Marco jurídico

Resumen del marco jurídico para los negocios

En Panamá, la legislación que regula la inversión extranjera en el país es fundamentalmente la siguiente:

  • Constitución de 1972, modificada por los Actos Reformatorios de 1978 y el Acta Constitucional de 1983.
  • Ley Nº 54 de 22 de julio de 1998 sobre Estabilidad Jurídica de las Inversiones: Concede trato nacional a las empresas y a los inversores extranjeros, con las únicas excepciones incluidas en la Constitución y en la Ley.
  • Ley Nº 41 de 24 de agosto de 2007 del Régimen Especial para el Establecimiento y las Operaciones de Sedes de Empresas Multinacionales (SEM), modificada por la Ley Nº 45 del 10 de agosto de 2012 y posteriormente por la Ley 57 de 24 de octubre de 2018. Busca incentivar el establecimiento en Panamá de multinacionales con operaciones regionales en Latinoamérica y Caribe. En el siguiente enlace se muestra una guía ejecutiva actualizada a 2019 https://sem.gob.pa/files/files-principal-guia-para-las-empresas-sem-pdf-1.pdf
  • Ley Nº 93 de 19 de septiembre de 2019 que crea el Régimen de Asociación Público-Privada para el Desarrollo como incentivo a la inversión privada, al desarrollo social y a la creación de empleos. https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/28864_B/74982.pdf
  • Ley Nº 151 de 31 de agosto de 2020 que crea el Régimen especial para el Establecimiento y la Operación de Empresas Multinacionales para la Prestación de Servicios Relacionados con la Manufactura (Régimen EMMA). https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/29103_A/GacetaNo_29103a_20200901.pdf

Un freno a la inversión extranjera viene constituyéndolo la política migratoria restrictiva de Panamá, que establece en el Art. 17 de su Código de Trabajo que todo empleador debe mantener a trabajadores panameños en una proporción no inferior al 90% de la plantilla (puestos ordinarios) y extranjeros en un máximo del 10% para puestos de trabajo ordinarios. En caso de que se trate de trabajos especializados, el personal cualificado extranjero puede ampliarse hasta el 15% del total empleado.

El Gobierno de Martinelli flexibilizó la política migratoria mediante el Decreto Ejecutivo Nº 343 de mayo de 2012, creando una categoría de residente permanente para extranjeros procedentes de países específicos "amigos" que la solicitan para ejercer actividades profesionales, económicas y de inversión. Esta categoría facilita la concesión de residencia permanente para aquellas personas procedentes de los países “amigos”, entre los que se encuentra España.

En cuanto a los acuerdos bilaterales entre España y Panamá en materia de inversión, destacan los siguientes:

- Convenio sobre Doble Imposición firmado el 7 de octubre de 2010, en vigor desde el 25 de julio de 2011.

- APPRI en vigor desde agosto de 1998

- Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea (AdA), en vigor desde 2013.

- MOU sobre cooperación en materia de transportes e infraestructuras, firmado en junio de 2015, entre el Ministerio de Fomento de España y el Ministerio de la Presidencia de Panamá. 

Panamá es un país abierto al comercio exterior y a la inversión extranjera y no discrimina en cuanto a la nacionalidad del inversor. No existen limitaciones a la inversión extranjera y/o a la repatriación de los beneficios. Tampoco existen requisitos de inscripción para el capital y no hay impuesto a la transferencia de fondos al país.

La legislación panameña aborda la fusión con entidades extranjeras, sin grandes restricciones, y también la escisión y re-domiciliación.

En Panamá no se emite papel moneda y para todas las operaciones se usa el dólar estadounidense. El balboa (sólo disponible en monedas, no en billetes) tiene un valor par al dólar americano.

PROPANAMÁ (que hasta 2019 era PROINVEX) es el servicio de promoción de la inversión extranjera en Panamá. Ofrece un servicio de ventanilla única, donde se ofrece a los inversores la información necesaria para la realización de la inversión, así como información sobre los destinos regímenes fiscales especiales: Zona Económica Especial Panamá Pacifico (APP), Sede de Empresas Multinacionales (SEM), Empresas Multinacionales de Manufacturas (EMMA), la Ciudad del Saber, Zona Libre de Colón (ZLC)

La organización de las sociedades mercantiles y las actividades comerciales se rige principalmente por leyes especiales creadas para estos efectos, además por el Código de Comercio sobre cuestiones que no han sido reguladas.

 

 

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Organismos de apoyo a la inversión extranjera

En la actualidad la labor de promover, coordinar y ejecutar las políticas y estrategias en materia de atracción de inversiones y fomento de exportaciones corresponde a la Agencia de Atracción de Inversiones y Promoción de Exportaciones (PROPANAMÁ), adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores, que fue creada bajo decreto ejecutivo el 27 de Agosto de 2019.

No obstante, el 21 de enero de 2021, se presentó en la Asamblea Nacional un proyecto de ley para crear la Autoridad Nacional para la Atracción de Inversiones y Promoción de Exportaciones (PROPANAMÁ), que tiene como fin convertirla en entidad autónoma, con personalidad jurídica y patrimonio propio e independencia administrativa, presupuestaria y financiera.

En Panamá existen varias leyes de incentivos a la inversión. Estos incentivos no distinguen si se trata de inversión nacional o extranjera. Los tipos de incentivos son fiscales, laborales, administrativos, migratorios y aduaneros. Para acogerse a los incentivos que establecen las leyes especiales las inversiones deben cumplir con los requisitos y procedimientos que señalan las entidades reguladoras respectivas.  

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Otros incentivos a la inversión

3.3.1. Residente Permanente en Calidad de Inversionista Calificado

Este Régimen está regulado por el Decreto Ejecutivo No. 722 de 15 de octubre de 2020, el cual modifica la Ley No. 23 de 22 de febrero de 2008 y fue modificado por Decreto ejecutivo No. 26 de 2 de marzo de 2009.

Se trata de un incentivo especial que tiene como fin atraer inversiones extranjeras directas a Panamá. El inversionista puede obtener el estatus de Residente Permanente, en calidad de Inversionista Calificado, por mantener actividades de inversión en la República de Panamá.

El solicitante deberá acreditar haber realizado alguna de las formas de inversión que se detallan a continuación:

- Inversión inmobiliaria: se debe invertir la suma de quinientos mil balboas (US$ 500.000) en la compra de un bien inmueble en la República de Panamá, el cual debe estar libre de gravámenes.
- Inversión inmobiliaria mediante un contrato de promesa de compraventa: también lo puede solicitar aquella persona extranjera que realice inversiones por medio de contrato de promesa de compraventa para la adquisición de un bien inmueble, por la suma de quinientos mil balboas (US$ 500.000), realizadas por medio de un depósito de fideicomiso manejado por un banco o fiduciaria de la localidad.
- Inversiones realizadas a través de una Casa de Valores con licencia aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá: se debe realizar una o varias inversiones a través de una Casa de Valores por un importe mínimo de quinientos mil balboas (US$ 500.000) en títulos de valores de emisores, cuyos negocios incidan en el territorio nacional, y cuyo compromiso se mantenga al menos 5 años.
- Inversiones en Depósito a Plazo Fijo en el Sector Bancario: se debe realizar una inversión en la apertura de depósito a plazo fijo por un importe mínimo de setecientos cincuenta mil balboas (US$ 750.000), y que dicho depósito tenga un mínimo de validez de 5 años.

Todas estas formas de inversión deben mantenerse por un mínimo de 5 años.

3.3.2. Agroparques

La Ley No. 196 de 2021 crea el régimen especial para el establecimiento de empresas operadoras y desarrolladoras de Agroparques y dicta disposiciones para su funcionamiento. El propósito de este nuevo marco regulatorio es incentivar el desarrollo de agroparques y dar valor agregado a la producción agropecuaria nacional.

Entidad Reguladora: Dirección Nacional de Agronegocios (DINAGRON), adscrita al Ministerio de Desarrollo Agropecuario.

Las empresas que quieran obtener una Licencia de Empresas Operadora y Desarrolladora de Agroparques deberá presentar a la DINAGRON un plan de inversión cuyo valor sea mayor de los dos millones de balboas (US$ 2.000.000), el cual deberá ser completado en un plazo no mayor de tres años desde la fecha de emisión de la licencia.

  • Exoneraciones fiscales:

• Exoneración de impuestos a la importación de materiales, equipos, maquinarias, vehículos y mobiliarios necesarios para la realización de sus actividades por un periodo de 5 años.
• Beneficio del 3% como impuesto de importación a las materias primas, productos semielaborados y demás insumos involucrados en el proceso de elaboración de los productos.
• Exoneración de impuesto de inmuebles sobre las mejoras comerciales e industriales nuevas por 20 años.
• Derecho a que las pérdidas que sufran las empresas beneficiadas por la presente Ley durante los dos primeros periodos fiscales a partir del inicio de actividades sean deducibles en los cinco periodos fiscales siguientes, a razón del 20% por año.

  • Impuesto sobre la renta:

• Pago del impuesto sobre la renta a una tarifa reducida correspondiente al 50% de la establecida en el artículo 699 del Código Fiscal. Esta tarifa será aplicable durante los 5 primeros años.

  • Régimen Aduanero:

• Los productos manufacturados, procesados, ensamblados, transformados o remanufacturados por las empresas establecidas en un agroparque podrán ser introducidos al territorio fiscal nacional pagando los respectivos aranceles solo sobre el valor de las materias primas y componentes extranjeros incorporados en el producto.

3.3.3. Energía

Ley 6 de 3 de febrero de 1997, por la cual se dicta el Marco Regulatorio e Institucional para la prestación del servicio público de Electricidad, modificada por la Ley 68 de 1 de septiembre 2011, Ley 43 de 9 de agosto de 2012 y Ley 18 de 26 de marzo de 2013, Ley 2 de 6 de febrero de 2018 Esta ley se encuentra reglamentada por el Decreto Ejecutivo 22 de 19 de junio de 1998.

Ley No. 45 de 4 de agosto de 2004, que establece un régimen de incentivos para el fomento de sistemas de generación hidroeléctrica y de otras fuentes nuevas renovables y limpias, y dicta otras disposiciones.

  • Incentivos Fiscales

• Exoneración de impuestos de importación para equipamiento, maquinaria, materiales, recambios y otras importaciones necesarias para la instalación y mantenimiento de plantas de energía renovable con una capacidad instalada de hasta 500KW.
• Un incentivo fiscal de hasta el 25% sobre la inversión directa para empresas que desarrollen nuevos proyectos o incrementen la capacidad de producción de sistemas de energía renovable de hasta 10MW.
• Crédito fiscal aplicable al impuesto de las ganancias de hasta el 5% sobre la inversión para proyectos de energía renovable que se conviertan en infraestructura pública.
• Eliminación de los impuestos de importación, tasas e impuestos sobre equipamiento/materiales importados para la construcción de plantas.
• Beneficios fiscales garantizados a las plantas en función de su nivel de reducción del carbono.
• Exoneración de impuestos de transmisión y distribución.
• Desgravación de ingresos.
• Exención del impuesto sobre los bienes y servicios.
• Incentivos fiscales para la energía eólica, energía solar, gas natural, biomasa

3.3.3.1. Incentivos a inversión en Gas Natural:

• Crédito fiscal de hasta el 5% del valor total de la inversión directa aplicable al impuesto sobre la renta de obras civiles de infraestructura pública.
• Exoneración de aranceles aduaneros para equipos, maquinaria, materiales, piezas de repuesto y otras importaciones necesarias para el funcionamiento adecuado de las instalaciones.
• Posibilidad de utilizar un método de amortización acelerada para depreciar activos tangibles.
• 20 años de exoneración de todos los impuestos para los fabricantes de equipos de generación de gas natural dentro de Panamá. Incluye equipo: mecánico, electrónico, electromecánico, metalúrgico y eléctrico.

3.3.3.2. Incentivos a inversión en Energía Eólica

• Crédito fiscal de hasta el 5% del valor total de la inversión directa aplicable al impuesto sobre la renta de obras civiles de infraestructura pública.
• Exoneración de todos los impuestos de importación de equipamiento y materiales usados para la instalación y mantenimiento de plantas de generación de energía eólica.
• Posibilidad de utilizar un método de amortización acelerada para el equipamiento usado en la generación de energía eólica.
• 15 años de exoneración de todos los impuestos para los fabricantes de equipamiento de generación de energía eólica dentro de Panamá.

3.3.3.3. Incentivos a inversión en Energía a partir de Biomasa

• Exoneración total del impuesto sobre las ganancias.
• Exoneración del IVA de las importaciones y del pago de impuestos de licencias comerciales e industriales.
• Exoneración de los impuestos de aduana para el equipamiento y materiales utilizados para el desarrollo de proyectos de generación de energía a partir de biomasa.
• 15 años de exoneración de todos los impuestos para los fabricantes de equipamiento de generación de energía eólica dentro de Panamá.
• Exoneración de impuestos, tarifas, contribuciones y otras cargas locales.

3.3.3.4. Incentivos de inversión en Energía Solar

• Crédito fiscal de hasta el 5% del valor total de la inversión directa aplicable al impuesto sobre la renta de obras civiles de infraestructura pública.
• Exoneración de todos los impuestos de importación para equipamiento y materiales usados para la instalación y mantenimiento de plantas de energía solar.
• Posibilidad de utilizar un método de amortización acelerada para los activos tangibles.

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Zonas francas y ZEE

Los incentivos a la inversión según su localización son:

3.2.1. Área Económica Especial Panamá-Pacífico

Se trata de una zona económica especial localizada en Panamá Oeste que sirve como centro para manufactura, logística y actividades comerciales. Incluye, también, áreas residenciales. Se rige por la Ley 41 de 2004.

Entidad Reguladora: Agencia del Área Económica Especial Panamá-Pacífico

  • Beneficios Fiscales

• Exoneración de todo impuesto, contribución, tasa, gravamen o derecho de importación sobre todo tipo de mercancías, productos, equipos, servicios y demás bienes en general introducidos en el área Panamá-Pacífico, incluyendo, pero sin limitar, materias primas, combustibles y lubricantes, artefactos, suministros y repuestos introducidos en el área Panamá-Pacífico.
• Exoneración del Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestación de Servicios sobre todo tipo o clase de mercancías, productos, equipos, bienes, servicios y demás bienes en general introducidos en el área Panamá-Pacífico, así como de cualquier impuesto, tasa o derecho a la prestación de servicios.
• Exoneración de pago de licencia comercial o industrial.
• Exoneración de impuesto de timbres.
• Exoneración sobre mejoras comerciales e industriales, del impuesto de inmuebles sobre el terreno y las mejoras.

  • Beneficios Laborales

• Tasas fijas por horas extras (máximo 25%) y por trabajo realizado en días festivos o de descanso.
• Días de descanso semanal negociable.
• Empresas pueden permanecer abiertas los Domingos y días feriados.
• Se permite un 15% de fuerza laboral extranjera.

  • Beneficios Migratorios

• Todas las visas de trabajos se obtienen en las instalaciones del APP.
• Visas especiales para inversores, trabajadores y extensible a familiares inmediatos.
• El personal extranjero contratado en calidad de especializado tiene derecho a importar 100% libre de impuestos, por una sola vez, todo tipo de artículo para uso personal o doméstico, hasta la suma de US$ 100.000.

  • Oficinas de Aduanas

• Aduanas posee instalaciones y opera en el área especial, fuera de la ventanilla única.
• Disponible 24/7 por solicitud.
• Sistema basado en auditorías post inventario.

  • Actividades Incentivadas:

• Sedes regionales y servicios.
• BPO, ITO, KPO y centros de llamada.
• Industria Cinematográfica (Ley 36 de 2007)
• Distribución Logística y servicios logísticos.
• Servicios de TIC y procesamiento de datos de I+D de aplicaciones WEB.
• Procesamiento, manufactura y ensamblaje.

3.2.2. Ciudad del Saber

Se trata de un parque tecnológico y empresarial centrado en actividades relacionadas con la educación, la investigación y la innovación. Se rige por el Decreto Ley 6 de 1998.

