Marco jurídico

Organismos de apoyo a la inversión extranjera

El fomento de la inversión tanto nacional como extranjera en Mauritania se realiza a escala estatal a través de la Dirección General de la Promoción del Sector Privado (DGPSP).

http://www.investinmauritania.gov.mr

Sus principales tareas dentro de la promoción de inversiones son:

- Poner en marcha estrategias y programas destinados a la mejora del clima de negocios y al desarrollo de sector privado en Mauritania.

- Identificar nichos de mercado con alto potencial para el inversor.

- Informar y orientar a los inversores mediante la elaboración de informes económicos, jurídicos, comerciales y técnicos.

- Acompañar a los inversores en todo el proceso de creación de empresas.

- Realizar el seguimiento de los proyectos de inversión.

 

 La Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Mauritania (CCIAM).

http://www.chambredecommerce.mr

Cuyas principales funciones son:

- Promover el comercio, la industria, la agricultura, la ganadería, la pesca y la prestación de servicios.

- Realizar informes en materia económica, comercial e industrial, de la que puedan beneficiarse las empresas y el resto de operadores económicos.

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Cuadro de organismos de apoyo a la inversión extranjera

Dirección General de la Promoción del

Sector Privado (DGPSP)

Web: www.investinmauritania.gov.mr

Director General: Sr. Ahmedou Ould Ely

Tel. (Oficina) : +222 45 24 17 54

Móvil: +222 36 62 09 93 / +222 22 49 76 25

E-mail : ahmedouely@yahoo.fr

Director Guichet Unique: Sr. Mohamed Ould Bouboutt

Móvil: +222 22 28 23 08

E-mail : mhamedbouboutt@yahoo.fr

Cámara de Comercio, Industria y Agricultura

de Mauritania (CCIAM)

333 Avenue de l'Independance. BP 215

Nouakchott - MAURITANIA

Tel.: +222 45 25 22 14

Fax: +222 45 25 38 95

E-mail: cciam_info@yahoo.fr

Web: www.chambredecommerce.mr

 

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Detalle del APPRI con España

La República Islámica de Mauritania y el Reino de España han firmado un Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI), cuya entrada en vigor se produjo en julio de 2008.

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Contratación Pública. Criterios de adjudicación de contratos

Los proveedores de contratos importantes con el Gobierno son seleccionados por medio de
Concursos Públicos Internacionales, que suelen publicarse en prensa local y en Webs oficiales y especializadas. La Comisión Central de Mercado es la encargada de seleccionar las ofertas que más se ajustan a los requerimientos económicos y técnicos de los contratos.

La legislación de Mauritania sobre Contratación Pública, actualmente en vigor, figura en el Código de Contratación Pública y Ley nº 2010-044 de 22 de julio, modificada recientemente por el Decreto 2017-126 de 2 de noviembre de 2017.

http://www.emploi.gov.mr/IMG/pdf/jospecialcm.pdf
http://www.armp.mr/index.php/fr/2012-07-16-13-00-52/lois


Mauritania es Miembro de la OMC desde el 31 de mayo de 1995 y miembro del GATT desde el 30 de septiembre de 1963.

Cada autoridad contratante tiene una Comisión de contratación pública y a una persona designada que la preside y que es responsable de la planificación, adjudicación y seguimiento los contratos públicos. El montante a partir del cual todo gasto público deviene competencia de las comisiones de contratación pública es el millón y medio de UM. Ciertas instituciones tienen umbrales diferentes.

Por su parte, la Comisión Nacional de Contratación Pública, vinculada a la Secretaría General de Gobierno, es la encargada de controlar los contratos del Estado, de las autoridades locales o de los establecimientos de carácter administrativo cuyo importe sea igual o superior a 20 millones UM en el caso de obras públicas o 10 millones en el caso de servicios de suministro y prestaciones intelectuales. En el caso de los contratos adjudicados mediante consulta simplificada y los de adjudicación directa también incumben a la comisión en aquellos contratos cuyo importe sea igual o superior a 10 millones de UM.

