Marco jurídico

Organismos de apoyo a la inversión extranjera

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSION), es la entidad que tiene entre sus competencias el impulso de la inversión privada en el país. Esto incluye la promoción en el mundo de Perú como plaza receptora de inversión extranjera, la orientación al inversor privado y la gestión de los convenios de estabilidad jurídica.

PROINVERSION también promueve la participación del capital privado en los proyectos de inversión de interés público. Así, se encarga de la gestión y adjudicación de las licitaciones de proyectos públicos cuando adopten la forma de asociaciones público-privadas, y también del procesamiento y decisión última sobre las iniciativas privadas presentadas por inversores (obras por impuestos o OxI); siempre que los proyectos sean de alcance nacional y alcancen cierto tamaño –en caso contrario, el organismo competente será el ministerio correspondiente (proyectos nacionales), o las entidades regionales/ municipales equivalentes.

En julio se aprobó el Plan Estratégico Institucional de la entidad para el período 2020-2023. En el documento se proponen tres objetivos estratégicos institucionales: i) promover lainversión privada dirigida a cerrar las brechas en la infraestructura social y productiva del país, ii) fortalecer la gestión institucional e iii) implementar la gestión interna del riesgo de desastres. Además, se aprobó el Plan Operativo Institucional Multianual 2021-2023 mediante Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 29-2020, el cual presenta la programación y el presupuesto de las actividades estratégicas institucionales.

Más información: https://www.investinperu.pe/ 

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Detalle del APPRI con España

El Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre Perú y España contiene el clausulado habitual en este tipo de convenios, incluyendo las definiciones legales y los compromisos de promover la inversión recíproca. Dado que ambos países (en el caso español, como miembro de la UE) aplican a la inversión extranjera un elevado estándar de protección, la principal virtualidad del convenio es ofrecer a las empresas inversoras un foro arbitral internacional de resolución de disputas, así como "blindar" esos principios en caso de modificaciones de la legislación local; en todo caso esas modificaciones no son previsibles (téngase en cuenta que algunas de estas disposiciones tienen en Perú rango constitucional).

El Acuerdo prevé un régimen liberal de tratamiento a la inversión extranjera, incluyendo la concesión de las autorizaciones necesarias para la inversión (ambas partes ya consagran este principio en sus legislaciones respectivas y lo aplican a todo el resto de países). Se estipula asimismo un tratamiento justo y equitativo al inversor, así como la aplicación de la cláusula de "nación más favorecida", principios que -de nuevo- en el caso de España y Perú ya se aplican erga omnes a todos los inversores extranjeros, independientemente de su lugar de residencia. Lo mismo puede decirse de la libre repatriación (una vez cumplidas las obligaciones fiscales) del capital invertido y las rentas generadas por éste, ya contemplada por las normas comunitarias y las peruanas.

En el artículo 8, los países firmantes se comprometen a reconocer la subrogación del otro Estado en las compensaciones que procedan para el inversor, cuando ese Estado haya otorgado al inversor garantías financieras sobre riesgos no comerciales. Esta cláusula es de interés potencial en relación con la actividad de CESCE en la cobertura de riesgo de inversión.

Las disputas entre inversores de un país firmante, y el otro Estado firmante, se resuelven con remisión a tres posibles foros: los tribunales nacionales, el tribunal UNCITRAL y el tribunal CIADI. Perú, dada su condición de país receptor de inversión extranjera, tiene un cierto número de contenciosos internacionales abiertos, normalmente dirimidos en el CIADI de Washington.

Las disputas entre ambos países por cuestiones interpretativas del convenio se remiten a un tribunal arbitral ad hoc, con tres árbitros (uno nombrado por cada país, y el Presidente del tribunal nombrado de común acuerdo entre los dos árbitros anteriores).

El convenio, tras su vigencia inicial de quince años (hasta 2009), puede ser denunciado por cualquiera de las partes con una antelación de doce meses. En todo caso, las inversiones realizadas antes del momento de la denuncia gozan de la protección del Acuerdo durante quince años adicionales.

 

 

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Otros incentivos a la inversión

3.3.1 CONVENIOS DE ESTABILIDAD JURÍDICA

Los Convenios de Estabilidad Jurídica son instrumentos promotores de inversión, que se materializan a través de la suscripción de contratos firmados con el Estado peruano, a través de los cuales se estabilizan garantías aplicables a los inversionistas o las empresas receptoras, según corresponda, por el periodo de vigencia de éstos.

En Perú, los requisitos son los de efectuar, en el plazo de dos años, aportes dinerarios canalizados a través del Sistema Financiero Nacional, por una cantidad no menor a 10 millones de dólares, para los sectores de minería e hidrocarburos y de 5 millones de dólares, para las demás actividades económicas. La vigencia es de 10 años, salvo para el caso de concesiones cuyo plazo de vigencia se sujeta al plazo de vigencia de la concesión.

Este planteamiento es especialmente relevante para el sector de las infraestructuras, debido a su característica de sector intensivo en capital. El inversionista obtiene las siguientes ventajas: estabilidad de las regulaciones vinculadas al trato no discriminatorio; estabilidad en el régimen del Impuesto de la Renta (dividendos); estabilidad del derecho de usar el tipo de cambio más favorable disponible en el mercado; estabilidad en el régimen de libre disponibilidad de divisas y del derecho de libre remesa de utilidades, dividendos y regalías.

Para acceder al Convenio de Estabilidad Jurídica mencionado, una vez se efectúa una inversión en el país, esta debe ser registrada ante ProInversión, a través de la Dirección de Servicios al Inversionista (DSI). La aprobación del trámite puede tardar hasta 25 días y la resolución de los recursos administrativos hasta 20 días.

Por último, mencionar que más allá de este registro, la ejecución de determinados proyectos de inversión puede estar sujeta a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios del lugar donde dichos proyectos se ubiquen, ello con la finalidad de generar un ambiente de integración con la comunidad. Dicha consulta no implica un derecho de veto sobre el proyecto.

