Marco jurídico

Resumen del marco jurídico para los negocios

Paraguay es un país muy abierto al exterior, con un régimen de inversiones exteriores sin restricciones, regímenes de incentivos fiscales y arancelarios para la inversión y ausencia de grandes barreras a la importación.
 
Además, se observa una actitud muy proactiva por parte de los miembros del ejecutivo en su objetivo de captación de inversiones. Varios Ministros han realizado giras por varios países para presentar el potencial del país como receptor de inversiones.
 
 

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Organismos de apoyo a la inversión extranjera

Las instituciones o entidades de apoyo a la inversión, y de regulación de los esquemas de apoyos a la inversión son:

  • Ministerio de Industria y Comercio (www.mic.gov.py), institución competente en la atracción de inversiones; destacando dentro del mismo a REDIEX (Red de Inversiones y Exportaciones - www.rediex.gov.py).
  • Consejo Nacional de las Industrias Maquiladoras de Exportación (www.maquila.gov.py), entre cuyas funciones están:
    • formular y evaluar la legislación y las políticas relativas a este esquema bajo la Ley 1.064/97 (de la Industria Maquiladora de Exportación)
    • evaluar, dictaminar y elevar a los Ministerios de Industria y Comercio y Hacienda las cuestiones que necesiten resolución conjunta de ambos ministerios, entre las que están la inclusión de esta industria dentro del esquema y los permisos para la importación de maquinaria, equipos e insumos.
  • Consejo Nacional de Zonas Francas, organismo autónomo regulador del esquema bajo la Ley 523/95 (de Zonas Francas), con relación con el poder ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda (http://www.hacienda.gov.py/web-hacienda/index.php?c=543). Entre sus funciones están:
    • control y fiscalización del funcionamiento de las Zonas Francas;
    • evaluar, dictaminar y elevar a Poder Ejecutivo las solicitudes de concesiones de Zonas Francas;
    • preparar la legislación relativa a dichas zonas, para su sometimiento al Poder Ejecutivo.
  • Consejo de Inversiones. Para proyectos contenidos en las leyes 60/90 (que establece el régimen de incentivos fiscales para la inversión de capital de origen nacional y extranjero) y 5.542/15 (de garantías para las inversiones y fomento a la generación de empleo y el desarrollo económico y social). Entre sus funciones están analizar y dictaminar sobre los proyectos de inversión que correspondan con ambas leyes y asesorar a las instituciones públicas y privadas en materia de inversión.

 

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Cuadro de organismos de apoyo a la inversión extranjera

 Cuadro de organismos de apoyo a la inversión extranjera

 

ORGANISMO

DATOS DE CONTACTO

Ministerio de Industria y Comercio 
 
REDIEX
 

(Red de Inversiones y Exportaciones)

Dirección: Av. Mcal. López 3333 c/ Dr. Weiss,
Villa Morra. 1892 Asunción. Paraguay
Tel.: (595 21) 616 3006
Consejo Nacional de las Industrias Maquiladoras de Exportación  
Dirección: Av. Mcal. López 3333 c/ Dr. Weiss,
Villa Morra. 1892 Asunción. Paraguay.
Tel.: (595 21) 611 361 / 663 950
E-mail: secretaria.ejecutiva@maquila.gox.py
Consejo Nacional de Zonas Francas
Dr. Ricardo Maldonado
Director Ejecutivo del Consejo Nacional de Zonas Francas
Tel. y Fax : (595 21) 451927
Email: 
rmaldonado@cnzf.gov.py
Web: http://www.hacienda.gov.py/web-hacienda/index.php?c=543

Dra. Wilma Rojas
Jefe de la Unidad Técnica de Planificación y Promoción 
Tel. y Fax : (595 21) 451927
Email: 
wrojas@cnzf.gov.py
Web: http://www.hacienda.gov.py/web-hacienda/index.php?c=543

 

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Otros incentivos a la inversión

Un incentivo adicional a la inversión es el hecho de que Paraguay sea uno de los pocos países de la región (junto a Bolivia y Haití) beneficiarios del Régimen de Preferencias Generalizadas + (SPG+), otorgado por la Comisión Europea. Dicho régimen permite la entrada de los productos de origen paraguayo al mercado comunitario con aranceles preferenciales.

(http://eeas.europa.eu/delegations/paraguay/press_corner/all_news/news/2013/20130318_01_es.htm).

Cabe señalar que dicha preferencia se otorga únicamente a los productos de origen certificado de Paraguay, derivándose de ello un incentivo adicional a la implantación en el país.

 

 

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Zonas francas y ZEE

Las Zonas Francas (ZF) vienen reguladas por la Ley 523/95, que autoriza y establece el régimen de zonas francas. en la misma se establece:

Instalación. En áreas de propiedad privada, cercadas y con un sólo sector de entrada y salida.

Actividades a desarrollar:

  • Comerciales. Bienes destinados a intermediación, sin que sufran ningún tipo de transformación o modificación; incluyendo el depósito, la selección, clasificación, manipulación y mezcla de mercaderías o materias primas.
  • Industriales. Fabricación de bienes destinados a la exportación, con uso de insumos de origen nacional o importado; incluyendo las industrias de ensamblaje.
  • Servicios. Reparaciones y mantenimiento de equipos y maquinarias. Para el resto de servicios destinados a la exportación deberán ser autorizados por el poder ejecutivo.

Figuras:

  • Concesionario. Persona jurídica que, mediante contrato firmado con poder ejecutivo paraguayo, adquiere el derecho a habilitar, administrar y explotar una ZF
    • Deberá construir la infraestructura necesaria
    • Tendrá derecho a instalará únicamente su industria dedicada exclusivamente a la fabricación de bienes de exportación
    • Gozará de la concesión por 30 años, sujetas a prórroga.
  • Usuario. Persona física o jurídica que desarrolla actividades en ZF, mediante contrato con el Concesionario.

Régimen tributario.

