Marco jurídico

Resumen del marco jurídico para los negocios

Durante 2015, el Gobierno de Varela introdujo los cambios legislativos necesarios que permitieron al plenario del GAFI confirmar la salida de Panamá de su lista gris en febrero de 2016 - había sido incluido en 2014 por no adoptar suficientes medidas para prevenir el blanqueo de capitales. Entre estas medidas, se encuentra la creación de la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros y la aprobación de las Leyes 23 y 18 (abril de 2015). 

En lo referido a la política migratoria y empleo, el anterior Gobierno de Martinelli ya había modificado mediante el Decreto Ejecutivo Nº 343 (mayo de 2012) el Código de Trabajo, que establecía fuertes restricciones a la contratación de personal extranjero - su Art. 17 establecía un porcentaje máximo del 10 - 15% de empleados extranjeros en una empresa panameña. Este Decreto Ejecutivo creó una nueva subcategoría de residente permanente para profesionales extranjeros procedentes de un grupo de países específicos "amigos" entre los que se encuentra España. 

Entre las leyes importantes destinadas a atraer la inversión extranjera se encuentra la Ley 41 de 2007 cuyo objetivo es crear el Régimen Especial para el Establecimiento y la Operación de Sedes de Empresas Multinacionales (Ley SEM). 

Los principales acuerdos bilaterales en vigor entre España y Panamá son los siguientes:

  • Convenio sobre Doble Imposición firmado el 7 de octubre de 2010, ratificado por ambos países y que entró en vigor el 25 de julio de 2011.
  • APPRI cuya entrada en vigor se produjo en agosto de 1998. 
  • Acuerdo de Asociación entre Unión Europea y Centroamérica, cuyo pilar comercial entró en vigor en 2013.  
  • MOU sobre cooperación en materia de transportes e infraestructuras, firmado en junio de 2015, entre el Ministerio de Fomento de España y el Ministerio de la Presidencia de Panamá. 

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Organismos de apoyo a la inversión extranjera

La promoción de la inversión extranjera se realiza a través de Proinvex, entidad que fue creada durante la administración del expresidente Juan Carlos Varela y está adscrita al Ministerio de Comercio e Industrias (Mici). También existe ProPanamá, Agencia para la Atracción de Inversiones y la Promoción de Exportaciones, adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores y creada bajo decreto ejecutivo del 27 de agosto de 2019.

En Panamá existen varias leyes de incentivos a la inversión. Estos incentivos no distinguen si se trata de inversión nacional o extranjera. Los tipos de incentivos son fiscales, laborales, administrativos, migratorios y aduaneros. Para acogerse a los incentivos que establecen las leyes especiales las inversiones deben cumplir con los requisitos y procedimientos que señalan las entidades reguladoras respectivas.

 

 

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Otros incentivos a la inversión

 
Ley 6 de 3 de febrero de 1997, por la cual se dicta el Marco Regulatorio e Institucional para la prestación del servicio público de Electricidad, modificada por la Ley 68 de 1 de septiembre 2011, Ley 43 de 9 de agosto de 2012 y Ley 18 de 26 de marzo de 2013, Ley 2 de 6 de febrero de 2018 Esta ley se encuentra reglamentada por el Decreto Ejecutivo 22 de 19 de junio de 1998.
Ley No. 45 de 4 de agosto de 2004, que establece un régimen de incentivos para el fomento de sistemas de generación hidroeléctrica y de otras fuentes nuevas renovables y limpias, y dicta otras disposiciones.
 
 
Las leyes Nº 6 y 45 establecieron un sistema de incentivos para proyectos de energía renovable incluyendo:

·       Exoneración de impuestos de importación para equipamiento, maquinaria, materiales, recambios y otras importaciones necesarias para la instalación y mantenimiento de plantas de energía renovable con una capacidad instalada de hasta 500KW.

·        Un incentivo fiscal de hasta el 25% sobre la inversión directa para empresas que desarrollen nuevos proyectos o incrementen la capacidad de producción de sistemas de energía renovable de hasta 10MW.

·    Crédito fiscal aplicable al impuesto de las ganancias de hasta el 5% sobre la inversión para proyectos de energía renovable que se conviertan en infraestructura pública.

·        Eliminación de los impuestos de importación, tasas e impuestos sobre equipamiento/materiales importados para la construcción de plantas.

·        Beneficios fiscales garantizados a las plantas en función de su nivel de reducción del carbono.

·        Exoneración de impuestos de transmisión y distribución.

·        Desgravación de ingresos.

·        Exención del impuesto sobre los bienes y servicios.

·        Incentivos fiscales para la energía eólica, energía solar, gas natural, biomasa

Incentivos a inversión en Gas Natural:

·        Crédito fiscal de hasta el 5% del valor total de la inversión directa aplicable al impuesto sobre la renta de obras civiles de infraestructura pública.

·        Exoneración de aranceles aduaneros para equipos, maquinaria, materiales, piezas de repuesto y otras importaciones necesarias para el funcionamiento adecuado de las instalaciones.

·        Posibilidad de utilizar un método de amortización acelerada para depreciar activos tangibles.

·     20 años de exoneración de todos los impuestos para los fabricantes de equipos de generación de gas natural dentro de Panamá. Incluye equipo: mecánico, electrónico, electromecánico, metalúrgico y eléctrico.

Incentivos a inversión en Energía Eólica

·        Crédito fiscal de hasta el 5% del valor total de la inversión directa aplicable al impuesto sobre la renta de obras civiles de infraestructura pública.

·      Exoneración de todos los impuestos de importación de equipamiento y materiales usados para la instalación y mantenimiento de plantas de generación de energía eólica.

·        Posibilidad de utilizar un método de amortización acelerada para el equipamiento usado en la generación de energía eólica.

·        15 años de exoneración de todos los impuestos para los fabricantes de equipamiento de generación de energía eólica dentro de Panamá.

Incentivos a inversión en Energía a partir de Biomasa

·        Exoneración total del impuesto sobre las ganancias.

·        Exoneración del IVA de las importaciones y del pago de impuestos de licencias comerciales e industriales.

·        Exoneración de los impuestos de aduana para el equipamiento y materiales utilizados para el desarrollo de proyectos de generación de energía a partir de biomasa.

·        15 años de exoneración de todos los impuestos para los fabricantes de equipamiento de generación de energía eólica dentro de Panamá.

·        Exoneración de impuestos, tarifas, contribuciones y otras cargas locales.   

Incentivos de inversión en Energía Solar

·        Crédito fiscal de hasta el 5% del valor total de la inversión directa aplicable al impuesto sobre la renta de obras civiles de infraestructura pública.

·        Exoneración de todos los impuestos de importación para equipamiento y materiales usados para la instalación y mantenimiento de plantas de energía solar. 

·        Posibilidad de utilizar un método de amortización acelerada para los activos tangibles.

 

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Zonas francas y ZEE

Los incentivos a la inversión según su localización son:

Área Económica Especial Panamá-Pacífico

Ley 41 de 2004

Entidad Reguladora: Agencia del Área Económica Especial Panamá-Pacífico

Incentivos:

Beneficios Fiscales

·        Exoneración de todo impuesto, contribución, tasa, gravamen o derecho de importación sobre todo tipo de mercancías, productos, equipos, servicios y demás bienes en general introducidos en el área Panamá-Pacífico, incluyendo, pero sin limitar, materias primas, combustibles y lubricantes, artefactos, suministros y repuestos introducidos en el área Panamá-Pacífico.

·        Exoneración del Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestación de Servicios sobre todo tipo o clase de mercancías, productos, equipos, bienes, servicios y demás bienes en general introducidos en el área Panamá-Pacífico, así como de cualquier impuesto, tasa o derecho a la prestación de servicios.

·        Exoneración de pago de licencia comercial o industrial.

·        Exoneración de impuesto de timbres.

·        Exoneración sobre mejoras comerciales e industriales, del impuesto de inmuebles sobre el terreno y las mejoras.

Beneficios Laborales

·        Tasas fijas por horas extras (máximo 25%) y por trabajo realizado en días festivos o de descanso.

·        Días de descanso semanal negociable.

·        Empresas pueden permanecer abiertas los Domingos y días feriados.

·        Se permite un 15% de fuerza laboral extranjera.

Migración

·        Todas las visas de trabajos se obtienen en las instalaciones del APP.

·        Visas especiales para inversores, trabajadores y extensible a familiares inmediatos.

·        El personal extranjero contratado en calidad de especializado tiene derecho a importar 100% libre de impuestos, por una sola vez, todo tipo de artículo para uso personal o doméstico, hasta la suma de $100,000.00.

Oficinas de Aduanas

·        Aduanas posee instalaciones y opera en el área especial, fuera de la ventanilla única.

·        Disponible 24/7 por solicitud.

·        Sistema basado en auditorías post inventario.

 

 

Ciudad del Saber

Decreto Ley 6 de 1998

Entidad Reguladora: Fundación de la Ciudad del Saber

Incentivos Ficales:

Por el término de 25 años prorrogables, por períodos sucesivos de igual duración, se otorgan los siguientes beneficios fiscales:

·        Exoneración de todo impuesto, contribución, tasa, o derecho de importación sobre las maquinarias, equipos, mobiliario, vehículos, artefactos, e insumos necesarios para el desarrollo de los objetivos de la Ciudad del Saber.

·         Exoneración del Impuesto de Inmuebles sobre los bienes de este carácter propiedad de Fundación Ciudad del Saber.

·        Exoneración de cualquier impuesto, tasa, derecho, gravamen, que grave el envió de dinero al extranjero, cuando tal envío o transferencia de fondos se lleva a cabo para los fines con los que fue instituida la Ciudad del Saber.

·        Las empresas innovadoras que en parques tecnológicos produzcan, ensamblen, procesen bienes de alta tecnología o que presten servicios de igual característica que podrán ser destinados a la venta en el mercado local e internacional gozarán de los siguientes beneficios:

·        Sus actividades, operaciones, transacciones, tramites, y transferencia de bienes muebles e inmuebles, la compra de importación de equipo y material de construcción, materias primas, equipos maquinarias, herramientas, accesorios, insumos y todo bien servicio requerido para sus operaciones, que se realicen dentro del área de Ciudad del Saber, estarán ciento por ciento libres de impuestos directos, contribuciones, tasas, derechos y gravámenes nacionales.

·        Su capital estará libre de impuesto nacional directo incluyendo los impuestos sobre patente o licencia.

Incentivos Migratorios:

·        El estado concederá visas especiales al personal extranjero que ingrese al país para coadyuvar al desarrollo de la Ciudad del Saber, especialmente a los investigadores, educadores y técnicos, el conyugue e hijos dependientes y estudiantes, bajo ciertas condiciones.

 

Zonas Libres de Petróleo

Decreto de Gabinete 36 de 2003

Entidad Reguladora: Dirección Nacional de Hidrocarburos del Ministerio de Comercio e Industrias.

Este Decreto regula la actividad de las zonas libres de petróleo en Panamá, dentro de estas zonas existe un tratamiento fiscal especial:

·        No se causará ningún impuesto, tasa, tarifa, derechos, gravamen y demás contribuciones fiscales con motivo de la introducción, exportación o reexportación de petróleo crudo y sus derivados, así como de los insumos, materias primas, suplementos o aditivos, maquinaria, equipo, materiales, repuestos, recipientes, envases, equipos y demás bienes siempre que ingresen a la Zona Libre de Petróleo.

·        No se causará ningún impuesto, incluyendo impuesto sobre la renta, derechos, gravámenes y demás contribuciones, con motivo de la venta o entrega de petróleo crudo, semi-procesado o los derivados del petróleo que hayan ingresado a dichas zonas libres de petróleo.  