Más información: https://www.investinperu.pe/modulos/JER/PlantillaStandard.aspx?are=0&prf=0&jer=5844&sec=1

3.3.2 PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PRIVADO EN LAS INVERSIONES PÚBLICAS (ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADAS)

Las asociaciones público privadas (APP)[1] son modalidades de participación mixta de la inversión en las que interviene por un lado el Estado, a través de alguna de las entidades públicas establecidas en la norma, y por otro, uno o más inversionistas privados. De esta forma se incorpora experiencia, conocimientos, equipos, tecnología y se distribuyen riesgos y recursos, preferentemente privados. Así se pretenden alcanzar diversos objetivos: desarrollar y mejorar la infraestructura pública, proveer servicios públicos y desarrollar proyectos de investigación aplicada y/o innovación tecnológica.

Una primera clasificación de las APP distingue dos categorías:

Iniciativas Estatales (APP Tradicionales): incluye proyectos promovidos por el sector público, cuya construcción y explotación se cede (vía licitación) a una empresa privada, normalmente en forma de concesión.

Iniciativas Privadas (IP): proyectos de interés público promovidos por una empresa privada. El proyecto se presenta a la administración, que certifica su interés público y lo somete a licitación otorgando ciertas ventajas a la empresa proponente.

En la norma de las APPs se establece que los Ministerios, GR y GL podrán promover la inversión privada sobre activos de su titularidad a través del Organismo Promotor de la Inversión Privada (OPIP) respectivo, bajo los siguientes esquemas: disposición de activos - que incluye la transferencia total o parcial, incluso mediante la permuta de bienes inmuebles - y contrato de cesión de uso, arrendamiento, superficie o usufructo.

Desde otro punto de vista, las APP también pueden clasificarse en:

Autosostenible: pertenecerá a este grupo aquella que satisfaga las siguientes condiciones:

  • Demanda mínima de recursos públicos o nula garantía financiada por parte del Estado. Se consideran garantías mínimas si no superan el 5% del Costo Total de Inversión - el que no incluye los costos de operación y mantenimiento. La metodología para los cálculos requeridos será publicada por Resolución Ministerial del MEF.   
  • Las garantías no financieras que tengan una probabilidad nula o mínima de demandar el uso de recursos públicos, es decir, que la probabilidad del uso de recursos públicos no sea mayor al 10%, para cada uno de los primeros 5 años de ejecución del proyecto. De igual forma, la metodología para los cálculos requeridos será publicada por Resolución Ministerial del MEF. 

Cofinanciada: aquella que requiera del cofinanciamiento o del otorgamiento o contratación de garantías financieras o garantías no financieras que tengan una probabilidad significativa de demandar el uso de recursos públicos.

ProInversión, es el organismo público ejecutor adscrito al MEF cuya misión es promover la inversión no dependiente del Estado peruano a cargo de agentes privados, con el fin de impulsar la competitividad de Perú y su desarrollo sostenible. Según el Decreto 068-2017, las APP de competencia nacional serán asignadas a ProInversión en tres situaciones:

Ø  Cuando sean multisectoriales con iniciativa estatal.

Ø  Cuando el coste total del proyecto, con o sin componente de inversión, supere las 40 mil UIT tanto por iniciativa estatal como privada autofinanciada.

Ø  Cuando sean originadas por iniciativas privadas cofinanciadas a cualquier nivel de Gobierno o en aquellos casos en los que se trate de proyectos cuya conducción se haya solicitado por la entidad pública –nMinisterio, Gobierno Regional o Gobierno Local- a ProInversión.[2]

Cabe mencionar que en el caso de las entidades públicas correspondientes a los niveles de gobierno subnacionales (GR y GL), las facultades del organismo promotor de la inversión privada se ejercen de forma directa a través del órgano del gobierno subnacional designado para tales efectos.[3]

Más información: https://www.proyectosapp.pe/modulos/JER/PlantillaStandard.aspx?are=0&prf=2&jer=5902&sec=22

3.3.3 OBRAS POR IMPUESTOS (OxI)

El mecanismo de OxI[4] consiste en que una empresa privada asuma, de acuerdo con la Entidad Pública[5] correspondiente, la ejecución de un determinado proyecto público, cuyo coste le será descontado posteriormente de sus pagos del Impuesto a la Renta.

Una vez terminado el proyecto, la empresa privada entregará la obra a la Entidad para que ésta se encargue de su gestión. A través de este mecanismo, el Estado peruano logra acoger estos proyectos a un régimen de licitación privada, en general mucho más ágil, rápido y transparente que el de la licitación pública, además de disminuir considerablemente la litigiosidad del proceso. De hecho, en los últimos años, el Estado peruano se ha enfocado en el fomento de la inversión privada como potenciador del desarrollo de infraestructuras esenciales para el desarrollo del país.

 

Proyectos OxI – Total de Inversión Ejecutada y/o Comprometida 2009-2020

 

Año

Total Proyectos Adjudicados

Total Inversión Ejecutada y/o Comprometida (millones Nuevos Soles S/.)

2009

2

6

2010

6

10,9

2011

7

287,7

2012

19

212,9

2013

33

522,2

2014

76

683,2

2015

42

380,0

2016

54

823,5

2017

72

897,9

2018

56

482,4

2019

26

550,3

2020

15

81,5

TOTAL:

408

4938,4

Fuente: PROINVERSIÓN, Elaboración propia.

 

En cuanto al tipo de empresas que pueden participar, cualquier empresa privada (nacional o extranjera) puede seleccionar un proyecto de la lista priorizada por los GR, GL o Universidades Públicas o también puede formular un proyecto y presentarlo a estas entidades para ser priorizados. Una vez realizada la obra, el GR, GL o universidad pública solicitará al MEF la emisión del Certificado Inversión Pública Regional y Local (CIPRL), cuyo tope se calcula anualmente, con el que dará constancia de la financiación de una obra con su impuesto.

Las empresas financieras y mineras son las que mayor inversión han ejecutado a través de este mecanismo, como se puede observar en la siguiente tabla:

 

Proyectos OxI – Ranking de Empresas por Monto de Inversión 2009-2020

 

Ranking

Empresa

Sector

Monto de Inversión

(mil soles)

1

Banco de Crédito del Perú (BCP)

Banca y Finanzas

1.137,70

2

Compañía Minera Antamina, SA

Minería

903,32

3

Southern Peru Copper Corporation

Minería

786,43

4

Optical Technologies, S.A.C.

