Marco jurídico

Resumen del marco jurídico para los negocios

La estructura jurídica empresarial está hecha a imagen y semejanza de la francesa, por lo tanto, muy similar a la española. Comparativamente a otros países de la subregión, Gabón se presenta como un país de vocación liberal que pone pocas trabas jurídicas al establecimiento de empresas extranjeras y ofrece un clima de negocios con una seguridad jurídica aceptable.

Volver a índice de Marco jurídico

Organismos de apoyo a la inversión extranjera

La estructura jurídica empresarial está hecha a imagen y semejanza de la francesa, por lo tanto, muy similar a la española. Comparativamente a otros países de la subregión, Gabón se presenta como un país de vocación liberal que pone pocas trabas jurídicas al establecimiento de empresas extranjeras y ofrece un clima de negocios con una seguridad jurídica aceptable.

Volver a índice de Marco jurídico

Cuadro de organismos de apoyo a la inversión extranjera

La estructura jurídica empresarial está hecha a imagen y semejanza de la francesa, por lo tanto, muy similar a la española. Comparativamente a otros países de la subregión, Gabón se presenta como un país de vocación liberal que pone pocas trabas jurídicas al establecimiento de empresas extranjeras y ofrece un clima de negocios con una seguridad jurídica aceptable.

Volver a índice de Marco jurídico

Detalle del APPRI con España

La estructura jurídica empresarial está hecha a imagen y semejanza de la francesa, por lo tanto, muy similar a la española. Comparativamente a otros países de la subregión, Gabón se presenta como un país de vocación liberal que pone pocas trabas jurídicas al establecimiento de empresas extranjeras y ofrece un clima de negocios con una seguridad jurídica aceptable.

Volver a índice de Marco jurídico

Otros incentivos a la inversión

La estructura jurídica empresarial está hecha a imagen y semejanza de la francesa, por lo tanto, muy similar a la española. Comparativamente a otros países de la subregión, Gabón se presenta como un país de vocación liberal que pone pocas trabas jurídicas al establecimiento de empresas extranjeras y ofrece un clima de negocios con una seguridad jurídica aceptable.

Volver a índice de Marco jurídico

Contratación Pública. Criterios de adjudicación de contratos

El régimen de contratación pública de Gabón ha evolucionado considerablemente con la adopción de un nuevo Código de Contratación Pública en 2012 -Decreto Nº 0254/PR/MEEDD, de 19 de junio de 2012-. Los principales avances del nuevo Código se refieren, entre otros temas, al fortalecimiento del sistema de control, una mayor sistematización de la competencia y el establecimiento de un organismo de reglamentación. El Código se aplica principalmente a las compras del Estado, de las colectividades locales, de los establecimientos públicos, de los organismos del Estado cuyos recursos provienen de las finanzas públicas (con excepción del Ministerio de Defensa), y de las empresas con participación mayoritaria del Estado, en los casos en que la cuantía del contrato es igual o superior a los umbrales fijados por ley. El umbral depende del beneficiario y del carácter del contrato. En el caso de la contratación por el Estado, establecimientos públicos y sociedades estatales, el umbral se fija en:

- 35 millones de francos CFA para las obras; 

- 20 millones de francos CFA para los suministros; 

- y 15 millones de francos CFA para los servicios y prestaciones intelectuales.

En el caso de la contratación por colectividades locales y sus establecimientos públicos, para las operaciones mencionadas supra, los umbrales se fijan en 20 millones, 10 millones y 5 millones de francos CFA, respectivamente. El nuevo marco jurídico de la contratación pública prohíbe, entre otras, las prácticas de colusión entre licitadores, así como el fraccionamiento del mercado.

