Marco jurídico

Resumen del marco jurídico para los negocios

Las principales formas de representación usadas por las empresas extranjeras en Filipinas, además de la contratación de agentes locales, son las sociedades anónimas y sucursales. Las joint ventures suelen ser más utilizadas para la financiación de proyectos.

La normativa establecida favorece el establecimiento de una filial sobre una sucursal debido a ciertas restricciones para las sucursales en algunos sectores.

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Contratación Pública. Criterios de adjudicación de contratos

Todos los contratos a realizar con el Gobierno filipino (ministerios, agencias, oficinas, universidades públicas, empresas controladas por el Estado, instituciones financieras del Gobierno y gobiernos locales), deben seguir las directrices marcadas por la RA 9184 de 2003, así como las Reglas y Regulaciones de Implementación (IRR de la RA 9184, de julio de 2009). Se rige por los principios de transparencia, competitividad, uniformidad, y rendición de cuentas. 

Esta normativa no se aplica en los siguientes casos:

  • Entregas de bienes, proyectos de infraestructura y servicios de consultoría financiados con ayuda oficial al desarrollo (RA 8182 “An Act Excluding Official Development Assistance from the Foreign Debt Limit”).
  • Adquisición de terrenos bajo la RA 8974 (“An Act to Facilitate the Acquisition of Right-Of-Way Site for National Infrastructure Projects”).
  • Proyectos de infraestructuras en Asociaciones Público Privadas bajo la RA 7718 (BOT Law), en la parte financiada por el sector privado.
  • Tratados internacionales que explícitamente determinen que la regulación aplicable para una operación internacional de compra pública es la del financiador.

El sistema de contratación pública se implementa a través de tres entidades interdependientes:

  • Servicio de Contratación Pública (Procurement Service, PS) del Ministerio de Presupuesto y Gestión (Department of Budget and Management, DBM): encargado de los suministros comunes y las compras con fondos propios de todas las unidades del Gobierno.
  • Consejo de Política de Contratación Pública (Government Procurement Policy Board): Formula las políticas de compras públicas y elabora manuales y documentos de licitación unificados.
  • Comité de Licitación y Contratación (Bids and Awards Committee, BAC): Comité ad hoc para cada concurso formado por la entidad que convoca la licitación. Diseña todo el proceso y designa al ganador del contrato.

Establecido por la propia RA 9184, el PhilGEPS (Philippine Government Electronic Procurement System) es un portal electrónico que unifica la información de todas las compras públicas, y está gestionado por el PS. Aquí se puede encontrar información relevante, como invitaciones a licitar, plazos límite, etc.

Por norma general, todas las compras deben hacerse por subasta competitiva, aunque en ciertas situaciones, se permiten los siguientes procedimientos: licitación restringida, contratación directa, repetición de orden, compra, y adquisición negociada. A este respecto, hay que destacar que no se permite la división de un contrato en varios (lo que podría rebajar los requisitos de la licitación).

Criterios de elegibilidad para entregas de bienes:

  • Empresas/ciudadanos filipinos.
  • Empresas o cooperativas con al menos un 60% de su capital en manos de filipinos.
  • Joint ventures en la que la parte filipina representa al menos el 60%.
  • Empresas extranjeras, si así lo establece un Tratado Internacional, si el bien no está disponible por fabricantes locales o si existe la necesidad de prevenir situaciones de competición injusta o que restrinjan el comercio en Filipinas.

Para proyectos de infraestructuras:

  • El porcentaje de control filipino se eleva al 75%.
  • En el caso de la JV, se permite un menor porcentaje si se trata de tecnologías no disponibles en el país, si bien la parte filipina debe tener al menos un 25%.

Hay que destacar que la Ley de Proyectos Construir-Operar-Transferir (Build-Operate-Transfer Law, RA 6957 de julio de 1990, modificada por la RA 7718), exige que los consorcios que se presenten tengan al menos un 60% del capital filipino, por lo que las empresas extranjeras pueden tener únicamente un 40% del capital del consorcio. No obstante, la constructora o ingeniería española puede realizar únicamente un parte del proyecto (por ejemplo, contrato de construcción o ingeniería de detalle). En ese caso, se trataría de una subcontratación, y la empresa subcontratada puede ser una filial o sucursal con el 100% de capital extranjero.

Las entidades públicas pueden presentarse a licitaciones de bienes o infraestructuras si son financieramente autónomas, operan bajo normas comerciales, y no dependen de agencias del Gobierno.

En licitaciones para consultoría:

  • Debe presentarse la documentación que acredita a la empresa en su país de origen, si esta es extranjera.
  • Se exige que todos los documentos enviados a una licitación estén en inglés y certificados por la Embajada o Consulado correspondiente en Filipinas.
  • El control filipino no debe ser inferior al 60%.
  • Si el campo de consultoría está regulado, el servicio debe ser desempeñado de forma efectiva solo por ciudadanos filipinos, salvo si no existe localmente la experiencia requerida. En este caso, pueden intervenir consultores extranjeros, pero deben estar registrados ante la Securities and Exchange Commission, SEC, así como tener la aprobación del ente público que regula esa profesión en Filipinas.

La RA 9184 establece que la entidad licitante debe conceder preferencia a los bienes manufacturados en Filipinas. Si no hay diferencias significativas, se impone la preferencia por productos locales incluso en ofertas que son superiores en un 15% a la mínima realizada por un licitante extranjero. Debe ser el productor local quien pida la aplicación de esta regla, y para ello debe contar con la certificación del DTI o la SEC de que cumple con la normativa IRR de la RA 9184.

