Marco jurídico

Resumen del marco jurídico para los negocios

 

Puerto Rico es un territorio bajo la soberanía de Estados Unidos. El estatus de Estado Libre Asociado a Estados Unidos confiere a la Isla un reparto de competencias similar al de los 50 Estados de la Unión, aunque con mayor autonomía en los campos fiscal y cultural. Puerto Rico posee un alto grado de autonomía fiscal y está exenta del pago de impuestos federales.

La legislación y normativas federales son de plena aplicación en la Isla. Además de la federal se aplica la legislación puertorriqueña (la cual no puede contradecir lo dispuesto a nivel federal).

Puerto Rico es parte del territorio aduanero de los Estados Unidos y se rige por su mismo marco legal y sistema de protección de la propiedad intelectual; también su sistema bancario está regulado bajo las leyes de los Estados Unidos y sus depósitos cuentan con las garantías del FDIC.

Puerto Rico entra dentro del marco jurídico legal de los EEUU y queda bajo la protección de la Ley de Seguridad Nacional (Homeland Security).

Los idiomas oficiales de Puerto Rico son el español y el inglés. Aunque el español se habla con más frecuencia, los negocios se realizan con frecuencia en inglés. Su moneda es el Dólar de los EEUU.

La Isla tiene acceso a los programas federales de financiación y a fondos para infraestructura, proyectos sociales, educación, programas de investigación, etc.

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Organismos de apoyo a la inversión extranjera

1.1    PRIDCO (Compañía de Fomento Industrial) 

La Compañía de Fomento Industrial (PRIDCO, por sus siglas en inglés), antes denominada Administración de Fomento Económico, es una entidad pública que tiene como principal función la atracción de inversión exterior y control de la actividad industrial. 

Depende del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, que a su vez integra los principales organismos relacionados con la actividad económica y comercial, coordinando la actuación de las distintas agencias económicas del Estado.

Se trata de una empresa pública encargada de promocionar Puerto Rico como destino de la inversión industrial extranjera. Los beneficios de los que se podrá beneficiar la empresa, dependerán del sector de actividad, inversión realizada, empleos generados, y el lugar de Puerto Rico donde se realice la inversión. 

PRIDCO, entre otros servicios, asiste al inversor en la búsqueda de la localización idónea,  así como sobre procedimientos y permisos necesarios, proceso de construcción, selección de personal y regulación medioambiental.

La actividad de PRIDCO se centra en unas industrias determinadas:

  • Ciencias Vivas, que incluyen principalmente biotecnología e industria farmacéutica.
  • Industrias Tecnológicas, que se componen de empresas de informática y comunicaciones, ingeniería, dispositivos médicos, industria aerospacial e I+D
  • Industrias Tradicionales, como alimentación, plásticos, muebles y textiles, etc.

1.2    Autoridad para las alianzas público privadas (APP)

Una Alianza Público-Privada es un acuerdo contractual entre una agencia del sector público y una o más empresas privadas, que permite mayor participación del sector privado en el desarrollo y la financiación de proyectos de infraestructura y prestación de servicios.

Esta Agencia Pública nace en el contexto del plan de estímulo del presidente de los Estados Unidos Barack Obama y comienza a operar durante 2010. Las Alianzas se peden formar con el propósito de ofrecer un servicio a los ciudadanos, así como para construir u operar una instalación o proyecto que se considere alta prioridad para el Gobierno.

Puerto Rico ha adoptado las alianzas público-privadas como una forma de apalancar el capital y el conocimiento del sector privado con la dirección y supervisión del gobierno para proveer al sector público con activos y servicios necesarios. La Autoridad para las Alianzas Público-Privadas es la entidad pública responsable de llevar a cabo las alianzas público-privadas. Entre sus funciones más importantes están:

  • Establecer prioridades entre los proyectos clave con algo potencial AAPP. 
  • Conducir análisis sobre la probabilidad, idealidad y conveniencia de los estudios acerca de proyectos específicos de las AAPP.
  • Creación y aprobación de regulaciones para gestionan procedimientos encaminados a establecer alianzas.
  • Evaluación de los términos y condiciones de cada contrato de alianza y realización de recomendaciones al consejo directivo de las AAPP y las entidades del gobierno competentes.
  • Incorporación dentro de contratos directos con terceras partes para servicios especializados relativos al establecimiento de alianzas.
  • Brindar un mayor apoyo al desarrollo económico de la Isla, promoviendo la creación de empleos y el crecimiento de empresas locales.
  • Mejorar las infraestructuras de la Isla, aumentando la calidad de los servicios, reduciendo la congestión, estableciendo mantenimiento rutinario y aumentando en general el valor de los activos.
  • Mejorar la seguridad y el cuidado ambiental.
  • Viabilizar proyectos de infraestructura cuando los fondos necesarios para desarrollar el proyecto no están disponibles en el fisco.

Estas alianzas pretendían solventar los problemas de financiación del gobierno puertorriqueño mediante la participación de empresas privadas. Estas alianzas se enfocaron hacia el desarrollo de infraestructuras: embalses, plantas de filtración, trenes urbanos y proyectos de energía renovable. La administración de Alejandro García Padilla anuncio diversos proyectos que se instrumentarían como APP, entre ellos la construcción del tren que uniría San Juan con Caguas.  

La Autoridad para las Alianzas Publico-Privadas ha quedado integrada dentro del Banco Gubernamental de Fomento, bajo la dirección de la Sra. Grace M. Santana, Directora Ejecutiva. Desde comienzos del año 2014 la aprobación y firma de los contratos de APP paso a ser responsabilidad última del Secretario del Departamento de Estado.

Estas alianzas se orientaron principalmente hacia el desarrollo de infraestructuras: autopistas, plantas de filtración, trenes y proyectos de energía renovable. El 19 de diciembre de 2009 se aprobó el reglamento que regula el funcionamiento de las llamadas APP. Las dos APP más destacadas son las privatizaciones de la operación y gestión de las autopistas PR-22 y PR-5 y del aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín en San Juan.

Otros proyectos de menor tamaño son la construcción de la expansión de las Clínicas Externas de la Administración de Servicios Médicos (ASEM), con una inversión de 7,4 millones de dólares y la construcción del Centro Comprensivo de Cáncer, con una inversión de $150 millones.

Esta proyectada la introducción de legislación para enmendar la Ley de las Alianzas Público Privadas (ley 29) de manera que se establezca un proceso más ágil que viabilice proyectos que no excedan de 50 millones de dólares.

1.3    Corporaciones municipales de desarrollo económico 

Las corporaciones de Desarrollo económico de los municipios son entidades creadas para cumplir los objetivos de desarrollo económico y social de los municipios donde operan. Pueden ofrecer programas de préstamos directos o en garantía a través de entidades financieras así como ayudas financieras directas al establecimiento y creación de empleos.

En muchos casos los municipios cuentan con Centros de Desarrollo Empresarial, orientados a la creación de empresas y nuevos empleos.  Entre los servicios que ofrecen se encuentran la asistencia técnica en áreas como contabilidad, finanzas, acceso a fuentes de capital, legal y mercadeo. Estos incentivos y ayudas además de vincularse a la que la empresa se establezca en el municipio se supeditaran a la creación de un número determinado de empleos. Muchos municipios gestionan fondos federales y conceden incentivos y ventajas fiscales sobre sus tributos. 

Los principales municipios de Puerto Rico (San Juan, Guaynabo, Caguas o  Bayamón) cuentan con sus propias instituciones encargadas de facilitar y atraer la inversión y establecimiento de empresas en su término.

 

1.4    Compañía de comercio y exportación

También vinculada al Departamento de Desarrollo Económico, se encarga de administrar diversos programas de ayuda e incentivos vinculados al establecimiento de empresas (principalmente pequeñas y medianas) en los centros urbanos de las ciudades. 

Se encargan desde la elaboración del plan de negocios hasta la exportación de productos y servicios. Guía a las empresas interesadas en todo el procedimiento de creación o expansión de las mismas mediante la orientación, asistencia técnica y asesoramiento sobre fuentes de financiamiento, leyes aplicables al comercio, orientación en planes de exportación, educación empresarial, incentivos, etc. Los más destacados son los subsidios a la creación de empleo así como deducciones sobre el consumo de energía.

www.comercioyexportacion.com 

1.5    Banco de desarrollo económico 

El objetivo del Banco de Desarrollo Económico es fomentar el desarrollo económico de Puerto Rico con agilidad y flexibilidad desde las comunidades, centros educativos hasta los empresarios.

La ley que creó esta institución tiene como fin principal proveer productos y servicios para apoyar tanto a nuevos empresarios como a aquellos que desean expandir sus negocios. Asimismo brindan apoyo en la orientación de cómo crear el negocio, documentos y elementos que necesita para presentar una buena propuesta de negocios y cómo implementarla de manera óptima para que rinda los resultados esperados y que redunde en el éxito empresarial.

El BDEPR financia proyectos de alto riesgo en los sectores de manufactura, turismo, comercio, servicio y agricultura, y también ofrece garantías a préstamos de la banca privada.

El Banco cuenta con productos de financiación como préstamos directos, préstamos en participación, préstamos en garantías, inversiones de capital y préstamos de capitalización, además de otros productos financieros.  Entre los servicios que ofrece el BDEPR, cabe destacar los siguientes: 

El Centro de Banca Empresarial ofrece orientación sobre los productos de financiación del Banco e identifica los futuros clientes que cumplen con los requisitos de la Institución.

Proporciona información relacionada con el proceso de evaluación, los requisitos internos y de otras agencias de gobierno, necesarios para la aprobación y cierre de la financiación.

Otro de los proyectos del BDE es la unión de la Institución a la Asociación de Bancos de Puerto Rico (ABPR), con el propósito de promover el desarrollo económico comunitario. El BDE ha creado una iniciativa donde el Banco recibiría depósitos de los bancos privados que a su vez serán utilizados por el BDE para la financiación de negocios, incluyendo actividades que promueven el desarrollo económico comunitario.  

1.6    Banco gubernamental de fomento

El BGF ha desempeñado un papel protagonista en la financiación de la infraestructura económica de la Isla desde su fundación en el 1942. Esta institución, única en su clase, es responsable de desarrollar las estrategias financieras del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y sus entidades públicas. 

Hoy, el BGF, sus subsidiarias y afiliadas, contribuyen a la estructuración de financiación para infraestructura, vivienda, obras municipales, educación, salud y al desarrollo de industrias que fomenten la creación de empleos en Puerto Rico.

En 2012, el Banco Gubernamental de Fomento firmó un conjunto de acuerdos con el circuito bancario de Puerto Rico para concretar la iniciativa “Impulso Empresarial”, un programa de garantías con el que se pretende incentivar el sistema crediticio de dicho sector. Las siete entidades bancarias que operan en la isla fueron asignadas con una porción del total de 200 millones de dólares de la iniciativa. Son los propios bancos los que gestionan los fondos autorizados para garantizar hasta el 35 % de cualquier préstamo comercial o industrial que se otorgue a una empresa que realiza sus operaciones en Puerto Rico. El préstamo puede estar destinado para la compra de inmuebles, mejoras capitales, compras de equipos o capital de operaciones.

De aprobarse todas las garantías se estima que suponga una inyección de entre 600 y 800 millones de dólares a la economía del país. 

Autoridad para la Financiación de Facilidades Industriales, Turisticas, Educativas, Medicas y de Control Ambiental de Puerto Rico (AFICA)

AFICA fue creada como una subsidiaria del Banco Gubernamental de Fomento, a modo de alternativa para la financiación de inversiones de capital en Puerto Rico para proyectos del sector público y privado. Propiciando métodos alternos de financiación al sector público y privado que promuevan las inversiones de capital y la mejora de la infraestructura en Puerto Rico y permita que las industrias, comercios e instituciones médicas, turísticas, educativas, privadas y de control ambiental expandan y desarrollen sus operaciones.   Dicha autoridad canaliza la financiación de los proyectos elegibles mediante la emisión de bonos, exentos del pago de contribuciones.

AFICA está autorizada para la financiación de proyectos de facilidades médicas, de educación, turísticas y proyectos industriales, y, en ocasiones, incluye edificios para oficinas y servicios. El presupuesto consolidado aprobado para el año fiscal 2011-2012 asciende a 3.821.000 de dólares.

1.7    Compañía de turismo 

Ofrece ayudas para la creación de empleo relacionado con el turismo y todo lo que sea atraer y aumentar el número de visitantes a la isla. 

La Ley de Desarrollo Turístico de Puerto Rico del 1993 fue establecida para proveer al Gobierno de Puerto Rico las herramientas necesarias para desarrollar una infraestructura de clase mundial en respuesta a la creciente demanda de más facilidades para acomodar una nueva generación de negocios y visitantes turísticos. 

