Marco jurídico

Resumen del marco jurídico para los negocios

En los últimos años, la administración guatemalteca está realizando una importante labor de cara a mejorar el clima de negocios con el objetivo de atraer un mayor volumen de Inversión Extranjera Directa (IED). En este sentido, el Ministerio de Economía de Guatemala, con el apoyo de la UNCTAD, ha puesto marcha los sistemas eRegulations -  www.asisehace.gt - y eRegistrations - www.minegocio.gt - para promover la transparencia y facilitar los trámites de inversión a nacionales y extranjeros, así como los principales procedimientos para la importación y exportación. En este sentido también se cuenta con la Ventanilla Ágil de Importaciones, un sistema que permite obtener vía electrónica los Requisitos No Tributarios de Importación y Tránsito.

Adicionalmente, el país cuenta con una agencia nacional de promoción de inversión extranjera y el comercio Guatemala Trade & Investment (GTI), que tiene por objetivos, promover el comercio exterior, participar en las actividades de Inteligencia de Mercados, apoyar la internacionalización de PYMES, la atracción de Inversión Extranjera Directa -IED- así como ser parte activa del desarrollo de la Imagen país y apoye este objetivo.

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Organismos de apoyo a la inversión extranjera

El Ministerio de Economía (MINECO)es el organismo rector y responsable de la promoción de inversión extranjera. Dentro de este ministerio, el propio Ministro de Economía realiza actividades para promover la inversión extranjera. Además, el Viceministerio de Inversión y Competencia administra los regímenes de incentivos a la inversión y de fomento a la producción y exportación y para ello, cuenta con el apoyo de la Dirección de Servicios al Comercio y la Inversión, que es al autoridad encargada de coordinar acciones que contribuyan a la agilización de la gestión administrativa, para la eficiente aplicación de las leyes de fomento a la inversión y empleo. Para el logro de sus objetivos desarrolla las funciones siguientes:

- Coadyuvar al crecimiento principalmente del Sector Industrial y de la creación de nuevas inversiones que promuevan un entorno favorable con respecto a los niveles de competitividad en el comercio exterior y consecuentemente permitan ingreso de divisas, generación de empleo y transferencia de tecnologías;

- Facilitar la expedición de los documentos comerciales requeridos para el comercio, la inversión y la exportación;

- Orientar y asesorar al inversionista sobre las oportunidades de inversión;

- Estimular y atraer nuevas inversiones;

- Coordinar actividades con instituciones estatales que intervienen en el proceso de inversiones;

- Proponer e impulsar el establecimiento de mecanismos y sistemas para que la expedición de los documentos comerciales se realice en forma eficiente y eficaz;

- Administrar los regímenes de incentivos y propiciar la simplificación de trámites;

- Actualizar sistemas eficientes y eficaces para orientar a inversionistas sobre legislación, normativa, requisitos, facilidades y prácticas para la realización de inversiones;

- Administrar el régimen de fomento de las exportaciones y desarrollo de zonas francas;

- Establecer el registro y control estadístico de las inversiones realizadas..

El Ministerio de Economía de Guatemala, con el apoyo de la UNCTAD, ha puesto marcha los sistemas eRegulations, Así se Hace en Guatemala y eRegistrations Mi Negocio en Guatemala, para promover la transparencia y facilitar los trámites de inversión a nacionales y extranjeros, así como los principales procedimientos para la importación y exportación.

Por otra parte, en el 2004 se conformó la Oficina del Comisionado Presidencial para la Inversión y Competitividad, con dos entidades ejecutoras para alcanzar sus planes en esta materia: el Programa Nacional de Competitividad (PRONACOM) y la Agencia de Promoción de Inversión Extranjera Directa “Invest in Guatemala” aunque esta última se ha quedado sin recursos desde hace varios años.

  • PRONACOM - El Programa Nacional de Competitividad del Ministerio de Economía es un programa participativo, facilitador de los esfuerzos y alianzas interinstitucionales entre sector público, empresarial, sociedad civil y academia, para el desarrollo de la competitividad del capital humano y empresarial, que genere inversión contribuya al desarrollo descentralizado del país, mejore la calidad de vida de los guatemaltecos y desarrolle oportunidades de empleos formales. Las actividades coordinadas desde PRONACOM se rigen por la Política Nacional de Competitividad 2018-2032, recogida en el Acuerdo Gubernativo 103-2018, aprobado el 11 de junio de 2018, cuyo objetivo es realizar esfuerzos para mejorar los niveles de productividad de la economía del país, derribando barreras que limitan el desarrollo empresarial y la inversión. Para ello, sus objetivos se centran en impulsar acciones y políticas que tiendan a mejorar las condiciones para la inversión productiva en el país, apoyar la formación de conglomerados productivos y de servicios identificados como potencialmente competitivos y dar seguimiento para su fortalecimiento y desarrollo. Competitividad es contar con un clima de negocios adecuado para poder competir con productos que alcancen o superen los estándares internacionales, con la finalidad de realizar reformas normativas y mejoras que impacten de forma positiva en la certeza jurídica, creación de empresas y reducción de la burocracia, teniendo una incidencia directa en los indicadores macroeconómicos del país y así atraer inversiones.