Esta normativa es incompatible con el Acuerdo de Compras Públicas (ACP) de la OMC, puesto que, además de obligar a los países signatarios a contar con prácticas transparentes, prohíbe discriminación atendiendo al origen del producto o servicio. Filipinas no es signatario del ACP.

En septiembre del 2010, por medio de la Executive Order 136, el Gobierno crea el PPP Center. El objetivo de esta institución es impulsar los proyectos de infraestructuras mediante procesos de Partenariados Público Privados (PPP). La entidad colabora con diferentes organismos públicos, y presta asesoría en todas las fases del proyecto, desde la preparación de pliegos hasta la supervisión de la propia ejecución.

El desarrollo de proyectos PPP representan una oportunidad de negocio debido a que estos procesos están abiertos a ingenierías extranjeras. Sin embargo, la falta de experiencia gubernamental ha generado continuas modificaciones de pliegos y retrasos en los procesos de licitación. A esto, hay que añadir la inseguridad jurídica y la complejidad de los procesos PPP.

Los proyectos licitados engloban diferentes sectores de las infraestructuras filipinas: autopistas, aeropuertos, líneas férreas, puertos, centros educativos, etc. Dentro de los proyectos ya adjudicados, cabe destacar (por valor de licitación): la ampliación de la Línea de Metro LRT 1, la Autopista Cavite-Laguna (CALAX), y la ampliación del Aeropuerto Mactán-Cebú. Por otro lado, los principales proyectos en proceso de licitación son la línea sur del Ferrocarril Norte-Sur y la línea 6 de metro ligero.

Como se ha mencionado las empresas extranjeras, por ley, deben formar consorcio con socios locales. Los potenciales asociados son, en su mayoría, constructoras que pertenecen a grandes conglomerados industriales con elevada liquidez y diversificación en todos los sectores de la ingeniería. A pesar de estar presentes en la práctica totalidad de proyectos de infraestructuras, no cuentan con la suficiente experiencia ni nivel técnico en la construcción y gestión de infraestructuras. Las principales empresas locales son Ayala, MPIC, San Miguel Corp., Aboitiz y Megawide.

Resulta recomendable para las empresas extranjeras tener una oficina en Filipinas. Por un lado, responde a una exigencia de la cultura empresarial filipina. Por otro lado, el contacto con instituciones públicas permite informarse antes y mejor. De hecho, anticiparse a la publicación de las licitaciones resulta fundamental puesto que la búsqueda y formación de consorcios se realiza durante las fases previas. Por último, cabe mencionar que tras la precalificación, no existe posibilidad de que una empresa pueda incorporarse a un consorcio y solo se puede optar a una colaboración por subcontratación.

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Régimen de inversiones

La Ley de la República Nº.7042, también conocida como la Ley de Inversiones Extranjeras de 1991, constituye la disposición básica que regula las inversiones extranjeras en Filipinas. A esta ley la complementa la Orden Ejecutiva Nº98 de 2012 (OE) que establece una lista, llamada Lista negativa, compuesta, a su vez, de dos listas que exponen las restricciones a la cuantía de inversión extranjera según cada sector. La OE vigente la firmó el presidente Aquino en octubre de 2012, reemplazando la EO Nº858.

El propósito esencial de la Lista Negativa para Inversiones Extranjeras (Foreign Investments Negative List o FINL) es ceñir la propiedad extranjera a un 40% como máximo para cualquier actividad que figure en dicha Lista. Además, expone mayores límites para determinados casos. La FINL se revisa cada dos años.

Las primeras restricciones en materia de IED las fija la Constitución filipina de 1987. En ella, se hace referencia a ciertos sectores donde la participación extranjera está prohibida o limitada. Cabe destacar la prohibición de adquirir tierras privadas a extranjeros.

Más tarde,  en 1991, se crea la RA 7042 que profundiza en este aspecto creando un marco legal general para la Inversión extranjera. Dicha ley expone que la inversión extranjera directa en Filipinas es libre. Sin embargo, en la práctica, las restricciones que expone son muy amplias y eso imposibilita la libre IED a la mayoría de empresas extranjeras. Con un reparto de la propiedad de un 60-40% en favor de las empresas locales, las empresas filipinas logran mantener el control sobre las firmas extranjeras.

En resumen, por un lado, la lista negativa reúne las restricciones por sector quedando muy pocos sectores libres para la IED. Por otro, aunque no haya restricciones sectoriales para algunas actividades, las empresas se encuentran con exigencias de capital muy altas o un ámbito de actuación limitado.

La participación extranjera está prohibida en:

  • Medios de comunicación masiva( en el caso de  los canales de radio privados se permite hasta un 20%). Const. Art.XV, Sec.11.
  • Profesiones libres dentro de los siguientes campos: Ingeniería, arquitectura, medicina, contabilidad, criminología, química, silvicultura, geología, planificación medioambiental, diseño de interiores, paisajismo, abogacía, biblioteconomía, marina, trabajo social, magisterio, agricultura, pesca, terapia… Const. Art.XII, Sec.14. Salvo si hay acuerdos de reciprocidad. Ver cuadro: http://www.investphilippines.info/arangkada/climate/foreign-equity-and-professionals/
  • Cooperativas
  • Agencias de Seguridad Privada
  • Minería a pequeña escala
  • Explotación de recursos marinos
  • Posesión y gestión de locales para peleas de gallos- “cockpits
  • Fabricación, reparación, distribución o almacenamiento de armas nucleares
  • Fabricación, reparación, distribución o almacenamiento de armas biológicas, químicas o radiactivas; y de minas anti-personas
  • Fabricación de fuegos artificiales y pirotécnicos

Por otro lado, está limitada a un 20%para la red privada de comunicaciones por radio.

