01. Se promulgó para estimular el desarrollo del Turismo haciendo atractiva la inversión en sus infraestructuras. Ofrece beneficios a cualquier persona física o jurídica domiciliada o que desarrolle nuevos proyectos dirigidos a actividades turísticas bajo concesión, arrendamiento, o cualquier otra forma de acuerdo con el Estado: hoteles, instalaciones feriales, complejos de golf, parques temáticos y de tales inversiones relacionadas, infraestructuras portuarias o servicios de abastecimiento de agua y saneamiento ambiental con impacto potencial para zonas turísticas.

--Ley No.184-02. Brinda facilidades fiscales específicas a los proyectos de desarrollo turístico que se radiquen en ciertas zonas que la norma enumera, ampliando lo señalado en la Ley No.158-01.

--Ley 195-13. Enmienda las normas anteriores otorgando otras ventajas en cuando al alcance geográfico y para grandes reparaciones de complejos anticuados.

Las normas mencionadas exoneran durante 10 años del impuesto sobre renta de sociedades, ITBIS (homólogo de nuestro IVA), de la tasa por permisos de construcción y de registro al comprar el terreno, así como de aranceles de importación a equipos, materiales y mobiliario destinado al complejo turístico en cuestión. El titular puede asimismo deducir en su base imponible de otra fuente hasta el 20% de estos gastos de inversión durante un período de 5 años. Paralelamente, se les exime de una variedad de costes y tasas, incluidas las municipales, si bien la experiencia muestra que éstas últimas no suelen resultar eludibles en la práctica. Las ventajas se extienden igualmente a la reparación/renovación profunda de las instalaciones de edad superior a 5 años, distinguiéndose el tratamiento conferido según que la antigüedad supere o no los 15 años. El sector, por lo demás, se rige por la Ley Orgánica N. 541-69, los Decretos N. 1125-01 y N. 74-02. Es clave en este ámbito el Consejo CONFOTUR, en el cual recaen atribuciones esenciales de calificación de los proyectos.

--Ley No. 57-07. Regula el desarrollo de Energías renovables y lo exonera de aranceles y del ITBIS. Igualmente concedía a los generadores un crédito tributario de hasta el 75% en el impuesto sobre la renta. De otra parte, las compañías de generación y venta de electricidad, agua caliente, vapor, fuerza motriz, biocombustibles o combustibles sintéticos, generados mediante fuentes renovables quedaran exentos del impuesto de sociedades durante 10 años a partir del inicio de sus operaciones, y con vigencia hasta el año 2020. Estos incentivos incluían proyectos públicos, privados, mixtos o cooperativos de producción de energía eólica (con potencias de hasta 50 MW), de mini-instalaciones hidroeléctricas, de biomasa, fotovoltaicas y de energía solar de hasta 120 MW de potencia por central.

Sin embargo, una reforma fiscal ulterior (Ley 253-12, artículo 32) suprimió la exoneración del ITBIS y redujo a 40% el tope de exención por renta.

--Ley No. 392-07. Dirigida a promover la Competitividad e Innovación Industrial, crea el Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial (PROINDUSTRIA), concede incentivos fiscales para fomentar la modernización manufacturera y arbitra un régimen especial de exoneración aduanera en favor de las empresas que califiquen para el mismo. Adicionalmente, exonera de ITBIS a las importaciones de materia prima, maquinaria industrial y bienes de capital que requieran las industrias detalladas en el Artículo 24 de la Ley No.557-05, previa obtención de un certificado de PROINDUSTRIA.

--Ley No. 108-10, enmendada por la 257-10. Fomenta la Actividad Cinematográfica apoyando la producción, preservación y distribución de películas audiovisuales así como la construcción de sus instalaciones. Incluye exenciones de ITBIS e impuesto sobre la renta, subvenciones del 25% para costes de rodaje, créditos fiscales y asistencia mediante el fondo FRONPROCINE.

- Disponen también de regulación incentivadora la Agricultura, Minería, Telecomunicaciones, Fideicomiso para el inmobiliario, Aviación, Actividad portuaria, Energía, Finanzas y Farmacéutico, entre otros.