Telecomunicaciones

253,34

5

Telefónica del Perú, SAA

Telecomunicaciones

229,56

6

Interbank

Banca y Finanzas

186,93

7

Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston, SAA (BACKUS)

Alimentación

109,81

8

Volcan Compañía Minera, SAA

Minería

108,60

9

Cementos Pacasmayo, S.A.A.

Construcción

87,38

10

Ferreyros, S.A.

Maquinaria

82,70

Fuente: PROINVERSIÓN, Elaboración propia.

Más información: https://www.obrasporimpuestos.pe/0/0/modulos/JER/PlantillaStandard.aspx?are=0&prf=0&jer=279&sec=0

 

3.3.4 PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA Y DE LA INVERSIÓN DESCENTRALIZADA

Inversión Privada

Desde la década de los 90, Perú ha desarrollado y establecido un marco legal estable y favorable que promociona la inversión privada, tanto nacional como extranjera en el país.

Algunos puntos importantes a resaltar para la inversión privada extranjera:

Ø  Derechos básicos del inversionista extranjero (en particular, el principio de igualdad en el trato para la inversión nacional y extranjera)

Ø  Modalidades de inversión extrajera

Ø  Libre acceso a sectores económicos

Ø  Derecho de propiedad

Ø  Requisito de rendimiento

Ø  Libertad de la organización y el desarrollo de actividades

Más información:

https://www.investinperu.pe/modulos/JER/PlantillaStandard.aspx?are=0&prf=0&jer=5800&sec=1

https://www.mef.gob.pe/es/inversion-privada-sp-21801/196-acerca-de-las-asociaciones-publico-privadas-apps/3966-acerca-de-la-inversion-privada

Inversión Descentralizada

La Ley Marco de Promoción de la Inversión Descentralizada (Ley No. 28059), establece el marco normativo para que el Estado peruano, en sus tres niveles de gobierno, promueva la inversión de manera descentralizada como herramienta para lograr el desarrollo integral, armónico y sostenible de cada región del país, en alianza estratégica entre los gobiernos regionales, locales, la inversión privada y la sociedad civil.

En este sentido, el Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales promueven el desarrollo de inversiones en las regiones para fortalecer el proceso de descentralización productiva en el país respetando los siguientes criterios y garantías:

Ø  El Estado garantiza la libre iniciativa e inversiones privadas, nacionales y extranjeras, efectuadas o por efectuarse, en todos los sectores de la actividad económica, en cualesquiera de las formas empresariales y contractuales permitidas por la Constitución y las leyes.

Ø  La inversión del Estado está orientada a proveer de infraestructura básica, social y económica para el mejor desempeño de la inversión privada en la actividad productiva y de servicios.

Ø  La actividad empresarial que realiza el Estado en su rol subsidiario de acuerdo a la Constitución en sus tres niveles de gobierno gozará del tratamiento y condiciones que se otorgan a la inversión privada. Conforme a la normatividad vigente el Estado puede convenir con el capital privado la gestión de servicios públicos.

Ø  La simplicidad, celeridad y transparencia en todo procedimiento administrativo para la promoción de la inversión privada.

Ø  La economía social de mercado se promueve en todos los niveles de gobierno y se desarrolla sobre la base de la libre y leal competencia, así como del libre acceso a la actividad económica.

Ø  El Estado en todos sus niveles de gobierno garantiza la estabilidad jurídica para la inversión privada descentralizada con arreglo a la Constitución y las leyes.

Más información:

http://www.proinversion.gob.pe/RepositorioAPS/0/0/JER/MARCO/Ley%20Marco%20de%20Promocin%20de%20la%20Inversin%20Descentralizada.pdf



[1] En la norma de las APP se establece que los Ministerios, los Gobiernos Regionales (GR) y los Gobiernos Locales (GL) podrán promover la inversión privada sobre activos de su titularidad a través del Organismo Promotor de la Inversión Privada (OPIP) respectivo, bajo los siguientes esquemas: disposición de activos - que incluye la transferencia total o parcial, incluso mediante la permuta de bienes inmuebles - y contrato de cesión de uso, arrendamiento, superficie o usufructo.

[2] Los proyectos de competencia del Ministerio que no se enmarquen en ninguna de las situaciones anteriores serán asignados al Comité de Promoción de la Inversión Privada, en su condición de Organismo Promotor de la Inversión Privada.

[4] Para más información sobre la regulación de las OxI consultar la Ley Nº29230 , que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado. Disponible en: http://www.proinversion.gob.pe/RepositorioAPS/0/0/arc/MOXI_LEY_29230/Ley-29230.pdf

 

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Zonas francas y ZEE

En el Perú existen actualmente cuatro Zonas Económicas Especiales (ZEE) en funcionamiento, tres de ellas son Zonas Especiales de Desarrollo (ZED), ubicadas en Ilo (Moquegua), Matarani (Arequipa) y Paita (Piura), y la cuarta, que es conocida como ZofraTacna, goza de extraterritorialidad aduanera.

En las ZED y ZofraTacna se permiten las siguientes actividades: industria, agroindustria, maquila y ensamblaje, logística, reparación y reacondicionamiento, telecomunicaciones, tecnologías de la información, investigación, desarrollo científico y tecnológico, servicio de investigación en salud humana, y desarrollo de infraestructura.

Los principales beneficios tributarios y aduaneros que se ofrecen a los usuarios de las ZEE son:

 

  • Ø Exoneración del Impuesto a la Renta, Impuesto General a las Ventas (IGV), Impuesto Selectivo al Consumo, y del Impuesto de Promoción Municipal
  • Ø Bienes del exterior ingresan con suspensión de tributos
  • Ø Permanencia ilimitada de los bienes
  • Ø Ventas a las ZEE se consideran exportación – 0%IGV
  • Ø Bienes producidos en las ZEE se nacionalizan con 0% de arancel
  • Ø Solicitud de traslado para ingresar a las ZEE, no requiere de Declaración Aduanera de Mercancías (DAM)
  • Ø Manufacturas de las ZEE se pueden acoger a los TLCs
  • Ø Las ZEE son puntos de llegada para las mercancías

 

Más información: 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1242818/Zonas_Econo%CC%81micas_Especiales_del_Peru%CC%81_-_ZEE.pdf

https://www.gob.pe/institucion/mincetur/colecciones/765-zee-del-peru-normatividad

 

 

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Contratación Pública. Criterios de adjudicación de contratos

Entre los aspectos más destacados de la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento podemos señalar los siguientes:

-  Cada entidad debe formular un Plan Anual de Contrataciones, el cual debe incluir las contrataciones de bienes, servicios y obras previstas para el año fiscal. Este plan será publicado en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE).