El nuevo Código de Contratación Pública establece una distinción entre los órganos de contratación pública, de control y de reglamentación. La persona responsable de la contratación (designada por el representante del organismo público contratante), con la asistencia de una comisión de evaluación de las ofertas, se encarga del procedimiento de contratación hasta la designación del adjudicatario y la aprobación final del contrato.
La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGMP) se encarga de controlar las operaciones de contratación y ejecución de contratos públicos; la Unidad de Contratación Pública examina el conjunto de las operaciones de contratación, desde la etapa de planificación hasta la adjudicación del contrato; y, previa habilitación por el Director General de Contratación Pública, las delegaciones provinciales de contratación pública controlan los procedimientos de contratación dentro de los límites de su competencia territorial.
El Organismo de Reglamentación de la Contratación Pública (ARMP) se encarga de reglamentar la contratación pública. Entre otras funciones, se ocupa de la auditoría técnica independiente y de la sanción de las irregularidades constatadas; de la resolución no jurídica de los litigios resultantes de los contratos públicos; así como de la participación en la formulación de leyes y reglamentos por los que se rige la contratación pública.
En principio, los contratos se adjudican mediante licitaciones abiertas. No obstante, excepcionalmente, la autoridad contratante puede utilizar uno de los métodos alternativos de licitación, conforme a las condiciones especificadas en la ley. En la práctica, las licitaciones abiertas pueden ir precedidas de una precalificación en el caso de las obras de gran envergadura o de equipos complejos o servicios especiales, o en el caso de un contrato sumamente complejo que se adjudica sobre la base de criterios relativos a los resultados y no de especificaciones técnicas detalladas. En el caso de un servicio de diseño (ordenación del territorio, urbanismo, arquitectura, etc.), la licitación puede adoptar la forma de concurso.

La autoridad contratante sólo podrá recurrir a la licitación restringida cuando el contrato, por su naturaleza, sólo pueda ser ejecutado por un número limitado de proveedores. En tal caso, se deberá invitar a todos los candidatos competentes debidamente calificados. Excepcionalmente los contratos públicos pueden adjudicarse mediante contratación directa (es decir, sin licitación), previa autorización especial de la DGMP, y en uno de los casos limitativos que incluyen, por ejemplo, la competencia del proveedor, problemas de derechos de propiedad intelectual, o de secretos en materia de defensa.
El aviso de licitación, así como toda decisión de adjudicación de un contrato público (tras la validación de los resultados por la DGMP) debe publicarse obligatoriamente en el Diario de Contratación Pública (o en cualquier otra publicación nacional o internacional). También se puede publicar en línea en un sitio Web dedicado a la contratación pública en el Gabón -
http://www.marchespublics.gouv.ga-.

En el nuevo Código se prevén preferencias nacionales y comunitarias. En efecto, en el caso de contratos públicos mediante licitación o contratación directa, se otorga prioridad a las ofertas equivalentes de empresas que cumplan una de las condiciones siguientes: ser una empresa de derecho gabonés, desempeñar una actividad económica en el territorio del Gabón, ser una PYME cuyo capital esté totalmente en manos de gaboneses o de sociedades constituidas conforme al derecho del Gabón, o constituir una agrupación de empresas con socios gaboneses o que prevea una importante subcontratación de nacionales. El margen de preferencia nacional se eleva al 10% para la contratación de obras y al 15% para la de suministros. 

En el contexto regional, se puede otorgar una preferencia comunitaria a todo licitador que sea residente en la CEMAC a efectos fiscales cuando se trate de: proveedores que ofrezcan manufacturas que contengan, al menos, el 30% del valor añadido de un país de la CEMAC; empresas de construcción, obras públicas o instalaciones industriales, en las que al menos el 30% de los insumos o el 30% de los empleados sean de origen comunitario; y proveedores de servicios o consultores, cuyos servicios tengan, al menos, un 50% de origen comunitario.

Los litigios relativos a la contratación pública pueden resolverse ante la persona responsable del contrato o ante el Organismo de Reglamentación de la Contratación Pública. El licitador que se considere perjudicado puede presentar una demanda dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de publicación de la decisión de adjudicación del contrato, o dentro de los 10 días anteriores a la fecha prevista para la presentación de las licitaciones. Las decisiones del ARMP pueden ser objeto de recurso ante la jurisdicción administrativa competente.   

Volver a índice de Marco jurídico

Régimen de inversiones

En general, la política de inversiones es competencia del Ministerio de Industria o de los demás ministerios responsables de los sectores de actividad económica para las cuestiones de tipo técnico y del Ministerio de Hacienda para las cuestiones financieras. El marco reglamentario básico para toda inversión en Gabón es la Carta de Inversiones de 1998 - Ley 15/98 -, complementada por regímenes específicos para la explotación de los recursos naturales, como el Código de Minería, y el régimen de prospección petrolera.

Gabón mantiene un régimen de promoción de las pequeñas y medianas empresas e industrias en todos los sectores de actividad - Ley 16/2005 -. No obstante, su aplicación efectiva sigue tropezando con dificultades. 