 

Zona Libre de Colón

Ley 18 de 1948

Entidad Reguladora: Administración de la Zona Libre de Colón

Incentivos:

·        Exención de todo impuesto o gravamen y demás contribuciones fiscales, nacionales, provinciales o d cualquier otro orden sobre la mercancía o demás bienes que se comercialice dentro de Zona Libre de Colón.

·        Exención de todo impuesto y gravamen importación para la transferencia de materias primas o productos semielaborados a empresas que estén fuera de la Zona Libre de Colón y en territorio nacional, para procesos de valor agregado durante 6 meses.

·        Beneficios migratorios para inversores.

·        Permisos de Corta Estancia para Compradores.

·        Ventanilla Única de Gestión de Permisos y Trámites de Zona Libre de Colón.

·        Agilización de inscripción de Actos y Contratos en el Registro Público.

·        Exención del impuesto anual de Aviso de Operación de Empresas.

·        Garantías jurídicas de su inversión a través de la Ley de Régimen de Estabilidad Jurídica de la Inversiones.

·        Reconocimiento de beneficios a empresas con regímenes jurídicos especiales como Sedes de Empresas Multinacionales, Ciudad del Saber o Call Centers.

·        Ventas internacionales a través de Comercio Electrónico.

 

Zonas Francas

Ley 32 de 2011.

Entidad Reguladora: Viceministerio de Comercio Exterior.

 

Zona Franca del Barú

Ley 120 del 30 de diciembre de 2013 modifica la Ley 19 de 2001, que crea un régimen fiscal y aduanero especial de zona franca turística y de apoyo logístico multimodal en Barú y dicta otras disposiciones ficales.

Entidad Reguladora: Administración de la Zona Franca del Barú.

Incentivos Fiscales

·        La Zona Franca de Barú estará libre de pago de todo impuesto, contribución o gravamen nacional o de cualquier otro orden; y en las actuaciones judiciales en que sea parte, gozará de todas las facilidades que concede la nación y las leyes procesales.

·        Las empresas establecidas en la Zona Franca de Barú gozarán de incentivos fiscales adicionales a que puedan acogerse, de conformidad con las leyes vigentes.

·        Todas las mercancías y demás artículos o efectos de comercio que entren en las áreas comercio libre que posea u opere en la Zona Franca de Barú, estarán exentos, en todo momento, del pago de impuestos, gravámenes, y demás contribuciones fiscales, nacionales o de cualquier otro orden, tanto por su introducción en dichas áreas, como por su permanencia dentro de ellas, salvo el pago de arrendamiento de locales o de servicios de almacenaje, custodia, estiba, acarreo o de cualquier otra clase que se presten dentro de las áreas de libre comercio, de acuerdo con los reglamentos y tarifas que expida la Zona Franca de Barú.  

Las personas que inviertan en una zona de desarrollo turístico, y que realicen la inversión mínima que en la zona se señale, gozarán de los siguientes incentivos fiscales:

·        Exoneración total por el término de 20 años del pago del impuesto de inmuebles sobre los terrenos y mejoras, que sean de su propiedad y que utilice en actividades de desarrollo turístico.

·        Exoneración total por el término de 15 años del pago del impuesto sobre la renta derivado de la actividad de la empresa.

·        Exoneración total por el término de 20 años del impuesto de importación, contribución o gravamen, así como del impuesto de transferencia de bienes muebles (ITBM) que recaigan sobre la importación de materiales, equipos, mobiliarios, accesorios y repuestos que se utilicen en la construcción, rehabilitación, y equipamiento del establecimiento, siempre y cuando las mercancías no se produzcan en Panamá o no se produzcan en calidad y cantidad suficiente.

·        Exoneración por 20 años de los impuestos, contribuciones, gravámenes o derecho de cualquier clase o denominación que recaigan sobre el uso de los muelles o aeropuertos construidos por la empresa.

·        Exoneración por 20 años del pago del impuesto sobre la renta causado por los intereses que devenguen los acreedores en operaciones destinadas a inversiones en la actividad turística a la que se dedicará.      

 

 

 

 

 

 

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Contratación Pública. Criterios de adjudicación de contratos

Las contrataciones públicas en Panamá están reguladas por la Ley 22 (27 de junio de 2006) desde enero de 2007, cuando sustituyó a la Ley 56 (27 de diciembre de 1995) y que sigue vigente en la actualidad. 

No obstante, desde enero de 2016 la Asamblea está en el Proyecto de Ley 305 que modificaría la mencionada Ley 22. Este proyecto de ley busca conseguir una mayor transparencia y eficiencia en las contrataciones públicas, alineando la legislación nacional con los compromisos internacionales de Panamá y, en particular, con el Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea. Aunque fue aprobado en tercer debate por la Asamblea el 29 de abril, el presidente Varela vetó varios artículos y devolvió el texto a la Asamblea para introducir modificaciones, sobre todo en lo referido a plazos de la licitación. 

Por tanto, la Ley 22 (27 de junio de 2006) regula las contrataciones públicas del Estado, sus entidades autónomas o semiautónomas, intermediarios financieros y sociedades anónimas donde el Estado tenga el 51% o más de sus acciones, exceptuándose las compras de la Autoridad del Canal de Panamá -tiene un régimen especial e independiente. Su ámbito de aplicación incluye ejecución de obras públicas, la adquisición o arrendamiento de bienes, la prestación de servicios, la operación o administración de bienes y la gestión de funciones administrativas, concesiones y cualquier otro contrato no regulado por ley. 

Los principales cambios introducidos en su momento por la Ley 22 fueron: 

La creación de una entidad autónoma denominada Dirección General de Contratación Pública, adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas, cuya función es la de regular, interpretar, fiscalizar y asesorar en los procedimientos de selección de contratistas que realicen las instituciones estatales. El Director General de esta institución es nombrado por el Presidente de Panamá y ratificado por la Asamblea Nacional. Los departamentos de compras de cada institución se mantienen como los ejecutores de las adquisiciones pero se enlazan con esta nueva Dirección para cumplir con sus lineamientos y políticas.

Constitución de un Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas con la competencia privativa para conceder en única instancia el recurso de impugnación contra cualquier acto de adjudicación relacionado con los procedimientos de selección de contratista. Este tribunal está integrado por tres abogados nombrados por el Presidente de la República.

Otra de las novedades importantes que trajo esta Ley 22 fue la publicación y contratación pública por internet, en aras de una mayor transparencia y facilidad de acceso a la información. A través del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas “PanamaCompra” www.panamacompra.gob.pa cualquier usuario puede hacer un seguimiento de los procesos de contratación, accediendo a pliegos, anexos, actas, etc. El acceso a este portal es público y gratuito.

Además, en el portal está publicado un Catálogo Electrónico de Productos y Servicios donde constan: 

  1. Las empresas con las cuales se ha suscrito un convenio marco.
  2. Los productos o servicios incluidos en los convenios marco, así como su descripción detallada, el tiempo de entrega y el precio.
  3. Los términos y las condiciones adicionales, tales como garantías y otros servicios adicionales.

 

Registro de Proponentes


Para toda licitación, es obligatoria la representación legal. El representante puede ser una persona física o jurídica.

Las personas naturales o jurídicas, consorcios o las asociaciones accidentales, nacionales o extranjeras, que aspiren a participar en un acto de selección de contratista que exceda la suma de 30.000 US$ celebrado mediante medios electrónicos, así como los proponentes que resulten adjudicatarios de un acto de selección de contratista y con quienes se firme un contrato deberán registrarse, ya sea por medio del portal o directamente en el Registro de Proponentes que administra la Dirección General de Contrataciones.

Consiste en un formulario único que contiene, además de los datos de la empresa o asociación accidental o consorcio, la comprobación de que no es deudor moroso con el Estado, que cuenta con la licencia comercial que lo habilita para actuar en la actividad respectiva, que está inscrito ante la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura (para los contratos de obras) y cualquier otro documento establecido en los reglamentos. El trámite de registro lo realizará la Dirección General de Contrataciones Públicas en un plazo no superior a 5 días hábiles.


Contratación Directa


El principio fundamental de las contrataciones públicas es la celebración del procedimiento de selección de contratista. Mediante la contratación directa se obvia los procedimientos generales y sólo puede darse excepcionalmente en ciertos casos contemplados en la Ley. La entidad licitante tiene en este supuesto la facultad de elegir directamente al contratista, sin que exista competencia entre oferentes una vez cuente con el concepto favorable de la autoridad competente.

La autoridad competente para autorizar la contratación directa es: 

  1. El Ministerio de Economía y Finanzas cuando el monto sea menor de 300.000 US$, que en el caso de intermediarios financieros y sociedades anónimas serán las Juntas Directivas correspondientes.
  2. El Consejo Económico Nacional cuando el monto esté entre 300.000 US$ y 3.000.000 US$.
  3. El Consejo de Gabinete cuando el monto supere los 3.000.000 US$.

Los casos excepcionales en que no será necesaria la celebración del procedimiento de selección de contratistas son: 

  1. Los de adquisición o arrendamiento de bienes o servicios, en los cuales no haya más de un oferente o en aquellos que, según informe técnico oficial fundado, no haya sustituto adecuado.
  2. Cuando hubiere urgencia evidente, que no permita conceder el tiempo necesario para celebrar el acto público de selección de contratista.
  3. Cuando se trate de conjurar situaciones excepcionales relacionadas con urgencias o desastres naturales, previa declaratoria por el Consejo de Gabinete.
  4. Los contratos autorizados o regulados por ley especial.
  5. Los que celebre el Estado con sus instituciones autónomas o semiautónomas, municipales o con las asociaciones de municipios, o de estas entre sí.
  6. Los contratos que constituyan simples prórrogas de contratos existentes, siempre que el precio no sea superior al pactado y así lo autoricen las autoridades competentes.
  7. Los contratos de permuta para la adquisición de bienes muebles o inmuebles, previo avalúo correspondiente.
  8. Los actos o contratos que se refieren a obras de arte o a trabajos técnicos, cuya ejecución sólo pueda confiarse a artistas reputados o a reconocidos profesionales.
  9. Las contrataciones por mérito para ciencia, tecnología, innovación y cultura, las cuales reglamentará el Órgano Ejecutivo por conducto del Ministerio de la Presidencia.
  10. Los contratos relacionados con la seguridad ciudadana y del Estado y aquellos considerados de urgente interés local o de beneficio social.

 

Procedimiento general de contratación pública


1. Precalificación

De manera excepcional, el Consejo de Gabinete podrá acordar, que ciertos proyectos, teniendo en cuenta su cuantía y complejidad, sean sometidos a un proceso de precalificación de proponentes, previo al acto público.

2. Aviso de Convocatoria

Todo procedimiento de contratación pública se anunciará mediante avisos, los cuales permanecerán expuestos al público durante el plazo previsto en la Ley.

Los avisos de convocatoria se publicarán obligatoriamente en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas www.panamacompra.gob.pa y en los tableros que tendrán las entidades contratantes.

En el aviso se consignarán, la identificación del acto público y de la entidad licitante, el lugar, el día y la hora de presentación de las propuestas; el lugar, el día y la hora de inicio del acto público; el lugar, el día y la hora de la reunión previa que incluye la respectiva homologación; una breve descripción del objeto contractual y la partida presupuestaria.

3. Publicación de Convocatoria

La Ley 22 establece, en su artículo 33, una distinción en los plazos mínimos para la publicación de convocatoria, según se trate de bienes y servicios u obras, desglosándolos en función de los montos:

Bienes y servicios:

a. No menor de cuatro días hábiles, si monto es mayor de treinta mil balboas (B/.30,000.00) y no excede los ciento setenta y cinco mil balboas (B/.175,000.00).

b. No menor de cuarenta días calendario, si el monto excede los ciento setenta y cinco mil balboas (B/.175,000.00).