Para más información y acceso de  solicitudes pueden acceder a través de los link:

           www.gdb-pur.com                                                   www.prhta.org

1.8    Comisión del cine de Puerto Rico

La Comisión de Cine de Puerto Rico (Puerto Rico Film Comisión – PRFC) fue creada en 1999 para desarrollar la industria del cine en la isla, en parte ofreciendo incentivos a productores de fuera interesados en filmar en Puerto Rico. El principal incentivo que la PRFC ofrece es una desgravación sobre los gastos incurridos de hasta el 40%, y se expide en la forma de una desgravación transferible. Esta desgravación se concede por todos los pagos a residentes en Puerto Rico por largometraje, serie de televisión y miniserie (incluyendo telenovelas), grabación de bandas sonoras de películas y proyectos de infraestructura de cine. Estos “gastos en Puerto Rico” incluyen (aunque no limitados a) equipamiento, personal, actores, viajes (si son a través de una agencia local), hoteles, alquiler de lugares de filmación y un porcentaje diario.

  • 40% de crédito contributivo en todos los pagos a empresas e individuos residentes en Puerto Rico
  • 20% de crédito contributivo en todos los pagos en no residentes.
  • 25% de crédito contributivo en los costos de desarrollo o expansión de estudios, laboratorios, facilidades para la transmisión internacional de imágenes de televisión u otros medios e infraestructura relacionada. En estos casos la inversión mínima es de 1 millón de dólares por proyecto.

Los proyectos elegibles son: videojuegos, largometrajes, cortometrajes, documentales, programas de televisión, series en episodios, mini-series, videos musicales, comerciales nacionales e internacionales, actuaciones en directo grabadas y grabaciones de bandas de sonido originales y doblaje. 

Ley de Incentivos de la Industria de Cine:

http://www.lexjuris.com/lexlex/Leyes2011/lexl2011027.htm

http://www.app.gobierno.pr/

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Cuadro de organismos de apoyo a la inversión extranjera

ORGANISMO DATOS DE CONTACTO
COMPAÑÍA DE FOMENTO INDUSTRIAL – PRIDCO Dirección: #355 FD Roosevelt Avenue Suite 404
00918 Hato Rey - Puerto Rico
Tel.: (1787) 758 4747
Fax: (1787) 764 1415
E-mail: promotion@pridco.com
Web: www.pridco.com
AUTORIDAD PARA LAS ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS  (AAPP) Dirección física: Centro Gubernamental Roberto Sánchez Vilella. Ave. De Diego, Parada 22 Santurce, P.R. 00907
Dirección postal: PO Box 42001 San Juan, P.R. 00940-2001
Web:  www.app.gobierno.pr
BANCO DE DESARROLLO ECONÓMICO - BDE Dirección Postal:
PO Box 2134 - San Juan, Puerto Rico 00922-2134
Dirección Física:
Calle Aldebarán 638 - San Juan, Puerto Rico 00922
Teléfonos: 787-641-4300 / 787-641-1BDE (1233)
1-866-641-4300 libre de cargos para llamadas de larga distancia Extensión 1025
Web: www.bdepr.org/
BANCO GUBERNAMENTAL DE FOMENTO- BGF Dirección Postal: PO Box 42001    San Juan PR 00940-2001
Dirección Física: Centro Gubernamental Roberto Sánchez Vilella
Ave. De Diego, Parada 22
Santurce, P.R. 00907
Teléfonos: 787-722-2525
Web:  www.gdb-pur.com/
COMPAÑÍA DE TURISMO DE PUERTO RICO Dirección: Edif. La Princesa #2, Paseo La Princesa
P.O. Box 902-3960, Old San Juan, Puerto Rico 00902
Tel.: (787) 721-2400 ext. 2384 / 721-1932
Fax:  (787) 721-3135
Web: www.gotopuertorico.com
COMISIÓN DEL CINE DE PUERTO RICO Dirección: 355 Ave. F.D. Roosevelt, Edificio de  Fomento, Suite 101
PO Box 362350, San Juan, PR 00936-2350
Tel.: (1-787) 754-6444 / (787)758-4747 ext. 5102
Fax:  (1-787) 756-5706
Web:  http://puertoricofilm.org/

 

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Otros incentivos a la inversión

Incentivos especiales de PRIDCO

Los siguientes incentivos fueron creados para respaldar el establecimiento y la retención de inversiones locales y extranjeras en Puerto Rico.

Créditos contributivos: 

La ley 73 también provee los siguientes créditos contributivos que podrán ser utilizados para reducir determinados costos operacionales mediante la reducción en la contribución sobre ingresos en  los siguientes casos: 

1. Créditos por la compra de productos manufacturados en Puerto Rico: 25%  de compras elegibles, 35% si es de material reciclable, hasta un límite del 50% de la contribución sobre ingresos.

2. Crédito por la creación de empleos: Entre 1.000/2.500 dólares por empleo creado y de hasta 5.000 dólares si son creados en Culebra o Vieques durante el primer año de operaciones para  aquellos negocios que hayan comenzado operaciones con posterioridad al 1 de julio de 2008

3. Crédito por inversión en investigación y desarrollo: De un 50% para inversiones en pruebas clínicas, pruebas toxicológicas, infraestructura, energía renovable o propiedad intangible.

4. Créditos de un 50% de la inversión en la compra de negocios a punto de cerrar, siempre que se adquiera al menos el 50% de la propiedad de la empresa y para inversiones en pequeñas y medianas empresas locales con un máximo de 8.000.000 dólares de valor del negocio.

5. Crédito por inversión en reducción de los costos de energía, o por inversión en equipos para generación de energía que usen combustible distinto al petróleo. El monto total no excederá del 10% total pagado por consumo de energía eléctrica por año.

6. Inversión en proyectos estratégicos. Para aquellos proyectos que sean de importancia extraordinaria para la economía de Puerto Rico. El crédito es de un 50% de exención del proyecto, con un límite del 50% de la contribución de ese año. 

Incentivos básicos para creación de empleo.

Las compañías que se ajustan a los parámetros comentados anteriormente y que son respaldadas por PRIDCO, tanto las locales como extranjeras, reciben un incentivo básico por cada empleado contratado. Adicionalmente a los incentivos antes mencionados, las compañías respaldadas por PRIDCO pueden recibir incentivos por la creación de empleos en zonas exteriores al área metropolitana de San Juan. Estos incentivos serán disponibles para empresas locales y foráneas y dependerán de la situación geográfica de la compañía y de la cantidad de nuevas contrataciones.

Incentivos para proyectos de asistencia 

Compañías no promovidas por PRIDCO, locales y extranjeras, podrán ser elegidas para recibir ayudas especiales por la creación de empleos adicionales a la base de empleo establecida por PRIDCO para esta compañía.

Incentivos para proyectos estratégicos

Aquellas compañías respaldadas por PRIDCO que ejecuten proyectos de gran importancia para Puerto Rico, por crear y mantener un alto número de trabajos cualificados, promover nuevas tecnologías, negocios de transferencia de tecnología del conocimiento, o que sean consideradas por otros meritos por los directores de PRIDCO, podrán optar a los incentivos. 

PROGRAMA DE INCENTIVOS DE MARKETING de PRIDCO

Estos fondos están disponibles para las empresas acogidas a la ley 73 de incentivos contributivos con ventas comprendidas entre $100,000 a $10 millones por año y cuyo inicio de operaciones han sido certificados. Las empresas locales con menos de $ 100.000 en ventas anuales pueden solicitar hasta $ 30,000 en incentivos. A través de este incentivo, PRIDCO ofrece un reembolso del 50% (hasta $ 50.000), de los costes de las actividades de marketing dentro y fuera de Puerto Rico. Las actividades de marketing incluyen materiales impresos, publicidad, investigación de mercados, actividades promocionales y artículos. La empresa debe presentar la solicitud a PRIDCO para la evaluación de al menos 60 días antes de la campaña de comercialización o la actividad de promoción se llevará a cabo.

http://www.pridco.com/special-programs/Pages/Marketing-Incentives-Program-.aspx

Banco de Desarrollo Económico[4]

El BDE, tiene una amplia gama de productos y servicios dirigidos a fomentar las pequeñas y medianas empresas tales como: Tarjeta de Crédito Empresarial y Agrícola, Mujer Empresaria, Préstamo Directo, Reembolsos de Intereses y Capital de Riesgo entre otros. También han creado alianzas con asociaciones empresariales, Cooperativas, Banca Privada, municipios y agencias gubernamentales que ayudan al desarrollo económico y a ampliar una red de distribución de productos y servicios.

Además tiene el Programa de Garantías para PYMES, creado para garantizar préstamos otorgados por las instituciones financieras (Bancos) de Puerto Rico a negocios elegibles, según se definen en el Reglamento de Financiamiento del BDEPR. De este modo las pequeñas y medianas empresas podrán obtener financiamiento cuando tengan un acceso limitado al capital, por falta de liquidez o de suficiente colateral para respaldar sus préstamos, y además, el BDEPR otorgará garantías a las instituciones financieras participantes que estén reguladas por el Comisionado de Instituciones Financieras, COSSEC y el FDIC.

[4] www.bdepr.org/bdepr/creditoempresarial.php

Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico[5]

También vinculado al Departamento de Desarrollo Económico. Administra diversos programas de ayuda e incentivos vinculados al establecimiento de empresas (principalmente pequeñas y medianas) en los centros urbanos de las ciudades. Los más destacados son los subsidios a la creación de empleo así como deducciones sobre el consumo de energía. 

Entre los servicios que proporciona están los que siguen:

  • Servicios de financiación y consultoría: CFE ofrece servicios de consultoría en temas como establecimiento de un nuevo negocio o como expandir uno ya existente, opciones disponibles para ayuda financiera en agencias federales y estatales y proyecciones comerciales y estados contables, entre otros.
  • Complejos comerciales: la división inmobiliaria  de CFE puede suministrar lugares para almacenaje y distribución del producto. La CFE controla almacenes y complejos comerciales estratégicos en San Juan, Ponce y Mayagüez. Desde estos complejos los clientes distribuyen los bienes de consumo a mercados locales e internacionales.
  • Zona de libre comercio 61: las empresas pueden reducir sus costes de almacenamiento y operación cuando se establezcan en zonas como la 61 o creen una subzona dentro de su lugar de operación.

Se eliminan o posponen los impuestos y derechos de mercancías.

  • Puerto Rico World Trade Center: la PRWTC proporciona acceso a las mejores ideas en negocios internacionales, canales de marketing y extensión de los beneficios de la asociación a sus miembros.
  • Créditos para energía eléctrica: la Autoridad de Energía Eléctrica está autorizada a conceder un crédito de un 10%, hasta un máximo de 40 dólares mensuales o 480 dólares  anuales, a pequeños detallistas o complejos logísticos no profesionales con 7 o menos empleados que se localicen en centros urbanos.

[5] www.comercioyexportacion.com/

Departamento de Desarrollo Económico y Comercio

La Ley 62-2014 de apoyo a las Microempresas y Pymes

http://www.lexjuris.com/lexlex/Leyes2014/lexl2014062.htm 

La nueva Ley de Incentivos Permanentes para Pymes, Ley 120 de 2014, establece un programa de incentivos contributivos y salariales para las Pymes en Puerto Rico. Los objetivos del nuevo Programa de Incentivos Permanentes, son viabilizar el desarrollo y la expansión de este sector, crear nuevos empleos y retener los empleos existentes.

Beneficios provistos por la ley:

-Mediante la Ley de Reservas en las Compras del Estado Libre Asociado de Puerto Rico se reserva un 20% en la partida de compras del Gobierno para las Pymes.

-Programa de renta preferencial en propiedades de la CCE y PRIDCO (rentas a 1 dólar de propiedades disponibles)

-Reserva del 60% de los subsidios salariales  bajo la Ley de Seguridad de Empleo (Ley 52)

-Obtención de permisos por vía preferente.

-Permiso de uso condicional en un día

-Referido a Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) o al Municipio Autónomo correspondiente

Beneficios para empresas nuevas:

Reembolso de 50% del Salario Mínimo Federal hasta 15 empleados

Contribución sobre ingresos preferencial por 3 años de 5%, 10% y 15%, respectivamente

Exención de 50% del pago de las primas del Fondo de Seguro del Estado

Exención de 50% del pago de patentes municipales

Exención de 50% en contribución sobre la propiedad mueble/inmueble

Pago de Bono de Navidad escalonado

Beneficios para empresas en expansión:

Reembolso de 50% del Salario Mínimo Federal hasta 10 empleados por un año

Exención de 50% del pago de las primas del Fondo de Seguro del Estado

Beneficios para empresas con pérdidas netas operacionales:

Reembolso de 50% del Salario Mínimo Federal hasta 10 empleados por un año

Exención de 50% del pago de las primas del Fondo de Seguro del Estado 

http://ddec.pr.gov/es/empleos/

http://www.comercioyexportacion.com/explorar/incentivos/microempresas-y-pymes-ley-62.html

Puerto Rico / EB-5 Regional Center

El “US Citizenship & Immigration Service” de los EEUU ha aprobado la creación de , “Regional Center” en Puerto Rico, lo que permite la concesión de visados a los inversores de acuerdo al Programa de Inmigración para Inversores EB-5. Puerto Rico es a todos los efectos una región con empleo precario (aquellas con tasa de desempleo superior al 150% de la media de EEUU); lo que facilitaría la obtención de visados a inversores y sus familias (Visas EB-5), cuando se realice una inversión de 500.000 dólares que genere al menos diez puestos de de trabajo (directos o indirectos). Después de cinco años el inversor sería elegible para optar a la ciudadanía estadounidense.