Además, existe una limitación a un 25% en:

  • Empresas de contratación de mano de obra tanto para empleo a nivel local o internacional
  • Contratos de construcción o reparación de obras públicas
  • Contratos de construcción de estructuras relacionadas con la defensa nacional
  • La inversión extranjera estará limitada a un  30% en las empresas de publicidad.

Igualmente se verá limitada a un 40% en los siguientes casos:

  • Exploración, desarrollo y utilización de recursos naturales.  Const. Art.XII, Sec.2.
  • Posesión de tierras privadas.  Const. Art.XII, Sec.2.
  • Utilización y gestión de servicios públicos.  Const. Art.XII, Sec.11.
  • Posesión  o administración de instituciones educativas.  Const. Art.XIV, Sec.4.
  • Producción y procesamiento de arroz y maízSuministro de materiales a empresas controladas por el Gobierno
  • Promoción de proyectos BOT (Build-Operate-Transfer) y operación de los mismos cuando requieran una concesión pública
  • Operaciones de barcos de pesca de gran profundidad
  • Compañías de seguros
  • Propiedad de apartamentos donde las áreas comunes se encuentran en copropiedad de otros
  • Asesoría financiera especializada en renegociación de deuda

La Lista B además exige esa misma restricción a:

  • Fabricación, reparación, almacenamiento y distribución de productos que requieran la autorización de la Policía Nacional Filipina
  • Fabricación, reparación, almacenamiento y distribución de productos que requieran la autorización del el Departamento Nacional de Defensa
  • Fabricación y distribución de medicamentos peligrosos
  • Clínicas de masaje, saunas o zonas de baño reguladas por ley debido a riesgos para la salud y la moral públicas
  • Toda forma de apuestas
  • PYMES de ámbito local con un capital social inferior a 200.000 $(salvo si cuentan con más de 50 empleados filipinos o tecnología avanzada y un capital social superior a 100.000)

Por último, la participación extranjera limitada hasta un 60% para:

  • Compañías financieras reguladas por la SEC (Securities and Exchange Commission)
  • Empresas de inversión reguladas por la SEC

En cambio se especifican los siguientes casos donde la participación extranjera es libre:

  • Empresas que se dedican al 100% a la exportación
  • Empresas con más de 50 empleados filipinos y un capital social superior a 100.000
  • Empresas con tecnología avanzada y un capital social superior a 100.000
  • Empresas de ámbito local con un capital social superior a 200.000
  • Comercio minorista con un capital  superior a 2.5 mill. de dólares
  • Empresas de venta de bienes de lujo con un capital superior a 250.000

El gobierno anunció en 2013 que revisaría la OE que regula las restricciones sobre la propiedad extranjera, que finalmente no se produjo. Tan sólo se han relajado en 2014 las restricciones para la participación extranjera en bancos comerciales (desde la RA 10641), que ahora pueden ser 100% de capital extranjero.

En cuanto al registro de las inversiones extranjeras, deberán registrarse en el Banco Central de Filipinas los activos susceptibles de registro como inversión en especie: maquinaria y equipos, materias primas, suministros, piezas de repuesto y otros artículos, incluyendo los activos intangibles necesarios para el funcionamiento de la empresa participada. Su valor deberá ser evaluado por el Banco Central antes de realizar el registro. También ha de registrarse la inversión en instrumentos del mercado monetario.

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Propiedad inmobiliaria

Únicamente los ciudadanos filipinos y las empresas en el que al menos el 60% del capital esté en manos de filipinos pueden ser propietarios del suelo privado.

Los extranjeros pueden ser propietarios de un edificio construido sobre un terreno alquilado y comprar un apartamento de un condominio, siempre que la propiedad extranjera total del condominio no supere el 40%.

Según el Investors’ Lease Act de 1993, los inversores extranjeros pueden alquilar terrenos para determinados proyectos industriales o agrícolas por un periodo de 50 años, renovables por otros 25.

Los extranjeros pueden heredar bienes inmuebles de sus cónyuges fallecidos filipinos o sus padres. Los niños nacidos de padre o madre filipinos, sean dentro o fuera del matrimonio, pueden heredar los bienes del padre filipino, incluso si el niño no es ciudadano filipino.

Por último, los filipinos que perdieron su ciudadanía filipina seguirán siendo los propietarios de los bienes que hayan adquirido antes de cambiar de nacionalidad.

 

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Incentivos a la inversión (fiscales, sectoriales, regionales y locales)

El Código Ómnibus de Inversiones de 1987 fomenta la realización de inversiones en sectores económicos preferentes a través de incentivos fiscales y no fiscales.