No obstante, la entidad contratante podrá establecer un plazo menor a lo dispuesto en este numeral que, en ningún caso, será menor de cinco días hábiles en las siguientes circunstancias:

i. Cuando la entidad contratante haya publicado, con una antelación de sesenta días calendario a la fecha de recepción de propuestas, un aviso en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas “PanamaCompra” que contenga una descripción del acto público, los plazos aproximados para la presentación de las ofertas y las condiciones mínimas para la participación en dicho acto.
ii. Cuando una entidad contrate mercancía o servicios comerciales que se venden o se ofrecen para la venta y son regularmente comprados y utilizados por compradores no gubernamentales para propósitos no gubernamentales.
iii. Cuando se produzca un estado de urgencia, debidamente acreditado, que haga impráctico o no viable cumplir con el plazo previsto. En este caso, la entidad contratante emitirá una resolución al respecto, la cual deberá ser publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas “PanamaCompra”.

Obras:

a. No menor de cuatro días hábiles, si el monto del contrato es mayor de treinta mil balboas (B/.30,000.00) y no excede los ciento setenta y cinco mil balboas (B/.175,000.00).
b. No menor de ocho días hábiles, si el monto del contrato es mayor de ciento setenta y cinco mil balboas (B/.175,000.00) y no excede los cinco millones de balboas (B/.5,000,000.00).
c. No menor de cuarenta días calendario, si el monto del contrato excede los cinco millones de balboas (B/.5,000,000.00).

No obstante, la entidad contratante podrá establecer un plazo menor que, en ningún caso, será menor de diez días calendario, en las siguientes circunstancias:

i. Cuando la entidad contratante haya publicado un aviso en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas “PanamaCompra” que contenga una descripción del acto público, los plazos aproximados para la presentación de las ofertas y, cuando resulte apropiado, las condiciones para la participación en dicho acto.
ii. Cuando se produzca un estado de urgencia, debidamente acreditado, que haga impráctico o no viable cumplir con el plazo previsto. En este caso, la entidad contratante emitirá una resolución al respecto, la cual deberá ser publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas “PanamaCompra”.

El Proyecto de Ley 305 recientemente vetado simplificaba el sistema y proponía unos plazos comunes para todo tipo de licitaciones, realizando un desglose únicamente en función de los montos. Sin embargo, los plazos establecidos no se ajustaban a lo suscrito por Panamá en el Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y Unión Europea, constituyendo un tema central en la revisión actual de la Ley 22. 

4. Reunión previa y homologación

La reunión previa y homologación es la celebrada entre la entidad licitante y quienes tienen interés de participar en un determinado acto de selección de contratista, y será obligatoria cuando monto sea superior a los 175.000 dólares, con el propósito de resolver consultas y de formular observaciones que puedan afectar la participación de los posibles postores en condiciones igualitarias, así como aclarar cualquier aspecto relacionado con el pliego de cargos u otros documentos entregados.

Dicha reunión previa y de homologación se realizará con una antelación no menor de ocho (8) días calendario a la celebración del acto de selección de contratista.

La reunión previa se debe celebrar en una sola jornada, que deberá concluir con un acta en la que las partes homologan los documentos finales manifestando la aceptación de todas las condiciones y los términos del pliego de cargos. El acta será suscrita por todos los que hayan participado en dicha reunión.

El pliego de cargos es el conjunto de requisitos exigidos unilateralmente por la entidad licitante en los procedimientos de selección de contratista para el suministro de bienes, la construcción de obras públicas o la prestación de servicios, incluyendo los términos y las condiciones del contrato que va a celebrarse, los derechos y las obligaciones del contratista y el procedimiento que se va a seguir en la formalización ejecución del contrato. En consecuencia, incluirá reglas objetivas, justas, claras y completas que permitan la mayor participación de los interesados en igualdad de condiciones.

En el pliego de cargos no se podrán insertar requisitos o condiciones contrarias a la Ley y al interés público.

Los pliegos de cargos son públicos y pueden ser consultados y obtenidos por todos los interesados, tanto a través de Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas “PanamaCompra” como físicamente. En este último caso, el interesado asume el coste de reproducción.

Las entidades públicas deben incluir dentro de los pliegos los modelos o formularios necesarios que garanticen la presentación de ofertas en igualdad de oportunidades. Estarán comprendidos dentro de estos, el de propuesta, en su caso, el de fianza, las cartas, el proyecto de contrato y el modelo del convenio de asociación accidental, entre otros.

Todo proponente en un acto de selección de contratista se obliga a aceptar el pliego de cargos sin objeciones ni restricciones.

5. Presentación de propuestas

La propuesta deberá presentarse por escrito o, en su defecto, por medio electrónico. La propuesta debe estar en idioma español o ser traducida a este idioma, con la firma del proponente o de su representante en el acto debidamente autorizado para ello.

Las propuestas no pueden ser retiradas, sustituidas ni modificadas después de celebrado el acto público. Sin embargo, antes de su celebración, los proponentes pueden retirar las propuestas, sustituirlas o modificarlas, cuando lo consideren necesario.

La entidad licitante podrá solicitar aclaraciones luego de presentada la propuesta y, además, solicitar que se acompañe documentación aclaratoria, siempre que esta no tenga por objetivo distorsionar el precio u objeto ofertado ni tampoco modificar la propuesta original.

6. Celebración del Acto Público

El acto público es el procedimiento administrativo por el cual el Estado panameño, previa convocatoria pública, selecciona entre varios proponentes, ya sean personas naturales o jurídicas y en igualdad de oportunidades, la propuesta o las propuestas que reúnen los requisitos que señala la Ley, los reglamentos y el pliego de cargos. El procedimiento específico dependerá del tipo de licitación que se realice.

7. Evaluación de propuestas

La comisión evaluadora nombrada para tales efectos, deberá aplicar los criterios de evaluación contenidos en el pliego de cargos. En los casos necesarios, podrá solicitar a los proponentes las aclaraciones y las explicaciones que se requieran. La comisión presentará su evaluación mediante un informe, dirigido al representante legal de la entidad licitante.

8. Adjudicación-Declaración de deserción

El jefe de la entidad contratante, o el funcionario en quién se delegue, en su caso, con base en el informe presentado por el informe de evaluación, adjudicará, mediante resolución motivada la licitación, o lo declarará desierto en un plazo no mayor de cinco días hábiles.

Las personas que se consideren agraviadas con la decisión podrán recurrir por la vía gubernativa, conforme a las reglas de procedimiento administrativo instituido en el artículo 114 de la presente Ley, sin perjuicio de acudir a la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, para promover la acción contenciosa.

La entidad licitante, mediante resolución motivada, declarará desierto el acto de selección de contratistas por las siguientes causas:

a. Por falta de proponentes
b. Cuando ninguna de las propuestas cumple con los requisitos y las exigencias del pliego de cargos
c. Si las propuestas presentadas se consideran riesgosas, onerosas o gravosas.
d. Si todas las propuestas presentadas en el acto provienen de un mismo grupo económicos de sociedades vinculadas.
e. Cuando los postores en un acto de subasta de bienes públicos no hubieren ofertado un precio igual o mayor del valor estimado para el acto, y en el caso de subasta en reversa, no hubieran ofertado un precio igual o menor del precio máximo de referencia.
f. Cuando se considere que las propuestas son contrarias a los intereses públicos
g. Cuando el objeto de contratación esté contenido en el Catálogo Electrónico de Productos y Servicios, y ninguna de las ofertas mejora los precios y condiciones contenidos en él.

Una vez declarado desierto un acto, la entidad pública podrá convocar uno nuevo, con la antelación prevista en la ley.

9. Firma del Contrato

Una vez ejecutada la resolución de adjudicación y constituida la fianza de cumplimiento dentro de un término no mayor de 5 días hábiles de ejecutada dicha resolución, el ministerio o representante legal de la entidad contratante procederá a formalizar el contrato, de acuerdo con el pliego de cargos y las disposiciones legales pertinentes.

Todo contrato que exceda de 250.000 US$ sin sobrepasar los 2 millones de dólares deberá contar con el concepto favorable del Consejo Económico Nacional y los contratos que excedan los 2 millones de dólares deberán contar con el concepto de favorable del Consejo de Gabinete.

Los diversos tipos de contratos que contempla la ley son:

a. Contrato de Obra
b. Contrato de Suministro, servicios y consultoría
c. Contrato de llave en mano

 10. Garantías

Para garantizar el cumplimento de las ofertas y de los contratos, el Estado ha establecido fianzas diversas que habrán de constituirse en efectivo, en títulos de crédito del Estado, en fianzas emitidas por compañías de seguros, o mediante garantías bancarias o en cheque certificado o de gerencia a favor de la entidad contratante y de la Contraloría General de la República, que es la entidad competente que conocerá de las consultas sobre cualquier aspecto de la constitución, presentación, ejecución y extinción de las garantías que se constituyan para asegurar el cumplimiento de las obligaciones contraídas con las entidades públicas.

Los tipos de fianzas son:

a. Fianza de cumplimiento: Garantía exigida al adjudicatario de un acto de selección de contratista o beneficiario de una excepción de procedimiento de selección de contratista, para el fiel cumplimiento del contrato u obligación de ejecutar su objeto, y una vez cumplido este, de corregir los defectos a que hubiere lugar de ser el caso. Esta fianza se exigirá cuando el monto supere los 30.000 US$. La vigencia de la fianza corresponderá al periodo de ejecución del contrato principal, más un término de un año si se trata de bienes muebles para responder por vicios redhibitorios y por el término de 3 años para responder por defectos de reconstrucción o de construcción de la obra o bien inmueble.

b. Fianza de cumplimiento de inversión: Garantía exigida al contratista en caso de contratos de adquisición o disposición de bienes, en los que exista la obligación de invertir una suma de dinero, con el objeto de garantizar el cumplimiento de la inversión en el plazo y bajo las condiciones pactadas.

c. Fianza de pago anticipado: Aquella que tiene por objeto garantizar el reintegro de una suma de dinero entregada en concepto de adelanto al contratista. Esta garantía es exigible en la medida en que el contratista no utilice las sumas de dinero adelantadas para la oportuna y debida ejecución del contrato. La fianza no será inferior al 100% de la suma adelantada y tendrá una vigencia igual al período principal y un término adicional de 30 días calendario posteriores a su vencimiento.

d. Fianza de propuesta: Garantía precontractual establecida en el pliego de cargos y presentada en el acto de selección de contratista, con la finalidad de garantizar la oferta de los postores, así como de garantizar que el contratista firme el contrato y presente la fianza de cumplimiento, dentro de los plazos establecidos en esta Ley. Se exceptúa la presentación de esta fianza en la licitación de subasta en reversa y de subasta de bienes públicos que se realicen de manera electrónica. Esta fianza es exigida cuando el importe a contratar supere los 30.000 US$. La fianza será por el importe del 10% del valor de la propuesta y por un término no mayor de 120 días.

e. Fianza de recurso de impugnación: Garantía que el proponente debe adjuntar al recurso de impugnación, cuando este considere que se han violado sus derechos en un procedimiento de selección de contratista, con el objeto de garantizar los perjuicios y las lesiones que se le pudiera causar al interés público.

 

 

Procedimiento de selección de contratista

1. Contratación menor

La adquisición de bienes y servicios que no exceden de 30.000 US$. se realiza en forma expedita cumpliendo un mínimo de formalidades que será reglamentado.

2. Licitación pública

En este procedimiento lo fundamental es el precio del bien o servicio a contratar, y se utilizará para montos superiores a 30.000 US$.

El procedimiento será:

i. Anuncio de la licitación.

ii. Entrega de ofertas en el tiempo y lugar señalados en el anuncio, en la cual deberá contener el precio ofertado con su correspondiente fianza de propuesta y la propuesta técnica.

iii. Apertura de las propuestas y levantamiento del acta en la que se deja constancia de las propuestas presentadas, las admitidas y rechazadas. Dicha acta es publicada en el portal www.panamacompra.gob.pa

iv. Evaluación de las propuestas en las que se examina la propuesta del precio más bajo, para verificar que cumpla a cabalidad con los requerimientos mínimos. El resultado de la evaluación es una recomendación mediante informe para adjudicar la licitación a ese proponente en el caso que se cumplan las condiciones anteriores.

v. Adjudicación. El jefe de la entidad licitante deberá proceder a emitir una resolución adjudicando al proveedor que cumpliendo con las condiciones anteriores sea recomendado en el informe.