-  Para ser participante, postor, contratista y/o subcontratista del Estado se requiere estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores – RNP (http://portal.osce.gob.pe/rnp/). Este requisito es de obligatorio cumplimiento. Bajo el RNP existen los siguientes subregistros:

     ·    Registro para proveedores de bienes

     ·    Registro para proveedores de servicios

     ·    Registro para consultores de obras

     ·    Registro para ejecutores de obras

-  El registro en el RNP tiene validez de un año, a partir del día siguiente de su aprobación. El proceso de renovación puede empezarse 60 días antes de su vencimiento.

-  Las empresas extranjeras reciben el mismo trato que las empresas peruanas reciben en su país de origen en materia de contrataciones del Estado.

-  Las bases del proceso de selección deberán incluir, como las especificaciones técnicas requeridas, el cronograma del proceso de selección, los precios referenciales, el método de evaluación y calificación de propuestas, además de la proforma del contrato señalando las condiciones de la contratación.

-  Los postores podrán adquirir las correspondientes bases hasta un día antes de la presentación de propuestas. Dichas bases deberán estar a disposición de los interesados para su consulta. El precio de las bases no podrá exceder el costo directo de reproducción.

-  Los documentos emitidos en el extranjero deberán estar legalizados por el Consulado peruano en el país de origen y por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú o con la Apostilla de La Haya. 

-  El plazo mínimo entre la convocatoria y la presentación de las propuestas deberá ser no menor a veintidós (22) días hábiles, a partir del día siguiente de la publicación de la convocatoria en SEACE.

-  En caso de financiación externa deberá cumplirse lo establecido en la Ley de endeudamiento externo y la Ley de equilibrio financiero.

-  Se utilizará el sistema de suma alzada cuando las magnitudes y calidad de la prestación esté totalmente definida. En caso contrario se utilizará el sistema de precios unitarios.

-  La calificación final de una propuesta se calculará asignando puntuaciones a la propuesta técnica y a la económica. La suma de ambos será cien puntos y los asignados a la propuesta económica deberá ser al menos de cincuenta puntos, excepto en el caso de contratos de consultoría. Dicha asignación de puntaje deberá estar expresada en las bases.

Anualmente, en la “Ley de Presupuesto del Sector Público”, se señalarán los montos según los que se definirán los distintos procesos de selección: licitación pública, concurso público, adjudicación directa y menor cuantía. Estas cantidades diferirán dependiendo del tipo de contratación que se lleve a cabo:

     ·    Contratación de obras

     ·    Adquisición de bienes y de suministros

     ·    Contratación de servicios (tales como prestaciones de empresas de servicios, compañías de seguros y contratos de arrendamiento no financieros, así como investigaciones, proyectos, estudios, diseños, supervisiones, inspecciones, gerencias, gestiones, auditorías, asesorías y peritajes)

Los montos para el 2016 se describen a continuación (1 Unidad Impositiva Tributaria-UIT = S/ 3.950): 

Proceso de Selección Bienes Servicio Obras
Licitación Pública >= 101 UIT   >= 456 UIT
Concurso Público   >= 101 UIT  
Adjudicación Simplificada

< 101 UIT

> 8 UIT

< 101 UIT

> 8 UIT

< 456 UIT

> 8 UIT
Selección de Consultores Individuales  

<25

> 8 UIT
 
Comparación de Precios

< 10 UIT

> 8 UIT

< 10 UIT

> 8 UIT
 
Subasta Inversa Electrónica > 8 UIT > 8 UIT  
Contratación Directa > 8 UIT > 8 UIT > 8 UIT

Fuente: OSCE, elaboración propia

-  Para el caso de licitaciones y concursos públicos la entidad correspondiente debe constituir un Comité Especial encargado del proceso. El Comité Especial estará conformado por tres o cinco integrantes titulares con igual número de suplentes. Cualquiera que sea el número de integrantes del Comité Especial, uno deberá pertenecer a la dependencia encargada de las contrataciones y adquisiciones de la entidad convocante, y otro al área usuaria. Necesariamente, uno de los miembros deberá tener conocimiento técnico sobre el objeto de la convocatoria.

-  En el reglamento se señalan las normas generales de contratación, así como las de resolución de conflictos, en los que se da preferencia a la resolución por medio de arbitraje, que se señala de carácter obligatorio.

-  El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, es el órgano encargado del cumplimiento de las disposiciones de la Ley y el Reglamento, designando árbitros en caso de controversias, administrando el Registro Nacional de Proveedores (RNP), resolviendo consultas y aplicando sanciones.

Pese a la flexibilidad de la normativa, en la práctica las licitaciones públicas tienen una notable complejidad, variable según los sectores y organismos licitadores.

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Régimen de inversiones

Perú tiene un régimen receptivo a la inversión extranjera, a la que se asegura trato nacional y libre repatriación de divisas. Asimismo, los inversionistas extranjeros pueden suscribir Convenios de Estabilidad Jurídica con el Estado, con el objeto de que éste les garantice, por el periodo de vigencia del Convenio, estabilidad en el régimen tributario vigente al momento de su suscripción. 

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Propiedad inmobiliaria

No hay especiales restricciones a la compra o tenencia de activos inmobiliarios, más que en las cercanías de las fronteras del país. Se recomienda especial cautela a la hora de efectuar estas compras, dados los enormes problemas de titulación de tierras que existen todavía en el país.

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Incentivos a la inversión (fiscales, sectoriales, regionales y locales)

 

 3.1 INCENTIVOS FISCALES, SECTORIALES O REGIONALES

3.1.1 Régimen Especial de Recuperación Anticipada del Impuesto General a las Ventas (IGV)

Este régimen consiste en la devolución del IGV trasladado o pagado en las operaciones de importación y/o adquisición local de bienes intermedios, bienes de capital, servicios y contratos de construcción que se utilicen directamente en la ejecución del compromiso de inversión de un proyecto, siempre que éste se encuentre en una etapa pre-productiva igual o mayor a dos años.