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Cuadro de organismos de apoyo a la inversión extranjera

ORGANISMO DATOS DE CONTACTO
PRONACOM (Programa Nacional de Competitividad) 10 Calle 3-40 Zona 10 Edificio Atlantis 3º Nivel 01010 Ciudad de Guatemala GUATEMALA
Teléfono: +502 2421 2464
@: comunicacion@pronacom.org  
Web: https://www.pronacom.org/
MINISTERIO DE ECONOMÍA 8ª Avenida 10-43 Zona 1, 01001 Ciudad de Guatemala  GUATEMALA
Teléfono: +502  2412 0200 ext. 3101
@: comunicacionsocial@mineco.gob.gt
Web: www.mineco.gob.gt

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Detalle del APPRI con España

Guatemala y España firmaron en diciembre de 2002 un Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones, que entró en vigor el 21 mayo de 2004 y cuyo texto se puede consultar en el siguiente enlace de la Secretaría de Estado de Comercio:

www.comercio.gob.es/acuerdos

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Otros incentivos a la inversión

En materia de incentivos y promoción de la inversión, la legislación guatemalteca más relevante incluye:

Constitución de la República de Guatemala - El tratamiento fiscal de las inversiones extranjeras es el mismo que para cualquier empresa local. De acuerdo con la Constitución Política de la República de Guatemala, se prohíben los tributos confiscatorios y la doble o múltiple tributación interna sobre la inversión extranjera. La doble tribulación externa quedará sujeta a los convenios y tratados que sobre la materia suscriba el Estado de Guatemala con otros países. Sin embargo, Guatemala no tiene firmado ningún Convenio para Evitar la Doble Tributación.

Código de Comercio - Las sociedades en Guatemala pueden ser registradas como sociedades mercantiles locales o como sociedades mercantiles extranjeras. Las sociedades legalmente constituidas en el extranjero que deseen establecerse u operar en cualquier forma en el país o deseen tener una o varias sucursales o agencias, están sujetas a las disposiciones del Código de Comercio y de las demás leyes correspondientes. Se puede optar por inscribirla por un plazo indefinido o por un plazo temporal (no mayor de dos años). En ambos casos, los requisitos más importantes que deben cumplir son:

  1. Constituir en la República un mandatario con representación, con amplias facultades para realizar todos los actos y negocios jurídicos de su giro y para representar legalmente a la sociedad, en juicio y fuera de él, con todas las facultades especiales pertinentes que estatuye la Ley del Organismo Judicial. Si el mandatario no tuviere esas facultades, se le considerará investido de ellas, por ministerio de la ley.
  2. Constituir una fianza a favor de terceros por una cantidad no menor al equivalente en Quetzales de cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América (US$ 50.000). El monto de la fianza la fija el Registro Mercantil.

Ley de Alianzas Público-Privadas (Decreto 16-2010) - La Ley se aplica a los contratos de alianzas para el desarrollo de infraestructura económica, destinados a la creación, construcción, desarrollo, utilización, aprovechamiento, mantenimiento, modernización y ampliación de infraestructura, autopistas, carreteras, puertos, aeropuertos, proyectos de generación, conducción y comercialización eléctrica y ferroviaria. Uno de los principios de dicha Ley es el de seguridad jurídica, así como el de identificación y distribución de riesgos entre el Estado y el participante privado nacional o extranjero.

Ley de Contrataciones del Estado (Decreto 57-92 y Decreto 9-2015) - Concede trato nacional a los proveedores extranjeros de bienes y servicios. La ley señala que las empresas extranjeras podrán participar en cotizaciones o licitaciones públicas con su inscripción provisional en el registro correspondiente cuando los contratos de préstamos exijan participación en el proceso de licitación de firmas extranjeras, siempre que los proyectos sean financiados total o parcialmente con recursos externos. En todo caso, es requisito indispensable acreditar la inscripción definitiva en el registro antes de la suscripción del respectivo contrato.

Por último, cabe señalar que los trabajadores extranjeros que trabajan legalmente en Guatemala tienen los mismos derechos y obligaciones que los ciudadanos guatemaltecos conforme a la legislación laboral. Para que un trabajador extranjero pueda trabajar en Guatemala es necesario que obtenga un permiso de residencia temporal o permanente, y un permiso de trabajo. El primero se obtiene en la Dirección General de Migración y el segundo en el Ministerio de Trabajo.

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Zonas francas y ZEE

El Estado de Guatemala asumió en el año 2010 el compromiso de eliminar las subvenciones prohibidas a la exportación por la Organización Mundial del Comercio antes del 31 de diciembre de 2015. Ello condujo a la aprobación del Decreto 19-2016 - Ley Emergente para la Conservación del Empleo que reforma la Ley de Zonas Francas (Decreto 65-89).

