Marco jurídico

Resumen del marco jurídico para los negocios

El factor más citado por inversionistas españoles, para cualquier inversión que pretenda hacerse en Ecuador, es la falta de seguridad jurídica, mayor en la medida en que el sector de inversión sea un sector sometido a regulación del Estado. Las actividades económicas en sectores privados se desarrollan con mayor seguridad y previsibilidad.

Según el “Índice de Competitividad Global (ICG)” publicado por Foro Económico Mundial (FEM), para el año 2015-2016 Ecuador está en el puesto 76 del ranking de competitividad mundial, de los 142 países analizados, habiendo empeorado su situación, ya que en el año 2014 estaba en el puesto 71. El ICG ofrece un panorama del estado de competitividad en cada país, entendiéndose como el conjunto de instituciones, políticas y factores  que determina el nivel de productividad de un país, así como también la viabilidad que tiene un Estado para recibir inversión privada que fomente su desarrollo económico.

Según el mismo reporte, los factores más problemáticos apara hacer negocios en Ecuador son: las regulaciones laborales restrictivas, las tasas impositivas, las complejas regulaciones tributarias, burocracia ineficiente y las dificultades para acceder a financiamiento.

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Zonas francas y ZEE

Actualmente, las Zonas Especiales de Desarrollo Económico se encuentran reguladas por el Código Orgánico de la Producción, Comercio e inversiones (COPCI) del año 2013 en el título IV Zonas Especiales de Desarrollo Económico. En el COPCI las Zonas Especiales de Desarrollo Económico se definen de la siguiente manera:un destino aduanero, en espacios delimitados del territorio nacionalpara que se asienten nuevas inversiones”.  

Las zonas francas y Zonas Económicas de Desarrollo Especiales de Ecuador vigentes en la actualidad son las siguientes: 

ZEDE

TIPOLOGÍA

UBICACIÓN

ÁREA (ha)

Eloy Alfaro

 

Industrial y Logística

 

Manta, Manabí

1.665

 

Yachay

 

Tecnológica, Industrial y Logística

 

Urcuquí, Imbabura.

 

4.27

 

Posorja

 

Logística.

 

Posorja, Guayaquil, Guayas

127

 

Del Litoral

 

Tecnológica e Industrial

 

Guayaquil, Guayas

200

 

Quito

Industrial y Logística

Tababela, Quito, Pichincha

205

ZOFRAPORT

 

Industrial, Comercial, Servicios

 

Guayaquil, Parroquia Posorja

 

37.39

TAGSA

 

Servicios

 

Guayaquil

 

21.44

TURISFRANCA

 

Turística

 

Quito

 

146.2

EMPSA

 

Servicios

 

Quito, Tababela

 

1448

METROZONA

Industrial, Comercial, Servicios

Quito, Parroquia Yaruquí

14.81

 

Fuente: Ministerio de Producción Comercio Exterior Inversiones y Pesca

 

Dichas Zonas Francas han dinamizado la economía del país y se empiezan a considerar como una gran oportunidad tanto para generar como para atraer inversiones.

Dichas ZEDE-s disponen de los siguientes incentivos en Ecuador: 

Tributarios

- Exoneración de Impuesto a la Renta por 10 años para administradores y operadores.

-Reducción adicional del 10% en la tarifa de IR por 10 años posteriores a la finalización del período de exoneración.

-Exoneración del Impuesto a la Salida de Divisas (5%) sobre importaciones financiamiento y pagos de dividendos.

-Crédito tributario de IVA pagado en compras de materias primas provenientes del territorio nacional.

Reducción de Aranceles

-Exoneración de aranceles en importaciones de mercancías extranjeras que ingresen a dichas zonas, para el cumplimiento de los procesos autorizados.

-Exoneración de IVA en importaciones de bienes destinados exclusivamente a la zona autorizada.

 

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Régimen de inversiones

El Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones representa, junto con la Ley Orgánica de Incentivos para Asociaciones Público-Privadas y la Inversión Extranjera (APP), aprobada en 2015 (y su reglamento en 2016); la Ley de Fomento Productivo , en vigor desde agosto de 2018; y el Reglamento que lo desarrolla, en vigor desde diciembre de 2018; es el marco legal que regula la inversión extranjera en el Ecuador.