Los más importantes son:

Beneficios fiscales

  • Exención del impuesto de sociedades durante 6 años para empresas pioneras y generalmente durante 4 años para las no pioneras. No obstante si una no pionera está localizada en un área menos desarrollada tendrá la exención generalmente por 6 años.
  • Crédito fiscal en materias primas, aprovisionamientos y productos semi-manufacturados.
  • Deducción adicional en el impuesto de sociedades por gastos laborales (no compatible con el primer incentivo)
  • Deducción adicional del impuesto de sociedades para trabajos de infraestructura prioritarios (no compatible con el primer incentivo)

Beneficios no fiscales

  • Procedimientos simplificados de despacho de aduanas para la importación de materias primas, recambios y bienes de equipo, así como para la exportación de productos terminados fabricados por la empresa que importe dichas materias.
  • El empleo de extranjeros en puestos de supervisión, técnicos o de asesoramiento durante un periodo máximo de 5 años desde el registro de la empresa.
  • Importación de equipos depositados en zona franca hasta un periodo de 10 años desde la fecha de registro, sujeta al depósito de una garantía de re-exportación.
  • Repatriación garantizada de inversiones extranjeras y beneficios.

Cada año, el Board of Investments (Oficina de Inversiones) o BOI, organismo encargado de evaluar y aprobar los incentivos a inversiones de acuerdo con al Decreto nº 226, elabora un Plan de Inversiones Prioritarias (IPP), que identifica los sectores que pueden recibir incentivos cada año. Dichos incentivos son de tipo fiscal y no fiscal.

Así, la ley ofrece incentivos a aquellas inversiones que promuevan proyectos en sectores prioritarios para el desarrollo del país y que se definen en el Plan de Prioridades de Inversión (IPP) aprobado en julio de cada año. El último plan, de 2013, define como prioritarios los siguientes 13 sectores: agricultura, pesca y “agribusiness”; industrias creativas o basadas en el conocimiento (incluidas las de externalización de procesos o BOP); industria naviera; desarrollo de viviendas de bajo coste;industria metalurgica; energía; infraestructuras (agua, logística, tratamiento de residuos, transportes y comunicaciones así como proyectos PPP); investigación y desarrollo (laboratorios o centros de formación); "green projects" (manufacturas que empleen tecnologías limpias en su producción); industria del automóvil (fabricación y/o montaje); proyectos estratégicos (con alta rentabilidad social); servicios médicos y hospitales (la creación y el funcionamiento de hospitales primarios y secundarios); proyectos para la prevención de catástrofes naturales o para la recuperación de zonas dañadas.

Además, respecto a los promotores de pequeños proyectos de energía hidroeléctrica, los incentivos son los siguientes (Mini-hydroelectric Power Incentives Act):

  • Porcentaje reducido de impuesto sobre la propiedad de 2.5% sobre el coste del equipamiento y maquinaria.
  • Exención de IVA en la venta de energía eléctrica.
  • Vacaciones fiscales durante 7 años.

Para la industria naviera, la Philippine Overseas Shipping Development Act (1992) y la Domestic Shipping Development Act (2004), establecen para las empresas navieras filipinas que operen en el extranjero, incentivos consistentes en la exención de aranceles a la importación e impuestos en la adquisición de barcos y recambios de los mismos.

En el sector turístico, podrán ser registrados en el BOI para recibir incentivos los proyectos que hayan sido aprobados o promocionados por el Departamento de Turismo que impliquen urbanizaciones e instalaciones en alojamientos para turistas, proyectos de patrimonio cultural e histórico. Se han establecido incentivos tales como la exención de impuestos sobre el beneficio de hasta seis años de duración dependiendo de los casos, exención de impuestos sobre la importación de bienes capitales, accesorios y partes destinadas a la inversión en turismo, tramitación especial de visados entrada múltiple para los trabajadores extranjeros así como simplificación en los trámites aduaneros.

Por otro lado, el Congreso filipino adoptó en diciembre de 1994 la Ley del Desarrollo de la Exportación (Export Development Act). La ley especifica varios incentivos fiscales para la inversión en el desarrollo de las exportaciones de determinados sectores (acumulativos con respecto a los que puedan otorgarse a través del Board Of Invesments y PEZA).

Por otra parte, también hay incentivos para el establecimiento de las oficinas principales en Filipinas:

Para la ubicación de Oficinas Regionales Principales (Oficinas de representación)en Filipinas:

  • Exención en el pago del impuesto de sociedades. Se debe entregar un informe anual al Bureau of Internal Revenue (BIR) para hacer efectiva la exención.
  • Exención en el pago del IVA: La exención incluye la venta o alquiler de bienes y propiedades incluyendo la realización de servicios para la oficina principal.
  • Exención del impuesto sobre remesas de beneficios
  • Para la ubicación de las Oficinas Regionales Operativas (Oficinas que requieren un capital mínimo de 200.000 euros)en Filipinas:
  • Los ingresos obtenidos por llevar a cabo determinas actividades estarán sujetos a un tipo preferencial de un 10% sobre el ingreso.
  • Todo beneficio enviado de la filial a la matriz estará sujeto al pago de un menor impuesto denominado “Branch Profit Remittance Tax”.

Para ambas Oficinas Regionales:

  • Exención en el pago de toda clase de comisiones y tasas locales excepto las tasas sobre la propiedad y sobre mejoras realizadas en el terreno y equipos.
  • La importación de materiales y equipos de formación se considerará libre de tasas e impuestos siempre que esté aprobada por el BOI.
  • Por último, el Republic Act No. 8756 ofrece los siguientes incentivos a las personas expatriadas y registradas en ambas oficinas:
  • Visado de entrada múltiple durante 3 años.
  • Retención de IRPF del 15% sobre los ingresos a compensar (si se ostenta un cargo de dirección o técnico).
  • Exención de la tasa de salida del país.
  • Exención de tasas e impuestos para la importación de los efectos personales durante los 90 días anteriores o posteriores a la entrada en el país.