Entidad Reguladora: Fundación de la Ciudad del Saber

  • Incentivos Fiscales:

Por el término de 25 años prorrogables, por períodos sucesivos de igual duración, se otorgan los siguientes beneficios fiscales:

• Exoneración de todo impuesto, contribución, tasa, o derecho de importación sobre las maquinarias, equipos, mobiliario, vehículos, artefactos, e insumos necesarios para el desarrollo de los objetivos de la Ciudad del Saber.
• Exoneración del Impuesto de Inmuebles sobre los bienes de este carácter propiedad de Fundación Ciudad del Saber.
• Exoneración de cualquier impuesto, tasa, derecho, gravamen, que grave el envió de dinero al extranjero, cuando tal envío o transferencia de fondos se lleva a cabo para los fines con los que fue instituida la Ciudad del Saber.

Las empresas innovadoras que en parques tecnológicos produzcan, ensamblen, procesen bienes de alta tecnología o que presten servicios de igual característica que podrán ser destinados a la venta en el mercado local e internacional gozarán de los siguientes beneficios:

• Sus actividades, operaciones, transacciones, trámites, y transferencia de bienes muebles e inmuebles, la compra de importación de equipo y material de construcción, materias primas, equipos maquinarias, herramientas, accesorios, insumos y todo bien servicio requerido para sus operaciones, que se realicen dentro del área de Ciudad del Saber, estarán 100% libres de impuestos directos, contribuciones, tasas, derechos y gravámenes nacionales.
• Su capital estará libre de impuesto nacional directo incluyendo los impuestos sobre patente o licencia.

  • Incentivos Migratorios:

• El estado concederá visas especiales al personal extranjero que ingrese al país para coadyuvar al desarrollo de la Ciudad del Saber, especialmente a los investigadores, educadores y técnicos, el conyugue e hijos dependientes y estudiantes, bajo ciertas condiciones.

  • Incentivos Laborales:

• Las compañías afiliadas a la Ciudad del Saber se encuentran facultadas para contratar el personal internacional que sea necesario para llevar a cabo sus labores.

3.2.3. Zonas Libres de Petróleo

Se rigen por el Decreto de Gabinete 36 de 2003.

Entidad Reguladora: Dirección Nacional de Hidrocarburos del Ministerio de Comercio e Industrias.

Este Decreto regula la actividad de las zonas libres de petróleo en Panamá, dentro de estas zonas existe un tratamiento fiscal especial:

• No se causará ningún impuesto, tasa, tarifa, derechos, gravamen y demás contribuciones fiscales con motivo de la introducción, exportación o reexportación de petróleo crudo y sus derivados, así como de los insumos, materias primas, suplementos o aditivos, maquinaria, equipo, materiales, repuestos, recipientes, envases, equipos y demás bienes siempre que ingresen a la Zona Libre de Petróleo.
• No se causará ningún impuesto, incluyendo impuesto sobre la renta, derechos, gravámenes y demás contribuciones, con motivo de la venta o entrega de petróleo crudo, semiprocesado o los derivados del petróleo que hayan ingresado a dichas zonas libres de petróleo.

3.2.4. Zona Libre de Colón

La Zona Libre de Colón se configura como la principal zona franca del hemisferio occidental y uno de los principales centros logísticos de redistribución multimodal del mundo.

La Zona Libre de Colón está regulada por las siguientes leyes:

- Ley 18 de 17 de junio de 1948, por el cual se crea la Zona Libre de Colón como entidad autónoma del Estado.
- Ley 7 del 4 de abril de 2016, que modifica y añade artículos a la Ley 29 de 1992, gracias a la cual se adopta un sistema especial de puerto libre para la Provincia de Colón, para su efectiva implementación y funcionamiento.
- Ley 8 del 4 de abril de 2016, Que reorganiza la Zona Libre de Colón y dicta otras disposiciones.

Entidad Reguladora: Administración de la Zona Libre de Colón

  • Incentivos fiscales:

• Exención de todo impuesto o gravamen y demás contribuciones fiscales, nacionales, provinciales o de cualquier otro orden sobre la mercancía o demás bienes que se comercialice dentro de Zona Libre de Colón.
• Exención de todo impuesto y gravamen importación para la transferencia de materias primas o productos semielaborados a empresas que estén fuera de la Zona Libre de Colón y en territorio nacional, para procesos de valor agregado durante 6 meses.
• Tarifa 0% de impuesto a las importaciones y reexportaciones de mercadería.
• Exonerados los servicios brindados en el extranjero.
• Permiso para importar, sin impuestos, bienes domésticos hasta US$ 3.000 y 1 vehículo personal.
• No Tarifas de sobretiempo de 25% y 75% por trabajo en día de fiesta y/o duelo nacional.
• Bajos costes en el alquiler de tierras, edificios y otros espacios.
• Agilización de inscripción de Actos y Contratos en el Registro Público.
• Exención del impuesto anual de Aviso de Operación de Empresas.
• Garantías jurídicas de su inversión a través de la Ley de Régimen de Estabilidad Jurídica de la Inversiones.
• Reconocimiento de beneficios a empresas con regímenes jurídicos especiales como Sedes de Empresas Multinacionales, Ciudad del Saber o Call Centers.
• Ventas internacionales a través de Comercio Electrónico.

  • Incentivos Migratorios:

• Beneficios migratorios para inversores.
• Permisos de Corta Estancia para Compradores.
• Ventanilla Única de Gestión de Permisos y Trámites de Zona Libre de Colón.
• Permiso de trabajo para el personal especializado o técnico que no exceda del 15% de los trabajadores especializados.
• Facilidades migratorias para inversionistas y ejecutivos extranjeros así como para sus dependientes (Cónyuges e hijos).

3.2.5. Zonas Francas

Actualmente, existen 10 zonas francas activas en Panamá y 8 en desarrollo. Se distribuyen por todo el territorio nacional y pueden ser privadas, estatales o mixtas. Las zonas francas albergan empresas dedicadas a diferentes actividades, siendo las más comunes las siguientes:

- Manufactura, ensamblaje, procesamiento de productos terminados o semielaborados, alta tecnología.
- Servicios logísticos, ambientales, de salud, y servicios varios.
- Educación superior y centros de investigación.

Las zonas francas se regulan por la Ley 35 de 5 de abril de 2011 y por el Decreto Ejecutivo No. 62 del 11 de abril de 2017.

Entidad Reguladora: Ministerio de Comercio e Industrias. Dirección General de Zonas Francas.

Según esta institución, las zonas francas activas en Panamá actualmente son las siguientes:
Zona franca Panapark, Zona franca de Albrook, Zona franca Marpesca Corozal, Zona franca Panexport, Zona franca Chilibre, Zona Franca Colón, Zona franca de las Américas, Zona franca del Istmo, Zona Franca Davis, Zona Franca Eurofusion.

Por otro lado, en desarrollo se encuentran las zonas francas de Isla Margarita, BPO’s, Zona Franca Aristos, Zona Franca Ciudad de la Innovación, Zona Franca ZITI Warehouse, Zona Franca Global Logistic, Zona Franca Agroindustrial de Panamá y Zona Franca Las Cabras.

  • Incentivos derivados del régimen de Zonas Francas:

• Exención de impuestos y derechos de importación sobre materiales, bienes y servicios requeridos para la operación.
• Los desarrolladores están exentos del impuesto sobre la renta en el arrendamiento y subarrendamiento.
• Permiso de Residente Permanente en calidad de inversionista.
• Permiso de Residente Temporal en calidad de personales de confianza, ejecutivos, expertos y/o técnicos, válida por el término del contrato.
• Visa de corta estancia en Calidad de Comerciante e Inversionista, por leyes especiales, válida por nueve meses, para efectuar transacciones o negocios en zonas procesadoras para la exportación.
• Se permite la rotación de trabajadores.
• El período de vacaciones podrá ser acordado entre las partes.
• La jornada extraordinaria será remunerada con un recargo único del 25% sobre el salario.
• El trabajo en día de fiesta o duelo nacional se pagará con un recargo del 50% sobre el salario de la jornada ordinaria.

3.1.9.1. Zona Franca de Barú

Ley 120 del 30 de diciembre de 2013 modifica la Ley 19 de 2001, que crea un régimen fiscal y aduanero especial de zona franca turística y de apoyo logístico multimodal en Barú y dicta otras disposiciones fiscales.

Entidad Reguladora: Administración de la Zona Franca del Barú.

  • Incentivos Fiscales

• La Zona Franca de Barú estará libre de pago de todo impuesto, contribución o gravamen nacional o de cualquier otro orden; y en las actuaciones judiciales en que sea parte, gozará de todas las facilidades que concede la nación y las leyes procesales.
• Las empresas establecidas en la Zona Franca de Barú gozarán de incentivos fiscales adicionales a que puedan acogerse, de conformidad con las leyes vigentes.
• Todas las mercancías y demás artículos o efectos de comercio que entren en las áreas comercio libre que posea u opere en la Zona Franca de Barú, estarán exentos, en todo momento, del pago de impuestos, gravámenes, y demás contribuciones fiscales, nacionales o de cualquier otro orden, tanto por su introducción en dichas áreas, como por su permanencia dentro de ellas, salvo el pago de arrendamiento de locales o de servicios de almacenaje, custodia, estiba, acarreo o de cualquier otra clase que se presten dentro de las áreas de libre comercio, de acuerdo con los reglamentos y tarifas que expida la Zona Franca de Barú.

Las personas que inviertan en una zona de desarrollo turístico, y que realicen la inversión mínima que en la zona se señale, gozarán de los siguientes incentivos fiscales:

• Exoneración total por el término de 20 años del pago del impuesto de inmuebles sobre los terrenos y mejoras, que sean de su propiedad y que utilice en actividades de desarrollo turístico.
• Exoneración total por el término de 15 años del pago del impuesto sobre la renta derivado de la actividad de la empresa.
• Exoneración total por el término de 20 años del impuesto de importación, contribución o gravamen, así como del impuesto de transferencia de bienes muebles (ITBM) que recaigan sobre la importación de materiales, equipos, mobiliarios, accesorios y repuestos que se utilicen en la construcción, rehabilitación, y equipamiento del establecimiento, siempre y cuando las mercancías no se produzcan en Panamá o no se produzcan en calidad y cantidad suficiente.
• Exoneración por 20 años de los impuestos, contribuciones, gravámenes o derecho de cualquier clase o denominación que recaigan sobre el uso de los muelles o aeropuertos construidos por la empresa.
• Exoneración por 20 años del pago del impuesto sobre la renta causado por los intereses que devenguen los acreedores en operaciones destinadas a inversiones en la actividad turística a la que se dedicará.
   

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Contratación Pública. Criterios de adjudicación de contratos

Las contrataciones públicas en Panamá están reguladas por la Ley 22 (27 de junio de 2006) desde enero de 2007, cuando sustituyó a la Ley 56 (27 de diciembre de 1995) y su último reglamento publicado, el Decreto Ejecutivo N.º 439 de 2020 (en adelante, el Reglamento).

No obstante, desde su publicación se han producido numerosas reformas tanto en la Ley 22 (Ley 41 de 2008, Ley 48 de 2011, Ley 61 de 2017 y Ley 153 de 2020), como en el reglamento (Decreto Ejecutivo N.º 366 de 2006, Decreto N.º 02-2007-DGCP de 2007, Decreto N.º. 01-2007-DGCP de 2007, Decreto Ejecutivo N.º 188 de 2009, Decreto Ejecutivo N.º 54 de 2011, Decreto Núm. Leg-21 de 2018, Decreto Ejecutivo N.º 40 de 2018, Decreto Ejecutivo N.º 329 de 2018, Decreto Ejecutivo N.º 439, Decreto Ejecutivo N.º 609 de 2020), por lo que es recomendable consultar los citados documentos y, en especial, el TEXTO ÚNICO de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, que regula la contratación pública, ordenado por la Ley 153 de 2020 (en adelante TEXTO ÚNICO de la Ley 22 ordenado por la Ley 153) y el Reglamento y que puede encontrarse en este enlace: https://www.dgcp.gob.pa/leyes

La Ley 22 (27 de junio de 2006) y sus reformas regulan las contrataciones públicas del Gobierno Central, las entidades autónomas o semiautónomas, los municipios, las juntas comunales, los intermediarios financieros y las sociedades anónimas donde el Estado sea propietario del 51% o más de sus acciones o patrimonio, así como de las que se efectúen con fondos públicos o bienes nacionales para:

  1. La adquisición o arrendamiento de bienes por parte del Estado.
  2. La ejecución de obras públicas.
  3. La disposición de bienes del Estado, incluyendo su arrendamiento.
  4. La prestación de servicios.
  5. La operación o administración de bienes.
  6. Las concesiones o cualquier otro contrato no regulado por ley especial.

Además, la Ley 22 excluye de su aplicación la adquisición de medicamentos, insumos y equipos médicos efectuadas por la Caja del Seguro Social (no las compras de MINSA), las cuales se rigen por lo establecido en la Ley 1 de 2001; y permite a las instituciones públicas de carácter educativo y de investigación científica, autorizadas por el Órgano Ejecutivo, a realizar proyectos, programas y actividades a través de asociaciones de interés público a que se refiere el numeral 4 del artículo 64 del Código Civil.

Asimismo, la Autoridad del Canal de Panamá está exceptuada de esta Ley ya que dispone de su propio Reglamento aplicable a la contratación o adquisición de las obras, bienes y servicios necesarios para el funcionamiento, mantenimiento, conservación, modernización y ampliación del Canal de Panamá; a la disposición y venta de bienes muebles de la Autoridad; y a la contratación de servicios especiales.

Además, es importante destacar que aquellos proyectos que supongan compras públicas o contratación con el Estado panameño que tengan financiación multilateral se regirán por la propia normativa del Banco Multilateral. En este sentido, debe también mencionarse que CAF que no tiene su propia normativa, por lo que los proyectos financiados por esa entidad se basan, muchas veces, en la legislación panameña y por tanto le son de aplicación la mencionada Ley 22.

Las principales figuras que introdujo la Ley 22 son:

  • La Dirección General de Contratación Pública (DGCP) , sujeta a la fiscalización de la Contraloría General de la República y a las políticas del Órgano Ejecutivo a través del Ministerio de Economía y Finanzas,, tiene como función regular, interpretar, fiscalizar y asesorar en los procedimientos de selección de contratistas que realicen las instituciones estatales. El Director General y el Subdirector General de esta institución son nombrados por el Presidente de Panamá y ratificados por la Asamblea Nacional. Los departamentos de compras de cada institución se mantienen como los ejecutores de las adquisiciones, pero se enlazan con esta nueva Dirección para cumplir con sus lineamientos y políticas.
  • Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas con la competencia privativa para conceder en única instancia, entre otros, el recurso de impugnación contra cualquier acto de adjudicación relacionado con los procedimientos de selección de contratista y el recurso de apelación contra la resolución administrativa del contrato y la sanción al contratista por incumplimiento de contrato u orden de compra. Este tribunal está integrado por tres abogados nombrados por el Presidente de la República.

Una de las novedades importantes que trajo la modificación de 2020 a esta Ley 22 fue la publicación y contratación pública por internet, en aras de una mayor transparencia y facilidad de acceso a la información. A través del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas “PanamaCompra” www.panamacompra.gob.pa cualquier usuario puede hacer un seguimiento de los procesos de contratación, accediendo a pliegos, anexos, actas, etc. El acceso a este portal es público y gratuito.

Además, en el portal está publicado un Catálogo Electrónico de Productos y Servicios donde constan:

  1. Las empresas con las cuales se ha suscrito un convenio marco.
  2. Los productos o servicios incluidos en los convenios marco, así como su descripción detallada, el tiempo de entrega y el precio.
  3. Los términos y las condiciones adicionales, tales como garantías y otros servicios adicionales.

También, permite visualizar las notificaciones relativas a los procesos de contratación, acceder a licitaciones con financiación multilateral (Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y Banco Centroamericano de Integración Económica),descargar documentos relativos a la legislación aplicable o el Plan Anual de Compras.

Por otra parte, desde el año 2021 y consecuencia de la Ley 153 de 2020, se ha habilitado una nueva plataforma online (www.panamacompraencifras.gob.pa) con información referente a las transacciones realizadas por el Estado y sus proveedores. El sistema desplegará los datos comprendidos desde el año 2008 hasta la fecha, en formatos abiertos y descargables para su reutilización, siendo posible su visualización por provincias.