Procede igualmente reseñar aquí que:

- Las firmas dedicadas al desarrollo de parques industriales quedan exoneradas por dos años de las tasas del permiso de construcción, aranceles de importación y otros impuestos incluido el ITBIS.

- Las empresas que califiquen bajo el concepto de modernización manufacturera pueden depreciar a lo largo de 5 años sus inversiones en equipo y tecnología, hasta por el 50% de su renta neta imponible en el ejercicio fiscal precedente.

- Los operadores logísticos solamente tienen sujetas en su impuesto sobre la renta el 3,5% de sus ventas hechas el mercado local, según el Decreto 262-15.

- Personas físicas o jurídicas extranjeras que provean servicios profesionales a proyectos relacionados con procesos de producción, investigación y desarrollo de tecnología, formación de personal, innovación y todo tipo de consultoría y/o asesoría técnica, quedan eximidas de la retención en su Impuesto sobre la Renta (ISR).

- Para más detalles relacionados con apoyos específicos y sectoriales pueden consultarse los portales del Centro de Exportación e Inversiones: www.cei-rd.gov.do y de PROINDUSTRIA: http://www.proindustria.gob.do.

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Representación y agencia

La Ley Nº 16-95 sobre Inversiones Extranjeras permite el establecimiento de sucursales de empresas extranjeras, las cuales pueden vender directamente sus productos en el país. Los contratos comerciales, una vez firmados y legalizados deben registrarse en el Departamento de Cambio Extranjero del Banco Central en el plazo de 90 días tras su firma. La lista de requisitos viene detallada en el Artículo 4 de la citada Ley Nº 16-95.

Las figuras de distribuidor, sucursal o joint venture son habituales en el país. No es preciso, sin embargo, disponer de un acuerdo de distribución para ellos. En cuanto al comercio electrónico, viene regulado por la Ley Nº 126-02.

A la hora de nombrar un agente, es muy de tener en cuenta la Ley Nº 173-66 sobre Protección a los Agentes Importadores de Mercaderías y Productos. Esta norma establece largos plazos de residencia para poder actuar como agente además de 2/3 de capital local y, además, otorga una protección desproporcionada al intermediario local, estableciendo indemnizaciones muy elevadas para la rescisión de los contratos antes de su fecha prevista (véanse los comentarios de la Ley en la página Web del Centro de Exportaciones e Inversiones, CEI-RD: http://www.cei-rd.gov.do/mapa_ruta/MRI/presentacion/web/pdf/ci/guiaComercioInter.htm#2).

En caso de disputa el proceso es largo y bloquea la posibilidad de nombrar otro distribuidor hasta que se falle el caso, si se firmó un contrato en exclusiva, y los tribunales tienden a favorecer al agente local.  Ello da pie a peticiones de compensación equivalentes a un múltiplo de las ventas anuales. Es conveniente por tanto hacer una due dilligence al elegir socio y buscar asesoría legal antes de firmar estos acuerdos; asímismo, fijar condiciones de suspensión de contrato y evitar en su texto la expresión "en exclusiva"; esto último no evita el pleito, pero al menos permite nombrar otro distribuidor en caso de litigio.

Las empresas estadounidenses están exceptuedas de esta ley por el acuerdo RD-CAFTA, y la UE intenta desde hace años conseguir lo mismo para las europeas. Entre tanto es de señalar que la Ley de Inversión Extranjera - a la que cabe intentar acogerse a título de norma posterior en el tiempo que derogaría otras previas que la contravengan- permite constituir directamente una representación directa y sin el umbral de participación doméstica en el capital.

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Formación de "joint-ventures". Socios locales

Como se indicó en &3.5, para poder participar en concursos, sorteos o cualquier otra modalidad de adjudicación u obtener contratos del Estado Dominicano las compañías extranjeras deben estar domiciliadas en el país, o formar un consorcio con alguna empresa nacional o de capital mixto conforme a los términos previstos por la Ley.  De todas formas, es frecuente que por razones prácticas las firmas extranjeras formen alianzas con socios locales para emprender actividades o ciertas operaciones en el país.

En la legislación dominicana no existe una definición formal para las empresas conjuntas o Joint Ventures, considerándose las mismas como contratos atípicos de colaboración empresarial.