Cuando se trata de importes inferiores a los mencionados, los contratos son adjudicados por las comisiones departamentales (dentro de cada ministerio) o municipales. Por último, el Ministro de Defensa Nacional puede designar una comisión especial para los contratos relacionados con la defensa.

En todo caso, estas cifras se fijan por reglamento u orden ministerial. Actualmente está en vigor este: http://www.armp.mr/images/pdf/avis/arreteseuilsmp022018.pdf

Estos umbrales deben revisarse siempre por las comisiones nacionales y regionales de control de contratos públicos. La Comisión Nacional debe: aprobar los avisos de expresiones de interés y los archivos de precalificación; aprobar el procedimiento para seleccionar firmas precalificadas y la selección de la lista corta; aprobar los dosieres de licitación y consulta antes de su publicación, etc. Controla también la actividad de las comisiones regionales.

El Código define tres procedimientos y dos modalidades de exención en la contratación pública: la licitación pública, la licitación restringida y la licitación en dos etapas, además de, con carácter excepcional, los contratos adjudicados tras consultas simplificadas y los de contratación directa.

La licitación es pública cuando cualquier candidato puede presentar una oferta. El procedimiento de consultas a partir de una lista restringida está previsto únicamente cuando sólo un grupo determinado de proveedores puede prestar los servicios. Tiene que ir precedido de una solicitud abierta de presentación de una declaración de interés. Se puede recurrir a la licitación en dos etapas (pública o restringida) si resulta imposible formular especificaciones detalladas de los suministros o de las obras públicas o definir las características que deben tener los servicios. Los contratos sólo se pueden adjudicar tras consultas simplificadas en los siguientes casos: falta de ofertas aceptables; circunstancias imprevisibles y casos de fuerza mayor; necesidad de reemplazar a titulares que incumplan las condiciones del contrato; actividades relacionadas con investigación y desarrollo, pruebas o experimentos; e imposibilidad de separar los suministros, servicios u obras del contrato inicial. Los casos en los que se recurre a la contratación directa se limitan a las situaciones probadas de monopolio, de hecho o de derecho, y en los casos en que las circunstancias exigen que los servicios prestados se mantengan en secreto.

Con miras a eliminar el fraccionamiento abusivo de los gastos, el código anterior ya introducía el método de contratos por pedido y contratos de clientes, adjudicados en licitación pública o restringida. Ambas modalidades se aplican a pedidos cuya importancia exacta es imposible de prever al principio del año, o pedidos que superan la capacidad de almacenamiento. En los contratos por pedido se establecen umbrales mínimos y máximos del valor de las mercancías o servicios que puedan encargarse durante un período no superior a un año. Los contratos de clientes se distinguen de estos últimos por el hecho de que la entidad contratante se compromete a confiar al proveedor seleccionado el suministro de mercancías o servicios, durante un período máximo de dos años, sin establecer la cantidad ni el valor. El procedimiento es el mismo en ambos casos y consiste en fijar, previa licitación, los precios unitarios de las mercancías o servicios que suministrarán a lo largo de un período de tiempo y a medida que la entidad contratante haga los pedidos que considere necesarios.

La legislación establece la posibilidad de conceder trato preferencial a las empresas nacionales a condición de que sus ofertas sean de calidad equivalente a las presentadas por los candidatos extranjeros. Se puede conceder un margen de preferencia de hasta el 15 por ciento del importe de sus ofertas a los proveedores o empresarios nacionales del sector de la construcción y las obras públicas.

En los proceso abiertos, deben darse al menos 30 días tras el aviso de la licitación para la recepción de candidaturas, 45 en el caso de ofertas internacionales.

Las autoridades contratantes proporcionan, mediante un anuncio general de contratación a título informativo, las características esenciales de los contratos de obras, suministro y servicios que pretenden adjudicar durante el año. Este aviso debe publicarse a más tardar treinta días naturales antes del comienzo del proceso de adjudicación, a menos que se especifique lo contrario por reglamento. Los poderes adjudicadores siguen teniendo libertad para no continuar con la contratación pública aunque haya habido un aviso previo.