Dicha normativa trata de establecer ciertas medidas e incentivos para lograr atraer la inversión pública y privada introduciendo diversas exoneraciones para inversores que cumplan ciertos requisitos como, por ejemplo, la exoneración del impuesto de salida de divisas, entre otras.

Por su parte, la Ley APP, tiene como objetivo posibilitar que el Estado pueda encomendar a los inversionistas la ejecución y financiamiento (total o parcial) de una obra.

La inversión extranjera se define como la inversión que es de propiedad o que se encuentra controlada por personas naturales o jurídicas extranjeras domiciliadas en el extranjero, o que implique capital que no se hubiere generado en el Ecuador. A partir de la vigencia del Código de la Producción, se recoge el principio constitucional de la no discriminación, estableciendo que los inversores nacionales y extranjeros gozarán de igualdad de condiciones respecto a la administración, operación, expansión y transferencia de sus inversiones, y no serán objeto de medidas arbitrarias o discriminatorias. Los inversores extranjeros gozarán de protección y seguridad plenas, de tal manera que tendrán la misma protección que reciben los ecuatorianos dentro del territorio nacional. Se establecen además los denominados “derechos del inversionista”, entre los que destacan la libertad de producción y comercialización, el acceso a los procedimientos administrativos y acciones de control que establezca el Estado para evitar prácticas de competencia desleal, la libertad de importación y exportación de bienes y servicios, así como la libre transferencia al exterior de las divisas generadas.

Naturalmente estas inversiones son consecuentes con la política del Estado ecuatoriano de priorizar la inversión social y ambientalmente sustentable, es decir que genere empleo y no ocasione daños.

Dicho lo anterior, aunque la República del Ecuador garantiza la libertad de inversión en el país, la Constitución de Montecristi (aprobada por plebiscito popular el 28 de septiembre de 2008), en materia de inversiones extranjeras, en sus art. 313 y sucesivos, prohíbe la participación de inversores extranjeros en determinados sectores que se definen como estratégicos: producción y distribución de electricidad, de agua, de recolección y transformación de residuos, de construcción y gestión de carreteras, puertos, aeropuertos, ferrocarriles, etc. Sin embargo, en el art. 316, la Constitución establece también que el Estado podrá delegar la participación en los sectores estratégicos y servicios públicos a empresas mixtas en las cuales tenga mayoría accionarial. La delegación estará sujeta al interés nacional y respetará los plazos y límites fijados en la ley para cada sector estratégico.

Además, según la misma norma, el Estado podrá, de forma excepcional, delegar a la iniciativa privada y a la economía popular y solidaria, el ejercicio de actividades en sectores estratégicos, en los casos que establezca la ley. Finalmente, hay que subrayar como la Constitución (art. 339) da preeminencia absoluta a la inversión estatal, considerando la inversión extranjera como complementaria a la inversión del Estado.

La Constitución ecuatoriana, en el artículo 422 dispone que “no se podrá celebrar tratados o instrumentos internacionales en los que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional, en controversias contractuales o de índole comercial, entre el Estado y personas naturales o jurídicas privadas”. En virtud de este artículo, el 6 de junio de 2009 Ecuador denunció el Convenio de Washington por el que se creó el CIADI (Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones). Dicha denuncia se hizo efectiva el 7 de enero de 2010 lo que significaba Ecuador ya no se sometería al arbitraje del CIADI por las controversias jurídicas que se registren en los contratos firmados con entidades privadas internacionales. No obstante, el 21 de junio de 2021, Ecuador volvió a adherirse al acuerdo del CIADI. El objetivo de esta medida, según las autoridades, es facilitar la atracción de inversiones y dotar de mayor seguridad jurídica al marco jurídico de las inversiones.

