Marco jurídico

Resumen del marco jurídico para los negocios

Durante 2015, el Gobierno de Varela introdujo los cambios legislativos necesarios que permitieron al plenario del GAFI confirmar la salida de Panamá de su lista gris en febrero de 2016 - había sido incluido en 2014 por no adoptar suficientes medidas para prevenir el blanqueo de capitales. Entre estas medidas, se encuentra la creación de la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros y la aprobación de las Leyes 23 y 18 (abril de 2015). 

En lo referido a la política migratoria y empleo, el anterior Gobierno de Martinelli ya había modificado mediante el Decreto Ejecutivo Nº 343 (mayo de 2012) el Código de Trabajo, que establecía fuertes restricciones a la contratación de personal extranjero - su Art. 17 establecía un porcentaje máximo del 10 - 15% de empleados extranjeros en una empresa panameña. Este Decreto Ejecutivo creó una nueva subcategoría de residente permanente para profesionales extranjeros procedentes de un grupo de países específicos "amigos" entre los que se encuentra España. 

Entre las leyes importantes destinadas a atraer la inversión extranjera se encuentra la Ley 41 de 2007 cuyo objetivo es crear el Régimen Especial para el Establecimiento y la Operación de Sedes de Empresas Multinacionales (Ley SEM). 

Los principales acuerdos bilaterales en vigor entre España y Panamá son los siguientes:

  • Convenio sobre Doble Imposición firmado el 7 de octubre de 2010, ratificado por ambos países y que entró en vigor el 25 de julio de 2011.
  • APPRI cuya entrada en vigor se produjo en agosto de 1998. 
  • Acuerdo de Asociación entre Unión Europea y Centroamérica, cuyo pilar comercial entró en vigor en 2013.  
  • MOU sobre cooperación en materia de transportes e infraestructuras, firmado en junio de 2015, entre el Ministerio de Fomento de España y el Ministerio de la Presidencia de Panamá. 

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Contratación Pública. Criterios de adjudicación de contratos

Las contrataciones públicas en Panamá están reguladas por la Ley 22 (27 de junio de 2006) desde enero de 2007, cuando sustituyó a la Ley 56 (27 de diciembre de 1995) y que sigue vigente en la actualidad. 

No obstante, desde enero de 2016 la Asamblea está en el Proyecto de Ley 305 que modificaría la mencionada Ley 22. Este proyecto de ley busca conseguir una mayor transparencia y eficiencia en las contrataciones públicas, alineando la legislación nacional con los compromisos internacionales de Panamá y, en particular, con el Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea. Aunque fue aprobado en tercer debate por la Asamblea el 29 de abril, el presidente Varela vetó varios artículos y devolvió el texto a la Asamblea para introducir modificaciones, sobre todo en lo referido a plazos de la licitación. 

Por tanto, la Ley 22 (27 de junio de 2006) regula las contrataciones públicas del Estado, sus entidades autónomas o semiautónomas, intermediarios financieros y sociedades anónimas donde el Estado tenga el 51% o más de sus acciones, exceptuándose las compras de la Autoridad del Canal de Panamá -tiene un régimen especial e independiente. Su ámbito de aplicación incluye ejecución de obras públicas, la adquisición o arrendamiento de bienes, la prestación de servicios, la operación o administración de bienes y la gestión de funciones administrativas, concesiones y cualquier otro contrato no regulado por ley. 

Los principales cambios introducidos en su momento por la Ley 22 fueron: 

La creación de una entidad autónoma denominada Dirección General de Contratación Pública, adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas, cuya función es la de regular, interpretar, fiscalizar y asesorar en los procedimientos de selección de contratistas que realicen las instituciones estatales. El Director General de esta institución es nombrado por el Presidente de Panamá y ratificado por la Asamblea Nacional. Los departamentos de compras de cada institución se mantienen como los ejecutores de las adquisiciones pero se enlazan con esta nueva Dirección para cumplir con sus lineamientos y políticas.

Constitución de un Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas con la competencia privativa para conceder en única instancia el recurso de impugnación contra cualquier acto de adjudicación relacionado con los procedimientos de selección de contratista. Este tribunal está integrado por tres abogados nombrados por el Presidente de la República.

Otra de las novedades importantes que trajo esta Ley 22 fue la publicación y contratación pública por internet, en aras de una mayor transparencia y facilidad de acceso a la información. A través del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas “PanamaCompra” www.panamacompra.gob.pa cualquier usuario puede hacer un seguimiento de los procesos de contratación, accediendo a pliegos, anexos, actas, etc. El acceso a este portal es público y gratuito.

Además, en el portal está publicado un Catálogo Electrónico de Productos y Servicios donde constan: 

  1. Las empresas con las cuales se ha suscrito un convenio marco.
  2. Los productos o servicios incluidos en los convenios marco, así como su descripción detallada, el tiempo de entrega y el precio.
  3. Los términos y las condiciones adicionales, tales como garantías y otros servicios adicionales.

 

Registro de Proponentes


Para toda licitación, es obligatoria la representación legal. El representante puede ser una persona física o jurídica.

Las personas naturales o jurídicas, consorcios o las asociaciones accidentales, nacionales o extranjeras, que aspiren a participar en un acto de selección de contratista que exceda la suma de 30.000 US$ celebrado mediante medios electrónicos, así como los proponentes que resulten adjudicatarios de un acto de selección de contratista y con quienes se firme un contrato deberán registrarse, ya sea por medio del portal o directamente en el Registro de Proponentes que administra la Dirección General de Contrataciones.

Consiste en un formulario único que contiene, además de los datos de la empresa o asociación accidental o consorcio, la comprobación de que no es deudor moroso con el Estado, que cuenta con la licencia comercial que lo habilita para actuar en la actividad respectiva, que está inscrito ante la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura (para los contratos de obras) y cualquier otro documento establecido en los reglamentos. El trámite de registro lo realizará la Dirección General de Contrataciones Públicas en un plazo no superior a 5 días hábiles.


Contratación Directa


El principio fundamental de las contrataciones públicas es la celebración del procedimiento de selección de contratista. Mediante la contratación directa se obvia los procedimientos generales y sólo puede darse excepcionalmente en ciertos casos contemplados en la Ley. La entidad licitante tiene en este supuesto la facultad de elegir directamente al contratista, sin que exista competencia entre oferentes una vez cuente con el concepto favorable de la autoridad competente.

La autoridad competente para autorizar la contratación directa es: 

  1. El Ministerio de Economía y Finanzas cuando el monto sea menor de 300.000 US$, que en el caso de intermediarios financieros y sociedades anónimas serán las Juntas Directivas correspondientes.
  2. El Consejo Económico Nacional cuando el monto esté entre 300.000 US$ y 3.000.000 US$.
  3. El Consejo de Gabinete cuando el monto supere los 3.000.000 US$.