  • Invariabilidad. Cualquier cambio en la legislación tributaria relativa a las ZF no podrá aplicarse a los que se acogieron al régimen de la presente ley, salvo que opten a ello.
  • Para concesionarios. Ninguna, si bien pueden solicitar beneficios contemplados en Ley 60/90. Estarán exentos de IVA por los servicios que presten a los usuarios.
  • Para usuarios. Sometimiento al régimen general tributario de Paraguay para toda actividad, excepto:
    • Las ventas de bienes desde Territorio Aduanero paraguayo a ZF se consideran exportaciones, sujetas a tratamiento fiscal, aduanero y administrativo de las mismas.
    • Las importaciones al territorio aduanero provenientes de empresas de ZF estarán sujetas a tributos de importación, salvo productos industriales que cumplan con reglas de origen para catalogación como producto nacional paraguayo. 
    • Exención de todo tributo nacional, departamental o municipal para la exportación o reexportación de bienes o servicios desde ZF a terceros países, a la misma ZF o a otras ZFs.
    • Exención de todo tributo para la introducción de bienes de capital, incluidos aquellos bajo modalidad de leasing. Si bien no podrán ser vendidos, arrendados o transferidos a personas domiciliadas dentro del territorio aduanero, salvo tras pago de tributos de importación correspondientes determinados en base a valor actual de los bienes.
    • Exención de todo tributo nacional, departamental o municipal a las actividades desarrolladas en ZF y los resultados de las mismas.
    • Exoneración tributaria en la constitución de las sociedades; a las remesas de utilidades o dividendos a terceros países; al pago de regalías, comisiones, honorarios, intereses y toda otra remuneración por servicios prestados desde terceros países a los usuarios de  ZF.
    • Tributación sobre la renta.
        • Actividades dedicadas exclusivamente a la exportación a terceros países - tributación por "Impuesto de Zona Franca", con tasa del 0,5% sobre el total de ingresos brutos de ventas a terceros. (se deja margen de ventas en territorio aduanero del 10% del total de los ingresos brutos de ventas)
        • Actividades comerciales, con ventas en exterior y en territorio aduanero que exceda el 10% - Impuesto de ZF sobre ingresos de ventas al exterior + tributación vigente en Paraguay sobre el % que las ventas en territorio aduanero representen sobre el total de ingresos, deduciendo los gastos en la misma proporción.

Fiscalización y control. Por el Consejo Nacional de Zonas Francas, dependiente del Ministerio de Hacienda. Autorizará la creación de ZF, además de su fiscalización y control.

ZF existentes. En la actualidad en el país existen únicamente 2 ZF, ubicadas en las inmediaciones de Ciudad del Este (tradicional zona de comercio triangular de frontera).

Consorcio Trans Trade SA & Asociados.

Ruta Internacional Nº 7 Dr. Gaspar. Rodríguez de Francia, Km. 10.5 Ciudad del Este Teléfono +595 61 574911 RA

E-mail: info@zonafranca.com.py 

Web www.zonafranca.com.py

 

Empresa Global del Paraguay S.A.C.S.

 

Ruta Internacional Nº 7 Dr. Gaspar. Rodríguez de Francia, Km. 11.5 lado Monday 

Ciudad del Este -

Teléfono y Fax +595 21 446740 

Teléfono y Fax +595 61 580260-2 

E-mail: sac@zf.com.py 

 

No existen en Paraguay ZEE.

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Contratación Pública. Criterios de adjudicación de contratos

Las contrataciones públicas, en general, se rigen por Ley 2.051/03 de Contrataciones Públicas. Aprobada en 2003, con ligeras modificaciones por la Ley 3.493/07 (que modifica la Ley 2.051 y establece la carta orgánica de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas), y desarrollada por el Decreto Reglamentario 21.909/03, modificado por el Decreto 5.174/05.
  •  Ámbito de aplicación. Todos los niveles de la administración. Afecta, así, a: los organismos de la Administración Central del Estado (ejecutivo, legislativo y judicial), los gobiernos departamentales, universidades, empresas públicas y mixtas y sociedades anónimas en las que el Estado sea socio mayoritario; Banco Central de Paraguay, entidades de la administración pública descentralizada, municipalidades….
  • Tipos de procedimientos: licitación pública (> 10.000 jornales mínimos), licitación por concurso de ofertas (monto entre 2.000 y 10.000 jornales mínimos), contratación directa (monto< 2.000 jornales mínimos) y con fondo fijo (para adquisiciones menores). 

La ley prohíbe expresamente fraccionar el monto de los contratos o la ejecución de un proyecto para eludir el procedimiento establecido. Exige además que se establezcan los mismos requisitos y condiciones para todos los proveedores y contratistas. Se obliga al convocante a comunicar a la UCNT los datos de las convocatorias e informar sobre sus resultados.

  • Contempla licitaciones nacionales e internacionales.
    • Limita las licitaciones internacionales a cuando:
      • Resulte obligatorio conforme lo establecido en tratados internacionales.
      • Cuando así se hubiera estipulado en los convenios de empréstitos suscritos con organismos internacionales multilaterales.
      • Cuando no exista oferta nacional en cantidad o calidad requeridas, o sea conveniente por precios.
      • Tras licitación nacional sin propuesta o ninguna de ellas cumpla con los requisitos establecidos.
    • Trato recíproco. Se puede negar la participación a personas físicas o jurídicas no domiciliadas en el país en licitaciones internacionales, cuando su país no concede un trato recíproco a los proveedores o contratistas, bienes o servicios paraguayos.
    • Discriminación a favor de productos y servicios paraguayos. La ley establece (art 7) el objetivo de Fomento de las micro, pequeñas y medianas empresas; “(…) de modo que  en los procedimientos de contratación pública regidos por esta ley, los organismos, las entidades y las municipalidades deberán promover la participación de las empresas nacionales, especialmente de las micro, pequeñas y medianas” 

Esto tiene la derivada de introducir una discriminación a favor de las empresas locales, estableciéndose en el art. 18: “En los procedimientos de contratación de carácter internacional, los organismos, las entidades y las municipalidades optarán, en igualdad de condiciones, por el empleo de los recursos humanos de país y por la adquisición y locación de bienes producidos en la República de Paraguay y que cuenten con el porcentaje de contenido nacional superior al 40%, en la comparación económica de las propuestas, con un margen hasta del 10% de preferencia en el precio respecto de los bienes de importación, conforme a las normas de evaluación que se establezcan en el reglamento”. 

  • Exclusión. Esta ley no aplica a:
    • Los servicios personales regulados por la Ley de la Función Pública.
    • Las concesiones de obras y servicios públicos y el otorgamiento de permisos, licencias o autorizaciones para el uso y explotación de bienes de dominio público; rigiéndose, en su caso, por la legislación de la materia.
    • Las licitaciones en ejecución de lo establecido en los tratados internacionales de los que Paraguay sea parte y las que se financien con fondos de IFIs de los cuales Paraguay sea miembro. Aquí se observará lo acordado en los respectivos convenios.
    • Contratos celebrados entre los organismos, entidades y municipalidades o esos entre sí; salvo que se haga a través de un tercero particular.
    • Operaciones de crédito público, regulación monetaria, financiera y cambiaria.
    • Operaciones de transporte de correo internacional e interno. 
En la práctica quedan excluidas de esta Ley las licitaciones con financiación de las IFIs y de los programas bilaterales (como, por ejemplo, el Programa de Conversión de Deuda España – Paraguay) y las que se rigen por la Ley 5102/13 (De desarrollo de infraestructuras vía APP. Esta ley especifica que las licitaciones serán internacionales e incluye claramente el principio de no discriminación).  