En aplicación del mismo artículo de la Constitución, Ecuador denunció los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) en mayo de 2017, a pocos días del cambio de gobierno del expresidente Rafael Correa. El Gobierno de Ecuador considera que los TBI violan las cláusulas de arbitraje de la Constitución, la cual prohíbe al Estado ceder soberanía a una instancia judicial exterior. El 3 de mayo de 2017, la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó la denuncia de 12 tratados bilaterales de inversión (TBI) y el 16 de mayo de ese mismo año el Ejecutivo ratificó la decisión mediante Decreto Ejecutivo y Nota Verbal a los Estados en cuestión y a otros cuatro que ya habían completado el proceso en el legislativo en 2011. Los acuerdos denunciados son con: China, Chile, Venezuela, Países Bajos, Suiza, Canadá, Argentina, Estados Unidos, España, Perú, Bolivia, Italia, Francia, Alemania, Reino Unido y Suecia. Pese a ser denunciado, el TBI con España se encuentra vigente en vista de que la denuncia no se hizo con la antelación debida, por lo que el Tratado sigue en vigor y prorrogado hasta junio de 2022.

Una vez completado el proceso, y, por tanto, hecha efectiva la denuncia, entraría en vigor el denominado “período de supervivencia” de los APRIs (periodo durante el cual seguirían aplicándose), que oscila según el país entre 5 y 20 años (10 años en el caso de España).

Organismos reguladores: El Consejo Sectorial Económico y Productivo es quien define la política de inversiones en el país, organismo adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas. El Consejo Sectorial Económico y Productivo sustituye al Consejo Sectorial de la Producción en la determinación de las políticas de inversión directa y en la expedición de las normas necesarias para su ejecución desde agosto de 2018. Adicionalmente, en enero de 2018 se crea el Comité Estratégico de Promoción y Atracción de Inversiones, dependiente éste del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, con el objetivo de atraer, promover y facilitar la inversión extranjera en el país.
 

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Propiedad inmobiliaria

Compañías de Actividad Inmobiliaria

Normativa

Las compañías cuyo objeto social contempla la actividad inmobiliaria en cualquiera de sus fases: promoción, construcción y comercialización, y que además reciban dinero de sus clientes en forma anticipada a la entrega de las viviendas y edificaciones, para el desarrollo y ejecución de los proyectos inmobiliarios que ofrecen, deberán cumplir con las normas detalladas a continuación.

Obligaciones

1. Ser propietaria del terreno en el cual se desarrollará el proyecto o titular de los derechos fiduciarios del fideicomiso que sea propietario del terreno, lo que se acreditará con el testimonio de la escritura pública contentiva del título traslaticio de dominio y el certificado correspondiente del Registro de la Propiedad.

En caso de no cumplir con lo anterior, será necesario que en las respectivas escrituras públicas de promesa de compraventa y compraventa definitiva, según el caso, comparezca y se obligue la persona natural o jurídica propietaria del terreno.

2. Contar con el presupuesto detallado de cada proyecto, que deberá estar aprobado por la Junta General de Accionistas o Socios o el Directorio de la compañía, e incluirá la proyección de los ingresos necesarios y sus fuentes, incluido el financiamiento, así como los costos y gastos que genere el proyecto inmobiliario.

3. Suscribir a través de su representante legal y en calidad de promitente vendedora, las escrituras públicas de promesa de compraventa con los promitentes compradores de las unidades inmobiliarias.

Sin embargo, de forma previa a la suscripción de la escritura de promesa de compraventa, se podrán recibir valores de los interesados, a título de reserva, siempre que éstos no superen el dos por ciento del valor total y se entregue un soporte documental. Los valores entregados como reserva se imputarán al precio final que se pacte por la unidad habitacional.

4. Construir, dentro de los plazos establecidos, los proyectos inmobiliarios aprobados y autorizados por los organismos competentes en materia de uso de suelo y construcciones, de conformidad con los contratos de promesa de compraventa celebrados con los promitentes compradores de los inmuebles.

5. Suscribir a través de su representante legal las escrituras públicas de compraventa definitiva de transferencia de dominio a favor de los promitentes compradores, de los bienes inmuebles que fueron prometidos en venta.