Para participar en una licitación, la empresa tiene que estar radicada en Mauritania e inscrita en el registro comercial. No obstante, se prevé una excepción de esta disposición en el caso de convocatorias abiertas a la competencia internacional, cuando las empresas radicadas en Mauritania no puedan utilizar las obras, proporcionar los suministros o prestar los servicios. El código establece las normas en materia de solución de diferencias y de litigios.

Además, se ha constituido una autoridad de Reglamentación de la Contratación Pública (ARMP) que actúa como autoridad administrativa independiente y tripartita (sector público, sector privado y sociedad civil).
Los recientes cambios en la ley pueden deberse, entre otras cuestiones, a la tendencia a la baja que han experimentado los contratos por licitación desde 2014.
Según el informe OMC de abril 2018, las auditorías anuales realizadas por la ARMP muestran que la mayoría de los criterios aplicados para la adjudicación y ejecución de los contratos no se respetan. En cifras, destaca en 2016 la cantidad de acuerdos directos (40% del total) frente a años anteriores en los que las cifras eran de un 13% en 2012, 2% en 2013, 5% en 2014 y 7% en 2015.
 

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Régimen de inversiones

En principio todas las leyes y reglamentos se publican en el Diario Oficial, aunque en la práctica algunos textos de orden secundario no se publican. En 2018 el Diario Oficial aún no se encuentra disponible en línea.

En mayo de 2012 entró en vigor un nuevo Código de Inversiones, elaborado con la colaboración del Banco Mundial y el FMI. Esta ley se aplica a todas las inversiones en Mauritania, con excepción de las compras para la reventa, las reguladas por la reglamentación bancaria, seguros y reaseguros y minas e hidrocarburos, que están sujetas a ciertas restricciones. Con esta nueva reglamentación, el Gobierno garantiza ciertos derechos a los inversores y, además, ha creado “zonas económicas especiales” (ver apartado 5.3.2).

Sin embargo, los indicadores internacionales no son en absoluto favorables para el país. El índice de competitividad global, elaborado por el Foro Económico Mundial le otorgaba en 2015-2016 el antepenúltimo puesto a nivel mundial: 138 de 140 países analizados. En el índice 2017-2018, sin embargo, ha subido al puesto 133 de 137 países analizados, solo por delante de Liberia, Chad, Mozambique y Yemen. Por su parte, el informe Doing Business de 2018 lo sitúa en el puesto 150 de 190, mejorando su posición respecto a 2016 (168/189), 2015 (176/189) y 2014 (173/189); y posicionándole como uno de los mayores reformistas (al igual que su vecino Senegal), gracias a la facilitación de creación de empresas, digitalización de la Administración y por tanto mayor transparencia, y reducción de la burocracia. No obstante, se sigue posicionando a la cola a nivel global en variables como resolución de la insolvencia (168/189), pago de impuestos (179/189) y obtención de crédito (179/189).

Para facilitar las inversiones, el Gobierno creó la ventanilla única o “Guichet Unique”, dependiente del Ministerio de Economía y Desarrollo. Para invertir en Mauritania hay que obtener el Certificado de Inversión, mediante la presentación de la propuesta de inversión y de todos los documentos requeridos en la ventanilla única. El dossier de demanda de certificado debe contener datos como los inversores, los beneficiarios reales, el origen del capital, información del programa, etc. Dicho organismo selecciona y recomienda los proyectos seleccionados al Consejo de Ministros, que, por norma general, aprueba todos los proyectos recomendados. En un plazo máximo de diez días laborables se entrega o deniega el Certificado de Inversión. En el caso de los regímenes especiales establecidos en el Código de Inversiones, también verifica que se cumplen los requisitos para poder disfrutar de las ventajas fiscales y aduaneras. La ventanilla única centraliza las formalidades requeridas, desde la orientación e información a la recepción e instrucción de solicitudes. Para inversores interesados en minería y petróleo, deben dirigir sus proyectos directamente al Ministerio de Petróleo, Energía y Minas.