Los casos excepcionales en que no será necesaria la celebración del procedimiento de selección de contratistas son: 

  1. Los de adquisición o arrendamiento de bienes o servicios, en los cuales no haya más de un oferente o en aquellos que, según informe técnico oficial fundado, no haya sustituto adecuado.
  2. Cuando hubiere urgencia evidente, que no permita conceder el tiempo necesario para celebrar el acto público de selección de contratista.
  3. Cuando se trate de conjurar situaciones excepcionales relacionadas con urgencias o desastres naturales, previa declaratoria por el Consejo de Gabinete.
  4. Los contratos autorizados o regulados por ley especial.
  5. Los que celebre el Estado con sus instituciones autónomas o semiautónomas, municipales o con las asociaciones de municipios, o de estas entre sí.
  6. Los contratos que constituyan simples prórrogas de contratos existentes, siempre que el precio no sea superior al pactado y así lo autoricen las autoridades competentes.
  7. Los contratos de permuta para la adquisición de bienes muebles o inmuebles, previo avalúo correspondiente.
  8. Los actos o contratos que se refieren a obras de arte o a trabajos técnicos, cuya ejecución sólo pueda confiarse a artistas reputados o a reconocidos profesionales.
  9. Las contrataciones por mérito para ciencia, tecnología, innovación y cultura, las cuales reglamentará el Órgano Ejecutivo por conducto del Ministerio de la Presidencia.
  10. Los contratos relacionados con la seguridad ciudadana y del Estado y aquellos considerados de urgente interés local o de beneficio social.

 

Procedimiento general de contratación pública


1. Precalificación

De manera excepcional, el Consejo de Gabinete podrá acordar, que ciertos proyectos, teniendo en cuenta su cuantía y complejidad, sean sometidos a un proceso de precalificación de proponentes, previo al acto público.

2. Aviso de Convocatoria

Todo procedimiento de contratación pública se anunciará mediante avisos, los cuales permanecerán expuestos al público durante el plazo previsto en la Ley.

Los avisos de convocatoria se publicarán obligatoriamente en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas www.panamacompra.gob.pa y en los tableros que tendrán las entidades contratantes.

En el aviso se consignarán, la identificación del acto público y de la entidad licitante, el lugar, el día y la hora de presentación de las propuestas; el lugar, el día y la hora de inicio del acto público; el lugar, el día y la hora de la reunión previa que incluye la respectiva homologación; una breve descripción del objeto contractual y la partida presupuestaria.

3. Publicación de Convocatoria

La Ley 22 establece, en su artículo 33, una distinción en los plazos mínimos para la publicación de convocatoria, según se trate de bienes y servicios u obras, desglosándolos en función de los montos:

Bienes y servicios:

a. No menor de cuatro días hábiles, si monto es mayor de treinta mil balboas (B/.30,000.00) y no excede los ciento setenta y cinco mil balboas (B/.175,000.00).

b. No menor de cuarenta días calendario, si el monto excede los ciento setenta y cinco mil balboas (B/.175,000.00).

No obstante, la entidad contratante podrá establecer un plazo menor a lo dispuesto en este numeral que, en ningún caso, será menor de cinco días hábiles en las siguientes circunstancias:

i. Cuando la entidad contratante haya publicado, con una antelación de sesenta días calendario a la fecha de recepción de propuestas, un aviso en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas “PanamaCompra” que contenga una descripción del acto público, los plazos aproximados para la presentación de las ofertas y las condiciones mínimas para la participación en dicho acto.
ii. Cuando una entidad contrate mercancía o servicios comerciales que se venden o se ofrecen para la venta y son regularmente comprados y utilizados por compradores no gubernamentales para propósitos no gubernamentales.
iii. Cuando se produzca un estado de urgencia, debidamente acreditado, que haga impráctico o no viable cumplir con el plazo previsto. En este caso, la entidad contratante emitirá una resolución al respecto, la cual deberá ser publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas “PanamaCompra”.

Obras:

a. No menor de cuatro días hábiles, si el monto del contrato es mayor de treinta mil balboas (B/.30,000.00) y no excede los ciento setenta y cinco mil balboas (B/.175,000.00).
b. No menor de ocho días hábiles, si el monto del contrato es mayor de ciento setenta y cinco mil balboas (B/.175,000.00) y no excede los cinco millones de balboas (B/.5,000,000.00).
c. No menor de cuarenta días calendario, si el monto del contrato excede los cinco millones de balboas (B/.5,000,000.00).

No obstante, la entidad contratante podrá establecer un plazo menor que, en ningún caso, será menor de diez días calendario, en las siguientes circunstancias:

i. Cuando la entidad contratante haya publicado un aviso en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas “PanamaCompra” que contenga una descripción del acto público, los plazos aproximados para la presentación de las ofertas y, cuando resulte apropiado, las condiciones para la participación en dicho acto.
ii. Cuando se produzca un estado de urgencia, debidamente acreditado, que haga impráctico o no viable cumplir con el plazo previsto. En este caso, la entidad contratante emitirá una resolución al respecto, la cual deberá ser publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas “PanamaCompra”.

El Proyecto de Ley 305 recientemente vetado simplificaba el sistema y proponía unos plazos comunes para todo tipo de licitaciones, realizando un desglose únicamente en función de los montos. Sin embargo, los plazos establecidos no se ajustaban a lo suscrito por Panamá en el Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y Unión Europea, constituyendo un tema central en la revisión actual de la Ley 22. 

4. Reunión previa y homologación

La reunión previa y homologación es la celebrada entre la entidad licitante y quienes tienen interés de participar en un determinado acto de selección de contratista, y será obligatoria cuando monto sea superior a los 175.000 dólares, con el propósito de resolver consultas y de formular observaciones que puedan afectar la participación de los posibles postores en condiciones igualitarias, así como aclarar cualquier aspecto relacionado con el pliego de cargos u otros documentos entregados.

Dicha reunión previa y de homologación se realizará con una antelación no menor de ocho (8) días calendario a la celebración del acto de selección de contratista.

La reunión previa se debe celebrar en una sola jornada, que deberá concluir con un acta en la que las partes homologan los documentos finales manifestando la aceptación de todas las condiciones y los términos del pliego de cargos. El acta será suscrita por todos los que hayan participado en dicha reunión.

El pliego de cargos es el conjunto de requisitos exigidos unilateralmente por la entidad licitante en los procedimientos de selección de contratista para el suministro de bienes, la construcción de obras públicas o la prestación de servicios, incluyendo los términos y las condiciones del contrato que va a celebrarse, los derechos y las obligaciones del contratista y el procedimiento que se va a seguir en la formalización ejecución del contrato. En consecuencia, incluirá reglas objetivas, justas, claras y completas que permitan la mayor participación de los interesados en igualdad de condiciones.

En el pliego de cargos no se podrán insertar requisitos o condiciones contrarias a la Ley y al interés público.

Los pliegos de cargos son públicos y pueden ser consultados y obtenidos por todos los interesados, tanto a través de Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas “PanamaCompra” como físicamente. En este último caso, el interesado asume el coste de reproducción.