6. Atender los requerimientos de información que formule la Superintendencia de Compañías y Valores, así como de los organismos públicos que tienen competencias legales en materia de vivienda.

7. Cumplir las disposiciones de la Superintendencia de Compañías y Valores, encaminadas a corregir situaciones que pudieren causar perjuicios a los clientes de la compañía, dentro de los términos o plazos que el organismo de control establezca.

Las compañías que realicen actividad inmobiliaria a través de un fideicomiso mercantil en el que ostenten la calidad de constituyentes, constituyentes adherentes o beneficiarios deberán, además, cumplir con las regulaciones dictadas por el Consejo Nacional de Valores.

Limitaciones

Las compañías que realicen actividad inmobiliaria deben abstenerse de realizar lo siguiente:

a. Ofrecer al público la realización de proyectos en terrenos que no sean de su propiedad o en terrenos que sean de propiedad de fideicomisos respecto de los cuales no sean titulares de los derechos fiduciarios, excepto en los casos en que cuenten con el compromiso por parte de la persona natural o jurídica propietaria del terreno de comparecer y obligarse en las respectivas escrituras públicas de promesa de compraventa y compraventa definitiva.

b. Promover proyectos inmobiliarios que no tengan el presupuesto detallado.

c. Recibir u ordenar cuotas o anticipos en especie o en dinero, sin contar con la autorización prevista en los artículos 470 y 477 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.

d. Suscribir contratos de promesa de compraventa por instrumento privado.

e. Suscribir promesas de compraventa respecto de bienes que han sido prometidos en venta.

f. Destinar el dinero de promitentes compradores participantes de un determinado proyecto inmobiliario o etapa del mismo, a otros proyectos inmobiliarios o etapas que desarrolle la compañía, así como desviarlos a fines distintos al objeto específico para el cual fueron entregados. Sin embargo, tal dinero sí podrá destinarse a la ejecución de las obras comunes de un mismo proyecto inmobiliario.

Solo en caso de contar efectivamente con los valores suficientes para concluir la ejecución de una etapa, la compañía podrá destinar el excedente recibido o por recibir, a la ejecución de otra etapa del mismo proyecto.

Contratos

Los contratos que las compañías inmobiliarias utilicen para vender los bienes inmuebles que comercialicen, deberán observar las disposiciones que sobre la materia constan en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, en la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, y las normas contenidas en el Constitución de la República.

Si en los contratos de promesas de compraventa y de compraventa definitivas se estipularen cláusulas discriminatorias e inequitativas entre las partes, aun cuando se reputan no escritas, podrá denunciarse tal hecho a la Defensoría del Pueblo y a la Superintendencia de Compañías y Valores, además de las acciones judiciales que puedan deducir los promitentes compradores.

Intervención, Disolución y Liquidación

De oficio o a petición de parte, la Superintendencia de Compañías y Valores podrá realizar en cualquier momento inspecciones para verificar que las compañías, en forma previa a la construcción y comercialización de sus proyectos inmobiliarios, han cumplido con lo dispuesto en la normativa vigente. Si de los informes de inspección se generaren observaciones, la Superintendencia de Compañías y Valores notificará al representante legal de la compañía concediéndole un término de hasta treinta días, para que efectúe los descargos de los que se crea asistido. Vencido el término, se evaluarán los descargos presentados y se resolverá si la compañía se encuentra incursa en una o más de las causales de intervención, y si fuere el caso, procederá a declarar el estado de intervención de la compañía, designando uno o más interventores.

Si las exigencias de la Superintendencia de Compañías y Valores para que la compañía aplique correctivos que permitan superar una situación general negativa que comporte riesgo para sus clientes, no son acatadas dentro de los términos o plazos que el organismo de control conceda para tal efecto, la compañía podrá ser declarada disuelta, en la forma contemplada en los artículos 361 y siguientes de la Ley de Compañías.