Ley 4.558/11, que establece mecanismos de apoyo a la producción y empleo nacional, a través de los procesos de contrataciones públicas;  reglamentada por el decreto 9649. En la misma se contempla una discriminación a favor de los productos de origen paraguayo, pero sólo para las licitaciones nacionales. La ley y la reglamentación establecen: 

  • Margen de preferencia del 20% a favor de los productos y servicios nacionales (art. 2: “dispóngase que en las contrataciones que realice el Estado paraguayo por vía de procesos de carácter nacional, se establezca u margen de preferencia del 20% a favor de los productos y servicios de origen nacional”).
  • El Ministerio de Industria y Comercio de Paraguay es el encargado de emitir los certificados de origen.
  • Criterio de regla de origen nacional.
    • Productos del reino mineral, animal y vegetal, extraídos, cosechados, recolectados o nacidos en el Paraguay; así como los bienes producidos a partir de esas materias primas.
    • Productos elaborados en el país a partir de materias primas importadas, siempre que estas últimas experimenten una transformación de su composición, forma o estructura original que les confiera una nueva individualidad caracterizada por el hecho de estas clasificados en una partida arancelaria (primeros 4 dígitos del SA) diferente a la de los insumos y materiales importados. En su defecto, cuando la mano de obra, las materias primas y los insumos provenientes de Paraguay representan un porcentaje superior > al 40%.
    • En obras viales, construcciones, servicios de mantenimiento, transporte, seguros, consultoría y otros en general cuando el personal del prestador en las del 70% sea de nacionalidad paraguaya.
Ley 5.074/13, que Modifica y amplía la Ley nº 1.302/98 “que establece modalidades y condiciones especiales y complementarias a las Ley nº 1.045/83 “que establece el régimen de obras públicas”.
 
Esta Ley tiene como objetivo incentivar y agilizar la participación del sector privado en el desarrollo de proyectos de infraestructura. Contempla mecanismo “llave en mano”, mediante el cual la empresa adjudicataria del proyecto obtiene la financiación del proyecto, reembolsando el estado paraguayo la obra a la finalización de la misma. Para lo que otorga garantía soberana a la firma del contrato.
 

Las licitaciones de obras y bajo la modalidad recogida en esta ley están regidas por la Ley 2.051/03, pero incorpora discriminaciones adicionales a favor de productos y servicios de origen paraguayo:  

  • Art. 11, que establece “Las obras y servicios públicos podrán ser ejecutadas por empresas y/o consorcios de empresas nacionales y/o extranjeras, conforme a las modalidades previstas en las leyes vigentes. La participación real paraguaya en cada emprendimiento, sean obras o servicios no debe ser menor al 25%. Los criterios de participación real se ajustarán a lo establecido en las normas respectivas”.
  • Art. 12 y 13, que establecen requisitos esenciales de precalificación de la empresa.
    • Art. 12. requisito esencial de precalificación de la empresa será:
      • a) Para las extranjeras: una facturación promedio en los últimos cinco años de un monto, equivalente al 80% (ochenta por ciento) del monto a ser ejecutado en un año de las obras licitadas; y,
      • b) Para las nacionales: una facturación promedio en obras en los últimos cinco años, equivalente al 20% (veinte por ciento) del valor de la obra a ser licitada. 
    • Artículo 13.- En el caso de empresas extranjeras consorciadas con paraguayas la empresa "líder" deberá cumplir, como mínimo, con el 60% (sesenta por ciento) de las exigencias del inciso a) del artículo anterior. Las empresas nacionales consorciadas deberán cumplir con el 40% (cuarenta por ciento) como mínimo de las exigencias del inciso b) del artículo anterior
Ley 5.102/13, “de Promoción de la inversión en infraestructura pública y ampliación y mejoramiento de los bienes y servicios a cargo del Estado”, o también denominada Ley APP. Para el incentivo de la participación privada en inversiones en infraestructura. Las cuestiones específicas relativas a las licitaciones: 
  • Los proyectos bajo esta ley queden exentos de la aplicación de la Ley 2.051/03.
  • Alcance. Para:
  • Ámbito de la licitación.
    • Licitaciones internacionales.
    • Sin discriminación en favor de bienes o productos de origen paraguayo.

Se ha habilitado una página web sobre contrataciones públicas, de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (http://www.contrataciones.gov.py/), que supone la aplicación de las obligaciones establecidas en la ley en relación con la puesta en marcha del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas.

 

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Régimen de inversiones

Régimen de inversiones:
 
La Constitución paraguaya establece que toda persona tiene derecho a dedicarse a la actividad económica, lícita de su preferencia, dentro de un régimen de igualdad de oportunidades. Es decir, no existen áreas restringidas para la inversión extranjera, ni tratamiento discriminatorio ni limitaciones.
 
Asimismo, la Ley de Inversiones (No 117/91) establece los siguientes principios: 
  • Igualdad: La inversión extranjera recibe el mismo tratamiento que la nacional. No se admite, en consecuencia, la imposición de condiciones o tratamientos discriminatorios ni más favorables a los inversionistas extranjeros.
  • Derecho de propiedad: Los inversionistas nacionales y extranjeros pueden adquirir bienes en el Paraguay, sin ninguna otra limitación que las establecidas en la Constitución y las Leyes.
  • Libertad cambiaria: Se garantiza el ingreso y salida de capitales, la remisión al exterior de dividendos, intereses, comisiones, regalías por transferencia de tecnología y otros conceptos sin restricciones, con la salvedad de que todas las operaciones de cambio, remisiones o transferencias estarán sujetas a los tributos establecidos en la Ley.
  • Libre contratación de seguros de inversión en el país o en el exterior.
  • Libre comercio: Se garantiza el libre comercio, sujeto a que los inversores, tanto nacionales como extranjeros, cumplan tanto el Régimen Tributario como con el Régimen del Trabajo y de Seguridad Social vigentes en el país. Dichas garantías comprenden:
    • La libertad de producción y comercialización de bienes y servicios en general.
    • La libre fijación de precios, a excepción de aquellos bienes y servicios cuya producción y comercialización estén regulados por la Ley.
    • La libertad de importación y exportación de bienes y servicios con excepción de aquellos prohibidos por la Ley.
  • Universalidad: Las inversiones extranjeras son bienvenidas en todos los sectores de la economía, salvo las excepciones establecidas en las leyes específicas locales como ser: el sector de hidrocarburos, minería, telecomunicaciones, forestal, entre otros que requieren permisos, licencias o concesiones especialmente otorgadas por la autoridad.
  • Automaticidad: Salvo las excepciones mencionadas arriba, los inversionistas extranjeros están autorizados a invertir en los demás sectores de la economía sin que para ello sea necesario obtener una autorización previa, a menos que se trate de algún tipo de inversión sujeta a régimen especial. En cuyo caso, el inversionista deberá sujetarse al régimen previsto para las mismas.
  • Régimen Cambiario: La ley de Inversiones, entre sus garantías incluye la Libertad de cambio entre otras. En virtud de la cual las operaciones cambiarias se realizan dentro de un mercado libre de cambios. El tipo de cambio será el que libremente establezcan las partes, conforme a la oferta y la demanda. Constituyen operaciones de cambio la compra y venta de moneda extranjera y en general, las obligaciones pagaderas en dicha moneda, aunque no importen traslado de fondos o giros del país al exterior o viceversa. Los actos jurídicos, las obligaciones y los contratos realizados en moneda extranjera son válidos y serán exigibles en la moneda pactada.
Legislación para atracción de inversiones:
 
Paraguay cuenta con un ordenamiento jurídico que incluye varias fórmulas orientadas a la atracción de inversiones extranjeras, constituyendo un sistema favorable a la afluencia de capital productivo foráneo que ofrece varias modalidades de inversión, con distintas ventajas fiscales con relación al régimen general, en función del sector de  la inversión. El régimen de atracción de inversiones tiene su base en las siguientes leyes:
 
La Ley 60/90, que establece el régimen de incentivos fiscales para la inversión de capital nacional y extranjero”. Los proyectos de inversión han de obtener la autorización de un Comité Interinstitucional, y un importe superior a los 5 millones USD. Varios de los incentivos de la Ley 60/90 fueron derogados por la Ley 2.421/04 de julio de 2004, de Adecuación Fiscal y Reordenamiento Administrativo.
 