La Carta de Inversiones concede garantías a todos los inversores extranjeros, sin distinción de nacionalidad. Asimismo, garantiza la libertad de empresa para todo inversor; el derecho de propiedad, incluida la intelectual; el derecho a repatriar los capitales invertidos y los beneficios obtenidos, así como los ahorros salariales del personal expatriado; el derecho de acceso a las divisas y la libre circulación de capitales; y la aplicación transparente del derecho mercantil y laboral.

El Centro de Desarrollo Empresarial (CDE), anteriormente el Organismo de Promoción de las Inversiones Privadas (APIP), se encarga de los trámites administrativos exigidos a los inversores. Según el Examen de Políticas Comerciales de Gabón realizado por la Organización Mundial del Comercio (OMC), el plazo medio para la constitución de una empresa en Gabón es de unos 9 días (mientras que la Carta prevé un lapso de 48 horas). Asimismo, toda inversión directa en Gabón debe acompañarse de una declaración previa y, en los 20 días siguientes a la fecha de la operación, de un informe dirigido al Ministerio de Hacienda.

Gabón se ha adherido a los principales dispositivos internacionales de garantía de las inversiones. Es miembro del Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (OMGI) del Banco Mundial, lo que permite a las empresas extranjeras beneficiarias recibir una garantía del OMGI para sus inversiones en estos países. La garantía es variable, pero cubre, por lo general, los riesgos de restricciones de cambio, expropiación, violación de contrato y pérdidas causadas por conflictos (incluido el terrorismo). La condición de miembro permite obtener asistencia técnica del OMGI para poder atraer inversiones extranjeras. Asimismo es país signatario del convenio del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), institución que facilita la conciliación y el arbitraje de las diferencias relativas a inversiones entre los Estados contratantes y los nacionales de otros Estados contratantes. 

Según el informe Doing Business 2018 del Banco Mundial, Gabón se sitúa en la posición 167 de un total de 189 en clima de negocios. Según el informe, el plazo medio para constituir una sociedad de responsabilidad limitada es de 33 días.

 

Volver a índice de Marco jurídico

Propiedad inmobiliaria

La Ordenanza  n°00000005 / PR del 13 de febrero de 2012 que fija el nuevo régimen de la propiedad inmobiliaria en Gabón. Este texto, que deroga la ley n°15 / 63 del 8 de mayo de 1963 y promovido por los departamentos ministeriales de la Economía y el Hábitat, responde a una preocupación de actualización y de creación de un nuevo marco jurídico, necesario para la puesta en ejecución de la nueva política de acceso a la propiedad privada impulsada por el Jefe de Estado. Este texto comprende varias innovaciones:

• Para un acceso amplio y rápido a la propiedad privada, los artículos 4 - 18 instituyen registros de la propiedad en cada capital de Provincia. Mientras que el antiguo texto preveía sólo un registro para toda la extensión del territorio nacional.

                                   
• Tratándose del procedimiento de la inmatriculación, los artículos 40 - 45 atribuyen la competencia al tribunal de primera instancia del lugar de situación del edificio, para conocer expedientes de inmatriculación con vistas a autorizar al registro de la propiedad a crear un título de propiedad por mandato, si no hay oposición registrada durante el procedimiento, o por sentencia, si sí existe.


• Para la creación rápida del título de propiedad, los artículos 34 - 39 consagran la supresión de una publicación y de un amojonamiento para inmatriculación o amojonamiento definitivo. También reducen los plazos de oposición de 2 meses a 15 días y hacen correr estos plazos desde la fecha de publicación del requerimiento, en lugar de desde la fecha de la publicación.

 

Volver a índice de Marco jurídico

Incentivos a la inversión (fiscales, sectoriales, regionales y locales)

Los incentivos a la inversión vienen recogidos en la ley de Inversiones 15/98 de 23 de julio de 1998, y se resumen en:

  • Posibilidad de negociar los derechos de aduana y el IVA a pagar si la inversión realizada es de un volumen importante.
  • No se requiere autorización pública para realizar inversiones.
  • No hay restricciones a personas ni empresas extranjeras a ser propietarios de bienes terrenos o propiedades.
  • No hay necesidad de contar con un socio local en las empresas establecidas en el país.
  • Libre repatriación de capitales.
  • Existen exenciones fiscales para las empresas de nueva creación así como para las de los sectores turístico y agrícola, los códigos sectoriales como el minero, petrolero y forestal prevén incentivos fiscales.
  • Estabilidad política, clima propicio para los negocios, presencia de servicios como bancos, aseguradoras, abogados, la Confederación Gabonesa Patronal (CGP). 