Fuente: Boletín Jurídico de la Cámara de Comercio de Quito

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Incentivos a la inversión (fiscales, sectoriales, regionales y locales)

 

 

Los Incentivos para la atracción de inversiones privadas vienen recogidos en la Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibro Fiscal (y su respectivo reglamento), aprobados en 2018. Un resumen de las más relevantes, algunas mencionadas con anterioridad, serían las siguientes:

● Exoneración del impuesto a la renta y anticipo, por nuevas inversiones productivas en sectores priorizados, fuera de cantones de Quito y Guayaquil (12 años); en Cantones Quito y Guayaquil (8 años); dentro de cantones de frontera en sector industrial, agroindustrial y agroasociativo (15 años); y, en sectores determinados como industrias Básicas (15 años, en cantón fronterizo 20 años).

● Exoneración del Impuesto a la Salida de Divisas, en nuevas inversiones productivas por contratos de inversión (importaciones de bienes de capital y materia prima y dividendos a favor de beneficiarios efectivos) hasta por el plazo del contrato; y, por pagos de dividendos de sociedades que reinviertan al menos el 50% de las utilidades en inversión de nuevos activos productivos, siempre que los recursos provengan del exterior.

● Exoneraciones de impuesto a la renta: Se incluye exoneración en:

⇒ Utilidades, rendimientos o beneficios a inversionistas en fideicomisos de titularización en el Ecuador (de activos inmuebles).

⇒ Utilidades por enajenación de acciones, participaciones, derechos representativos de capital u otros derechos negociados en Bolsa de Valores en 2 dos fracciones básicas gravadas con tarifa cero del pago del impuesto a la renta.

⇒ Utilidades en cesión de acciones o derechos representativos de capital, obtenidos por cuota presentes en fondos o inversionistas en fideicomisos de titularización.

⇒ Utilidades de administradores y operadores de ZEDES, por 10 años (incluido anticipo de impuesto a la renta) y rebaja en 10 puntos porcentuales en la tarifa impuesto a la renta por 10 años contados luego del periodo de exoneración del impuesto.

⇒ Se incluyen nuevos sectores para la exoneración de impuesto a la renta en inversiones nuevas y productivas: Agrícola, oleoquímica, turismo, cinematografía, audiovisuales y eventos internacionales, exportación de servicios, Software (desarrollo y servicios), hardware tecnológico (producción y desarrollo), infraestructura digital, seguridad informática, productos y contenido digital y servicios en línea, eficiencia energética – empresa de servicios, industrias de materiales y tecnologías de construcción sustentables, sector Industrial, agroindustrial y agroasociativo.

⇒ Acciones, participaciones, derechos representativos u otros derechos: La utilidad en la enajenación o cesión, estará sujeto a la Tabla progresiva del Impuesto Único a la Utilidad, cuya tarifa oscila entre el 2% al 10%.

● Anticipo de Impuesto a la Renta: Se elimina el anticipo mínimo del impuesto. Los sujetos pasivos que calculen el anticipo de acuerdo a la fórmula establecida en el literal b) del numeral 2 del Art. 41, restarán del valor resultante las retenciones en la fuente efectuadas en el ejercicio fiscal anterior.
 

 El Gobierno de Ecuador publicó una guía donde se especifican los trámites legales para los inversores extranjeros en Ecuador: https://www.comercioexterior.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/09/Guia-de-Inversiones-Ec.pdf

A su vez, el propio Gobierno ha anunciado en 2019 la creación de una Ventanilla de Inversiones, para fomentar las inversiones en el país, agilizando los trámites.

 

 

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Representación y agencia

Si el representante fuese un ciudadano extranjero deberá tener en Ecuador la calidad de residente, teniendo que inscribirse como agente de su compañía extranjera en la Cámara de Comercio  del domicilio  principal de sus negocios. Toda compañía extranjera que opere en el Ecuador está sometida a las leyes de la República en cuanto a los actos y negocios jurídicos que hayan de celebrarse o surtir efectos en el territorio nacional.