3. Licitación por mejor valor

Este procedimiento se aplica cuando el precio no es el factor determinante y el monto del bien o servicio a contratar tiene un alto nivel de complejidad y el monto supera los 30.000 US$. En este procedimiento se ponderan los aspectos técnicos, económicos, administrativos y financieros ofertados por los proponentes, y se adjudicará al proponente que obtenga el mayor puntaje en la metodología de ponderación especificada en el pliego de cargos, siempre que este cumpla con los requisitos mínimos obligatorios exigidos en el pliego de cargos.

El nuevo Proyecto de Ley pretende aumentar el monto mínimo de la licitación a 50.000 UD$ y el precio tendrá que ponderar menos del 50% eliminando el límite inferior anterior del 30%. 

4. Licitación por mejor valor con evaluación separada

Este procedimiento se diferencia del anterior en que las ofertas económicas y técnicas se entregan en sobres distintos y se evalúan de forma separada. Si el proponente no cumple con los requisitos técnicos no se llegará a evaluar la propuesta económica.

El pliego de cargos describirá detalladamente la calificación que se le asigna a cada uno de los criterios de evaluación. En ningún caso, el precio contará con una calificación inferior al treinta por ciento (30%) ni superior al cuarenta y nueve por ciento (49%) de la totalidad de la calificación, que se considerará para la adjudicación del acto público.

Será requisito mínimo obligatorio que el precio ofertado no exceda del 20% del precio estimado por la entidad licitante.

Las propuestas económicas que estén por debajo del porcentaje del precio estimado cuyo nivel establezca el pliego de cargos podrán ser rechazadas o ser objeto de un análisis de riesgo según determine la entidad licitante para evaluar su factibilidad técnica y económica. El pliego de cargos establecerá el procedimiento correspondiente.

La entidad licitante deberá preparar un presupuesto del proyecto cuyo monto se conocerá como el precio estimado. Se mantendrá un sobre cerrado y sellado. Una vez concluya el acto de apertura de las propuestas técnicas, el sobre con el precio estimado se abrirá al inicio del acto de apertura de propuestas económicas.

El Proyecto de Ley eliminaría la condición de que el precio ofertado no exceda del 20% del precio estimado. También eliminaría el hecho de ocultar el precio estimado hasta el acto de apertura de ofertas económicas para así evitar problemas de obtención de información privilegiada por parte de los proponentes.

No obstante, este artículo se vetó por el Ejecutivo con la idea de volver al procedimiento de mantener el precio estimado en sobre cerrado. 

5. Licitación para convenio marco

Este procedimiento se selecciona a uno o más proponentes, con los cuales se firmará un contrato de productos o servicios de uso masivo y cotidiano, llamado convenio marco, y en él se establecerán precios y condiciones determinados durante un periodo de tiempo definido. En ningún caso este período será superior a un año.

Estas licitaciones serán realizadas por la Dirección General de Contrataciones Públicas de acuerdo al procedimiento legal.

Una vez adjudicado este acto y perfeccionado el correspondiente convenio marco con el proponente favorecido se procederá a incluir los productos y servicios que contienen estos convenios en el Catálogo Electrónico de Productos y Servicios. Durante la vigencia de este convenio marco, los proponentes favorecidos podrán mejorar el precio ofrecido.

6. Licitación de subasta en reversa

La licitación de subasta en reversa es un proceso de puja y repuja con la finalidad de obtener el mejor precio de un bien, de un servicio o de una obra para la institución o las instituciones, dentro de un plazo determinado.

Aquí los oferentes competirán mediante la puja y repuja de precio en tiempo real y en línea a través del portal, para determinar el mejor precio durante un plazo de tiempo determinado.
En ningún caso, las pujas o repujas podrán ser superiores al precio máximo de referencia estimado para el producto, servicio u obra que va a ser adquirido, ni tampoco superiores a la última oferta.

El precio más bajo estará siempre a la vista en Internet, a través del portal de www.panamacompra.gob.pa para permitir la repuja a precios inferiores.

7. Licitación abreviada

Este procedimiento selecciona y adjudica en base al menor precio o, en los actos de mejor valor, la mayor ponderación, siempre que se cumpla con todos los requisitos y aspectos técnicos exigidos en el pliego de cargos. Se podrá utilizar cuando el monto de la contratación sea superior a los treinta mil balboas (B/.30,000.00), el objeto de la contratación responda a la necesidad de satisfacer el interés social o estado de urgencia y se requiera que se efectúe en términos de tiempo menores a los dispuestos en otras modalidades de contratación descritas en esta Ley, lo que deberá justificar el representante legal en la respectiva convocatoria. 

Sin embargo, actualmente está prácticamente en desuso por no alinearse con el contenido del Acuerdo de Asociación en lo referido a plazos. El proyecto de Ley 305 contempla la eliminación de este tipo de procedimiento, para mayor dar mayor transparencia al proceso y evitar el uso de información privilegiada. 

8. Subasta de bienes públicos

A través de este procedimiento de licitación el Estado puede disponer de sus bienes, independientemente de la cuantía de estos. 

 

Contratos celebrados con extranjeros

Las personas naturales o jurídicas extranjeras que celebren contratos con el Estado, deberán dejar constancia en el contrato de la renuncia a reclamación diplomática, salvo el caso de denegación de justicia. No se entiende que haya denegación de justicia cuando el contratista, sin haber hecho uso de ellos, ha tenido expeditos los recursos y medios de acción que puedan emplearse conforme a las disposiciones pertinentes.

Este precepto también se aplicará a las sociedades en que existan extranjeros que sean propietarios o que tengan el control sobre las acciones o participaciones sociales en ella, y en los casos de cesión del contrato a extranjeros, en las mismas circunstancias.

Lo anterior es sin perjuicio de lo que establezca la Ley 58 de 2002, sobre medidas de retorsión que obliga a las empresas extranjeras presentar una declaración jurada indicando que proceden de un país que no está incluido en la lista de países que la República de Panamá restringe para participar en licitaciones .

Además para poder contratar con el Estado, las empresas extranjeras deben estar registradas en el Registro Público de Panamá.

Para registrar una sociedad en el Registro Público panameño es necesario que el trámite se realice a través de un abogado con idoneidad panameña, el cual gestionará el levantamiento a escritura pública de los documentos de la sociedad extranjera. Los documentos que se requieren son:

a. Certificación del Registro Mercantil del país de origen en que conste los datos de registro y la vigencia de la sociedad extranjera
b. Estados financieros auditados de los últimos años
c. Pacto social original de constitución de la sociedad y sus modificaciones

Estos documentos deben tener la apostilla de La Haya.

 

Cambios principales propuestos en el Proyecto de Ley 305 (actualmente en revisión)

Se modifica el Art. 16: Incapacidad legal para contratar. Añade la incapacidad legal para contratar a empresas que hayan sido condenadas por delitos contra la administración pública, blanqueo de capitales o cualquier otro delito contra el orden económico, terrorismo, etc. con penas de prisión de un año o más por un tribunal panameño.

Se modifica el Art. 33: Publicación de la convocatoria. Eliminando la distinción entre licitaciones de bienes y servicios y obras, intentando adecuarse a los plazos establecidos en el AdA.

Se elimina el Art. 40: Licitación abreviada. Se elimina este procedimiento de contratación por perjudicar la calidad de las propuestas, al contar con menos tiempo para prepararlas y eliminar la posibilidad de uso de información privilegiada.

Se modifica el Art. 43: Licitación por mejor valor. Se aumenta el monto mínimo de la licitación a 50.000 UD$ y el precio tendrá que ponderar menos del 50% eliminando el límite inferior anterior del 30%

Se modifica el Art. 45: Licitación por mejor valor con evaluación separada. Se eliminan la restricción de que el precio ofertado no exceda del veinte por ciento (20%) del precio estimado por la entidad licitante. Se publicará el precio de referencia para evitar así problemas con información privilegiada.

Se modifica el Art. 77: Reglas para modificaciones y adiciones al contrato en base al interés público. Se estipula un límite máximo a modificaciones en un 40% del monto originalmente convenido.

 

Artículos vetados del Proyecto de Ley 305

Art. 1: Se propone volver a incluir la adquisición de medicamentos por la CSS en la Ley 22

Art. 24: Se propone modificar la tabla de plazos de convocatoria para que concuerde con lo establecido en el AdA y otros acuerdos internacionales.

Art. 33: En Licitaciones por mejor valor, se propone elevar el monto mínimo de la contratación, dar más importancia a la propuesta técnica y establecer porcentaje de onerosidad.

Art. 35:En licitaciones por mejor valor con evaluación separada, se propone volver a precio estimado en sobre cerrado.

Art. 36: En el procedimiento de convenio marco, se propone delegar en instituciones de salud para celebrar y firmar convenios marco para insumos medicamentos, etc.

Art. 50: Se propone un procedimiento especial de contratación para medicamentos en casos de desabastecimiento por valor de hasta 500.000 $

Art. 66: Se propone que sea necesaria una calificación emitida por calificadora de riesgos reconocida a nivel internacional y registrada en la superintendencia de bancos o seguros que deberá ser obtenida en un plazo máximo de un año contando a partir de la entrada en vigencia de la Ley.

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Régimen de inversiones

En Panamá, la legislación que regula la inversión extranjera en el país es fundamentalmente la siguiente:

  • Constitución de 1972, modificada por los Actos Reformatorios de 1978 y el Acta Constitucional de 1983.
  • Ley Nº 54 de 22 de julio de 1998 sobre Estabilidad Jurídica de las Inversiones: Concede trato nacional a las empresas y a los inversores extranjeros, con las únicas excepciones incluidas en la Constitución y en la Ley.
  • Ley Nº 41 de 24 de agosto de 2007 del Régimen Especial para el Establecimiento y las Operaciones de Sedes de Empresas Multinacionales (SEM), modificada por la Ley Nº 45 del 10 de agosto de 2012 y posteriormente por la Ley 57 de 24 de octubre de 2018.

Busca incentivar el establecimiento en Panamá de multinacionales con operaciones regionales en Latinoamérica y Caribe. En el siguiente enlace se muestra una guía ejecutiva actualizada a 2019 https://sem.gob.pa/files/files-principal-guia-para-las-empresas-sem-pdf-1.pdf

Un freno a la inversión extranjera viene constituyéndolo la política migratoria restrictiva de Panamá, que establece en el Art. 17 de su Código de Trabajo que todo empleador debe mantener a trabajadores panameños en una proporción no inferior al 90% de la plantilla (puestos ordinarios) y extranjeros en un máximo del 10% para puestos de trabajo ordinarios. En caso de que se trate de trabajos especializados, el personal cualificado extranjero puede ampliarse hasta el 15% del total empleado.

El Gobierno de Martinelli flexibilizó la política migratoria mediante el Decreto Ejecutivo Nº 343 de mayo de 2012, creando una categoría de residente permanente para extranjeros procedentes de países específicos "amigos" que la solicitan para ejercer actividades profesionales, económicas y de inversión. Esta categoría facilita la concesión de residencia permanente para aquellas personas procedentes de los países “amigos”, entre los que se encuentra España.

- Convenio sobre Doble Imposición firmado el 7 de octubre de 2010, en vigor desde el 25 de julio de 2011.

- APPRI en vigor desde agosto de 1998

- Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea (AdA), en vigor desde 2013.

-MOU sobre cooperación en materia de transportes e infraestructuras, firmado en junio de 2015, entre el Ministerio de Fomento de España y el Ministerio de la Presidencia de Panamá. 