Hay que destacar los esfuerzos de Gabón para atraer inversiones extranjeras. Ello queda patente en la reciente creación del Centro de Desarrollo de la Empresa (CDE), con una ventanilla única mediante la cual pretenden, no sólo incentivar las inversiones, sino facilitar los trámites de las mismas. 

 

La nueva Zona Económica Especial de Nkok, ofrece una serie de ventajas; algunas de ellas son: exención durante 10 años del pago de impuesto de sociedades, seguido de un periodo de 5 años a un 10%; exención total en la importación de bienes de equipo y bienes intermedios; y la exención durante 10 años del pago del IVA. La repatriación de dividendos es ilimitada y libre de impuestos, y las leyes laborales serán flexibles durante 7 años para la empleabilidad de trabajadores extranjeros. Adicionalmente, el suministro eléctrico tendrá una subvención del 50% del precio marcado por la Sociedad de Agua y Energía de Gabón (SEEG).

 

 

Volver a índice de Marco jurídico

Formación de "joint-ventures". Socios locales

No son necesarios socios locales. Sobre las joint ventures, el Estado está asociado con empresas privadas en ciertos sectores clave para el país, y está muy interesado en los partenariados público-privados, que le permiten desarrollar los proyectos necesarios en el país con el apoyo financiero y técnico de una empresa extranjera con experiencia en el sector. Por ejemplo la Sociedad de Agua y Energía de Gabón (SEEG), consiste en una “joint venture” con la empresa Veolia, cuyo contrato termina el 30 de junio de 2017. Otro caso relativamente reciente es la Zona Económica Especial de Nkok, que consiste en la asociación del estado gabonés con la empresa OLAM, multinacional del sector agroalimentario con sede en Singapur, la cual posee el 60% de las acciones y gestiona su funcionamiento.

Volver a índice de Marco jurídico

Tipos de sociedades

Gabón está afiliada a la Organización para la Armonización del Derecho de Negocios en África (OHADA) cuya legislación permite a los inversores extranjeros elegir libremente entre una amplia selección de las estructuras de negocios legales tal como una Sociedad de Responsabilidad Limitada o una Sociedad Anónima. Las diferencias, entre una u otra forma jurídica, se deben principalmente a las exigencias de capital mínimo, las condiciones en que las acciones pueden revenderse o a la extensión de la responsabilidad de las deudas sociales a los socios.

Las más habituales son:

La Sociedad Anónima: se caracteriza por disponer de más de un socio, pero no hay un número máximo fijado por ley. El capital social mínimo es de 10 millones de francos CFA (15.000 euros) y el valor de cada acción es de 10.000 francos CFA (15 euros), mínimo. La Sociedad Anónima será administrada por un Consejo de Administración que estará compuesto por al menos tres miembros, y como máximo por 12 miembros. Sólo un tercio de los miembros puede no tener accionariado.

La Sociedad de Responsabilidad limitada: que puede constituirse con un solo socio y un máximo de 50. El capital social mínimo es de 1 millón de francos CFA (1.500 euros) y cada acción tiene un valor nominal mínimo de 5.000 (7,5 euros). La SARL será administrada por una o varias personas físicas asociadas o no.

Constitución de sociedades.

La Sucursal: el acto uniforme de la OHADA que regula las sucursales, establece que toda sucursal perteneciente a una sociedad extranjera, debe, en los dos años que siguen a su constitución, transformarse en una sociedad que tenga sede en algún país de la OHADA (salvo caso de derogación acordada por el Ministerio de Comercio). En el pasado, el Estado establecía escaso control sobre estos plazos, por lo que las sucursales se mantenían indefinidamente abiertas. En la actualidad el control es cada vez mayor, lo que ha llevado a una drástica bajada del número de sucursales que se constituyen en el país (resulta más barato crear desde el principio una sociedad de derecho gabonés que crear una sucursal y transformarla al cabo de dos años.

Para facilitar los procedimientos administrativos en la creación de empresas, el gobierno gabonés puso en marcha la ventanilla única. Con anterioridad, hasta marzo de 2010, el organismo competente era la Agencia de Promoción de las Inversiones Privadas (APIP). Sin embargo, en la actualidad, y desde el 2 de febrero de 2012, el Centro de Desarrollo de Empresas (CDE), situado al norte de Libreville, en el barrio de Okala, es la institución con las competencias para facilitar la creación de empresas en menos de 30 días.