La Ley de Maquila, que permite a las empresas extranjeras instalarse en Paraguay como industrias maquiladoras, es decir introduciendo, a través del régimen de admisión temporaria, al país materias primas del exterior con una serie de incentivos fiscales y tributarios, para ensamblar y fabricar sus productos utilizando mano de obra nacional, para finalmente re-exportarla, sumándole al mismo el valor agregado del proceso de transformación.
 
Ley 5542/15, de garantías para las inversiones y fomento a la generación de empleo y el desarrollo económico y social. Esta ley tiene como objeto la protección de la inversión en industria y actividades similares, otorgando ciertos derechos a los inversionistas, entre los que cabe destacar invariabilidad de la tasa del impuesto a la renta aplicable, durante un periodo entre 10 y 20 años, dependiendo del monto de la inversión.
 
Ley 4.838/12, que establece la política automotriz. Concede exoneraciones arancelarias y ventajas fiscales sobre la importación, para las inversiones para actividades de producción o ensamblaje de vehículos y sus partes y accesorios.
 
Decreto 11.771/2000, que establece los beneficios del Régimen de Materias Primas e Insumos. Concede exoneración arancelaria (arancel 0) para la importación de materias primas e insumos para las empresas agropecuarias e industriales, siempre que no haya producción nacional de dichos productos.
 
Ley 5102/13 (de Alianza Público Privada) y Ley 5074/13, cuyo objetivo es incentivar la participación del capital privado en el desarrollo de los proyectos de infraestructuras. Su característica principal es la no necesidad de aprobación poder legislativo de los proyectos del endeudamiento que se deriva de los proyectos de infraestructuras realizados bajo el paraguas de estas leyes.
 
 

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Propiedad inmobiliaria

No existen restricciones a la compra de inmuebles y tierras por parte de extranjeros. La única limitación aplicable se deriva de la Ley 2532/05, de seguridad fronteriza (zona de 50 km adyacentes a las líneas de frontera terrestre y fluvial dentro del territorio paraguayo). Dicha Ley establece que los extranjeros oriundos de cualquiera de los países limítrofes no podrán ser propietarios, condóminos o usufructuarios de inmuebles rurales en la zona de seguridad fronteriza.
 
El sector inmobiliario en Paraguay es uno de los que ha experimentado un fuerte crecimiento en los últimos años, tanto en el sector residencial como corporativo, si bien se observan signos de saturación de la oferta en el segmento "Premium", manteniéndose las expectativas de crecimiento y oportunidades en el sector residencial del segmento medio.   
 
La buena evolución del sector obedeció tanto al crecimiento económico experimentado por el país desde 2003, como a una relativa disminución de los tipos de interés, acompañado de una mayor competencia de entidades bancarias en el país, lo que ha provocado el aumento de la oferta de hipotecas para la compra de vivienda, con plazos de hasta 30 años y que cubren del 80 al 100% de su valor.
 
Otros desencadenantes de este boom inmobiliario son el bajo precio del suelo, en comparación con sus países vecinos, la mano de obra barata, la menor carga impositiva, la estabilidad económica del país, el incremento del poder adquisitivo de la clase media y media alta y la economía abierta del país que favorece la inversión.

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Incentivos a la inversión (fiscales, sectoriales, regionales y locales)

Existen en Paraguay varias Leyes que otorgan incentivos, en forma de beneficios para la inversión, tanto nacional como extranjera, algunas en el ámbito sectorial:

Ley 60/90, que establece el régimen de incentivos fiscales para la inversión de capital de origen nacional o extranjero.

Objeto. Promover e incrementar las inversiones de capital nacional y/o extranjero. Por ello, se otorgan beneficios fiscales a personas físicas o jurídicas radicadas en Paraguay, cuyas inversiones tengan por objeto:

  • Aumento de la producción de bienes y servicios.
  • Creación de fuentes de trabajo permanentes.
  • Fomento de las exportaciones y sustitución de importaciones.
  • Incorporación de tecnología que aumenten la eficiencia productiva y permitan la mayor y mejor utilización de materias primas, mano de obras y recursos energéticos nacionales.
  • Inversión y reinversión de utilidades en bienes de capital.

Sujeto. Persona física o jurídica, nacional o extranjera, que realice inversiones bajo las siguientes formas:

  • Dinero, financiamiento u otros instrumentos financieros.
  • Bienes de capital, materias primas e insumos destinados a la industria local, para la fabricación de bienes de capital, establecido en el proyecto de inversión.
  • Marcas, dibujos, modelos y procesos industriales y demás formas de transferencia de tecnología.
  • Servicios de asistencia técnica especializada.
  • Arrendamientos de bienes de capital.
  • Otras formas a determinar.

Beneficios. Tras la entrada en vigor de la nueva reglamentación impositiva la mayoría de los beneficios e incentivos fiscales otorgados por esta ley fueron suspendidos o modificados. Sin embargo, los siguientes beneficios se mantienen hasta hoy:

  • Exoneración del IVA en las adquisiciones de bienes de capital producidos por fabricantes nacionales de aplicación directa en el ciclo productivo industrial o agropecuario.
  • Exoneración del IVA en las importaciones de bienes de capital de aplicación directa en el ciclo productivo industrial o agropecuario.
  • Exoneración total de los tributos fiscales y municipales que gravan la constitución, inscripción y registros de sociedades y empresas.
  • Exoneración total de aranceles e impuestos internos de aplicación específica sobre la importación de bienes de capital, materias primas e insumos destinados a la industria local, prevista en el proyecto de inversión.
  • Liberación de exigencia de cualquier tipo de encaje bancario o depósito especial para la importación de bienes de capital.
  • Exoneración del pago de tributos que gravan las remesas y pagos al exterior en concepto de intereses, comisiones y capital de los mismos, por el plazo pactado; cuando el monto de la financiación proveniente del extranjero y la actividad beneficiada con la inversión fuere de un mínimo de US$ 5 millones.
  • Exoneración total de impuestos sobre dividendos y utilidades provenientes de los proyectos, hasta un máximo de 10 años; cuando la inversión fuere de, por lo menos, US$ 5 millones y el impuesto a tales dividendos y utilidades no fuere crédito fiscal del inversor en el país de procedencia.
  • Exoneración del impuesto sobre sociedades (Ley 70/68), en proporción al monto de capital incorporado, por un periodo de 5 años a partir del año siguiente del inicio de la inversión.
  • Exoneración del impuesto en papel sellado y estampillas.