Registro de Proponentes

Para toda licitación, es obligatoria la representación legal. El representante puede ser una persona física o jurídica.

Las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, los consorcios o asociaciones accidentales (como se llama en Panamá a las joint-ventures) que aspiren a celebrar un contrato con el Estado, los subcontratistas y las personas con quienes se firme un contrato deberán registrarse telemáticamente en el Registro de Proponentes que administrará la Dirección General de Contrataciones Públicas (Artículo 174 del TEXTO ÚNICO de la Ley 22 ordenado por la Ley 153). Consiste en un formulario único accesible desde PanamáCompra que contiene, además de los datos de la empresa o asociación accidental o consorcio, la comprobación de que no es deudor moroso con el Estado, que cuenta con la licencia comercial que lo habilita para actuar en la actividad respectiva, que está inscrito ante la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura (para los contratos de obras) y cualquier otro documento establecido en los reglamentos. El trámite de registro lo realizará la Dirección General de Contrataciones Públicas en un plazo no superior a 5 días hábiles. Además, es necesario la inclusión de un representante legal.

Procedimiento general de contratación pública

Aunque existen diferentes procedimientos de selección de selección de contratista, de forma general, el proceso de contratación es:

1. Precalificación

De manera excepcional, el Consejo de Gabinete podrá acordar, que ciertos proyectos, teniendo en cuenta su cuantía y complejidad, sean sometidos a un proceso de precalificación de proponentes, previo al acto público, incluyendo los casos como pobre multidimensional (Artículo 65 del TEXTO ÚNICO de la Ley 22 ordenado por la Ley 153).

2. Aviso de Convocatoria

El Aviso de Convocatoria contiene la información relevante del acto público y debe ser generado y publicado en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas “PanamaCompra”, de conformidad con las plantillas establecidas en dicho sistema.

En los casos en que la entidad licitante no tenga servicio de internet, debidamente certificado por la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental deberá publicar el aviso de convocatoria en los lugares destinados por esta para la fijación de edictos o anuncios en general (Artículo 67 del Reglamento).

En el aviso se consignarán, la identificación del acto público y de la entidad licitante, el lugar, el día y la hora de presentación de las propuestas; el lugar, el día y la hora de inicio del acto público; el lugar, el día y la hora de la reunión previa que incluye la respectiva homologación; una breve descripción del objeto contractual; la partida presupuestaria; un contacto; la modalidad de adjudicación; y la provincia de entrega.

3. Plazos de Publicación de la Convocatoria

El TEXTO ÚNICO de la Ley 22 ordenado por la Ley 153 establece, en su artículo 48, una distinción en los plazos mínimos para la publicación de convocatoria, según se trate de bienes y servicios u obras, desglosándolos en función de los montos:

Objeto de Contrato Monto Plazo Mínimo (días hábiles)
Superior a Menor o igual a
Bienes y Servicios B/. 10.000 B/. 50.000 3 días
B/. 50.000 B/. 175.000 5 días
B/. 175.000 - 30 días
Obras B/. 10.000 B/. 50.000 3 días
B/. 50.000 B/. 300.000 5 días
B/. 300.000 B/. 3.000.000 10 días
B/. 3.000.000 B/. 7.000.000 15 días
B/. 7.000.000 - 30 días

No obstante, según el mismo artículo, la entidad contratante podrá establecer un plazo menor de 30 días hábiles en la contratación de bienes, servicios u obras, que en ningún caso será menor de ocho días hábiles, en las circunstancias siguientes:

1. Cuando la entidad contratante haya publicado un aviso en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas “PanamaCompra”, con una antelación no menor de 30 días hábiles de la fecha límite para la presentación de las propuestas, que contenga una descripción del acto público, los plazos aproximados para la presentación de las propuestas y, cuando resulte apropiado, las condiciones para la participación en dicho acto y la dirección donde se puede obtener la documentación relativa a la contratación;

2. Cuando una entidad contrate mercancías o servicios comerciales que se venden o se ofrecen para la venta y que son regularmente comprados y utilizados por compradores no gubernamentales para propósitos no gubernamentales;

3. Cuando se produzca un estado de urgencia, debidamente acreditado, que haga impráctico o no viable cumplir con el plazo previsto. En este caso, la entidad contratante emitirá una resolución al respecto, la cual deberá ser publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas “PanamaCompra”,

4. Cuando la entidad contratante para contrataciones recurrentes indique en el aviso inicial de contratación futura que en los avisos subsiguientes se indicarán los plazos para presentar ofertas de conformidad con este párrafo.
Además, el Artículo 69 del Reglamento permite la modificación de la fecha del acto cuando sea necesario para cumplir con los plazos mínimos.

4. Consulta a la tienda virtual

Los bienes y servicios incluidos en los convenios marco se disponen en una tienda virtual, mediante la cual las entidades estatales acceden directamente, pudiendo emitir una orden de compra a los proveedores, por lo que, antes de convocar el procedimiento de selección de contratista o de acogerse al procedimiento excepcional o especial de contratación, las entidades verificarán si los productos o servicios requeridos están o no incluidos en la tienda virtual. Si los productos o servicios requeridos están incluidos, la entidad estará obligada a adquirirlos de esta, salvo que por razones fundadas les sea más beneficioso la realización del procedimiento que corresponda. Para ello, requerirán de la autorización de la Dirección General de Contrataciones Públicas.

5. Reunión previa y homologación

La reunión previa y homologación es la celebrada entre la entidad licitante y quienes tienen interés de participar en un determinado acto de selección de contratista, y será obligatoria cuando monto sea superior a los 175.000 dólares, con el propósito de resolver consultas y de formular observaciones que puedan afectar la participación de los posibles postores en condiciones igualitarias, así como aclarar cualquier aspecto relacionado con el pliego de cargos u otros documentos entregados.

Dicha reunión previa y de homologación se realizará con una antelación no menor de 2 días hábiles a la celebración del acto de selección de contratista. En montos inferiores se realizará solo cuando lo soliciten los interesados en participar en dicho acto, dos días hábiles antes de la celebración del acto público. La reunión previa y homologación será celebrada por la entidad, preferiblemente, de manera virtual.

La reunión previa se debe celebrar en una sola jornada, que deberá concluir con un acta en la que las partes homologan los documentos finales manifestando la aceptación de todas las condiciones y los términos del pliego de cargos. El acta será suscrita por todos los que hayan participado en dicha reunión.

El pliego de cargos es el conjunto de requisitos exigidos unilateralmente por la entidad licitante en los procedimientos de selección de contratista para el suministro de bienes, la construcción de obras públicas o la prestación de servicios, incluyendo los términos y las condiciones del contrato que va a celebrarse, los derechos y las obligaciones del contratista y el procedimiento que se va a seguir en la formalización ejecución del contrato. En consecuencia, incluirá reglas objetivas, justas, claras y completas que permitan la mayor participación de los interesados en igualdad de condiciones.

Si la mayoría de los participantes en la reunión de homologación acuerdan con la entidad hacer cambios al pliego de cargos, la entidad está obligada a realizar la adenda respectiva, aunque no se podrán insertar requisitos o condiciones contrarias a la Ley y al interés público.

Los pliegos de cargos son públicos y pueden ser consultados y obtenidos por todos los interesados, tanto a través de Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas “PanamaCompra” como físicamente. En este último caso, el interesado asume el coste de reproducción.

Las entidades públicas deben incluir dentro de los pliegos los modelos o formularios necesarios que garanticen la presentación de ofertas en igualdad de oportunidades. Estarán comprendidos dentro de estos, el de propuesta, en su caso, el de fianza, las cartas, el proyecto de contrato y el modelo del convenio de asociación accidental, entre otros.

Todo proponente en un acto de selección de contratista se obliga a aceptar el pliego de cargos sin objeciones ni restricciones.

No estarán sujetos a reunión previa y homologación los actos de selección de contratista relacionados con la disposición de bienes del Estado.

6. Presentación de propuestas

La propuesta deberá presentarse por medio electrónico y debe estar en idioma español o ser traducida a este idioma y debidamente autenticada por las autoridades correspondientes del país de origen, con la firma del proponente o de su representante en el acto debidamente autorizado para ello. Se exceptúan de la presentación por medio electrónico las propuestas que se presenten en áreas que no cuenten con servicios de internet, debidamente certificadas por la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental.

Las propuestas no pueden ser retiradas, sustituidas ni modificadas después de celebrado el acto público. Sin embargo, antes de su celebración, los proponentes pueden retirar las propuestas, sustituirlas o modificarlas, cuando lo consideren necesario.

La entidad licitante podrá solicitar aclaraciones luego de presentada la propuesta y, además, solicitar que se acompañe documentación aclaratoria, siempre que esta no tenga por objetivo distorsionar el precio u objeto ofertado ni tampoco modificar la propuesta original.

Solo se podrán subsanar documentos presentados con la propuesta, entendiendo por subsanación la corrección de estos, siempre que no se trate de documentos ponderables. Una vez enviada la propuesta por medio electrónico, el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas "PanamaCompra" emitirá una confirmación al proponente en donde conste el recibo de la propuesta.

De presentarse dos o más propuestas por un mismo proponente, la entidad sólo considerará válida la última propuesta que haya sido presentada para su verificación o evaluación.

Es importante señalar que, según el artículo 74 del TEXTO ÚNICO de la Ley 22 ordenado por la Ley 153, la entidad licitante podrá, antes de recibir propuestas, cancelar la convocatoria del acto público.

7. Apertura de Propuestas

Vencido el término de presentación de las propuestas, el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas “PanamaCompra” procederá a abrir de forma automática las propuestas enviadas por medio electrónico.

Posteriormente, se dejará constancia en el Acta de Apertura de Propuestas del nombre de la entidad, de todas las propuestas admitidas o rechazadas en el orden en que hayan sido presentadas, con expresión del precio propuesto, del nombre de los participantes, de los proponentes rechazados que hayan solicitado la devolución de la fianza de propuesta, cuando aplique, del nombre y el cargo de los servidores públicos que hayan participado en el acto de selección de contratista.

La entidad verificará los requisitos solicitados en el pliego de cargos y hará constar en el acta de apertura de propuestas, los documentos que deberán ser subsanados dentro del término establecido en el pliego de cargos, cuando así se hubiera establecido en este.

La entidad licitante podrá solicitar aclaraciones tras presentada la propuesta. En ningún caso las aclaraciones conllevarán la modificación de documentos previamente aportados que conforman la propuesta, ni la distorsión del precio u objeto ofertado en la propuesta original.

También se podrá corregir el formulario de desglose de precios, por existir errores aritméticos, siempre que no se distorsione el precio total ofertado por renglón, si la adjudicación es por renglón, o el precio global, cuando la adjudicación sea global.

8. Evaluación de propuestas

La comisión evaluadora nombrada para tales efectos, deberá aplicar los criterios de evaluación contenidos en el pliego de cargos. En los casos necesarios, podrá solicitar a los proponentes las aclaraciones y las explicaciones que se requieran. La comisión presentará su evaluación mediante un informe, dirigido al representante legal de la entidad licitante.

La comisión presentará su evaluación mediante un informe, debidamente motivado, dirigido al representante legal de la entidad licitante o al funcionario delegado, el cual deberá llevar la firma de los miembros de la comisión. En caso de que alguno de los miembros de las comisiones difiera de la decisión adoptada por la mayoría, deberá sustentar las razones por las que no esté de acuerdo, las que se adjuntarán al informe de la comisión. La decisión será adoptada por la mayoría de los miembros designados.

El informe de la comisión no podrá ser modificado ni anulado, salvo que por mandamiento del representante legal de la entidad, la Dirección General de Contrataciones Públicas o el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas se declare que se hizo en contravención de lo dispuesto en esta Ley o el pliego de cargos, para lo cual deberán indicar en la respectiva resolución los incumplimientos de los requisitos legales y/o formales del pliego de cargos y de la ley que han sido infringidos por la comisión.

Como novedad, la última modificación de la Ley 22 introduce un sistema aleatorio por el que la propia plataforma va a buscar a las personas que van a ser parte de la Comisión, de acuerdo a los requisitos que se hayan introducido previamente en referencia al perfil deseado o requerido de cada uno de esos miembros de la Comisión para el acto público en cuestión. Además, a fin de garantizar la independencia de las decisiones de la Comisión, la entidad licitante sólo podrá introducir un miembro en la Comisión (antes no había límite al respecto y de hecho, todos los miembros de la Comisión solían ser de la entidad licitante) y los otros miembros serán de otras instituciones del Estado panameño.

9. Adjudicación-Declaración de deserción

El jefe de la entidad contratante, o el funcionario en quién se delegue, en su caso, con base en el informe presentado por el informe de evaluación, adjudicará, mediante resolución motivada la licitación, o lo declarará desierto en un plazo no mayor a 5 días hábiles.

Las personas que se consideren agraviadas con la decisión podrán recurrir por la vía gubernativa, conforme a las reglas de procedimiento administrativo instituido en el artículo 157 del TEXTO ÚNICO de la Ley 22 ordenado por la Ley 153, sin perjuicio de acudir a la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, para promover la acción contenciosa.

La entidad licitante, mediante resolución motivada, declarará desierto el acto de selección de contratistas por las siguientes causas:

1. Por falta de proponentes; es decir, cuando no se recibió ninguna oferta.

2. Cuando ninguna de las propuestas cumple con los requisitos y las exigencias del pliego de cargos.

3. Si las propuestas presentadas se consideran riesgosas, onerosas o gravosas.

4. Si todas las propuestas presentadas en el acto provienen de un mismo grupo económico de sociedades vinculadas, conforme al numeral 48 del artículo 2.

5. Cuando los postores en un acto de subasta de bienes públicos no hubieran ofertado un precio igual o mayor del valor estimado para el acto, y en el caso de subasta en reversa, no hubieran ofertado un precio igual o menor del precio máximo de referencia.

6. Cuando se considere que las propuestas son contrarias a los intereses públicos.

7. Cuando el objeto de contratación esté contenido en la tienda virtual, y ninguna de las ofertas mejora los precios y condiciones contenidos en él.

Una vez declarado desierto un acto, la entidad pública podrá convocar uno nuevo, con la antelación prevista en la ley.
La última modificación a la Ley introduce la obligatoriedad de presentar una fianza del 10% del contrato para el segundo o siguientes reclamos, a fin de evitar que los reclamos se conviertan en un arma comercial o en una estrategia para dilatar el proceso de adjudicación.

10. Firma del Contrato

Una vez ejecutada la resolución de adjudicación y constituida la fianza de cumplimiento dentro de un término no mayor de 5 días hábiles de ejecutada dicha resolución, el ministerio o representante legal de la entidad contratante, o a quien se delegue esta función, procederá a formalizar el contrato, de acuerdo con el pliego de cargos y las disposiciones legales pertinentes. Los contratos se entenderán perfeccionados cuando sean refrendados por la Contraloría General de la República, y surtirán sus efectos a partir de la fecha de notificación o entrega de la orden de proceder al contratista. Se exceptúan los convenios marco, los cuales se perfeccionarán una vez sean suscritos por la Dirección General de Contrataciones Públicas.

Todo contrato que exceda de B/. 300.000 US$ sin sobrepasar los 3 millones de balboas deberá contar con el concepto favorable del Consejo Económico Nacional y los contratos que excedan los 3 millones de dólares deberán contar con el concepto de favorable del Consejo de Gabinete, salvo lo dispuesto en los artículos 122 y 123 de la Ley 1 de 2001, sobre medicamentos y otros productos para la salud humana

Los diversos tipos de contratos que contempla la ley son:

a. Contrato de Obra (Capítulo X del TEXTO ÚNICO de la Ley 22 ordenado por la Ley 153)
b. Contrato de Suministro, servicios y consultoría (Capítulo XI del TEXTO ÚNICO de la Ley 22 ordenado por la Ley 153)
c. Contrato de llave en mano o de modalidad similar (Capítulo XII del TEXTO ÚNICO de la Ley 22 ordenado por la Ley 153)

11. Fianzas y Otras Garantías

Para garantizar el cumplimento de las ofertas y de los contratos, el Estado ha establecido fianzas diversas que habrán de constituirse en efectivo, en títulos de crédito del Estado, en fianzas emitidas por compañías de seguros, o mediante garantías bancarias o en cheque certificado o de gerencia y deberán emitirse a favor de la entidad contratante y de la Contraloría General de la República.