El proceso de creación es el siguiente:

1.    El certificado de los estatutos para el CDE: se aplica únicamente a las empresas privadas, conforme a las normas de la Ohada. Es gratuito y se realiza en pocas horas.

2.    El registro de los estatutos e impuestos: los estatutos certificados por la CDE, copias compulsadas y el acta de la asamblea general constitutiva de la empresa, se registran en la Dirección General de Impuestos. Cada página de los estatutos, precisa de un sello fiscal con un coste de 500 CFA (0,76€) cada una.

3.    El depósito de informes en la ventanilla única del CDE: es importante que los impresos IMO1, IMO2 y IMO3 y la actividad de la empresa estén bien formulados..

4.    Darse de alta en el Registro de Comercio y Crédito Mobiliario (RCCM).

5.    Obtención de un número de identificación fiscal (NIF).

6.    La última firma, por parte del Director General del CDE.

7.    Centro de la Propiedad Industrial de Gabón (CPIG) y la Caja Nacional de Seguridad Social (CNSS): una vez completados todos los procesos, es aconsejable que la empresa proteja su razón social ante el CPIG; siguiendo las normas de la Organización Africana de Propiedad Industrial (OAPI). Asimismo, registrarse en el CNSS, permitirá obtener un número de cotización e información útil sobre la legislación de trabajo de Gabón.

8.    El anuncio legal de la creación de la empresa: es necesario publicar en el diario de anuncios legales, la creación de la empresa; siguiendo las normas de la OHADA.

 

Los documentos a entregar dependen de la razón jurídica de la empresa:

·         Personas jurídicas:

o    9 formularios (4 del Servicio de Registro de la Dirección General de Impuestos y 5 del Registro de Comercio).

o    8 ejemplares de los estatutos.

o    5 copias de la Autorización Técnica.

o    2 copias del documento nacional de identidad, del permiso de residencia o del visado.

o    2 ejemplares de la lista de gerentes, asociados o administradores de la sociedad.

o    2 ejemplares del informe judicial de los miembros de la lista antes mencionada.

·         Documentos extra para las Sociedades Anónimas (SA):

o    5 ejemplares de los estatutos.

o    5 ejemplares de la Declaración y Pago de la Suscripción Notarial.

o    5 ejemplares del proceso de la primera sesión del Consejo de Administración o de la Asamblea General Constitutiva.

·         Documentos extra para Sociedades Limitadas (SARL), Sociedades Comerciales (SNC) y Sociedades Comanditarias (SCS):

o    6 copias de los estatutos de la casa matriz.

o    8 ejemplares del proceso verbal del Consejo de Administración, decisores de la apertura de la sucursal gabonesa.

o    5 copias del pasaporte del gerente.

o    5 copias del contrato, que justifique la apertura de la sucursal.

Tasas del dosier CDE:

Gaboneses: 50.000 FCFA

Extranjeros: 200.000 FCFA

A estas tasas hay que añadir las correspondientes a las tasas judiciales del Tribunal de Comercio que varían en función del capital de la empresa. En el caso de una SL de un millón de FCFA las tasas del Tribunal de Comercio ascenderían a 25.000 FCFA.

 

Volver a índice de Marco jurídico

Propiedad industrial (marcas, patentes, diseños, licencias)

En su calidad de signatario del Acuerdo de Bangui (1977), Gabón es miembro de la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI), compuesta en la actualidad por 16 Estados. La revisión del Acuerdo de Bangui se firmó en 1999, con el objetivo, entre otras cosas, de poner sus disposiciones en conformidad con el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC). El Acuerdo revisado entró en vigor el 28 de febrero de 2002 y su ámbito de aplicación abarca las patentes de invención (anexo I), los modelos de utilidad (anexo II), las marcas de fábrica o de comercio y de servicios (anexo III), los dibujos y modelos industriales (anexo IV), los nombres comerciales (anexo V), las indicaciones geográficas (anexo VI), el derecho de autor y los derechos conexos (anexo VII), y la protección contra la competencia desleal (anexo VIII) .La entrada en vigor del anexo X, relativo a la protección de las obtenciones vegetales mediante patentes según lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC de la Organización Mundial del Comercio (OMC), tuvo lugar en 2006. El Consejo de Administración de la OAPI retrasó la entrada en vigor del anexo IX, referente a los esquemas de trazado (topografías) de los circuitos integrados, que deben ser protegidos en virtud del artículo 35 del Acuerdo sobre los ADPIC, por no disponer de las competencias necesarias para recibir las solicitudes de protección. La duración de la protección establecida por este Acuerdo se define de conformidad con el Acuerdo sobre los ADPIC de la OMC.