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Tipos de sociedades

1.-  Las modalidades habituales de articular negocios permanentes son las usuales en muchos países: sociedad comercial, empresas individuales de responsabilidad limitada, sucursal de sociedad extranjera y Joint Venture.

Dentro del grupo de las sociedades comerciales, la Ley Nº. 479-08, enmendada luego por la Nº. 31-11,  reconoce los siguientes tipos:

Empresas individuales de responsabilidad limitada (EIRL) 

Pertenecen a una persona física y están dotadas de personalidad jurídica propia con capacidad para ser titular de derechos y obligaciones, los cuales forman un patrimonio independiente y separado de los demás bienes de la persona titular.  Las personas jurídicas no pueden constituir ni adquirir empresas de esta índole.

Sociedad en nombre colectivo

Constituida por dos o más socios, los cuales asumen la responsabilidad personal y colectiva frente a los compromisos de la compañía.  El capital social se divide en participaciones no existiendo cifra mínima estipulada.  Para poder transferir o ceder acciones de esta sociedad se necesita el consentimiento de los demás socios.

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Es aquélla forma da por un mínimo de dos y un máximo de cincuenta socios, los cuales no responden a título personal de los compromisos de la empresa.  Su razón social puede comprender el nombre de uno o varios socios y debe ser precedida o seguida de las palabras “Sociedad de Responsabilidad Limitada”, o de las iniciales “S.R.L.”

Con la promulgación en abril 2019 de la Ley 68-19 que modifica el artículo 91 de la Ley General de Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada, se ha suprimido el requisito del capital mínimo de 100.000 pesos requerido anteriormente para la constitución de una SRL en el país. En el marco de la nueva normativa los empresarios pueden formalizar sus negocios con el capital que sea más adecuado para sus operaciones. 

Sociedad anónima

Su titularidad se encuentra repartida entre los accionistas, quienes participan de los beneficios y las pérdidas en proporción a su aporte al capital.  La compañía goza de personalidad propia, pudiendo demandar o ser demandada en su propio nombre. Puede denominarse Compañía por Acciones (C. x A.), Compañía Anónima (C. A.), o bien Sociedad Anónima (S. A.) de conformidad con la Ley N.5546 de 1961.  Todas ellas tienen los mismos requisitos legales y administrativos. 

Para sociedades particulares el capital mínimo autorizado es 30 millones de pesos, que deberá estar suscrito y desembolsado en al menos su 10%.  El valor nominal mínimo por acción lo ajusta cada tres años la Secretaría de Estado de Industria y Comercio, de acuerdo con los índices de precios del Banco Central. Para sociedades de suscripción pública, tanto el monto mínimo de capital social autorizado como el valor nominal mínimo de la acción los determina la Superintendencia de Valores.

Sociedades Anónimas simplificadas

Se forman por dos o más personas sin límite máximo de accionistas, y se componen exclusivamente de socios cuya responsabilidad por las pérdidas se limita a sus aportes. Su capital autorizado mínimo son 3 millones de pesos, deberá estar suscrito y desembolsado en al menos su 10%.  El valor nominal mínimo de la acción será de un peso dominicano.  Cada tres años el Mº de Industria y Comercio podrá ajustar estos montos por vía reglamentaria, de acuerdo con los índices de precios al consumidor del Banco Central.

Sociedad en comandita simple

Caben para ella dos tipos de socios:
a) Los comanditados con responsabilidad solidaria frente a los compromisos de la compañía.
b) Los comanditarios con una responsabilidad que viene limitada a su tenencia accionarial. 

El capital social se divide en partes sociales y no tienen estipulado umbral inferior.

Sociedad en comandita por acciones

La conforman uno o varios socios comanditarios, los cuales responden a los compromisos de manera solidaria, ilimitada y subsidiaria.  Habrá al menos 3 socios comanditarios con calidad de accionistas y sólo soportan pérdidas en proporción a sus aportes.  Este tipo de sociedad no tiene el capital dividido en acciones ni se estipula un valor mínimo para él.

Aunque la Ley 479 no lo indica de manera expresa, se infiere que su razón social debe contener el nombre de los comanditarios (o de uno o varios de ellos) seguido por las palabras “y compañía” o su abreviatura, seguidos de las palabras “Sociedad en Comandita”.