Se pueden acoger a este régimen, todas las personas naturales o jurídicas que cumplan con los siguientes requisitos:

Ø  Realizar un Proyecto en cualquier sector de la actividad económica que genere renta de tercera categoría.

Ø  El Proyecto debe tener un compromiso de inversión no menor a US$ 5 000 000.00 (Cinco Millones y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América), sin incluir IGV, como monto de inversión total incluyendo la sumatoria de todos los tramos, etapas o similares, si los hubiera.

Ø  El Proyecto debe contar con una etapa preproductiva igual o mayor a dos años, contados a partir de la fecha de inicio del cronograma de inversiones. En caso el Proyecto se sustente en contratos o convenios o autorizaciones sucritos u otorgadas por el Estado al amparo de normas sectoriales, la etapa preproductiva se inicia desde la fecha de suscripción del respectivo contrato, convenio u otorgamiento de la respectiva autorización.

Más información: https://www.investinperu.pe/modulos/JER/PlantillaStandard.aspx?ARE=0&PFL=0&JER=

3.1.2 Régimen de Reintegro Tributario

La Ley Nº 28754 de 2007 estableció el reintegro del impuesto trasladado o pagado en las operaciones de importación y/o adquisición local de bienes intermedios, bienes de capital, servicios y contratos de construcción durante la etapa pre-operativa de la obra pública, que debe ser de infraestructura y servicio público. Los bienes y servicios deben destinarse a operaciones no gravadas con dicho impuesto y se utilicen directamente en la ejecución de los proyectos de inversión en obras públicas de infraestructura y de servicios públicos. El régimen se aplicará a partir de la fecha de suscripción del Contrato de Inversión respectivo.

Más información: https://www.investinperu.pe/modulos/JER/PlantillaStandard.aspx?are=0&prf=0&jer=8459&sec=1

3.1.3 Incentivos Sector Agricultura

Siendo de interés prioritario la inversión y desarrollo del sector agrario peruano, se han establecido ciertos incentivos que son aplicables a las personas naturales o jurídicas que desarrollen cultivos y/o crianzas, con excepción de la industria forestal.

Asimismo, son beneficiarias las personas naturales o jurídicas que realicen actividad agroindustrial, siempre que utilicen principalmente productos agropecuarios, producidos directamente o adquiridos de personas que desarrollen cultivo y/o crianzas, en áreas donde se producen dichos productos fuera de la provincia de Lima y de la Provincia Constitucional del Callao. No están incluidas las actividades agroindustriales relacionadas con trigo, tabaco, semillas oleaginosas, aceites y cerveza.

Beneficios Tributarios

Ø  El impuesto a la renta se determinará aplicando la tasa del 15% sobre la renta neta (frente al 28% aplicado en otros sectores).

Ø  Las personas jurídicas podrán depreciar, a razón del 20% anual, el monto de las inversiones en obras de infraestructura hidráulica y obras de riego.

Ø  Durante la etapa pre productiva y durante un plazo máximo de 5 años, las personas naturales o jurídicas, podrán recuperar anticipadamente el Impuesto General a las Ventas, pagado por las adquisiciones de bienes de capital, insumos, servicios y contratos de construcción.

Los beneficios tributarios, que también han sido extendidos a los sectores forestal y acuícola desde el 2020, se aplicarán hasta el 31 de diciembre del año 2031.

Régimen Laboral y de la Seguridad Social

Los empresarios agrarios podrán contratar a su personal por un período indeterminado o finito. En este último caso, la duración de los contratos dependerá de la actividad agraria por desarrollar, pudiendo establecerse jornadas de trabajo acumulativas en razón de la naturaleza especial de las labores, siempre y cuando el número de horas trabajadas durante el plazo del contrato no sobrepase en promedio los límites máximos previstos por la Ley. En caso de excederse se deberán pagar las horas extraordinarias trabajadas.

Se ha establecido un régimen laboral y de seguridad social especial, que entre otras cuenta con las siguientes características: remuneración diaria no menor a 39,19 Soles siempre y cuando la jornada laboral sea de 4 horas diarias o más, descanso vacacional de 30 días naturales e indemnización equivalente a 45 remuneraciones diarias por cada año trabajado, con un máximo de 360 remuneraciones. El aporte mensual al Seguro de Salud para los trabajadores de la actividad agraria, a cargo del empleador, será del 6%[1] del salario mensual unitario (frente al 9% aplicable en otras actividades).

Más información:

https://docs.peru.justia.com/federales/leyes/27360-oct-30-2000.pdf

https://busquedas.elperuano.pe/download/url/modifica-la-ley-n-27360-para-promover-y-mejorar-las-condic-decreto-de-urgencia-n-043-2019-1841328-1

3.1.4 Ley de la Amazonía

Con la finalidad de promover el desarrollo sostenible e integral de la Amazonía, se han establecido unas condiciones tributarias especiales para favorecer la inversión privada:

Ø  Se aplicará una tasa del 5% al 10% en el Impuesto de la Renta, según la localización geográfica, a los contribuyentes ubicados en la Amazonía cuya actividad principal sea la agropecuaria, acuicultura, pesca, o el turismo. Es aplicable también a quienes se dediquen a las actividades manufactureras vinculadas al procesamiento, transformación y comercialización de productos provenientes de las actividades antes indicadas y a la transformación forestal, siempre que sean producidos en la zona; así como, a las actividades de extracción forestal.

Ø  Estarán exonerados del Impuesto de la Renta los contribuyentes de la Amazonía que desarrollen principalmente actividades agrarias y/o de transformación o procesamiento de los productos calificados como cultivo nativo y/o producto alternativo al cultivo de la coca.

Ø  En el caso de la palma aceitera, el café y el cacao, la exoneración antes referida sólo será de aplicación a la producción agrícola. Las empresas de transformación o de procesamiento de estos productos aplicarán por concepto del Impuesto de la Renta la tasa del 5% al 10% según su localización geográfica.

Ø  Las empresas dedicadas a la actividad de comercio en la Amazonía que reinviertan no menos del 30% de su renta neta en Proyectos de Inversión podrán aplicar a efectos del Impuesto a la Renta una tasa del 5% al 10% según su localización geográfica.