La Superintendencia de Seguros y Reaseguros y la Superintendencia de Bancos remitirán, como mínimo, semestralmente, para la consideración de la Contraloría General de la República, una lista de las compañías de seguros y de los bancos que gocen de solvencia, indicando en cada caso el monto de las obligaciones que pueden garantizar tales compañías de seguros o bancos.

La Contraloría General de la República tendrá la obligación de suministrar la lista mencionada a las distintas entidades del Estado y absolverá las consultas sobre cualquier aspecto de la constitución, presentación, ejecución y extinción de las garantías que se constituyan para asegurar el cumplimiento de las obligaciones contraídas con las entidades públicas, conforme a lo establecido en las normas jurídicas vigentes

Los tipos de fianzas son:

a. Fianza de cumplimiento: Garantía exigida al adjudicatario de un acto de selección de contratista o beneficiario de una excepción de procedimiento de selección de contratista, para el fiel cumplimiento del contrato u obligación de ejecutar su objeto, y una vez cumplido este, de corregir los defectos a que hubiere lugar de ser el caso. Esta fianza se exigirá cuando el monto supere los 50.000 US$. La vigencia de la fianza corresponderá al periodo de ejecución del contrato principal y al término de la liquidación, más un término de un año si se trata de bienes muebles para responder por vicios redhibitorios y por el término de 3 años para responder por defectos de reconstrucción o de construcción de la obra o bien inmueble, salvo los bienes muebles consumibles que no tengan reglamentación especial, cuyo término de cobertura será de seis meses

La Contraloría General de la República podrá exceptuar del requisito de la presentación de la fianza de cumplimiento en los contratos de consultoría o de servicios especializados, celebrados con contratistas extranjeros no registrados ni domiciliados en la República de Panamá. En estos casos, los contratos deberán establecer que el pago al contratista se hará con posterioridad a la ejecución del objeto del contrato.

b. Fianza de cumplimiento de inversión: Garantía exigida al contratista en caso de contratos de adquisición o disposición de bienes, en los que exista la obligación de invertir una suma de dinero, con el objeto de garantizar el cumplimiento de la inversión en el plazo y bajo las condiciones pactadas.

c. Fianza de pago anticipado: Aquella que tiene por objeto garantizar el reintegro de una suma de dinero entregada en concepto de adelanto al contratista. Esta garantía es exigible en la medida en que el contratista no utilice las sumas de dinero adelantadas para la oportuna y debida ejecución del contrato. La fianza no será inferior al 100% de la suma adelantada y tendrá una vigencia igual al período principal y un término adicional de 30 días calendario posteriores a su vencimiento.

d. Fianza de propuesta: Garantía precontractual establecida en el pliego de cargos y presentada en el acto de selección de contratista, con la finalidad de garantizar la oferta de los postores, así como de garantizar que el contratista firme el contrato y presente la fianza de cumplimiento, dentro de los plazos establecidos en esta Ley. Se exceptúa la presentación de esta fianza en la licitación de subasta en reversa y de subasta de bienes públicos que se realicen de manera electrónica. Esta fianza es exigida cuando el importe a contratar supere los 500.000 US$. La fianza será por el importe del 10% del valor de la propuesta y por un término no mayor de 120 días.

e. Fianza de recurso de impugnación: Garantía que el proponente debe adjuntar al recurso de impugnación, cuando este considere que se han violado sus derechos en un procedimiento de selección de contratista, con el objeto de garantizar los perjuicios y las lesiones que se le pudiera causar al interés público.

f. Fianza de acción de reclamo: Garantía que debe adjuntarse a la acción de reclamo, con el objeto de garantizar la satisfacción de los perjuicios y lesiones que se le pudieran causar al interés público. Esta fianza debe presentarse sólo para el segundo reclamo y siguientes, no teniendo que aportarse en el primer reclamo.


Procedimiento de selección de contratista

Los procedimientos para la selección de contratistas recogidos en la Ley son:

  • Contratación menor.
  • Licitación pública.
  • Licitación por mejor valor.
  • Licitación para convenio marco.
  • Licitación de subasta en reversa.
  • Subasta de bienes públicos.

1. Contratación menor

Permite de manera expedita, la adquisición de bienes, servicios u obras que no excedan los cincuenta mil balboas (B/.50 000.00), cumpliéndose con un mínimo de formalidades y con sujeción a los principios de contratación que dispone la Ley. En la contratación menor no se exigirá fianza de propuesta.

Además, las entidades deberán seleccionar preferiblemente a las micro y pequeñas empresas (mipymes), siempre que estas empresas cumplan con los requisitos y exigencias del pliego de cargos y el precio propuesto no sea mayor de un 5 % en relación con la propuesta de menor precio presentada por empresa no mipymes.

2. Licitación pública

En este procedimiento lo fundamental es el precio del bien o servicio a contratar, y se utilizará para montos superiores a 50.000 US$.

De manera resumida, el procedimiento será:

i. Anuncio de la licitación.
ii. Entrega de ofertas en el tiempo y lugar señalados en el anuncio, en la cual deberá contener el precio ofertado con su correspondiente fianza de propuesta y la propuesta técnica.
iii. Apertura de las propuestas y levantamiento del acta en la que se deja constancia de las propuestas presentadas, las admitidas y rechazadas. Dicha acta es publicada en el portal www.panamacompra.gob.pa. La entidad licitante antes del acto de apertura de ofertas designará la comisión verificadora.
iv. Evaluación de las propuestas en las que se examina la propuesta del precio más bajo, para verificar que cumpla a cabalidad con los requerimientos mínimos. El resultado de la evaluación es una recomendación mediante informe para adjudicar la licitación a ese proponente en el caso que se cumplan las condiciones anteriores.
v. Adjudicación. El jefe de la entidad licitante deberá emitir una resolución adjudicando al proveedor que cumpliendo con las condiciones anteriores sea recomendado en el informe.

3. Licitación por mejor valor

Este procedimiento se aplica cuando el precio no es el factor determinante y el monto del bien o servicio a contratar tiene un alto nivel de complejidad y el monto supera los 500.000 US$. En este procedimiento se ponderan los aspectos técnicos, económicos, administrativos y financieros ofertados por los proponentes, y se adjudicará al proponente que obtenga el mayor puntaje en la metodología de ponderación especificada en el pliego de cargos, siempre que este cumpla con los requisitos mínimos obligatorios exigidos en el pliego de cargos.

En ningún caso, el precio contará con una ponderación inferior al 40 % ni superior al 49 % de la totalidad de los puntos que se considerarán para la adjudicación del acto público.En los casos en que se presente un solo proponente y este cumpla con los requisitos y las exigencias obligatorias del pliego de cargos, la recomendación de la adjudicación podrá recaer en él, siempre que el total de puntos obtenidos en su ponderación no sea inferior al 80 % del total de puntos y el precio ofertado sea conveniente para el Estado.

Dentro de las Licitaciones por Mejor Valor, se pueden llevar a cabo procesos de concesión administrativa.

4. Licitación para convenio marco

Este procedimiento se selecciona a uno o más proponentes, con los cuales se firmará un contrato de productos o servicios de uso masivo y cotidiano, llamado convenio marco, y en él se establecerán precios y condiciones determinados durante un periodo de tiempo definido. Una vez ejecutoriada la resolución de adjudicación y firmado el convenio marco, el expediente pasará a la Dirección General de Contrataciones Públicas para la incorporación de los bienes y servicios a la tienda virtual. La duración del convenio no podrá ser superior a dos años, aunque podrá ampliarse por otro más.

Durante la vigencia del convenio marco, los proponentes favorecidos podrán mejorar el precio ofrecido en favor del Estado, en cuyo caso no podrán volver a incrementar el precio, exceptuando las situaciones de fuerza mayor o caso fortuito.

Toda adquisición de bienes o servicios incluidos en la tienda virtual deberá realizarse mediante órdenes de compra emitidas por el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas “PanamaCompra”

5. Licitación de subasta en reversa

La licitación de subasta en reversa es un proceso de puja y repuja con la finalidad de obtener el mejor precio de un bien, de un servicio o de una obra para la institución o las instituciones, dentro de un plazo determinado.

Aquí los oferentes competirán mediante la puja y repuja de precio en tiempo real y en línea a través del portal, para determinar el mejor precio durante un plazo de tiempo determinado.

En ningún caso, las pujas o repujas podrán ser superiores al precio máximo de referencia estimado para el producto, servicio u obra que va a ser adquirido, ni tampoco superiores a la última oferta.

El precio más bajo estará siempre a la vista en Internet, a través del portal de www.panamacompra.gob.pa para permitir la repuja a precios inferiores.

6. Subasta de bienes públicos

A través de este procedimiento de licitación el Estado puede disponer de sus bienes, independientemente de la cuantía de estos. El periodo de duración de la subasta no será mayor de dos horas y en el caso de venta de bienes muebles, el precio de venta corresponderá al 80 % del valor estimado del bien.Si se declarase desierta, se podría volver a convocar con un importe de venta inferior.

Procedimiento Excepcional y Procedimiento Especial de Contratación

Cuando se produzcan hechos o circunstancias por los cuales la celebración de cualquiera de los procedimientos de selección de contratista establecidos en el artículo 56 del TEXTO ÚNICO de la Ley 22 ordenado por la Ley 153 ponga en riesgo la satisfacción de los requerimientos e intereses del Estado, las entidades o instituciones que se encuentran dentro del ámbito de aplicación de esta Ley podrán acogerse al procedimiento excepcional de contratación, siempre que realicen el estudio de mercado pertinente y reciban, por lo menos, tres propuestas que deben cumplir con las especificaciones entregadas por la institución. En los casos en que existan menos de tres proveedores, la entidad deberá presentar el respectivo sustento.

Para poder aplicar el procedimiento excepcional, las entidades deberán presentar ante la autoridad competente un informe técnico fundado, el cual debe estar firmado por el servidor público responsable y avalado por el representante legal de la entidad o en quien delegue esta facultad.

El procedimiento excepcional de contratación aplicará en los casos siguientes:

1. Los de adquisición o arrendamiento de bienes y/o servicios, en los cuales no haya más de un oferente o en aquellos que, según informe técnico fundado, no haya sustituto adecuado.
2. Cuando hubiera urgencia evidente que no permita conceder el tiempo necesario para celebrar el acto público de selección de contratista.
3. Cuando se trate de situaciones excepcionales relacionadas con urgencias o desastres naturales, previa declaratoria del Consejo de Gabinete.
4. Los contratos que excedan los trescientos mil balboas (B/.300 000.00), que constituyan simples prórrogas de contratos existentes, siempre que cumplan una serie de requisitos recogidos en la Ley.
5. Los contratos de beneficio social destinado a la satisfacción de necesidades básicas de la ciudadanía o del Estado. Se entienden incluidos los proyectos relacionados con el desarrollo de recursos energéticos, hídricos, ambientales y otros de importancia estratégica para el desarrollo nacional.
6. Los contratos de permuta para adquisición de bienes muebles o inmuebles, previo avalúo correspondiente.
7. Los actos o contratos que se refieren a obras de arte o a trabajos técnicos, cuya ejecución solo pueda confiarse a artistas reputados o a reconocidos profesionales.
8. En los casos que se requiera contratar productos o servicios para corregimientos o comunidades en pobreza multidimensional.
9. Las contrataciones celebradas por la Asamblea Nacional que excedan la suma de cincuenta mil balboas (B/.50 000.00). En caso de contrataciones inferiores a este monto, estas serán autorizadas por la Directiva de la Asamblea Nacional.
10. Los contratos relacionados con la seguridad y defensa del Estado.
11. Cuando el objeto de la contratación recaiga en bienes y servicios necesarios para el desarrollo de actividades de investigación científica o desarrollo de tecnologías e innovación, por parte de entidades estrictamente caracterizadas y reconocidas dentro de estos ámbitos, y no haya oferente dentro de la República de Panamá que se ajuste al nivel técnico solicitado o cuando por razones de urgencia nacional se requiera la contratación. Esta disposición solo será aplicable a la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

El procedimiento excepcional para la seguridad y defensa del Estado se utilizará para la adquisición de sistemas, equipos y armamento sofisticado, entendiendo que los bienes consumibles que utilizan los estamentos de seguridad del Estado no podrán ser adquiridos mediante procedimiento excepcional.

No será aplicable el procedimiento de selección de contratista ni el procedimiento excepcional de contratación, establecidos en esta Ley, sino el procedimiento especial de contratación, en los casos siguientes:

1. Las contrataciones interinstitucionales que celebre el Estado, entendiéndose como tales las que se realicen entre entidades del Gobierno Central, las que celebre el Estado con sus entidades autónomas o semiautónomas, municipios, juntas comunales o asociaciones de municipios o de estas entre sí.

2. Los contratos que constituyan simple prórroga de contratos de arrendamiento de bienes o servicios ya existentes debidamente refrendados, cuando el contrato original no exceda de trescientos mil balboas (B/.300 000.00), por razones de normalización o por la necesidad de asegurar la compatibilidad con los bienes, el equipo, la tecnología o los servicios que se estén utilizando.3. Las contrataciones de servicios legales cuyo monto no exceda la suma de tres millones de balboas (B/.3 000 000.00) o su moneda extranjera equivalente, para atender demandas ante tribunales extranjeros, incluyendo centros de arbitraje.

Además, cuando el Consejo de Gabinete declare emergencia, las entidades estatales podrán contratar la adquisición de bienes, servicios u obras a través del procedimiento especial. La resolución de gabinete que declare el estado de emergencia y autorice la contratación mediante el procedimiento especial de adquisiciones deberá indicar la suma total autorizada para contrataciones especiales y el periodo dentro del cual esas contrataciones podrán hacerse.

Contratos celebrados con extranjeros

Las personas naturales o jurídicas extranjeras que celebren contratos con el Estado, deberán dejar constancia en el contrato de la renuncia a reclamación diplomática, salvo el caso de denegación de justicia. No se entiende que haya denegación de justicia cuando el contratista, sin haber hecho uso de ellos, ha tenido expeditos los recursos y medios de acción que puedan emplearse conforme a las disposiciones pertinentes. Este precepto también se aplicará a las sociedades en que existan extranjeros que sean propietarios o que tengan el control sobre las acciones o participaciones sociales en ella, y en los casos de cesión del contrato a extranjeros, en las mismas circunstancias.

No obstante, la inclusión de este tipo de cláusulas de renuncia a la reclamación por vía diplomática es discutida en tanto que contraviene el Acuerdo de Asociación de la Unión Europea y Panamá, así como el APPRI de Panamá y España, por lo que es un tema que en estos momentos se está dialogando con la administración panameña a fin de conocer su legalidad.

Lo anterior es sin perjuicio de lo que establezca la Ley 48 de 2016, sobre medidas de retorsión que obliga a las empresas extranjeras presentar una declaración jurada indicando que proceden de un país que no está incluido en la lista de países que la República de Panamá restringe para participar en licitaciones. 

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Régimen de inversiones

En Panamá, la legislación que regula la inversión extranjera en el país es fundamentalmente la siguiente:

• Constitución de 1972, modificada por los Actos Reformatorios de 1978 y el Acta Constitucional de 1983.
• Ley Nº 54 de 22 de julio de 1998 sobre Estabilidad Jurídica de las Inversiones: Concede trato nacional a las empresas y a los inversores extranjeros, con las únicas excepciones incluidas en la Constitución y en la Ley.
• Ley Nº 41 de 24 de agosto de 2007 del Régimen Especial para el Establecimiento y las Operaciones de Sedes de Empresas Multinacionales (SEM), modificada por la Ley Nº 45 del 10 de agosto de 2012 y posteriormente por la Ley 57 de 24 de octubre de 2018. Busca incentivar el establecimiento en Panamá de multinacionales con operaciones regionales en Latinoamérica y Caribe. 
• Ley Nº 93 de 19 de septiembre de 2019 que crea el Régimen de Asociación Público-Privada para el Desarrollo como incentivo a la inversión privada, al desarrollo social y a la creación de empleos
Ley Nº 151 de 31 de agosto de 2020 que crea el Régimen especial para el Establecimiento y la Operación de Empresas Multinacionales para la Prestación de Servicios Relacionados con la Manufactura (Régimen EMMA). 