Este incentivo esta canalizando fondos de inversores principalmente asiáticos, hacia proyectos que de otra forma tendría muy difícil acceder a los recursos necesarios, principalmente en el sector turístico.

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Zonas francas y ZEE

Zona Franca

Puerto Rico cuenta con la zonas franca no contigua más grande de los Estados Unidos. El sistema permite a las compañías obtener ahorros financieros significativos, en materias primas, componentes y embalaje. Pueden ser transportados sin pagar impuestos a través de estas zonas. Los objetos que se envían fuera después de procesarlos están exentos de impuestos de los EE.UU. Los beneficios incluyen:

-Aplazamiento de obligaciones con las aduanas federales.

-Aplazamiento de los impuestos sobre consumo .

-Exención de impuestos municipales en las exportaciones fuera de los Estados Unidos.

 -Reducción de tiempo y esfuerzos en el proceso de activación. 

Esta Zona Franca depende Departamento de Desarrollo Económico de Puerto Rico; de PRIDCO en el caso de manufacturas y de la Compañía de Comercio y Exportación en el caso de servicios. 

 http://www.pridco.com/special-programs/Pages/Foreign-Trade-Zone.aspx

http://www.comercioyexportacion.com/bienes-raices/zona-libre-de-comercio-exterior-61.html

Aeropuerto de Aguadilla

El aeropuerto internacional Rafael Hernández de Aguadilla es una zona libre de comercio,

La ventajosa condición se produce por designación de la agencia federal responsable, la Foreign Trade Zone Board (FTZB), entidad adscrita al Departamento de Comercio de Estados Unidos, y con ella el aeropuerto se convierte en el primero en Puerto Rico con esa designación y uno de los 84 que existen en Estados Unidos.

El programa de zonas libres tiene importantes beneficios para las empresas, entre los que se incluyen la exención del pago de aranceles y arbitrios para la mercancía extranjera que es admitida allí y que la mercancía pueda ser exportada o transportada de una zona libre a otra con igual designación sin pagar aranceles o arbitrios hasta el momento que la misma sale de la zona libre y entra a territorio doméstico.

Otros beneficios son que las empresas que allí se establezcan pueden recibir muchos de los incentivos que ofrece el gobierno de Puerto Rico; pueden elegir pagar las tasas más bajas por componentes o productos terminados y tampoco pagan aranceles por el valor añadido que pueda atribuirse a procesos de manufactura o ensamblaje que ocurran dentro de la zona.

Se les exime también del pago de contribuciones sobre toda propiedad, mueble o inmueble, que se encuentre en una zona activada.

 

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Contratación Pública. Criterios de adjudicación de contratos

En Puerto Rico hay dos tipos de contratos públicos: las subastas y la solicitud de ofertas (Request for Proposals – RFP), ambas abiertas a la participación internacional. Las subastas tienen por objeto la realización de compras y suministros para entidades públicas. Las leyes habilitadoras de las entidades públicas (de aquellas entidades con capacidad para realizar sus compras y suministros) establecen que todas las compras y contratos de suministro o servicios profesionales que superen determinado importe se harán mediante subasta. Así pues, las subastas están sujetas al proceso administrativo de la normativa correspondiente y la adjudicación se realiza según las directrices previstas en la normativa (suelen hacer consideraciones de coste).

En cuanto a las solicitudes de ofertas (RFP), su fundamento jurídico está en las excepciones a la obligatoriedad de la celebración de subasta previstas por las leyes habilitadoras de las entidades públicas. Una de las excepciones es la contratación de servicios profesionales, inspirándose en el procedimiento utilizado por los organismos federales. Las entidades puertorriqueñas pueden recurrir al RFP para contratar servicios profesionales, en aquellos proyectos cuya complejidad requiere de un sistema de selección más flexible que las subastas, como los proyectos de infraestructura o aquellos que exigen diseños técnicos complejos. Se trata de un proceso de selección competitivo que permite a las entidades convocantes dar prioridad a los aspectos cualitativos (la capacidad de un proyecto para cubrir una necesidad pública) sobre las meras consideraciones de coste.

La Ley obliga al registro y cualificación de los licitadores interesados en hacer negocios con el gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. La ley 85 del 18 de junio de 2002, según enmendada, obliga a todo licitador que desee hacer negocios con alguna agencia de la Rama Ejecutiva del Gobierno a estar inscritos en el Registro Único de Licitadores de la Administración de Servicios Generales. Los compradores de las agencias gubernamentales deberán consultar éste Registro Único al momento de hacer sus invitaciones a los proveedores que participarán en sus subastas.

Para la inscripción es necesaria la presentación de una exhaustiva documentación así como el pago de una cuota, sin los cuales no podrá emitírsele el certificado de elegibilidad, el cual es necesario para poder adjudicársele una subasta. En los casos en que la corporación sea una empresa extranjera, deberá presentar certificación del Secretario de Estado indicando que dicha corporación está autorizada a efectuar negocios en Puerto Rico y que ha cumplido con todas las disposiciones legales al efecto; así como el nombre y dirección de su agente residente.

Independientemente de que sea extranjera o no, las empresas deberán notificar los nombres de los miembros de la Junta de Directores y sus direcciones y si ha sido convicta o no de violar alguna disposición de ley.

La Rama Judicial (Departamento de Justicia), así como las Empresas Publicas (Autoridad de Energía Eléctrica o la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados), cuentan con sus propios registros de licitadores; así como algunos municipios.

Debido a las restricciones presupuestarias que enfrento Puerto Rico a raíz de su crisis fiscal, las Alianzas Público–Privadas se han convertido en una herramienta fundamental de desarrollo, enfocándose en la colaboración del sector público y privado en el desarrollo de proyectos estratégicos para el país. Estas alianzas permiten solventar los problemas de financiación del gobierno puertorriqueño mediante la participación de empresas privadas. Estas alianzas se enfocaron en un principio hacia el desarrollo de infraestructuras, pero las restricciones en el acceso al crédito han reorientado su uso hacia proyectos de menor envergadura (según legislación reciente, una empresa privada puede voluntariamente someter una APP siempre que la misma sea inferior a 55 millones de dólares) y hacia la prestación de servicios. 

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Régimen de inversiones

La legislación sobre inversiones extranjeras, como todos los aspectos de política exterior, es competencia de las autoridades e instituciones federales, que determinan la normativa para los territorios bajo la soberanía de Estados Unidos.

Puerto Rico forma parte del territorio aduanero de los EEUU; sin embargo, al no ser un Estado de la Unión, dispone de un alto grado de autonomía fiscal que le exime de fiscalidad federal.
En general, todos los sectores están abiertos a la inversión extranjera, con la excepción de la explotación de yacimientos petrolíferos, minería y otras industrias extractivas que se reserva al gobierno de Puerto Rico. Por otra parte, inversiones en sectores como el aeronáutico, telecomunicaciones y energía, deben ser supervisadas por la Comisión de Inversión Extranjera de los Estados Unidos por motivos de seguridad nacional.
Existen también una serie de restricciones originadas por la legislación Exon-Florio, que otorgan al presidente la facultad de bloquear operaciones de compra de compañías estadounidenses por parte de compañías extranjeras.
En el área de la contratación pública existen medidas de carácter proteccionista (a escala federal y estatal); con el propósito de ofrecer trato preferencial a los suministradores y/o productos estadounidenses/puertorriqueño, con respecto a productos de origen extranjero. Estas restricciones se basan en el caso federal en dos disposiciones legales conocidas como Buy America (aplicable a las compras dentro del sector transporte que gocen de alguna subvención federal) y Buy American (aplicable a todas las contrataciones públicas de bienes que gocen de subvención federal); en el caso de Puerto Rico podemos mencionar la Ley de Productos Manufacturados de Puerto Rico y la Ley para la Inversión en la Industria Puertorriqueña.
Esta actualmente pendiente de aprobación la llamada Ley de Preferencia para los Contratistas o Proveedores de Construcción, que busca que las agencias de gobierno reservarán un 15-20% de las contrataciones de adquisición y arrendamiento de bienes y servicios a los contratistas y proveedores locales.
Puerto Rico, desde los años cincuenta, ha basado su modelo de desarrollo económico en los incentivos fiscales a la inversión exterior, tanto estatal como federal. Los beneficios establecidos dependen del sector de actividad, de la inversión realizada, de los empleos generados y del lugar de Puerto Rico en donde se realice la inversión ya que tendrá una menor tasa de contribución cuanto menor sea el nivel de desarrollo industrial del lugar donde se establezca, aunque el actual sistema de incentivos está siendo reevaluado debe ser modificado en el corto plazo.
Todo el territorio de Puerto Rico es una región con empleo precario (aquellas con tasa de desempleo superior al 150% de la media de EEUU), por lo que el “US Citizenship & Immigration Service” de los EEUU ha aprobado la creación de siete “Regional Center” en Puerto Rico a través de los cuales se puede invertir en la Isla en unas condiciones preferentes y facilitar la obtención de visados para los inversores y sus familias (Visas EB-5), cuando se realice una inversión de 500.000 dólares que genere al menos diez puestos de trabajo (directos o indirectos). Después de cinco años el inversor sería elegible para optar a la ciudadanía estadounidense.
Debido a las restricciones presupuestarias que enfrenta Puerto Rico debido a su grave crisis fiscal, las Alianzas Público–Privadas (APP) se han convertido en una herramienta fundamental de desarrollo, enfocándose en la colaboración del sector público y privado en el desarrollo de proyectos estratégicos para el país. Estas alianzas pretendían solventar los problemas de financiación del gobierno puertorriqueño mediante la participación de empresas privadas.  Los proyectos más importantes bajo la modalidad de APP´s has sido la privatización de la gestión y operativa del aeropuerto internacional Luís Muñoz Marín y de la concesión de las autopistas PR-22 y PR-5 (2011).
 
La administración de Ricardo Rosselló impulso como primera medida nada más entra en el gobierno, la modificación de la ley de AAP´s, a fin de dotarlas de mayor flexibilidad y lograr que se conviertan en instrumentos de desarrollo económico. En 2017 se anunciaron 22 proyectos prioritarios y actualmente cinco están en proceso de adjudicación. Estos proyectos se relacionan con el transporte marítimo y aéreo, suministro de agua y electricidad, residencias estudiantiles y automatización de multas. El proyecto de estacionamiento ha quedado descartado tras el paso del huracán María.

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Propiedad inmobiliaria

La adquisición de bienes inmuebles por inversores extranjeros no está limitada.

La compra de inmuebles en Puerto Rico está exenta de impuestos federales así como del pago de impuestos indirectos. Las propiedades inmuebles están sometidas al pago de impuestos municipales a abonar al Centro de Recaudación de Impuestos Municipales (CRIM).

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Incentivos a la inversión (fiscales, sectoriales, regionales y locales)

INCENTIVOS FISCALES

A continuación se detallan los programas de incentivos más relevantes.

Ley 73 de 2008: Ley de incentivos económicos

La ley 73 del 28 de Mayo de 2008, mejor conocida como la “Ley de Incentivos Económicos para el desarrollo de Puerto Rico” entró en vigor el 1 de Julio de 2008 y sustituye a la anterior Ley 135 de diciembre de 1997 conocida como “Ley de incentivos contributivos de 1998”.

Los principales objetivos que persigue la nueva ley son los de  promover la creación y retención de empleos mediante incentivos contributivos. Estos incentivos son aplicables a empresas elegibles en el sector manufacturero y en la industria de servicios, como servicios para la exportación, proyectos de investigación y desarrollo, actividades de reciclaje, filmación y producción de películas, y producción de energía en escala comercial.

Las deducciones y créditos a los que se hace mención en la Ley de Incentivo Contributivos, se refieren en general al pago de la contribución sobre ingresos corporativos, impuesto directo sobre los beneficios empresariales, establecido por el Código de Rentas Internas de 2011 (viene a ser el impuesto de sociedades en Puerto Rico). 

La ley contempla entre las actividades que pueden acogerse a estos incentivos, la prestación en Puerto Rico de servicios a escala comercial y de forma continúa a un negocio exento (acogido a la ley de incentivos contributivos) como suplidor clave de dicho negocio dedicado a la manufactura (de alto impacto económico). Sólo aquellos costos directamente relacionados a las actividades de manufactura, serán considerados servicios de suplidor clave.

http://www.lexjuris.com/lexlex/Leyes2008/lexl2008073.htm

Los principales objetivos que persigue la nueva ley, son los de  promover la creación y retención de empleos mediante incentivos contributivos.

Entre los factores en los que hace mayor incidencia la nueva ley  destacamos:

  • Mayores oportunidades para  desarrollar la industria local.
  • Incentivos a la inversión extranjera que invierta en  industrias con alto nivel tecnológico y alto valor añadido.
  • Simplificación de los procesos administrativos entre la industria y el  Gobierno de Puerto Rico.
  • Reducción de los costes por operaciones y flexibilización de  las limitaciones reglamentarias para lograr mayor competitividad.
  • Incentivos para el uso de las diferentes alternativas de energías renovables.