Sociedad accidental o en participaciones

Es el contrato convenido de manera verbal o escrita entre dos o más personas que tienen la calidad de comerciantes, quienes toman interés en una o más operaciones comerciales determinadas y transitorias sin quedar sujetas a requisitos de forma ni matriculación bajo la Ley de Sociedades.  La normativa establece que esta sociedad carece de personalidad jurídica y su existencia podrá probarse por cualquier medio. 

2.-  Las empresas extranjeras pueden operar mediante simples sucursales - que carecen de personalidad jurídica u obligación de registro y solo pueden efectuar alguna operación comercial de forma ocasional- , o bien mediante subsidiarias locales bajo fórmula de Responsabilidad Limitada, Anónima, o Anónima simplificada.

 

3.-  Una importante pieza cual es la regulación de las posibles quiebras y reestructuraciones, y que era uno de los vacíos legales más demandados de solución, quedó completada recientemente con el Decreto de 2017 que puso en vigor la Ley 141-15 sobre Reestructuración y Liquidación de entidades.

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Propiedad industrial (marcas, patentes, diseños, licencias)

La materia relativa a Propiedad Industrial viene regulada en la Ley N.20-00, en sus enmiendas No.424-06 y No.493-06, en el Decreto No.599-01 y sus modificaciones de 2003 y 2006, que la reglamentan conforme al Acuerdo sobre Aspectos de la Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) que el país ratificó en 1995.

La agencia gubernamental encargada de patentes, marcas y nombres comerciales es la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (ONAPI).

El plazo de la vigencia para una marca comercial registrada en el país es de 20 años, a validar cada 10.  Para los nombres comerciales la Ley establece un periodo de 10 años renovable, excepto en denominaciones originales, que disponen de vigencia indefinida.  Las Patentes registradas duran 20 años improrrogables (excepto las de invención, que pueden ser alargados una vez por 3 años) y están sujetas al pago de una tasa anual.

Para información más detallada sobre propiedad industrial puede consultarse la web de ONAPI , sección “Servicios”.

La Ley No.65-00 sobre Derechos de Autor y su Reglamento de Aplicación No.362-01 protegen la creación intelectual, tanto literaria como artística o científica, que pueda ser fijada, transmitida o reproducida por cualquier medio existente.  La Ley define una lista amplia no limitativa de obras protegidas; entre ellas, obras literarias, artísticas o científicas, musicales, audiovisuales, plásticas...

El registro es facultativo pero se recomienda vivamente. La agencia competente es la Oficina Nacional de Derechos de Autor (ONDA), adscrita al Ministerio de Cultura.

República Dominicana ratificó la Convención Universal sobre Derechos de Autor, mediante Resolución N.40 de 1982.  No obstante, el país ha sido incluido por Estados Unidos en la lista de países que la infringen; en lo tocante a copias de películas, software, captura indebida de señales de TV por cable, etc. La edición de libros sin autorización ha afectado a la exportación de libros españoles, en particular.

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Razones y ventajas para la implantación de empresas españolas

A título orientativo para enmarcar la situación general, República Dominicana figura en el puesto 102º de 185 países por ranking de facilidad para realizar negocios en su territorio, según el "Doing Business" del Banco Mundial para 2019.

Se anotan seguidamente varios motivos de naturaleza heterogénea que pueden abogar en favor de un establecimiento inversor en República Dominicana; no obstante al sopesar la incidencia que puedan tener de cara a un negocio concreto, hay que colocar en el otro platillo de la balanza los problemas que se evocan en otro epígrafe posterior.

·         Estabilidad política, con el PLD dominando el arco parlamentario desde hace muchos años y con visos de seguir haciéndolo por largo tiempo.

·         Nivel de renta medio-alto, con posibilidades de que el PIB siga creciendo por encima del 4% varios años más. La solidez de los ingresos de divisas por turismo y remesas de emigrantes disponen de buenos visos y apuntalan la demanda de consumo.

·         Muy bajos salarios y escasa conflictividad laboral.