Un freno a la inversión extranjera viene constituyéndolo la política migratoria restrictiva de Panamá, que establece en el Art. 17 de su Código de Trabajo que todo empleador debe mantener a trabajadores panameños en una proporción no inferior al 90% de la plantilla (puestos ordinarios) y extranjeros en un máximo del 10% para puestos de trabajo ordinarios. En caso de que se trate de trabajos especializados, el personal cualificado extranjero puede ampliarse hasta el 15% del total empleado.

El Gobierno de Martinelli flexibilizó la política migratoria mediante el Decreto Ejecutivo Nº 343 de mayo de 2012, creando una categoría de residente permanente para extranjeros procedentes de países específicos "amigos" que la solicitan para ejercer actividades profesionales, económicas y de inversión. Esta categoría facilita la concesión de residencia permanente para aquellas personas procedentes de los países “amigos”, entre los que se encuentra España.

En cuanto a los acuerdos bilaterales entre España y Panamá en materia de inversión, destacan los siguientes:

- Convenio sobre Doble Imposición firmado el 7 de octubre de 2010, en vigor desde el 25 de julio de 2011.
- APPRI en vigor desde agosto de 1998
- Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea (AdA), en vigor desde 2013.
- MOU sobre cooperación en materia de transportes e infraestructuras, firmado en junio de 2015, entre el Ministerio de Fomento de España y el Ministerio de la Presidencia de Panamá.

Panamá es un país abierto al comercio exterior y a la inversión extranjera y no discrimina en cuanto a la nacionalidad del inversor en la mayoría de sectores (menos algunos específicos o estratégicos como cabotaje o auxiliares del transporte marítimo). No existen limitaciones a la inversión extranjera y/o a la repatriación de los beneficios. Tampoco existen requisitos de inscripción para el capital y no hay impuesto a la transferencia de fondos al país. La legislación panameña aborda la fusión con entidades extranjeras, sin grandes restricciones, y también la escisión y re-domiciliación.

En Panamá no se emite papel moneda por lo que para todas las operaciones se usa el dólar estadounidense. El balboa (sólo disponible en monedas, no en billetes) tiene un valor par al dólar americano.

PROPANAMÁ (que hasta 2019 era PROINVEX) es el servicio de promoción de la inversión extranjera en Panamá. Ofrece un servicio de ventanilla única, donde se ofrece a los inversores la información necesaria para la realización de la inversión, así como información sobre los destinos regímenes fiscales especiales: Zona Económica Especial Panamá Pacifico (APP), Sede de Empresas Multinacionales (SEM), Empresas Multinacionales de Manufacturas (EMMA), la Ciudad del Saber, Zona Libre de Colón (ZLC).

La organización de las sociedades mercantiles y las actividades comerciales se rige principalmente por leyes especiales creadas para estos efectos, además por el Código de Comercio sobre cuestiones que no han sido reguladas.

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Incentivos a la inversión (fiscales, sectoriales, regionales y locales)

Los incentivos a la inversión según el sector o la actividad son:

3.1.1. Incentivos a la industria del reciclaje

La Ley 223 de 8 de junio de 2021 establece exoneraciones e incentivos fiscales en materia ambiental a partir de la vigencia fiscal del año 2022. El objetivo es promover las prácticas comerciales sostenibles, la reconversión de las empresas y el desarrollo de la industria del reciclaje en la República de Panamá.

Entidad reguladora: Ministerio de Ambiente

  • Incentivos para personas jurídicas especializadas en la operación de plantas industriales de reciclaje:

Quedarán exoneradas durante 5 años del pago de los siguientes impuestos:
-Impuesto sobre la renta
-Impuesto de dividendo o cuota de participación distribuida entre socios o accionistas nacionales e internacionales.
-Impuesto de importación de equipos y maquinarias requeridas para la manufactura.

  • Incentivos a personas naturales y jurídicas que reconviertan su actividad:

- Exoneración del impuesto de importación de equipos y maquinarias.
- Descuento del 15% del impuesto sobre la renta.

3.1.2. Incentivos al Sector Turismo

Ley 8 de 1994. Modificada mediante la Ley 58 de 2006 y, a su vez, modificada por la Ley 80 de 2012. Esta ley ha sido modificada por la Ley 82 de 2019, y la Ley 122 de 2019.

Según estas modificaciones, todas las personas naturales o jurídicas podrán disfrutar de un crédito fiscal del impuesto sobre la renta del 100% por la suma invertida en la adquisición de bonos, acciones u otros instrumentos financieros emitidos por empresas turísticas inscritas en el Registro Nacional de Turismo de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP). La inversión en estas empresas turísticas puede ser para proyectos nuevos, o ampliaciones de proyectos ya existentes, siendo en ambos casos proyectos ubicados fuera del Distrito de Panamá.

Entidad Reguladora: Autoridad de Turismo de Panamá

3.1.2.1. Ley 8 de 1994

La Ley 8 de 1994 promueve la actividad de turismo en la República de Panamá. Crea incentivos impositivos para las industrias del turismo. La Ley prevé ciertos incentivos en la zona de desarrollo turístico a fin de promover las inversiones extranjeras en este campo incluyendo:

  • Incentivos Fiscales

• Exención total de impuestos sobre la renta por un período de 15 años.
• Exención total de impuestos sobre inmueble por un período de 20 años.
• Exención total de impuestos de importación para materiales y mobiliarios necesarios para la construcción y equipamientos de la compañía inversora, siempre y cuando esta mercancía no sea producida suficientemente en calidad y cantidad en Panamá.

Quienes realicen inversiones en la construcción, equipamiento, rehabilitación y desarrollo de establecimientos de alojamiento público, con exclusión del terreno, por un valor mínimo de US$ 300.000 en el área de la ciudad de Panamá y de US$ 50.000 en el resto de la República disfrutarán de las siguientes exoneraciones:

- Exoneración de impuesto de licencia comercial.
- Impuesto de tributos por el uso de muelles, aeropuertos, helipuertos de su propiedad, construidos o rehabilitados por la empresa.
- Exoneración del impuesto sobre la renta causado por los intereses que devenguen los acreedores en un préstamo destinado a inversiones en establecimientos turísticos.
- Las empresas que inviertan en el desarrollo de la actividad de la construcción serán gravadas con el impuesto sobre la renta, con la opción de depreciar los bienes inmuebles a una tasa de 10% anual sobre las mejoras.

• Exención total de impuestos en el uso de muelle y aeropuerto, construidos por la compañía inversora por un período de 20 años.
• Exención total de impuestos sobre la renta, resultados de los intereses que los acreedores pueden generar en operaciones de inversiones turísticas.
• Aquellas empresas dedicadas al transporte colectivo de turismo en aeropuertos, muelles y hoteles gozarán de la exoneración del impuesto de importación por los vehículos introducidos para desarrollar únicamente este tipo de actividades.
• Los yates que visiten los puertos de Panamá gozarán de una exoneración sobre todo impuesto, tasa y derechos, siempre que su estadía no sea superior a los 90 días.

  • Incentivos en inversiones en Monumentos Históricos

Para las actividades contempladas en el numeral 5 del Artículo 6 de la presente Ley, las cuales estarán ubicadas en los Conjuntos Monumentales Históricos en las que el Instituto Nacional de Cultura autorice la construcción de obras dentro de sus predios, cuya inversión mínima sea de cien mil balboas (US$ 100.000), excluyendo el valor del terreno, se otorgarán los siguientes incentivos:

• Exoneración por el término de diez (10) años del impuesto de inmuebles sobre el terreno y, por el término de treinta (30) años, sobre las mejoras efectuadas en el inmueble.
• Exoneración del impuesto sobre la renta de las utilidades de la empresa, durante los primeros cinco (5) años de la actividad comercial. Cumplido este término y por los siguientes cinco (5) años, podrá deducir como gasto las pérdidas sufridas durante los tres (3) ejercicios fiscales siguientes al período fiscal en el que se produjeron tales pérdidas.
• Exoneración por una sola vez del impuesto de importación de los equipos y materiales que se utilicen en la construcción, remodelación y equipamiento, siempre y cuando las mercancías no se produzcan en el país en cantidad y calidad suficiente y que no sean destinadas a la venta al público en general.
• Artículo 9. Toda persona natural o jurídica que invierta en restauración o mantenimiento e iluminación de los Conjuntos Monumentales Históricos, parques municipales, parques nacionales, o cualquier otro sitio público; así como en la promoción y la capacitación turística, que a juicio del Ministerio de Hacienda y Tesoro y bajo la coordinación del Instituto Panameño de Turismo, considere que incentiva el desarrollo de la actividad turística, podrá considerar como gasto deducible lo invertido en tales obras.

  • Incentivos para empresas que operen turismo receptivo

Las empresas que se dediquen a operar exclusivamente turismo receptivo en la República de Panamá, se les otorgará el siguiente incentivo fiscal:

• Exoneración cada tres (3) años del impuesto de importación de microbuses, limosinas, omnibuses, embarcaciones y los repuestos de estos equipos, siempre y cuando sean declarados por la Autoridad de Turismo de Panamá, indispensables para el funcionamiento adecuado del servicio turístico. Estos equipos podrán ser vendidos previo el pago de los impuestos correspondientes.
• Artículo 11. Las personas naturales o jurídicas de transporte que brinden el servicio de transporte colectivo de turismo en los aeropuertos, muelles y hoteles, estarán exoneradas del impuesto de importación de los vehículos automotores destinados exclusivamente a la actividad turística, siempre y cuando sean aprobados por la Autoridad de Turismo de Panamá.
• Artículo 12. Para las empresas que se dediquen a las actividades de restaurantes, discotecas y clubes nocturnos, que sean declarados de interés turístico por la Autoridad de Turismo de Panamá y cuya inversión mínima sea de ciento veinte mil balboas (US$ 120.000) en el área metropolitana y de veinte mil balboas (US$ 20.000) en el resto de la República, excluyendo el valor del terreno, se les exonerará por el término de tres (3) años, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Nacional de Turismo, del impuesto de importación de los materiales, equipos y enseres que se utilicen en la construcción y equipamiento del establecimiento, siempre y cuando no se produzcan el país, o no se produzcan en cantidad o calidad suficiente y que sean consideradas por la Autoridad de Turismo de Panamá importantes para el desarrollo de la actividad.
• Artículo 13. Toda empresa que dentro del territorio nacional realice actividades de filmación de películas de largo metraje, que tengan carácter internacional, de eventos artísticos o deportivos o cualquier otra de naturaleza internacional que sean transmitidas al exterior, que proyecten antes durante o al final del evento imágenes que promuevan el turismo en la República de Panamá, gozará de los siguientes beneficios:

- Exoneración total del pago del impuesto sobre la renta derivado de las ganancias de dicho evento, salvo cuando el impuesto pagado en Panamá sea considerado como crédito fiscal en sus respectivos países.
- Exoneración total de cualquier impuesto nacional que regule el evento.
- Exoneración temporal del impuesto de importación, contribución, gravamen, tasas o derechos de cualquier clase o denominación que recaigan sobre la introducción de equipos, útiles, repuestos, material técnico que la empresa de comunicación introduzca para la transmisión a otros países y de todo el material que se utilice durante el evento, los cuales deberán ser reexportados al culminar la actividad.
- Exoneración del impuesto sobre la renta a los deportistas y artistas nacionales y extranjeros, que participen en los eventos.

• Artículo 14. Están exonerados del impuesto de importación, todo material publicitario turístico, siempre y cuando sea de distribución gratuita, previa verificación de La Autoridad de Turismo de Panamá. La Autoridad de Turismo de Panamá tendrá un plazo de quince (15) días hábiles para aprobar u objetar los documentos a que se refiere este artículo.

  • Casco Antiguo:

Este incentivo fue creado por el Decreto Ley No. 9 de 1997, el que crea un grupo de incentivos para la restauración del conjunto Monumental del Casco Antiguo de la ciudad de Panamá, en ese sentido los beneficios fiscales principales en este tipo de actividad son los siguientes:

• El inversor podrá deducir como gasto del impuesto sobre la renta a pagar, todas aquellas sumas invertidas en la construcción, remodelación, mejora de los parques, murallas y demás que se encuentren dentro del conjunto Monumental y se consideren Patrimonio Histórico.
• Los propietarios de inmuebles o edificaciones ubicadas en el Casco Antiguo, que hayan sido reconstruidas o restauradas, quedarán exonerados del impuesto sobre la renta, por un término de diez años contados a partir de la emisión del permiso de ocupación y en base a las utilidades derivadas por arrendamiento o venta del mismo bien.
• Tanto los Bancos como cualquier otra empresa de actividad financiera puede otorgar préstamos bajo tasas de interés preferenciales con el fin de restaurar bienes muebles ubicados dentro del conjunto monumental del Casco Antiguo de nuestra ciudad. En ese sentido los prestamistas recibirán un crédito fiscal equivalente a la diferencia entre los ingresos que hubiese recibido el Banco o la entidad financiera, si hubiese otorgado el préstamo a la tasa de interés normal.

  • Puertos de Cruceros, Congresos y eventos:

Al invertir en puertos de cruceros, congresos y eventos por medio de la Ley 80 de 2012 se otorgan los siguientes incentivos fiscales:

• Exoneración de impuesto sobre la propiedad por 10 años a empresas del sector turístico situadas dentro del distrito de Panamá.
• Exoneración por 15 años del impuesto sobre la propiedad de la tierra y de mejoras en el desarrollo de actividades turísticas registradas en el Registro Nacional de Turismo para empresas localizadas en las afueras del distrito de Panamá.
• Exoneración por 20 años del impuesto a importaciones.
• Exoneración por 20 años del impuesto sobre la propiedad para hoteles que hayan invertido un mínimo de US$ 50.000.

3.1.2.2. Ley 80 de 2012

La Ley 80 de 2012 amplía los incentivos otorgados por el Gobierno de la República para el fomento de la actividad turística en Panamá. Estos incentivos están sujetos a distintos importes mínimos de inversión:

• US$ 250.000 en nuevas construcciones.
• US$ 100.000 en nuevas construcciones en los proyectos en las áreas indígenas.
• US$ 100.000 en remodelaciones y equipamientos.

  • Incentivos concedidos

• Exoneración del impuesto de importación por 5 años en los materiales de construcción, y de 10 años para materiales, que se utilicen en el equipamiento de los establecimientos.
• Exoneración por 15 años del impuesto de inmuebles.
• Exoneración por 15 años de los impuestos que recaigan sobre el uso de los muelles o aeropuertos construidos por la empresa.
• Exoneración del impuesto sobre la renta causado por los intereses que devenguen los acreedores por inversiones en actividades turísticas.
• Exoneración por 15 años del impuesto sobre la renta derivado de la actividad turística operada por la empresa.
• Exoneración a la empresa de todo impuesto o gravamen sobre su capital por 5 años.
• Exoneración del FECI a los préstamos que mantengan estas empresas.

  • Actividades incentivadas

Podrán disfrutar de estos incentivos las empresas que, dentro del distrito de Panamá, sean propietarias o administren proyectos que se encuentren en construcción y cuya inversión mínima sea de US$ 8.000.000, excluyendo el valor del terreno.

De forma complementaria, esta norma también considera sujetas a estos incentivos fiscales algunas actividades como canchas de golf y de tenis, spa, gimnasios, discotecas, restaurantes, centros de convenciones y marinas, senderos ecológicos, piscinas, torres de observación de aves, estructuras para observación de dosel y biodiversidad natural, así como muelles, siempre que estén integradas a la inversión hotelera, sean de propiedad de la empresa inscrita y se encuentren dentro de la misma infraestructura o como parte del mismo proyecto turístico.