Las Zonas Económicas Especiales

La Ley de Zonas Económicas Especiales (ZEE), R.A. No.7916, aprobada el 24 de febrero de 1995, establece el marco legislativo referente al establecimiento, reglamentación e incentivos para las denominadas zonas económicas especiales del sector privado y las zonas de procesamiento para la exportación del gobierno.

Según dicha ley, una zona económica especial contiene todas o cualquiera de los siguientes actividades: zonas industriales, zonas de procesamiento para la exportación, zonas francas de libre comercio, centros de recreo y turismo; y desde la reforma aplicada por la ley R.A. No.8748, también se incluyen parques industriales dedicados a centros de telecomunicaciones. Dicha ley estableció a la Philippine Economic Zone Authority o PEZA, un organismo estatal adjunto al Departamento de comercio e Industria encargado de promover y administrar todas las zonas económicas especiales registradas en PEZA, así como de facilitar y proporcionar las comodidades necesarias para un correcto desarrollo de dichas actividades.

A continuación se detallan las actividades elegibles dentro de las ZEE controladas por PEZA según el sector.

Agroindustrial:

  • Exportación de productos agroindustriales: procesamiento y fabricación de productos agrícolas cuyo objetivo es la exportación. (Por procesamiento se entiende la conversión  de productos agrícolas en productos intermedios o finales por medio de un proceso mecánico y / o químico.)
  • Producción de biocombustible: especialización en cultivos agrícolas que dan lugar a la producción de energías limpias, tales como bio-combustibles y similares.

 Empresas exportadoras:

Fabricación, ensamblaje y procesamiento de productos industriales de los cuales al menos el 70% son destinados a la exportación.

 Empresas de instalaciones(Facilities Enterprises)

  • Instalaciones para empresas manufactureras: Construcción como propietario u operador de edificios para fábricas dentro de una ZEE para arrendar a empresas  registradas.
  • Instalaciones para empresas de Tecnologías de la información (IT): Construcción como propietario u operador de edificios y otras instalaciones dentro de parques de IT(PEZA) para arrendar a empresas registradas en PEZA.  
  • Instalaciones para actividades de Jubilación: Establecimiento, funcionamiento y gestión de instalaciones de jubilación dentro de una ZEE, cuyos principales clientes son extranjeros.

Empresas de free trade:

Empresas importadoras de artículos duty-free.

Empresas de Tecnologías de la información- Exportadores de servicios:

Al menos el 70% de los beneficios provienen de clientes extranjeros: BPO, call centers, desarrollo de software, internet.

Empresas de servicios logísticos:

Funcionamiento de un almacén para el almacenamiento, depósito o custodia de bienes para empresas registradas en  zonas económicas especiales, y para la importación o adquisición local de materias primas, productos semielaborados para la reventa, el montaje o envasado en lotes comercializables para su posterior exportación.

 Empresas de turismo de la salud:

Servicios médicos cuyos principales clientes son extranjeros.

Empresas de turismo:

Establecimiento y funcionamiento de centros de recreo, deportes y otras actividades dentro de las ZEE cuyos principales clientes son los turistas extranjeros.

Empresas de servicios públicos (utilitites):

Establecimiento, funcionamiento y mantenimiento de los sistemas de luz y energía, así como el suministro y distribución de agua dentro de las ZEE.

Desarrollo y gestión de las zonas económicas especiales:

  • Manufacturing Economic Zone Development / Operation
  • IT Park Development / Operation
  • Tourism Economic Zone Development / Operation
  • Medical Tourism Economic Zone Development / Operation
  • Agro-Industrial Economic Zone Development / Operation
  • -Retirement Economic Zone Development /Operation

Las instrucciones para proclamar una zona “Zonas económica especial” se encuentran en la página web de PEZA, en el siguiente link:http://www.peza.gov.ph/index.php?option=com_content&view=article&id=111&Itemid=153

Entre los incentivos ofrecidos destacamos los más importantes:

  • Libre importación de equipamiento, materias primas, material genético, alimento de ganado
  • Exención de pagar impuestos durante seis años para las compañías pioneras y luego un pago de tan sólo un 5%
  • Estatus de residente a los inversores extranjeros y su familia cercana
  • Permisos de empleo para nacionales
  • Créditos para el pago de impuestos
  • Uso sin restricción de material consignado, entre otras.

Es importante señalar que en las zonas PEZA solo se pueden contratar a un máximo de un 5% de empleados extranjeros. Sin embargo, en el caso de las zonas de turismo de la salud (hospitales etc…) no está permitido.

Por otro lado, en el año 1992 de acuerdo con la R.A. No.7227 se crearon dos ZEE ubicadas en las antiguas bases norteamericanas de Clark y Subic. Estas zonas disfrutan de sus propios organismos administrativos, la Clark Development Corporation y la Subic Bay Metropolitan Authority respectivamente. Están consideradas como zonas fuera del territorio aduanero de Filipinas. No obstante, las mercancías que van destinadas a las tiendas tipo duty-free dentro de estas dos zonas especiales pueden estar sujetas al procedimiento de inspección de pre-embarque del gobierno filipino, al contrario que las zonas de procesamiento para la exportación, que están exentas.

