Marco jurídico

Resumen del marco jurídico para los negocios

En Guinea Ecuatorial existen oportunidades para las empresas extranjeras que quieran hacer negocios en el país. Sin embargo, una de las principales barreras con que se topa el empresario extranjero es la inseguridad jurídica existente. Esta situación queda reflejada en los varios indicadores anteriormente mencionados.

El Banco Mundial considera, en su Índice de Gobernanza Mundial, que tanto la calidad regulatoria como la seguridad jurídica de Guinea Ecuatorial son significativamente bajas en relación con otros países del África Subsahariana. En particular sitúa a Guinea Ecuatorial en el decil más bajo de su clasificación mundial de ambos apartados.

El Índice Doing Business del Banco Mundial de 2019 califica a Guinea Ecuatorial en el puesto 178º de un total de 190 países respecto a la facilidad que se otorga para hacer negocios, habiendo disminuido 5 puestos con respecto al año anterior. Cabe destacar que se sitúa en el puesto 105º en el apartado de cumplimiento de contratos mientras otorga la 183º posición en el apartado de apertura de un negocio.

El Índice Ibrahim de Gobernanza en África de la Fundación Mo Ibrahim de 2019 sitúa a Guinea Ecuatorial en el puesto 48º de un total de 54 países africanos, alcanzando el puesto 46º en el apartado de seguridad jurídica e imperio de la ley.

El Índice de Libertad Económica de The Heritage Foundation sitúa a Guinea Ecuatorial en el puesto 167º de un total de 180, en el grupo de países con menor libertad económica. A nivel del África Subsahariana sitúa a Guinea Ecuatorial en el puesto 45º de un total de 47 países. 

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Contratación Pública. Criterios de adjudicación de contratos

En Guinea Ecuatorial no existe legislación relativa a compras públicas y el nivel de corrupción es elevado. Cabe mencionar que está permitido que los ministros y otros altos cargos tengan participación en empresas que contratan con el sector público e incluso con su mismo ministerio.

Salvo alguna rara excepción, solo los escasos proyectos que cuentan con financiación de organismos financieros multilaterales se publican y pasan por un proceso de licitación. Por ello, las empresas que quieren contratar con la administración deben mantener una relación fluida y constante con los ministerios para informarse de los proyectos considerados.

Una vez adjudicado el proyecto, el Jefe de Estado firma la Orden de Servicio y se procede a la elaboración del contrato en el que participan el Ministerio sectorial pertinente, el Ministerio de Hacienda Pública y GEproyectos. Tras la firma del contrato se presenta el proyecto y la empresa comienza los trabajos.

Debe tenerse en cuenta que contratar con la administración es un proceso lento —entre uno y dos años—, por lo que es necesario tener sede o viajar frecuentemente al país para tener éxito en el proceso. 

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Régimen de inversiones

La normativa que regula la inversión extranjera en Guinea Ecuatorial es la siguiente: 

·         Ley 7/1992 sobre régimen de inversiones

·         Ley 2/1994 que introduce modificaciones a la ley anterior

·         Ley 16/1995 por la que se regula a las pequeñas y medianas empresas

·         Ley 127/2004 por la que se dictan normas complementarias que potencian la participación nacional en la actividad empresarial

·         Ley 8/2006 de 3 de noviembre de hidrocarburos

·         Ley 9/2006 de 3 de noviembre de minas

Las inversiones extranjeras, salvo la realizadas en actividades mineras e hidrocarburos, están sujetas a la Ley 7/1992 sobre régimen de Inversiones, de 30 de abril de 1992, posteriormente modificada por la Ley 2/1994 de 6 de junio. Ambas leyes supusieron una reforma de la anterior Ley de 1979 sobre Inversión de capital extranjero con el fin de adaptarse a las exigencias impuestas por la adhesión del país a la Comunidad Económica y Monetaria de África Central (CEMAC) en 1984. Como inversión de capital extranjero se entiende aquella realizada por personas físicas o jurídicas extranjeras, así como por ecuatoguineanos con residencia legal en el exterior con fondos provenientes del exterior.