Dichos beneficios se extenderán:

  • Por 10 años, cuando las inversiones provengan de recursos de repatriaciones de capital o se radiquen en áreas de preferente desarrollo determinadas por los planes y programas de la STP.
  • Por 7 años, cuando las inversiones provengan de incorporación de bienes de capital de origen nacional.
  • Por 5 años, en el caso de bienes de capital, bajo contratos de arrendamiento bajo la modalidad de leasing, tanto importados, como de producción nacional.

Concesión de beneficios. El Ministerio de Industria y Comercio y el Ministerio de Hacienda, en resolución conjunta, conceden los beneficios previstos por la Ley Nº 60/90; previa aprobación del Consejo de Inversiones.

Plazos. El Consejo de Inversión deberá pronunciares en plazo de 60 días a partir de la fecha de presentación de la solicitud por parte de la empresa. Y la resolución ministerial deberá dictarse en 15 días a partir de la fecha del dictamen.

Irrevocabilidad. Los beneficios concedidos son irrevocables, salvo por incumplimiento de las condiciones por parte de la empresa.

 

Ley 1.064/97, de la industria maquiladora de exportación.

Sujetos. Podrán beneficiarse de la ley las empresas industriales que se dediquen total o parcialmente a procesos industriales o de servicios, incorporando mano de obra y otros recursos nacionales destinados a la transformación, elaboración, reparación o ensamblaje de mercancías de procedencia extranjera importadas temporalmente a dicho efecto para su reexportación posterior, en ejecución de un contrato suscrito con una empresa domiciliada en el extranjero.

Estas podrán ser personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas en el país.

Beneficios.

  • Importación temporal de:
    • Materias primas e insumos necesarios para la producción y exportación (si bien, a permanencia en el país no deberá exceder los 6 meses; pudiendo ampliarse por un periodo máximo de 6 meses adicionales, a pedido de la parte y debidamente justificado por resolución biministerial).
    • Maquinarias, aparatos e instrumentos para el proceso productivo (que podrán permanecer en el país en tanto continúen vigentes los programas para los que fueron autorizados).
    • Equipos de laboratorio, de medición y de prueba de sus productos y los requeridos por el control de calidad y capacitación de su personal (que podrán permanecer en el país en tanto continúen vigentes los programas para los que fueron autorizados).
    • Equipos para el desarrollo administrativo de la empresa (que podrán permanecer en el país en tanto continúen vigentes los programas para los que fueron autorizados).
    • Herramientas, equipos y accesorios de seguridad industrial y productos necesarios para la prevención y control de la contaminación ambiental de la planta productiva, manuales de trabajo y planos industriales, así como equipos de telecomunicación y cómputo, para uso exclusivo de la industria maquiladora (que podrán permanecer en el país en tanto continúen vigentes los programas para los que fueron autorizados).
    • Cajas de tráileres y contenedores (si bien, a permanencia en el país no deberá exceder los 6 meses).
  • Actividad gravada con un tributo único del 1% sobre el valor agregado generado en Paraguay.
  • Exención de cualquier otro tributo nacional, departamental o municipal, sobre:
    • Importación de bienes previstos en el contrato de maquila, y enumerados anteriormente.
    • Reexportación de bienes importados bajo contrato de maquila.
    • Exportación de los bienes transformados, elaborados, reparados o ensamblados bajo contrato de maquila.
  • Recuperación del IVA. Las empresas maquiladoras están exentas del pago del IVA, pudiendo recuperarse el IVA correspondiente a las compras de bienes y servicios en forma de créditos fiscales, endosables y negociables.

Ventas mercado nacional. Para mantener los beneficios asociados al régimen de maquila

  • Se podrá vender en territorio nacional un máximo del 10% del volumen exportado en el último año, bajo autorización.
  • Se deberá tributar por la nacionalización de los insumos, a tipos vigentes en la fecha de la importación temporal; por la venta de los productos y por la renta generada (aplicándose en este caso el coeficiente correspondiente para el pago del impuesto de la renta sobre dicho porcentaje).

Concesión de beneficios. El Ministerio de Industria y Comercio y el Ministerio de Hacienda, en resolución conjunta, conceden los beneficios previstos por la Ley; canalizados a través del Consejo Nacional de las Industrias Maquiladoras de Exportación (CNIME). Para ello, será necesario la firma y registro de contrato de maquila.

 

Ley 5.542/15, de garantías para las inversiones y fomento a la generación de empleo y el desarrollo económico y social.

Objeto. Protección de la inversión de capital en inversiones productivas, cuando contribuyan a la generación de empleo y desarrollo económico y social.

Sujetos. Personas físicas y jurídicas nacionales o extranjeras que inviertan capital en la creación o adaptación de empresas que cumplan con lo establecido en el párrafo anterior.

Capitales comprendidos.

  • Moneda nacional o extrajera, existente en el país o ingresada en el país (a través de banco o entidad financiera).
  • Bienes físicos, existentes en el país o que ingresen, según normas para importaciones.
  • tecnología, cuando sea susceptible de ser capitalizada y verificada.

Contrato de inversión. Para beneficiarse del contenido de esta Ley, se requiere:

  • Aprobación del proyecto de inversión, por parte del Consejo de Inversiones (similar al establecido en la Ley 60/90)
  • Constitución de sociedad anónima, creada para el desarrollo de la actividad beneficiaria.
  • Suscripción de contrato entre el Estado paraguayo y la empresa, en el que constará la aprobación del proyecto de inversión.