Los principales problemas con los que se encuentran los inversores extranjeros en Mauritania son: la dificultad en el acceso al crédito, la corrupción e inestabilidad política, la carencia de mano de obra especializada, la falta de claridad en las regulaciones normativas, y la dificultad de acceso a servicios básicos (como agua, electricidad y transporte), además de la falta de formalidad en los contratos con proveedores y administración.

Según el Foro Económico Mundial, The Global Competitiveness Report 2017-2018, dos de los factores más problemáticos a la hora de hacer negocios según los inversores son las cargas tributarias y los problemas de reglamentación fiscal.

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Propiedad inmobiliaria

Por otro lado, en lo referente a la propiedad de las tierras, la OMC dice lo siguiente en su informe de secretaría de abril de 2018: “La propiedad de la tierra se rige por una ordenanza de 1983 y un decreto de 2010 (2010/080). En mayo de 2017 se aprobó un nuevo Código de Derechos Reales que introducía un mecanismo de solución de litigios de tierras, aunque a marzo de 2018 aún no había entrado en vigor. La Agencia Nacional de Ordenación Territorial es la encargada de gestionar la ocupación de los terrenos en cada región”.

La adquisición de tierras agrícolas por extranjeros se permite mediante la constitución de una sociedad de derecho mauritano o mediante arrendamiento por contrato enfitéutico.

En cuanto a transportes, Mauritania no ha ratificado ninguna de las principales convenciones sobre transporte de mercancías por carretera, como las de la CEDEAO, pero su legislación reciente se aproxima bastante a las normas de la misma. En particular, las sociedades de capital extranjero tienen autorización para establecer empresas de transporte de pasajeros y de mercancías en Mauritania. En vigor hay un acuerdo con Mali y con Marruecos (este permite a los vehículos marroquíes circular por el país), pero el de Senegal se suspendió en marzo de 2018 obligando a los senegaleses a fraccionar el cargamento de sus mercancías en camiones mauritanos.

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Incentivos a la inversión (fiscales, sectoriales, regionales y locales)

El nuevo Código de inversiones de Mauritania, que se aplica a todas las inversiones realizadas en el país, ya sea por nacionales o extranjeros, establece ciertas garantías y derechos comunes a todos los inversores. En concreto, los siguientes:

• Garantía de protección de la propiedad, que protege al inversor frente a las nacionalizaciones, expropiaciones y requisiciones.
• Garantía de estabilidad de condiciones originales, tanto fiscales como aduaneras, durante un período de 20 años.
• Garantía de disponibilidad de divisas.
• Garantía de transferencias de capital.
• Garantía de transferencias de remuneración.
• Garantía de acceso a materias primas.
• Garantía de trato igualitario de los inversores extranjeros y nacionales.
• Derecho de las empresas de adquirir bienes, así como de disponer libremente de ellos.
• Derecho de establecer de forma libre la política de gestión.
• Derecho a emplear a personal expatriado, siempre que éste no sobrepase el 10% del total de la plantilla.

Con el fin de promover la creación de nuevas empresas, crear empleo y favorecer la implantación de empresas en el interior, se han incorporado al nuevo texto legislativo tres regímenes especiales, además del régimen de las pymes, que incluyen ventajas fiscales y aduaneras para las empresas que cumplan los requisitos. Además, la construcción de infraestructura básica puede correr a cargo de empresas privadas en el marco de una asociación público-privada. Los regímenes especiales son:

I. Zonas Francas a la Exportación:
Para poder disfrutar de las ventajas fiscales y aduaneras, las empresas deben haber realizado una inversión mayor de 500 millones de Ouguiyas antiguas (1,6 millones de euros aproximadamente), generar al menos 50 empleos directos en la Zona Franca y justificar un potencial de exportación de, al menos, el 80%.