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Incentivos a la inversión (fiscales, sectoriales, regionales y locales)

Los incentivos a la inversión según el sector o la actividad son:

Incentivos al Sector Turismo –

·        Ley 8 de 1994. Modificada mediante la Ley 58 de 2006 y a su vez modificada por la ley 80 de 2012.

·        Entidad Reguladora: Autoridad de Turismo de Panamá

Ley 8 de 1994

La ley 8 de 1994 promueve la actividad de turismo en la República de Panamá. Crea incentivos impositivos para las industrias del turismo. La Ley prevé ciertos incentivos en la zona de desarrollo turístico a fin de promover las inversiones extranjeras en este campo incluyendo:

Incentivos Fiscales

·        Exención total de impuestos sobre la renta por un período de 15 años.

·        Exención total de impuestos sobre inmueble por un período de 20 años.

·        Exención total de impuestos de importación para materiales y mobiliarios necesarios para la construcción y equipamientos de la compañía inversora, siempre y cuando esta mercancía no sea producida suficientemente en calidad y cantidad en Panamá.

·        Quienes realicen inversiones en la construcción, equipamiento, rehabilitación y desarrollo de establecimientos de alojamiento público, con exclusión del terreno, por un valor mínimo de B/. 300.00.00 en el área de la ciudad de Panamá y de B/. 50.000.00 en el resto de la República disfrutarán de las siguientes exoneraciones:

·        Exoneración de impuesto de licencia comercial.

·        Impuesto de tributos por el uso de muelles, aeropuertos, helipuertos de su propiedad, construidos o rehabilitados por la empresa.

·        Exoneración del impuesto sobre la renta causado por los intereses que devenguen los acreedores en un préstamo destinado a inversiones en establecimientos turísticos.

·        Las empresas que inviertan en el desarrollo de la actividad de la construcción serán gravadas con el impuesto sobre la renta, con la opción de depreciar los bienes inmuebles a una tasa de 10% anual sobre las mejoras.

      Exención total de impuestos en el uso de muelle y aeropuerto, construidos por la compañía inversora por un período de 20 años.

      Exención total de impuestos sobre la renta, resultados de los intereses que los acreedores pueden generar en operaciones de inversiones turísticas.

      Aquellas empresas dedicadas al transporte colectivo de turismo en aeropuertos, muelles y hoteles gozarán de la exoneración del impuesto de importación por los vehículos introducidos para desarrollar únicamente este tipo de actividades.

      Los yates que visiten los puertos de Panamá gozarán de una exoneración sobre todo impuesto, tasa y derechos, siempre que su estadía no sea superior a los 90 días. 

Incentivos en inversiones en Monumentos Históricos

      Para las actividades contempladas en el numeral 5 del Artículo 6 de la presente Ley, las cuales estarán ubicadas en los Conjuntos Monumentales Históricos en las que el Instituto Nacional de Cultura autorice la construcción de obras dentro de sus predios, cuya inversión mínima sea de cien mil balboas (B/.100,000.00), excluyendo el valor del terreno, se otorgarán los siguientes incentivos:

      Exoneración por el término de diez (10) años del impuesto de inmuebles sobre el terreno y, por el término de treinta (30) años, sobre las mejoras efectuadas en el inmueble.

      Exoneración del impuesto sobre la renta de las utilidades de la empresa, durante los primeros cinco (5) años de la actividad comercial. Cumplido este término y por los siguientes cinco (5) años, podrá deducir como gasto las pérdidas sufridas durante los tres (3) ejercicios fiscales siguientes al período fiscal en el que se produjeron tales pérdidas.

      Exoneración por una sola vez del impuesto de importación de los equipos y materiales que se utilicen en la construcción, remodelación y equipamiento, siempre y cuando las mercancías no se produzcan en el país en cantidad y calidad suficiente y que no sean destinadas a la venta al público en general.

      Artículo 9. Toda persona natural o jurídica que invierta en restauración o mantenimiento e iluminación de los Conjuntos Monumentales Históricos, parques municipales, parques nacionales, o cualquier otro sitio público; así como en la promoción y la capacitación turística, que a juicio del Ministerio de Hacienda y Tesoro y bajo la coordinación del Instituto Panameño de Turismo, considere que incentivo el desarrollo de la actividad turística, podrá considerar como gasto deducible lo invertido en tales obras.

Incentivos para empresas que operen turismo receptivo

      Las empresas que se dediquen a operar exclusivamente turismo receptivo en la República de Panamá, se les otorgará el siguiente incentivo fiscal:

      Exoneración cada tres (3) años del impuesto de importación de microbuses, limosinas, omnibuses, embarcaciones y los repuestos de estos equipos, siempre y cuando sean declarados por la Autoridad de Turismo de Panamá, indispensables para el funcionamiento adecuado del servicio turístico. Estos equipos podrán ser vendidos previo el pago de los impuestos correspondientes.

      Artículo 11. Las personas naturales o jurídicas de transporte que brinden el servicio de transporte colectivo de turismo en los aeropuertos, muelles y hoteles, estarán exoneradas del impuesto de importación de los vehículos automotores destinados exclusivamente a la actividad turística, siempre y cuando sean aprobados por la Autoridad de Turismo de Panamá.

      Artículo 12. Para las empresas que se dediquen a las actividades de restaurantes, discotecas y clubes nocturnos, que sean declarados de interés turístico por la Autoridad de Turismo de Panamá y cuya inversión mínima sea de ciento veinte mil balboas (B/.120,000.00) en el área metropolitana y de veinte mil balboas (B/.20,000.00) en el resto de la República, excluyendo el valor del terreno, se les exonerará por el término de tres (3) años, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Nacional de Turismo, del impuesto de importación de los materiales, equipos y enseres que se utilicen en la construcción y equipamiento del establecimiento, siempre y cuando no se produzcan el país, o no se produzcan en cantidad o calidad suficiente y que sean consideradas por la Autoridad de Turismo  de Panamá importantes para el desarrollo de la actividad.

      Artículo 13. Toda empresa que dentro del territorio nacional realice actividades de filmación de películas de largo metraje, que tengan carácter internacional, de eventos artísticos o deportivos o cualquier otra de naturaleza internacional que sean transmitidas al exterior, que proyecten antes durante o al final del evento imágenes que promuevan el turismo en la República de Panamá, gozará de los siguientes beneficios:

      Exoneración total del pago del impuesto sobre la renta derivado de las ganancias de dicho evento, salvo cuando el impuesto pagado en Panamá sea considerado como crédito fiscal en sus respectivos países.

      Exoneración total de cualquier impuesto nacional que regule el evento.

      Exoneración temporal del impuesto de importación, contribución, gravamen, tasas o derechos de cualquier clase o denominación que recaigan sobre la introducción de equipos, útiles, repuestos, material técnico que la empresa de comunicación introduzca para la transmisión a otros países y de todo el material que se utilice durante el evento, los cuales deberán ser reexportados al culminar la actividad.

      Exoneración del impuesto sobre la renta a los deportistas y artistas nacionales y extranjeros, que participen en los eventos.

      Artículo 14. Están exonerados del impuesto de importación, todo material publicitario turístico, siempre y cuando sea de distribución gratuita, previa verificación de La Autoridad de Turismo de Panamá. La Autoridad de Turismo de Panamá tendrá un plazo de quince (15) días hábiles para aprobar u objetar los documentos a que se refiere este artículo.

 

Casco Antiguo:

Este incentivo fue creado por el Decreto Ley No. 9 de 1997, el que crea un grupo de incentivos para la restauración del conjunto Monumental del Casco Antiguo de la ciudad de Panamá, en ese sentido los beneficios fiscales principales en este tipo de actividad son los siguientes:

      El inversor podrá deducir como gasto del impuesto sobre la renta a pagar, todas aquellas sumas invertidas en la construcción, remodelación, mejora de los parques, murallas y demás que se encuentren dentro del conjunto Monumental y se consideren Patrimonio Histórico.

      Los propietarios de inmuebles o edificaciones ubicadas en el Casco Antiguo, que hayan sido reconstruidas o restauradas, quedarán exonerados del impuesto sobre la renta, por un término de diez años contados a partir de la emisión del permiso de ocupación y en base a las utilidades derivadas por arrendamiento o venta del mismo bien.

      Tanto los Bancos como cualquier otra empresa de actividad financiera puede otorgar préstamos bajo tasas de interés preferenciales con el fin de restaurar bienes muebles ubicados dentro del conjunto monumental del Casco Antiguo de nuestra ciudad. En ese sentido los prestamistas recibirán un crédito fiscal equivalente a la diferencia entre los ingresos que hubiese recibido el Banco o la entidad financiera, si hubiese otorgado el préstamo a la tasa de interés normal.

Puertos de Cruceros, Congresos y eventos:

Al invertir en puertos de cruceros, congresos y eventos por medio de la Ley 80 de 2012 se otorgan los siguientes incentivos fiscales:

·        Exoneración de impuesto sobre la propiedad por 10 años a empresas del sector turístico situadas dentro del distrito de Panamá.

·        Exoneración por 15 años del impuesto sobre la propiedad de la tierra y de mejoras en el desarrollo de actividades turísticas registradas en el Registro Nacional de Turismo para empresas localizadas en las afueras del distrito de Panamá.

·        Exoneración por 20 años del impuesto a importaciones.

·        Exoneración por 20 años del impuesto sobre la propiedad para hoteles que hayan invertido un mínimo de US$50,000.

 

Incentivos a la Reforestación –

·        Ley 24 de 1992. Modificada por la ley 6 de 2005 y por la Ley 69 del 30 de Octubre de 2017.

·        Entidad Reguladora: Autoridad Nacional del Ambiente

Ley 69 del 30 de Octubre de 2017

La Ley 69 del 30 de Octubre de 2017 crea un programa de incentivos para la cobertura forestal y la conservación de bosques naturales. Además, dicta otras disposiciones.

Esta ley tiene por objeto proteger, recuperar, y conservar la cobertura boscosa, en cumplimiento de los objetivos de la Alianza por el Millón de Hectáreas Reforestadas y los Objetivos de Desarrollo 2030.

Calificarán para el Programa de Incentivos Forestales de la Alianza por el Millón de Hectáreas las personas naturales o jurídicas que sean propietarias, arrendatarias, concesionarias o beneficiarias de títulos constitutivos de dominio de las tierras dedicadas a las actividades de conservación y cobertura forestal.

Los Incentivos a los que pueden acogerse los beneficiarios del Programa de Incentivos Forestales de la Alianza por el Millón Hectáreas son:

·        Exoneración de impuesto sobre la renta. Los predios inscritos en el Registro Forestal, que se inscriban por primera vez, que mantengan reforestada el área aprovechada o que aumenten la superficie reforestada podrán acogerse a la exoneración del impuesto sobre la renta sobre las utilidades netas producto del aprovechamiento, comprobado el cumplimiento del Plan de Manejo.

·        Exoneración de impuesto de inmuebles. Están exentos del pago de impuestos de inmuebles y de impuesto de transferencia de bienes inmuebles los predios dedicados exclusivamente a plantaciones forestales comerciales maderables y no maderables y a la conservación y /o restauración de bosques naturales en más del 75% de su superficie apta. Los incentivos de exoneración del pago de los impuestos, aplicarán a partir de la compra de la finca, siempre que cuente con el Plan de Manejo Forestal o Plan de Finca aprobado, emitidos por el regente forestal. 

·        Exoneración del impuesto de introducción. Están exentas del pago del impuesto de importación las mercancías necesarias para el uso exclusivo de las actividades establecidas en esta ley y de acuerdo con los previsto en el Plan de Manejo Forestal.

·        Financiamiento directo no reembolsable. El financiamiento directo no reembolsable se otorgará sobre los montos máximos establecidos en la tabla fijada mediante decreto ejecutivo del Ministerio de Ambiente y emitida en el momento que se promulgó está ley.