Además de lo anterior, la norma también incentiva las siguientes actividades:

Convenciones / exhibiciones:

- A las empresas que construyan y operen centros de convenciones o exhibiciones, se les otorgará, por 10 años, la exoneración total del impuesto de importación de materiales destinados a la construcción, operación y equipamiento de centros de convenciones. La inversión mínima de este tipo de centro es de US$ 30.000.000.
- Quienes celebren congresos en los que el 50% de los asistentes sean extranjeros, estarán exonerados del impuesto sobre la renta de las ganancias que produzca dicho evento, siempre que la cifra de asistentes extranjeros sea superior a las cien personas.

Viajes de incentivos:

- A las empresas panameñas que incentiven a sus filiales internacionales a ofrecer viajes de incentivos dentro del distrito de Panamá, se les reconocerá un crédito fiscal correspondiente al 2% del impuesto sobre la renta que tendrían que pagar durante la vigencia fiscal en la cual se realizaron los viajes de incentivo.
- Si la actividad se realiza fuera del distrito de Panamá, se les reconocerá un incentivo del 3% del impuesto sobre la renta que tendrían que pagar.

Inversiones en actividad turística:

- Con el fin de propiciar la inversión para el desarrollo de productos turísticos ubicados fuera del distrito de Panamá, se considerará gasto 50% deducible (a efectos del impuesto sobre la renta) las sumas invertidas por personas naturales o jurídicas en la compra de bonos, acciones y demás instrumentos nominativos emitidos por la empresa turística.
- Estas inversiones deberán estar registradas en la Superintendencia del Mercado de Valores y ofertados a través de la bolsa de valores y deberán ser emitidos por las empresas que estén inscritas en el Registro Nacional de Turismo.
- La empresa que emita dichos bonos, acciones y demás instrumentos nominativos no podrá redimir, de ninguna forma, dicha inversión en un periodo mínimo de 10 años.

Inversiones en sitios públicos:
- Todo el que invierta en la restauración, mantenimiento o luminación de monumentos históricos, sitios de reconocido valor histórico, museos, teatros, centros culturales, mercados de artesanías, parques municipales, parques nacionales, senderos ecológicos en áreas protegidas o en obras de infraestructura en áreas de desarrollo turístico podrá considerar como gasto deducible lo invertido en tales obras, previa certificación y aprobación de la inversión por parte del municipio o entidad pública competente.

3.1.3. Incentivos a la Reforestación

Ley 24 de 1992. Modificada por la ley 6 de 2005 y por la Ley 69 del 30 de Octubre de 2017.

Entidad Reguladora: Autoridad Nacional del Ambiente

  • Ley 69 del 30 de Octubre de 2017

La Ley 69 del 30 de Octubre de 2017 crea un programa de incentivos para la cobertura forestal y la conservación de bosques naturales. Además, dicta otras disposiciones.

Esta ley tiene por objeto proteger, recuperar, y conservar la cobertura boscosa, en cumplimiento de los objetivos de la Alianza por el Millón de Hectáreas Reforestadas y los Objetivos de Desarrollo 2030.

Calificarán para el Programa de Incentivos Forestales de la Alianza por el Millón de Hectáreas las personas naturales o jurídicas que sean propietarias, arrendatarias, concesionarias o beneficiarias de títulos constitutivos de dominio de las tierras dedicadas a las actividades de conservación y cobertura forestal.

Los Incentivos a los que pueden acogerse los beneficiarios del Programa de Incentivos Forestales de la Alianza por el Millón Hectáreas son:

• Exoneración de impuesto sobre la renta. Los predios inscritos en el Registro Forestal, que se inscriban por primera vez, que mantengan reforestada el área aprovechada o que aumenten la superficie reforestada podrán acogerse a la exoneración del impuesto sobre la renta sobre las utilidades netas producto del aprovechamiento, comprobado el cumplimiento del Plan de Manejo.
• Exoneración de impuesto de inmuebles. Están exentos del pago de impuestos de inmuebles y de impuesto de transferencia de bienes inmuebles los predios dedicados exclusivamente a plantaciones forestales comerciales maderables y no maderables y a la conservación y /o restauración de bosques naturales en más del 75% de su superficie apta. Los incentivos de exoneración del pago de los impuestos, aplicarán a partir de la compra de la finca, siempre que cuente con el Plan de Manejo Forestal o Plan de Finca aprobado, emitidos por el regente forestal.
• Exoneración del impuesto de introducción. Están exentas del pago del impuesto de importación las mercancías necesarias para el uso exclusivo de las actividades establecidas en esta ley y de acuerdo con los previsto en el Plan de Manejo Forestal.
• Financiamiento directo no reembolsable. El financiamiento directo no reembolsable se otorgará sobre los montos máximos establecidos en la tabla fijada mediante decreto ejecutivo del Ministerio de Ambiente y emitida en el momento que se promulgó está ley.
• Se reconocerán incentivos para el ciclo de aprovechamiento reconocido, siempre que se hayan iniciado dentro de los primeros 20 años, contadas a partir de la vigencia de la presente ley.

3.1.4. Incentivos al cine

La Ley nº37 de 2007 junto con su modificación bajo la Ley nº 16 de 2012 establece las bases para establecer el régimen especial de la industria cinematográfica y audiovisual de Panamá.

3.1.4.1. Incentivos fiscales de la Industria Cinematográfica y Audiovisual

Las personas que están inscritas en el Registro Nacional de Incentivos gozarán de los siguientes incentivos fiscales:

• Exoneración de los impuestos, aranceles, tasas y gravámenes nacionales que exclusivamente estén relacionados con la actividad cinematográfica y audiovisual en las áreas asignadas por el Consejo de Gabinete por un período de 20 años.
• Exoneración de los impuestos relacionados con la importación de mercancías, materiales, productos, equipos y demás bienes necesarios, exclusivamente, para la realización cinematográfica y/o audiovisual siempre que no haya producción de estos en el territorio nacional.
• Exoneración de pago de impuestos de los salarios provenientes de contratos perfeccionados en el extranjero.
• Exoneración de timbres fiscales en la solicitud del Registro Nacional de Incentivos del Ministerio de Comercio e Industrias.
• Exoneración del impuesto de inmuebles conforme a las normas fiscales vigentes, exclusivamente de los bienes inmuebles cuyo uso esté directamente relacionado con el desarrollo de la actividad o la producción cinematográfica o audiovisual.
• Exoneración del impuesto sobre la renta sobre las operaciones en el exterior.
• Exoneración del impuesto sobre la renta para la micro, pequeñas y medianas empresas de servicios cinematográficos y audiovisuales inscritas en la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
• Gozarán de estos incentivos fiscales los promotores, inversores, operadores, productores, directores que estén establecidas en las áreas especiales y los que se les otorgue la Licencia de la Industria Cinematográfica y audiovisual.

3.1.4.2. Incentivos económicos de la Industria Cinematográfica y Audiovisual

• La empresa extranjera que en el amparo de la ley realice una obra cinematográfica o audiovisual gozará de un retorno económico del 15% del total de sus compras de bienes y servicios debidamente documentados y pagados a favor de proveedores nacionales ubicados dentro del territorio panameño. Quedan excluidas las compras de bienes o servicios efectuados a profesionales y/o talentos que no sean panameños.
• El retorno será otorgado por el Ministerio de Comercio e Industrias a las empresas cuyos costos o gastos de producciones realizadas dentro del territorio panameño sean mayores a tres millones de dólares, hasta un máximo de 40 millones de dólares.
Exención del Impuesto Aduanero: El inversor o el personal extranjero contratado por una empresa de servicio cinematográfico o audiovisual que reciba una certificación expedida por la Dirección General de la Industria Cinematográfica y audiovisual tendrá derecho a la exoneración de impuesto de importación, derechos y gravámenes o el impuesto selectivo al consumo de ciertos bienes y servicios, bienes muebles y menajes de casa.
• Importación y admisión temporal de sin constitución de fianza de garantía: La Autoridad Nacional de Aduanas concederá, mediante resolución, autorización de importación y admisión temporal sin consignación de fianza, a los equipos de las producciones productores o directores que realicen la actividad de producción o dirección en una obra cinematográfica y/o audiovisual en Panamá.
• Acuerdos Fiscales: Las empresas establecidas en las áreas especiales y las empresas poseedoras de una Licencia de la Industria Cinematográfica y Audiovisual podrán llegar a acuerdos fiscales que sean del interés del Ministerio de Economía y Finanzas, los promotores de las áreas especiales y dichas empresas para la consolidación de sus ganancias y el pago de impuestos por las rentas que obtienen en diversos países.
• Pago de impuestos aduaneros: Cuando las empresas establecidas en las áreas especiales enajenen, fuera de estas y hacia el territorio nacional, los bienes obtenidos a través de los incentivos fiscales deberán pagar el impuesto de importación correspondiente.

3.1.4.3. Régimen migratorio de la Industria Cinematográfica y Audiovisual

• Permisos de residente temporal: Se concederán permisos de residente temporal por el término de un año al personal extranjero contratado temporalmente por las empresas servicio cinematográfico y audiovisual que presten sus servicios como empleados de confianza, productor, actor, técnico o experto. Esta producción deberá estar inscrita en el Registro Nacional de Incentivos y cumplir los requisitos establecidos por el Servicio Nacional de Migración
• Permiso de residente permanente: Podrán solicitar Permiso de Residente Permanente en calidad de inversor de la industria cinematográfica y audiovisual los extranjeros que realicen una inversión en cualquier actividad de esta industria por un monto superior a US$ 150.000 dólares.

3.1.5. Incentivos a las agroexportaciones

Ley No. 2 de 20 de marzo 1986, junto a la Ley 28 de 1995 y sus modificaciones establecen medidas e incentivos a favor de la producción y exportaciones agropecuarias a fin de impulsar el desarrollo agroindustrial.

Ley No. 2 de 20 de marzo 1986. Esta ley tiene como objeto medir e incentivar el establecimiento y fomento de la producción y exportación de productos agrícolas. Crea un mecanismo para promover el desarrollo de la industria agrícola.

Algunas condiciones de esta ley fueron modificadas por la ley 28 de 1995. Esta ley establece medidas e incentivos a favor de la producción y exportaciones agropecuarias a fin de impulsar el desarrollo agroindustrial.

• Se establece una tarifa preferencial para la instalación y consumo de energía eléctrica utilizada en actividades agropecuarias, de una reducción de hasta 30% de la tarifa vigente.
• El Ministerio de Desarrollo Agropecuario se compromete en simplificar los trámites de titulación de las tierras, a través del uso de fotografías aéreas y la exoneración de la presentación del certificado de paz y salvo del impuesto sobre la renta en el Registro Público a todo productor que gestione por primera vez la titulación, de una parcela menor de 50 hectáreas.
• Exoneración fiscal hasta el 30% de las sumas invertidas en las actividades agrícolas, pecuarias, acuícola y agroindustriales, sin que esta suma llegue a ser superior del 40% del impuesto sobre la renta. Teniendo por obligación de mantener la inversión de producción de bienes o a la introducción de tecnología por un período mayor de 3 años.

Ley 82 de 2009. La ley 82 de 2009 consiste en apoyar el esfuerzo agroexportador de productos no tradicionales a través del instrumento fiscal denominado Certificado de Fomento a la Agroexportación (CeFA).

• El Certificado de Fomento a las Agroexportaciones (CeFa), otorgado a la exportación definitiva de productos no tradicionales. Equivale al monto correspondiente a una porción del promedio estimado de los costos por unidad de producto en concepto de empaque, embalaje, transporte y flete interno, correspondientes al producto exportado, según sea expresado por la autoridad competente.
• El CeFa estará exento de toda clase de impuestos, tasas, derechos y gravámenes nacionales, no devengará intereses y servirá únicamente para el pago de cualquier impuesto nacional, con excepción de los impuestos municipales.

3.1.6. Incentivos a los call centers

El artículo 70 de la Ley 32 de Zonas Francas, indica que las personas naturales o jurídicas que tengan una Concesión de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) para la prestación del Servicio de Centros de Llamadas para uso comercial (call centers) en concepto de llamadas internacionales quedan sujetos a los beneficios establecidos en la referida Ley.

  • Incentivos Fiscales:

• 100% de exoneración de impuestos y derechos de importación sobre materias primas, productos semielaborados, compra e importación de equipo y materiales de construcción, maquinarias, repuestos, herramientas, accesorios, insumos, materiales de empaque y todo bien o servicio requerido para sus operaciones.
• Exoneración del impuesto sobre la renta.
• Exoneración del impuesto de patentes o licencias.
• Exoneración del impuesto sobre activos de capital o bienes.
• Exoneración del impuesto de transferencia de bienes muebles y de servicios (I.T.B.M.S.) en las compras locales.
• Exoneración del impuesto sobre dividendos o intereses generados por las acciones, bonos y demás títulos y valores emitidos y colocados en el mercado local e internacional.
• Exoneración del impuesto de exportación.

  • Incentivos Migratorios:

• Visa de residente permanente en calidad de inversor (inversión no inferior a los US$ 250.000).
• Visa de residente temporal en calidad de personal de confianza, ejecutivos, expertos y/o técnicos, válida por el término del contrato respectivo.
• Visa de comerciante residente, válida por el término de 1 año, para efectuar transacciones o negocios en zonas procesadoras para la exportación.
• Permiso de entrada y salida múltiple por el término de la visa. Es importante destacar, que todas las visas mencionadas serán extensivas, en igualdad de condiciones, al cónyuge e hijos menores y mayores dependientes del solicitante principal.

3.1.7. Incentivos a la industria

3.1.7.1. Ley No. 3 de 20 de marzo de 1986

Esta ley tiene por objeto, el fomento de las actividades industriales y de las exportaciones. Pueden acogerse a esta ley, todas las empresas que en Panamá se dediquen a actividades industriales de manufactura o ensamblaje, si estas últimas dedican el total de su producción a la exportación, considerando como industrias manufactureras la que se dediquen a la transformación de materias primas y productos semielaborados y a la fabricación agrícola, pecuario, forestal y marino como industrias de ensamblaje, las que se dediquen a la fabricación de productos terminados mediante el proceso de acoplamiento de insumos y partes elaboradas.

Además, a la espera de una ley que regule su situación, se puede acoger a esta ley las empresas de una alta capacidad tecnológica no tradicional para su total exportación. Estas empresas, una vez registrada ante el Registro Oficial de la Industria Nacional adscrito a la Dirección General de Industrias del Ministerio de Comercio e Industrias, gozan de ciertos incentivos fiscales.

  • Incentivos Fiscales

• Exoneración del 100% de los impuestos de introducción, contribuciones, gravámenes y derechos aduaneros, así como el impuesto de Transferencia de Bienes Muebles sobre la importación de maquinarias, equipos y repuestos necesarios para la producción.
• Exoneración del 100% de impuesto sobre la renta respecto a las ganancias, con excepción de las industrias extractivas o que exploten recursos naturales del país.
• Exoneración del 100% de los impuestos sobre las exportaciones.
• Exoneración del 100% de los impuestos sobre las ventas.
• Exoneración del 100% de los impuestos a la producción.
• Exoneración del 100% de los impuestos que graven el capital o los activos de la empresa, salvo los impuestos de Licencias e Inmuebles.
• Exoneración del impuesto sobre la renta sobre las utilidades netas reinvertidas para la expansión de su capacidad de producción o para producir artículos nuevos, siempre y cuanto que esa reinversión sea superior al 20% de la renta gravable.
• Régimen especial de arrastre de pérdidas, para efectos de pago del impuesto sobre la renta, consistente en que las pérdidas sufridas durante cualquier año puedan deducirse de la renta gravable en los 3 años inmediatamente posteriores.
• Cálculo de la depreciación de sus bienes.
• Las empresas que destinen su producción el mercado doméstico pueden importan las maquinarias y equipos necesarias para la producción, pagando adicionalmente el impuesto sobre la Transferencia de Bienes Muebles (ITBM), equivalente al 3% del valor de los artículos extranjeros.

A las empresas que se establezcan en los distritos de Santiago, Chitré, Bugaba, Chorrera, Los Santos, Las Tablas, Aguadulce, Natá, Penonomé y en las provincias de Colón, se les otorgará:

• Exoneración del 100% de los impuestos de inmuebles por un período de 10 años.
• Exoneración del 100% de los impuestos sobre la renta, respecto a las ganancias de sus ventas al mercado doméstico los primeros 5 años de producción y del 50% los 3 años subsiguientes.