Con la reforma, la Ley de Zonas Francas establece un régimen de Zonas Francas en el territorio guatemalteco, que permite la existencia de zonas de gestión pública y de gestión privada, y en el cual se distinguen dos tipos de usuarios de estas zonas:

  • Industriales: aquéllos que se dedican a la producción, transformación, ensamble, armado y procesamiento de bienes, o a la investigación y desarrollo tecnológico.
  • Servicios: aquéllos que se dedican a la prestación de servicios vinculados al comercio internacional.

Esta Ley establece un marco de incentivos fiscales y beneficios específicos relacionados con la actividad de las Zonas Francas:

  • Exención del pago de impuestos, derechos arancelarios y cargos aplicables a la importación a la Zona Franca de maquinaria, equipos, herramientas, materias primas, insumos, productos semielaborados, envases, empaques, componentes y, en general, mercancías utilizadas en la producción de bienes y en la prestación de los servicios.
  • Exoneración total del Impuesto sobre la Renta por un plazo de 10 años.
  • Exención del IVA en las transferencias de mercancías que se realicen dentro y entre Zonas Francas.
  • Exoneración del Impuesto del Papel Sellado y Timbres Fiscales cuando aplique por la compra, permuta, o transferencia de bienes inmuebles utilizados exclusivamente en su actividad.
  • No estará afecto al Impuesto al Valor Agregado la adquisición de insumos de producción local para ser incorporados en el producto final y servicios que sean utilizados exclusivamente en su actividad.

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Contratación Pública. Criterios de adjudicación de contratos

La contratación pública está regulada por la Ley de Contrataciones del Estado (Decreto 57-92) y sus reformas. En la misma se concede trato nacional a los proveedores extranjeros de bienes y servicios.

La ley señala que las empresas extranjeras podrán participar en cotizaciones o licitaciones públicas con su inscripción provisional en el registro correspondiente cuando los contratos de préstamos exijan participación en el proceso de licitación de firmas extranjeras, siempre que los proyectos sean financiados total o parcialmente con recursos externos. En todo caso, es requisito indispensable acreditar la inscripción definitiva en el registro antes de la suscripción del respectivo contrato.

Respecto a los registros, la ley establece cuatro registros diferentes:

  1. Registro de precalificados de obras - Adscrito al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (MICIVI).
  2. Registro de precalificados de consultores - Adscrito a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN).
  3. Registro de proveedores del Estado - Adscrito al Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN)
  4. Registro de Contratos del Estado -  Adscrito a la Contraloría General de Cuentas, para facilitar la fiscalización de las contrataciones que se deriven de la aplicación de la ley y centralizar la información.

En cuanto a los criterios aplicables para determinar cuál es la oferta más conveniente y favorable para los intereses del Estado, se utilizan los siguientes: calidad, precio, tiempo, características y demás condiciones que se fijan en las bases, en los cuales también se determinará el porcentaje en que se estimará cada uno de los referidos elementos, salvo que en éstas se solicite únicamente el precio, en cuyo caso, la decisión se tomará con base en el precio más bajo. Cuando se trate de obras, la Junta tomará en cuenta el costo total oficial estimado.

Para favorecer la transparencia en las licitaciones, todos los concursos son publicados en la web del Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado - www.guatecompras.gt. Además, Guatemala forma parte de la Red Interamericana de Compras Públicas, que mecanismo de cooperación técnica regional, orientado a fortalecer las institucionales gubernamentales con el fin de contribuir a mejorar la transparencia y eficiencia en la gestión de las compras públicas.

Cabe destacar que con la entrada en vigor del Acuerdo de Asociación Unión Europea – Centroamérica, se instituyen compromisos relevantes en compras públicas, mediante la aplicación de los principios de trato nacional y no discriminación, y disposiciones referentes a servicios e inversiones, para las que se garantiza un entorno seguro, transparente, no discriminatorio y predecible. Además, se establecerán acciones de cooperación y asistencia técnica con el objetivo de facilitar el intercambio de información sobre los marcos jurídicos relativos a la contratación pública.

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Régimen de inversiones

El marco legal para la realización de inversiones extranjeras se recoge en la Ley de Inversión Extranjera (Decreto 9-98), que prohíbe todo acto discriminatorio en contra de un inversor extranjero o su inversión. Se le reconoce al inversor extranjero el mismo tratamiento otorgado a los inversores nacionales en el desarrollo de sus actividades económicas. El inversor extranjero puede participar en el desarrollo de cualquier actividad económica lícita en el país, así como participar en cualquier proporción en el capital social de sociedad lucrativas organizadas de conformidad con la legislación guatemalteca.