Objeto

Acuerdo de Bangui (1999)

Patentes de invención

20 años

Modelos de utilidad

10 años

Marcas de fábrica o de comercio y de servicios

10 años, renovable cada 10 años

Dibujos y modelos industriales

5 años, puede prorrogarse por períodos de 5 años

Nombres comerciales

10 años, renovable cada 10 años

Indicaciones geográficas

No se aplica

Denominaciones de origen

No se aplica

Propiedad literaria y artística

 

- Derecho de autor

Duración de la vida del autor + 70 años después de su muerte

- Películas, programas de radiodifusión y audiovisuales

70 años

- Fotografías (obras de arte aplicadas)

25 años

- Derechos conexos relativos a interpretaciones y ejecuciones

50 años

- Derechos conexos relativos a fonogramas

50 años

- Derechos conexos relativos a emisiones radiofónicas

25 años

Protección contra la competencia desleal

 

Esquemas de trazados (topografías) de circuitos integrados. No está en vigor

10 años

Protección de las obtenciones vegetales

25 años

 

El Centro de Propiedad Industrial de Gabón (CEPIG), dependiente del Ministerio de Industria, desempeña la función de organismo nacional de enlace con la OAPI. Para iniciar el procedimiento administrativo de registro de los títulos de propiedad industrial, se debe presentar una solicitud al CEPIG. Con respecto al derecho de autor y derechos conexos, el Gabón dispone, además del Acuerdo de Bangui revisado (1977), de la Ley nacional 1/87. El Decreto Nº 00452/PR establece el reglamento general relativo a la gestión del derecho de autor y derechos conexos, y el Decreto Nº 453/PR fija el monto de los gravámenes relacionados. Aunque su función principal es la promoción de las obras culturales, tradicionalmente la gestión y protección del derecho de autor y derechos conexos han estado bajo la responsabilidad de la Agencia Nacional de Promoción Artística y Cultural (ANPAC). Según las autoridades, la Agencia nunca ha contado con los medios apropiados para desempeñar esa función de protección del derecho de autor. Por consiguiente, en 2012 se creó la Oficina Gabonesa de Derecho de Autor y Derechos Conexos (BUGADA) con objeto de mitigar las disfunciones de la ANPAC. Al parecer, se están preparando textos reglamentarios con miras a la puesta en marcha de la Oficina. Según el último Examen de Políticas Comerciales de Gabón realizado por la OMC, las marcas y nombres comerciales son las categorías de derechos de propiedad intelectual que se infringen con frecuencia. Las falsificaciones afectan especialmente al sector alimentario (en gran parte, las bebidas), el tabaco, los electrodomésticos, los teléfonos móviles, las pilas, las piezas sueltas de automóviles, los productos farmacéuticos, y los artículos de lujo y las prendas de vestir. En el marco de la Dirección de Aduanas, el servicio de investigación e información aduanera de la Dirección de lucha contra el fraude aduanero y litigios se ocupa de frenar las infracciones de los derechos de propiedad intelectual. Actúa a petición de los titulares del derecho. Las sanciones aplicables en caso de infracción de los derechos de propiedad intelectual son las previstas en el Acuerdo de Bangui. No obstante, apenas se aplican.

Volver a índice de Marco jurídico

Razones y ventajas para la implantación de empresas españolas

En su calidad de signatario del Acuerdo de Bangui (1977), Gabón es miembro de la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI), compuesta en la actualidad por 16 Estados. La revisión del Acuerdo de Bangui se firmó en 1999, con el objetivo, entre otras cosas, de poner sus disposiciones en conformidad con el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC). El Acuerdo revisado entró en vigor el 28 de febrero de 2002 y su ámbito de aplicación abarca las patentes de invención (anexo I), los modelos de utilidad (anexo II), las marcas de fábrica o de comercio y de servicios (anexo III), los dibujos y modelos industriales (anexo IV), los nombres comerciales (anexo V), las indicaciones geográficas (anexo VI), el derecho de autor y los derechos conexos (anexo VII), y la protección contra la competencia desleal (anexo VIII) .La entrada en vigor del anexo X, relativo a la protección de las obtenciones vegetales mediante patentes según lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC de la Organización Mundial del Comercio (OMC), tuvo lugar en 2006. El Consejo de Administración de la OAPI retrasó la entrada en vigor del anexo IX, referente a los esquemas de trazado (topografías) de los circuitos integrados, que deben ser protegidos en virtud del artículo 35 del Acuerdo sobre los ADPIC, por no disponer de las competencias necesarias para recibir las solicitudes de protección. La duración de la protección establecida por este Acuerdo se define de conformidad con el Acuerdo sobre los ADPIC de la OMC.