3.1.7.2. Ley 76 de 2009

El objetivo de la Ley 76 de 2009 es el incentivo del desarrollo de la industria en Panamá y es aplicable a empresas industriales de manufactura, agroindustriales y de transformación de recursos marinos o también de transformación de materias primas agropecuarios y forestales.

3.1.7.3. Ley 25 de 23 de mayo de 2017

Por esta ley, se modifica la Ley 76 de 2009 y se crea el Programa Nacional de Competitividad Industrial, el cual tiene como finalidad implementar una política nacional dirigida a impulsar la productividad y la competitividad industrial y agroindustrial, potenciar la inversión y promover cambios en la estructura productiva para generar mayor valor agregado nacional.

Con esta ley, se crea también el Registro de la Industria Nacional (Registro) con la finalidad de recopilar datos estadísticos y desarrollar indicadores que permitan evaluar el crecimiento de la competitividad y productividad de la industria nacional.

3.1.7.4. Certificado de desarrollo industrial

Las empresas que desarrollen actividades dentro del marco de las leyes 25 y 76 podrán optar por el Certificado de Desarrollo Industrial. Este es un documento no transferible autorizado por el Ministerio de Economía y Finanzas.

  • Beneficios del Certificado de Desarrollo Industrial

Las empresas que dispongan de este certificado recibirán los siguientes beneficios:

• Pagarán tan sólo el 3% del impuesto de importación (además del IVA y el ITBMS) sobre materias primas, productos semiterminados, maquinaria, equipamientos y recambios, empaquetado y demás artículos necesarios para la creación de sus productos.
• En caso de tener pérdidas en un período fiscal, tendrán el derecho de deducirlas durante los siguientes 5 años (a razón de un 20% cada año).

Se les podrá reembolsar hasta el 40% de lo siguiente:

• Inversiones o reinversiones de beneficios.
• Inversión en sistemas de dirección y control de la calidad y gestión medioambiental.
• Inversión o reinversión de beneficios en procesos de mejora de la producción, creación de nuevos productos o expansión de la capacidad de producción.
• Inversión en actividades de formación para la plantilla.
• Inversión destinada a conseguir nuevo personal de producción.

3.1.8. Incentivo a la instalación de Sedes de Empresas Multinacionales (SEM)

Este régimen está regulado por la Ley 41 de 24 de agosto de 2007, modificada posteriormente por la Ley 45 (2012), Ley 57 (2018) y la Resolución 15 (2018). Para poder acogerse al régimen, la empresa multinacional debe contar con: US$ 200.000.000 o más en activos totales del grupo empresarial o tener al menos 7 subsidiarias.

Entidad Reguladora: Comisión de Licencias de Sedes de Empresas Multinacionales adscrita al Ministerio de Comercio e Industrias.

Por medio de dicha ley se crea un régimen especial para el establecimiento y operación de Sedes de Empresas Multinacionales y la comisión de licencias de sedes de empresas multinacionales y dicta otras disposiciones.

La Ley 45 aplicable define una empresa SEM como aquella empresa multinacional que desde Panamá realiza operaciones dirigidas a ofrecer los servicios definidos en esta Ley a su Casa Matriz o a sus subsidiaras o a sus filiales o a compañías asociadas, o que fije su Casa Matriz en Panamá. Las Sedes siempre serán parte de empresas multinacionales con operaciones internacionales o regionales o importantes en su país de origen.

  • Actividades Incentivadas:

• Manejo de operaciones
• Logística y almacenamiento
• Construcción de planos y diseños
• Procesamiento electrónico
• Investigación y Desarrollo de producto

  • Incentivos Corporativos:

• Impuesto sobre la Renta: Las empresas poseedoras de una Licencia de Sede de Empresa Multinacional deberán pagar el impuesto sobre la renta en la República de Panamá sobre la renta neta gravable derivada de los servicios prestados a una tarifa reducida del 5 %.
• Impuesto de Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestación de Servicios: Por tratarse de servicios de exportación, no causarán Impuesto de Transferencia, siempre que se presten a entidades del grupo empresarial en el exterior, que no genere renta gravable dentro de Panamá.
• Impuesto de dividendo y complementario e impuesto a las sucursales: Las empresas poseedoras de una Licencia de Sede de Empresa Multinacional estarán exentas del pago de Impuesto de dividendo y complementario e impuesto a las sucursales.
• Equipos Fiscales: Las empresas poseedoras de una Licencia de Sede de Empresa Multinacional no estarán sujetas al uso de equipos fiscales.
• Estabilidad Jurídica: Las empresas que obtengan una Licencia de Sede de Empresa Multinacional a partir del 1 de enero de 2019 gozarán de manera automática, desde el momento de la emisión de esta Licencia, de las garantías a que se refiere el artículo 10 de la Ley 54 de 1998, reglamentada por el Decreto Ejecutivo 9 de 22 de febrero de 1999.
• Registro Único de Contribuyente: Las empresas SEM deben obtener un número de registro único proporcionado en la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas. Este número será su identificación para cualquier trámite gubernamental y para su declaración de renta anual.

  • Incentivos para Ejecutivos:

• Exención del Impuesto sobre la renta: Los salarios y otras remuneraciones laborales de los ejecutivos con Visas SEM, estarán exentos del ISR y de las cuotas de seguro social y seguro educativo.
• Exención del impuesto de importación por menaje de Casa: El poseedor de una Visa de Personal Permanente de Sede de Empresa Multinacional estará exento, al momento de trasladarse por primera vez a la República de Panamá, del pago de los impuestos que por motivo de su importación pudieran aplicar a su menaje de casa.
• Exención del impuesto de importación de vehículo automotor: El personal extranjero amparado con una Visa de Personal Permanente de Sede de Empresa Multinacional podrá solicitar a la Autoridad Nacional de Aduanas una franquicia arancelaria total y por una sola vez, cada dos años, para la importación de un vehículo automotor para su uso personal o familiar.

  • Incentivos Migratorios:

• La Ley No. 41 de 2007, crea nuevas visas específicamente para trabajadores extranjeros que la SEM contrate. Estas visas serán tramitadas en el Ministerio de Comercio e Industrias.
Visa de Personal Permanente de SEM: Estas serán otorgadas a los trabajadores de nivel administrativo-ejecutivo. Serán otorgados por un término de cinco (5) años prorrogables por igual plazo, salvo en aquellos casos en que el contrato de trabajo establezca un término menor. Lo anterior sin limitar el número de veces en que la visa y el carné en referencia puedan ser prorrogados. Los poseedores de esta visa no necesitaran permisos de trabajo.
Visa de Dependiente de Personal Permanente de SEM: Instituida para los cónyuge o parejas unidas por un mínimo de cinco años en condiciones de singularidad y estabilidad, a los hijos menores de dieciocho años y hasta los veinticinco años de edad, siempre que estudien de forma regular y se encuentren bajo la dependencia económica del personal permanente de Sedes de Empresas Multinacionales, a los hijos con discapacidad que vivan con ellos y a los padres de dicho personal, que permanezcan en el territorio nacional bajo responsabilidad del interesado principal. Estas Visas serán por el mismo término de la otorgada al Personal Permanente SEM.
Visa de Personal Temporal de SEM: Establecida para el personal extranjero que brinde servicios técnicos o de entrenamiento a la Sede de Empresa Multinacional por un término no mayor de tres meses, prorrogable por un periodo de tres meses adicionales. Al igual que la de Personal Permanente de SEM, esta visa no necesita un permiso de trabajo.
Residencia Definitiva: Establecida para el personal extranjero que trabaje o haya dejado de trabajar para cualquier Sede de Empresa Multinacional, una vez transcurrido el término de cinco años, contado a partir de la aprobación de la Visa de Personal Permanente de Sede de Empresa Multinacional.
• Permiso de Estadía por el término de seis (6) meses: Todo el personal extranjero que posean Visas de Personal Permanente y Temporal y sus Dependientes de Sede de Empresas Multinacional, que cancelen o desistan de dichas categorías migratorias, se le otorgara un permiso de estadía en el territorio nacional por el término de seis (6) meses calendarios contados a partir de la cancelación o desistimiento de la visa de Sede de Empresas Multinacionales respectiva.

3.1.9. Empresas Multinacionales para la Prestación de Servicios Relacionados con la Manufactura (EMMA)

Se trata de un régimen especial creado para el establecimiento de centros logísticos de fabricación ligera y reenvasado en Panamá. Al igual que el régimen SEM, gozarían de seguridad jurídica y beneficios migratorios, laborales y fiscales que fomentan la producción de productos y servicios para la exportación y para uso comercial interno.

Entidad Reguladora: Comisión de Licencias de Empresas Multinacionales, adscrita al Ministerio de Comercio e Industria.

Está regulado por la Ley 159 del 13 de agosto de 2020. Bajo esta nueva ley integral, las empresas que actualmente operan bajo la licencia SEM podrán solicitar una licencia de servicios de fabricación a través de un proceso acelerado.

Para ser elegible para el régimen EMMA, la empresa multinacional debe tener activos totales del grupo iguales o mayor a los US$ 75.000.000 o tener al menos 3 subsidiarias.

  • Actividades Incentivadas:

• Fabricación, montaje, mantenimiento, remanufactura y acondicionamiento de productos y equipos.
• Desarrollo de productos, investigación o innovación de productos o procesos existentes, análisis o pruebas de laboratorio relacionadas con los servicios de fabricación.
• Actividades logísticas tales como almacenamiento y distribución de componentes necesarios para la prestación de servicios relacionados con la fabricación.

  • Incentivos:

• Estabilidad Jurídica a las inversiones a las que se refiere la Ley 54 de 22 de Julio de 1998 y el Decreto Ejecutivo No. 9 de 22 de febrero de 1999.
• Tarifa reducida de 5% de Impuesto Sobre la Renta.
• La compañía multinacional con licencia SEM estará exenta del pago de impuesto sobre dividendos, impuestos complementarios e impuestos sobre sucursales.
• No están sujetas al uso de equipos fiscales.
• No tendrán la obligación de obtener Aviso de Operación, por tanto, no estarán sujetas al pago del impuesto de Licencia de Aviso de Operación.
• La ganancia o pérdida en la transferencia de acciones emitidas por la empresa SEM están sujetas al régimen de ganancia de capital; pero a una tasa fija del 2%.
• No causarán impuesto de transferencia (ITBMS) siempre que presten a entidades del grupo empresarial en el exterior, que no generen renta gravable dentro de Panamá.
• Empleados extranjeros estarán exentos de pagar impuesto sobre la renta, seguro social y los impuestos de educación.
• El personal permanente estará exento del pago de los impuestos por motivo de importación por menaje de casa.
• Visas especiales de trabajo para empleados extranjeros permanentes y temporales, así como para sus dependientes.

  • Beneficios Adicionales para Empresas EMMA:

• Están exentos de todos los impuestos, tasas o derechos de importación en todos los tipos de mercancías, productos, equipos y otros bienes o materias primas que se utilicen o sean requeridos para la manufactura.
• Las empresas EMMA están sujetas a regulaciones de medioambiente.
• Las empresas EMMA pueden reciclar los residuos que producen a terceros. Estas transacciones no están sujetas al impuesto sobre la renta.
• Las empresas EMMA pueden reciclar los residuos que producen a terceros. Estas transacciones no están sujetas al impuesto sobre la renta.
• Las empresas EMMA deben garantizar el conocimiento e intercambio de tecnología a panameños.

  • Fast Track para empresas SEM que quieran solicitar licencia EMMA:

Toda empresa SEM que quiera solicitar la licencia EMMA, deberá dirigir una carta a la Secretaría Técnica en el Ministerio de Comercio e Industria con los siguientes archivos adjuntos:

• Formulario de solicitud de licencia
• Registro Público de Panamá
• Poder otorgado al abogado debidamente notariado
• Estado financiero consolidado del grupo empresarial
• Organigrama

Todas las solicitudes serán revisadas por el Comité de Licencias de Sedes de Empresas Multinacionales.

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Representación y agencia

En Panamá, ni la figura de la empresa de representación o agencia, ni el contrato de agencia están regulados en el ordenamiento jurídico nacional. Tampoco tiene una regulación específica el contrato de distribución. A todas las formas anteriores, le son de aplicación las normas generales de contratación del Código Civil y Código de Comercio. Hasta el año 1989, el contrato de agencia estuvo regulado por el Decreto de Gabinete No. 344 de 1969, que fue declarado inconstitucional mediante fallo de 2 de agosto de 1989 de la Corte Suprema de Justicia.

Al no existir una regulación específica, se puede pactar cualquier cláusula en los contratos de agencia y distribución, siempre que ésta no sea contraria a la Ley de Panamá, al orden público o supongan restricciones a la libre competencia.

En relación con este último punto, cabe destacar que si bien, la exclusividad es una condición buscada y exigida por buena parte de los agentes y distributores panameños, la Ley 45 de 2007 sobre protección al consumidor y defensa de la competencia, considera la exclusividad en los contratos de distribución como práctica monopolística relativa ilícita (artículo 16 de la Ley 45 de 2007).

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Formación de "joint-ventures". Socios locales

No existe una regulación específica sobre las joint Ventures en Panamá. Sin embargo, la legislación nacional las admite para contratar con el estado. En este sentido, la Ley de Contratación Pública los denomina Consorcios a Asociaciones accidentales, y los define como una agrupación de dos o más personas que se asocian para presentar una misma propuesta en forma conjunta, para la adjudicación, la celebración y la ejecución de un contrato, y que responden solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato.

Los Consorcios o Asociaciones accidentales en Panamá carecen de personalidad jurídica, toda vez que el objeto de estas no es crear una persona jurídica nueva, sino formar una asociación de empresas unidas con la finalidad de realizar un proyecto específico.

Los socios participantes en estas sociedades celebran un “contrato de coparticipación”, que se perfecciona por el mero consentimiento de las partes y que debe contener requisitos mínimos, tales como: objeto del consorcio, su domicilio, las obligaciones de los coventures y las sanciones contra los miembros que no cumplan sus obligaciones, los aportes de cada parte y las atribuciones y poderes de los órganos del consorcio incluyendo los que se refieran a la representación. Las joint ventures conformados por socios locales y extranjeros o extranjeros tienen las mismas obligaciones y derechos que las conformados únicamente por nacionales.
 

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Tipos de sociedades

Tipos de sociedades
Los tipos de sociedades reguladas en el derecho mercantil panameño son:
a) Sociedad Colectiva
b) Sociedad en Comandita
c) Sociedad Comandita Simple
d) Sociedad en Comandita por Acciones
e) Sociedad de Responsabilidad Limitada
f) Sociedad Anónima
g) Cooperativas

La constitución de sociedades se debe hacer ante notario y el sucesivo registro de sociedades. Es necesario el alta de actividad mediante el documento de Aviso de Operación, según la actividad de la sociedad. Toda sociedad debe contar con un representa legal en Panamá, que puede ser una persona jurídica o física.

