Marco jurídico

Resumen del marco jurídico para los negocios

Las principales formas de representación usadas por las empresas extranjeras en Filipinas, además de la contratación de agentes locales, son las sociedades anónimas y sucursales. Las joint ventures suelen ser más utilizadas para la financiación de proyectos.

La normativa establecida favorece el establecimiento de una filial sobre una sucursal debido a ciertas restricciones para las sucursales en algunos sectores.

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Organismos de apoyo a la inversión extranjera

Hay dos organismos principales relacionados con la inversión extranjera en Filipinas.

  • El Board of Investments (BOI), agencia bajo el Departamento de Industria y Comercio, es la principal agencia de inversiones en Filipinas. Como tal, está a la vanguardia del esfuerzo del gobierno por atraer inversiones directas al país para contribuir al crecimiento económico y a la creación de empleo, para ayudar a elevar el bienestar económico general de los filipinos. La agencia está diseñada para promover la llegada de inversiones y ayudar a los inversores locales y extranjeros en su empresa de las áreas de negocio definidas en el Plan de Prioridades de Inversión (IPP) que se elabora anualmente.
  • La Philippine Economic Zone Authority (PEZA), adjunta al Departamento de Comercio e Industria, es la agencia del gobierno de Filipinas encargada de promover inversiones, proporcionar asistencia, registrar, otorgar incentivos y facilitar las operaciones comerciales de los inversores en instalaciones manufactureras y servicios orientados a la exportación, dentro de las áreas seleccionadas en todo el país y  proclamadas por el Presidente de Filipinas como Zonas Económicas Especiales PEZA.

 

 

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Cuadro de organismos de apoyo a la inversión extranjera

                                    CUADRO 1: ORGANISMOS DE APOYO A LA INVERSIÓN EXTRANJERA

 

ORGANISMO

DATOS CONTACTO

 

 

Philippine Board of Investments (BOI)

Industry and Investments Building 385 Senator Gil Puyat Avenue, Makati City, Metro Manila 1200

lodormiendo@boi.gov.ph

http://boi.gov.ph/

 

 

Philippine Economic Zone Authority (PEZA)


Building 5, DOE-PNOC Complex, Energy Center, 34th Street, Bonifacio Global City, Taguig City, Metro Manila 1634

info@peza.gov.ph

http://www.peza.gov.ph/

 

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Detalle del APPRI con España

                                    CUADRO 1: ORGANISMOS DE APOYO A LA INVERSIÓN EXTRANJERA

 

ORGANISMO

DATOS CONTACTO

 

 

Philippine Board of Investments (BOI)

Industry and Investments Building 385 Senator Gil Puyat Avenue, Makati City, Metro Manila 1200

lodormiendo@boi.gov.ph

http://boi.gov.ph/

 

 

Philippine Economic Zone Authority (PEZA)


Building 5, DOE-PNOC Complex, Energy Center, 34th Street, Bonifacio Global City, Taguig City, Metro Manila 1634

info@peza.gov.ph

http://www.peza.gov.ph/

 

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Otros incentivos a la inversión

Incentivos fiscales

  • Procedimientos simplificados de despacho de aduanas para la importación de materias primas, recambios y bienes de equipo, así como para la exportación de productos terminados fabricados por la empresa que importe dichas materias.
  • El empleo de extranjeros en puestos de supervisión, técnicos o de asesoramiento durante un periodo máximo de 5 años desde el registro de la empresa.
  • Importación de equipos depositados en zona franca hasta un periodo de 10 años desde la fecha de registro, sujeta al depósito de una garantía de re-exportación.
  • Repatriación garantizada de inversiones extranjeras y beneficios.

Incentivos no fiscales

Los siguientes incentivos para proyectos (excluyendo los sectores minero, forestal y procesamiento de minerales) localizados en las áreas menos desarrolladas:

  • Deducción doble del ingreso imponible del 50% del salario correspondiente al incremento en el número de mano de obra directa.
  • Deducción de los costes correspondientes a proyectos de grandes e importantes infraestructuras.

 

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Zonas francas y ZEE

Las Zonas Económicas Especiales

La Ley de Zonas Económicas Especiales (ZEE), R.A. No.7916, aprobada el 24 de febrero de 1995, establece el marco legislativo referente al establecimiento, reglamentación e incentivos para las denominadas zonas económicas especiales del sector privado y las zonas de procesamiento para la exportación del gobierno.

Según dicha ley, una zona económica especial contiene todas o cualquiera de los siguientes actividades: zonas industriales, zonas de procesamiento para la exportación, zonas francas de libre comercio, centros de recreo y turismo; y desde la reforma aplicada por la ley R.A. No.8748, también se incluyen parques industriales dedicados a centros de telecomunicaciones. Dicha ley estableció a la Philippine Economic Zone Authority o PEZA, un organismo estatal adjunto al Departamento de Comercio e Industria encargado de promover y administrar todas las zonas económicas especiales registradas en PEZA, así como de facilitar y proporcionar las comodidades necesarias para un correcto desarrollo de dichas actividades.

A continuación se detallan las actividades elegibles dentro de las ZEE controladas por PEZA según el sector.

Agroindustrial:

  • Exportación de productos agroindustriales: procesamiento y fabricación de productos agrícolas cuyo objetivo es la exportación. (Por procesamiento se entiende la conversión  de productos agrícolas en productos intermedios o finales por medio de un proceso mecánico y / o químico.)
  • Producción de biocombustible: especialización en cultivos agrícolas que dan lugar a la producción de energías limpias, tales como bio-combustibles y similares.

 Empresas exportadoras:

Dedicadas a la fabricación, ensamblaje y procesamiento de productos industriales de los cuales al menos el 70% son destinados a la exportación.

 Empresas de instalaciones (Facilities Enterprises)

  • Instalaciones para empresas manufactureras: Construcción como propietario u operador de edificios para fábricas dentro de una ZEE para arrendar a empresas  registradas.
  • Instalaciones para empresas de Tecnologías de la información (IT): Construcción como propietario u operador de edificios y otras instalaciones dentro de parques de IT( PEZA) para arrendar a empresas registradas en PEZA.  
  • Instalaciones para actividades de Jubilación: Establecimiento, funcionamiento y gestión de instalaciones de jubilación dentro de una ZEE, cuyos principales clientes son extranjeros.

Empresas de free trade:

Empresas importadoras de artículos duty-free.

Empresas de Tecnologías de la información- Exportadores de servicios:

Al menos el 70% de los beneficios provienen de clientes extranjeros: BPO, call centers, desarrollo de software, internet.

Empresas de servicios logísticos:

Servicios para el almacenamiento, depósito o custodia de bienes para empresas registradas en zonas económicas especiales, y para la importación o adquisición local de materias primas, productos semielaborados para la reventa, el montaje o envasado en lotes comercializables para su posterior exportación.

Empresas de turismo de la salud:

Servicios médicos cuyos principales clientes son extranjeros.

 Empresas de turismo:

Establecimiento y funcionamiento de centros de recreo, deportes y otras actividades dentro de las ZEE cuyos principales clientes son los turistas extranjeros.

Empresas de servicios públicos (utilitites):

Establecimiento, funcionamiento y mantenimiento de los sistemas de luz y energía, así como el suministro y distribución de agua dentro de las ZEE.

Desarrollo y gestión de las zonas económicas especiales:

  • Manufacturing Economic Zone Development / Operation
  • IT Park Development / Operation
  • Tourism Economic Zone Development / Operation
  • Medical Tourism Economic Zone Development / Operation
  • Agro-Industrial Economic Zone Development / Operation
  • -Retirement Economic Zone Development /Operation

Las instrucciones para proclamar una zona “Zonas económica especial” se encuentran en la página web de PEZA, en el siguiente enlace:

http://www.peza.gov.ph/index.php?option=com_content&view=article&id=111&Itemid=153

Entre los incentivos ofrecidos destacan como los más importantes los siguientes:

  • Libre importación de equipamiento, materias primas, material genético, alimento de ganado
  • Impuesto de valor añadido al 0% en la adquisición de materias primas y servicios locales
  • Exención de pagar impuestos durante seis años para las compañías pioneras y luego un pago de tan sólo un 5%
  • Estatus de residente a los inversores extranjeros y su familia cercana
  • Permisos de empleo para nacionales
  • Deducción adicional por gastos de formación y gastos laborales
  • Créditos para el pago de impuestos
  • Uso sin restricción de material consignado, entre otras.