Asimismo, existen otras tres ZEE independientes del PEZA y establecidas por leyes específicas. Éstas son la Zona Económica de la ciudad de Zamboanga, establecida por la R.A. No.7903, la Zona Económica y Libre de Impuestos de Cagayán, establecida por la R.A. No.7922 y la Zona Económica Especial y Puerto Franco de Aurora, establecida por el R.A. No. 9490 y modificada por la RA 10083 de 2010. Los incentivos y beneficios ofrecidos por estas zonas son parecidos a los ofrecidos por el PEZA, aunque disfrutan de una mayor autonomía, similar a las ZEE de Subic y Clark.

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Representación y agencia

La figura del agente o representante en Filipinas resulta de gran utilidad, principalmente en el trato con el sector público, aunque también para relaciones comerciales con empresas locales subcontratadas. Se recomienda registrar al agente en la Oficina Comercial para tener un mayor control sobre sus actividades y evitar solapamiento de funciones. Los agentes sirven de gran ayuda ante posibles problemas o eventualidades con los proyectos que se han aprobado mediante licitación, especialmente si la empresa española no cuenta con presencia en el país y el proyecto es de larga duración.

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Formación de "joint-ventures". Socios locales

La joint venture (JV), resulta del acuerdo entre una empresa extranjera y otra filipina. No existe una regulación específica en Filipinas, y no están reconocidas en el Código Civil, por lo que su uso se debe más a la necesidad de superar los obstáculos del mercado que a la claridad de su marco legal.

La SEC no exige el registro de la JV si esta no se constituye como una nueva entidad jurídica. Solo es obligatorio que la actividad de la misma conste en los estatutos de las empresas que la forman.

Si la JV se formaliza en la constitución de una nueva empresa, la JV sí debe registrarse en la SEC, que puede establecer condiciones especiales.

Son especialmente utilizadas en los sectores en los que está limitada la inversión extranjera, establecidos en la Lista Negativa del Board of Investments. Por otra parte, la SEC permite la propiedad extranjera de más del 40% de una JV si su área de actividad no está recogida en esta lista.

Las JVs en proyectos de construcción o energía tienen un marco especial, pues operan bajo un contrato de servicios con el Gobierno filipino. De esta manera, la sociedad será tratada como vehículo para los propósitos del Gobierno, y se le aplicarán tarifas impositivas diferentes.

Si un inversor extranjero está limitado al 40% de la propiedad, en principio no tendría el control de las operaciones. No obstante, existen formas de que un grupo minoritario tenga el control, como la difusión de la propiedad mayoritaria, acuerdos de licencia, u otros.

La mayoría de los socios locales de una JV deben ser locales, y tanto el secretario como el tesorero han de ser ciudadanos filipinos residentes. En caso de bancos y líneas aéreas, se establece que dos tercios de los miembros del Consejo sean filipinos. Para una compañía dedicada a una actividad total o parcialmente nacionalizada, el número máximo de directores extranjeros no puede exceder a la proporción de capital extranjero de la empresa.

Para los socios locales, en relación a los impuestos hay que diferenciar entre socios locales ordinarios y sociedades profesionales.

- Los socios locales ordinarios están sujetos a los mismos impuestos que las sociedades anónimas, pero también deben tributar por sus acciones (10% para los socios locales y 25% para los extranjeros)

- Las sociedades profesionales, solo tributan por ingresos cuando llegan a las manos de los socios. No están sujetas al impuesto de sociedades. En caso de que la sociedad incurra en pérdidas, los socios están obligados a pagar la deuda en un plazo máximo de 3 años.

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Tipos de sociedades

El marco jurídico principal lo fija el Código de Sociedades (Corporation Code) de 1980.

No existe la figura de la Sociedad Limitada en Filipinas. Los tipos de sociedad admitidos son seis. Los tres primeros se refieren a entidades organizadas bajo las leyes filipinas, y las tres últimas, bajo la regulación del país de proveniencia de la empresa representada o matriz, según el caso.

Corporación

Hay dos tipos, las Non-stock Corporations, y las Stock Corporations (sociedades por acciones).

Las Non-stock Corporations no tienen un capital dividido en acciones en función del cual remunerar a sus socios. Los socios en estas entidades se denominan miembros. No suelen tener fines lucrativos y suelen utilizarse para objetivos sociales como educación o actividades culturales, o bien para asociaciones empresariales.

Las Stock Corporations son la persona jurídica más común en Filipinas. Debe ser creada por entre 5 y 15 socios, y residir la mayoría de ellos en el país. La Ley establece que al menos el 25% del capital debe suscribirse en el momento de la creación de la empresa, del cual debe ser desembolsado al menos el 25%. El capital desembolsado no puede ser menor de 5.000 PHP, por lo que implícitamente se establece un capital mínimo de 80.000 PHP. La inscripción debe realizarse ante la SEC.

Si la propiedad del capital es extranjero en más del 40%, se considera que es una empresa local pero de control extranjero. Esto supone la imposibilidad de adquirir terrenos y otras restricciones. Pueden constituirse una SC de propiedad 100% extranjera si cuenta con un capital a partir de 200.000 USD, y si el sector de actividad no se encuentra en la Lista Negativa para la Inversión Extranjera que publica el Board of Investments. En cualquier caso, los miembros de la dirección deben ser de nacionalidad filipina, aunque si se nombra como director a un abogado o a algún empleado, el 40% de la dirección puede ser extranjera.