Beneficios - derechos de las empresas:

  • Transferencia al exterior de capitales (una vez transcurridos 2 años desde la puesta en marcha de la empresa) y beneficios líquidos que la actividad origine (sin plazo). (Las divisas provenientes de las ganancias de capital sólo podrán ser remesadas cuando sean producto de la enajenación de las acciones o derechos representativos de la inversión del capital o de la liquidación total o parcial de las empresas. En este último caso, deberá abonarse los tributos a la importación de cuya exoneración se hayan beneficiado hasta la fecha de liquidación).
  • Invariabilidad de las tasa impositiva del impuesto sobre la renta (sociedades) que grava la actividad de la empresa:
    • Inversión inferior a US$ 50 millones (o equivalente en otras monedas): hasta 10 años
    • Inversión en rango US$ 50 millones - 100 millones (o equivalente en otras monedas): hasta un total de 15 años
    • Inversión en monto superior a US$ 100 millones (o equivalente en otras monedas): hasta un total de 20 años.
  • Exención tributaria del capital invertido. Exención de toda contribución, impuesto o gravamen, hasta el monto de la inversión realizada, en el caso de enajenación de las acciones o derechos representativos de la inversión del capital.
  • Aplicación del régimen arancelario para la importación de maquinaria y equipos que no se produzcan en el país, contemplado en la Ley 60/90.
  • Régimen especial para la exportación. En el caso de proyectos que contemplen la exportación total o parcial de los bienes producidos, las empresas podrán mantener un porcentaje de las divisas en el exterior, cuando sean necesarias para pagar las obligaciones o cumplir con la remesa de las utilidades líquidas que las inversiones originen.
  • Beneficios adicionales para las industrias de alto contenido social y sus accionistas.
    • Exoneración de la tasa adicional del 5% del impuesto de la Renta (sociedades) por la distribución de beneficios.
    • Disminución de la tasa impositiva aplicada a la remisión de beneficios al exterior, en un 1% por cada 100 empleos directos generados, hasta un máximo del 50% del valor total aplicable a dicha operación. (dicha tasa está actualmente en el 15%).
  • Seguridad jurídica. Las inversiones realizadas bajo esta ley no podrán ser objeto de ninguna modalidad de apropiación o confiscación. Estarán protegidas por los principios de irretroactividad de la ley, la libertad de concurrencia y garantía de respeto de la propiedad privada. 

Ley 4.838/12, que establece la política Automotriz Nacional.

Objeto. Establecer la Política Automotriz Nacional.

Sujetos. Personas físicas y jurídicas, nacionales o extranjeras, legalmente registradas en el territorio nacional, siempre que realicen inversiones cuyo objeto sea la producción y/o ensamblaje de los bienes comprendidos en el capítulo 87 de la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM): "vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios", incluyendo autopartes y autopiezas en general.

Beneficios. derechos concedidos:

  • Exoneración del pago de aranceles para la importación de bienes de capital, materias primas, componentes, kits, partes, piezas e insumos fabriles, requeridos por los sujetos beneficiarios para la producción de los bienes señalados.
  • Base imponible del IVA sobre valor de las importaciones, reducida:
    • La importación de bienes de capital, materias primas, componentes, kits, partes y piezas e insumos fabriles, requeridos para la producción y/o ensamblaje de los bienes señalados tendrá, como base imponible para el IVA, el equivalente al 20% del Valor Aduanero expresado en moneda extranjera, al que se añadirán los tributos aduaneros (aun cuando estos tengan aplicación suspendida), así como otros tributos que incidan en la operación con anterioridad al retiro de la mercadería, más los tributos internos que graven dichos actos, excluido el propio impuesto.
    • En casos de importación de bienes de capital, materias primas, componentes, kits, partes, piezas e insumos fabriles de la partida 87.11 de la Nomenclatura Común de Mercosur (NCM), los mismos tributarán sobre una base imponible del IVA correspondiente al 40% del Valor Aduanero expresado en moneda extranjera, al que se añadirán los tributos aduaneros (aun cuando estos tengan aplicación suspendida), así como otros tributos que incidan en la operación con anterioridad al retiro de la mercadería, más los tributos internos que graven dichos actos, excluido el propio impuesto.
  • Base imponible del IVA sobre producción, reducida:
    • La base imponible del IVA la constituirá el 20% del precio neto devengado, correspondiente a la entrega de los bienes producidos y/o ensamblados por las empresas beneficiarias de la ley, en todas las enajenaciones realizadas.
    • En el caso de la partida 87.11 de la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM), la base imponible del IVA será el equivalente al 40% del precio neto devengado correspondiente a la entrega de los bienes producidos y/o ensamblados por las empresas beneficiarias de la Ley.
  • Beneficios en licitaciones. En todos los procesos de licitación y adquisición de bienes por parte de los Organismos y Entidades del Estado, la incorporación de los bienes producidos y/o ensamblados bajo el amparo de la Ley tendrán un margen de preferencia del 20% en los precios ofertados, de acuerdo con la metodología de medición del valor agregado nacional, que será establecido y certificado por la Autoridad de Aplicación competente.

Requisitos para beneficiarse de la Ley. Se podrán acoger a estos incentivos una vez cumplidos los siguientes requisitos.

  • Producción y/o ensamblaje de los bienes comprendidos en el capítulo 87 de la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM): "vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios", incluyendo autopartes y autopiezas en general.
  • Creación de fuentes de trabajo permanentes, con un mínimo de 50% de ciudadanos paraguayos.
  • Incorporación gradual y creciente de Valor Agregado Nacional, mediante la aplicación de Procesos Productivos Básicos relacionados con el programa de producción anual.
  • Incorporación de tecnología que permita aumentar la eficiencia productiva y posibilite la mayor y mejor utilización de materia prima, mano de obra y recursos energéticos nacionales.
  • Fomentar las exportaciones o sustitución de importaciones.
  • Desarrollar Programas de Apoyo a sectores sociales, especialmente en el área de educación vial, a ser reglamentados por la Autoridad de Aplicación.
  • Presentar un proyecto de inversión en plantas para la producción y/o ensamblado de bienes señalados, el cual deberá incluir una línea de ensamblaje, infraestructura de testeo y equipos para marcación del Número de Identificación de los Vehículos (VIN), para los casos que corresponda, a criterio de la Autoridad de Aplicación.
  • Desarrollar programas para el fomento de la investigación, desarrollo tecnológico e innovación en el sector, en conjunto con las entidades educativas públicas o privadas.
  • Solo podrán ser producidos, importados, comercializados y circular dentro del territorio nacional paraguayo los bienes señalados que cumplan con los reglamentos técnicos nacionales vigentes respecto a la protección del medio ambiente y la seguridad, en lo que respecta a la política automotriz.

Autoridades competentes. Ministerio de Industria y Comercio (a través del Viceministerio de Industria) y el Ministerio de Hacienda (a través de la Subsecretaría de Estado de Tributación).

Decreto 11.771/2000, que establece los beneficios del Régimen de Materias Primas e Insumos.

Objeto. Beneficiar el desarrollo de las empresas agropecuarias e industriales.

Beneficiarios. Empresas agropecuarias e industriales.

Beneficios. Exoneración arancelaria (arancel 0) para la importación de materias primas e insumos.

Condiciones. Para beneficiarse de este régimen:

  • Debe demostrarse la utilización de las materias primas e insumos como tales en el proceso productivo.
  • Las empresas agropecuarias e industriales deberán estar inscrita en la DG de Aduanas, para lo cual deberán contar con su programa de producción del año y la cantidad de materias primas e insumos de origen externo necesarios para el cumplimiento de dicho programa.
  • El monto de la solicitud de importación bajo este régimen no deberá ser inferior a US$1.500 (FOB).
  • No debe haber producción nacional de los productos importados.
  • Las empresas beneficiarias deberán elevar bimestralmente un informe pormenorizado a los Ministerios de Industria y Comercio y Agricultura y Ganadería y de Hacienda, con datos sobre:
    • Cantidad de productos elaborados con las materias primas o insumos beneficiados con este régimen.
    • Cantidad detallada de las materias primas e insumos utilizados para la elaboración de los mismos.
    • Remanente de las materias primas e insumos introducidos con el presente régimen.