Esta Ley no permite que el Estado pueda expropiar, directa o indirectamente, la inversión efectuada por el inversor extranjero, ni adoptar medida alguna equivalente a la expropiación de esa inversión. Entre las principales garantías y derechos que contempla esta ley están la propiedad privada, no expropiación de la inversión, libertad de comercio, acceso a divisas, seguros a la inversión y solución de controversias.

Según la Ley, el inversionista extranjero goza de libre acceso a la compra y venta de moneda extranjera disponible y a la libre convertibilidad de moneda, de acuerdo a lo prescrito en leyes especiales sobre la materia cambiaria y en igualdad de condiciones con el inversionista nacional. Entre otras, el inversionista extranjero podrá libremente realizar:

  • Transferencias al exterior relacionadas con su capital invertido, o por disolución y liquidación o venta voluntaria de la inversión extranjera;
  • La remisión de cualquier utilidad o ganancia generada en el territorio nacional;
  • El pago y remisión de dividendos, deudas contraídas en el exterior y los intereses devengados por las mismas, regalías, rentas y asistencia técnica;
  • Pagos derivados de indemnización por concepto de expropiación.

Además existe una Ley de Zonas Francas que  tiene por objeto incentivar y regular el establecimiento en el país de Zonas Francas que promuevan el desarrollo nacional a través de las actividades que en ellas se realicen, particularmente en acciones tendientes al fortalecimiento del comercio exterior, la generación de empleo y la transferencia de tecnología, hay un reglamento que la desarrolla.

También está en vigor la Ley de Fomento y Desarrollo de la Actividad Exportadora y de Maquila  que tiene por objeto promover, incentivar y desarrollar en el territorio aduanero nacional, las actividades a que se dediquen personas individuales o jurídicas domiciliadas en el país, que operen dentro de los regímenes aduaneros, de conformidad con esta Ley.

En lo que respecta a las empresa europeas el 1 de diciembre de 2013 entró en vigor la aplicación provisional del pilar comercial del Acuerdo de Asociación UE-Centroamérica (ADA). Este Acuerdo abre multitud de oportunidades para las empresas europeas y, en especial, para las empresas españolas, puesto que el lazo cultural e histórico que une a España y Guatemala también está presente en el ámbito económico. El AdA no sólo prevé una mayor liberalización de los intercambios comerciales, sino que también incluye compromisos relevantes en compras públicas, mediante la aplicación de los principios de trato nacional y no discriminación, y disposiciones referentes a servicios e inversiones, para las que se garantiza un entorno seguro, transparente, no discriminatorio y predecible.

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Propiedad inmobiliaria

En lo que se refiere a la inversión en propiedad inmobiliaria, la compra de bienes inmuebles está sujeta a diferentes requerimientos, dependiendo si los mismos están ubicados en zonas urbanas o rurales, en zonas fronterizas o en zonas costeras. En el caso de tener que inscribir un inmueble, dicho trámite se realizará en las dependencias del Registro General de la Propiedad - www.rgp.org.gt

En lo que respecta a la ejecución de una construcción y sus respectivos permisos, en la Ciudad de Guatemala se ha implementado la Ventanilla Única de Construcción, donde se pueden realizar todos los trámites de manera sencilla y ágil para la obtención de la licencia de construcción necesaria.

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Incentivos a la inversión (fiscales, sectoriales, regionales y locales)

En materia de incentivos sectoriales destacan algunos en diferentes sectores:

Incentivos en Manufactura y Exportación

La ley tiene por objeto promover, incentivar y desarrollar en el territorio aduanero nacional, la producción de mercancías con destino a países fuera del área centroamericana, así como regular el funcionamiento de la actividad exportadora o de maquila de las empresas dentro del marco de los regímenes de Perfeccionamiento Activo o de Exportación de Componente Agregado Nacional Total.

El Estado de Guatemala asumió en el año 2010 el compromiso de eliminar las subvenciones prohibidas a la exportación por la Organización Mundial del Comercio antes del 31 de diciembre de 2015. Ello condujo a la aprobación del Decreto 19-2016 - Ley Emergente para la Conservación del Empleo que reforma la Ley de Fomento y Desarrollo de la Actividad Exportadora y de Maquila (Decreto 29-89).

Gozan de los beneficios de la ley aquellas empresas en cuya actividad utilicen mercancías nacionales y/o extranjeras, que dentro de su proceso productivo sean identificables, así como los subproductos, mermas y deshechos resultantes de dicho proceso.

Dependiendo del régimen en el que la empresa esté clasificada, se podrán beneficiar de los siguientes aspectos:

  1. Suspensión temporal del pago de derechos arancelarios e impuestos a la importación, con inclusión del Impuesto al Valor Agregado –IVA, sobre materias primas, muestrarios, componentes y accesorios necesarios para el proceso productivo, etc.
  2. Exoneración total del Impuesto sobre la Renta, de las rentas que se obtengan o provengan exclusivamente de la exportación de bienes que se hayan elaborado o ensamblado en el país y exportado fuera del área centroamericana. Tal exoneración se otorgará por un periodo de 10 años.