La responsabilidad de los socios está limitada a su aportación. Esta y otras características la convierten en la entidad más parecida a la Sociedad Limitada europea.

La denominación de las stock corporations, al igual que de las non-stock corporations, debe contener el sufijo “INC”. o “CO”.

Sociedad unipersonal (Sole Propietorship)

Creada por un solo individuo para dirigir un negocio personal, habitualmente del sector minorista. Para un no residente, el capital mínimo exigido es de 200.000 USD. Con esta fórmula, el propietario responde personalmente de forma ilimitada de las obligaciones de la empresa. Debe registrarse en la SEC.

Sociedad colectiva (Partnership)

Su propósito suele ser también para negocios de pequeña escala. En la modalidad de General Partnership, los socios tienen responsabilidad ilimitada, pero en la modalidad de limited partnership, uno o varios socios disfrutan de responsabilidad limitada a su contribución. El capital mínimo es también de 200.000 USD si uno solo de los socios es extranjero, salvo si la empresa se registra como “export market enterprise”, (cuando se prevé exportar más del 60% de sus bienes o servicios), en cuyo caso el capital mínimo es de tan solo 3.000 pesos. La SEC debe autorizar la creación de ambas entidades.

Oficina de representación

Se trata de una modalidad diseñada para empresas extranjeras con interés en el mercado filipino que no desean constituirse como una entidad operativa en el mismo.

Las oficinas de representación están sujetas a la normativa del país de origen, lo que aporta gran seguridad jurídica para la entidad representada cuando surgen problemas entre la empresa y su representante. Sin embargo, hay una serie de limitaciones en Filipinas: Por una parte, el Corporation Code establece que el papel de representante para una empresa extranjera en Filipinas puede ser ejercido bien por un individuo con una sólida posición financiera que sea residente en el país, bien por una empresa local (domestic corporation), que ya desarrolle negocios en Filipinas. Además, la aportación de capital mínimo es de 30.000 USD y debe financiarse completamente desde el extranjero. Estas oficinas no están autorizadas a facturar, por lo que no pagan el Impuesto de Sociedades.

Es una fórmula muy apropiada para actividades de comunicación y marketing con clientes de la empresa extranjera en el mercado local, así como para proveer servicios de atención al cliente y control de calidad. También puede ser apropiada la representación para empresas que quieran registrar su producto antes de lanzarse al mercado.

Sucursal

Muy similar a la oficina de representación, pero permite la obtención de ingresos del mercado local. Se exige un capital mínimo de 200.000 USD, salvo para las “export market enterprise”, donde el mínimo es 5.000 PHP. Los beneficios de las sucursales son gravados al 15%, si bien España cuenta con un Convenio de Doble Imposición que reduce ese porcentaje al 10%.

Oficina Central Regional (Regional Headquarters) y Oficina Central Regional Operativa (Regional Operating Headquarters)

Ambas son propiedad 100% de una empresa extranjera, y se rigen por la normativa del país de origen de esta. La aprobación de la SEC requiere demostrar la existencia de filiales, sucursales o clientes en la zona de Asia-Pacífico, así como la designación de un representante legal en Filipinas.

Los dos tipos son útiles para apoyar los servicios de la matriz en el país, pero en ningún caso pueden dedicarse directamente a la actividad comercial de esta.

Las OCR no están autorizadas a facturar, y se las debe financiar con al menos 50.000 USD al año para mantener su operatividad. Tampoco pueden dirigir las sucursales de la matriz en Filipinas.

Las OCRO sí pueden facturar, pero como se ha indicado, no pueden involucrarse directamente en las operaciones comerciales de la matriz o sucursales. Dichas acciones deben ser desempeñadas por estas últimas. El capital mínimo se sitúa en 200.000 USD.

El establecimiento de ambas figuras exige una fuerte carga documental del país de origen.

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Régimen de Franquicias

Filipinas carece de una legislación específica para la franquicia, pese a que la primera franquicia se introdujo en 1910. Por lo tanto, la regulación aplicable depende del campo concreto a tratar. En el caso de los contratos, estos se rigen por el Código Civil (RA 386 de 1949), mientras que todo el campo de marcas es regido por el Código de Propiedad Intelectual (RA 8293 de 1997).

Esta falta de regulación es a menudo citada como uno de los factores que han llevado a un crecimiento espectacular de la franquicia en algunos sectores: restauración, servicios de transporte, minoristas de ropa, etc. Actualmente, se observa un mayor uso de la franquicia como estrategia de crecimiento de empresas filipinas, por efecto imitación de las franquicias internacionales establecidas en el país.

Este marco proporciona poca protección al franquiciado, debido a que el franquiciador no está obligado a suministrarle información sobre las condiciones con que gestiona el resto de la red. No hay ninguna obligación legal en este sentido, en clara contraposición a EEUU, donde debe presentarse a los potenciales franquiciados la Franchise Disclosure Agreement.

Por otra parte, no hay obligación de registrar un acuerdo de franquicia. El Acuerdo de Transferencia Tecnológica, un contrato para realizar una transferencia sistemática de derechos de propiedad intelectual, tampoco tiene que ser registrado ante la Oficina de Propiedad Intelectual, siempre que cumpla con el clausulado obligatorio. Tampoco se le exige al franquiciador ningún requisito de operación previa en el país. 