Beneficios en impuestos: 

Como regla general el periodo de exención es de 15 años sin variaciones según la zona de desarrollo industrial, por tanto se anulan las diferencias por zonas de la ley anterior. 

Las tasas de tributación sobre ingresos netos dependerán de diversos factores:

  • La tasa básica general será de un 4% sobre los ingreso netos. Se practicara una retención del 12% en el pago de royalties a la empresa matriz. Es posible una tasa alterna del 8% con un 2% en el pago de royalties.
  • 3% si es negocio de inversión local.
  • Podrá ser del 1% si es pequeña o mediana empresa o en el caso de industrias  pioneras.
  • Habrá una reducción adicional del 0,5% si se establece en zona de desarrollo industrial bajo o intermedio.
  • 0% operando en Vieques o Culebra durante los primeros 10 años.
  • 2-4% si operaba bajo la anterior ley 135 a esa tasa y mantiene el 80% del nivel de empleo.
  • Cualquier transferencia motivada por la liquidación del negocio exento es 100% exenta del pago de impuestos.

  • El pago de dividendos está exento de tributación en el caso de estas empresas, como también existe exención impositiva en la deuda que emiten.

La Ley de Incentivos Económicos también contempla una serie de exenciones específicas: 

Totalmente exentas los siguientes artículos, entre otros:

-Exención del pago del Impuestos sobre las Ventas (IVU), en la comprar de materia prima para ser usada en Puerto Rico en la elaboración de productos terminados.

-Exención del pago del Impuestos sobre las Ventas (IVU), en el caso de maquinaria, equipo y  accesorios que se utilicen exclusivamente en el proceso de manufactura o en la construcción o para cumplir con exigencias ambientales, de seguridad y de salud.

Contribución sobre la propiedad mueble e inmueble tanto municipal como estatal:

-90% de exención en propiedad mueble e inmueble

Patentes Municipales:

Tras ser aceptado por el comité de patentes del PRIDCO se financia con un 60% de exención en casos ordinarios, 75% en empresas pequeñas y medianas y 90% para Vieques y Culebra.

http://www.pridco.com/why-puerto-rico/incentives

Ley 20 de 2012: Exportación de servicios 

Objetivo:  

Promover y desarrollar a Puerto Rico como un centro de servicios de exportación internacional, fomentar la conservación y el retorno de los profesionales y la atracción de capital extranjero. 

Requerimientos: 

  • Oficina "Bona fide" o establecimiento situado en Puerto Rico.
  • Realización de servicios de exportación y servicios de promoción. 

Entre los servicios elegibles se encuentran: 

Servicios rendidos a una entidad afiliada localizada fuera de Puerto Rico por su entidad filial que está haciendo negocios en Puerto Rico:

  • Investigación y desarrollo
  • Publicidad y relaciones públicas
  • Consultoría
  • Asesoramiento sobre industrias o negocios
  • Artes comerciales y servicios gráficos
  • Producción de planos de construcción, servicios de ingeniería y arquitectura, y gerencia de proyectos.
  •  Servicios profesionales, tales como servicios legales, contributivos y de contabilidad
  • Desarrollo de programas computarizados
  • Telecomunicación de voz y data entre personas localizadas fuera de Puerto Rico
  • Centros de llamadas
  • Centro de servicios compartidos
  • Centros de almacenamientos
  • Servicios educativos y de adiestramiento
  • Servicios hospitalarios y de laboratorios
  • Servicios gerenciales centralizados
  • Centro de procesamiento electrónico de información  

Y cualquier otro servicio que luego se designe como elegible por ser de interés de Puerto Rico 

Beneficios en impuestos:

  • Impuesto a exportación de servicios: Máximo 4%. Se puede aplicar el 3% siempre que 90% o más de la facturación se exporte, y sea un sector estratégico. 
  • El reparto de beneficios exento de tributación al 100%
  • Impuesto municipal a la propiedad mueble e inmueble, 90% de exención. Aproximadamente 1%
  • 20 años de decreto, renovable por 10 años adicionales, condicionado a que se cumplan ciertas condiciones.[1]

[1] Condiciones: negocio elegible que haya cumplido con los requisitos del empleo, los ingresos, la inversión y las demás condiciones establecidas en el decreto y demuestra que la extensión es en el mejor interés del pueblo de Puerto Rico.

Ley 22 de 2012: Atracción de inversores a Puerto Rico

Objetivo: 

Exenciones de impuestos a los ingresos derivados de las inversiones realizadas por personas físicas residentes en Puerto Rico. 

Requerimientos: 

Se aplica a cualquier inversor individual que se convierta en un residente de Puerto Rico en o antes del año fiscal que termina el 31 de diciembre de 2035. 

El propósito de la ley es buscar que individuos que no haya sido residente de Puerto Rico durante los últimos 15 años anteriores a la fecha de vigencia de la Ley 22 (16 de Enero de 1997 hasta 16 de Enero de 2012), y que mantienen inversiones en EEUU o en otros países, establecieran su residencia en Puerto Rico; para incentivar el traslado de dichos individuos, esta ley exime totalmente del pago de contribuciones en Puerto Rico el ingreso pasivo devengado por estos individuos con respecto a sus inversiones.

Bajo la Ley 22, los inversionistas gozan de un 100% de exención contributiva sobre dividendos e intereses, así como un 100% de exención a corto y largo plazo ganancias de capital, una vez se conviertan en residentes de Puerto Rico.

Para convertirse en residente en Puerto Rico y poder acogerse a los beneficios de esta ley es necesaria la presencia física en la Isla por un periodo de 183 días del año fiscal correspondiente.

La Ley de Inversionistas Individuales de Puerto Rico (Ley Núm. 22-2012) fue firmada el 17 de enero de 2012. Esta ley concede exención contributiva con respecto al ingreso  producto de inversiones, devengado por individuos que se conviertan en residentes de Puerto Rico.

Los nuevos residentes disfrutaran de una exención del 100% en el pago de impuestos en Puerto Rico por dividendos e intereses.

De acuerdo a la sección 933 del Internal Revenue Service Tax Code los intereses y dividendos originados en Puerto Rico no estarán sujetos a impuestos federales.

Toda ganancia de capital acumulada después de convertirse en residente en Puerto Rico estará exenta al 100% de impuestos en Puerto Rico. Estarán también libres del pago de impuestos federales.

En el caso de ganancias de capital acumuladas antes de la residencia en Puerto Rico pero realizadas en los primeros diez años después de convertirse en un residente de Puerto Rico se pagara un 10%, si es con posterioridad un 5%.

http://puertoricotaxincentives.com/act-22-individual-investors-act/

http://www.investinpuertorico.net/#!law_20/c1m

INCENTIVOS SECTORIALES 

1.      Incentivos sector financiero 

 Objetivo: 

Promover a Puerto Rico como un Centro Financiero Internacional, para ofrecer exenciones fiscales a las entidades financieras internacionales (IFES), y suministrarle una lista de las transacciones permitidas y prohibidas en la que el IFE puede participar. Con este proposito se creo la Ley 273, que crea el Centro Financiero Internacional, permitiendo que las instituciones financieras puedan disfrutar de una tasa fija de contribución sobre ingresos del 4%, ademas de exención total en el pago de impuestos a la propiedad y sobre dividendos

http://www.lexjuris.com/lexlex/Leyes2012/lexl2012273.htm 

Requisitos:

Requisitos en relación con el empleo, los libros, registros, y el capital (por lo menos 5 millones de dólares autorizados y $250 mil de capital pagado, en el caso de las entidades que prestan determinados servicios financieros); Entidades financieras con licencia recibirán un decreto por un período de 15 años (con la posibilidad de extender el período de vigencia hasta 15 años adicionales)

Beneficios en impuestos: 

  • Impuesto sobre la Renta: 4 %
  • Impuesto de Licencia Municipal aproximadamente: 0 %
  • Impuesto a la propiedad y otros: 0 %
  • Pagos de intereses, dividendos y liquidaciones a los que no sean residentes de Puerto Rico: 0 %
  • Dividendos a residentes de Puerto Rico: 6 %  

Entidades bancarias internacionales:

La ley central bancaria internacional de Puerto Rico permite la creación de entidades bancarias internacionales, que son esencialmente bancos situados e en Puerto Rico que proporcionan servicios financieros a clientes fuera de Puerto Rico. Estas entidades tienen un tratamiento impositivo muy atractivo:

ImpuestoTasa Impositiva
Impuesto sobre la renta0%
Dividendos/ Otras distribuciones de beneficios fuera de PR0%
Distribuciones en liquidaciones0%
Impuesto de licencia municipal0%
Impuesto de propiedad0%

Es importante apuntar que Puerto Rico es considerado una jurisdicción extranjera bajo el US Internacional Banking Act. de 1978 y las IBEs de Puerto Rico tienen además exención de los requerimientos de la IBA’s[2]  para instituciones de financiación domésticas. De manera similar los IBEs de PR están exentos del U.S. Bank Holding Company Act. (BHCA) y de esta forma estén quizás afiliados con instituciones comerciales (si el IBE acepta depósitos a la vista y emita préstamos comerciales, sin embargo, será considerado un banco según el BHCA).

[2] International Banking Act.

 

Ley de desarrollo del centro internacional de seguros:

La Ley Núm. 399-2004, añade el capítulo intitulado “Ley de Aseguradores y Reaseguradores de Seguros Internacionales de Puerto Rico” al Código de Seguros de Puerto Rico. Así como la Ley Núm. 98 del año 2011 para enmendar el condigo de seguros de Puerto Rico y el Código de Rentas Internas.

Ley 98 de 2011: www.lexjuris.com/lexlex/Leyes2011/lexl2011098.htm

Aseguradoras internacionales

La ley para las compañías de seguros y reaseguradoras internacionales de Puerto Rico (IIRA)[3] promueve la creación de aseguradoras internacionales, ramas de aseguradoras internacionales, reaseguradoras internacionales y grupos de compañías (holding).

[3] Puerto Rico International Insurer and Reinsurer Act.

Para poder ser calificado como aseguradora internacional o reaseguradora según IIRA, una compañía de seguros es la que proporciona cobertura directa solo para riesgos fuera de Puerto Rico, sin embargo puede proporcionar excedente en líneas de cobertura y reaseguramiento para riesgos en Puerto Rico. Un holding internacional de aseguradoras es una compañía que en Puerto Rico  se considera una entidad legal que tiene acciones u otros títulos de una aseguradora internacional u otro holding internacional de aseguradoras.

Una sucursal es una unidad de negocio a través de la que una aseguradora extranjera no organizada bajo la ley puertorriqueña lleva a cabo negocios sobre las líneas de una aseguradora internacional. 

Las aseguradoras internacionales, sucursales y holding internacional de aseguradoras tienen un tratamiento impositivo muy atractivo:

ImpuestoTasa Impositiva
Impuesto sobre la renta0%
Impuesto sobre el beneficio de la sucursal0%
Dividendos/ Otras distribuciones de beneficios0%
Distribuciones en liquidaciones0%
Impuesto de licencia municipal0%
Impuesto de propiedad0%
 

Además, no se requiere presentar las declaraciones de la renta. Los ingresos de los no residentes están también exentos de impuestos. 

A través de la nueva Ley 98 de 2011 se facilita la creación de entidades que se dedican a la exportación de servicios de seguros, lo que permite a Puerto Rico competir con jurisdicciones como las de Bermuda, las Islas Caimán o el estado de Vermont. Esta nueva legislación pretende de asimilar las condiciones de la isla a la de estos otros territorios en los que han existido centros de seguros. De hecho, la Ley 98 de 2011  ofrece estabilidad en la oferta contributiva del Centro Internacional de Seguros de Puerto Rico. 

Se trata de una Ley que abarca y matiza los elementos técnicos necesarios para ofrecerle más fortaleza al Centro de Seguros de Puerto Rico, y así atraer  inversiones del mercado internacional. Uno de los elementos críticos de esta Ley es la aplicación del Sistema de Decretos de la tradición manufacturera de la Isla con el que se garantiza que empresas aseguradoras y reaseguradoras que invierten en el Centro Internacional de Seguros de Puerto Rico reciban un favorable tratamiento contributivo, al menos por 15 años. 

Otro punto importante es la imposición a las compañías una tasa contributiva fija de 4% sobre ingresos superiores a 1,2 millones de dólares (no pagarían impuestos sobre esos primeros 1,2 millones). 

Centro Internacional de Seguros de Puerto Rico: 

www.camarapr.org/Presentaciones-Calaf/segurosDIC/5-Seg-Ruben-Gely.pdf 

Por otro lado, Puerto Rico se ha convertido en 2012 en ser el primer territorio de Estados Unidos en recibir la certificación de la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros (NAIC, por las siglas en inglés), lo que impulsa su competitividad de dicho Centro Internacional de Seguros. Esta acreditación NAIC eleva la confiabilidad de los Departamentos de Seguros de los estados y permite que un reasegurador internacional registrado en Puerto Rico ofrezca a su cliente (aseguradores cedentes en Estados Unidos) la ventaja de carácter legal de que al estar domiciliado en una jurisdicción acreditada, dicha jurisdicción es la única responsable de velar por su solvencia económica.