Las ventajas son las siguientes:
• Exoneración del pago de cualquier impuesto que grave el gasto de personal (salarios, remuneraciones, etc.)
• Sustitución de las contribuciones por patentes, inmuebles y licencias por una tasa anual que no puede superar los 5 millones de Ouguiyas (14.000 dólares).
• Franquicia total de los aranceles de importación de los bienes materiales y de equipo destinados a la producción.
• Exoneración de los impuestos de exportación.

Las ZFE están sujetas al impuesto sobre los BIC según el régimen jurídico ordinario.

El Código de Inversiones no se aplica a la zona franca de Nouadhibou, que ofrece un régimen más favorable que el de las ZFE. Las inversiones en esta zona deben registrarse ante la autoridad competente.

II. Polos de Desarrollo en el Interior:

Esta figura, aprobada por decreto por el Consejo de Ministros, pretende promover las inversiones en zonas fuera de Nouakchott para así poder crear polos de desarrollo en diferentes zonas del país. Las zonas en las que se puede disfrutar de este régimen han de ser aprobadas por decreto. Las empresas que decidan instalarse allí podrán disfrutar de ventajas fiscales y aduaneras, entre las que destaca la exoneración total del Impuesto sobre el Beneficio Industrial y Comercial (BIC) durante un período de cinco años cuando se trate de una nueva empresa o de la extensión de una empresa existente, siempre y cuando se generen más de 10 empleos permanentes.

Por último, también se establece que las concesiones de tierra necesarias para llevar a cabo la actividad se llevarán a cabo por consentimiento mutuo entre el inversor y el propietario de la tierra, ya sea como arrendamiento o concesión provisional, o por interés del propietario en las actividades desarrolladas.

III. Convenciones de establecimiento: se aplica a inversiones importantes en los siguientes campos:
• Agricultura
• Transformación de productos de ganadería
• Transformación de productos pesqueros (excepto la harina de pescado)
• Desarrollo de la pesca artesanal y costera
• Unidades industriales y manufactureras
• Producción de energía eólica y solar
• Hotelería y turismo fuera de Nouakchott.

El Código de Inversiones especifica los requisitos que han de cumplir estas inversiones, tanto en lo relativo al montante invertido como en lo que se refiere a la creación de empleo (directo e indirecto).

Las condiciones se negocian con el departamento competente, con el Ministerio de Economía y Desarrollo y el Ministerio de Finanzas para un período de validez de 20 años. A pesar de ser posible pactar las condiciones, hay ciertos impuestos que no pueden ser objeto de exoneración: Tasa de Valor Añadido (TVA), Impuesto sobre los Salarios (ITS), Impuesto sobre Beneficios Industriales (BIC) y las tasas comunales limitadas a la Patente. No obstante, siempre que la inversión se realice fuera de Nouakchott, quedará exonerada del BIC.

En cuanto al régimen de las PYMES, se aplica a toda inversión de entre 50 y 200 millones de ouguiyas antiguas realizada por una empresa sujeta al régimen de beneficios reales que genere al menos 10 empleos directos. Algunos beneficios de este régimen son por ejemplo el pago único de un 3,5% de derecho fiscal a la importación en una lista de productos fijada por el Ministerio de Finanzas (art. 17 del Código de Inversiones).
Desde Enero de 2013 Mauritania cuenta también con una zona franca en Nouadhibou. Sus objetivos son: atraer la inversión, desarrollar infraestructura, promover el desarrollo de la zona y convertirla en un clúster competitivo. La Zona Libre incluye la totalidad de la aglomeración Nouadhibou y parte de la península y la bahía del mismo nombre, toda la costa y el dominio marítimo adyacente hasta 2 millas náuticas de la costa.

Los sectores de inversión en la zona franca son: pesca, turismo y servicios, industrias (logística, eléctrica, construcción, mecánica y reparación naval e industrias manufactureras) y comercio. En cuanto a los beneficios fiscales, las empresas están sujetas a impuestos sobre los beneficios industriales pero están exentas durante los 7 primeros años fiscales tras el año en que se emite el registro o la aprobación; existe una tasa reducida del 7% durante los años octavo al decimoquinto y una tasa común del 25% a partir del decimosexto año.