Incentivos Forestales

A partir de la creación del Instituto Nacional de Bosques (INAB) y de su Programa de Incentivos Forestales (PINFOR) en 1996, se estableció el objetivo de alcanzar un total de 285.000 Ha. de plantaciones para los próximos 20 años a través de la Ley Forestal y Reglamento de desarrollo (Decreto Nº 101-96). Con el Decreto 2-2015, se aprobó la Ley de Fomento al establecimiento, recuperación, restauración, manejo, producción y protección de Bosques en Guatemala. La Ley tiene por objeto aumentar la cobertura forestal con la aplicación de un Programa de Incentivos denominado PROBOSQUE con una duración de 30 años que fomentará las inversiones públicas y privadas en una serie de proyectos específicos. Para ello se creó el Fondo Nacional de Bosques

PINPEP, es el programa de Incentivos Forestales para poseedores de pequeñas extensiones de tierra de vocación forestal o agroforestal, conocido como PINPEP, el cual esta dirigido a personas que poseen terrenos menores a 15 Hectáreas, pagándoles por sembrar árboles o dar manejo a los bosques naturales.

Incentivos para el Desarrollo de Proyectos de Energías Renovables

La Ley de Incentivos para el Desarrollo de Proyectos de Energías Renovables (Decreto Nº 52-2003) faculta a cualquier persona individual o jurídica, nacional o extranjera, para dedicarse a la realización de proyectos de fuentes nuevas y renovables de energía en el país, en las que se incluyen la radiación solar, el viento, las mareas, el agua, la geotermia, la biomasa y cualquier otra fuente de energía distinta de la nuclear o de la producida por hidrocarburos y sus derivados.

Los proyectos de fuentes nuevas y renovables de energía incluyen las actividades que involucren al menos la investigación, experimentación, educación, capacitación, promoción, difusión, producción, fabricación de equipos específicos y para el aprovechamiento de fuentes nuevas y renovables de energía y la comercialización de los productos obtenidos de estas actividades.

Los incentivos específicos previstos para la realización de estas actividades son los siguientes:

  1. Exención de derechos arancelarios para las importaciones, incluyendo el IVA, cargas y derechos consulares sobre la importación de maquinaria y equipo, utilizados exclusivamente para la generación de energía en el área donde se ubiquen los proyectos de energía renovable. Este incentivo se prevé exclusivamente para el período de preinversión y el período de construcción, que no excederá de diez años.
  2. Exención del pago del Impuesto sobre la Renta durante diez años. Esta exención únicamente se otorga a las personas físicas y jurídicas que desarrollen directamente los proyectos y sólo por la parte que corresponda a dicho proyecto.
  3. Exención del Impuesto a las Empresas Mercantiles y Agropecuarias, sustituido por el Impuesto Extraordinario y Temporal para el sostenimiento de los Acuerdos de Paz (IETAAP). Este incentivo tendrá vigencia exclusiva a partir de la fecha en la que el proyecto inicia su operación comercial, por un período de diez años.

Para acceder a estos incentivos, se ha de presentar una solicitud al Ministerio de Energía y Minas, adjuntando la documentación necesaria establecida en el Reglamento de desarrollo de la Ley de Incentivos para el Desarrollo de Proyectos de Energías Renovables, para la calificación del proyecto de energía renovable. En caso de resolución positiva, el Ministerio extenderá una certificación, con objeto de que el interesado pueda presentarla ante la Superintendencia de Administración Tributaria, a los efectos de la solicitud concreta de los incentivos correspondientes. 

Incentivos en Petróleo y Gas

Al amparo de Ley de Hidrocarburos (Decreto Nº 109-83), los contratistas y subcontratistas de servicios petroleros podrán, durante la vigencia de los contratos suscritos, importar los materiales necesarios para sus operaciones petroleras, que no sean producidos en el país o que no tengan la calidad necesaria, de cualquiera de las siguientes formas:

  1. Importación exenta de derechos de aduana y demás gravámenes conexos, incluyendo los derechos consulares e IVA, sobre materiales fungibles o maquinaria, equipos, repuestos y accesorios para uso o consumo definitivo en el país o permanencia durante al menos cinco años en el país, según declaración del interesado. Transcurridos estos cinco años, podrán ser enajenados libremente.
  2. Régimen de suspensión temporal de derechos de aduana y demás gravámenes conexos, incluyendo los derechos consulares e IVA, sobre maquinaria, equipos y accesorios de propiedad extranjera.

Incentivos a la Minería

Al amparo de la Ley de Minería Decreto Nº 48-97 se declaran de utilidad y necesidad pública, el fomento y desarrollo de las operaciones mineras en el país, así como su explotación técnica y racional. 