·        Se reconocerán incentivos para el ciclo de aprovechamiento reconocido, siempre que se hayan iniciado dentro de los primeros 20 años, contadas a partir de la vigencia de la presente ley.

  

Incentivos al cine –

La Ley nº37 de 2007 junto con su modificación bajo la Ley nº 16 de 2012 establece las bases para establecer el régimen especial de la industria cinematográfica y audiovisual de Panamá.

Régimen Fiscal de la Industria Cinematográfica y Audiovisual

·        Incentivos Fiscales:

·        Las personas que están inscritas en el Registro Nacional de Incentivos gozarán de los siguientes incentivos fiscales:

·        Exoneración de los impuestos, aranceles, tasas y gravámenes nacionales que exclusivamente estén relacionados con la actividad cinematográfica y audiovisual en las áreas asignadas por el Consejo de Gabinete por un período de 20 años.

·        Exoneración de los impuestos relacionados con la importación de mercancías, materiales, productos, equipos y demás bienes necesarios, exclusivamente, para la realización cinematográfica y/o audiovisual siempre que no haya producción de estos en el territorio nacional.

·        Exoneración de pago de impuestos de los salarios provenientes de contratos perfeccionados en el extranjero.

·        Exoneración de timbres fiscales en la solicitud del Registro Nacional de Incentivos del Ministerio de Comercio e Industrias.

·        Exoneración del impuesto de inmuebles conforme a las normas fiscales vigentes, exclusivamente de los bienes inmuebles cuyo uso esté directamente relacionado con el desarrollo de la actividad o la producción cinematográfica o audiovisual.

·        Exoneración del impuesto sobre la renta sobre las operaciones en el exterior.

·        Exoneración del impuesto sobre la renta para la micro, pequeñas y medianas empresas de servicios cinematográficos y audiovisuales inscritas en la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

·        Gozaran de estos incentivos fiscales los promotores, inversores, operadores, productores, directores que estén establecidas en las áreas especiales y los que se les otorgue la Licencia de la Industria Cinematográfica y audiovisual.

 

·        Incentivos económicos:

·        La empresa extranjera que en el amparo de la ley realice una obra cinematográfica o audiovisual gozará de un retorno económico del 15% del total de sus compras de bienes y servicios debidamente documentados y pagados a favor de proveedores nacionales ubicados dentro del territorio panameño. Quedan excluidas las compras de bienes o servicios efectuados a profesionales y/o talentos que no sean panameños.

·        El retorno será otorgado por el Ministerio de Comercio e Industrias a las empresas cuyos costos o gastos de producciones realizadas dentro del territorio panameño sean mayores a tres millones de dólares, hasta un máximo de 40 millones de dólares.

·        Exención del Impuesto Aduanero: El inversor o el personal extranjero contratado por una empresa de servicio cinematográfico o audiovisual que reciba una certificación expedida por la Dirección General de la Industria Cinematográfica y audiovisual tendrá derecho a la exoneración de impuesto de importación, derechos y gravámenes o el impuesto selectivo al consumo de ciertos bienes y servicios, bienes muebles y menajes de casa. 

·        Importación y admisión temporal de sin constitución de fianza de garantía: La Autoridad Nacional de Aduanas concederá, mediante resolución, autorización de importación y admisión temporal sin consignación de fianza, a los equipos de las producciones productores o directores que realicen la actividad de producción o dirección en una obra cinematográfica y/o audiovisual en Panamá.

·        Acuerdos Fiscales: Las empresas establecidas en las áreas especiales y las empresas poseedoras de una Licencia de la Industria Cinematográfica y Audiovisual podrán llegar a acuerdos fiscales que sean del interés del Ministerio de Economía y Finanzas, los promotores de las áreas especiales y dichas empresas para la consolidación de sus ganancias y el pago de impuestos por las rentas que obtienen en diversos países.      

·        Pago de impuestos aduaneros: Cuando las empresas establecidas en las áreas especiales enajenen, fuera de estas y hacia el territorio nacional, los bienes obtenidos a través de los incentivos fiscales deberán pagar el impuesto de importación correspondiente.

Régimen Migratorio de la Industria Cinematográfica y Audiovisual

·        Permisos de residente temporal: Se concederán permisos de residente temporal por el término de un año al personal extranjero contratado temporalmente por las empresas servicio cinematográfico y audiovisual que presten sus servicios como empleados de confianza, productor, actor, técnico o experto. Esta producción deberá estar inscrita en el Registro Nacional de Incentivos y cumplir los requisitos establecidos por el Servicio Nacional de Migración

·        Permiso de residente permanente: Podrán solicitar Permiso de Residente Permanente en calidad de inversor de la industria cinematográfica y audiovisual los extranjeros que realicen una inversión en cualquier actividad de esta industria por un monto superior a $150,000.00 dólares.

 

Incentivos a las agroexportaciones-

Ley No. 2 de 20 de marzo 1986 junto a la Ley 28 de 1995 y sus modificaciones establecen medidas e incentivos a favor de la producción y exportaciones agropecuarias a fin de impulsar el desarrollo agroindustrial.

 Ley No. 2 de 20 de marzo 1986

Esta ley tiene como objeto medir e incentivar el establecimiento y fomento de la producción y exportación de productos agrícolas. Crea un mecanismo para promover el desarrollo de la industria agrícola.

 Algunas condiciones de esta ley fueron modificadas por la ley 28 de 1995.

Esta ley establece medidas e incentivos a favor de la producción y exportaciones agropecuarias a fin de impulsar el desarrollo agroindustrial.

·        Se establece una tarifa preferencial para la instalación y consumo de energía eléctrica utilizada en actividades agropecuarias, de una reducción de hasta 30% de la tarifa vigente.

·        El Ministerio de Desarrollo Agropecuario se compromete en simplificar los trámites de titulación de las tierras, a través del uso de fotografías aéreas y la exoneración de la presentación del certificado de paz y salvo del impuesto sobre la renta en el Registro Público a todo productor que gestione por primera vez la titulación, de una parcela menor de 50 hectáreas.

·        Exoneración fiscal hasta el 30% de las sumas invertidas en las actividades agrícolas, pecuarias, acuícola y agroindustriales, sin que esta suma llegue a ser superior del 40% del impuesto sobre la renta. Teniendo por obligación de mantener la inversión de producción de bienes o a la introducción de tecnología por un período mayor de 3 años.

Ley 82 de 2009

La ley 82 de 2009 consiste en apoyar el esfuerzo agroexportador de productos no tradicionales a través del instrumento fiscal denominado Certificado de Fomento a la Agroexportación (CeFA).

·        El Certificado de Fomento a las Agroexportaciones (CeFa), otorgado a la exportación definitiva de productos no tradicionales. Equivale al monto correspondiente a una porción del promedio estimado de los costos por unidad de producto en concepto de empaque, embalaje, transporte y flete interno, correspondientes al producto exportado, según sea expresado por la autoridad competente.

·        El CeFa estará exento de toda clase de impuestos, tasas, derechos y gravámenes nacionales, no devengará intereses y servirá únicamente para el pago de cualquier impuesto nacional, con excepción de los impuestos municipales.   

 

 

Incentivos a los call centers-

Ley 32 de 2011 de Zonas Francas

El artículo 70 de la Ley 32 de Zonas Francas, indica que las personas naturales o jurídicas que tengan una Concesión de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) para la prestación del Servicio de Centros de Llamadas para uso comercial (call centers) en concepto de llamadas internacionales quedan sujetos a los beneficios establecidos en la referida Ley.

Incentivos Fiscales:

·        100% de exoneración de impuestos y derechos de importación sobre materias primas, productos semielaborados, compra e importación de equipo y materiales de construcción, maquinarias, repuestos, herramientas, accesorios, insumos, materiales de empaque y todo bien o servicio requerido para sus operaciones.

·        Exoneración del impuesto sobre la renta.

·        Exoneración del impuesto de patentes o licencias.

·        Exoneración del impuesto sobre activos de capital o bienes.

·        Exoneración del impuesto de transferencia de bienes muebles y de servicios (I.T.B.M.S.) en las compras locales.

·        Exoneración del impuesto sobre dividendos o intereses generados por las acciones, bonos y demás títulos y valores emitidos y colocados en el mercado local e internacional.

·        Exoneración del impuesto de exportación.

Incentivos y Migratorios:

·        Visa de residente permanente en calidad de inversor (inversión no inferior a los US$250,000.00).

·        Visa de residente temporal en calidad de personal de confianza, ejecutivos, expertos y/o técnicos, válida por el término del contrato respectivo.

·        Visa de comerciante residente, válida por el término de 1 año, para efectuar transacciones o negocios en zonas procesadoras para la exportación.

·        Permiso de entrada y salida múltiple por el término de la visa. Es importante destacar, que todas las visas mencionadas serán extensivas, en igualdad de condiciones, al cónyuge e hijos menores y mayores dependientes del solicitante principal.

 

Incentivos a la industria-

Ley No. 3 de 20 de marzo de 1986

Esta ley tiene por objeto, el fomento de las actividades industriales y de las exportaciones. Pueden acogerse a esta ley, todas las empresas que en Panamá se dediquen a actividades industriales de manufactura o ensamblaje, si estas últimas dedican el total de su producción a la exportación, considerando como industrias manufactureras la que se dediquen a la transformación de materias primas y productos semi-elaborados y a la fabricación agrícola, pecuario, forestal y marino como industrias de ensamblaje, las que se dediquen a la fabricación de productos terminados mediante el proceso de acoplamiento de insumos y partes elaboradas. Además, a la espera de una ley que regule su situación, se puede acoger a esta ley las empresas de una alta capacidad tecnológica no tradicional para su total exportación. Estas empresas, una vez registrada ante el Registro Oficial de la Industria Nacional adscrito a la Dirección General de Industrias del Ministerio de Comercio e Industrias, gozan de ciertos incentivos fiscales.

Incentivos Fiscales

·        Exoneración del 100% de los impuestos de introducción, contribuciones, gravámenes y derechos aduaneros, así como el impuesto de Transferencia de Bienes Muebles sobre la importación de maquinarias, equipos y repuestos necesarios para la producción.

·        Exoneración del 100% de impuesto sobre la renta respecto a las ganancias, con excepción de las industrias extractivas o que exploten recursos naturales del país.

·        Exoneración del 100% de los impuestos sobre las exportaciones.

·        Exoneración del 100% de los impuestos sobre las ventas.

·        Exoneración del 100% de los impuestos a la producción.

·        Exoneración del 100% de los impuestos que graven el capital o los activos de la empresa, salvo los impuestos de Licencias e Inmuebles.

·        Exoneración del impuesto sobre la renta sobre las utilidades netas reinvertidas para la expansión de su capacidad de producción o para producir artículos nuevos, siempre y cuanto que esa reinversión sea superior al 20% de la renta gravable.

·        Régimen especial de arrastre de pérdidas, para efectos de pago del impuesto sobre la renta, consistente en que las pérdidas sufridas durante cualquier año puedan deducirse de la renta gravable en los 3 años inmediatamente posteriores.

·        Cálculo de la depreciación de sus bienes.

·        Las empresas que destinen su producción el mercado doméstico pueden importan las maquinarias y equipos necesarias para la producción, pagando adicionalmente el impuesto sobre la Transferencia de Bienes Muebles (ITBM), equivalente al 3% del valor de los artículos extranjeros.

 

·        A las empresas que se establezcan en los distritos de Santiago, Chitré, Bugaba, Chorrera, Los Santos, Las Tablas, Aguadulce, Natá, Penonomé y en las provincias de Colón, se les otorgara:

·        Exoneración del 100% de los impuestos de inmuebles por un período de 10 años.

·        Exoneración del 100% de los impuestos sobre la renta, respecto a las ganancias de sus ventas al mercado doméstico los primeros 5 años de producción y del 50% los 3 años subsiguientes.