Además, ciertas empresas están sujetas a una tarifa de administración basada en su facturación anual en la zona franca. Dependiendo del tipo de negocio puede ser de un 2% o de un 0%.

La mayor ventaja de la zona franca es la exoneración de tasas de importación y exportación. Sin embargo, ciertos productos siguen sujetos al régimen aduanero común: bienes y productos esenciales excluidos, hidrocarburos y petróleos refinados y vehículos de pasajeros usados y similares.
 

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Representación y agencia

El establecimiento de la empresa puede gestionarse totalmente en la ventanilla única o “Guichet Unique”, que unifica en un mismo organismo a todas las administraciones que intervienen en la constitución de un dossier  de inversión.

La legislación mauritana no recoge ningún tratamiento especial a las empresas que se implantan como representación o agencia. Las mismas deben actuar como empresa mauritana legalmente constituida.

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Formación de "joint-ventures". Socios locales

La legislación mauritana permite la implantación en el país, bien de forma individual a cualquier persona física y jurídica de cualquier nacionalidad, o de forma asociada con socios locales. La empresa resultante del acuerdo debe ser conforme a derecho mauritano.

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Tipos de sociedades

En Mauritania existen los siguientes tipos de sociedades:

  1. Sociedad en nombre colectivo (SNC): No exige un importe mínimo de capital. El número de socios es libre, pero todos ellos deben ser comerciantes. La responsabilidad de los socios es solidaria de todas las deudas de la empresa.
  2. Sociedad en comandita simple (SCS): También sin importe mínimo de capital. Debe haber al menos un asociado. Dentro de estos, se diferencias los asociados comanditados y los asociados comanditarios. La responsabilidad de los primeros es indefinida y solidaria, mientras que la responsabilidad de los segundos está limitada al importe de su aportación.
  3. La sociedad en Participación, con número de asociados libre y sin importe mínimo de capital. La responsabilidad es personal cuando el asociado contrata en su propio nombre; es solidaria cuando actúa en calidad de asociado.
  4. La Sociedad de Responsabilidad Limitada (SARL). El capital social mínimo es de 1 millón de MRO. El máximo de asociados es de cincuenta y la responsabilidad está limitada a la aportación en el capital social.
  5. La Sociedad Anónima (SA), sociedad cuyo capital se divide en acciones. El capital social mínimo es de 5 millones de MRO, salvo para empresas de ahorro financiero, cuyo capital debe ser de 20 millones de MRO. El mínimo de socios es de cinco.

De acuerdo a Doing Business, los pasos para crear una empresa en Mauritania son 9:

  • Depositar el capital inicial legalmente requerido para la creación de la empresa en una cuenta bancaria y obtener la prueba del depósito. Se hace en un día y no tiene coste
  • Presentar la constitución de la empresa y los estatutos ante notario. La ley en Mauritania no exige la presentación ante notario de estatutos de empresas de responsabilidad limitada. Sin embargo, la jurisdicción mercantil exige siempre que el documento lleve firma del notario. El coste del notario depende del capital de la empresa: 

                       - Capital entre 1 y 2 millones de MRO: 2%.

                       - Capital entre 2 y 3 millones: 1.5%.

                       - Capital entre 3 y 7 millones: 1%.