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Representación y agencia

Los contratos de agencia, distribución y representación se encuentran regulados en el Código de Comercio de Guatemala (Decreto 2-70, reformado por Decreto 8-98).

Se consideran Agentes de Comercio, según la ley aplicable, las personas que actúen de modo permanente, en relación con uno o varios principales, promoviendo contratos mercantiles o celebrándolos en nombre y por cuenta de aquéllos. Los agentes de comercio pueden ser dependientes o independientes.

Según la ley aplicable, son distribuidores o representantes, quienes por cuenta propia, venden, distribuyen, promueven, expenden o colocan bienes o servicios de una persona natural o jurídica, nacional o extranjera, llamada Principal a quien están ligados por un contrato de distribución o representación.

El principal puede valerse simultáneamente de varios agentes, distribuidores o representantes en la misma zona y para el mismo ramo de actividad, salvo cuando se les hubiere otorgado por contrato la calidad de agentes, distribuidores o representantes exclusivos para una zona determinada.

Los contratos de agencia independiente, distribución o representación mercantil, sólo pueden terminar o rescindirse:

  • Por mutuo consentimiento entre las partes, manifestado por escrito.
  • Por vencimiento del plazo, si lo hubiere y
  • Por los demás casos establecidos expresamente en el Código de Comercio.

Si después de ocurrida la terminación o rescisión del contrato o relación respectiva, las partes no se pusieren de acuerdo sobre la cuantía de la indemnización que deba pagarse por los daños y perjuicios causados –en el entendido de que la terminación haya sido sin justa causa-, el monto de la misma deberá determinarse en proceso arbitral o en proceso judicial en la vía sumaria. Para el efecto se entenderá, salvo pacto en contrario, que las partes han optado por el arbitraje. No obstante lo anterior, las partes están en libertad de estipular y tasar en el contrato, el monto de los daños y perjuicios derivados de una terminación sin justa causa. En todo caso, los procesos judiciales deben tener lugar, tramitarse y resolverse en la República de Guatemala, de acuerdo a las leyes nacionales aplicables a los procedimientos judiciales.

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Formación de "joint-ventures". Socios locales

En Guatemala, la joint venture supone un contrato mercantil atípico, ya que no se encuentra regulado en la legislación guatemalteca.

La joint venture consiste en una unión de dos o más personas, ya sean físicas o jurídicas, nacionales o internacionales, que se agrupan sin formar una persona jurídica,  con el objetivo de llevar a cabo un fin determinado aportando recursos de diversa naturaleza cuya finalidad principal será el lucro.

Se trata de un contrato consensual. Al tratarse de un contrato atípico no se ha previsto en la ley ninguna formalidad para su celebración y, por lo tanto, se aplica el principio de la libertad de forma al momento de su perfeccionamiento. 

Cabe mencionar que la joint venture, en sí misma, no es sujeto de tributación, ya que la ley no lo estipula expresamente, sino que cada parte tributará individualmente lo que le corresponda de conformidad con la legislación.

En Guatemala esta figura jurídica se ha utilizado poco por la falta de experiencia de los empresarios guatemaltecos para  utilizar este tipo de contrato mercantil. Del mismo modo, los juristas y profesionales del derecho no conocen de manera detallada esta figura contractual. En cualquier caso, a lo largo de los últimos años. El empresariado local ha experimentado un interés creciente por las joint-ventures, pues dichos contratos les permiten acceder a capacidades técnicas, nuevas tecnologías, recursos financieros, nuevos mercados, etc. a los que, en caso contrario, tendrían difícil acceso.

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Tipos de sociedades

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES

Las leyes que establecen los requisitos para la constitución de una entidad mercantil son el Código de Comercio y el Código de Notariado. Habiendo cumplido con los requisitos de ley, se debe de inscribir a la nueva entidad en el Registro Mercantil General de la República. La entidad tendrá su propia personalidad jurídica, distinta a los socios que la constituyeron.

Toda la información para la constitución de sociedades y otros requisitos jurídicos y administrativos es conveniente consultar la web https://asisehace.gt/

Las sociedades en Guatemala pueden ser registradas como sociedades mercantiles locales o como sociedades mercantiles extranjeras.

  • Sociedades constituidas en Guatemala

La sociedad se constituye con el otorgamiento y suscripción de una escritura pública autorizada por un notario habilitado para ejercer como tal en este país. En la escritura constitutiva deben comparecer, por lo menos, 2 personas naturales y/o jurídicas, a quienes se les denominará accionistas fundadores. Para evitar ser disuelta, la sociedad deberá contar, en todo momento, con al menos dos accionistas.

La sociedad, después de su constitución, debe inscribirse en el Registro Mercantil de la República. Seguidamente, debe inscribirse a la sociedad como contribuyente ante la Superintendencia de Administración Tributaria para obtener su Número de Identificación Tributaria (NIT) y la autorización para emitir facturas.