Está vigente la Ley nº 22, publicada en el Registro Oficial nº 156 de 19 septiembre de 1997, que derogó la anterior legislación. Dicha derogatoria tuvo como objetivo el garantizar la igualdad jurídica entre nacionales y extranjeros y adecuar las relaciones mercantiles entre los representantes, agentes y distribuidores locales con sus principales extranjeros a lo estipulado en el Acuerdo General sobre Comercio de Servicios (CATS), del Tratado de Adhesión a la Organización Mundial del Comercio (OMC). La Constitución ecuatoriana de 2008 en vigor, garantiza, también, este derecho de igualdad.

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Formación de "joint-ventures". Socios locales

En Ecuador las joint ventures son bastante comunes cuando se trata de empresas extranjeras que van a llevar a cabo un proyecto para entidades del Gobierno. Las joint ventures en el sector privado normalmente dan lugar a la formación de corporaciones y asociaciones o consorcios de empresas. Suele ser habitual que para participar en las licitaciones públicas que cuentan con financiación multilateral y en las que no hay restricciones para la participación de empresas extranjeras, éstas conformen con firmas locales un "Compromiso de Asociación o Consorcio" y que en caso de resultar adjudicatarios de dicha licitación, el Consorcio debe ser formalizado de acuerdo con la normativa vigente .

 

 

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Tipos de sociedades

Las operaciones de negocios en Ecuador están reguladas por las leyes que rigen el comercio y las empresas, así como por el Código Civil. Las principales formas de entidades legales que pueden hacer negocios en el Ecuador son:

Corporaciones, también llamadas Sociedades Anónimas. Compañías de Responsabilidad Limitada (S.L.). Sucursales de Corporaciones Extranjeras. Compañía en Nombre Colectivo. Compañía en Comandita Simple. Compañías de Economía Mixta. Compañía Holding o tenedora de acciones.

 

Constitución de sociedades. Formalidades.

Las corporaciones extranjeras pueden establecer sucursales, tras haber cumplido con los procedimientos y solicitudes especiales de domicilio de sucursales, siendo esto necesario para que la empresa pueda ejercer habitualmente sus actividades en Ecuador.

Todos los tipos de empresas de negocios están sujetos a los reglamentos de la Superintendencia de Compañías, la cual revisa los estados financieros anuales y asegura el cumplimiento de las regulaciones existentes. Todas las instituciones financieras están reguladas por la Superintendencia de Bancos.

Para que una compañía constituida en el extranjero pueda ejercer habitualmente sus actividades en el Ecuador es necesario:

Comprobar que está legalmente constituida de acuerdo con la Ley del país en el que se hubiere organizado. Comprobar que conforme a dicha Ley y a sus estatutos puede acordar la creación de sucursales y tiene facultad para negociar en el exterior, y que ha sido válidamente adoptada la decisión pertinente. Tener permanentemente en Ecuador, cuando menos, un representante con amplias facultades para realizar todos los actos y negocios jurídicos que hayan de celebrarse y surtir efectos en el territorio nacional, y especialmente para que pueda contestar las demandas y cumplir las obligaciones contraídas. Igual obligación tendrán las empresas extranjeras que, no siendo compañías, ejerzan actividades lucrativas en el Ecuador. Constituir en el Ecuador un capital destinado a la actividad que se vaya a desarrollar. Su reducción sólo podrá hacerse observando las normas de ésta Ley para la reducción del capital.

Para justificar estos requisitos se presentarán a la Superintendencia de Compañías los documentos constitutivos y los estatutos de la compañía, un certificado expedido por el Cónsul de Ecuador que acredite que está constituida y autorizada en el país de su domicilio y que tiene facultad para negociar en el exterior. Deberá también presentar el poder otorgado al representante y una certificación en la que consten la resolución de la compañía de operar en el Ecuador y el capital asignado para el efecto, capital que no podrá ser menor de dos mil dólares, sin perjuicio de las normas especiales que rijan en materia de inversión extranjera.