Por otro lado, la Ley 16/1995 de 13 de junio por la que se regula las pequeñas y medianas empresas fomenta el desarrollo de las PYMES nacionales —con dirección y al menos un 51% del capital social en manos de ecuatoguineanos— estableciendo diferentes incentivos.

El Decreto 127/2004 dispone normas complementarias que potencian la participación nacional en la actividad empresarial. Entre otros aspectos, este decreto establece que las empresas que se instalan con un contrato de obras públicas concertarán con los nacionales acuerdos de participación de los beneficios de entre el 5% y el 10%. Además, el decreto establecía la obligatoriedad de contar en su accionariado con la participación de personas físicas ecuatoguineanas o de empresas constituidas exclusivamente por nacionales y cuya participación debía ser igual o superior al 35 %.

En 2018 se aprobó el Decreto 72/2018, que revisa el Decreto 127/2004 y dicta normas complementarias con el objetivo de favorecer y promover las inversiones productivas, así como promover la constitución y desarrollo de las actividades económicas para la creación de nuevos empleos y oportunidades de capacitación para los ecuatoguineanos.

Dicho decreto establece que las empresas extranjeras que quieran invertir en el sector no petrolero ya no tendrán la obligación de requerir la participación de un socio ecuatoguineano. Por su parte, el capital de las empresas y sociedades que operan en el sector del petróleo o subcontrataciones de aquellas sí que deberán contar en su accionariado con la participación de personas físicas ecuatoguineanas o de empresas constituidas exclusivamente por nacionales y cuya participación no deberá ser inferior al 35 %.

Por último, las inversiones en actividades mineras e hidrocarburos se rigen por la Ley 8/2006 de 3 de noviembre de hidrocarburos y la Ley 9/2006 de 3 de noviembre de minas, no estando sujetas al resto de normativa que regula la inversión extranjera.

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Propiedad inmobiliaria

La normativa legal básica que regula la adquisición de terrenos por personas físicas y jurídicas extranjeras en Guinea Ecuatorial viene regulada por el decreto 140/2013, de fecha 24 de julio. Dicho decreto establece que las tierras rústicas o urbanas de la República de Guinea Ecuatorial son propiedad del Estado, quien las puede conceder temporal o definitivamente a particulares y a Entidades para fines diversos.

El decreto establece igualmente que toda persona no ecuatoguineana, bien sea física o jurídica, que desee adquirir un terreno necesitará la autorización expresa mediante Resolución del presidente de la República, debiendo los notarios y registradores de propiedad posteriormente exigir dicho documento.

Por otro lado, la propiedad de los terrenos así adquiridos será revertidos al Estado tras un periodo de 99 años, aunque se seguirá conservando la posesión de la obra o proyecto realizado sobre el mismo. También revertirán al Estado, sin indemnización alguna, todos los terrenos de extranjeros en cuyo espacio no se haya dado inicio de obra alguna conforme a las previsiones estipuladas en la ley num. 4/2009, de fecha 18 de mayo sobre Régimen de Propiedad de Tierras en Guinea Ecuatorial.

Por último, el Gobierno reconoce la propiedad de los terrenos adquiridos por extranjeros con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, siempre y cuando se hallen debidamente inscritos en el Registro de la Propiedad. 

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Incentivos a la inversión (fiscales, sectoriales, regionales y locales)

De acuerdo con la Ley 2/1994, de 6 de julio, por la que se introducen ciertas modificaciones en la Ley 7/1992, de 30 de abril, sobre Régimen de Inversiones en la República de Guinea Ecuatorial, las empresas extranjeras que inviertan en Guinea Ecuatorial tienen derecho a las siguientes ventajas fiscales:

·         Por la creación de nuevos empleos, las empresas se benefician de una reducción en el cálculo de su base imponible de un 50% del total imputable al proyecto de los salarios por las empresas a sus empleados nacionales durante el correspondiente año fiscal.