Las entidades públicas deben incluir dentro de los pliegos los modelos o formularios necesarios que garanticen la presentación de ofertas en igualdad de oportunidades. Estarán comprendidos dentro de estos, el de propuesta, en su caso, el de fianza, las cartas, el proyecto de contrato y el modelo del convenio de asociación accidental, entre otros.

Todo proponente en un acto de selección de contratista se obliga a aceptar el pliego de cargos sin objeciones ni restricciones.

5. Presentación de propuestas

La propuesta deberá presentarse por escrito o, en su defecto, por medio electrónico. La propuesta debe estar en idioma español o ser traducida a este idioma, con la firma del proponente o de su representante en el acto debidamente autorizado para ello.

Las propuestas no pueden ser retiradas, sustituidas ni modificadas después de celebrado el acto público. Sin embargo, antes de su celebración, los proponentes pueden retirar las propuestas, sustituirlas o modificarlas, cuando lo consideren necesario.

La entidad licitante podrá solicitar aclaraciones luego de presentada la propuesta y, además, solicitar que se acompañe documentación aclaratoria, siempre que esta no tenga por objetivo distorsionar el precio u objeto ofertado ni tampoco modificar la propuesta original.

6. Celebración del Acto Público

El acto público es el procedimiento administrativo por el cual el Estado panameño, previa convocatoria pública, selecciona entre varios proponentes, ya sean personas naturales o jurídicas y en igualdad de oportunidades, la propuesta o las propuestas que reúnen los requisitos que señala la Ley, los reglamentos y el pliego de cargos. El procedimiento específico dependerá del tipo de licitación que se realice.

7. Evaluación de propuestas

La comisión evaluadora nombrada para tales efectos, deberá aplicar los criterios de evaluación contenidos en el pliego de cargos. En los casos necesarios, podrá solicitar a los proponentes las aclaraciones y las explicaciones que se requieran. La comisión presentará su evaluación mediante un informe, dirigido al representante legal de la entidad licitante.

8. Adjudicación-Declaración de deserción

El jefe de la entidad contratante, o el funcionario en quién se delegue, en su caso, con base en el informe presentado por el informe de evaluación, adjudicará, mediante resolución motivada la licitación, o lo declarará desierto en un plazo no mayor de cinco días hábiles.

Las personas que se consideren agraviadas con la decisión podrán recurrir por la vía gubernativa, conforme a las reglas de procedimiento administrativo instituido en el artículo 114 de la presente Ley, sin perjuicio de acudir a la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, para promover la acción contenciosa.

La entidad licitante, mediante resolución motivada, declarará desierto el acto de selección de contratistas por las siguientes causas:

a. Por falta de proponentes
b. Cuando ninguna de las propuestas cumple con los requisitos y las exigencias del pliego de cargos
c. Si las propuestas presentadas se consideran riesgosas, onerosas o gravosas.
d. Si todas las propuestas presentadas en el acto provienen de un mismo grupo económicos de sociedades vinculadas.
e. Cuando los postores en un acto de subasta de bienes públicos no hubieren ofertado un precio igual o mayor del valor estimado para el acto, y en el caso de subasta en reversa, no hubieran ofertado un precio igual o menor del precio máximo de referencia.
f. Cuando se considere que las propuestas son contrarias a los intereses públicos
g. Cuando el objeto de contratación esté contenido en el Catálogo Electrónico de Productos y Servicios, y ninguna de las ofertas mejora los precios y condiciones contenidos en él.

Una vez declarado desierto un acto, la entidad pública podrá convocar uno nuevo, con la antelación prevista en la ley.

9. Firma del Contrato

Una vez ejecutada la resolución de adjudicación y constituida la fianza de cumplimiento dentro de un término no mayor de 5 días hábiles de ejecutada dicha resolución, el ministerio o representante legal de la entidad contratante procederá a formalizar el contrato, de acuerdo con el pliego de cargos y las disposiciones legales pertinentes.

Todo contrato que exceda de 250.000 US$ sin sobrepasar los 2 millones de dólares deberá contar con el concepto favorable del Consejo Económico Nacional y los contratos que excedan los 2 millones de dólares deberán contar con el concepto de favorable del Consejo de Gabinete.

Los diversos tipos de contratos que contempla la ley son:

a. Contrato de Obra
b. Contrato de Suministro, servicios y consultoría
c. Contrato de llave en mano

 10. Garantías

Para garantizar el cumplimento de las ofertas y de los contratos, el Estado ha establecido fianzas diversas que habrán de constituirse en efectivo, en títulos de crédito del Estado, en fianzas emitidas por compañías de seguros, o mediante garantías bancarias o en cheque certificado o de gerencia a favor de la entidad contratante y de la Contraloría General de la República, que es la entidad competente que conocerá de las consultas sobre cualquier aspecto de la constitución, presentación, ejecución y extinción de las garantías que se constituyan para asegurar el cumplimiento de las obligaciones contraídas con las entidades públicas.

Los tipos de fianzas son:

a. Fianza de cumplimiento: Garantía exigida al adjudicatario de un acto de selección de contratista o beneficiario de una excepción de procedimiento de selección de contratista, para el fiel cumplimiento del contrato u obligación de ejecutar su objeto, y una vez cumplido este, de corregir los defectos a que hubiere lugar de ser el caso. Esta fianza se exigirá cuando el monto supere los 30.000 US$. La vigencia de la fianza corresponderá al periodo de ejecución del contrato principal, más un término de un año si se trata de bienes muebles para responder por vicios redhibitorios y por el término de 3 años para responder por defectos de reconstrucción o de construcción de la obra o bien inmueble.

b. Fianza de cumplimiento de inversión: Garantía exigida al contratista en caso de contratos de adquisición o disposición de bienes, en los que exista la obligación de invertir una suma de dinero, con el objeto de garantizar el cumplimiento de la inversión en el plazo y bajo las condiciones pactadas.

c. Fianza de pago anticipado: Aquella que tiene por objeto garantizar el reintegro de una suma de dinero entregada en concepto de adelanto al contratista. Esta garantía es exigible en la medida en que el contratista no utilice las sumas de dinero adelantadas para la oportuna y debida ejecución del contrato. La fianza no será inferior al 100% de la suma adelantada y tendrá una vigencia igual al período principal y un término adicional de 30 días calendario posteriores a su vencimiento.

d. Fianza de propuesta: Garantía precontractual establecida en el pliego de cargos y presentada en el acto de selección de contratista, con la finalidad de garantizar la oferta de los postores, así como de garantizar que el contratista firme el contrato y presente la fianza de cumplimiento, dentro de los plazos establecidos en esta Ley. Se exceptúa la presentación de esta fianza en la licitación de subasta en reversa y de subasta de bienes públicos que se realicen de manera electrónica. Esta fianza es exigida cuando el importe a contratar supere los 30.000 US$. La fianza será por el importe del 10% del valor de la propuesta y por un término no mayor de 120 días.

e. Fianza de recurso de impugnación: Garantía que el proponente debe adjuntar al recurso de impugnación, cuando este considere que se han violado sus derechos en un procedimiento de selección de contratista, con el objeto de garantizar los perjuicios y las lesiones que se le pudiera causar al interés público.