Autoridades. Las solicitudes de exoneración arancelaria deberán estar acompañadas de Dictamen favorable de la Comisión Técnica Interinstitucional, conformada por representantes de los Ministerios de Hacienda, Industria y Comercio y Agricultura y Ganadería y de la Unión Industrial Paraguaya.

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Representación y agencia

La Ley 194/93 de 6 de julio (“Ley de Representación”) establece el régimen legal de las relaciones contractuales entre fabricantes y firmas del exterior foráneas y personas físicas o jurídicas domiciliadas en el Paraguay. Dicha Ley reglamenta especialmente las situaciones de interrupción de la relación laboral entre las dos partes implicadas.
 
Así, cualquier firma que decida comercializar sus productos en Paraguay, eligiendo la vía del representante como medio de penetración comercial, se enfrentará a la exigencia de una indemnización en el momento de finalizar su relación contractual (por el lucro cesante), aunque el final se deba simplemente a una decisión de no prorrogar un contrato vencido y no a una ruptura unilateral.
 
La Ley no establece un sistema específico de establecimiento de las indemnizaciones, determinándose las mismas por vía judicial.

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Formación de "joint-ventures". Socios locales

 

No existen restricciones a la inversión extranjera, por lo que no hay obligación de contar con un socio local.
 
Sin embargo, dadas las particularidades del mercado paraguayo, donde los socios locales ofrecen trayectoria en el país y cartera de contactos nutrida, puede ser positivo que la empresa extranjera que desee operar en Paraguay tenga algún socio local en sus proyectos empresariales. Pero la realidad de las inversiones españolas en Paraguay es que la opción de JV no es la más adoptada.
 
En el caso de que se opte por tener un socio local, se recomienda tener una información completa (antecedentes empresariales y judiciales si los hubiera) sobre el mismo . A menudo los potenciales partners se presentan al inversor extranjero apelando a sus contactos al máximo nivel que, con frecuencia, no son tales.
 
Si la empresa extranjera pretende participar, como proveedor, en los distintos procesos de compras del Estado, se debe tener en cuenta, además,  que, de acuerdo con la ley de compras públicas, las ofertas económicas con un contenido nacional superior al 40% cuentan con ventaja en precio frente a las que no tienen dicho porcentaje de contenido local.

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Tipos de sociedades

Sociedad Anónima (S.A.)
 
El Código Civil paraguayo establece las normas que rigen la constitución de las Sociedades Anónimas, que son aquellas en las que la participación de los socios está representada por acciones.              
  • Denominación: El nombre social de la empresa así constituida debe contener la indicación “Sociedad Anónima” (S.A.).
     
  • Constitución: Son necesarios por lo menos 2 socios constituyentes y que el capital social se haya suscrito en su totalidad. Las sociedades anónimas adquieren personalidad jurídica y comienzan su existencia a partir de la inscripción en el Registro de Personas Jurídicas y Asociaciones.
     
Deberá anotarse en el registro la escritura pública, en la que conste el acto constitutivo; los estatutos sociales y la designación del primer Directorio y del o de los primeros Síndicos.
 
Verificado el cumplimiento de las condiciones establecidas en la ley para la constitución de sociedades anónimas, el Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial ordenará la inscripción de la sociedad en el registro correspondiente. La resolución del Juez deberá ser dictada en el plazo de 3 (tres) días, notificada por cédula y estará sujeta a los pertinentes recursos procesales.
 
Cualquier modificación de los estatutos sociales deberá hacerse con las mismas formalidades establecidas para la constitución.
  • Estatutos: La sociedad debe constituirse por escritura pública ante notario, y deberá incluir:
    • Nombre, nacionalidad, estado, profesión y domicilio de los socios y el número de acciones suscritas por cada uno.
    • Denominación y domicilio de la sociedad.
    • Objeto social.
    • El monto del capital suscrito.
    • El valor nominal y el número de las acciones.
    • El valor de los bienes aportados en especie.
    • Las normas de distribución de los beneficios.
    • La participación en las utilidades eventualmente concedida a los promotores o a los socios fundadores.
    • El número de administradores y sus poderes.
    • La duración de la sociedad.
  • Administración: Esta se llevará a cargo por uno o más directores designados por la Asamblea Ordinaria. Estos pueden ser accionistas o no. También la Asamblea designa al síndico/s que es el encargado de fiscalizar la administración de la sociedad.  
La Asamblea ordinaria trata y aprueba la memoria anual, designa directores y síndicos, y emite acciones. Se convoca dentro de los cuatro meses siguientes al cierre del ejercicio, por los directores o el síndico.
 
Las Asambleas extraordinarias se convocan en cualquier momento por los directores o el síndico o a pedido de accionistas con el 5% del capital social, y pueden modificar los estatutos, aumentar y reducir el capital de la sociedad y actuar para la fusión, transformación o disolución de la sociedad.
 
Los gerentes no podrán actuar por cuenta propia en negocio alguno que estuviese incluido en el objeto de la S.A, ni podrán asumir la representación de un tercero o de una empresa comercial que ejerza un comercio similar sin la autorización expresa de los socios. Los gerentes son solidariamente responsables ante la S.A. por la mala administración o por violación del contrato social. Los directores no son responsables por las obligaciones de la S.A. salvo en caso de inejecución o mal desempeño del mandato, así como por la violación de la ley o de los estatutos y cualquier otro perjuicio ocasionado por dolo, abuso de facultades o culpa grave. En tales casos, los directores responden ilimitada y solidariamente ante la sociedad, los accionistas y terceros. Queda exento de responsabilidad el director que no hubiere participado en la deliberación o resolución, o que hubiere dejado constancia por escrito de su disconformidad.
  • Dividendos: El 5% de las utilidades líquidas debe destinarse anualmente a una reserva hasta constituir el 20% del capital suscrito. Solo se podrá pagar dividendos provenientes de utilidades líquidas de la sociedad. La violación de esta norma compromete la responsabilidad solidaria de los directores.
     
Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.)
 
Este tipo de sociedad puede constituirse por dos o más personas físicas o jurídicas.
  • Denominación: El nombre de la compañía tiene que ir precedida o seguida por las palabras S.R.L. Se prohíbe que bancos, financieras, compañías de seguros y de ahorro y préstamo se constituyan bajo la forma de S.R.L.
     
  • Constitución: Puede estar formada por un número de 2 a 25 miembros, y formalizada en escritura pública ante notario.
     
  • Capital social: No puede estar representado por acciones nominativas, endosables o al portador. El capital de estas sociedades se divide en cuotas nominativas de un valor de 1.000 guaraníes o múltiple de esta, que será indicado en el contrato social.
     