Es importante señalar que en las zonas PEZA solo se pueden contratar a un máximo de un 5% de empleados extranjeros. Sin embargo, en el caso de las zonas de turismo de la salud (hospitales etc…) no está permitido.

Por otro lado, en el año 1992 de acuerdo con la R.A. No.7227 se crearon dos ZEE ubicadas en las antiguas bases norteamericanas de Clark y Subic. Estas zonas disfrutan de sus propios organismos administrativos, la Clark Development Corporation y la Subic Bay Metropolitan Authority respectivamente. Están consideradas como zonas fuera del territorio aduanero de Filipinas. No obstante, las mercancías que van destinadas a las tiendas tipo duty-free dentro de estas dos zonas especiales pueden estar sujetas al procedimiento de inspección de pre-embarque del gobierno filipino, al contrario que las zonas de procesamiento para la exportación, que están exentas.

 

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Contratación Pública. Criterios de adjudicación de contratos

Todos los contratos a realizar con el Gobierno filipino (ministerios, agencias, oficinas, universidades públicas, empresas controladas por el Estado, instituciones financieras del Gobierno y gobiernos locales), deben seguir las directrices marcadas por la RA 9184 de 2003, así como las Reglas y Regulaciones de Implementación (IRR de la RA 9184, de julio de 2009). Se rige por los principios de transparencia, competitividad, uniformidad, y rendición de cuentas. 

Esta normativa no se aplica en los siguientes casos:

  • Entregas de bienes, proyectos de infraestructura y servicios de consultoría financiados con ayuda oficial al desarrollo (RA 8182 “An Act Excluding Official Development Assistance from the Foreign Debt Limit”).
  • Adquisición de terrenos bajo la RA 8974 (“An Act to Facilitate the Acquisition of Right-Of-Way Site for National Infrastructure Projects”).
  • Proyectos de infraestructuras en Asociaciones Público Privadas bajo la RA 7718 (BOT Law), en la parte financiada por el sector privado.
  • Tratados internacionales que explícitamente determinen que la regulación aplicable para una operación internacional de compra pública es la del financiador.

El sistema de contratación pública se implementa a través de tres entidades interdependientes:

  • Servicio de Contratación Pública (Procurement Service, PS) del Ministerio de Presupuesto y Gestión (Department of Budget and Management, DBM): encargado de los suministros comunes y las compras con fondos propios de todas las unidades del Gobierno.
  • Consejo de Política de Contratación Pública (Government Procurement Policy Board): Formula las políticas de compras públicas y elabora manuales y documentos de licitación unificados.
  • Comité de Licitación y Contratación (Bids and Awards Committee, BAC): Comité ad hoc para cada concurso formado por la entidad que convoca la licitación. Diseña todo el proceso y designa al ganador del contrato.

Establecido por la propia RA 9184, el PhilGEPS (Philippine Government Electronic Procurement System) es un portal electrónico que unifica la información de todas las compras públicas, y está gestionado por el PS. Aquí se puede encontrar información relevante, como invitaciones a licitar, plazos límite, etc.

Por norma general, todas las compras deben hacerse por subasta competitiva, aunque en ciertas situaciones, se permiten los siguientes procedimientos: licitación restringida, contratación directa, repetición de orden, compra, y adquisición negociada. A este respecto, hay que destacar que no se permite la división de un contrato en varios (lo que podría rebajar los requisitos de la licitación).

Criterios de elegibilidad para entregas de bienes:

  • Empresas/ciudadanos filipinos.
  • Empresas o cooperativas con al menos un 60% de su capital en manos de filipinos.
  • Joint ventures en la que la parte filipina representa al menos el 60%.
  • Empresas extranjeras, si así lo establece un Tratado Internacional, si el bien no está disponible por fabricantes locales o si existe la necesidad de prevenir situaciones de competición injusta o que restrinjan el comercio en Filipinas.

Para proyectos de infraestructuras:

  • El porcentaje de control filipino se eleva al 75%.
  • En el caso de la JV, se permite un menor porcentaje si se trata de tecnologías no disponibles en el país, si bien la parte filipina debe tener al menos un 25%.

Hay que destacar que la Ley de Proyectos Construir-Operar-Transferir (Build-Operate-Transfer Law, RA 6957 de julio de 1990, modificada por la RA 7718), exige que los consorcios que se presenten tengan al menos un 60% del capital filipino, por lo que las empresas extranjeras pueden tener únicamente un 40% del capital del consorcio. No obstante, la constructora o ingeniería española puede realizar únicamente un parte del proyecto (por ejemplo, contrato de construcción o ingeniería de detalle). En ese caso, se trataría de una subcontratación, y la empresa subcontratada puede ser una filial o sucursal con el 100% de capital extranjero. 

Las entidades públicas pueden presentarse a licitaciones de bienes o infraestructuras si son financieramente autónomas, operan bajo normas comerciales, y no dependen de agencias del Gobierno.

En licitaciones para consultoría:

  • Debe presentarse la documentación que acredita a la empresa en su país de origen, si esta es extranjera.
  • Se exige que todos los documentos enviados a una licitación estén en inglés y certificados por la Embajada o Consulado correspondiente en Filipinas.
  • El control filipino no debe ser inferior al 60%.
  • Si el campo de consultoría está regulado, el servicio debe ser desempeñado de forma efectiva solo por ciudadanos filipinos, salvo si no existe localmente la experiencia requerida. En este caso, pueden intervenir consultores extranjeros, pero deben estar registrados ante la Securities and Exchange Commission (SEC), así como tener la aprobación del ente público que regula esa profesión en Filipinas.

La RA 9184 establece que la entidad licitante debe conceder preferencia a los bienes manufacturados en Filipinas. Si no hay diferencias significativas, se impone la preferencia por productos locales incluso en ofertas que son superiores en un 15% a la mínima realizada por un licitante extranjero. Debe ser el productor local quien pida la aplicación de esta regla, y para ello debe contar con la certificación del DTI o la SEC de que cumple con la normativa IRR de la RA 9184.

Esta normativa es incompatible con el Acuerdo de Compras Públicas (ACP) de la OMC, puesto que, además de obligar a los países signatarios a contar con prácticas transparentes, prohíbe discriminación atendiendo al origen del producto o servicio. Filipinas no es signatario del ACP.

En septiembre del 2010, por medio de la Executive Order 136, el Gobierno crea el PPP Center. El objetivo de esta institución es impulsar los proyectos de infraestructuras mediante procesos de Partenariados Público Privados (PPP). La entidad colabora con diferentes organismos públicos, y presta asesoría en todas las fases del proyecto, desde la preparación de pliegos hasta la supervisión de la propia ejecución.

El desarrollo de proyectos PPP representan una oportunidad de negocio debido a que estos procesos están abiertos a ingenierías extranjeras. Sin embargo, la falta de experiencia gubernamental ha generado continuas modificaciones de pliegos y retrasos en los procesos de licitación. A esto, hay que añadir la inseguridad jurídica y la complejidad de los procesos PPP. Debido a estos factores no se ha conseguido una implementación exitosa del plan inicial sobre PPP.

Los proyectos licitados engloban diferentes sectores de las infraestructuras filipinas: autopistas, aeropuertos, líneas férreas, puertos, centros educativos, etc. Dentro de los proyectos ya adjudicados, cabe destacar (por valor de licitación): la ampliación de la Línea de Metro LRT 1, la Línea de Metro MRT 7, la tercera etapa del Skyway de Metro Manila, la Autopista Cavite-Laguna (CALAX), y la ampliación del Aeropuerto Mactán-Cebú.

Como se ha mencionado las empresas extranjeras, por ley, deben formar consorcio con socios locales. Los potenciales asociados son, en su mayoría, constructoras que pertenecen a grandes conglomerados industriales con elevada liquidez y diversificación en todos los sectores de la ingeniería. A pesar de estar presentes en la práctica totalidad de proyectos de infraestructuras, no cuentan con la suficiente experiencia ni nivel técnico en la construcción y gestión de infraestructuras. Las principales empresas locales son Ayala, MPIC, San Miguel Corp., Aboitiz y Megawide.