Todos los pagos del franquiciado al franquiciador, incluyendo royalties mensuales por ventas y tasa inicial, están sujetos a una retención del 20%, según la RA 8424 (National Internal Revenue Code).

El franquiciado con una facturación bruta anual estimada en menos de 1,5 millones PHP, puede optar por registrarse como sujeto pasivo por el impuesto porcentual, en lugar de por el IVA. El tipo impositivo es del 3% en lugar del 12%, lo que supone una política de apoyo a las pequeñas empresas.

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Propiedad industrial (marcas, patentes, diseños, licencias)

Al ser miembro de la OMC, Filipinas es parte del Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC, o TRIPS en inglés). Esto ha hecho que el país haya progresado en los últimos años en la protección de la propiedad intelectual, aunque es aún muy laxa respecto a los países europeos o EEUU.

También es signatario de los siguientes acuerdos:

  • Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial
  • Convención de Berna para la Protección de Trabajos Artísticos y Literarios
  • Protocolo de Madrid sobre el registro internacional de marcas
  • Tratado de Budapest para el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos para el Procedimiento de Patentes
  • Tratado de Cooperación en Patentes
  • Convención de Roma
  • Aunque Filipinas es miembro de la Organización Mundial para la Propiedad Intelectual, (WIPO), aún no ha ratificado parte del Tratado sobre el Copyright.

El marco regulatorio básico lo establece el Intellectual Property Code, (RA 8293). Esta Ley establece el principio de reciprocidad, por el cual se garantiza a toda persona domiciliada o con centro de negocios en un país signatario de alguno de los acuerdos de los que Filipinas es parte, el tratamiento adecuado conforme a dichos acuerdos.

Es importante tener en cuenta que se incluyen en esta protección los copyright, marcas y nombres comerciales, indicaciones geográficas, diseños industriales, patentes, diseños industriales y de circuitos integrados, así como la información no divulgada.

La RA 8293 también crea la Intellectual Property Office (IPO), que es el organismo que tramita las patentes, marcas, y nombres comerciales. Prevé un procedimiento único para solicitantes de registro locales y extranjeros. A la hora de dirimir el derecho de uso sobre una patente o marca disputada, se impone el criterio temporal de la fecha de registro. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el Protocolo de Madrid posibilita la protección en Filipinas de una marca registrada en otro Estado miembro del Protocolo. Para ello, debe efectuarse el registro en la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. También se recomienda el registro en Filipinas en el Bureau Of Customs, para facilitar la aplicación de los derechos.

Las obras literarias, escolares, científicas, así como trabajos artísticos, estén publicados o no, son objeto de copyright. Este derecho se extiende hasta 50 años tras la muerte del creador.

Las marcas comerciales pueden protegerse por 10 años, siendo renovables indefinidamente.

Las patentes para inventos son válidas por 20 años. En el caso de modelos industriales, su validez es de 7 años. Un diseño industrial puede ser patentado por 5 años, y renovarse por dos veces con el mismo periodo. Al propietario de la patente se le garantiza un derecho adicional para la importación exclusiva de su invento. En ocasiones, se concede una licencia obligatoria.

La Ley sobre el Comercio Electrónico (RA 8792, de 2000) extiende el marco legal descrito a Internet. Otras Leyes sobre propiedad industrial son la Ley sobre la Protección de la Variedad de Plantas (RA 9168, de 2002), que garantiza los derechos a los cultivadores de plantas, y la Ley sobre Circuitos Integrados (RA 9150, de 2001), que hace lo propio con los diseñadores de estos circuitos.

Algunas de las debilidades del sistema de propiedad industrial filipino son las provisiones ambiguas sobre los derechos de los propietarios de copyright en las retransmisiones por cable y satélite, o algunas restricciones que afectan a contratos de licencias de software y otras tecnologías. Existe un problema de falsificación masiva de estos productos, así como en juegos de ordenador, películas, música y otros bienes de consumo, como ropa, bolsos o tabaco.

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Barreras de entrada para inversores españoles

En general Filipinas es un país complicado para los negocios, con trámites abundantes y lentos y con problemas de corrupción extendida, como lo vienen destacando los informes del Banco Mundial, Banco Asiático de Desarrollo y Transparency International. Existen además algunos riesgos derivados de la poca transparencia e independencia de algunos órganos reguladores y de la influencia política en algunas concesiones, en particular durante la pasada legislatura. Las infraestructuras inadecuadas y el coste elevado de la electricidad son también factores negativos.

Desde el punto de vista legal, la Constitución limita la participación extranjera en la mayoría de sectores al 40%, lo que obliga a asociarse con empresas filipinas. Aunque muchas empresas extranjeras conseguían cumplir esta norma y al mismo tiempo mantener el control del negocio, desde 2012 (a raíz de una sentencia del Tribunal Supremo) el 40% se refiera exclusivamente a acciones con derecho a voto y propiedad de su titular (no en usufructo), lo que dificulta notablemente la actividad inversora.

La obtención de visados de trabajo para empleados, la devolución del IVA (muy importante en el caso de empresas de renovables, que siempre facturan a desarrolladores exentos) o la aplicación de los tipos reducidos estipulados en el Convenio de Doble Imposición resultan difíciles en la práctica.

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