 

 

Procedimiento de selección de contratista

1. Contratación menor

La adquisición de bienes y servicios que no exceden de 30.000 US$. se realiza en forma expedita cumpliendo un mínimo de formalidades que será reglamentado.

2. Licitación pública

En este procedimiento lo fundamental es el precio del bien o servicio a contratar, y se utilizará para montos superiores a 30.000 US$.

El procedimiento será:

i. Anuncio de la licitación.

ii. Entrega de ofertas en el tiempo y lugar señalados en el anuncio, en la cual deberá contener el precio ofertado con su correspondiente fianza de propuesta y la propuesta técnica.

iii. Apertura de las propuestas y levantamiento del acta en la que se deja constancia de las propuestas presentadas, las admitidas y rechazadas. Dicha acta es publicada en el portal www.panamacompra.gob.pa

iv. Evaluación de las propuestas en las que se examina la propuesta del precio más bajo, para verificar que cumpla a cabalidad con los requerimientos mínimos. El resultado de la evaluación es una recomendación mediante informe para adjudicar la licitación a ese proponente en el caso que se cumplan las condiciones anteriores.

v. Adjudicación. El jefe de la entidad licitante deberá proceder a emitir una resolución adjudicando al proveedor que cumpliendo con las condiciones anteriores sea recomendado en el informe.

3. Licitación por mejor valor

Este procedimiento se aplica cuando el precio no es el factor determinante y el monto del bien o servicio a contratar tiene un alto nivel de complejidad y el monto supera los 30.000 US$. En este procedimiento se ponderan los aspectos técnicos, económicos, administrativos y financieros ofertados por los proponentes, y se adjudicará al proponente que obtenga el mayor puntaje en la metodología de ponderación especificada en el pliego de cargos, siempre que este cumpla con los requisitos mínimos obligatorios exigidos en el pliego de cargos.

El nuevo Proyecto de Ley pretende aumentar el monto mínimo de la licitación a 50.000 UD$ y el precio tendrá que ponderar menos del 50% eliminando el límite inferior anterior del 30%. 

4. Licitación por mejor valor con evaluación separada

Este procedimiento se diferencia del anterior en que las ofertas económicas y técnicas se entregan en sobres distintos y se evalúan de forma separada. Si el proponente no cumple con los requisitos técnicos no se llegará a evaluar la propuesta económica.

El pliego de cargos describirá detalladamente la calificación que se le asigna a cada uno de los criterios de evaluación. En ningún caso, el precio contará con una calificación inferior al treinta por ciento (30%) ni superior al cuarenta y nueve por ciento (49%) de la totalidad de la calificación, que se considerará para la adjudicación del acto público.

Será requisito mínimo obligatorio que el precio ofertado no exceda del 20% del precio estimado por la entidad licitante.

Las propuestas económicas que estén por debajo del porcentaje del precio estimado cuyo nivel establezca el pliego de cargos podrán ser rechazadas o ser objeto de un análisis de riesgo según determine la entidad licitante para evaluar su factibilidad técnica y económica. El pliego de cargos establecerá el procedimiento correspondiente.

La entidad licitante deberá preparar un presupuesto del proyecto cuyo monto se conocerá como el precio estimado. Se mantendrá un sobre cerrado y sellado. Una vez concluya el acto de apertura de las propuestas técnicas, el sobre con el precio estimado se abrirá al inicio del acto de apertura de propuestas económicas.

El Proyecto de Ley eliminaría la condición de que el precio ofertado no exceda del 20% del precio estimado. También eliminaría el hecho de ocultar el precio estimado hasta el acto de apertura de ofertas económicas para así evitar problemas de obtención de información privilegiada por parte de los proponentes.

No obstante, este artículo se vetó por el Ejecutivo con la idea de volver al procedimiento de mantener el precio estimado en sobre cerrado. 

5. Licitación para convenio marco

Este procedimiento se selecciona a uno o más proponentes, con los cuales se firmará un contrato de productos o servicios de uso masivo y cotidiano, llamado convenio marco, y en él se establecerán precios y condiciones determinados durante un periodo de tiempo definido. En ningún caso este período será superior a un año.

Estas licitaciones serán realizadas por la Dirección General de Contrataciones Públicas de acuerdo al procedimiento legal.

Una vez adjudicado este acto y perfeccionado el correspondiente convenio marco con el proponente favorecido se procederá a incluir los productos y servicios que contienen estos convenios en el Catálogo Electrónico de Productos y Servicios. Durante la vigencia de este convenio marco, los proponentes favorecidos podrán mejorar el precio ofrecido.

6. Licitación de subasta en reversa

La licitación de subasta en reversa es un proceso de puja y repuja con la finalidad de obtener el mejor precio de un bien, de un servicio o de una obra para la institución o las instituciones, dentro de un plazo determinado.

Aquí los oferentes competirán mediante la puja y repuja de precio en tiempo real y en línea a través del portal, para determinar el mejor precio durante un plazo de tiempo determinado.
En ningún caso, las pujas o repujas podrán ser superiores al precio máximo de referencia estimado para el producto, servicio u obra que va a ser adquirido, ni tampoco superiores a la última oferta.

El precio más bajo estará siempre a la vista en Internet, a través del portal de www.panamacompra.gob.pa para permitir la repuja a precios inferiores.

7. Licitación abreviada

Este procedimiento selecciona y adjudica en base al menor precio o, en los actos de mejor valor, la mayor ponderación, siempre que se cumpla con todos los requisitos y aspectos técnicos exigidos en el pliego de cargos. Se podrá utilizar cuando el monto de la contratación sea superior a los treinta mil balboas (B/.30,000.00), el objeto de la contratación responda a la necesidad de satisfacer el interés social o estado de urgencia y se requiera que se efectúe en términos de tiempo menores a los dispuestos en otras modalidades de contratación descritas en esta Ley, lo que deberá justificar el representante legal en la respectiva convocatoria. 

Sin embargo, actualmente está prácticamente en desuso por no alinearse con el contenido del Acuerdo de Asociación en lo referido a plazos. El proyecto de Ley 305 contempla la eliminación de este tipo de procedimiento, para mayor dar mayor transparencia al proceso y evitar el uso de información privilegiada. 

8. Subasta de bienes públicos

A través de este procedimiento de licitación el Estado puede disponer de sus bienes, independientemente de la cuantía de estos. 