Resulta recomendable para las empresas extranjeras tener una oficina en Filipinas. Por un lado, responde a una exigencia de la cultura empresarial filipina. Por otro lado, el contacto con instituciones públicas permite informarse antes y mejor. De hecho, anticiparse a la publicación de las licitaciones resulta fundamental puesto que la búsqueda y formación de consorcios se realiza durante las fases previas. Por último, cabe mencionar que tras la precalificación, no existe posibilidad de que una empresa pueda incorporarse a un consorcio y solo se puede optar a una colaboración por subcontratación.

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Régimen de inversiones

La Ley de la República Nº 7042, también conocida como la Ley de Inversiones Extranjeras de 1991, constituye la disposición básica que regula las inversiones extranjeras en Filipinas. A esta ley la complementa la Orden Ejecutiva Nº98 de 2012 (OE) que establece una lista, llamada Lista negativa, que describe las actividades económicas en las que la participación y el capital extranjero están prohibidos o limitados a un porcentaje específico.

El propósito esencial de la Lista Negativa para Inversiones Extranjeras (Foreign Investments Negative List o FINL) es ceñir la propiedad extranjera para cualquier actividad que figure en dicha Lista. Además, expone fuertes límites para determinados casos. Esta se divide a su vez en dos: Lista A y Lista B.

·         La Lista A contiene áreas de inversión donde la  propiedad  extranjera está limitada según se especifica en la Constitución de Filipinas o en leyes específicas. Esta lista es declarativa: para modificarla, habría que reformar dichas leyes, con la dificultad que ello conlleva, en especial la Constitución.

·         La Lista B contiene áreas de  inversión  donde la propiedad extranjera  está limitada por razones de seguridad, defensa, riesgo para la salud y la moral, y la protección  de las pequeñas y medianas empresas locales (PYME). Esta lista es constitutiva: el Presidente de Filipinas puede modificarla.

La Lista Negativa regular se actualiza y publica cada dos años. La OE Nº 65 es la  undécima  versión (vigente actualmente)  y la firmó el presidente Rodrigo Duterte en octubre de 2018, reemplazando la OE Nº 184. La decimoprimera lista es más ambiciosa que la anterior, llevando consigo un camino de apertura gradual del país, pues actualmente, Filipinas es uno de los países más restrictivos en cuanto a la Inversión Extranjera Directa de los socios ASEAN.

La nueva Lista Negativa de Inversiones elimina ciertas áreas donde se permitirá hasta un 100% de participación extranjera, a saber:

·         Empresas de Internet. Esta categoría ha sido excluida de la categoría de medios de comunicación masiva, que permanece restringida a la propiedad y participación extranjera;

·         Enseñanza superior, siempre que la materia no se encuentre incluida en una junta de gobierno o examen de oposición;

·         Centros de capacitación dedicados al desarrollo de habilidades de alto nivel a corto plazo que no forman parte del sistema de educación formal;

·         Compañías de ajuste de seguros, compañías de préstamos, compañías de financiamiento y casas de inversión;

·         Centros de bienestar.

Además, se aumenta hasta un 40% los niveles de participación extranjera en otros dos sectores, a saber:

·         Contratos para la construcción y reparación de obras públicas financiadas localmente (excepto aquellas que son financiadas o asistidas por extranjeros y que deben someterse a una licitación competitiva internacional), que tenía un límite de capital extranjero del 25%; y

·         Redes de radiocomunicaciones privadas, desde el 20% anterior.

A pesar de estos cambios, numerosos expertos extranjeros y nacionales coinciden con que esperaban cambios más profundos. Por otra parte, se espera que la décimo segunda Lista Negativa de Inversiones salga a la luz a finales del 2020. En ella, se seguirá el camino de apertura que el país vive. Entre otros puntos que se esperan liberalizar mediante dicha lista figuran los siguientes:

·         Contratación privada

·         Práctica de ciertas profesiones

·         Suministro de bienes a entidades públicas

·         Empresas de comercio minorista

·         Empresas orientadas al mercado interno

Las primeras restricciones en materia de IED las fija la Constitución filipina de 1987. En ella, se hace referencia a ciertos sectores donde la participación extranjera está prohibida o limitada. Cabe destacar la prohibición de adquirir tierras privadas a extranjeros.

Más tarde, en 1991, se crea la RA 7042 que profundiza en este aspecto creando un marco legal general para la Inversión extranjera. Dicha ley expone que la inversión extranjera directa en Filipinas es libre. Sin embargo, en la práctica, las restricciones que expone son muy amplias y eso imposibilita la libre IED a la mayoría de las empresas extranjeras. Con un reparto de la propiedad de un 60-40% en favor de las empresas locales, las empresas filipinas logran mantener el control sobre las firmas extranjeras.

El gobierno anunció en 2013 que revisaría la OE que regula las restricciones sobre la propiedad extranjera, que finalmente no se produjo. Tan sólo se han relajado en 2014 las restricciones para la participación extranjera en bancos comerciales (desde la RA 10641), que ahora pueden ser 100% de capital extranjero.

Posteriormente, en julio de 2016 se eliminaron las restricciones a la propiedad extranjera sobre las entidades financieras, casas de inversión, empresas de compensación de seguros y empresas cubiertas por la «Ley de Regulación de Compañías Crediticias» de 2007.

Actualmente se encuentra en sede parlamentaria una nueva ley de servicios públicos mediante la que se redefinirá el término «public utilities» (servicios públicos) permitiendo una mayor participación extranjera. Una vez aprobada, sólo continuarán restringidas a la inversión extranjera la transmisión y distribución de electricidad, la distribución de agua y los sistemas de alcantarillado.

En resumen, por un lado, la lista negativa reúne las restricciones por sector quedando muy pocos sectores libres para la IED. Por otro, aunque no haya restricciones sectoriales para algunas actividades, las empresas se encuentran con exigencias de capital muy altas o un ámbito de actuación limitado.

LISTA A: Limitación a la propiedad extranjera POR MANDATO DE LA CONSTITUCIÓN Y LEYES ESPECÍFICAS

Sin capital extranjero

1.    Los medios de comunicación de masas, salvo la grabación [Artículo XVI, Secc. 11 de la Constitución; Orden Presidencial de 4 de mayo de 1994]

2.    Práctica de profesiones [Artículo XIV, Secc. 14 de la Constitución; Secc. 1 de R. A. No. 5181; Secc. 7.j de R.A. No. 8981]

a.    Farmacia [R.A. No. 5921]

b.    Radiología y rayos X [R.A. No. 7431]

c.    Criminología [R.A. No. 6506]

d.    Silvicultura [R.A. No. 6239]

e.    Derecho […]

3.    Comercio al por menor con inversión inicial de menos de 2,5 millones de dólares [Secc.5 de R.A. 8762]

4.    Cooperativas [Cap. III, Artículo 26 de R. A. No. 6938]

5.    Agencias privadas de seguridad [Secc. 4 de R. A. No. 5487]

6.    Minería a pequeña escala [Secc. 3 de R. A. No. 7076]

7.    Utilización de los recursos marinos en aguas archipelágicas, mar territorial y zona económica exclusiva, además de la utilización de recursos naturales en ríos y lagos [Artículo XII, Secc. 2 de la Constitución]

8.    Propiedad, funcionamiento y gestión de los ruedos para peleas de gallos [Secc. 5 del P.D. No. 449]

9.    Fabricación, reparación, almacenamiento y / o distribución de armas nucleares        [Artículo II, Secc. 8 de la Constitución]

10. Fabricación, reparación, almacenamiento y / o distribución de armas biológicas, químicas y radiológicas, y minas antipersona [Varios tratados en los que Filipinas es signatario y convenios apoyados por las Filipinas]

11. Manufactura de fuegos de artificio [Secc.5 de R.A. 7183]

Hasta el veinticinco por ciento (25%) de capital extranjero

12. La contratación privada, ya sea para empleos locales o extranjeros [Artículos 27 P.D. No. 442]

13. Contratos de construcción de estructuras relacionadas con la defensa [Secc.1 de C.A. 541]

Hasta el treinta por ciento (30%) de capital extranjero

14. Publicidad [Artículo XVI, Secc. 11 de la Constitución]

Hasta el cuarenta por ciento (40%) de capital extranjero

15. Contratos para la construcción y reparación de obras financiadas localmente excepto [Sec. 1 de la Commonwealth Act N.º 541 (Letter of Instruction N.º 630)]:

a.    Proyectos de infraestructura / desarrollo cubiertos por la R.A. 7718 (también conocida como la Ley Ampliada BOT); y

b.    Proyectos financiados con fondos extranjeros o asistidos y sometidos a licitación internacional [Secc. 2(a) de R.A. 7718]