Con referencia al Impuesto General a las Ventas y al Impuesto Selectivo al Consumo, las empresas ubicadas en los departamentos de Loreto, Madre de Dios y Ucayali están exoneradas por las ventas que realicen en dichos departamentos.

Más información:

http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/50F7B9D7355E566A05257A1C00701E8E/$FILE/1.Ley_27037_Ley_de_Promoci%C3%B3n_de_la_Inversi%C3%B3n_en_la_Amazon%C3%ADa.pdf



 

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Representación y agencia

El contrato de representación o agencia es un tipo de contrato de intermediación comercial en el que una de las partes, el agente, queda encargada de promocionar, distribuir o comercializar los productos o servicios de la otra (normalmente el empresario). 

En Perú no existe un reglamento legal que de manera expresa norme las relaciones entre los agentes o representantes de firmas extranjeras y el empresario, por lo que son de aplicación las normas de mandato y comisión mercantil en cuanto estas resulten pertinentes. 

Características habituales de los contratos de agencia o representación en Perú: 

a) Promoción y mediación: 

Esta actividad tiene lugar cuando el agente consigue ofertas de negocios con terceros y se las comunica al empresario, para que éste decida sobre el negocio y él mismo lo celebre; o para que lo perfeccione el agente, cuando tenga el poder de representarlo. 

El contrato de agencia no tiene por qué enmarcar necesariamente la representación del agenciado, puesto que para la actividad de promoción no es indispensable que el agente realice actos jurídicos en nombre de éste. La representación es una posibilidad, y la falta de ella no afecta el contrato de agencia. 

Normalmente se distingue entre dos tipos de contrato de agencia: 

Promotor de negocios: se ocupará de promocionar activamente en el mercado los bienes y servicios cuya gestión se le haya encomendado, quedando obligado a transmitir al empresario los pedidos que obtenga, al efecto de que este tome la decisión de aceptar o rechazar cada uno de los negocios propuestos. 

Con poderes de contratación: además de encargarse de las tareas propias de un promotor de negocio, tendrá la facultad de celebrar por sí mismo los negocios como representante del empresario. 

Así tenemos que el agente podrá en nombre propio celebrar un contrato de publicidad para el producto cuya venta quiera estimularse, o meramente limitarse a visitar a los clientes para fomentar las ofertas. 

En Perú ambas fórmulas se dan, dependiendo de la naturaleza del producto o servicio a promocionar y de la vinculación entre las partes la adopción o no de un contrato de representación. 

b) Independencia del agenciado: 

Este es generalmente un requisito indispensable. 

El objetivo del agente es el de obtener para el empresario los beneficios de un negocio. En este supuesto, la independencia del agente implica que este, por su propia cuenta, deberá de realizar, bajo su propio riesgo, aquellas gestiones necesarias para la adopción de acuerdos en beneficio del empresario. 

c) Estabilidad o permanencia: 

Es recomendable buscar la permanencia y continuidad en el vínculo del agente con la empresa, así como la coordinación con otros agentes en el caso los hubiese. Esta recomendación viene dada por diversos factores. Por una parte, existe la necesidad de adaptarse a las necesidades del cliente y a los cambios de la competencia, lo que solo se consigue con una estabilidad y permanencia en las relaciones contractuales. 

Asimismo, ha de tenerse en cuenta que normalmente los agentes en Perú están especializados en un determinado tipo de producto o servicio, lo que le permite tener una mejor visión global del sector y valiosos contactos con potenciales socios o clientes. Es por esto que es recomendable buscar con ellos relaciones a medio y largo plazo, de manera que el producto o servicio a promocionar pueda ser lo suficientemente promocionados y dados a conocer en el mercado. 

d) Independencia: 

El agente en los contratos de agencia y representación realiza su trabajo en forma autónoma, es titular de su propia empresa y la prestación de su servicio no la realiza de manera subordinada, no suele estar ligado al empresario laboralmente; pudiendo operar para éste con exclusividad, como agente único o compartiendo la representación con otros agentes. 

e) Remuneración del agente: 

La remuneración puede ser fija (independiente de la concreción o no de negocios) y variable (directamente ligada al volumen de los negocios cerrados por intermediación del agente). 

Normalmente los agentes en Perú reciben, en una primera etapa, únicamente remuneraciones variables. Sin embargo, cuando el agente ya ha podido cerrar negocios de interés para el empresario, es habitual que este intente asegurarse una fuente de remuneración regular, creciente a medida que los resultados de su actividad vayan siendo mayores. 

f) Zonas de actuación: 

Es habitual que a cada agente se le asigne una zona geográfica en exclusividad. En el caso de Perú, al ser éste un país con una importante concentración de su actividad económica en su capital, lo normal es que la exclusiva sea para todo el país o, en algunos casos, para toda el área Andina. 

g) Exclusividad 

En Perú es muy habitual que los contratos de agencia incluyan la exclusividad a un único agente para la promoción de todos los productos de la empresa. 

Por lo contrario, en el país se asume como normal que un mismo agente pueda representar productos similares de otro fabricante. En este punto conviene asegurarse de que la exclusividad sea mutua; es decir, que el empresario dé la exclusividad de sus productos al agente y que el agente se comprometa a no promocionar o representar productos que pudiesen competir con los del empresario. 

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Formación de "joint-ventures". Socios locales

Los contratos asociativos crean y regulan la participación e integración en negocios o empresas determinadas, en interés común de los intervinientes. Estos contratos se encuentran regulados por la Ley General de Sociedades y como regla general no generan una persona jurídica, deben constar por escrito y no están sujetos a inscripción en el Registro.

Existen dos formas de contratos asociativos: el contrato de Asociación en Participación y el Consorcio o “Joint Venture”.

Contratos de asociación en participación: según el artículo 441 de la Ley General de Sociedades la gestión del negocio o empresas corresponderá únicamente al asociante, no existiendo relación jurídica entre los terceros y los asociados. La responsabilidad ante terceros recaerá, también, exclusivamente sobre el asociante. El contrato podrá determinar la forma de fiscalización o control que puede ejercer el asociado sobre dicho negocio o empresa.

El asociado, además, tiene derecho a la rendición de cuentas al término del negocio realizado o de cada ejercicio.

Contrato de consorcio o “Joint Venture”: según el artículo 445 de la misma ley el Contrato de Consorcio es aquel por el cual, dos o más personas se asocian para participar de forma activa en el desarrollo de un negocio o empresa exponiéndose todas ellas frente a los terceros.