 

Contratos celebrados con extranjeros

Las personas naturales o jurídicas extranjeras que celebren contratos con el Estado, deberán dejar constancia en el contrato de la renuncia a reclamación diplomática, salvo el caso de denegación de justicia. No se entiende que haya denegación de justicia cuando el contratista, sin haber hecho uso de ellos, ha tenido expeditos los recursos y medios de acción que puedan emplearse conforme a las disposiciones pertinentes.

Este precepto también se aplicará a las sociedades en que existan extranjeros que sean propietarios o que tengan el control sobre las acciones o participaciones sociales en ella, y en los casos de cesión del contrato a extranjeros, en las mismas circunstancias.

Lo anterior es sin perjuicio de lo que establezca la Ley 58 de 2002, sobre medidas de retorsión que obliga a las empresas extranjeras presentar una declaración jurada indicando que proceden de un país que no está incluido en la lista de países que la República de Panamá restringe para participar en licitaciones .

Además para poder contratar con el Estado, las empresas extranjeras deben estar registradas en el Registro Público de Panamá.

Para registrar una sociedad en el Registro Público panameño es necesario que el trámite se realice a través de un abogado con idoneidad panameña, el cual gestionará el levantamiento a escritura pública de los documentos de la sociedad extranjera. Los documentos que se requieren son:

a. Certificación del Registro Mercantil del país de origen en que conste los datos de registro y la vigencia de la sociedad extranjera
b. Estados financieros auditados de los últimos años
c. Pacto social original de constitución de la sociedad y sus modificaciones

Estos documentos deben tener la apostilla de La Haya.

 

Cambios principales propuestos en el Proyecto de Ley 305 (actualmente en revisión)

Se modifica el Art. 16: Incapacidad legal para contratar. Añade la incapacidad legal para contratar a empresas que hayan sido condenadas por delitos contra la administración pública, blanqueo de capitales o cualquier otro delito contra el orden económico, terrorismo, etc. con penas de prisión de un año o más por un tribunal panameño.

Se modifica el Art. 33: Publicación de la convocatoria. Eliminando la distinción entre licitaciones de bienes y servicios y obras, intentando adecuarse a los plazos establecidos en el AdA.

Se elimina el Art. 40: Licitación abreviada. Se elimina este procedimiento de contratación por perjudicar la calidad de las propuestas, al contar con menos tiempo para prepararlas y eliminar la posibilidad de uso de información privilegiada.

Se modifica el Art. 43: Licitación por mejor valor. Se aumenta el monto mínimo de la licitación a 50.000 UD$ y el precio tendrá que ponderar menos del 50% eliminando el límite inferior anterior del 30%

Se modifica el Art. 45: Licitación por mejor valor con evaluación separada. Se eliminan la restricción de que el precio ofertado no exceda del veinte por ciento (20%) del precio estimado por la entidad licitante. Se publicará el precio de referencia para evitar así problemas con información privilegiada.

Se modifica el Art. 77: Reglas para modificaciones y adiciones al contrato en base al interés público. Se estipula un límite máximo a modificaciones en un 40% del monto originalmente convenido.

 

Artículos vetados del Proyecto de Ley 305

Art. 1: Se propone volver a incluir la adquisición de medicamentos por la CSS en la Ley 22

Art. 24: Se propone modificar la tabla de plazos de convocatoria para que concuerde con lo establecido en el AdA y otros acuerdos internacionales.

Art. 33: En Licitaciones por mejor valor, se propone elevar el monto mínimo de la contratación, dar más importancia a la propuesta técnica y establecer porcentaje de onerosidad.

Art. 35:En licitaciones por mejor valor con evaluación separada, se propone volver a precio estimado en sobre cerrado.

Art. 36: En el procedimiento de convenio marco, se propone delegar en instituciones de salud para celebrar y firmar convenios marco para insumos medicamentos, etc.

Art. 50: Se propone un procedimiento especial de contratación para medicamentos en casos de desabastecimiento por valor de hasta 500.000 $

Art. 66: Se propone que sea necesaria una calificación emitida por calificadora de riesgos reconocida a nivel internacional y registrada en la superintendencia de bancos o seguros que deberá ser obtenida en un plazo máximo de un año contando a partir de la entrada en vigencia de la Ley.

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Régimen de inversiones

En Panamá, la legislación que regula la inversión extranjera en el país es fundamentalmente la siguiente:

  • Constitución de 1972, modificada por los Actos Reformatorios de 1978 y el Acta Constitucional de 1983.
  • Ley Nº 54 de 22 de julio de 1998 sobre Estabilidad Jurídica de las Inversiones concede trato nacional a las empresas y a los inversores extranjeros, con las únicas excepciones incluidas en la Constitución y en la Ley. 
  • Ley Nº 41 de 24 de agosto de 2007 del Régimen Especial para el Establecimiento y las Operaciones de Sedes de Empresas Multinacionales, modificada por la Ley Nº 45 del 10 de agosto de 2012 busca incentivar el establecimiento en Panamá de multinacionales con operaciones regionales en Latinoamérica y Caribe. Para acogerse a esta Ley, el inversor extranjero está obligado a presentar un Plan de Inversión con un valor mínimo de US$ 2 millones a la Dirección Nacional de Desarrollo Empresarial (DINADE) del Ministerio de Comercio, certificado por la entidad encargada de promover y fiscalizar dicha inversión.

Un freno a la inversión extranjera viene constituyéndolo la política migratoria restrictiva de Panamá, estableciendo en el Art. 17 de su Código de Trabajo que todo empleador mantenga a trabajadores panameños en una proporción no inferior al 90% de la plantilla (puestos ordinarios) y extranjeros en trabajos especializados sin exceder el 15% del total empleado.

El Gobierno de Martinelli flexibilizó la política migratoria mediante el Decreto Ejecutivo Nº 343 de mayo de 2012, creando una categoría de residente permanente para extranjeros procedentes de países específicos "amigos" que la solicitan para ejercer actividades profesionales, económicas y de inversión.

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Incentivos a la inversión (fiscales, sectoriales, regionales y locales)

La promoción de la inversión extranjera se realiza a través de la Agencia de Promoción de Inversiones y Exportaciones (PROINVEX) suscrita al Ministerio de Comercio e Industrias.

En Panamá existen varias leyes de incentivos a la inversión. Estos incentivos no distinguen si se trata de inversión nacional o extranjera. Los tipos de incentivos son fiscales, laborales, administrativos, migratorios y aduaneros. Para acogerse a los incentivos que establecen las leyes especiales las inversiones deben cumplir con los requisitos y procedimientos que señalan las entidades reguladoras respectivas.

Los incentivos a la inversión según el sector o la actividad son:

Incentivos al Sector Turismo –

Ley 8 de 1994. Modificada mediante la Ley 58 de 2006 y asu vez modificada por la ley 80 de 2012.

Entidad Reguladora: Autoridad de Turismo de Panamá

Incentivos a la Reforestación –

Ley 24 de 1992. Modificada por la ley 6 de 2005. Durante el año 2016 se está desarrollando un borrador de nueva ley para modificación de algunos artículos de las ley 24.