Así los reaseguradores internacionales adecuadamente capitalizados que se registren en el Centro Internacional de Seguros para hacer negocio en Estados Unidos, podrán realizar economías sustanciales al satisfacer los requisitos de colateral, para que su cliente obtenga crédito por reaseguro. 

2.      Incentivos sector turismo 

Esta ley Nº74 del año 2010 sustituye a la anterior Ley de 1993, con el fin de asegurar un crecimiento permanente en el sector del turismo, asegurando unos incentivos con los que se pueda afrontar las oportunidades y amenazas actuales del mercado, como el incremento significativo en la competitividad de otros destinos en el Caribe y el resto del mundo y las dificultades en los mercados de capital que han restringido la disponibilidad de financiamiento.

La finalidad de la ley es la formación y captación de capital local y extranjero para inversión en proyectos turísticos, así como facilitar la coparticipación del sector público en formación de capitales de inversión destinados exclusivamente a proyectos turísticos ubicados en Puerto Rico. De este modo se recogen las bondades de la anterior Ley de 1993, y además se amplía la definición de negocio elegible para fomentar el desarrollo de proyectos turísticos. Por otro lado, se describe que no se concederán nuevas concesiones bajo la Ley de 1993, desde que entró en vigor la de 2010. 

El Programa de Incentivos Turísticos creado bajo la citada Ley ofrece una serie de créditos fiscales y exenciones. Además existe la posibilidad de acceder a financiación específica para el proyecto a través de los Fondos de Desarrollo.

Esta “Ley de Desarrollo Turístico de Puerto Rico de 2010” ofrece soluciones estratégicas sobre lo que deberá ser la política pública de Puerto Rico, principalmente:

  • Convertir a Puerto Rico en un destino turístico de primer orden a nivel mundial.
  • Propiciar las condiciones adecuadas para asegurar el continuo desarrollo y competitividad a nivel mundial de la industria hotelera de Puerto Rico.
  • Proveer el ambiente para la continua formación de capital local y extranjero para su inversión en proyectos turísticos.
  • Atemperar los incentivos ofrecidos a la industria turística puertorriqueña a la evolución de mejores productos turísticos, a los retos que enfrentamos y a las oportunidades que nuestro mundo actual nos ofrece.
  • Atenuar los altos costos de construcción y de operación de los negocios turísticos en Puerto Rico.
  • Tomar acción para reducir los costos de energía, a través de las diferentes alternativas de fuentes renovables.

Las exenciones  para la inversión en el sector son:

  • Exención del 90% de la contribución sobre ingresos para todas las actividades relacionadas con el turismo por un periodo de 10 años. Las inversiones en las islas de Vieques y Culebra se benefician de una exención del 100% de la contribución sobre ingresos.
  • Exención del 90% de la contribución sobre la propiedad durante un periodo de 10 años.
  • Exención del 90% de las patentes municipales a todas las empresas turísticas que renueven o modernicen de forma sustancial sus instalaciones.
  • Exención del 100% de los arbitrios de los artículos importados por las empresas que se puedan acoger a la Ley de Desarrollo Turístico de 1993, siempre que se demuestre que dichos artículos no estaban disponibles en Puerto Rico.
  • Exención total de los impuestos municipales sobre la construcción.

El Fondo para el Desarrollo del Turismo ("el Fondo") fue creado en el 1993 para facilitar financiamientos privados a la industria hotelera de Puerto Rico. El Fondo provee garantías de financiamiento y puede otorgar préstamos directos.

El Fondo ha sido una herramienta valiosa para desarrollar la industria hotelera de Puerto Rico. Al 31 de marzo de 2011, el Fondo ha facilitado el financiamiento y desarrollo de 21 proyectos (4.700 habitaciones de hotel y 9 campos de golf), cuya inversión total supera los 2.100 millones de dólares. En particular, el Fondo proveyó garantías por 1.100  millones de dólares para el componente financiado de la inversión total y 278 millones de dólares en préstamos directos. Los activos netos del Fondo para el 31 de mayo de 2011 eran alrededor de 181,1 millones de dólares.

www.lexjuris.com/lexlex/Leyes2010/lexl2010074.htm

www.gdbpr.com/spa/principalsubsidiaries/tourism-development-fund.html

Desarrollo de hoteles

Los paquetes de incentivos fiscales que Puerto Rico ofrece a promotores de hoteles son bastante mejores que los que otros destinos ofrecen. La ley de Desarrollo del Turismo de 2010 es el vehículo que canaliza las ayudas a este sector, incluye: 

ImpuestoExención Tasa Impositiva
Sobre la renta90%
Sobre la propiedad90%
De licencia municipal100%
Sobre consumos específicos100%
Municipal de construcción100%

Todos los negocios exentos serán autorizados a una exención total sobre los impuestos a consumos específicos en artículos importados para ser usados en actividades turísticas, habiéndose probado el intento de adquirir estos bienes en PR pero por una razón económicamente justificada (calidad, cantidad, precio o disponibilidad) era mejor no adquirirlos en Puerto Rico. 

Bajo esta ley los negocios que puedan ser elegidos podrán optar a 10 años de exención de varios impuestos de los comentados más arriba, y los 10 años podrán ser extendidos otros 10 adicionales. Para ser elegibles, el negocio debe dedicarse a actividades turísticas usando nuevas instalaciones o instalaciones existentes que no han sido usadas para actividades de turismo en 3 o más años o instalaciones existentes en las que haya renovaciones o ampliaciones. 

Cualquiera de los siguientes cualifica como una actividad turística:

Propiedad o gestión de: 

  • Hoteles.
  • Hoteles-condominio.
  • Paradores y casas de huéspedes (excluyendo casinos, parques temáticos o campos de golf operados por asociaciones que no tienen hotel).
  • Marinas operadas para fines turísticos.
  • Establecimientos de entretenimiento situados en áreas portuarias que estimulen el turismo.
  • Operación de un negocio que alquile propiedades a negocios turísticos exentos
  • Desarrollo y administración de recursos naturales como fuente de entretenimiento activo o pasivo, como, aunque no limitados a cuevas, bosques, lagos, etc.

La Ley de Desarrollo del Turismo, más comúnmente conocida como la ley 74, proporciona también unas exenciones del 50% sobre inversiones en consumos específicos (incluyendo en terrenos), hasta un máximo del 10% de la inversión realizada por el promotor. Específicamente, cualquier persona que adquiera  acciones de una corporación que opere un negocio turístico exento o quien invierta en un hotel-condominio, tendrá derecho a  unas exenciones iguales al 50% del dinero invertido en las acciones. El solar perteneciente a la corporación o asociación será elegible para desgravación por inversión a cambio de un interés sobre consumos específicos. El 50%  del crédito será obtenido en dos plazos: 25% el primer año de la inversión y el 25% en el segundo. Cualquier desgravación no utilizada podrá ser arrastrada para años futuros. Las exenciones podrán ser asignadas, transferidas o vendidas. La cantidad total de exención por inversión que puede ser obtenida por los inversores no puede exceder el 10% del coste total del proyecto turístico. 

Ley 113 de 2011: Cruceros 

La industria de los cruceros es una parte fundamental en la economía de la Isla y en el fortalecimiento del sector del turismo.  Tiene una repercusión de 245 millones de dólares al año en la economía y lleva a Puerto Rico casi 1,2 millones de pasajeros anualmente, además de promover la creación de 4.000 empleos directos e indirectos. 

La Ley para el Fomento y Desarrollo de la Industria de Barcos Cruceros de Puerto Rico de 2011 crea un entorno muy favorable para dicho sector, y reemplaza a la anterior Ley Número 76 de 2005. Entre sus principales objetivos pretende consolidar y fortalecer la importancia del puerto de San Juan como destino de origen y salida tanto regional como mundial; con ella se pretende aumentar el tráfico de cruceros a Puerto Rico, aumentar la estancia de los pasajeros en hoteles en todas las regiones y municipios de Puerto Rico, y en todas las islas de su archipiélago, Vieques, Culebra.

Esta nueva legislación dispone de una serie de incentivos innovadores como por ejemplo:

  • Incentivos por la venta de ofertas de viaje a no residentes que incluyan tanto un viaje en crucero como una estadía en un hotel en Puerto Rico.
  • Incentivos por la compra de productos en Puerto Rico, así como por la contratación de servicios de mantenimiento y reparación de los barcos en Puerto Rico.
  • Incentivos dirigidos a promover el ofrecimiento de excursiones a los cruceros.

De manera más específica, los incentivos creados para las compañías u operadores de barcos crucero que visiten cualquier puerto de la jurisdicción de Puerto Rico son: 

  • Incentivo a Compañías de Barcos Cruceros: se descontarán cuatro dólares con noventa y cinco centavos de dólar de la tarifa por pasajero de trece dólares con veinticinco centavos impuesta por pasajero según fijadas por autoridades titulares o administradoras de puertos en Puerto Rico. El incentivo se aplicará a los primeros ciento cuarenta mil pasajeros que arriben a cualquier puerto en Puerto Rico en barcos de la compañía de cruceros en un periodo de doce meses del año fiscal, comenzando en el Año Fiscal 2011-2012. Asimismo, se descontarán siete dólares con cuarenta y cinco centavos de dólar por pasajero cuando la compañía haya excedido tal cifra. Si la tarifa de un puerto es distinta a la del incentivo, se aplicará la menor. De haber cualquier disminución en las tarifas oficiales fijadas, el incentivo aquí dispuesto se reducirá en igual proporción.  
  • Incentivo de Frecuencia de Visitas "Home Port": se aportará un dólar por pasajero a las compañías u operadores de barcos cruceros que utilicen cualquier puerto en la jurisdicción de Puerto Rico como "home port". Se aportarán dos dólares por pasajero a partir de la visita número veintiuno que la compañía de barco crucero tenga durante el periodo de un año fiscal, comenzando en el Año Fiscal 2011-2012. Una vez las visitas del año fiscal de la compañía de barco crucero sobrepasen las ciento veinte en el periodo de un año fiscal, la compañía de barcos crucero recibirá cuatro dólares por pasajero a partir de la visita número sesenta y uno.
  • Programa de Mercadeo Bilateral para Cruceros "Home Port": se creará un Programa de Mercadeo Bilateral entre la Compañía de Turismo de Puerto Rico y la compañía de barcos cruceros elegible para promocionar Puerto Rico como el puerto base del Caribe e incentivar demanda a nivel mundial. Se aportará a cada Programa de Mercadeo la cantidad de un dólar por pasajero en barcos cruceros cuyos viajes originen en cualquier puerto en la jurisdicción de Puerto Rico durante el periodo de un año fiscal a partir del Año Fiscal 2011-2012, disponiéndose que para cualificar para dicho incentivo, la compañía de barco crucero deberá aportar a su Programa de Mercadeo un porcentaje de la cantidad del incentivo que reclama, según lo requerido por la Compañía de Turismo.
  • Incentivo de Tiempo en Puerto para Barcos en Tránsito: se aportará la cantidad de un dólar por pasajero en barcos cruceros que atraquen en cualquier puerto en la jurisdicción de Puerto Rico por ocho horas como mínimo y paguen la tarifa aplicable a dicho puerto durante el periodo de un año fiscal, comenzando en el Año Fiscal 2011-2012.
  • Incentivo de Provisiones y Servicios: cada crucero que atraque en cualquier puerto en la jurisdicción de Puerto Rico será elegible para recibir un incentivo equivalente al 10% del gasto por compras de provisiones y/o la contratación de servicios de mantenimiento o reparaciones del barco crucero en Puerto Rico, excluyendo materiales, productos o equipos instalados en el ofrecimiento del servicio, según especificado en reglamento establecido por la Compañía de Turismo. Se ofrecerá 5% por ciento adicional por compras de productos manufacturados en Puerto Rico según certificados por la Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico o productos agrícolas de Puerto Rico según  certificados por el Departamento de Agricultura. Los dueños u operadores de un barco crucero que cumplan con lo aquí dispuesto recibirán estos beneficios después de haber evidenciado, a satisfacción de dichas agencias, que las compras fueron realizadas a empresas donde el 50% o más de sus accionistas o dueños tienen domicilio en Puerto Rico o que manufacturan 50% o más de los productos objetos de venta.

El programa de incentivos tendrá una vigencia de sólo tres años extendiéndose solamente hasta el Año Fiscal 2013-2014, luego de lo cual podrá se revaluado y extendido mediante legislación. 

Por otro lado, los incentivos a las Entidades Dedicadas a la Venta de Ofertas de Viaje consisten en que se aportará un incentivo a estas entidades que generen ventas a personas que no sean residentes de Puerto Rico y que adquieran a través de las entidades cualificadas estadías en barcos cruceros que originen o culminen en cualquier puerto de la jurisdicción de Puerto Rico combinadas con estadías en hoteles de Puerto Rico. El incentivo será provisto en proporción a la cantidad de estadías generadas en los hoteles de Puerto Rico.