  • Registro de los estatutos de la empresa en la “Direction des Domaines”, encargada de anotar el número de registro, la fecha y la denominación y objeto social de la empresa. El coste es del 0.25 % del capital + 200 MRO por página en concepto de sellos
  • Registro en el “Greffe du Tribunal de Commerce” (archivo del tribunal de comercio). No tiene coste y se hace en dos días
  • Publicación en la prensa. El coste de publicar un anuncio en la Gaceta Oficial es de 20.000 a 30.000 MRO. A pesar de que hay que esperar de 1 a 2 semanas a la publicación de anuncio, los promotores pueden continuar con el proceso de creación de la empresa
  • Registro en la “Direction Générale des Impots” y obtención de un número de identificación fiscal
  • Registro en la seguridad social, ante la “Caisse Nationale de Sécurité Sociale”.
    Tras este registro, la empresa recibe la visita de los responsables de la seguridad social. La empresa puede funcionar, sin embargo, antes de dicha visita.
  • Solicitud al Ministerio de Trabajo de un permiso para iniciar un negocio lucrativo. Este permiso es por tiempo indefinido. Se obtiene en un plazo de 4 días, dependiendo de la complejidad de la actividad o de la disponibilidad del notario.
  • Notificación del inicio del negocio a la Inspección de Trabajo.

 

  

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Propiedad industrial (marcas, patentes, diseños, licencias)

La protección legal de la propiedad industrial e intelectual es todavía un concepto nuevo en Mauritania, sin historial de casos y sin estructura legal implantada para apoyar las reclamaciones de este campo.

 

Mauritania es miembro de la organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y de la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI), que obliga a los Estados miembros a defender los principios y los derechos de la propiedad intelectual y a establecer procedimientos uniformes contemplados en convenios internacionales (Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, el Convenio de La Haya sobre Registro de Diseños y Modelos Industriales, el Convenio de Lisboa para la Protección y el Registro Internacional de marcas, entre otros...). Mauritania ratificó en 2015 la nueva Acta de revisión del Acuerdo de Bangui.

 

Sin embargo, a pesar de las intenciones, el sistema judicial en Mauritania es caótico, y sujeto a fuertes presiones del gobierno y de empresarios locales, no siendo efectivas las demandas relacionadas con la propiedad industrial.


El servicio mauritano responsable de las relaciones con la OMPI y la OAPI es el “Servicio de Tecnología y de Propiedad Industrial del Ministerio de Industria”. La gestión de los derechos está a cargo del “Servicio Nacional de Enlace” (SNL) entre Mauritania y la OAPI, que recibe las solicitudes de registro en Mauritania y las transmite a la OAPI.
 

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Barreras de entrada para inversores españoles

Aunque existe un código inversor nominalmente “amigable “con la IDE, en la práctica, los altos costes de factores productivos, la ineficiencia administrativa y los altos niveles de injerencia en la vida económica y la corrupción, hacen que las barreras a la entrada sean enormemente altas: alto coste en la entrada (coste de aprendizaje, pago de comisiones, etc.) y alto coste de resolución de conflictos. La política económica es cada vez más estatalista (se han creado una cantidad numerosa de empresas públicas, muchas de ellas sin un objetivo claro), a lo que se une una normativa cada vez más perniciosa. En un marco donde las condiciones económicas se han ido deteriorando, se han ido observando un incremento de las inspecciones de trabajo y de presión fiscal, con frecuencias arbitrarias; y una mayor dificultad para la repatriación de beneficios, generadas por la falta de liquidez del sistema. Mención especial merece el endurecimiento de la legislación en torno a los permisos de trabajo y residencia para los trabajadores extranjeros, buscando una “mauritanizacion “de los cargos directivos de las grandes empresas. Entre las empresas afectadas fueron la marroquí MAURITEL (teleco); la tunecina MATTEL, o la canadiense KINROSS (minas de oro), quien suspendió sus actividades en junio, hasta muy recientemente que ha conseguido llegar a un acuerdo.

Sin embargo, paradójicamente, Mauritania ha mejorado su clasificación en el informe Doing Business 2018, pasando del puesto 160/189 en 2017 y 168/189 en 2016 a ocupar el puesto 150/190 en 2018.

Por otro lado, el gobierno ha aprobado la creación de un Centro Internacional de Mediación y Arbitraje con apoyo de la AFD, con doble vinculación al Ministerio de Justicia y de Comercio, pero por el momento hay bastante escepticismo sobre su capacidad de romper la compleja madeja de intereses, servidumbres y corrupción que rodea la jurisdicción contencioso- mercantil en el país.

 

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