Ley 76 de 2009

El objetivo de la Ley 76 de 2009 es el incentivo del desarrollo de la industria en Panamá y es aplicable a empresas industriales de manufactura, agroindustriales y de transformación de recursos marinos o también de transformación de materias primas agropecuarios y forestales.

CERTIFICADO DE DESARROLLO INDUSTRIAL

Las empresas que desarrollen actividades dentro del marco de las leyes 25 y 76 podrán optar por el Certificado de Desarrollo Industrial. Este es un documento no transferible autorizado por el Ministerio de Economía y Finanzas.

Beneficios del Certificado de Desarrollo Industrial

Las empresas que dispongan de este certificado recibirán los siguientes beneficios:

·        Pagarán tan sólo el 3% del impuesto de importación (además del IVA y el ITBMS) sobre materias primas, productos semi-terminados, maquinaria, equipamientos y recambios, empaquetado y demás artículos necesarios para la creación de sus productos.

·        En caso de tener pérdidas en un período fiscal, tendrán el derecho de deducirlas durante los siguientes 5 años (a razón de un 20% cada año).

·        Se les podrá reembolsar hasta el 40% de lo siguiente:

·        Inversiones o reinversiones de beneficios.

·        Inversión en sistemas de dirección y control de la calidad y gestión medioambiental.

·        Inversión o reinversión de beneficios en procesos de mejora de la producción, creación de nuevos productos o expansión de la capacidad de producción.

·        Inversión en actividades de formación para la plantilla.

·        Inversión destinada a conseguir nuevo personal de producción.

 

Incentivo a la instalación de Sedes de Empresas Multinacionales-

·        Ley 41 de 2007 reformada por la Ley 45 de del 10 de Agosto de 2012.

·        Entidad Reguladora: Comisión de Licencias de Sedes de Empresas Multinacionales adscrita al Ministerio de Comercio e Industrias.

Por medio de dicha ley se crea un régimen especial para el establecimiento y operación de Sedes de Empresas Multinacionales y la comisión de licencias de sedes de empresas multinacionales y dicta otras disposiciones.

 
La Ley 45 aplicable define una empresa SEM como aquella empresa multinacional que desde Panamá realiza operaciones dirigidas a ofrecer los servicios definidos en esta Ley a su Casa Matriz o a sus subsidiaras o a sus filiales o a compañías asociadas, o que fije su Casa Matriz en Panamá. Las Sedes siempre serán parte de empresas multinacionales con operaciones internacionales o regionales o importantes en su país de origen.

 

Incentivos Fiscales:

 

·        Incentivos Corporativos: 

·        Impuesto sobre la Renta: Las empresas poseedoras de una Licencia de Sede de Empresa Multinacional deberán pagar el impuesto sobre la renta en la República de Panamá sobre la renta neta gravable derivada de los servicios prestados a una tarifa reducida del 5 %.

 

·        Impuesto de Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestación de Servicios: Por tratarse de servicios de exportación, no causarán Impuesto de Transferencia, siempre que se presten a entidades del grupo empresarial en el exterior, que no genere renta gravable dentro de Panamá. 

 

·        Impuesto de dividendo y complementario e impuesto a las sucursales: Las empresas poseedoras de una Licencia de Sede de Empresa Multinacional estarán exentas del pago de Impuesto de dividendo y complementario e impuesto a las sucursales.

 

·        Equipos Fiscales: Las empresas poseedoras de una Licencia de Sede de Empresa Multinacional no estarán sujetas al uso de equipos fiscales.

 

·        Estabilidad Jurídica: Las empresas que obtengan una Licencia de Sede de Empresa Multinacional a partir del 1 de enero de 2019 gozarán de manera automática, desde el momento de la emisión de esta Licencia, de las garantías a que se refiere el artículo 10 de la Ley 54 de 1998, reglamentada por el Decreto Ejecutivo 9 de 22 de febrero de 1999.

 

·        Registro Único de Contribuyente: Las empresas SEM deben obtener un número de registro único proporcionado en la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas. Este número será su identificación para cualquier trámite gubernamental y para su declaración de renta anual.

  

·        Incentivos para Ejecutivos:

 

·        Exención del Impuesto sobre la renta: Los salarios y otras remuneraciones laborales de los ejecutivos con Visas SEM, estarán exentos del ISR y de las cuotas de seguro social y seguro educativo.

 

·        Exención del impuesto de importación por menaje de Casa: El poseedor de una Visa de Personal Permanente de Sede de Empresa Multinacional estará exento, al momento de trasladarse por primera vez a la República de Panamá, del pago de los impuestos que por motivo de su importación pudieran aplicar a su menaje de casa.

 

·        Exención del impuesto de importación de vehículo automotor: El personal extranjero amparado con una Visa de Personal Permanente de Sede de Empresa Multinacional podrá solicitar a la Autoridad Nacional de Aduanas una franquicia arancelaria total y por una sola vez, cada dos años, para la importación de un vehículo automotor para su uso personal o familiar.

  

Incentivos Migratorios:

 

·        La Ley No. 41 de 2007, crea nuevas visas específicamente para trabajadores extranjeros que la SEM contrate. Estas visas serán tramitadas en el Ministerio de Comercio e Industrias.

 

·        Visa de Personal Permanente de SEM: Estas serán otorgadas a los trabajadores de nivel administrativo-ejecutivo. Serán otorgados por un término de cinco (5) años prorrogables por igual plazo, salvo en aquellos casos en que el contrato de trabajo establezca un término menor. Lo anterior sin limitar el número de veces en que la visa y el carné en referencia puedan ser prorrogados. Los poseedores de esta visa no necesitaran permisos de trabajo.

 

·        Visa de Dependiente de Personal Permanente de SEM: Instituida para los cónyuge o parejas unidas por un mínimo de cinco años en condiciones de singularidad y estabilidad, a los hijos menores de dieciocho años y hasta los veinticinco años de edad, siempre que estudien de forma regular y se encuentren bajo la dependencia económica del personal permanente de Sedes de Empresas Multinacionales, a los hijos con discapacidad que vivan con ellos y a los padres de dicho personal, que permanezcan en el territorio nacional bajo responsabilidad del interesado principal. Estas Visas serán por el mismo término de la otorgada al Personal Permanente SEM.

 

·        Visa de Personal Temporal de SEM: Establecida para el personal extranjero que brinde servicios técnicos o de entrenamiento a la Sede de Empresa Multinacional por un término no mayor de tres meses, prorrogable por un periodo de tres meses adicionales. Al igual que la de Personal Permanente de SEM, esta visa no necesita un permiso de trabajo.

 

·        Residencia Definitiva: Establecida para el personal extranjero que trabaje o haya dejado de trabajar para cualquier Sede de Empresa Multinacional, una vez transcurrido el término de cinco años, contado a partir de la aprobación de la Visa de Personal Permanente de Sede de Empresa Multinacional.

 

·        Permiso de Estadía por el término de seis (6) meses: Todo el personal extranjero que posean Visas de Personal Permanente y Temporal y sus Dependientes de Sede de Empresas Multinacional, que cancelen o desistan de dichas categorías migratorias, se le otorgara un permiso de estadía en el territorio nacional por el termino de seis (6) meses calendarios contados a partir de la cancelación o desistimiento de la visa de Sede de Empresas Multinacionales respectiva.

 

 

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Representación y agencia

La figura de la empresa de representación o agencia no está regulada en el ordenamiento jurídico nacional. Cuando se trata de registrar una sociedad extranjera para operar en Panamá se requieren los siguientes pasos:

1- Se debe elevar a escritura pública los documentos extranjeros, que son: el pacto social de escritura de constitución de la sociedad, el Certificado de Registro Mercantil del país de origen en que conste los datos de inscripción y los últimos estados financieros auditados por firmas reconocidas.

2- Se registra en el Registro Público Panameño en la Sección de Empresas Extranjeras. Comúnmente se incluye entre paréntesis la palabra (Panamá) para diferenciarla de la sociedad matriz.

 

Sucursales

Las sociedades anónimas extranjeras podrán constituir oficinas o agencias en Panamá y hacer negocios dentro de la República, después de haber presentado al Registro mercantil, para su inscripción los siguientes documentos: escritura de protocolización del pacto social; copia del último balance acompañado de una declaración de la parte del capital social que se utiliza o que se propone utilizar en negocios de la República de Panamá y certificado de estar constituida y autorizada con arreglo a las leyes del país respectivo, autentificado por el cónsul de Panamá en ese país.

De no cumplirse lo anterior, las sociedades anónimas extranjeras que actúen dentro de la República de Panamá, no podrán iniciar procedimientos judiciales, pero podrán ser demandadas en toda clase de juicios.

Fundaciones de Interés Privado

Las fundaciones de interés privado panameñas son un instrumento para administrar bienes y patrimonios, y se encuentran reguladas por la ley Nº25 del 12 de junio de 1995:

Objeto: constituir un patrimonio independiente e inembargable que garantice el cumplimiento de los fines de la fundación.

Constitución: Podrán crear fundaciones de interés privado una o más personas naturales o jurídicas por sí mismas o por medio de terceros, en favor de beneficiarios. La fundación puede ser creada por medio de un documento privado que debe ser protocolizado en una notaría o directamente ante un notario público. El acta constitutiva deberá inscribirse en el registro público. A diferencia de las fundaciones de carácter general que deben ser aprobadas previamente por el Ministerio de Gobierno, las de carácter privado no deben obtener ningún permiso previo por parte de las administraciones´públicos.

Características principales:

Las fundaciones no podrán perseguir fines de lucro, aunque podrán realizar ciertos actos de comercio siempre que los mismos sean convenientes para la fundación y siempre que el producto económico sea dedicado únicamente a los fines de la misma. La fundación puede adquirir y poseer bienes, tener derechos y contraer obligaciones y ser parte de cualquier proceso administrativo y judicial. El manejo de la Fundación no está sujeto a supervisión gubernamental. Toda persona que tuviera conocimiento de las transacciones y operaciones de la fundación deberá mantener reserva y confidencialidad sobre las mismas. Los activos de la fundación son insecuestrables. El patrimonio inicial de la fundación expresado en cualquier moneda de curso legal, no podrá ser inferior a 10.000 dólares.

Las fundaciones serán irrevocables salvo en tres casos: cuando el acta fundacional no haya sido inscrita en el Registro Público; cuando se establezca expresamente lo contrario en el acta; o por cualquiera de las causas de revocación de las donaciones.

Las fundaciones extranjeras podrán acogerse a las disposiciones panameñas en cuanto a fundaciones de interés privado. No se exige poseer nacionalidad panameña para poder integrar el Consejo de la Fundación.

Fiscalidad: estarán exentos de todo impuesto los actos de constitución, modificación o extinción de la fundación, así como los actos de transferencia, transmisión o gravamen de los bienes de la fundación y la renta proveniente de dichos bienes, siempre que los mismos constituyan bienes situados en el extranjero; dinero depositado en Panamá por personas cuya renta no sea de fuente panameña o no sea gravable en Panamá por cualquier causa o acciones o valores de cualquier clase, emitidos por sociedades cuya renta no sea de fuente panameña, o cuando su renta no sea gravable por cualquier causa, aún cuando tales acciones o valores estén depositados en la República de Panamá.

También estarán exentos de todo impuesto los actos de transferencia de bienes inmuebles, títulos, certificados de depósito, valores, dinero o acciones efectuados por razón del cumplimiento de los fines de la fundación o por la extinción de la misma a favor de los parientes en primer grado de consanguinidad o del cónyuge del fundador.

Toda fundación debe pagar un derecho registral y una tasa única equivalentes a los que se establece para las sociedades anónimas.

Fideicomiso

Se encuentra regulado por la Ley 1 de 5 de enero de 1984. El fideicomiso es un acto jurídico en virtud del cual una persona llamada fideicomitente transfiere bienes a una persona llamada fiduciario para que los administre o disponga de ellos en favor de un beneficiario que puede ser el propio fideicomitente.