Entidad Reguladora: Autoridad Nacional del Ambiente

Durante los inicios del 2016, se empezó a debatir una modificación de la ley para ampliar dichos incentivos a la inversión. Más concretamente, dicha modificación pretende exonerar del impuesto inmuebles y de transferencia de bienes inmuebles a fincas que dediquen más de la mitad de su territorio a la reforestación,

Incentivos al cine –

La Ley nº37 de 2007 junto con su modificación bajo la Ley nº 16 de 2012 establece las bases para establecer el régimen especial de la industria cinematográfica y audiovisual de Panamá.

Incentivos a las agroexportaciones

La ley 82 de 2009 consiste en apoyar el esfuerzo agro exportador de productos no tradicionales a través del instrumento fiscal denominado Certificado de Fomento a la Agro exportación (CeFA).

Incentivos a los call centers

Ley 32 de 2011 de Zonas Francas

El artículo 70 de la Ley 32 de Zonas Francas, indica que las personas naturales o jurídicas que tengan una Concesión de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) para la prestación del Servicio de Centros de Llamadas para uso comercial (call centers) en concepto de llamadas internacionales quedan sujetos a los beneficios establecidos en la referida Ley.

Incentivos a la industria

Certificado de fomento industrial bajo la ley 76 de 2009.

El objetivo es el incentivo del desarrollo de la industria en Panamá y es aplicable a empresas industriales de manufactura, agroindustriales y de transformación de recursos marinos o también de transformación de materias primas agropecuarios y forestales.

Incentivo a la instalación de Sedes de Empresas Multinacionales

Ley 41 de 2007 reformada por la Ley 45 de del 10 de Agosto de 2012

Entidad Reguladora: Comisión de Licencias de Sedes de Empresas Multinacionales adscrita al Ministerio de Comercio e Industrias.

Por medio de dicha ley se crea un régimen especial para el establecimiento y operación de Sedes de Empresas Multinacionales y la comisión  de licencias de sedes de empresas multinacionales y dicta otras disposiciones.
 
La Ley 45 aplicable define una empresa SEM como aquella empresa multinacional que desde Panamá realiza operaciones dirigidas a ofrecer los servicios definidos en esta Ley a su Casa Matriz o a sus subsidiaras o a sus filiales o a compañías asociadas, o que fije su Casa Matriz en Panamá. Las Sedes siempre serán parte de empresas multinacionales con operaciones internacionales o regionales o importantes en su país de origen.

En la siguiente lista se puede observar la lista de multinacionales españolas inscritas en el SEM:

- Puig. Empresa del sector de Perfumería y cosméticos

- Sociedad de Apoyo FMBBVA. Empresa del sector bancario

- Telefónica. Empresa del sector de telecomunicaciones

- Banesco Grupo Financiero Internacional. Empresa del sector bancario

- Latamel. Empresa dedicada a la distribución de tecnología y videojuegos.

 

 Los incentivos a la inversión según su localización son:

Área Económica Especial Panamá-Pacífico

Ley 41 de 2004

Entidad Reguladora: Agencia del Área Económica Especial Panamá-Pacífico

Ciudad del Saber

Decreto Ley 6 de 1998

Entidad Reguladora: Fundación de la Ciudad del Saber

Zonas Francas

Ley 32 de 2011.

Entidad Reguladora: Viceministerio de Comercio Exterior

Zonas Libres de Petróleo

Decreto de Gabinete 36 de 2003

Entidad Reguladora: Dirección Nacional de Hidrocarburos del Ministerio de Comercio e Industrias.

Zona Libre de Colón

Ley 18 de 1948

Entidad Reguladora: Administración de la Zona Libre de Colón

Zona Franca del Barú

Ley 19 de 2001

Entidad Reguladora: Administración de la Zona Franca del Barú

 

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Representación y agencia

La figura de la empresa de representación o agencia no está regulada en el ordenamiento jurídico nacional. Cuando se trata de registrar una sociedad extranjera para operar en Panamá se requieren los siguientes pasos:

1- Se debe elevar a escritura pública los documentos extranjeros, que son: el pacto social de escritura de constitución de la sociedad, el Certificado de Registro Mercantil del país de origen en que conste los datos de inscripción y los últimos estados financieros auditados por firmas reconocidas.

2- Se registra en el Registro Público Panameño en la Sección de Empresas Extranjeras. Comúnmente se incluye entre paréntesis la palabra (Panamá) para diferenciarla de la sociedad matriz.

 

Sucursales

Las sociedades anónimas extranjeras podrán constituir oficinas o agencias en Panamá y hacer negocios dentro de la República, después de haber presentado al Registro mercantil, para su inscripción los siguientes documentos: escritura de protocolización del pacto social; copia del último balance acompañado de una declaración de la parte del capital social que se utiliza o que se propone utilizar en negocios de la República de Panamá y certificado de estar constituida y autorizada con arreglo a las leyes del país respectivo, autentificado por el cónsul de Panamá en ese país.

De no cumplirse lo anterior, las sociedades anónimas extranjeras que actúen dentro de la República de Panamá, no podrán iniciar procedimientos judiciales, pero podrán ser demandadas en toda clase de juicios.

Fundaciones de Interés Privado

Las fundaciones de interés privado panameñas son un instrumento para administrar bienes y patrimonios, y se encuentran reguladas por la ley Nº25 del 12 de junio de 1995:

Objeto: constituir un patrimonio independiente e inembargable que garantice el cumplimiento de los fines de la fundación.

Constitución: Podrán crear fundaciones de interés privado una o más personas naturales o jurídicas por sí mismas o por medio de terceros, en favor de beneficiarios. La fundación puede ser creada por medio de un documento privado que debe ser protocolizado en una notaría o directamente ante un notario público. El acta constitutiva deberá inscribirse en el registro público. A diferencia de las fundaciones de carácter general que deben ser aprobadas previamente por el Ministerio de Gobierno, las de carácter privado no deben obtener ningún permiso previo por parte de las administraciones´públicos.

Características principales:

Las fundaciones no podrán perseguir fines de lucro, aunque podrán realizar ciertos actos de comercio siempre que los mismos sean convenientes para la fundación y siempre que el producto económico sea dedicado únicamente a los fines de la misma. La fundación puede adquirir y poseer bienes, tener derechos y contraer obligaciones y ser parte de cualquier proceso administrativo y judicial. El manejo de la Fundación no está sujeto a supervisión gubernamental. Toda persona que tuviera conocimiento de las transacciones y operaciones de la fundación deberá mantener reserva y confidencialidad sobre las mismas. Los activos de la fundación son insecuestrables. El patrimonio inicial de la fundación expresado en cualquier moneda de curso legal, no podrá ser inferior a 10.000 dólares.

Las fundaciones serán irrevocables salvo en tres casos: cuando el acta fundacional no haya sido inscrita en el Registro Público; cuando se establezca expresamente lo contrario en el acta; o por cualquiera de las causas de revocación de las donaciones.