Con estos requisitos, la sociedad ya puede operar. Se puede obtener una inscripción provisional y, por consiguiente, personalidad jurídica, aproximadamente cinco días hábiles después de haberla constituido, siempre y cuando se cuente con la documentación legal correspondiente. La sociedad puede realizar operaciones desde la inscripción provisional, sin perjuicio de que terceros se puedan oponer a la inscripción definitiva de la sociedad. La mayoría de las oposiciones que se presentan se basan en la similitud de denominaciones sociales o del nombre comercial de la sociedad.

  • Sociedades constituidas en el extranjero

Las sociedades legalmente constituidas en el extranjero que deseen establecerse u operar en cualquier forma en el país o deseen tener una o varias sucursales o agencias, están sujetas a las disposiciones del Código de Comercio y de las demás leyes correspondientes. Se puede optar por inscribirla por un plazo indefinido o por un plazo temporal (no mayor de dos años). En ambos casos, los requisitos más importantes que deben cumplir son:

  •  
    • Constituir en la República un mandatario con representación, con amplias facultades para realizar todos los actos y negocios jurídicos de su giro y para representar legalmente a la sociedad, en juicio y fuera de él, con todas las facultades especiales pertinentes que estatuye la Ley del Organismo Judicial. Si el mandatario no tuviere esas facultades, se le considerará investido de ellas, por ministerio de la ley.
    • Constituir una fianza a favor de terceros por una cantidad no menor al equivalente en quetzales de cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América (US$ 50.000). El monto de la fianza la fija el Registro Mercantil.

Una sociedad legalmente constituida en el extranjero, no está obligada a obtener autorización ni registrarse en el país, cuando solamente:

  1.  
    1. Es parte de cualquier gestión o juicio que se ventile en los tribunales de la república o en la vía administrativa.
    2. Abre o mantiene cuentas bancarias a su nombre en alguno de los bancos autorizados.
    3. Efectúa ventas o compras únicamente a agente de comercio independiente, legalmente establecido en el país.
    4. Gestiona pedidos por medio de agentes legalmente establecidos en el país, siempre que los pedidos queden sujetos a confirmación o aceptación fuera del territorio de la república.
    5. Otorga préstamos o abre créditos a favor de empresarios establecidos en la República.
    6. Libra, endosa o protesta en la República, títulos de crédito o es tenedora de los mismos.
    7. Adquiere bienes muebles, derechos reales o bienes inmuebles, siempre que éstos no formen parte de una empresa ni negocie habitualmente con los mismos.

No obstante lo anterior, todos los actos, contratos y negocios relacionados con esas actividades, quedarán sujetos y se regirán por las leyes de la República.

TIPOS DE SOCIEDADES

  1. Sociedad Anómima: Es la sociedad que tiene el capital dividido y representado por acciones. La responsabilidad de cada accionista esta limitada al pago de las acciones que hubiere suscrito.
  2. Sociedad Colectiva: Existe bajo una razón social y es en la cual todos los socios responden de modo subsidiario, ilimitadamente y solidariamente de las obligaciones sociales.
  3. Sociedad de Responsabilidad Limitada: Es la sociedad compuesta por varios socios que solo están obligados al pago de sus aportaciones. Por las obligaciones sociales responde únicamente el patrimonio de la sociedad.
  4. Sociedad en Comandita Simple: Es la sociedad compuesta por uno o varios socios comanditados que responden en forma subsidiaria, ilimitada y solidaria de las obligaciones sociales y por uno o varios socios comanditarios que tiene responsabilidad limitada al monto de su aportación.
  5. Sociedad en Comandita por Acciones: Es la sociedad por la cual tiene uno o varios socios comanditados los cuales responden subsidiaria, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales y uno o varios socios comanditarios que tiene la responsabilidad limitada al monto de las acciones que han suscrito.

 

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Régimen de Franquicias

En el caso del contrato de franquicia, éste no se encuentra regulado en la legislación guatemalteca, por lo que se le considera un contrato mercantil atípico. Al tratarse de un contrato atípico no se ha previsto en la ley ninguna formalidad para su celebración y por lo tanto, se aplica el principio de la libertad de forma al momento de su perfeccionamiento. 

A pesar de que no está regulado, el contrato de franquicia necesariamente implica ciertos elementos que le dan tipicidad y lo distinguen de los demás contratos mercantiles. Estos son la autorización para usar un nombre comercial conocido y la transferencia de conocimientos o know-how. El contrato de franquicia debe crearse de forma que proteja estos elementos de propiedad intelectual. La marca, nombre comercial, fórmulas y procedimientos exclusivos deben estar registrados y debidamente protegidos por la legislación del país. En Guatemala, las marcas, fórmulas y patentes deben inscribirse en el Registro de la Propiedad Industrial. Además, la marca se debe inscribir en el Registro Mercantil.