En lo que se refiere a los incentivos para Organizaciones Autorizadas por la Compañía de Turismo a Ofrecer Transportación Turística en Muelles, se ofrecerá el derecho a ofrecer sus servicios y a contratar directamente con las compañías de barcos cruceros y así recibir una aportación de un dólar por cada pasajero de barcos cruceros que adquiera una excursión en el barco crucero en el cual viaja durante el periodo de un año fiscal, comenzando en el Año Fiscal 2011-2012. La aportación por pasajero será determinada anualmente por la Compañía de Turismo. 

Por otro lado se ha creado en la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico el “Fondo de la Autoridad de los Puertos para Incentivos a Industria de Barcos Cruceros”, sin año económico determinado y separado de otros fondos públicos bajo la custodia dicha Autoridad. Asimismo, con las mismas características se anuncia el “Fondo de la Compañía de Turismo para Incentivos a la Industria de Barcos Cruceros”, adscrito a la Compañía de Turismo de Puerto Rico.

3.      Incentivos sector energético

Los incentivos para impulsar el desarrollo y la producción de energía verde en Puerto Rico están dispersos en diversas leyes y además, no existe ningún esquema unificado de incentivos orientados a la energía verde en Puerto Rico. Estas dificultades no facilitan alternativas que reduzcan los altos costes de la producción energética, y obliga a continuar con la dependencia del petróleo como fuente primaria de energía. De igual forma, el esquema de beneficios contributivos actualmente ofrecido por el Gobierno de Puerto Rico, no ha propiciado un mercado atractivo para el desarrollo de proyectos de energía verde e implantar una política de energía renovable en la Isla. 

Por ello, se ha promulgado la Ley núm. 83 de 2010, de Incentivos de Energía Verde de Puerto Rico, que agrupa los beneficios económicos ya existentes con el propósito de reformar, organizar y uniformar aquellos incentivos relacionados a la creación o utilización de fuentes de energía renovable. Se describen asimismo nuevos beneficios para estimular el desarrollo de proyectos de energía verde. La finalidad de esta reorganización y creación de un marco unificado de beneficios económicos  es hacer de Puerto Rico una jurisdicción altamente competitiva, en términos de los incentivos disponibles para el desarrollo de proyectos de energía renovable sostenible y renovable alterna.

Del mismo modo, esta Ley aporta beneficios contributivos para proyectos de energía renovable, como por ejemplo reembolsos para aminorar parte del costo de instalación de la unidad de producción, para el caso de proyectos de energía verde a pequeña y mediana escala. Las personas que adquieran CERs para cumplir con los requisitos de una cartera de energía renovable, podrán tomar como deducción contra su ingreso ordinario el costo de adquisición de dichos CERs al momento de retirarlos y cancelarlos. Además, los productores que cumplan con ciertos requisitos podrán solicitar decretos de exención contributiva. Así, estos productores podrán obtener tasas preferenciales para efectos de contribuciones sobre ingreso, contribuciones sobre la propiedad mueble e inmueble y patentes municipales, entre otros. La Ley también provee beneficios que podrán ser solicitados por dueños de propiedades inmuebles en donde se coloquen unidades de producción de energía verde.

La creación de esta Ley también propició el establecimiento del Fondo de Energía Verde, a través del cual, el Gobierno de Puerto Rico reinvertirá unos 290 millones de dólares en proyectos de energía renovable en los próximos 10 años, a pesar de que inicialmente era un fondo de 20 millones de dólares, comenzando el 1 de julio de 2011.

www.lexjuris.com/lexlex/Leyes2010/lexl2010083.htm 

Por último recordar que conforme a la Ley núm. 73 de 28 de mayo de 2008, de Incentivos Económicos para el Desarrollo de Puerto Rico, le corresponde a la Administración de Asuntos Energéticos, adscrita al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico, las funciones de recomendar, desarrollar e implantar la política pública energética para Puerto Rico. Para más información:

www.aaepr.net/ 

Ley 83: Incentivos para generar energía renovable

Objetivo:

Promover la generación de energía renovable, crear medidas para estimular el desarrollo de energía renovable sostenible, reformar, organizar y estandarizar los incentivos existentes para la creación o utilización de la energía renovable sostenible y fuentes alternativas de energía renovable y crear nuevos incentivos para fomentar la proliferación de estas fuentes de energía 

Requisitos:

Las empresas dedicadas a la producción y venta de energía verde, la operación de las unidades de producción de energía verde o los que participan en la instalación de equipos de energía renovable pueden solicitar un decreto por un período de 25 años (con la posibilidad de extender dicho período de concesión hasta 10 años adicionales).

Beneficios en impuestos:

•Impuesto sobre ingresos: 4 %

•Impuesto sobre regalías: 12 %

•Impuesto de Licencia Municipal: Aproximadamente 0.2 %

•Impuesto a la propiedad: Aproximadamente 1 %

•Ingresos de inversión, distribución de dividendos y liquidaciones: 0 %

Ley 159 de 2011: Desperdicios sólidos

La Ley 70 de 18 de septiembre de 1992, para la Reducción y el Reciclaje de los Desperdicios Sólidos en Puerto Rico, y enmendada el 18 de 2011 establece la política pública para desarrollar e implantar estrategias económicamente viables y ambientalmente seguras para reducir el volumen de desperdicios sólidos en el país. Entre esas estrategias alternas a los vertederos están la reducción de desperdicios, la reutilización de materiales, el reciclaje de los materiales que no puedan reutilizarse, y la recuperación  de energía de los desperdicios sólidos que no puedan reutilizarse ni reciclarse.

En lo que se refiere a los incentivos se atenderá a lo dispuesto en la ley 159 de 2011, de Incentivos Contributivos para la Inversión en Facilidades de Reducción, Disposición y/o Tratamientos de Desperdicios Sólidos, que deroga el artículo 21 de la anterior Ley de 1978, que incorpora el crédito para la Inversión en Facilidades de Reducción, Disposición y/o Tratamientos de Desperdicios Sólidos, para así crear una ley exclusiva que contenga la misma intención legislativa de la Ley 15 de 1995 (enmienda a la de 1978) y actualizar su contenido a los nuevos tiempos.  

Es un momento complejo fiscalmente, por lo que es importante destacar que esta medida no crea un crédito contributivo adicional, sino que toma un crédito dispuesto en la actualidad y lo convierte en una Ley separada e independiente. Además, la Ley establece una fecha límite para que sus disposiciones sean de aplicación, asegurando así que sus medidas sean analizadas detenidamente de tiempo en tiempo para evaluar que el impacto al fisco de la misma redunde en beneficio para la sociedad, así como que sus disposiciones se mantengan a tono con la realidad existente al momento de su reevaluación. 

4.      Incentivos agrícolas 

Esta ley proporciona incentivos a negocios agrícolas y granjeros de buena fe. Para ser considerado un granjero de buena fe, el solicitante debe obtener un certificado de la Secretaría de Agricultura que diga que el solicitante está comprometido en un negocio agrícola, como define la ley y una resolución del la Secretaría del Tesoro que diga que un cincuenta por ciento de los ingresos del solicitante vienen de su negocio agrícola. 

Para obtener el certificado de la Secretaría de Agricultura, el solicitante debe hacer la solicitud a través de las oficinas regionales del Departamento de Agricultura, donde los agrónomos locales evalúan y, en caso de que sea apropiado, aprueban la solicitud. 

Después, la aplicación se envía a las oficinas centrales del departamento para examinar la evaluación, donde es bien denegada o aprobada; si es aprobada, el certificado de granjero de buena fe es expedido al solicitante.

ImpuestosExención (%)
Equipamiento agrícola100%
Propiedad de tierras, edificios, partes integrantes y vehículos en propiedad, usufructo, que sean usados intensivamente en el negocio agrícola100%
Impuestos municipales de actividad agrícola intensiva100%
Excepción en pago de sellos al Departamento del Tesoro de Puerto Rico y honorarios para registrar propiedades usadas en el negocio agrícola100%
Contribuciones o ganancias que deriven directamente del negocio agrícola. Si el granjero no ha sido previamente beneficiado con las provisiones establecidas en Sec. 8423(s) del Código Interno de Rentas de Puerto Rico90%
Impuesto de crédito para inversiones en negocios agrícolas elegibles50%

Prima anual para agricultores

La ley 42 de 1971 establece que la Secretaría de Agricultura de la Commonwealth de Puerto Rico pagará una prima anual a cada persona que produzca productos agrícolas o procedentes de ganado, mantenga una granja o sus dependencias, o almacene, transporte, distribuya y haga marketing de productos de la granja.

Programa de subsidio para granjeros, Ley 46 del 5 de agosto de 1989

Esta ley proporciona subsidios a determinados granjeros. Inicialmente el granjero tiene que pagar a sus empleados sus sueldos de su propio bolsillo. El gobierno de Puerto Rico, a través de la Administración de Desarrollo Agrícola reembolsará más tarde al granjero (asumiendo que el granjero cumple la ley) la cantidad del sueldo subsidiado.

5.      Incentivos al cine

La Comisión de Cine de Puerto Rico (Puerto Rico Film Comisión – PRFC) fue creada en 1999 para desarrollar la industria del cine en la isla, en parte ofreciendo incentivos a productores de fuera interesados en filmar en Puerto Rico. El principal incentivo que la  PRFC ofrece es una desgravación de un 40 %. La PRFC también proporciona incentivos la industria del cine para proyectos de infraestructura.

El 40% de la desgravación se calcula sobre los gastos y se expide en la forma de una desgravación transferible. Se aplica a todos los pagos a residentes en Puerto Rico por largometraje, serie de televisión y miniserie (incluyendo telenovelas), grabación de bandas sonoras de películas y proyectos de infraestructura de cine. Estos “gastos en Puerto Rico” incluye (aunque no limitados a) equipamiento, personal, actores, viajes (si son a través de una agencia local), hoteles, alquiler de lugares de filmación y un porcentaje diario. La desgravación se limita a un 50 % de la contribución de capital en metálico.

Para poder optar a estas ventajas los pagos a los residentes puertorriqueños tienen que ser realizados por una compañía de cine con licencia .La compañía de cine no necesita estar creada en Puerto Rico y puede ser una compañía establecida en Puerto Rico o una subsidiaria registrada para hacer negocios en Puerto Rico. Por lo menos un 50% de la fotografía principal tiene que haber sido rodada en Puerto Rico o que los gastos superen un millón de dólares. Para establecer la cantidad de desgravación que será garantizada se necesita que el presupuesto se haya realizado en Puerto Rico. Hay servicios de producción y la compañía local Unidad de Managers de Producción puede hacer este trabajo.

El proceso es generalmente como sigue: 

1)        El productor solicita una licencia de cine.

2)        PRFC solicita al Departamento del Tesoro que apruebe la licencia y el Tesoro tiene 30 días para hacerlo o denegarla.

3)        El productor de la película paga como cuota de la licencia el 1% del presupuesto total para Puerto Rico; el pago se realiza con un 50% al comienzo y otro 50% cuando la película está acabada.

4)        Se aprueba la licencia de cine.

5)        La auditoria comienza (durante la producción o después de que los pagos a los residentes de Puerto Rico finalicen).

6)        La PRFC certifica que los requerimientos de fotografía se cumplen

7)        El productor solicita la desgravación.

8)        El Tesoro hace pública la certificación de la desgravación.

9)        La desgravación o bien se usa o se vende.

Todo el proceso tomaría unos 100 días hasta que la película principal se acaba y se reúnen todos los papeles.

El departamento del tesoro puede adelantar el 50% de la desgravación estimada antes de tiempo. En este caso la PRFC y el productor estimarán la desgravación basándose en el presupuesto para Puerto Rico. Para obtener el adelanto, la licencia de cine debe de ser obtenida, el productor debe presentar un aval o una letra de crédito a nombre del Departamento del Tesoro por la cantidad del adelanto o una auditoria del PRFC debe certificar que el 40% del presupuesto de Puerto Rico ha sido gastado. 

INCENTIVOS REGIONALES 

Incentivos para industrias situadas en Vieques y Culebra

Compañías respaldadas por PRIDCO podrán optar a incentivos de hasta 100.000 dólares por establecer y operar negocios en Vieques y Culebra. El incentivo puede ser usado para el transporte marítimo, terrestre y aéreo de materias primas y productos acabados, incluyendo costes de trabajo, peajes y otros gastos relativos al transporte, basados en una evaluación de PRIDCO. 

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Representación y agencia

El contrato de representación aparece regulado en la Ley 21 de 3 de mayo de 1990 sobre Representantes de Ventas. Junto con la Ley 75 sobre contratos de Distribución, ambas reflejan el carácter proteccionista de la legislación local en lo relativo a la protección de la cadena de distribución local.