·         Por la formación de personal nacional, las empresas se benefician de una reducción de su base imponible del impuesto sobre la renta del 200% de los costes no salariales imputables a la formación de los empleados autóctonos, incurridos durante el correspondiente año fiscal.

·         Como incentivo a la exportación de productos no tradicionales, las empresas recibirán un certificado de crédito para el pago de cualquier obligación impositiva o aduanera en monto equivalente al 15% de las divisas recibidas por concepto de sus exportaciones no tradicionales en los bancos comerciales de Guinea Ecuatorial para su conversión a moneda local.

·         Por el desarrollo regional o local, las empresas que ejecuten proyectos aprobados en áreas o localidades alejadas de grandes centros urbanos se benefician de:

-       Amortización total de los gastos de infraestructura pagados y aplicables al año impositivo imputable al gasto, con derecho a reportar a los años sucesivos la amortización de la pérdida que pudiera registrarse.

-       Exención total del pago de la obligación impositiva a excepción del Impuesto sobre la Renta, Impuesto sobre las Ventas, gravámenes aduaneros y otros aplicable a su actividad en áreas remotas.

·         Por la participación de ciudadanos de Guinea Ecuatorial en el capital de la empresa, ésta se beneficia de una reducción en la base imponible de su Impuesto sobre la Renta de la cantidad que resulte al aplicar el 1% sobre el exceso del 50% de la participación de los nacionales en el capital social. Para el cálculo de este incentivo, todo cambio en la participación de extranjeros en el capital de tales empresas, serán registradas en el Ministerio de Planificación con el fin de mantener al día el Registro de Capitales Extranjeros. Según la ley, los porcentajes acordados en este inciso serán revisables por la Comisión Nacional de Inversiones.

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Representación y agencia

El Acto Uniforme de 17 de abril de 1997 relativo al Derecho Mercantil de la OHADA (La Organización para la Armonización del Derecho Comercial en África) regula la figura de los intermediarios del comercio; concretamente del agente comercial, del comisionista y del corredor en Guinea Ecuatorial.

·         Agente comercial es un profesional independiente que se encarga de negociar y en su caso de celebrar, contratos de venta, compra, alquiler o prestación de servicios en nombre y cuenta de productores, fabricantes, comerciantes u otros agentes comerciales, sin estar vinculados con ellos mediante un contrato de trabajo

·         Comisionista, en materia de compraventa, es aquel que se encarga de operar en su propio nombre, pero por cuenta de su comitente, la venta o compra de mercancías, recibiendo a cambio una remuneración o comisión

·         Corredor es aquel cuya profesión habitual consiste en poner en contacto a las personas para facilitar o llegar a celebrar contratos, operaciones o transacciones entre esas personas.

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Formación de "joint-ventures". Socios locales

De acuerdo con la legislación mercantil vigente y las recientes modificaciones solo las empresas y sociedades que operen en el sector del petróleo deberán contar en su accionariado con la participación de personas físicas ecuatoguineanas o de empresas constituidas exclusivamente por nacionales y cuya participación no deberá ser inferior al 35%.

 En el sector del petróleo, la empresa Gepetrol (Guinea Ecuatorial de Petróleos) tiene el derecho preferente del accionariado mixto.

Las empresas que se instalan por un contrato de obras públicas concertarán con los nacionales acuerdos de participación de los beneficios de entre el 5% y el 10%. 

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Tipos de sociedades

Según la legislación mercantil de la OHADA, en Guinea Ecuatorial se pueden constituir los siguientes tipos de sociedades.