Se debe dejar muy claro que el derecho al uso de la marca se concede bajo ciertas condiciones, y que se puede revocar si éstas no se cumplen. También se deben proteger los derechos de autor sobre fórmulas, manuales de operación y otros elementos novedosos que son propiedad del franquiciante. El contrato de franquicia debe incluir una cláusula de no competencia, para prevenir que el franquiciatario entre en una línea de negocio similar a la del franquiciante mientras dure el contrato y durante un período después de su terminación.

El franquiciante debe dejar estipulado en el contrato su derecho de control y supervisión del franquiciatario, el cual puede incluir evaluaciones del desempeño, reportes y análisis, auditorías, supervisiones periódicas o repentinas y otros medios que considere convenientes para el buen desarrollo del negocio.

Finalmente, en el contrato se debe estipular la fecha, lugar, forma, garantías y recargos de cada pago que el franquiciatario debe efectuar al franquiciante.

Más información en la Asociación Guatemalteca de Franquicias: www.guatefranquicias.org

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Propiedad industrial (marcas, patentes, diseños, licencias)

La propiedad intelectual en Guatemala está regulada por el Registro de la Propiedad Intelectual (www.rpi.gob.gt), dependencia del Ministerio de Economía, oficina encargada de promover la protección de los Derechos de Propiedad Intelectual a través de la inscripción y registro de los mismos.

En dicha materia, las principales leyes adoptadas por Guatemala son:

  • Ley de Propiedad Industrial – Comprende la protección de signos distintivos como las marcas de fábrica o de comercio y las indicaciones geográficas; así como las invenciones, los modelos de utilidad y los diseños industriales.
  • Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos – Comprende la protección de los derechos conferidos a los autores de obras literarias y artísticas y los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión.

Adicionalmente, el marco legislativo se compone de tratados regionales, multilaterales y aquellos administrados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, de la cual Guatemala es miembro desde 1983.

Guatemala, dentro del marco de la Organización Mundial del Comercio, también es miembro del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio.

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Razones y ventajas para la implantación de empresas españolas

Las relaciones institucionales entre ambos países se pueden calificar de excelentes, siendo la presencia de España en Guatemala destacada a nivel político, económico, social y cultural. En este sentido, la importancia institucional de la Cámara Oficial Española de Comercio en Guatemala también fomenta la presencia de empresas españolas en el mundo económico guatemalteco. 

Desde hace más de 15 años, Guatemala dispone de una legislación no discriminatoria para el inversor extranjero, lo que ha facilitado la entrada de inversores españoles. Guatemala y España tienen firmado un APPRI (en vigor desde 21/04/2004). Sin embargo, todavía no hay acuerdo para evitar la doble imposición, ni de seguridad social en vigor.

Guatemala es un mercado de la “zona dólar”, lo que supone una cierta dificultad añadida para la llegada de los productos europeos. Es un mercado muy cercano en gustos al norteamericano y hay una significativa influencia de Estados Unidos, primer socio comercial de Guatemala. Sin embargo, desde diciembre de 2013, la entrada en vigor de la aplicación provisional del pilar comercial del Acuerdo de Asociación UE-Centroamérica abre muchas oportunidades para las empresas europeas y, en especial, para las empresas españolas, pues el lazo cultural e histórico que une a España y Guatemala también está presente en el ámbito económico.

El Acuerdo de Asociación no sólo prevé una mayor liberalización de los intercambios comerciales, sino que también incluye compromisos relevantes en compras públicas, mediante la aplicación de los principios de trato nacional y no discriminación, y disposiciones referentes a servicios e inversiones, para las que se garantiza un entorno seguro, transparente, no discriminatorio y predecible.

Por último, en términos prácticos, la llegada de cuatro vuelos directos semanales de Iberia desde Madrid a Guatemala, y la existencia de un hotel 5* en propiedad del Grupo Barceló en Ciudad de Guatemala, favorecen la llegada de empresarios españoles al país, en comparación con otros destinos en Centroamérica.

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Barreras de entrada para inversores españoles

Uno de los grandes problemas para las empresas inversoras es la inseguridad física, no sólo porque genera un gran coste para las empresas (10% del coste total corresponde a seguridad), sino porque no todas las empresas se atreven a enviar a su personal a un país que presenta altos niveles de inseguridad y violencia. Los episodios de extorsión que han sufrido recientemente las empresas españolas Telefónica y Nueva Pescanova son ejemplos de este hecho. En noviembre de 2017 4 empleados de Telefónica fueron asesinados por una banda criminal. Por otro lado, Nueva Pescanova perdió a dos empleados en julio de 2019 tras varias amenazas de extorsión. Como medida preventiva, Pescanova cerró su planta durante cuatro días y envió a otra ciudad a varios empleados amenazados.

Otras dificultades se han encontrado en la contratación de extranjeros o en el ejercicio de profesiones liberales por extranjeros, además de la existencia de algunas limitaciones en la participación de empresas extranjeras en algunos sectores sensibles como el transporte.

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  • Movilidad Internacional
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