Pasos para crear una sociedad en Panamá
1. Obtener números de identificación fiscal locales (llamado número RUC) and la Dirección General de Impuestos (DGI) para los accionistas
2. Crear y firmar los estatutos de la empresa
3. Formalizar el documento de constitución
4. Registrar la empresa ante notario y ante las autoridades locales
5. Obtener una licencia comercial, que en Panamá se denomina Aviso de Operación
6. Obtener el número de identificación fiscal de la empresa
7. Abrir una cuenta bancaria corporativa
8. Depositar el capital mínimo requerido para activar la cuenta bancaria corporativa

Escritura de Constitución
De acuerdo al artículo 293 del Código de Comercio de Panamá, la escritura de una sociedad en Panamá deberá contener:
1. Los nombres, apellidos y domicilios de los otorgantes;
2. La razón o firma social, así como la denominación de la sociedad en su caso, expresando la clase y el domicilio de la misma;
3. El objeto y duración de la sociedad y la manera de computar dicho término;
4. El capital social especificando el aporte suscrito y pagado total o parcialmente por cada socio, y los plazos y modo como deba entregarse el resto en este último caso. Si la sociedad fuere anónima o en comandita por acciones, se expresará la naturaleza, número, valor y demás circunstancias de éstas, con indicación de si son nominativas o al portador y si son recíprocamente convertibles o no;
5. Mención de los socios que han de tener a su cargo la dirección o administración de la sociedad y el uso de la firma social. Si se tratare de sociedad en comandita simple, se indicará además el nombre y domicilio de los comanditados. Si la sociedad fuere anónima o en comandita por acciones, se expresará el nombre y domicilio de los administradores, las facultades de éstos y la manera como haya de administrarse, dirigirse y fiscalizarse la sociedad; las facultades de la asamblea general de accionistas, las condiciones para la validez de sus resoluciones y la manera de computar los votos;
6. La manifestación de lo que cada socio aporte a la compañía, sea en industria, dinero, créditos, efectos u otros bienes, con expresión del valor que se les diere;
7. El tanto por ciento destinado a fondo de reserva en sociedades por acciones que no sean cooperativas;
8. La manera y forma de hacer el inventario y balance, así como el reparto de dividendos, los medios de fiscalizar esas operaciones y la época en que deban practicarse;
9. La participación que los fundadores de sociedades anónimas y en comandita por acciones se reserven en las utilidades, y la forma en que hayan de percibirlas, así como cualquiera otra ventaja que hubiere de corresponderles;
10. Los casos en que la sociedad haya de disolverse anticipadamente;
11. Las bases para practicar la liquidación de la sociedad y la manera de proceder a la elección de los liquidadores, cuando no hubiesen sido designados con anterioridad;
12. La forma en que hará sus publicaciones la sociedad;
13. Todas las demás cláusulas y condiciones lícitas en que los socios hubieren convenido o que fueren necesarias para determinar con precisión sus derechos y obligaciones entre sí, y respecto de terceros.

Número de identificación fiscal
Una vez la empresa esté registrada, su representante debe acudir a la Dirección General de Impuestos para solicitar el número RUC (Registro Único Contribuyente) que es similar al NIF de España para la identificación de personas naturales y jurídicas. Este RUC es el que se deberá utilizar para el pago de los impuestos que la actividad de la empresa genere.


Licencia comercial o industrial
A la licencia comercial o industrial, en Panamá se le llama Aviso de Operación y está regulada por la Ley No. 5 del 11 de enero de 2007. La entidad encargada de otorgar estas licencias es el Ministerio de Comercio e Industrias. Aquellas compañías inscritas en Panamá que ejercen operaciones exclusivamente fuera del país (empresas offshore) no requieren un Aviso de Operaciones.
El Aviso de Operación es el único proceso requerido para el inicio de una actividad comercial o industrial en Panamá. La solicitud de este trámite se puede hacer de manera telemática en el siguiente enlace https://www.panamaemprende.gob.pa/ a través del botón de Ingresas y registrándose. El trámite suele tardar 1 ó 2 días laborales. Una vez emitido el Aviso, el solicitante cuanta con 12 meses para iniciar sus operaciones.
Algunas actividades reguladas o restringidas por Ley (transporte, bares, discotecas, farmacias, supermercados, ventas de armas, hospitales, casas de valores, banca, casas de apuestas, etc., ver listado completo en https://www.panamatramita.gob.pa/es/tramite/solicitud-para-obtener-un-aviso-de-operaci%C3%B3n-licencia-comercial) tienen requisitos y costos adicionales para solicitar el aviso de operaciones, así como requisitos legales y reglamentarios antes de iniciar operaciones
El coste de un aviso de operaciones es de 15 dólares para las personas naturales y de 55 dólares para las personas jurídicas. Existe una mensualidad adicional equivalente a un 2% del capital social de la compañía, o un monto mínimo de 100 dólares.
No requieren de Aviso de Operación las personas naturales o jurídicas que se dediquen exclusivamente a actividades de explotación agrícola, ganadera o similares, artesanías (con trabajo asalariado de hasta 5 trabajadores), actividades sin ánimo de lucro, ejercicio de profesionales liberales a título individual o a través de sociedades civiles que no son considerados actos de comercio. Lo anterior no exceptúa para obligaciones de otro tipo, incluido las tributarias, laborales, ambientales y de seguridad social.

Microempresas
Panamá reserva una serie de beneficios para las microempresas registradas en el Registro Empresarial de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (AMPYME). De acuerdo a la Ley, las microempresas son aquellas que generan ingresos brutos o facturación anuales hasta la suma de 150.000 dólares. Los beneficios son los siguientes:
• Exención en el pago del impuesto sobre la renta durante los dos primeros años fiscales contados a partir de su inscripción en la Autoridad.
• Participación en los Programas de Desarrollo Empresarial.
• Exoneración al Fondo Especial de Compensación de Intereses (FECI)
• Acceso al Programa Fondo Concursable Semilla Emprendedora.
• Acceso al Programa de Financiamiento de la AMPYME.
• Acceso al Fondo de Financiamiento de Microcrédito para las MYPES (FIDEMICRO-PANAMA).
• Al participar en actos públicos y darse el caso de la figura de empate se le otorgara el acto a la empresa que se encuentre inscrita en la institución.


Registro de Sucursales de empresas extranjeras
Las sucursales no tienen personalidad jurídica propia, por lo que la Ley de Panamá no reconoce que sean una entidad separada de la empresa matriz. Para establecer una sucursal en Panamá se debe elevar a escritura pública los siguientes documentos:
• Copia del pacto social o documento constitutivo de la matriz en conjunto con todas sus modificaciones
• Certificado de incorporación de la matriz (Certificado del Registro Mercantil en España)
• Copia del último balance financiero auditado
• Acta o Resolución expedida por la Junta Directiva o correspondiente Órgano Corporativo, en la que se acuerde: (a) Establecimiento y apertura de la sucursal en Panamá; (b) Disposición de un mínimo de 10.000 dólares de su capital autorizado para las operaciones en Panamá; (c) Nombramiento del Agente Residente en Panamá de la sucursal y concesión de su correspondiente autorización para que pueda comparecer ante Notario Público panameño para protocolizar los documentos establecidos; (d) Nombramiento de Representante legal en Panamá para atender el funcionamiento de la sucursal.
Todos los documentos deben presentarse ante Notario apostillados con Apostilla de La Haya o por el consulado de Panamá en España. El trámite de inscripción el Registro Público de Panamá puede tardar de 5 a 7 días laborables.
 

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Régimen de Franquicias

La base legal para la inscripción del contrato de franquicia está regulada en la Ley 35 del 10 de mayo de 1996, reglamentada por el Decreto Ejecutivo nº7 del 15 de febrero de 1998.

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Propiedad industrial (marcas, patentes, diseños, licencias)

Patentes y marcas
La ley Nº 35 de 10 de mayo de 1996 regula la propiedad industrial, incluyendo todo lo relativo a patentes y marcas. La propiedad industrial es competencia de la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial (DIGERPI), del Ministerio de Comercio e Industrias. Esta ley fue ampliada mediante la ley nº 61 de 2012.


Marcas
La marca es el signo distintivo usado por el empresario para diferenciar en el mercado sus productos o servicios de los productos o servicios de sus competidores. Tiene derecho preferente a obtener el registro de una marca, la persona que la estuviera usando en el comercio desde la fecha más antigua. Cuando una marca no estuviera en uso, el registro se concederá a la persona que presente primero la solicitud correspondiente o que invoque la fecha de prioridad más antigua. La persona natural o jurídica que haya registrado una marca de fábrica en el exterior es la única persona que tiene el derecho de registrar esa marca en Panamá como una marca extranjera. En caso de conflicto entre dos o más tenedores de la misma marca, la propiedad se otorgará al primer poseedor. 

Tras la ley Nº 61 de 2012, en su artículo 43 se modifica el artículo 101 de la anterior ley Nº 35 de 1996, y se establece que para adquirir el derecho de registrar una marca, la misma debe ser utilizada en Panamá, así pues, el uso local es esencial para los propietarios de marcas extranjeras.

Para poder registrar una marca, ésta debe reunir determinados requisitos de validez o registrabilidad, debe ser distintiva y no encontrarse en los casos siguientes:
- marcas extranjeras que no estén previamente registradas en su país de origen.
- marcas que contengan banderas, escudos de la república, municipios o naciones extranjeras.
- marcas que contengan retrato, nombres de personas y no posean autorización previa. Se exceptúan los casos de retratos o nombres de personajes históricos.
- marcas que consistan en información sobre clase, fecha, lugar de fabricación, calidad, destino, precio, cantidad, peso o denominación usual del producto.
- marcas que sean idénticas o parecidas a otras registradas o conocidas.
- marcas que atenten contra la moral

Para obtener el registro de una marca, se elevará una solicitud a la DIGERPI, a través de un abogado, presentándose los siguientes documentos: datos de la persona física o jurídica; denominación y/o diseño de la marca tal como será usada en el mercado; especificación de los productos o servicios en los cuales la marca será usada; declaración jurada respecto al uso de la marca; comprobante de haber pagado los derechos de registro, inscripción y publicación; seis etiquetas de la marca, una de las cuales deberá adherirse en la solicitud.
Encontrada conforme la solicitud de registro, se ordenará su publicación en el Boletín Oficial de Registro de la Propiedad Industrial (BORPI). Durante el término de dos meses, contado a partir del día siguiente a la publicación cualquier persona puede presentar demanda de oposición al registro de marca solicitado. De no mediar demanda de oposición, se ordenará el registro de la marca. 

El registro de una marca tiene una duración de diez años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y puede ser renovado hasta 6 meses después del vencimiento de la marca, indefinidamente y por períodos iguales, siempre que así se solicite dentro del término correspondiente y se paguen los derechos fiscales. Hay que tener en cuenta que el procedimiento de registro de la marca tiene una duración aproximada de entre 18 y 24 meses desde el momento de su presentación hasta la obtención del Certificado de Registro.
Los derechos a satisfacer en relación con las marcas son los siguientes: 

  • por solicitud de marca 19,2 dólares
  • por registro de una marca 124 dólares
  • Certificado Reg. Publico (P. Juridicas) 30 dólares
  • por cada solicitud de prórroga 10 dólares


Patentes
La persona natural que realice una invención tendrá el derecho exclusivo de su explotación. Este derecho se otorgará a través de patentes. El titular de una patente puede ser persona natural o jurídica. Es importante mencionar en este punto la diferencia entre “modelos de utilidad” y “patentes”, si bien son iguales a efectos de trámites, la diferencia es que el modelo de utilidad se otorga cuando el nivel inventivo es menor. 

Para obtener una patente debe presentarse, a través de un abogado panameño, una solicitud de patente a la DIGERPI, acompañada de una descripción, un resumen, los dibujos correspondientes, así como el comprobante de haber pagado las tasas correspondientes.
Cuando se solicite una patente ya presentada en otros países, se reconocerá como fecha de prioridad la del país en que se presentó primero. Para este fin, deberá haberse presentado la solicitud respectiva en la República de Panamá, dentro de los plazos que determinan los convenios internacionales vigentes sobre la materia, ratificados por Panamá.

La DIGERPI denegará total o parcialmente la solicitud, si estima que su objeto no es patentable. Si la DIGERPI acepta la solicitud, hará saber al solicitante que, para dar continuación al procedimiento de concesión, deberá pedir la realización de un informe sobre el estado de la técnica dentro de los plazos establecidos en la ley. Posteriormente la DIGERPI ordenará la publicación de la solicitud de patente en el BORPI. Finalmente, la DIGERPI procederá a conceder la patente solicitada, previo pago de los derechos correspondientes. El Estado otorga al inventor un derecho de explotación de la invención en exclusiva durante 20 años, una vez vencido este plazo la patente pasará a dominio público y cualquier persona podrá explotarla sin su consentimiento.


Los derechos a satisfacer en relación con las patentes son los siguientes:

  • por solicitud de patente 12 dólares
  • Registro Publico (P. Juridicas) 30 dólares
  • por solicitud de informe sobre el estado de la técnica 240 dólares
  • por concesión de una patente * los 10 primeros años 150 dólares
  • los 5 años siguientes 200 dólares
  • los 5 años siguientes 200 dólares
  • el resto del tiempo 400 dólares

La patente tiene una vigencia de 20 años improrrogables.

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Razones y ventajas para la implantación de empresas españolas

Panamá cuenta con un sistema fiscal atractivo basado en el principio de territorialidad, un centro bancario internacional muy relevante (más de 90 entidades y un segmento especializado en operaciones con no residentes) y además posee un marco normativo de inversiones muy favorable que le permiten atraer inversión extranjera:

- Ley Nº 54 de 22 de julio de 1998 sobre Estabilidad Jurídica de las Inversiones: Concede trato nacional a las empresas y a los inversores extranjeros, con las únicas excepciones incluidas en la Constitución y en la Ley
- Ley Nº 41 de 24 de agosto de 2007 del Régimen Especial para el Establecimiento y las Operaciones de Sedes de Empresas Multinacionales (Régimen SEM), modificada por la Ley Nº 45 del 10 de agosto de 2012 y posteriormente por la Ley 57 de 24 de octubre de 2018.
- Ley Nº 93 de 19 de septiembre de 2019 que crea el Régimen de Asociación Público-Privada para el Desarrollo como incentivo a la inversión privada, al desarrollo social y a la creación de empleos.
- Ley Nº 151 de 31 de agosto de 2020 que crea el Régimen especial para el Establecimiento y la Operación de Empresas Multinacionales para la Prestación de Servicios Relacionados con la Manufactura (Régimen EMMA).

Otras ventajas de Panamá para atraer IED:

1) Situación estratégica para actividades de comercio, transporte y comunicaciones, que lo convierte en una buena plataforma de acceso a otros mercados de la región.
2) Tratamiento fiscal favorable para los ingresos procedentes de otros mercados. Existencia áreas económicas especiales y zonas francas (Panamá Pacífico, Zona Libre de Colón o Ciudad del Saber) con ventajas tributarias y mayor flexibilidad laboral respecto a lo establecido en el Código de Trabajo.
3) Facilidad para la creación de empresas, de forma rápida y con un coste moderado.
4) País receptivo al inversor extranjero y, en términos generales, buena imagen de España.
5) Existencia de un APPRI y un Convenio para evitar la Doble Imposición (CDI) con España; un Acuerdo de Asociación con la UE (en vigor desde agosto de 2013) y un TLC con Estados Unidos desde 2012.
6) Economía dolarizada, sistema financiero estable y ausencia de barrera para el movimiento de capitales

Con el objetivo de potenciar este modelo económico de centro logístico, financiero y empresarial internacional basado en la atracción de inversión exterior, el Gobierno de Panamá viene apostando por una creciente integración económica internacional, mediante la firma de TLCs con Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea (dentro del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y UE) y los países integrantes de la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia -alcance parcial.-, Perú y México) donde mantiene condición de observador.
También tiene ALC firmados con Taiwán, Israel, Singapur, Corea del Sur, Cuba, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua y forma parte del acuerdo de los estados centroamericanos con los estados AELC (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza).
 

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Barreras de entrada para inversores españoles

Existen algunas limitaciones a la inversión extranjera y al ejercicio de actividades en ciertos sectores: adquisición de terrenos, contratación de trabajadores, comercio al por menor, pesca, radiodifusión o transporte de cabotaje. Muchos intereses comerciales están concentrados en muy pocas manos lo que, con frecuencia, hace que se planteen obstáculos a la entrada de nuevos competidores, salvo cuando cuentan con un socio local bien posicionado. Una preocupación general para las empresas españolas es la dificultad para encontrar y lograr mantener empleados suficientemente cualificados –algo complicado en un país con un nivel medio de formación bajo y en el que la legislación, con excepciones puntuales, impide que la mano de obra extranjera supere el 10% de la plantilla. Sendos Decretos aprobados en mayo y agosto de 2012 vienen a aliviar notablemente los obstáculos migratorios y de permisos de trabajo para los españoles y otras 21 nacionalidades, aunque no resuelven completamente el problema. En particular, hay una larga lista de profesionales extranjeros que, oficialmente, no pueden ejercer como tales: ingenieros, arquitectos, personal sanitario, abogados, etc.

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