16. Exploración, desarrollo y utilización de los recursos naturales [artículo XII, secc. 2 de la Constitución]

17. Propiedad de tierras privadas [Artículo XII, Secc. 7 de la Constitución; Capítulo 5, Secc. 22 de la Ley No. 141 del Commonwealth]

18. Operación de servicios públicos, excepto la generación de energía y el suministro de electricidad al mercado y negocios o servicios similares no cubiertos por la definición de servicios públicos [Artículo XII, Secc. 11 de la Constitución; Secc. 16 de la Ley N.º 146 del Commonwealth][1][2]

19. Propiedad / establecimiento y administración de instituciones educativas que no sean las establecidas con grupos religiosos y misiones [Artículo XIV, Secc. 2 de la Constitución]

20. Cultivo, producción, molienda, procesamiento, comercialización excepto venta minorista de arroz y maíz y la adquisición, mediante trueque, compra o no, arroz y maíz y sus derivados.[3] [P.D. No. 194]

21. Contratos para el suministro de materiales, bienes y mercancías a una corporación estatal o controlada, empresa, agencia o corporación municipal [Secc.1 de R.A. 5183]

22. Operadores de barcos de pesca comerciales en aguas profundas. [Secc. 27 de R.A. 8550]

23. Propiedad de inmuebles en condominios. [Secc.5 de R.A. 4726]

24. Medios de comunicación privados de radio [R.A. 3846]

LISTA B: Limitación a la propiedad extranjera POR RAZONES DE SEGURIDAD, DEFENSA, RIESGO A LA SALUD Y LA MORAL Y PROTECCIÓN DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

Hasta Cuarenta Por Ciento (40%) Propiedad Extranjera

1.    Fabricación, reparación, almacenamiento y / o distribución de productos e ingredientes utilizados en la fabricación de estos que requieran autorización de la Policía Nacional de Filipinas [PNP]:

a.    Armas de fuego [armas de fuego a escopetas], partes de armas de fuego y municiones para las mismas, instrumentos o implementos utilizados o destinados a ser utilizados en la fabricación de armas de fuego

b.    Pólvora

c.    Dinamita

d.    Suministro de explosivos

                                          i.    Ingredientes utilizados en la fabricación de explosivos:

                                         ii.    Clorato de potasio y sodio

                                        iii.    Nitratos de amonio 4vxc y bario, cobre (11), plomo (11), calcio, cuprita

                                       iv.    Ácido nítrico

                                        v.    Nitrocelulosa

                                       vi.    Percloratos de amonio, potasio y sodio

                                      vii.    Dinitrocelulosa

                                     viii.    Glicerol

                                       ix.    Fósforo amorfo

                                        x.    Peróxido de hidrógeno

                                       xi.    Polvo de Nitrato de Estroncio

                                      xii.    Tolueno

e.    Miras telescópicas, francotiradores y otros dispositivos similares

Sin embargo, la manufactura o reparación de estos elementos por partes de extranjeros podría ser autorizada por el jefe de la PNP. Si gran parte del material final que se consigue se exporta. La cantidad máxima de capital extranjero en este caso será especificada por dicha autoridad [R.A. 7042 enmendada por la R.A. 8179]

2.    Fabricación, reparación, almacenamiento y / o distribución de productos que requieran autorización del Departamento de Defensa Nacional [DND]:

a.    Armas y municiones para la guerra

b.    Artillería militar y sus partes [p. Ej., Torpedos, minas, bombas, bombas, granadas, misiles]

c.    Sistemas de artillería, sistemas de bombardeo y control de incendios

d.    Misiles guiados / sistemas y componentes de misiles

e.    Aeronaves tácticas (fijas y rotativas), sus componentes y partes

f.     Vehículos espaciales y sistema de componentes

g.    Barcos de combate (aéreos, terrestres, navales) y auxiliares

h.    Equipo de reparación y mantenimiento de armas

i.      Equipo de comunicaciones militares

j.     Equipo de visión nocturna

k.    Dispositivos, componentes y accesorios de radiación coherente estimulada

l.      Dispositivos de entrenamiento de armamento

m.  Otros que la secretaria de DND estime oportunos

Sin embargo, la manufactura o reparación de estos elementos por partes de extranjeros podría ser autorizada por el jefe de la PNP. Si gran parte del material final que se consigue se exporta. La cantidad máxima de capital extranjero en este caso será especificada por dicha autoridad [R.A. 7042 enmendada por la R.A. 8179]

3.    Fabricación y distribución de drogas peligrosas [R.A. 7042 enmendada por la R.A. 8179]

4.    Sauna y baños de vapor, clínicas de masajes y otras actividades análogas reguladas por la ley debido a riesgos que pueden imponer a la salud pública y la moral [R.A. 7042 enmendada por la R.A. 8179]

5.    Todas las formas de juego [R.A. 7042 enmendada por la R.A. 8179], excepto aquellas protegidas por los acuerdos de inversiones PAGCOR [R.A. 1869 enmendada por la R.A. 9487]

6.    Las empresas del mercado nacional con un capital mínimo desembolsado inferior a 200.000$. [R.A. 7042 enmendada por la R.A. 8179]

7.    Las empresas del mercado nacional que utilicen alta tecnología o empleen al menos cincuenta [50] empleados directos con capital mínimo desembolsado inferior a 100.000$. [R.A. 7042 enmendada por la R.A. 8179].

Por otro lado, cabe destacar la siguiente legislación complementaria, fruto del proceso de liberalización en Filipinas:

·         Ley de la República Nº 7652 de 1993 - Dicha ley permite el arrendamiento a largo plazo de terrenos a inversores extranjeros.

·         Ley de la República Nº 7718 de 1994 - Ley para construir y operar en régimen de concesiones (“Build-Operate-Transfer”) de las infraestructuras.

·         Ley de la República Nº 7721 de 1994 – Ley que liberaliza la entrada y el ámbito de operación de los bancos extranjeros en Filipinas. Existen sin embargo las siguientes restricciones: control extranjero máximo de un 60% de cada banco local y propiedad máxima por extranjeros de un 30% de los activos del sistema bancario total.

·         Ley de la República Nº 8756 de 1999 - Incluye, entre otras cosas, leyes y guías para el establecimiento y mantenimiento de Centros de Operaciones o Administrativos Regionales o Almacenes Regionales de Compañías multinacionales.

·         Ley de la República Nº 9160 del 2001 – Ley contra el blanqueo de dinero.

En cuanto al registro de las inversiones extranjeras, deberán registrarse en el Banco Central de Filipinas los activos susceptibles de registro como inversión en especie: maquinaria y equipos, materias primas, suministros, piezas de repuesto y otros artículos, incluyendo los activos intangibles necesarios para el funcionamiento de la empresa participada. Su valor deberá ser evaluado por el Banco Central antes de realizar el registro. También ha de registrarse la inversión en instrumentos del mercado monetario.

Además, existe la eterna promesa de revisar la Constitución con el fin de rebajar las limitaciones a la inversión extranjera, siendo en la actualidad más factible dada la mayoría absoluta con la que cuenta el Gobierno en ambas cámaras, tanto en el Parlamento como en el Senado. Si bien es cierta esta posibilidad, queda descartada por el momento la liberalización de la propiedad del suelo.



[1] La participación de inversores extranjeros en el cuerpo del gobierno o en cualquier empresa extranjera estará limitada a su cuota en el capital, y todos los ejecutivos y managers de estas deberán ser filipinos [Artículo XII, Secc.11 de la Constitución]

[2] La generación de electricidad y la provisión al mercado mayorista de la misma no están consideradas como «public utility operations». Sin embargo, la provisión de electricidad al mercado minorista sí lo es, al igual que la de agua, gas, transporte, teléfono, etc. (Secc. 6 y 29 de R.A. 9136]

[3] La participación total extranjera está permitida si dentro de los 30 primeros años de operaciones, el inversor extranjero reduce su capital para dar al menos un 60% a inversores que sean ciudadanos filipinos

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Propiedad inmobiliaria

Por tanto, únicamente los ciudadanos filipinos y las empresas en el que al menos el 60% del capital esté en manos de filipinos pueden ser propietarios del suelo privado.