El representante de ventas es la persona o empresa que representa líneas de productos o servicios en Puerto Rico, estando protegidos por la Ley 21 que prohíbe que el principal de por finalizada la relación con su representante de ventas sin tener causa justificada para ello.

 

Ambas leyes siguen un diseño que persigue proteger a los elementos locales, a los que se supone parte débil de la relación comercial, en un intento de otorgar un carácter continuista a dicha relación (279e remedio provisional). Los Representantes de ventas forman parte de la cadena de distribución, pero no pueden definirse como distribuidores debido a que son intermediarios de comercio pero no controlan ninguna de las variables comerciales para realizar el negocio del principal (precios, entregas, crédito, ajustes, términos de contrato, devoluciones, etc). Al igual que en el caso de los contratos de distribución, esta ley contempla un sistema para compensar por los posibles daños y perjuicios causados al representante de ventas, así como una posible compensación alterna que podrá ser concedida por el tribunal a petición de la parte demandante, independientemente de lo establecido en el contrato entre las partes.

 

La exclusividad constituye, en el caso del representante de ventas, una nota definitoria de su condición.

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Formación de "joint-ventures". Socios locales

Se trata de una empresa entre dos o más socios con la finalidad de participar en los beneficios de un proyecto común particular. La Joint Venture no aparece recogida como una figura jurídica en la legislación puertorriqueña, por lo que toma la forma de acuerdo contractual entre las partes.

En muchos casos  se crea una nueva corporación en la que dos o más personas o compañías puertorriqueñas y/o españolas son accionistas. Es habitual que se establezcan como “Partnership” o "Corporation", en la que la compañía puertorriqueña y la subsidiaria puertorriqueña de una empresa española, son socios.

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Tipos de sociedades

Las principales formas jurídicas de organización empresarial en Puerto Rico son la empresa individual (que se conoce en ingles cómo “sole propietorship”), la sociedad (“partnership”) y la corporación (“corporation”).

La Corporación y la Sociedad, se puede considerar el equivalente a la Sociedad Anónima española, si bien existen otras muchas formas de constitución societaria tanto de carácter civil como mercantil.

La empresa individual

La empresa individual, también conocida como el negocio propio, se establece cuando una persona decide iniciar su propio negocio o profesión sólo y sin asociarse con otras personas, o sin la intención de incorporar (inscribir) su negocio. Muchos pequeños negocios tales como cafeterías, boutiques, oficinas de profesionales y comercios operados por familias (los llamados “mom & pops”), están organizados como empresas individuales. La empresa individual no tiene personalidad jurídica propia. La ventaja principal de la empresa individual es que su organización es sumamente sencilla, ya que no requiere de detalles o de requisitos específicos en cuanto a la presentación de documentos en el Departamento de Estado.

Una variante de la empresa individual se da cuando la persona hace negocios bajo otro nombre. Esta estructura se conoce comúnmente como “doing bussiness as” (D.B.A) o  “haciendo negocios cómo” (H.N.C.). Esta forma de actuar es muy común en Puerto Rico, especialmente en negocios familiares y de escasa dimensión, como por ejemplo barberías, pequeños colmados y “liquor stores”. Los HNC al igual que las empresas individuales tienen ciertas ventajas en la facilidad de trámites para su constitución y no tienen necesidad de rendir informes al Departamento de Estado; si bien en caso de reclamación, el individuo responde con su patrimonio personal.

La fórmula H.N.C. no es exclusiva de la empresa individual. Es un recurso utilizado frecuentemente por las corporaciones para registrar marcas de fábrica (“trademarks”). Con la aprobación de la ley de Nombres Comerciales en 1992 los HNC tienen a su disposición el mecanismo de inscribir su nombre en el Departamento de Estado y obtener la protección que brinda dicha ley.

La sociedad

Conforme a la naturaleza del contrato pueden ser sociedades mercantiles o civiles, estas últimas pueden optar en Puerto Rico entre las siguientes modalidades: sociedad genérica, sociedad especial o sociedad de responsabilidad limitada.

a) La sociedad civil

El Código Civil de Puerto Rico define una sociedad como “un contrato por el cual dos o más personas se obligan a poner en común dinero, bienes o industria, con ánimo de partir entre sí las ganancias”. Sus características principales son las siguientes:

  • Tener un objeto lícito.
  • Fórmula libre de constitución, salvo que se aporten bienes inmuebles o derechos reales, en cuyo caso es necesaria escritura pública.
  • Tienen personalidad jurídica

Normalmente la sociedad civil se utiliza en Puerto Rico para el ejercicio de una profesión, el ejercicio de las artes y otras actividades como la agricultura que no son actividades mercantiles per se. Aparte de esta sociedad civil, que es la genérica, existen como decíamos otros dos tipos de sociedades civiles, la especial y la de responsabilidad limitada.

  • La sociedad especial

La sociedad especial es una forma o modalidad de sociedad civil introducida en la enmienda de la Ley de Contribuciones de 1985, las normas que las reglamentan están localizadas básicamente en dos códigos; el Código Civil y el Código de Rentas Internas. El registro de una sociedad especial se hace en la oficina del Negociado de Contribución sobre ingresos del Departamento de Hacienda.

Esta nueva modalidad, representa importantes ventajas frente a la sociedad genérica. En primer lugar concede a sus socios responsabilidad limitada y además la sociedad especial no ésta sujeta a la contribución sobre sociedades siendo sus socios, en sus declaraciones del impuesto sobre la renta, los que lo hacen. No obstante, para acogerse a estos beneficios las sociedades tienen que cumplir ciertos requisitos en cuanto a sus ingresos (la totalidad de sus ingresos brutos deben proceder de fuentes de Puerto Rico) y dedicarse a determinadas actividades, generalmente relacionadas con la construcción, el turismo, la agricultura, la manufactura y exportación de productos o servicios.

  • La sociedad de responsabilidad limitada

Desde la aprobación el 20 de agosto de 1996 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, se pueden organizar este tipo de sociedades en Puerto Rico para cualquier actividad comercial o profesional. La ley utiliza como marco de referencia la figura del “Limited Liability Partnership” o “LLP” del derecho norteamericano. La inscripción se realiza en el Departamento de Estado, donde deberán inscribirse también las sociedades organizadas fuera de Puerto Rico como sociedades de responsabilidad limitada extranjeras para poder llevar sus actividades en la Isla.

b) La sociedad mercantil

Otra fórmula para hacer negocios en Puerto Rico es la sociedad mercantil que se rige por lo dispuesto en el Código de Comercio. Las sociedades mercantiles se pueden constituir como colectivas o comanditarias. Se conoce como colectiva la sociedad en la que todos los socios, en nombre colectivo y bajo una razón social, se comprometen a participar, en la proporción que estos establezcan, de los mismos derechos y obligaciones (obligación personal y solidaria) respondiendo de forma ilimitada ante los acreedores de la sociedad.

En la comanditaria, uno o varios sujetos aportan capital determinado al fondo común. En esta sociedad hay socios colectivos y socios comanditarios, deberá existir uno o más de cada uno de los tipos de socios. Los socios comanditarios tienen una responsabilidad limitada por las deudas u obligaciones de la sociedad ante los acreedores de la misma, mientras que los socios colectivos responden con su patrimonio personal. El Código de Comercio permite, además, que las sociedades mercantiles se constituyan adoptando la forma corporativa, con arreglo a la ley general de corporaciones.

La Corporación

La ley que rige el funcionamiento de las corporaciones es la Ley General de Corporaciones de 2009, que sustituyo a La Ley Núm. 144 del 10 de agosto de 1995. Otro tipo destacado de empresa es la Sociedad de Responsabilidad Limitada, si bien su tratamiento fiscal es básicamente el mismo que el de la Corporación.

Las corporaciones habrán de registrarse en el Departamento de Estado, La Ley general de Corporaciones del año 2009, establece que será responsabilidad de la Secretaría de Estado mantener el registro público de empresas y negocios.

Una corporación es una entidad creada por contrato o directamente por ley con personalidad legal reconocida y capacitada como tal para llevar a cabo cualquier fin lícito, público o privado. Las corporaciones se rigen por la Ley General de Corporaciones de 2009, (en adelante LGC). La organización de la Corporación conlleva ciertos requisitos, incluyendo que la misma debe constituirse mediante documento escrito que debe ser presentado en el Departamento de Estado. El documento en el que se reconoce la existencia de la corporación es el Certificado de Incorporación emitido por el Departamento de Estado. Cuando se trata de corporaciones foráneas, entendiendo como tales a las Corporaciones creadas bajo las leyes de otro país incluyendo los Estados Unidos, deberán obtener una autorización del Departamento de Estado del Gobierno de Puerto Rico

La Ley de Corporaciones de 2009 establece que todas las corporaciones en Puerto Rico deberán radicar un Informe Anual ante el Departamento de Estado antes del 15 de abril de cada año; este Informe Anual deberá contener un estado sobre su situación financiera preparado conforme a las normas de contabilidad generalmente aceptadas. Si el volumen de negocios de la Corporación sobrepasa los tres ($3,000,000) millones, el Informe deberá ser auditado por un Contador Publico Autorizado (CPA) con licencia en Puerto Rico. En el caso de una Corporación foránea, deberá estar siempre certificado por un CPA, sin importar los ingresos brutos que genere durante el año.

Actualmente existen varios tipos o clases de corporaciones en Puerto Rico:

  • Las Corporaciones Públicas que son propiedad estatal. Estas corporaciones se rigen por sus correspondientes leyes orgánicas y no por la ley general de corporaciones. Como ejemplos se pueden citar la AEE (Autoridad de Energía Eléctrica) y la AAA (Autoridad de Acueductos y Alcantarillados).
  • Las Corporaciones Público-Privadas. Sus acciones pertenecen al Estado, pero se organizan como corporaciones privadas. Tal es el caso de la P.R.M.M.I. (Puerto Rico Marine Management Inc.), entidad incorporada en Delaware como corporación privada, adquiriendo posteriormente el Gobierno de Puerto Rico todas sus acciones.
  • Las Corporaciones Privadas. Son las que se rigen por la LGC que a su vez se clasifican en:
    • Corporaciones con Fines Lucrativos. Son el equivalente a la Sociedad Anónima española. La mayoría de las corporaciones privadas en Puerto Rico son con fines de lucro y tienen como característica principal que todos sus asociados (accionistas) responden ante los acreedores de la empresa solidariamente y con solamente el capital que aportaron o se comprometieron a aportar al caudal común.

Una de las desventajas de la corporación con fines lucrativos es que tiene un costo mayor de organización y una supervisión mayor por parte de las agencias gubernamentales. Otra es que las ganancias corporativas tributan de forma doble. En primer lugar la corporación tributa por sus ganancias y en segundo lugar el accionista tributa por el ingreso que recibe de las Corporación como dividendo.

Existen cinco tipos de Corporaciones con fines lucrativos en Puerto Rico:

  • Corporaciones de Emisión Pública. Venden sus acciones al público en general en el mercado abierto. Estas corporaciones suelen tener un elevado número de accionistas y están sujetas al cumplimiento de determinadas obligaciones, como el registro de ofertas y la ley de valores.
  • Corporaciones de Emisión Privada. Son corporaciones cerradas que no venden sus acciones al público y están sujetas a diversas restricciones.
  • Corporaciones Profesionales. Reguladas en el capítulo 18 de la LGC.
  • Corporaciones de Corredores de Bienes Raíces. Pueden adoptar la forma de sociedad o corporación. En este último caso todos los accionistas deberán estar en posesión de la licencia de corredor de Bienes Raíces, su actividad está regulada en la ley 10 de 26 de abril de 1994.
  • Corporaciones de Individuos bajo el Código de Rentas Internas. La sección 1390 del Código de Rentas Internas dispone que una corporación de individuos es aquella corporación doméstica (incluyendo las organizadas bajo las leyes de cualquier estado de los Estados Unidos o el Distrito de Columbia) que se dedica a la explotación de una industria o negocio exclusivamente en Puerto Rico, que, entre otras cosas, no podrá tener más de 35 accionistas. Una ventaja importante es que los accionistas pueden administrar directamente la corporación sin necesidad de tener una Junta de Directores. No pueden organizarse como corporaciones de individuos las compañías de seguros, compañías de inversiones y las instituciones financieras.
  • Corporaciones sin Fines Lucrativos. Se dedican fundamentalmente a labores educativas, religiosas o científicas como la Corporación Especial para el Desarrollo Municipal, cuyo propósito esencial es la realización de tareas sociales, comerciales y deportivas. Estas entidades se rigen por la LGC, en todo aquello que no sea incompatible con las disposiciones previstas en la ley de Municipios Autónomos.
  • Las Corporaciones Especiales Propiedad de los Trabajadores, similares a la Sociedad Anónima Laboral española, se caracterizan por ser una mezcla entre las corporaciones con fines de lucro y las cooperativas. Están reguladas en el capítulo 16 de la LGC, su número es muy escaso en Puerto Rico, donde únicamente se han constituido alrededor de cuatro corporaciones especiales.

Otras Figuras Corporativas

Otras figuras jurídicas que existen en Puerto Rico son la Comunidad de Bienes y las Cooperativas.