·         Demandas sociales insatisfecha en múltiples campos, cuyo proceso de mejora brindará contratos durante varios lustros: electricidad, aguas, gas natural, educación, sanidad, logística portuaria y terrestre, consultoría e ingeniería, urbanismo, equipamiento agrícola y agroalimentario...

·         Ventajas arancelarias y de facilitación de comercio por vía del Acuerdo EPA entre la UE y los países CARIFORUM; y, para con el mercado USA, aprovechando el acuerdo DR-CAFTA. 

       ·        Relación institucional intensa y cordial con la Embajada de España, que viene dando frutos en la resolución de varios contenciosos empresariales desde 2018.

·         Aprecio a lo español en general, incluida confianza en la calidad de los bienes y servicios que ofrecen nuestras firmas. 

·         Presencia de numerosas empresas y profesionales españoles (o de ascendencia española que mantienen el vincula con nuestro país), cuya relación puede facilitar canales de negocio.

·         Disponibilidad de Cámara Oficial Española de Comercio con amplia membresía (400 empresas) y buen clima de relaciones que puede simplificar el acceso al recién llegado.

·         Marco normativo bilateral completado. En particular, Acuerdo de Protección y Promoción de Inversiones y Convenio para Evitación de la Doble Imposición del cual solo disponen España y Canadá.

·         En el ámbito de los servicios, instalaciones y suministros de inputs cotidianos que demanda el sector de hostelería, posición ventajosa por la gran base hotelera española para sus necesidades y sus renovaciones que es proclive a acoger empresas, bienes y servicios de nuestro país.

·         Política monetaria bien llevada, que ayuda a confiar en deslizamientos suaves del tipo de cambio del peso.

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Barreras de entrada para inversores españoles

 

Los principales problemas que se escuchan se refieren a fallas en la seguridad jurídica, especialmente en lo relativo a títulos de tierras, aplicación de las normas y ejecución de las sentencias, por más que la legislación sea amable para el inversionista. También suelen citarse la corrupción, propiedad intelectual e incumplimiento de contratos y de sentencias. El Doing Business 2018, con registros especialmente negativos en Resolución de situaciones de insolvencia, Obtención de electricidad, Cumplimiento de contratos y Fiscalidad. En corrupción ocupa el puesto 135º entre 168 naciones evaluadas.

La Ley de Inversión Extranjera es simple y liberal. Confiere Trato Nacional y pone pocos limites de acceso, aunque existen restricciones en aviación comercial, medios de comunicación incluida radiofonía, hospitales, farmacias o minería. Otras normas de ámbito sectorial (Zonas Francas, Turismo Renovables....) brindan ventajas específicas.  No obstante, varias firmas extranjeras se retraen por lo antes mencionado. Y también por el alto riesgo de impagos, demoras sine die, la no ejecución de los contratos o falta de asignación presupuestaria en proyectos adjudicados por entidades oficiales. Se echa de menos una ley ad-hoc para concesiones, las cuales, descansan solo en algunos capítulos de la ley de Compras Públicas. En particular, resulta insuficiente el tratamiento de la solución de diferencias.

Los problemas han sido agudos en concesiones (carreteras, gestión de basuras, aguas, distribución eléctrica, energía eólica y solar, tierras para zafra, o gestión de transporte urbano) con grandes pérdidas por retirada de permisos y contratos a FCC, Unión Fenosa, Ferrovial, Urbaser (Grupo Dragados), CODACSA, Proactiva (VEOLIA), Azucarera del Guadalfeo, algunas de las cuales acudieron al APPRI bilateral.

Situado en el puesto 88º  de 135 países en competitividad, la implantación de fábricas prácticamente se descarta salvo que vaya dirigida a la exportación.  Ello es así en parte por la posición de dominio de poderosos grupos locales que logran protección oficial para sus intereses, perviviendo monopolios u oligopolios de producción y distribución en cervezas, siderurgia, grasas alimenticias, combustibles, azúcar... Otros problemas enquistados son el déficit de institucionalidad; el bajo nivel educativo de la mano de obra; la inseguridad personal y criminalidad que se han agravado mucho; la baja fiabilidad y alto coste del suministro eléctrico; la cultura de retraso en los pagos del sector público y la inseguridad de los títulos de la tierra.

 

 

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