Los extranjeros pueden ser propietarios de un edificio construido sobre un terreno alquilado y comprar un apartamento de un condominio, siempre que la propiedad extranjera total del condominio no supere el 40%.

Según el Investors’ Lease Act de 1993, los inversores extranjeros pueden alquilar terrenos para determinados proyectos industriales o agrícolas por un periodo de 50 años, renovables por otros 25.

Los extranjeros pueden heredar bienes inmuebles de sus cónyuges fallecidos filipinos o sus padres. Los niños nacidos de padre o madre filipinos, sean dentro o fuera del matrimonio, pueden heredar los bienes del padre filipino, incluso si el niño no es ciudadano filipino.

Por último, los filipinos que perdieron su ciudadanía filipina seguirán siendo los propietarios de los bienes que hayan adquirido antes de cambiar de nacionalidad.

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Incentivos a la inversión (fiscales, sectoriales, regionales y locales)

El Código Ómnibus de Inversiones de 1987 fomenta la realización de inversiones en sectores económicos preferentes a través de incentivos fiscales y no fiscales.

Los más importantes son:

Beneficios fiscales

  • Exención del impuesto de sociedades durante 6 años para empresas pioneras y generalmente durante 4 años para las no pioneras. No obstante si una no pionera está localizada en un área menos desarrollada tendrá la exención generalmente por 6 años.
  • Crédito fiscal en materias primas, aprovisionamientos y productos semi-manufacturados.
  • Deducción adicional en el impuesto de sociedades por gastos laborales (no compatible con el primer incentivo)
  • Deducción adicional del impuesto de sociedades para trabajos de infraestructura prioritarios (no compatible con el primer incentivo)

Beneficios no fiscales

  • Procedimientos simplificados de despacho de aduanas para la importación de materias primas, recambios y bienes de equipo, así como para la exportación de productos terminados fabricados por la empresa que importe dichas materias.
  • El empleo de extranjeros en puestos de supervisión, técnicos o de asesoramiento durante un periodo máximo de 5 años desde el registro de la empresa.
  • Importación de equipos depositados en zona franca hasta un periodo de 10 años desde la fecha de registro, sujeta al depósito de una garantía de re-exportación.
  • Repatriación garantizada de inversiones extranjeras y beneficios.

Cada año, el Board of Investments (Oficina de Inversiones) o BOI, organismo encargado de evaluar y aprobar los incentivos a inversiones de acuerdo con al Decreto nº 226, elabora un Plan de Inversiones Prioritarias (IPP), que identifica los sectores que pueden recibir incentivos. Dichos incentivos son de tipo fiscal y no fiscal.

Así, la ley ofrece incentivos a aquellas inversiones que promuevan proyectos en sectores prioritarios para el desarrollo del país y que se definen en el Plan de Prioridades de Inversión (IPP) aprobado en julio de cada año. El último Plan de Prioridades de Inversión (noviembre 2018) recoge como prioritarios los siguientes sectores económicos: electricidad y electrónica, automóviles y partes, aeroespacial y mantenimiento, hierro y acero, IT, gestión de procesos empresariales, químicos, construcción naval y reparación de buques, mobiliario, confección y textil, industria agrícola, sectores en transición, I+D+i, servicios sociales, cambio climático, transporte, logística y construcción.

También se incluyen como actividades de inversión prioritarias:

·         Actividades de exportación - incluyendo la producción y fabricación de productos de exportación; servicios destinados a la exportación y actividades de apoyo a los exportadores.

·         La lista de áreas de inversión prioritarias en la Región Autónoma del Mindanao musulmán (ARMM).

·         Inclusiones obligatorias basadas en leyes especiales que otorgan incentivos como la Ley de Minería de Filipinas de 1995, la Ley de Energía Renovable de 2008 y la Ley de Turismo de 2009, Industrial Tree Plantation (P.D. 705), entre otras.

Además, respecto a los promotores de pequeños proyectos de energía hidroeléctrica, los incentivos son los siguientes (Mini-hydroelectric Power Incentives Act):

  • Porcentaje reducido de impuesto sobre la propiedad de 2.5% sobre el coste del equipamiento y maquinaria.
  • Exención de IVA en la venta de energía eléctrica.
  • Exenciones fiscales durante 7 años.

Para la industria naviera, la Philippine Overseas Shipping Development Act (1992) y la Domestic Shipping Development Act (2004), establecen para las empresas navieras filipinas que operen en el extranjero, incentivos consistentes en la exención de aranceles a la importación e impuestos en la adquisición de barcos y recambios de los mismos.

En 1995, se promulgó la Philippine Mining Act (Ley de la República Nº 7942), que fue diseñada para reactivar la industria minera y atraer más inversión extranjera mediante la definición de los acuerdos para la explotación minera y estableciendo los requisitos para la adquisición de los derechos mineros.

En el sector turístico, podrán ser registrados en el BOI para recibir incentivos aquellos  proyectos que hayan sido aprobados o promocionados por el Departamento de Turismo, cuando impliquen urbanizaciones e instalaciones para turistas, así como proyectos de patrimonio cultural e histórico.

Los incentivos establecidos incluyen tales como la exención de impuestos sobre el beneficio de hasta seis años de duración, exención de impuestos sobre la importación de bienes de capital, accesorios y partes destinadas a la inversión en turismo, tramitación especial de visados de entrada múltiple para los trabajadores extranjeros, así como simplificación en los trámites aduaneros.

Por otro lado, el Congreso filipino adoptó en diciembre de 1994 la Ley del Desarrollo de la Exportación (Export Development Act). La ley especifica varios incentivos fiscales para la inversión en el desarrollo de las exportaciones de determinados sectores (acumulativos con respecto a los que puedan otorgarse a través del Board Of Invesments y PEZA).

Por otra parte, también hay incentivos para el establecimiento de las oficinas principales en Filipinas:

Para la ubicación de Oficinas Regionales Principales (Oficinas de representación) en Filipinas:

  • Exención en el pago del impuesto de sociedades. Se debe entregar un informe anual al Bureau of Internal Revenue (BIR) para hacer efectiva la exención.
  • Exención en el pago del IVA: La exención incluye la venta o alquiler de bienes y propiedades incluyendo la realización de servicios para la oficina principal.
  • Exención del impuesto sobre remesas de beneficios

Para la ubicación de las Oficinas Regionales Operativas (Oficinas que requieren un capital mínimo de 200.000 euros) en Filipinas:

  • Los ingresos obtenidos por llevar a cabo determinas actividades estarán sujetos a un tipo preferencial de un 10% sobre el ingreso.
  • Todo beneficio enviado de la filial a la matriz estará sujeto al pago de un menor impuesto denominado “Branch Profit Remittance Tax”.

Para ambas Oficinas Regionales:

  • Exención en el pago de toda clase de comisiones e impuestos locales, excepto los impuestos sobre la propiedad y sobre mejoras realizadas en el terreno y equipos.
  • La importación de materiales y equipos de formación se considerará libre de tasas e impuestos siempre que esté aprobada por el BOI.

Por último, el Republic Act No. 8756 ofrece los siguientes incentivos a las personas expatriadas y registradas en ambas oficinas:

  • Visado de entrada múltiple durante 3 años.
  • Retención de IRPF del 15% sobre los ingresos a compensar (si se ostenta un cargo de dirección o técnico).
  • Exención de la tasa de salida del país.
  • Exención de tasas e impuestos para la importación de los efectos personales durante los 90 días anteriores o posteriores a la entrada en el país.

Las Zonas Económicas Especiales

La Ley de Zonas Económicas Especiales (ZEE), R.A. No.7916, aprobada el 24 de febrero de 1995, establece el marco legislativo referente al establecimiento, reglamentación e incentivos para las denominadas zonas económicas especiales del sector privado y las zonas de procesamiento para la exportación del gobierno.

Según dicha ley, una zona económica especial contiene todas o cualquiera de los siguientes actividades: zonas industriales, zonas de procesamiento para la exportación, zonas francas de libre comercio, centros de recreo y turismo; y desde la reforma aplicada por la ley R.A. No.8748, también se incluyen parques industriales dedicados a centros de telecomunicaciones. Dicha ley estableció la Philippine Economic Zone Authority o PEZA, un organismo estatal adjunto al Departamento de Comercio e Industria encargado de promover y administrar todas las zonas económicas especiales registradas en PEZA, así como de facilitar y proporcionar las comodidades necesarias para un correcto desarrollo de dichas actividades.