En esta modalidad de contrato cada una de las partes mantiene su propia autonomía y corresponderá a cada miembro del consorcio realizar las actividades a las que se ha comprometido. Cuando el consorcio contrate con terceros la responsabilidad será solidaria entre los miembros el consorcio, sólo si así se pacta en el contrato o lo dispone la ley. 

Los recursos destinados a los contratos serán considerados como inversión extranjera directa cuando se otorgue al inversionista extranjero una forma de participación en la capacidad de producción, sin que ello suponga aporte de capital y que corresponda a operaciones comerciales de carácter contractual a través de las cuales el inversionista extranjero provee bienes o servicios a la empresa receptora a cambio de una participación en volumen de producción física, en el monto global de las ventas o en las utilidades netas de la referida empresa receptora.

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Tipos de sociedades

Existen diversos modelos societarios para establecer una empresa en Perú, aunque para todas ellas se requiere de un representante legal que cuente con la residencia peruana. Las formas más utilizadas por los inversionistas extranjeros en el país son las siguientes:

Sociedades Anónimas (S.A.)

Requieren un mínimo de dos accionistas. En caso de existir accionistas no domiciliados, estos deberán elegir un representante para firmar los estatutos. El capital para la inversión inicial, que puede ser en moneda nacional o extranjera, debe ser depositado en un banco local. No hay un importe mínimo exigido por ley, sin embargo, las instituciones financieras suelen exigir un capital inicial de 1.000 soles (aproximadamente 289 euros al cambio, a fecha de mayo 2015).

Características:

-  Responsabilidad limitada: la responsabilidad de los accionistas está limitada al valor de las acciones que poseen.

-  Continuidad: La disolución de la sociedad no resultará como consecuencia de la muerte, enfermedad, bancarrota, retiro y/o retirada de los accionistas.

-  Los socios pueden ser personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras.

Sociedades Anónimas Cerradas (S.A.C.)

Mantiene la responsabilidad limitada de sus socios, debe contar con un mínimo de dos y un máximo de 20 socios y sus acciones no pueden cotizar en bolsa.

Características:

-  Transferencia de acciones: los accionistas tienen el derecho de adquisición preferente en el caso que se transfieran las mismas a un tercero.

-  Los órganos de administración y dirección de la empresa son la Junta General de Accionistas (que puede ser celebrada sin la presencia física de los accionistas) y el Gerente General. El Directorio es opcional.

En la práctica es la forma societaria más frecuente, equivalente en alguna medida a la SL española.

Sociedades Anónimas Abiertas (S.A.A.)

Este tipo societario está dirigido a compañías con un gran número de accionistas (más de 750) o para aquellas a las que se haya hecho una oferta pública primaria de acciones o tengan obligaciones convertibles en acciones. Deben estar inscritas en el Registro de Sociedades que cotizan en bolsa.

Características:

-  Administración centralizada: Junta General de Accionistas, Directorio y Gerente General.

-  Supervisión: están sujetas a la supervisión de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).

-  Transferencia de acciones: libre, sin restricción o limitación alguna.

Sociedades Comerciales de Responsabilidad Limitada (S.C.R.L.)

Deben estar conformadas por un mínimo de 2 y un máximo de 20 socios. Este tipo societario no emite acciones. Los requisitos para su constitución son los mismos exigidos a las demás sociedades.

Características:

-  Responsabilidad limitada: los socios no son solidariamente responsables con la sociedad.

-  Administración centralizada: Junta General de Accionistas, Directorio y Gerente General.

-  Transferencia de participaciones: la transferencia de participaciones a terceros está sujeta a la autorización previa de los socios existentes (el derecho de adquisición preferente es mandatorio) y debe ser inscrita en el Registro Público de Sociedades.

-  Continuidad: No será motivo para la disolución de la sociedad la muerte, enfermedad, bancarrota, retiro y/o resignación de los accionistas.

Todas las formas societarias mencionadas anteriormente deberán tener sus cuentas debidamente inscritas en el Registro Mercantil.

Sucursales

La sucursal es un establecimiento secundario dotado de representación permanente y cierta autonomía de gestión a través del cual se desarrollan, total o parcialmente, las actividades de la sociedad matriz. A diferencia de una filial, la sucursal comparte personalidad jurídica con la empresa matriz, por lo que cuenta con la solvencia técnica y financiera de ésta. Este factor hace de la sucursal la opción más utilizada, a la hora de implantarse en mercados exteriores, por aquellas empresas que deseen licitar proyectos con el sector público y para ello necesiten incorporar a su unidad en el país la experiencia y solvencia de su casa matriz.

La sociedad matriz, para constituir una sucursal, deberá legalizar el acuerdo en el consulado peruano y certificarlo en el Ministerio de Relaciones Exteriores en el Perú, o en su defecto, deberá ser apostillado en el país de donde proceda, antes de ser elevado a escritura pública e inscribirse en Registros Públicos. Adicionalmente, se requiere un certificado de vigencia de la sociedad matriz.

De acuerdo con la Ley General de Sociedades (LGS), las sucursales de sociedades extranjeras se pueden transformar en una sociedad constituida en el Perú bajo cualquier tipo societario regulado por la Ley General de Sociedades.

Cuadro comparativo de las distintas modalidades empresariales

  Características Denominación Órganos Capital Social Duración
E.I.R.L. Persona jurídica constituida por una sola persona. Tendrá una denominación seguida de las palabras "Empresa Individual de Responsabilidad Limitada", o de las Siglas "E.I.R.L." - Titular
- Gerencia
En dinero o bienes muebles o inmuebles.  
S.C.R.L De dos a veinte socios. Tendrá una denominación seguida de las palabras "Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada", o de las siglas "S.R.L." - Junta General de Socios
- Gerencia
El capital es representado por participaciones y deberá estar pagada cada participación por lo menos en un 25%. Indeter
minada
S.A.C. De dos a veinte accionistas. El accionista que desee transferir sus acciones a otro accionista o a terceros debe Tendrá una denominación seguida de las palabras "Sociedad Anónima Cerrada, o de las siglas "S.A.C." - Junta General de Accionistas
- Directorio (opcional)
- Gerencia
Los aportes pueden ser en moneda nacional y/o extranjera, en contribuciones tecnológicas intangibles.
El capital es representado por acciones y deberá estar suscrito completamente y cada acción pagada por lo menos comunicarlo a la sociedad y solicitar la aprobación de la misma. en un 25%.
Determi
nada o
indeter
minada
S.A. Mínimo de dos socios. Tendrá una denominación seguida de las palabras "Sociedad Anónima", o de las Siglas "S.A." - Junta General de Accionistas
- Directorio
- Gerencia
Los aportes pueden ser en moneda nacional y/o extranjera, en contribuciones tecnológicas intangibles.
El capital es representado por acciones y deberá estar suscrito completamente y cada acción pagada por lo menos en un 25%.
Determi
nada o
indeter
minada