·         Sociedad Colectiva: aquella en la cual todos los socios son comerciantes y responden indefinida y solidariamente de las deudas sociales. La sociedad colectiva es designada por una denominación social que debe ir inmediatamente precedida o seguida de las palabras “sociedad colectiva” o de las siglas S.N.C;

·         Sociedad Comanditaria Simple es aquella en la cual coexisten indefinida y solidariamente uno o más socios responsables de las deudas sociales denominados “socios colectivos” con uno o más socios responsables de las deudas sociales dentro del límite de sus aportaciones denominadas “socios comanditarios” o “socios comandita”, y cuyo capital se divide en participaciones sociales;

·         Sociedad de Responsabilidad Limitada, tipo de sociedad más habitual, es aquella en que los socios sólo son responsables de las deudas sociales hasta el importe de sus aportaciones y cuyos derechos están representados por participaciones sociales. El capital social debe ser como mínimo de un 1 millón de francos CFA (unos 1.500 euros), dividiéndose en participaciones sociales iguales cuyo valor nominal no puede ser inferior a 5.000 francos CFA (unos 7,5 euros)

·         Sociedad Anónima: aquella en que los accionistas sólo son responsables de las deudas sociales hasta la cuantía de sus aportaciones y en la cual los derechos de los accionistas están representados por acciones. El capital social mínimo para este tipo de sociedad se fija en diez 10 millones de francos CFA (algo más de 15.000 euros), dividido en acciones cuyo importe no puede ser inferior a diez mil 10.000 francos CFA (unos 1.500 euros).

·         Sociedad en Participación: aquella en que los socios convienen que no se inscribirá en el Registro Mercantil y del Crédito Inmobiliario y que no tendrá personalidad jurídica; 

·         Agrupación de Interés Económico es aquella que tiene por objetivo exclusivo aplicar, por un periodo de tiempo determinado, todos los medios susceptibles de facilitar o desarrollar la actividad económica de sus miembros, para mejorar o para aumentar los resultados de esta actividad.

De acuerdo con el proyecto Doing Business 2020 del Banco Mundial, para la constitución de una sociedad de responsabilidad limitada de menos de 50 trabajadores se requieren 16 procedimientos administrativos y 33 días, situándose en la posición 183 de los 190 países consultados en facilidades para establecer una empresa. Cabe destacar que los trámites que hay que realizar para dar de alta a una empresa dependen en gran medida del tipo de sociedad que se vaya a constituir y de la actividad que vaya a realizar, entre otros. De acuerdo con el informe, una vez determinados los socios de la empresa y redactados los estatutos de constitución, hay que dar los siguientes pasos:

·         Notarizar los estatutos de la empresa (una media de 9 días). Por ley, un notario público ha de legalizar los estatutos y ejecutar la escritura pública. Hay un notario en Malabo, en la isla de Bioko, y otro en Bata, en la parte continental. Se pagan unas tasas en efectivo a la notaría cuyo coste aproximado se sitúa en el 1% del capital social. No obstante, en la práctica, los abogados preparan los estatutos de la empresa.

·         Registro de la empresa en el Registro de la Propiedad y Mercantil (una media de 2 días). Para ello, el empresario debe proporcionar copias validadas por un notario de los estatutos. En Malabo, el registro y la notaría están en el Ministerio de Justicia, en el distrito de Malabo II. El coste aproximado es de 1.000.000 francos CFA (aprox. 1500 euros).

·         Apertura de una cuenta bancaria y obtención de un certificado bancario (atestación de solvencia bancaria) (1 día). Legalmente, la empresa debe depositar el capital mínimo antes del registro de la empresa. No obstante, esto no es posible en la práctica ya que una copia de los estatutos legalizados y el certificado de registro son necesarios para abrir una cuenta bancaria. Este proceso no tiene ningún coste.

·         Obtención de un certificado de solvencia del Ministerio de Hacienda (2 días). El coste aproximado está entre 10.000 y 15.000 francos CFA (aprox. 15-22 euros).

·         Solicitud de registro en el Departamento de Negocios e Inversión Privada en el Ministerio de Comercio (1 día). Tiene un coste de 100.000 francos CFA (aprox. 150 euros), y se cobra una tarifa anual que varía según la empresa. Se requieren registros adicionales con otros Ministerios dependiendo del sector de la empresa.