Fiscalidad: estarán exentos de todo impuesto los actos de constitución, modificación o extinción del fideicomiso, así como los actos de transferencia, transmisión o gravamen de los bienes dados en fideicomiso y la renta proveniente de dichos bienes o cualquier otro acto sobre los mismos, siempre que el fideicomiso verse sobre bienes situados en el extranjero, dinero depositado en Panamá cuya renta no sea de fuente panameña y acciones o valores emitidos por sociedades cuya renta no sea de fuente panameña, aún cuando tales acciones o valores estén depositados en la República de Panamá.

Características principales:

La Superintendencia de bancos supervisará y velará por el adecuado funcionamiento del negocio del fideicomiso. La obligación de guardar secreto fiduciario se mantiene aunque termine el fideicomiso. La duración del fideicomiso no podrá ser superior a 80 años. Los fideicomisos pueden ser revocables o irrevocables, pudiendo el fundador cambiar a los beneficiarios en cualquier momento.

Procedimientos contables generales en Panamá.- Todas las empresas deben llevar libros de contabilidad. Los libros legales, los documentos contables y la correspondencia deben mantenerse en Panamá si la empresa se dedica a operaciones locales y deben estar actualizados y disponibles en todo momento para las autoridades correspondientes. Si se trata de operaciones en el exterior (off-shore), los libros, los documentos y la correspondencia pueden mantenerse fuera del país, excepto cuando se requieran para acciones legales en Panamá.

Licencias comerciales.- Toda persona natural o jurídica que pretenda ejercer alguna actividad comercial en la República de Panamá (se exceptúan aquellas compañías que estén ubicadas en la Zona Libre de Colón), necesita de una licencia comercial o industrial según la naturaleza de la actividad. Por ello, el paso siguiente a la constitución de una sociedad es la obtención de la aviso de operación a favor de la sociedad en cuestión, en el Ministerio de Comercio e Industrias, que se tramita a través de la web: www.panamaemprende.gob.pa

Estas licencias pueden ser de tres tipos:

Licencia Comercial Tipo A: se otorga a los bancos, compañías financieras, empresas de seguros, empresas internacionales de transporte, servicios públicos, hoteles, empresas de servicios de alta tecnología y para realizar operaciones de comercio al por mayor.

Licencia Comercial Tipo B: se requiere para ejercer el comercio al por menor, entendiéndose por esto, la venta de bienes al consumidor. Se incluyen en esta actividad las compañías de representación, agencia o distribución, compañías de servicios a terceros, bares, restaurantes, farmacias, agencias de bienes raíces, transportes dentro del terrritorio nacional, y otras actividades de naturaleza análoga. La Constitución de Panamá reserva el ejercicio de estas actividades a personas de nacionalidad panameña. Cuando se constituye una sociedad anónima, si la misma se va a dedicar al comercio al por menor, los directores, dignatarios y accionistas de la sociedad tienen que ser panameños y la sociedad solamente podrá emitir las acciones nominativamente.

Licencia Industrial: es necesaria en las actividades industriales. Se requiere para dedicarse a la industria de la construcción y a actividades extractivas y manufactureras.

La prestación de servicios a terceros se clasifica como una operación al por menor. Del mismo modo, para las ventas al Estado basta con una licencia tipo A, por lo que tanto comerciantes mayoristas, como industriales pueden participar directamente en licitaciones y concursos sin necesidad de intermediación de un minorista.

Cuando se requiera de una licencia tipo B para ejercer el comercio al por menor, deberá adjuntarse fotocopia autentificada por el Tribunal Electoral de la cédula de identidad personal de los directores, administradores y accionistas de la sociedad.

No es necesario obtener una licencia para ejercer actividades relacionadas con la agricultura, artesanía o manualidades que no ocupen a más de cinco trabajadores. Tampoco es necesaria la licencia para ejercer actividades sin fines de lucro.

Cuando el capital invertido en un negocio o actividad no exceda de 10.000$, basta con solicitar un registro e inscribir a la empresa en el Registro Comercial del Ministerio de Comercio e Industrias. No se exigirá en este caso licencia comercial o industrial.

El Estado ha de expedir la licencia en un plazo máximo de 90 días pero entre tanto la empresa podrá operar con un “permiso provisional” que se expide al presentar la solicitud. Todos los establecimientos o locales de una empresa pueden estar amparados bajo una sola licencia o registro.

Para obtener una licencia comercial tipo A o una licencia industrial se han de cumplir los siguientes requisitos: fotocopia de la escritura de constitución de la sociedad; certificación de registro público de la sociedad; fotocopia de cédula o pasaporte del representante legal; certificado de “paz y salvo” municipal y nacional de la sociedad; pago de los derechos de registro de licencia (5 dólares) y timbres (4 dólares); poder a favor del abogado; registro único del contribuyente (RUC) ante el Viceministerio de Finanzas (antiguo Ministerio de Hacienda); certificado de contador público autorizado sobre el capital invertido en la sociedad.; certificado de saneamiento ambiental y/o industrial cuando se requiera.

El costo para la obtención de estas licencias oscila entre los 300 y 800 dólares, dependiendo de las gestiones que se realicen. Además, las empresas que operan con estas licencias comerciales o industriales deben pagar un impuesto anual de un 1% sobre el capital invertido en la sociedad.

 

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Formación de "joint-ventures". Socios locales

No existe una regulación específica sobre los joint ventures, sin embargo la legislación nacional los admite para contratar con el estado. La Ley de contratación pública los denomina Consorcios a Asociaciones accidentales, y los define como una agrupación de dos o más personas que se asocian para presentar una misma propuesta en forma conjunta, para la adjudicación, la celebración y la ejecución de un contrato, y que responden solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato.

Los joint ventures conformados por socios locales y extranjeros tienen las mismas obligaciones y derechos que los conformados únicamente por nacionales o únicamente por extranjeros.

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Tipos de sociedades

Los tipos de sociedades reguladas en el derecho mercantil panameño son:

A)     Sociedad Colectiva

B)     Sociedad en Comandita

C)     Sociedad de Responsabilidad Limitada

D)     Sociedad Anónima

E)     Cooperativas

 

Para la constitución de sociedades se debe hacer ante notario y el sucesivo registro de sociedades. Es necesario el alta de actividad mediante el documento de Aviso de Operación según la actividad de la sociedad.

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Régimen de Franquicias

La base legal para la inscripción del contrato de franquicia está regulada en la Ley 35 del 10 de mayo de 1996, reglamentada por el Decreto Ejecutivo nº7 del 15 de febrero de 1998.

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Propiedad industrial (marcas, patentes, diseños, licencias)

Patentes y marcas

La ley Nº 35 de 10 de mayo de 1996 regula la propiedad industrial, incluyendo todo lo relativo a patentes y marcas. La propiedad industrial es competencia de la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial (DIGERPI), del Ministerio de Comercio e Industrias.

Marcas

La marca es el signo distintivo usado por el empresario para diferenciar en el mercado sus productos o servicios de los productos o servicios de sus competidores.

Tiene derecho preferente a obtener el registro de una marca, la persona que la estuviera usando en el comercio desde la fecha más antigua. Cuando una marca no estuviera en uso, el registro se concederá a la persona que presente primero la solicitud correspondiente o que invoque la fecha de prioridad más antigua. La persona natural o jurídica que haya registrado una marca de fábrica en el exterior es la única persona que tiene el derecho de registrar esa marca en Panamá como una marca extranjera. En caso de conflicto entre dos o más tenedores de la misma marca, la propiedad se otorgará al primer poseedor.

Para poder registrar una marca, ésta debe reunir determinados requisitos de validez o registrabilidad, debe ser distintiva y no encontrarse en los casos siguientes:

- marcas extranjeras que no estén previamente registradas en su país de origen.

- marcas que contengan banderas, escudos de la república, municipios o naciones extranjeras.

- marcas que contengan retrato, nombres de personas y no posean autorización previa. Se exceptúan los casos de retratos o nombres de personajes históricos.

- marcas que consistan en información sobre clase, fecha, lugar de fabricación, calidad, destino, precio, cantidad, peso o denominación usual del producto.

- marcas que sean idénticas o parecidas a otras registradas o conocidas.

- marcas que atenten contra la moral.

Para obtener el registro de una marca, se elevará una solicitud a la DIGERPI, a través de un abogado, presentándose los siguientes documentos: datos de la persona física o jurídica; denominación y/o diseño de la marca tal como será usada en el mercado; especificación de los productos o servicios en los cuales la marca será usada; declaración jurada respecto al uso de la marca; comprobante de haber pagado los derechos de registro, inscripción y publicación; seis etiquetas de la marca, una de las cuales deberá adherirse en la solicitud.

Encontrada conforme la solicitud de registro, se ordenará su publicación en el Boletín Oficial de Registro de la Propiedad Industrial (BORPI). Durante el término de dos meses, contado a partir del día siguiente a la publicación cualquier persona puede presentar demanda de oposición al registro de marca solicitado. De no mediar demanda de oposición, se ordenará el registro de la marca.

El registro de una marca tiene una duración de diez años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y puede ser renovado indefinidamente por períodos iguales, siempre que así se solicite dentro del término correspondiente y se paguen los derechos fiscales.

Los derechos a satisfacer en relación con las marcas son los siguientes:

por solicitud de marca                                  19,2 dólares

por registro de una marca                           104 dólares

Certificado Reg. Publico (P. Juridicas)      30 dólares 

por cada solicitud de prórroga                    10 dólares

Patentes

La persona natural que realice una invención, tendrá el derecho exclusivo de su explotación. Este derecho se otorgará a través de patentes. El titular de una patente puede ser persona natural o jurídica.

Para obtener una patente debe presentarse, a través de un abogado panameño, una solicitud de patente a la DIGERPI, acompañada de una descripción, un resumen, los dibujos correspondientes, así como el comprobante de haber pagado las tasas correspondientes.

Cuando se solicite una patente ya presentada en otros países, se reconocerá como fecha de prioridad la del país en que se presentó primero. Para este fin, deberá haberse presentado la solicitud respectiva en la República de Panamá, dentro de los plazos que determinan los convenios internacionales vigentes sobre la materia, ratificados por Panamá.

La DIGERPI denegará total o parcialmente la solicitud, si estima que su objeto no es patentable. Si la DIGERPI acepta la solicitud, hará saber al solicitante que para dar continuación al procedimiento de concesión, deberá pedir la realización de un informe sobre el estado de la técnica dentro de los plazos establecidos en la ley. Posteriormente la DIGERPI ordenará la publicación de la solicitud de patente en el BORPI. Finalmente la DIGERPI procederá a conceder la patente solicitada, previo pago de los derechos correspondientes.

Los derechos a satisfacer en relación con las patentes son los siguientes:

por solicitud de patente                                                              12 dólares

Registro Publico (P. Juridicas)                                                   30 dólares

por solicitud de informe sobre el estado de la técnica          240 dólares

por concesión de una patente * los 5 primeros años            150 dólares

* los 5 años siguientes                                                             200 dólares

* los 5 años siguientes                                                             200 dólares

* el resto del tiempo                                                                 300 dólares

La patente tiene una vigencia de 20 años improrrogables. 

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Barreras de entrada para inversores españoles

Existen algunas limitaciones a la inversión extranjera y al ejercicio de actividades en ciertos sectores: adquisición de terrenos, contratación de trabajadores, comercio al por menor, pesca, radiodifusión o transporte de cabotaje, siendo la más importante con diferencia la restricción a la contratación de trabajadores extranjeros (como regla general, no pueden superar el 10% de la plantilla ni de la nomina), aunque existen vías, al menos en ciertos casos, para superar estas limitaciones.

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  • Movilidad Internacional
  • Barreras Comerciales
  • ICE
  • Datainvex