Las fundaciones extranjeras podrán acogerse a las disposiciones panameñas en cuanto a fundaciones de interés privado. No se exige poseer nacionalidad panameña para poder integrar el Consejo de la Fundación.

Fiscalidad: estarán exentos de todo impuesto los actos de constitución, modificación o extinción de la fundación, así como los actos de transferencia, transmisión o gravamen de los bienes de la fundación y la renta proveniente de dichos bienes, siempre que los mismos constituyan bienes situados en el extranjero; dinero depositado en Panamá por personas cuya renta no sea de fuente panameña o no sea gravable en Panamá por cualquier causa o acciones o valores de cualquier clase, emitidos por sociedades cuya renta no sea de fuente panameña, o cuando su renta no sea gravable por cualquier causa, aún cuando tales acciones o valores estén depositados en la República de Panamá.

También estarán exentos de todo impuesto los actos de transferencia de bienes inmuebles, títulos, certificados de depósito, valores, dinero o acciones efectuados por razón del cumplimiento de los fines de la fundación o por la extinción de la misma a favor de los parientes en primer grado de consanguinidad o del cónyuge del fundador.

Toda fundación debe pagar un derecho registral y una tasa única equivalentes a los que se establece para las sociedades anónimas.

Fideicomiso

Se encuentra regulado por la Ley 1 de 5 de enero de 1984. El fideicomiso es un acto jurídico en virtud del cual una persona llamada fideicomitente transfiere bienes a una persona llamada fiduciario para que los administre o disponga de ellos en favor de un beneficiario que puede ser el propio fideicomitente.

Fiscalidad: estarán exentos de todo impuesto los actos de constitución, modificación o extinción del fideicomiso, así como los actos de transferencia, transmisión o gravamen de los bienes dados en fideicomiso y la renta proveniente de dichos bienes o cualquier otro acto sobre los mismos, siempre que el fideicomiso verse sobre bienes situados en el extranjero, dinero depositado en Panamá cuya renta no sea de fuente panameña y acciones o valores emitidos por sociedades cuya renta no sea de fuente panameña, aún cuando tales acciones o valores estén depositados en la República de Panamá.

Características principales:

La Superintendencia de bancos supervisará y velará por el adecuado funcionamiento del negocio del fideicomiso. La obligación de guardar secreto fiduciario se mantiene aunque termine el fideicomiso. La duración del fideicomiso no podrá ser superior a 80 años. Los fideicomisos pueden ser revocables o irrevocables, pudiendo el fundador cambiar a los beneficiarios en cualquier momento.

Procedimientos contables generales en Panamá.- Todas las empresas deben llevar libros de contabilidad. Los libros legales, los documentos contables y la correspondencia deben mantenerse en Panamá si la empresa se dedica a operaciones locales y deben estar actualizados y disponibles en todo momento para las autoridades correspondientes. Si se trata de operaciones en el exterior (off-shore), los libros, los documentos y la correspondencia pueden mantenerse fuera del país, excepto cuando se requieran para acciones legales en Panamá.

Licencias comerciales.- Toda persona natural o jurídica que pretenda ejercer alguna actividad comercial en la República de Panamá (se exceptúan aquellas compañías que estén ubicadas en la Zona Libre de Colón), necesita de una licencia comercial o industrial según la naturaleza de la actividad. Por ello, el paso siguiente a la constitución de una sociedad es la obtención de la aviso de operación a favor de la sociedad en cuestión, en el Ministerio de Comercio e Industrias, que se tramita a través de la web: www.panamaemprende.gob.pa

Estas licencias pueden ser de tres tipos:

Licencia Comercial Tipo A: se otorga a los bancos, compañías financieras, empresas de seguros, empresas internacionales de transporte, servicios públicos, hoteles, empresas de servicios de alta tecnología y para realizar operaciones de comercio al por mayor.

Licencia Comercial Tipo B: se requiere para ejercer el comercio al por menor, entendiéndose por esto, la venta de bienes al consumidor. Se incluyen en esta actividad las compañías de representación, agencia o distribución, compañías de servicios a terceros, bares, restaurantes, farmacias, agencias de bienes raíces, transportes dentro del terrritorio nacional, y otras actividades de naturaleza análoga. La Constitución de Panamá reserva el ejercicio de estas actividades a personas de nacionalidad panameña. Cuando se constituye una sociedad anónima, si la misma se va a dedicar al comercio al por menor, los directores, dignatarios y accionistas de la sociedad tienen que ser panameños y la sociedad solamente podrá emitir las acciones nominativamente.

Licencia Industrial: es necesaria en las actividades industriales. Se requiere para dedicarse a la industria de la construcción y a actividades extractivas y manufactureras.

La prestación de servicios a terceros se clasifica como una operación al por menor. Del mismo modo, para las ventas al Estado basta con una licencia tipo A, por lo que tanto comerciantes mayoristas, como industriales pueden participar directamente en licitaciones y concursos sin necesidad de intermediación de un minorista.

Cuando se requiera de una licencia tipo B para ejercer el comercio al por menor, deberá adjuntarse fotocopia autentificada por el Tribunal Electoral de la cédula de identidad personal de los directores, administradores y accionistas de la sociedad.

No es necesario obtener una licencia para ejercer actividades relacionadas con la agricultura, artesanía o manualidades que no ocupen a más de cinco trabajadores. Tampoco es necesaria la licencia para ejercer actividades sin fines de lucro.

Cuando el capital invertido en un negocio o actividad no exceda de 10.000$, basta con solicitar un registro e inscribir a la empresa en el Registro Comercial del Ministerio de Comercio e Industrias. No se exigirá en este caso licencia comercial o industrial.

El Estado ha de expedir la licencia en un plazo máximo de 90 días pero entre tanto la empresa podrá operar con un “permiso provisional” que se expide al presentar la solicitud. Todos los establecimientos o locales de una empresa pueden estar amparados bajo una sola licencia o registro.

Para obtener una licencia comercial tipo A o una licencia industrial se han de cumplir los siguientes requisitos: fotocopia de la escritura de constitución de la sociedad; certificación de registro público de la sociedad; fotocopia de cédula o pasaporte del representante legal; certificado de “paz y salvo” municipal y nacional de la sociedad; pago de los derechos de registro de licencia (5 dólares) y timbres (4 dólares); poder a favor del abogado; registro único del contribuyente (RUC) ante el Viceministerio de Finanzas (antiguo Ministerio de Hacienda); certificado de contador público autorizado sobre el capital invertido en la sociedad.; certificado de saneamiento ambiental y/o industrial cuando se requiera.

El costo para la obtención de estas licencias oscila entre los 300 y 800 dólares, dependiendo de las gestiones que se realicen. Además, las empresas que operan con estas licencias comerciales o industriales deben pagar un impuesto anual de un 1% sobre el capital invertido en la sociedad.