  • La Comunidad de Bienes está regulada en los Artículos 326 al 340 del Código Civil. Hay comunidad de bienes cuando la propiedad de una cosa o de un derecho pertenece pro indiviso a varias personas.
  • La Cooperativa es una figura jurídica reglamentada por la Ley General de Sociedades Cooperativas de Puerto Rico. Para formalizar una cooperativa se requiere cinco o más personas residentes en Puerto Rico, que no sean integrantes de la misma unidad familiar. Las cooperativas pueden organizarse para realizar compras en común de suministros así como obtener servicios o prestar los mismos en común a sus asociados y otros patrocinadores.

Regulación sobre quiebras

En Puerto Rico son de aplicación las leyes federales sobre bancarrota. Básicamente existen tres opciones principales para la declaración de quiebra, recogidas en sendos capítulos del Código Federal de Quiebras:

  • Bajo el Capítulo 7 el deudor declara la bancarrota informando a la Corte de Quiebras de cuáles son todos sus bienes y nombrando a un liquidador “bankrupcty trustee” que se encargará de administrar y liquidar los bienes del deudor. En estos casos puede lograrse una reducción en las deudas y permitir que la persona deudora mantenga la propiedad de algunos de sus bienes. Es importante señalar que la petición puede ser tanto voluntaria como involuntaria y que únicamente pueden presentar una petición de quiebra las personas naturales, sociedades y corporaciones, quedando excluidas algunas entidades como bancos y asociaciones de ahorro y préstamo.
  • Según el Capítulo 11 del Código de Quiebras, los deudores pueden declarar la suspensión de sus pagos para reorganizar sus asuntos financieros sin necesidad de realizar la liquidación prevista en el Capítulo 7. De esta forma las empresas deudoras deben presentar un plan de reestructuración que les permita hacer frente a las deudas contraídas para poder continuar con su actividad. Las peticiones, al igual que el caso anterior, pueden ser de carácter tanto voluntario como involuntario.
  • En el Capítulo 13, el Código de Quiebras ofrece a los individuos la oportunidad de pagar sus deudas bajo la protección de la corte, es decir, libre de embargo u otros procedimientos particulares. Solamente pueden acogerse a los beneficios de este capítulo aquellos individuos que tengan un ingreso estable, el total de cuyas deudas no respaldadas sea menor de 250,000 dólares y el de deudas aseguradas menor de 750,000 dólares. Bajo este capítulo sólo se permiten las peticiones voluntarias. Al igual que en la situación prevista en el Capítulo 11, hay que elaborar un plan que requiere la aprobación de los acreedores y de la Corte. El plan deberá contemplar un plazo no superior a tres años, salvo que la Corte amplíe su duración, que nunca excederá los cinco años.

Otra legislación mercantil

En lo que se refiere a la distribución revisten una gran importancia la Ley 75 sobre Contratos de Distribución y a la Ley 21 sobre Representantes de Ventas, que ya analizamos con detenimiento en el apartado 4.4. del presente documento.

Una vez se ha definido el tipo de negocio y la clase de organización bajo la cual operará, es necesario realizar una serie de gestiones básicas encaminadas a conseguir los permisos, licencias y seguros que los negocios necesitan para operar en Puerto Rico. A continuación se presenta una lista de estas gestiones:

*      Registro de la empresa en el Departamento de Estado.

*      Solicitud y obtención de permiso de uso Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE)

*      Obtención de carta de objeción (ARPE)

*      Endoso del Servicio de Bomberos

*      Endoso de la Junta de Calidad Ambiental

*      Solicitud de algún otro endoso

*      Licencia Sanitaria (Departamento de Salud)

*      Certificado de salud, empleado (Departamento de Salud)

*      Desempleo federal (Rentas Internas Federal-RIF)

*      Número de identificación patronal (RIF)

*      Seguro por desempleo (Departamento del Trabajo-DT)

*      Seguro por incapacidad (DT)

*      Seguro choferil cuando corresponda (DT)

*      Retención del empleado (Departamento de Hacienda)

*      Fondo de Seguro del Estado

*      Patente municipal

 Gastos de constitución:

 -Incorporación (registro de la sociedad en el departamento de estado), 110$

 -Permiso de uso; aproximadamente 100$

 -Certificados de salud (10$ por empleado, además del certificado del local).

 -Certificado de inspección del Departamento de Bomberos, 50$ 

 Gastos de funcionamiento: 

 -Patente municipal 

 -Contribución sobre la propiedad mueble (municipal)

 -Contribución sobre la propiedad inmueble o “property tax” (municipal), si el local es propio.

 -Beneficios a los trabajadores; SS/paro/etc.

Las corporaciones constituidas ante el Departamento de Estado deben presentar anualmente un Informe Corporativo y pagar una tasa de 100$.

Cierto tipo de negocios o actividades pueden requerir permisos o licencias adicionales.

La lentitud de los trámites burocráticos y las gestiones de la administración son una de las principales trabas que encuentran las empresas a la hora de operar en Puerto Rico. Si bien la constitución de sociedades ante el Departamento de Estado, resulta sencilla; los trámites resultan complicados y suponen una importante pérdida de tiempo. En el mes de agosto de 2010 se implanto un nuevo sistema con la finalidad de acelerar la gestión del proceso. El Sistema Integrado de Permisos, que permite la realización de múltiples trámites y gestiones a través de Internet, se canalizo a través de la Oficina de Gerencia de Permisos: http://ogpe.pr.gov/freedom/login/auth

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Propiedad industrial (marcas, patentes, diseños, licencias)

En este apartado estudiaremos las disposiciones que son de aplicación en Puerto Rico sobre marcas, derechos de autor y patentes.

Marcas

Según lo dispuesto en la Ley 63 del 14-8-91, conocida como la Ley de Marcas de Puerto Rico, la marca es un signo que sirve como rasgo distintivo de un producto o servicio en el mercado. Es decir, la marca aporta la capacidad de identificar o asociar un producto o un servicio a una forma o medio diferente a otras. Algunos ejemplos de signos que podrían ser utilizados como marcas son: dibujos, emblemas, palabras, nombres, letras, números, frases y formas, entre otros. Estos pueden utilizarse individualmente o combinarse para constituir una marca.

La ley 169 de 2009 sustituye a la ley 63 de 1991 e incorpora una serie de novedades respecto a la anterior, permitiendo solicitar la inscripción de una marca únicamente con la intención de su uso.  En estos casos el titular tendrá cinco (5) años desde su registro para comenzar el uso y enviar evidencia demostrativa de dicho uso al Registro, una ventaja sobre la legislación federal que considera una reserva máxima de dos años, perfeccionando el registro con el uso efectivo de la marca.

El Artículo 18 de la Ley Núm. 169 de 2009 indica que "todo titular deberá presentar declaración de uso continuo con evidencia que demuestre el uso”.  Esta evidencia deberá presentarse entre el 5º. y 6º año a partir de la fecha de registro y entre el 9º y 10º año junto con la renovación y como condición para la renovación"

El registro de una marca es válido por un período de diez (10) años y puede renovarse durante el año anterior a la fecha de vencimiento, aunque la nueva ley concede un periodo de gracia de seis meses para renovar una marca expirada

Un producto es un objeto que circule en el mercado o comercio, es decir, que se venda o se compre obteniendo un beneficio de éste. Dicho producto puede ser de diversa índole: técnico, agrícola, natural, artesanal, etc. Un servicio se define como la realización de ciertas actividades por una persona o empresa para una clientela. Algunos ejemplos de lo que se entiende como servicio son: alquiler, seguridad, información, transporte, operaciones bancarias, emisiones de radio, televisión o prensa y diversiones, entre otros.

Las marcas pueden clasificarse en cuatro:

  • Marcas de fábrica: Todo signo o conjunto de signos que sirva para distinguir los productos de una persona o empresa de los productos de otras personas o empresas.
  • Marcas de servicio: Todo signo o conjunto de signos que sirva para distinguir los servicios de una persona o empresa de los servicios de otras personas o empresas.
  • Marcas de certificación: Todo signo o conjunto de signos que certifique las características comunes, en particular la calidad, los componentes y el origen de los productos o servicios elaborados o distribuidos por personas autorizadas.
  • Marcas colectivas: Todo signo o conjunto de signos que sirva a asociaciones de productores, fabricantes, comerciantes o proveedores de servicios para distinguir en el mercado los productos o servicios de sus miembros de los productos o servicios de quienes no forman parte de dichas asociaciones.

La marcas de fábrica pueden inscribirse y su inscripción se realiza en la Oficina del Registro de Marcas dependiente del Departamento de Estado. Este se crea mediante la Ley Nº 66 de 28-7-23, derogada por la citada Ley Nº 63. El registro de marca tiene una validez de 10 años y se puede renovar durante el año anterior a su fecha de vencimiento. Aquellas marcas de fábrica que se van a utilizar para comercio interestatal o internacional, deben registrarse en la Oficina Federal de Patentes y Marcas (US Patent and Trademark Office), agencia del Departamento Federal de Comercio en Washington D.C.

Los nombres comerciales deben asimismo registrarse en la Oficina del Registro de Marcas, teniendo una validez de 10 años y pudiendo efectuarse una solicitud de renovación dentro del año anterior a la fecha de vencimiento.

Derechos de Autor

La Ley Federal de Derechos de Autor protege al trabajo intelectual durante la vida del autor y 50 años más. Para corporaciones, la protección es de 75 años desde la primera publicación o 100 desde el momento de su creación. Las solicitudes deben presentarse en el Registro de la Propiedad Intelectual, dependiente del Departamento de Estado. También se pueden registrar en la Oficina de Derechos de Autor (Copyright Office) en la Biblioteca del Congreso, en Washington D.C.

Los derechos de autor pueden cederse o arrendarse mediante el otorgamiento de licencia para permitir su uso por terceros. El Registro de la Propiedad Intelectual fue creado mediante la Ley Nº 96 del 15 de julio de 1988, según enmendada. Hasta ese momento los derechos de los autores, artistas, compositores, cineastas y demás integrantes de la comunidad intelectual de Puerto Rico estaban fundamentalmente protegidos por dos piezas legislativas:

  • Ley de Derechos de Autor de EE.UU. (Federal Copyright Law, 17 U.S.C. 101 y ss).
  • Ley de Propiedad Intelectual española del 10 de enero de 1879.

La primera de estas dos leyes no reglamenta el derecho moral de quienes crean obras de valor artístico y cultural, pero expresamente reconoce que dicha omisión en forma alguna anula o prohíbe la legislación local sobre esa materia, 17 U.S.C. 301.

La Ley local que crea el Registro de la Propiedad Intelectual incluye en el ámbito de la protección registral toda actividad dirigida a la creación, promoción y difusión de la propiedad intelectual debidamente autorizada. Según dispone la Ley, el derecho moral es aquel que permite a quien crea una obra o a su derechohabiente, beneficiarse de ella y concede las prerrogativas exclusivas de atribuirse o retractar su autoría, disponer de su obra, autorizar su publicación y proteger su integridad, con arreglo a las leyes especiales vigentes sobre la materia. La integridad de la obra se entiende como la prerrogativa del autor de defender la forma, visión o conceptos particulares que él impartió a su obra y que deben preservarse aunque el dominio físico o uso de la misma haya sido cedido a un tercero. Cualquier alteración, mutilación o destrucción de la obra sin autorización del autor, es una violación a la integridad de la misma y puede dar lugar a remedios como el de retractación, interdictos, órdenes de cese y desistimiento o acciones en daños y perjuicios contra el infractor. Un uso de la obra que resulte en su degradación o incluso meramente distinto al autorizado puede constituir una violación a derecho moral.

Puede ser objeto de inscripción en el Registro:

  • Libros de cualquier género
  • Obras gráficas
  • Fotografías
  • Composiciones musicales
  • Obras literarias de cualquier género
  • Trabajos de escultura
  • Códigos fuente (source codes) de programas de computadoras
  • Diseños arquitectónicos
  • Todo tipo de fonograma y obra audiovisual, incluyendo videos

Patentes

La solicitud para una patente se realiza en la Oficina Federal de Patentes y Marcas (US Patent and Trademark Office), agencia del Departamento Federal de Comercio en Washington. Estas se otorgan por un término de 20 años desde el momento en que se solicitó la misma, excepto en ciertos diseños ornamentales para los cuales se puede otorgar una patente por términos de 3, 5 o 14 años.

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Barreras de entrada para inversores españoles

 

Por la “Buy American Act”, las licitaciones dentro de Puerto Rico financiadas con fondos federales de los EEUU se ven sujetas a la necesidad de que los materiales empleados tengan procedencia estadounidense. No obstante existen algunas excepciones así como las limitaciones establecidas por el Acuerdo de Contratación Pública de la OMC.
 

Hay que destacar la pesada burocracia y lentitud de los trámites y permisos a la hora establecer cierto tipo de negocios en Puerto Rico, lo que a veces ahuyenta algunas inversiones extranjeras.
 

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  • Movilidad Internacional
  • Barreras Comerciales
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  • Datainvex