Fuente: ProInversión. Elaboración propia.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES

A continuación se presentan los pasos a seguir para todo aquel que quiera establecer una empresa en Perú:

1) Elección del tipo de sociedad

Las principales formas empresariales previstas son las citadas anteriormente. Las gestiones pueden ser realizadas de manera directa o a través de un representante. Éste deberá tener en su poder los siguientes documentos que acrediten su calidad como tal:

·      Poder otorgado por la persona jurídica en el exterior, designando a la persona en cuestión como su representante. Es importante señalar que Perú ha suscrito el Convenio de la Apostilla de la Haya por lo que el poder podrá apostillarse en un Colegio Notarial o ante un notario en quien deleguen. El poder deberá ser traducido al español en caso de haber sido otorgado en lengua extranjera.

·      En caso de que el representante sea un ciudadano extranjero, éste necesitará, para poder ejercer como tal, una visa de negocios y/o carnet de extranjería que acredite su residencia en el país.

2) Preparación de la Minuta de Constitución

La Minuta es el contrato social de la empresa. Deberá contener la información detallada de la empresa que se va a establecer (identificación de los socios fundadores, objeto social, estatutos, descripción de los cargos de los directivos). Deberá estar firmada por un abogado colegiado en Perú.

3) Apertura de una cuenta corriente a nombre de la empresa en un banco local

4) Inscripción de la sociedad en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP)

La Minuta se presenta ante un notario público quien la elevará a Escritura Pública y preparará los documentos para su inscripción ante la SUNARP.
 

5) Obtención del Registro del Contribuyente (RUC)

Se obtiene ante la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), órgano administrador de tributos en el Perú. Los requisitos son los siguientes:

·      Testimonio de Constitución Social, debidamente inscrito ante la SUNARP.

·      Recibo de agua o luz del domicilio fiscal.

·      Formulario de solicitud de inscripción del RUC de la SUNAT.

·      Documento de identidad del representante legal.

·      Título de propiedad o contrato de alquiler del lugar donde se realizará la actividad comercial

6) Apertura y legalización de los Libros de Sociedad y Libros Contables Los requisitos para este trámite son los siguientes:

·      Copia del formulario del RUC

·      Libro a legalizar

·      Pago por derecho a trámite

7) Autorización del Libro de Planillas ante el Ministerio de Trabajo y Promoción Social Requisitos:

·      Solicitud de autorización por Libro de Planillas o Libro de hojas sueltas debidamente numeradas

·      Copia del RUC

·      Nombre o Razón Social del empleador

·      Nombre del representante legal y su número de DNI

·      Dirección del centro de trabajo

·      Pago por derecho de trámite

8) Obtención de la Licencia Municipal de Funcionamiento en la municipalidad (distrito o barrio) que corresponda. (Ley Nº 27972)

9) Registro de Inversión Extranjera Directa

Aunque existe la obligatoriedad de registrar, no hay establecido un plazo específico.

Actividades que requieren autorizaciones especiales

En algunos casos, y después de la inscripción ante el RUC, se requiere el cumplimiento de algunos requisitos especiales. A continuación se enumeran algunas actividades -sin que dicha enumeración sea excluyente, total o limitativa- que están sujetas a los requisitos especiales antes indicados:

·      La producción de algunos bienes tales como: armas, municiones o explosivos; prendas de uso militar o policial; y, productos e insumos químicos que se encuentran fiscalizados por dispositivos especiales.

·      La comercialización de productos e insumos químicos que se encuentran fiscalizados por dispositivos especiales.

·      Actividades turísticas tales como casinos, ciertos restaurantes, agencias de viajes o establecimientos de hospedaje.

·      Servicios de transporte terrestre interprovincial e internacional

·      Ciertas actividades agroindustriales como la producción de plaguicidas o el procesamiento de fauna y flora silvestre.

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Propiedad industrial (marcas, patentes, diseños, licencias)

La normativa sobre propiedad industrial es en general homologable a la del resto del mundo, por mor de los Acuerdos internacionales de los que Perú es partícipe. Sin embargo, el grado de cumplimiento efectivo es limitado y la piratería en sus distintas vertientes es habitual en el país.

El organismo competente en materia de propiedad industrial es INDECOPI, que maneja el registro de la propiedad intelectual y dirime en primera y segunda instancia administrativa los conflictos que en torno a ella puedan surgir.

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Barreras de entrada para inversores españoles

En Perú se aplica el principio de trato nacional a la inversión extranjera por lo que, en principio, no debería haber barreras a la inversión. Sin embargo, cabe destacar una serie de obstáculos que vienen enfrentando las empresas españolas instaladas en el país:

 

Cambios de Gobierno, y por tanto de Ministros, muy frecuentes, lo que dificulta enormemente hacer seguimiento de las operaciones, y de los contenciosos.

 

Reticencia de los funcionarios a firmar documentos que puedan comprometerles mínimamente (siendo que normalmente el funcionario que firma es el que responde jurídicamente en caso de problemas, y no lo hace el organismo al que representa) , lo que estanca las negociaciones e impide desatascar los conflictos.

 

España todavía no ha logrado firmar el Convenio de Doble Imposición con Perú. La falta de este instrumento perjudica tanto a las empresas españolas como a las peruanas y actúa como factor restrictivo de la inversión española en el país. Las empresas españolas eligen cada vez en mayor medida establecerse en otros países de Iberoamérica y operar desde allí en el Perú, lo que supone una significativa pérdida de ingresos tributarios para el Estado peruano a medio y largo plazo.

 

 

 

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