·         Solicitud de registro en el Departamento de Comercio del Ministerio de Comercio (1 día, a la vez que el procedimiento anterior). El coste aproximado es de 150.000 francos CFA (aprox. 230 euros), y se añade una tarifa anual que varía según la empresa. 

·         Solicitud de registro en la Tesorería pública (1 día, a la vez que el procedimiento anterior). Las empresas deben estar registradas ante las autoridades fiscales para abonar los impuestos correspondientes. Se requiere la presentación de los estatutos de la empresa. Las tarifas se pagan en el banco en una cuenta del tesoro público, y tras recibir la confirmación de pago, el solicitante ha de volver a las autoridades para obtener el número de identificación fiscal. El coste asciende al 2% del capital social de la empresa.

·         Solicitud de registro en el Ministerio de Trabajo (1 día, a la vez que el procedimiento anterior). Las tasas de registro en el Ministerio de trabajo se pagan al Tesoro a través de un banco privado. Previa solicitud el empleador obtiene un libro de inspección y un calendario laboral. Una vez operativo, el empleador paga el 1% de los salarios al Fondo de Protección del Trabajador, mientras que los empleados pagan el 0,5%. El coste del registro asciende a 300 francos CFA (50 céntimos de euro), y se añaden 6.750 francos CFA (aprox. 10 euros) para empresas pequeñas, y 12.500 francos CFA (aprox. 19 euros) para empresas medianas.

·         Pago de comisiones a la cuenta bancaria del Tesoro (1 día). Todos los pagos a las instituciones públicas deben hacerse directamente a la cuenta bancaria del Tesoro Público a través de cualquier banco comercial. El comprobante de pago ha de presentarse en Hacienda para acuse de recibo, y a continuación se lleva a las autoridades para obtener la licencia o certificado de registro correspondiente. El coste de este procedimiento queda incluido en pasos anteriores.

·         Obtención de confirmación de la Tesorería de recibo del pago (una media de 4 días, a la vez que el procedimiento anterior). Todos los negocios nuevos deben obtener una confirmación de Hacienda de recepción de pago para poder obtener una licencia en el Ministerio de Comercio. Este paso no supone ningún coste.

·         Presentación de la confirmación de pago y obtención de una licencia del Departamento de Negocios e Inversión Privada en el Ministerio de Comercio (unos 14 días, a la vez que el procedimiento anterior). Este paso no supone ningún coste.

·         Presentación de la confirmación de pago y obtención de una licencia del Departamento de Comercio en el Ministerio de Comercio (unos 14 días, a la vez que el procedimiento anterior). Este paso no supone ningún coste.

·         Obtención del número de identificación fiscal (NIF) en el Ministerio de Finanzas (2 días, a la vez que el procedimiento anterior). El coste de este paso está incluido en procedimientos anteriores. 

·         Obtención de un número de registro en el Ministerio de Trabajo (1 día, a la vez que el procedimiento anterior). El coste de este paso está incluido en procedimientos anteriores.

·         Obtención de un número de la seguridad social para los empleados de la empresa en el Instituto de Seguridad Social (INSESO) (1 día, a la vez que el procedimiento anterior). Este paso no supone ningún coste.

·         Dada de alta de los empleados en el INSESO (1 día, a la vez que el procedimiento anterior). Este registro ha de tener lugar en el primer mes en que lo empleados reciban un salario. Los pagos de la seguridad social son del 21,5% para el empleador y del 4,5% para los empleados.

·         Para poder comenzar a operar, se puede obtener en unas 48 horas una autorización provisional, solicitándola al Delegado del Gobierno. Se recomienda, no obstante, el estudio y consulta específica en el Ministerio correspondiente que tutele la actividad a desarrollar por la sociedad.

·         Solicitud de la autorización de la Oficina del Primer Ministro (hasta un año): Se requiere adquirir la instancia de solicitud en Presidencia en papel timbrado. Esta va dirigida al Primer Ministro-Jefe de Gobierno, quien firma esta autorización. Hay que presentarla junto con la siguiente documentación:

-       Copia de la escritura de constitución de sociedad otorgada por el notario.