Además, el 15 de mayo de 2009, el Gobierno modificó algunos artículos de la Ley de Compañías para conseguir una mayor transparencia en el conocimiento de los socios. Para ello la Superintendencia de Compañías deberá recibir por parte de la empresa una lista de todos los socios (personas naturales o jurídicas) de la compañía extranjera; la lista deberá ser suscrita y certificada, ante Notario Público, por el secretario, administrador o funcionario de la compañía extranjera que tuviera autorización para hacerlo. Adicionalmente si las sociedades extranjeras, que son accionistas de una Compañía Anónima ecuatoriana, estuvieran registradas en alguna Bolsa de Valores extranjera, ésta no deberá presentar la lista completa de sus socios accionistas o miembros, sino que deberá presentar una declaración jurada de tal registro, en donde deberá constar que la totalidad de su capital está representado en acciones o participaciones nominativas.

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Propiedad industrial (marcas, patentes, diseños, licencias)

El Gobierno de Ecuador ha adecuado la legislación interna a los mecanismos internacionales. Se reconoce que las decisiones de la Comunidad Andina y los Convenios Internacionales vigentes en Ecuador, como normas directas de aplicación de los derechos sobre la materia. No hay distinción alguna entre nacionales y extranjeros, domiciliados o no en el Ecuador.

El primer paso dado por Ecuador para lograr este objetivo, fue adherirse a la Organización Mundial del Comercio, suscribir una serie de acuerdos internacionales y aprobar proyectos como la Ley de Propiedad Intelectual, aprobada el 19 de Mayo de 1998 y que incluye marcas, patentes, derechos de autor, variedades vegetales, transferencia de tecnología y represión de la competencia desleal. Esta ley reconoce al Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI) como organismo administrativo competente para promover y proteger, en nombre del Estado, los derechos de propiedad intelectual (www.propiedadintelectual.gob.ec).

Actualmente, según el Código de la Producción, el inversor cuenta con medidas de protección que antes no estaban especificadas en la legislación, como por ejemplo, normas sobre  “competencia desleal”,  “medidas cautelares civiles, penales y aduaneras”,  “solución de conflictos a través del arbitraje nacional o internacional”; otorgando menor protección a los distribuidores locales, y permitiendo así que el inversionista extranjero pueda establecer los parámetros de su inversión a través de una libre negociación acorde con la legislación internacional.

Sin embargo, Ecuador está empeñado en seguir trabajando para mejorar los niveles actuales y alcanzar una total y efectiva protección industrial. Este punto fue uno de los temas que generó mayor dificultad en el Acuerdo Comercial Multipartes entre Ecuador y la UE, cuyas negociaciones terminaron en julio de 2014 y que se espera que entre en vigor en julio/agosto de 2016. La legislación ecuatoriana en materia de propiedad intelectual e industrial al completo, puede encontrarse en el siguiente enlace: http://www.wipo.int/wipolex/es/profile.jsp?code=EC

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Barreras de entrada para inversores españoles

Hay importantes barreras de entrada, que explican el bajo nivel de la inversión extranjera en el país. Algunas de ellas son las siguientes:
• Limitaciones a la inversión privada, especialmente la extranjera, en los Sectores Estratégicos, que se establecen en la Constitución ecuatoriana de 2008 como de control y manejo exclusivo del Estado: energía en todas sus formas, las telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables y la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro radioeléctrico, el agua y aquellos que determine la ley. Esta limitación se ha relativizado con la Ley Orgánica de Asociaciones Público–Privados (APPs).
• Inestabilidad del marco jurídico, falta de seguridad jurídica. Cambios continuos de normas (fundamentalmente en materia tributaria), de criterios en la interpretación y aplicación de la Ley, y escasa confianza el sistema judicial que se percibe como excesivamente dependiente del poder ejecutivo.
• Todas las salidas de divisas están gravadas con un Impuesto a la Salida de Divisas (ISD), cuya tarifa es del 5%, si bien el actual Presidente anunció su eliminación
• Política muy estricta y exigente con los inversores extranjeros en materia fiscal.
• El CDI existe entre España y Ecuador, sin embargo, hay un límite máximo que hace que, a partir de un determinante montante, si el origen es el mismo proveedor, no aplique el convenio automáticamente, y que aproximadamente corresponde a 0,5M$.

 

 

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  • Movilidad Internacional
  • Barreras Comerciales
  • ICE
  • Datainvex