A continuación se detallan las actividades elegibles dentro de las ZEE controladas por PEZA según el sector.

Agroindustrial:

  • Exportación de productos agroindustriales: procesamiento y fabricación de productos agrícolas cuyo objetivo es la exportación.
  • Producción de biocombustible: especialización en cultivos agrícolas que dan lugar a la producción de energías limpias, tales como bio-combustibles y similares.

Empresas exportadoras:

Dedicadas a la fabricación, ensamblaje y procesamiento de productos industriales de los cuales al menos el 70% son destinados a la exportación.

Empresas de instalaciones (Facilities Enterprises)

  • Instalaciones para empresas manufactureras: Construcción como propietario u operador de edificios para fábricas dentro de una ZEE para arrendar a empresas  registradas.
  • Instalaciones para empresas de Tecnologías de la información (IT): Construcción como propietario u operador de edificios y otras instalaciones dentro de parques de IT( PEZA) para arrendar a empresas registradas en PEZA.  
  • Instalaciones para actividades de Jubilación: Establecimiento, funcionamiento y gestión de instalaciones de jubilación dentro de una ZEE, cuyos principales clientes son extranjeros.

Empresas de free trade:

Empresas importadoras de artículos duty-free.

Empresas de Tecnologías de la información- Exportadores de servicios:

Al menos el 70% de los beneficios provienen de clientes extranjeros: BPO, call centers, desarrollo de software, internet.

Empresas de servicios logísticos:

Servicios para el almacenamiento, depósito o custodia de bienes para empresas registradas en zonas económicas especiales, y para la importación o adquisición local de materias primas, productos semielaborados para la reventa, el montaje o envasado en lotes comercializables para su posterior exportación.

Empresas de turismo de la salud:

Servicios médicos cuyos principales clientes son extranjeros.

Empresas de turismo:

Establecimiento y funcionamiento de centros de recreo, deportes y otras actividades dentro de las ZEE cuyos principales clientes son los turistas extranjeros.

Empresas de servicios públicos (utilitites):

Establecimiento, funcionamiento y mantenimiento de los sistemas de luz y energía, así como el suministro y distribución de agua dentro de las ZEE.

Desarrollo y gestión de las zonas económicas especiales:

  • Manufacturing Economic Zone Development / Operation
  • IT Park Development / Operation
  • Tourism Economic Zone Development / Operation
  • Medical Tourism Economic Zone Development / Operation
  • Agro-Industrial Economic Zone Development / Operation
  • -Retirement Economic Zone Development /Operation

Entre los incentivos ofrecidos destacan como los más importantes los siguientes:

  • Libre importación de equipamiento, materias primas, material genético, alimento de ganado
  • Impuesto de valor añadido al 0% en la adquisición de materias primas y servicios locales
  • Exención de pagar impuestos durante seis años para las compañías pioneras y luego un pago de tan sólo un 5%
  • Estatus de residente a los inversores extranjeros y su familia cercana
  • Permisos de empleo para nacionales
  • Deducción adicional por gastos de formación y gastos laborales
  • Créditos para el pago de impuestos
  • Uso sin restricción de material consignado, entre otras.

Es importante señalar que en las zonas PEZA solo se pueden contratar a un máximo de un 5% de empleados extranjeros. Sin embargo, en el caso de las zonas de turismo de la salud (hospitales etc…) no está permitido.

Por otro lado, en el año 1992 de acuerdo con la R.A. No.7227 se crearon dos ZEE ubicadas en las antiguas bases norteamericanas de Clark y Subic. Estas zonas disfrutan de sus propios organismos administrativos, la Clark Development Corporation y la Subic Bay Metropolitan Authority respectivamente. Están consideradas como zonas fuera del territorio aduanero de Filipinas. No obstante, las mercancías que van destinadas a las tiendas tipo duty-free dentro de estas dos zonas especiales pueden estar sujetas al procedimiento de inspección de pre-embarque del gobierno filipino, al contrario que las zonas de procesamiento para la exportación, que están exentas.

Asimismo, existen otras tres ZEE independientes del PEZA y establecidas por leyes específicas. Estas son la Zona Económica de la ciudad de Zamboanga, establecida por la R.A. No.7903, la Zona Económica y Libre de Impuestos de Cagayán, establecida por la R.A. No.7922 y la Zona Económica Especial y Puerto Franco de Aurora, establecida por el R.A. No. 9490 y modificada por la RA 10083 de 2010. Los incentivos y beneficios ofrecidos por estas zonas son parecidos a los ofrecidos por el PEZA, aunque disfrutan de una mayor autonomía, similar a las ZEE de Subic y Clark.

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Representación y agencia

La figura del agente o representante en Filipinas resulta de gran utilidad, principalmente en el trato con el sector público, aunque también para relaciones comerciales con empresas locales subcontratadas. Se recomienda registrar al agente en la Oficina Comercial para tener un mayor control sobre sus actividades y evitar solapamiento de funciones. Los agentes sirven de gran ayuda ante posibles problemas o eventualidades con los proyectos que se han aprobado mediante licitación, especialmente si la empresa española no cuenta con presencia en el país y el proyecto es de larga duración.

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Formación de "joint-ventures". Socios locales

La joint venture (JV), resulta del acuerdo entre una empresa extranjera y otra filipina. No existe una regulación específica en Filipinas, y no están reconocidas en el Código Civil, por lo que su uso se debe más a la necesidad de superar los obstáculos del mercado que a la claridad de su marco legal.

La SEC no exige el registro de la JV si esta no se constituye como una nueva entidad jurídica. Solo es obligatorio que la actividad de la misma conste en los estatutos de las empresas que la forman.

Si la JV se formaliza en la constitución de una nueva empresa, la JV sí debe registrarse en la SEC, que puede establecer condiciones especiales.

Son especialmente utilizadas en los sectores en los que está limitada la inversión extranjera, establecidos en la Lista Negativa del Board of Investments. Por otra parte, la SEC permite la propiedad extranjera de más del 40% de una JV si su área de actividad no está recogida en esta lista.

Las JVs en proyectos de construcción o energía tienen un marco especial, pues operan bajo un contrato de servicios con el Gobierno filipino. De esta manera, la sociedad será tratada como vehículo para los propósitos del Gobierno, y se le aplicarán tarifas impositivas diferentes.

Si un inversor extranjero está limitado al 40% de la propiedad, en principio no tendría el control de las operaciones. No obstante, existen formas de que un grupo minoritario tenga el control, como la dispersión de la propiedad mayoritaria, acuerdos de licencia, u otros.

La mayoría de los socios locales de una JV deben ser locales, y tanto el secretario como el tesorero han de ser ciudadanos filipinos residentes. En caso de bancos y líneas aéreas, se establece que dos tercios de los miembros del Consejo sean filipinos. Para una compañía dedicada a una actividad total o parcialmente nacionalizada, el número máximo de directores extranjeros no puede exceder a la proporción de capital extranjero de la empresa.

Hay que diferenciar, dentro de los socios locales, entre aquellos ordinarios y aquellos que son sociedades profesionales, especialmente en relación a los impuestos a los que están sujetos.

- Los socios locales ordinarios están sujetos a los mismos impuestos que las sociedades anónimas, pero también deben tributar por sus acciones (10% para los socios locales y 25% para los extranjeros).

- Las sociedades profesionales, solo tributan por ingresos cuando llegan a las manos de los socios. No están sujetas al impuesto de sociedades. En caso de que la sociedad incurra en pérdidas, los socios están obligados a pagar la deuda en un plazo máximo de 3 años.

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Tipos de sociedades

El marco jurídico principal lo fija el Código de Sociedades (Corporation Code) de 1980.

No existe la figura de la Sociedad Limitada en Filipinas. Los tipos de sociedad admitidos son seis. Los tres primeros se refieren a entidades organizadas bajo las leyes filipinas, y las tres últimas, bajo la regulación del país de proveniencia de la empresa representada o matriz, según el caso.

Corporación

Hay dos tipos, las Non-stock Corporations, y las Stock Corporations (sociedades por acciones).

Las Non-stock Corporations no tienen un capital dividido en acciones en función del cual remunerar a sus socios. Los socios en estas entidades se denominan miembros. No suelen tener fines lucrativos y suelen utilizarse para objetivos sociales como educación o actividades culturales, o bien para asociaciones empresariales.