-       Copia del certificado expedido por el Registro de la Propiedad y Mercantil.

-       Fotocopia de Documento de Identidad Personal (DIP) vigente para los nacionales; pasaporte con visado vigente o tarjeta de residencia para los no nacionales.

-       Cédula personal actualizada, que se adquiere en la Tesorería General del Estado, tiene un coste de 5.000 francos CFA (unos 7,5 euros) y la tiene que presentar el socio ecuatoguineano.

-       Dirección completa, con referencias actualizadas de la sede social de la sociedad en Guinea Ecuatorial.

-       Plan de inversión o estudio de viabilidad de la sociedad.

-       Certificado de Solvencia Bancaria.

-       Atestación de la cuenta bancaria certificada por la entidad bancaria.

-       Teléfono de contacto. 

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Propiedad industrial (marcas, patentes, diseños, licencias)


Guinea Ecuatorial es miembro de la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI), formada por 15 estados miembros cuyo objetivo es tener un régimen uniforme en materia de propiedad intelectual e industrial cumpliendo las convenciones internacionales existentes.

La documentación necesaria que presentar para proceder al registro de una marca, patente o diseño es la siguiente:

·         Formulario M 301, donde se reflejarán obligatoriamente los siguientes aspectos: dirección completa, domicilio y nacionalidad de la empresa, marca, color de la imagen, lista de productos o servicios, la dirección de un agente si fuese necesario, fecha, firma y sello del solicitante.

·         Documento justificativo del pago de los impuestos y tasas prescritas.

·         Poder privado sin timbrar, en el caso de que el solicitante esté siendo representado por un agente.

·         Reproducción de la marca en el formato según el formulario M 301.

·         El documento de prioridad, en su caso.

Existen dos vías por la que una empresa puede presentar una solicitud. Una vía directa, donde la demanda se deposita directamente en cualquiera de las sedes que la OAPI dispone. En el caso de Guinea Ecuatorial la sede se encuentra en Malabo 2 (Apartado de Correos 258, Teléfono: +240 222 202838). A su vez, cabe la posibilidad de enviarla por correo certificado al Ministerio responsable de la propiedad industrial. El tiempo medio de espera desde que se emite el registro hasta que recibe una resolución es de 7 meses.

La duración de la protección de las patentes en Guinea Ecuatorial se puede observar en el siguiente cuadro:  

Objeto

Acuerdo de Bangui (1999)

Patentes de invención

20 años

Modelos de utilidad

10 años

Marcas de fábrica o de comercio y de servicios

10 años, renovable cada 10 años

Dibujos y modelos industriales

5 años, puede prorrogarse por períodos de 5 años

Nombres comerciales

10 años, renovable cada 10 años

Indicaciones geográficas

No se aplica

Denominaciones de origen

No se aplica

- Derecho de autor

Duración de la vida del autor + 70 años después de su muerte

- Películas, programas de radiodifusión y audiovisuales

70 años

- Fotografías (obras de arte aplicadas)

25 años

- Derechos conexos relativos a interpretaciones y ejecuciones

50 años

- Derechos conexos relativos a fonogramas

50 años

- Derechos conexos relativos a emisiones radiofónicas

25 años

Esquemas de trazados (topografías) de circuitos integrados. No está en vigor

10 años

Protección de las obtenciones vegetales

25 años

  

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Barreras de entrada para inversores españoles

La debilidad del sistema institucional y educativo son elementos a tener en cuenta a la hora de hacer negocios. Además hay que tener siempre presente los elevados niveles de corrupción e inseguridad jurídica existentes en el país.

Desde abril de 2018 se eliminó la obligación de contar con un socio local a la hora de hacer inversiones extranjeras en Guinea Ecuatorial (la obligación solo continuará en las empresas del sector de hidrocarburos).

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