Objeto

Acuerdo de Bangui (1999)

Patentes de invención

20 años

Modelos de utilidad

10 años

Marcas de fábrica o de comercio y de servicios

10 años, renovable cada 10 años

Dibujos y modelos industriales

5 años, puede prorrogarse por períodos de 5 años

Nombres comerciales

10 años, renovable cada 10 años

Indicaciones geográficas

No se aplica

Denominaciones de origen

No se aplica

Propiedad literaria y artística

 

- Derecho de autor

Duración de la vida del autor + 70 años después de su muerte

- Películas, programas de radiodifusión y audiovisuales

70 años

- Fotografías (obras de arte aplicadas)

25 años

- Derechos conexos relativos a interpretaciones y ejecuciones

50 años

- Derechos conexos relativos a fonogramas

50 años

- Derechos conexos relativos a emisiones radiofónicas

25 años

Protección contra la competencia desleal

 

Esquemas de trazados (topografías) de circuitos integrados. No está en vigor

10 años

Protección de las obtenciones vegetales

25 años

 

El Centro de Propiedad Industrial de Gabón (CEPIG), dependiente del Ministerio de Industria, desempeña la función de organismo nacional de enlace con la OAPI. Para iniciar el procedimiento administrativo de registro de los títulos de propiedad industrial, se debe presentar una solicitud al CEPIG. Con respecto al derecho de autor y derechos conexos, el Gabón dispone, además del Acuerdo de Bangui revisado (1977), de la Ley nacional 1/87. El Decreto Nº 00452/PR establece el reglamento general relativo a la gestión del derecho de autor y derechos conexos, y el Decreto Nº 453/PR fija el monto de los gravámenes relacionados. Aunque su función principal es la promoción de las obras culturales, tradicionalmente la gestión y protección del derecho de autor y derechos conexos han estado bajo la responsabilidad de la Agencia Nacional de Promoción Artística y Cultural (ANPAC). Según las autoridades, la Agencia nunca ha contado con los medios apropiados para desempeñar esa función de protección del derecho de autor. Por consiguiente, en 2012 se creó la Oficina Gabonesa de Derecho de Autor y Derechos Conexos (BUGADA) con objeto de mitigar las disfunciones de la ANPAC. Al parecer, se están preparando textos reglamentarios con miras a la puesta en marcha de la Oficina. Según el último Examen de Políticas Comerciales de Gabón realizado por la OMC, las marcas y nombres comerciales son las categorías de derechos de propiedad intelectual que se infringen con frecuencia. Las falsificaciones afectan especialmente al sector alimentario (en gran parte, las bebidas), el tabaco, los electrodomésticos, los teléfonos móviles, las pilas, las piezas sueltas de automóviles, los productos farmacéuticos, y los artículos de lujo y las prendas de vestir. En el marco de la Dirección de Aduanas, el servicio de investigación e información aduanera de la Dirección de lucha contra el fraude aduanero y litigios se ocupa de frenar las infracciones de los derechos de propiedad intelectual. Actúa a petición de los titulares del derecho. Las sanciones aplicables en caso de infracción de los derechos de propiedad intelectual son las previstas en el Acuerdo de Bangui. No obstante, apenas se aplican.

Volver a índice de Marco jurídico

Barreras de entrada para inversores españoles

En Gabón, como en la mayor parte de África Subsahariana, las barreras a la inversión derivan de la poca transparencia y débil capacidad institucional, que hace que el clima de negocios no favorezca demasido la inversión privada. Así en el Doing Business 2018 del Banco Mundial, Gabón ocupa el puesto 167 (entre 190 países). Puntua de una forma especialmente negativa en materia de cumplimiento de contratos, registro de propiedad y acceso a la energía.

Volver a índice de Marco jurídico