Las Stock Corporations son la persona jurídica más común en Filipinas. Debe ser creada por entre 5 y 15 socios, y residir la mayoría de ellos en el país. La Ley establece que al menos el 25% del capital debe suscribirse en el momento de la creación de la empresa, del cual debe ser desembolsado al menos el 25%. El capital desembolsado no puede ser menor de 5.000 PHP, por lo que implícitamente se establece un capital mínimo de 80.000 PHP. La inscripción debe realizarse ante la SEC.

Si la propiedad del capital es extranjero en más del 40%, se considera que es una empresa local pero de control extranjero. Esto supone la imposibilidad de adquirir terrenos y otras restricciones. Pueden constituirse una SC de propiedad 100% extranjera si cuenta con un capital a partir de 200.000 USD, y si el sector de actividad no se encuentra en la Lista Negativa para la Inversión Extranjera que publica el Board of Investments. En cualquier caso, los miembros de la dirección deben ser de nacionalidad filipina, aunque si se nombra como director a un abogado o a algún empleado, el 40% de la dirección puede ser extranjera.

La responsabilidad de los socios está limitada a su aportación. Esta y otras características la convierten en la entidad más parecida a la Sociedad Limitada europea.

La denominación de las stock corporations, al igual que de las non-stock corporations, debe contener el sufijo “INC”. o “CO”.

Sociedad unipersonal (Sole Proprietorship)

Creada por un solo individuo para dirigir un negocio personal, habitualmente del sector minorista. Para un no residente, el capital mínimo exigido es de 200.000 USD. Con esta fórmula, el propietario responde personalmente de forma ilimitada de las obligaciones de la empresa. Debe registrarse en la SEC.

Sociedad colectiva (Partnership)

Su propósito suele ser también para negocios de pequeña escala. En la modalidad de General Partnership, los socios tienen responsabilidad ilimitada, pero en la modalidad de limited partnership, uno o varios socios disfrutan de responsabilidad limitada a su contribución. El capital mínimo es también de 200.000 USD si uno solo de los socios es extranjero, salvo si la empresa se registra como “export market enterprise”, (cuando se prevé exportar más del 60% de sus bienes o servicios), en cuyo caso el capital mínimo es de tan solo 3.000 pesos. La SEC debe autorizar la creación de ambas entidades.

Oficina de representación

Se trata de una modalidad diseñada para empresas extranjeras con interés en el mercado filipino que no desean constituirse como una entidad operativa en el mismo.

Las oficinas de representación están sujetas a la normativa del país de origen, lo que aporta gran seguridad jurídica para la entidad representada cuando surgen problemas entre la empresa y su representante. Sin embargo, hay una serie de limitaciones en Filipinas: Por una parte, el Corporation Code establece que el papel de representante para una empresa extranjera en Filipinas puede ser ejercido bien por un individuo con una sólida posición financiera que sea residente en el país, bien por una empresa local (domestic corporation), que ya desarrolle negocios en Filipinas. Además, la aportación de capital mínimo es de 30.000 USD y debe financiarse completamente desde el extranjero. Estas oficinas no están autorizadas a facturar, por lo que no pagan el Impuesto de Sociedades.

Es una fórmula muy apropiada para actividades de comunicación y marketing con clientes de la empresa extranjera en el mercado local, así como para proveer servicios de atención al cliente y control de calidad. También puede ser apropiada la representación para empresas que quieran registrar su producto antes de lanzarse al mercado.

Sucursal

Muy similar a la oficina de representación, pero permite la obtención de ingresos del mercado local. Una sucursal no se considera como una entidad independiente de la corporación principal. Su actividad se debe limitar a las actividades autorizadas a realizar por empresas extranjeras en la Ley de Inversiones. Se exige un capital mínimo de 200.000 USD, salvo para las “export market enterprise”, donde el mínimo es 5.000 PHP. Los beneficios de las sucursales son gravados al 15%, si bien España cuenta con un Convenio de Doble Imposición que reduce ese porcentaje al 10%.

Oficina Central Regional (Regional Headquarters) y Oficina Central Regional Operativa (Regional Operating Headquarters)

Ambas son propiedad 100% de una empresa extranjera, y se rigen por la normativa del país de origen de esta. La aprobación de la SEC requiere demostrar la existencia de filiales, sucursales o clientes en la zona de Asia-Pacífico, así como la designación de un representante legal en Filipinas.

Los dos tipos son útiles para apoyar los servicios de la matriz en el país, pero en ningún caso pueden dedicarse directamente a la actividad comercial de esta.

Las OCR no están autorizadas a facturar, y se las debe financiar con al menos 50.000 USD al año para mantener su operatividad. Tampoco pueden dirigir las sucursales de la matriz en Filipinas.

Las OCRO sí pueden facturar, pero como se ha indicado, no pueden involucrarse directamente en las operaciones comerciales de la matriz o sucursales. Dichas acciones deben ser desempeñadas por estas últimas. El capital mínimo se sitúa en 200.000 USD. El establecimiento de ambas figuras exige una fuerte carga documental del país de origen.

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Régimen de Franquicias

Filipinas carece de una legislación específica para la franquicia, pese a que la primera franquicia se introdujo en 1910. Por lo tanto, la regulación aplicable depende del campo concreto a tratar. En el caso de los contratos, estos se rigen por el Código Civil (RA 386 de 1949), mientras que todo el campo de marcas es regido por el Código de Propiedad Intelectual (RA 8293 de 1997).

Esta falta de regulación es a menudo citada como uno de los factores que han llevado a un crecimiento espectacular de la franquicia en algunos sectores: restauración, servicios de transporte, minoristas de ropa, etc. Actualmente, se observa un mayor uso de la franquicia como estrategia de crecimiento de empresas filipinas, por efecto imitación de las franquicias internacionales establecidas en el país.

Este marco proporciona poca protección al franquiciado, debido a que el franquiciador no está obligado a suministrarle información sobre las condiciones con que gestiona el resto de la red. No hay ninguna obligación legal en este sentido, en clara contraposición a EEUU, donde debe presentarse a los potenciales franquiciados la Franchise Disclosure Agreement.

Por otra parte, no hay obligación de registrar un acuerdo de franquicia. El Acuerdo de Transferencia Tecnológica, un contrato para realizar una transferencia sistemática de derechos de propiedad intelectual, tampoco tiene que ser registrado ante la Oficina de Propiedad Intelectual, siempre que cumpla con el clausulado obligatorio. Tampoco se le exige al franquiciador ningún requisito de operación previa en el país. 

Todos los pagos del franquiciado al franquiciador, incluyendo royalties mensuales por ventas y tasa inicial, están sujetos a una retención del 20%, según la RA 8424 (National Internal Revenue Code).

El franquiciado con una facturación bruta anual estimada en menos de 1,5 millones PHP, puede optar por registrarse como sujeto pasivo por el impuesto porcentual, en lugar de por el IVA. El tipo impositivo es del 3% en lugar del 12%, lo que supone una política de apoyo a las pequeñas empresas.

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Propiedad industrial (marcas, patentes, diseños, licencias)

Al ser miembro de la OMC, Filipinas es parte del Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC, o TRIPS en inglés). Esto ha hecho que el país haya progresado en los últimos años en la protección de la propiedad intelectual, aunque es aún muy laxa respecto a los países europeos o EEUU.

También es signatario de los siguientes acuerdos:

  • Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial
  • Convención de Berna para la Protección de Trabajos Artísticos y Literarios
  • Protocolo de Madrid sobre el registro internacional de marcas
  • Tratado de Budapest para el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos para el Procedimiento de Patentes
  • Tratado de Cooperación en Patentes
  • Convención de Roma
  • Aunque Filipinas es miembro de la Organización Mundial para la Propiedad Intelectual (WIPO), aún no ha ratificado parte del Tratado sobre el Copyright.

El marco regulatorio básico lo establece el Intellectual Property Code (RA 8293). Esta Ley establece el principio de reciprocidad, por el cual se garantiza a toda persona domiciliada o con centro de negocios en un país signatario de alguno de los acuerdos de los que Filipinas es parte, el tratamiento adecuado conforme a dichos acuerdos.

Es importante tener en cuenta que se incluyen en esta protección los copyright, marcas y nombres comerciales, indicaciones geográficas, diseños industriales, patentes, diseños industriales y de circuitos integrados, así como la información no divulgada.