 

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Formación de "joint-ventures". Socios locales

No existe una regulación específica sobre los joint ventures, sin embargo la legislación nacional los admite para contratar con el estado. La Ley de contratación pública los denomina Consorcios a Asociaciones accidentales, y los define como una agrupación de dos o más personas que se asocian para presentar una misma propuesta en forma conjunta, para la adjudicación, la celebración y la ejecución de un contrato, y que responden solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato.

Los joint ventures conformados por socios locales y extranjeros tienen las mismas obligaciones y derechos que los conformados únicamente por nacionales o únicamente por extranjeros.

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Tipos de sociedades

Los tipos de sociedades reguladas en el derecho mercantil panameño son:

A)     Sociedad Colectiva

B)     Sociedad en Comandita

C)     Sociedad de Responsabilidad Limitada

D)     Sociedad Anónima

E)     Cooperativas

 

Para la constitución de sociedades se debe hacer ante notario y el sucesivo registro de sociedades. Es necesario el alta de actividad mediante el documento de Aviso de Operación según la actividad de la sociedad.

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Régimen de Franquicias

La base legal para la inscripción del contrato de franquicia está regulada en la Ley 35 del 10 de mayo de 1996, reglamentada por el Decreto Ejecutivo nº7 del 15 de febrero de 1998.

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Propiedad industrial (marcas, patentes, diseños, licencias)

Patentes y marcas

La ley Nº 35 de 10 de mayo de 1996 regula la propiedad industrial, incluyendo todo lo relativo a patentes y marcas. La propiedad industrial es competencia de la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial (DIGERPI), del Ministerio de Comercio e Industrias.

Marcas

La marca es el signo distintivo usado por el empresario para diferenciar en el mercado sus productos o servicios de los productos o servicios de sus competidores.

Tiene derecho preferente a obtener el registro de una marca, la persona que la estuviera usando en el comercio desde la fecha más antigua. Cuando una marca no estuviera en uso, el registro se concederá a la persona que presente primero la solicitud correspondiente o que invoque la fecha de prioridad más antigua. La persona natural o jurídica que haya registrado una marca de fábrica en el exterior es la única persona que tiene el derecho de registrar esa marca en Panamá como una marca extranjera. En caso de conflicto entre dos o más tenedores de la misma marca, la propiedad se otorgará al primer poseedor.

Para poder registrar una marca, ésta debe reunir determinados requisitos de validez o registrabilidad, debe ser distintiva y no encontrarse en los casos siguientes:

- marcas extranjeras que no estén previamente registradas en su país de origen.

- marcas que contengan banderas, escudos de la república, municipios o naciones extranjeras.

- marcas que contengan retrato, nombres de personas y no posean autorización previa. Se exceptúan los casos de retratos o nombres de personajes históricos.

- marcas que consistan en información sobre clase, fecha, lugar de fabricación, calidad, destino, precio, cantidad, peso o denominación usual del producto.

- marcas que sean idénticas o parecidas a otras registradas o conocidas.

- marcas que atenten contra la moral.

Para obtener el registro de una marca, se elevará una solicitud a la DIGERPI, a través de un abogado, presentándose los siguientes documentos: datos de la persona física o jurídica; denominación y/o diseño de la marca tal como será usada en el mercado; especificación de los productos o servicios en los cuales la marca será usada; declaración jurada respecto al uso de la marca; comprobante de haber pagado los derechos de registro, inscripción y publicación; seis etiquetas de la marca, una de las cuales deberá adherirse en la solicitud.

Encontrada conforme la solicitud de registro, se ordenará su publicación en el Boletín Oficial de Registro de la Propiedad Industrial (BORPI). Durante el término de dos meses, contado a partir del día siguiente a la publicación cualquier persona puede presentar demanda de oposición al registro de marca solicitado. De no mediar demanda de oposición, se ordenará el registro de la marca.

El registro de una marca tiene una duración de diez años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y puede ser renovado indefinidamente por períodos iguales, siempre que así se solicite dentro del término correspondiente y se paguen los derechos fiscales.

Los derechos a satisfacer en relación con las marcas son los siguientes:

por solicitud de marca                                  19,2 dólares

por registro de una marca                           104 dólares

Certificado Reg. Publico (P. Juridicas)      30 dólares 

por cada solicitud de prórroga                    10 dólares

Patentes

La persona natural que realice una invención, tendrá el derecho exclusivo de su explotación. Este derecho se otorgará a través de patentes. El titular de una patente puede ser persona natural o jurídica.

Para obtener una patente debe presentarse, a través de un abogado panameño, una solicitud de patente a la DIGERPI, acompañada de una descripción, un resumen, los dibujos correspondientes, así como el comprobante de haber pagado las tasas correspondientes.

Cuando se solicite una patente ya presentada en otros países, se reconocerá como fecha de prioridad la del país en que se presentó primero. Para este fin, deberá haberse presentado la solicitud respectiva en la República de Panamá, dentro de los plazos que determinan los convenios internacionales vigentes sobre la materia, ratificados por Panamá.

La DIGERPI denegará total o parcialmente la solicitud, si estima que su objeto no es patentable. Si la DIGERPI acepta la solicitud, hará saber al solicitante que para dar continuación al procedimiento de concesión, deberá pedir la realización de un informe sobre el estado de la técnica dentro de los plazos establecidos en la ley. Posteriormente la DIGERPI ordenará la publicación de la solicitud de patente en el BORPI. Finalmente la DIGERPI procederá a conceder la patente solicitada, previo pago de los derechos correspondientes.

Los derechos a satisfacer en relación con las patentes son los siguientes:

por solicitud de patente                                                              12 dólares

Registro Publico (P. Juridicas)                                                   30 dólares

por solicitud de informe sobre el estado de la técnica          240 dólares

por concesión de una patente * los 5 primeros años            150 dólares

* los 5 años siguientes                                                             200 dólares

* los 5 años siguientes                                                             200 dólares

* el resto del tiempo                                                                 300 dólares

La patente tiene una vigencia de 20 años improrrogables. 

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Barreras de entrada para inversores españoles

Existen algunas limitaciones a la inversión extranjera y al ejercicio de actividades en ciertos sectores: adquisición de terrenos, contratación de trabajadores, comercio al por menor, pesca, radiodifusión o transporte de cabotaje, siendo la más importante con diferencia la restricción a la contratación de trabajadores extranjeros (como regla general, no pueden superar el 10% de la plantilla ni de la nomina), aunque existen vías, al menos en ciertos casos, para superar estas limitaciones. En 2013 se sumó la restricción a la participación de empresas de capital extranjero en los servicios marítimos auxiliares, lo que perjudicaba directamente al menos a una empresa española y a otra holandesa que llevan tiempo presentes en este mercado. A finales de enero de 2015 se aprobó un proyecto de ley del nuevo Gobierno que ha suprimido esa barrera, eliminando cualquier restricción que perjudique a los inversores extranjeros.

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