La RA 8293 también crea la Intellectual Property Office (IPO), que es el organismo que tramita las patentes, marcas, y nombres comerciales. Prevé un procedimiento único para solicitantes de registro locales y extranjeros. A la hora de dirimir el derecho de uso sobre una patente o marca disputada, se impone el criterio temporal de la fecha de registro. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el Protocolo de Madrid posibilita la protección en Filipinas de una marca registrada en otro Estado miembro del Protocolo. Para ello, debe efectuarse el registro en la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. También se recomienda el registro en Filipinas en el Bureau Of Customs, para facilitar la aplicación de los derechos.

Las obras literarias, escolares, científicas, así como trabajos artísticos, estén publicados o no, son objeto de copyright. Este derecho se extiende hasta 50 años tras la muerte del creador.

Las marcas comerciales pueden protegerse por 10 años, siendo renovables indefinidamente.

Una patente de una invención tiene una validez de 20 años, sujeto al pago anual de una tasa a partir del 4º año. Una patente de un modelo de utilidad tiene una validez de 7 años y expira al finalizar este período. Mientras que una patente de un diseño industrial tiene una duración de 5 años y puede ser renovada por dos períodos consecutivos de igual duración.

Las patentes para inventos son válidas por 20 años. En el caso de modelos industriales, su validez es de 7 años. Un diseño industrial puede ser patentado por 5 años, y renovarse por dos veces con el mismo periodo. Al propietario de la patente se le garantiza un derecho adicional para la importación exclusiva de su invento. En ocasiones, se concede una licencia obligatoria.

La Ley sobre el Comercio Electrónico (RA 8792, de 2000) extiende el marco legal descrito a Internet. Otras Leyes sobre propiedad industrial son la Ley sobre la Protección de la Variedad de Plantas (RA 9168, de 2002), que garantiza los derechos a los cultivadores de plantas, y la Ley sobre Circuitos Integrados (RA 9150, de 2001), que hace lo propio con los diseñadores de estos circuitos. 

Algunas de las debilidades del sistema de propiedad industrial filipino son las provisiones ambiguas sobre los derechos de los propietarios de copyright en las retransmisiones por cable y satélite, o algunas restricciones que afectan a contratos de licencias de software y otras tecnologías. Existe un problema de falsificación masiva de estos productos, así como en juegos de ordenador, películas, música y otros bienes de consumo, como ropa, bolsos o tabaco.

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Razones y ventajas para la implantación de empresas españolas

Al ser miembro de la OMC, Filipinas es parte del Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC, o TRIPS en inglés). Esto ha hecho que el país haya progresado en los últimos años en la protección de la propiedad intelectual, aunque es aún muy laxa respecto a los países europeos o EEUU.

También es signatario de los siguientes acuerdos:

  • Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial
  • Convención de Berna para la Protección de Trabajos Artísticos y Literarios
  • Protocolo de Madrid sobre el registro internacional de marcas
  • Tratado de Budapest para el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos para el Procedimiento de Patentes
  • Tratado de Cooperación en Patentes
  • Convención de Roma
  • Aunque Filipinas es miembro de la Organización Mundial para la Propiedad Intelectual (WIPO), aún no ha ratificado parte del Tratado sobre el Copyright.

El marco regulatorio básico lo establece el Intellectual Property Code (RA 8293). Esta Ley establece el principio de reciprocidad, por el cual se garantiza a toda persona domiciliada o con centro de negocios en un país signatario de alguno de los acuerdos de los que Filipinas es parte, el tratamiento adecuado conforme a dichos acuerdos.

Es importante tener en cuenta que se incluyen en esta protección los copyright, marcas y nombres comerciales, indicaciones geográficas, diseños industriales, patentes, diseños industriales y de circuitos integrados, así como la información no divulgada.

La RA 8293 también crea la Intellectual Property Office (IPO), que es el organismo que tramita las patentes, marcas, y nombres comerciales. Prevé un procedimiento único para solicitantes de registro locales y extranjeros. A la hora de dirimir el derecho de uso sobre una patente o marca disputada, se impone el criterio temporal de la fecha de registro. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el Protocolo de Madrid posibilita la protección en Filipinas de una marca registrada en otro Estado miembro del Protocolo. Para ello, debe efectuarse el registro en la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. También se recomienda el registro en Filipinas en el Bureau Of Customs, para facilitar la aplicación de los derechos.

Las obras literarias, escolares, científicas, así como trabajos artísticos, estén publicados o no, son objeto de copyright. Este derecho se extiende hasta 50 años tras la muerte del creador.

Las marcas comerciales pueden protegerse por 10 años, siendo renovables indefinidamente.

Una patente de una invención tiene una validez de 20 años, sujeto al pago anual de una tasa a partir del 4º año. Una patente de un modelo de utilidad tiene una validez de 7 años y expira al finalizar este período. Mientras que una patente de un diseño industrial tiene una duración de 5 años y puede ser renovada por dos períodos consecutivos de igual duración.

Las patentes para inventos son válidas por 20 años. En el caso de modelos industriales, su validez es de 7 años. Un diseño industrial puede ser patentado por 5 años, y renovarse por dos veces con el mismo periodo. Al propietario de la patente se le garantiza un derecho adicional para la importación exclusiva de su invento. En ocasiones, se concede una licencia obligatoria.

La Ley sobre el Comercio Electrónico (RA 8792, de 2000) extiende el marco legal descrito a Internet. Otras Leyes sobre propiedad industrial son la Ley sobre la Protección de la Variedad de Plantas (RA 9168, de 2002), que garantiza los derechos a los cultivadores de plantas, y la Ley sobre Circuitos Integrados (RA 9150, de 2001), que hace lo propio con los diseñadores de estos circuitos. 

Algunas de las debilidades del sistema de propiedad industrial filipino son las provisiones ambiguas sobre los derechos de los propietarios de copyright en las retransmisiones por cable y satélite, o algunas restricciones que afectan a contratos de licencias de software y otras tecnologías. Existe un problema de falsificación masiva de estos productos, así como en juegos de ordenador, películas, música y otros bienes de consumo, como ropa, bolsos o tabaco.

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Barreras de entrada para inversores españoles

En general Filipinas es un país complicado para los negocios, con trámites abundantes y lentos y con problemas de corrupción extendida, como lo vienen destacando los informes del Banco Mundial, Banco Asiático de Desarrollo y Transparency International. Existen además algunos riesgos derivados de la poca transparencia e independencia de algunos órganos reguladores y de la influencia política en algunas concesiones, en particular durante la pasada legislatura. Las infraestructuras inadecuadas y el coste elevado de la electricidad son también factores negativos.

Desde el punto de vista legal, la Constitución, y en concreto la Ley de la República Nº7042,  limitan la participación extranjera en varios sectores bajo la denominada “Lista Negativa”. Entre los sectores restringidos cabe destacar los siguientes por su mayor impacto en las inversiones españolas:

·         De la lista A:

o    Comercio al por menor con una inversión inicial inferior a 2,5 millones de USD, incluyendo la venta al por menor y la restauración: Prohibida la inversión extranjera.

o    Contratos para la construcción y reparación de obras públicas financiadas localmente: máx. 40% de capital extranjero.

o    Operadores de infraestructuras que requieran una concesión pública de explotación: máx. 40% de capital extranjero.

o    Propiedad de terrenos privados: 40% de capital extranjero.

·         De la lista B:

o    Empresas orientadas al mercado nacional con un capital inferior a 200.000USD: máx. 40% de capital extranjero.

o    Empresas orientadas al mercado nacional con un capital inferior a 100.000USD que utilicen tecnología avanzada o que empleen al menos a 50 empleados directamente: máx. 40% de capital extranjero.

Esta normativa obliga a las empresas extranjeras a asociarse con empresas filipinas. Aunque muchas empresas extranjeras conseguían cumplir esta norma y al mismo tiempo mantener el control del negocio, desde 2012 (a raíz de una sentencia del Tribunal Supremo) el 40% se refiere exclusivamente a acciones con derecho a voto y propiedad de su titular (no en usufructo), lo que dificulta notablemente la actividad inversora.

La obtención de visados de trabajo para empleados, la devolución del IVA (muy importante en el caso de empresas de renovables, que siempre facturan a desarrolladores exentos) o la aplicación de los tipos reducidos estipulados en el Convenio de Doble Imposición resultan difíciles en la práctica.

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