El capital social debe estar totalmente suscrito y por lo menos el 50% debe estar integrado por dinero efectivo. También se pueden aportar bienes en especie como capital social, pero deben ser transferidos a nombre de la sociedad en el documento de constitución.
 
Los socios son responsables solidariamente ante terceros por el valor de los bienes y activos en especie incorporados al capital. No hay requisito de capital mínimo, pero éste debe ser suficiente para cumplir con el objeto que se proponga la S.R.L.
  • Administración: La administración y representación de este tipo de sociedades puede  ser delegada en uno o más gerentes, socios o no, que tienen los mismos derechos y obligaciones que los directores de las sociedades anónimas.
Los gerentes no pueden asumir representaciones de empresas que ejerzan una actividad similar sin la autorización expresa de los socios. Los gerentes son solidariamente responsables ante la S.R.L. por la mala administración o por violación del contrato social.
 
Todos los socios tienen derecho a tomar parte en las decisiones de la empresa. Si el contrato no establece la forma en que se deberán tomar estas decisiones, serán aplicables las reglas de las sociedades anónimas para las asambleas ordinarias. Cada cuota representa un voto.
 
Sucursales o representaciones de empresas extranjeras.
 
Las compañías constituidas en el extranjero que deseen ejercer actos de comercio habituales en Paraguay, pueden establecer lo que se llama sucursal.
 
Estas están sujetas, al igual que las compañías paraguayas, a las disposiciones del Código Civil sobre inscripción de documentos sociales, estatutos y poderes en el Registro Público de Comercio y en el Registro de las Personas Jurídicas y Asociaciones.
 
Los documentos que la empresa matriz debe preparar (deben ser certificados por un notario del país de origen, y legalizados por el Consulado paraguayo más cercano) son:
  • Estatutos de la Empresa Matriz
  • Certificado de un oficial público o Cámara de Comercio, de que la empresa matriz está legalmente registrada en el país de origen.
  • Resolución del Consejo de Dirección de la empresa matriz donde se contemple la apertura de una sucursal en Paraguay, la asignación de un capital mínimo de 10.000 $ a la sucursal, la domiciliación en alguna ciudad de Paraguay, y la designación de la persona o personas que administrarán la sucursal.
  • Los instrumentos de poderes de administración otorgados por la Empresa Matriz a favor de la persona o personas que administrarán la sociedad.
Los documentos son inspeccionados en la Dirección de Impuestos Internos y en el Ministerio de Relaciones Exteriores para luego ser inscritos en el Registro Público de Comercio y en el Registro de las Personas Jurídicas y Asociaciones.
 
Al mismo tiempo, el contador de la sucursal debe registrarla en las oficinas administrativas y fiscales correspondientes para que pueda operar y ejercer actos de comercio. No se precisa autorización del Gobierno. El procedimiento requiere aproximadamente de 30 días.
 
La sucursal debe cumplir con las leyes impositivas al igual que las compañías locales. Los estados contables, el balance anual y otra documentación social son controladas por la Inspección de Hacienda. Los apoderados de la Empresa Matriz que administran la sucursal tienen las mismas responsabilidades hacia terceros que los administradores de las sociedades locales.
 
Hay otros tipos de sociedades previstos en la legislación mercantil paraguaya, si bien su utilización es minoritaria:
  • Sociedad Colectiva: Es aquel tipo societario comprendido por 2 (dos) o más socios que son subsidiaria, ilimitada y solidariamente responsables por las obligaciones sociales.
     
  • Sociedad en Comandita Simple: En este tipo societario existen socios colectivos que responden solidaria e ilimitadamente por las obligaciones sociales, y socios comanditarios que responden por las mismas hasta el límite de sus aportes.
     
  • Sociedad en Comandita por Acciones: También tiene socios colectivos y comanditarios, encontrándose los aportes de éstos últimos representados por acciones.

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Régimen de Franquicias

No existe en la actualidad en Paraguay ninguna legislación que regule el régimen de franquicias, rigiéndose las actividades en este área por la legislación existente en temas como contratos privados, aspectos laborales, etc... 
 
Existe iniciativa por parte del sector privado para la elaboración de una ley específica, pero sin ningún avance en la actualidad.

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Propiedad industrial (marcas, patentes, diseños, licencias)

La Constitución Paraguaya reconoce expresamente estos derechos en la Sección I “De los derechos de propiedad intelectual” del Capítulo IX del Título II. En concreto el artículo 110 de la Constitución establece que “todo autor, inventor, productor o comerciante gozará de la propiedad exclusiva de su obra, invención, marca o nombre comercial, con arreglo a la ley”.
 
Paraguay cuenta con varias leyes principales sobre la materia:
  • Ley 868/81, de Dibujos y modelos industriales; y el Decreto nº 30.007/82 que la reglamenta.
  • Ley Nº  1.294/98, de Marcas ;y Decretos nº 22.365/98 y nº 6.329/10 que la reglamenta.
  • Ley 1.328/98, de Derechos de autor y derechos conexos; y el Decreto nº 5.159/99 que la reglamenta.
  • Ley 1.630/00, de Patentes e invenciones; y Decreto nº 14.201/01, que la reglamenta.
Posteriormente, varios de los artículos de la Ley 1.630/00 se han modificado por Ley 2.047/02 (que modifica el art. 90 de la Ley 1.630/00 y lo adecúa al art. 65 del Acuerdo ADPIC de la Ronda Uruguay del GATT) y Ley 2.593/05 (que modifica catios artículos y deroga el art. 75 de la Ley 1.630/00 y deroga parte del art. 184 de la Ley 1.160/97, “Código Penal”).
  • Ley 3.283/07, de Protección de la información no divulgada y datos de prueba para los registros farmacéuticos.
  • Ley 4.798/12, que crea la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI); y el Decreto 460/13, que la reglamenta.
  • Ley 4.923/13, de Indicaciones geográficas.
Otras normas que han ajustado el cuerpo legal paraguayo a esta legislación y las modificaciones posteriores realizadas sobre la misma son:
  • Decreto Nº 16.939/2002 por el cual se adopta la Octava Edición de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de marcas establecida en virtud del Arreglo de Niza.
  • Ley Nº 3.440/2008 que modifica varias disposiciones de la Ley No. 1.160/97 – Código Penal, entre ellas el Artículo 184.
Paraguay es miembro de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y ha ratificado 10 convenios y convenciones internacionales de derechos de propiedad intelectual. En 1994, por ley 444/94, ratificó los acuerdos de la Ronda Uruguay, incluido el TRIPS.  La nueva legislación en materia de patentes, marcas, y derechos de autor trata de ajustarse a esta reglamentación.
 
Paraguay también ha ratificado, en agosto de 2000, el Tratado de la OMPI sobre derecho de autor (Ley 1.582) y sobre interpretación o ejecución y fonogramas, ambos en vigor desde marzo y mayo de 2002.
 
Ley de Marcas
 
La ley establece que son marcas todos los signos que sirvan para distinguir productos o servicios, que podrán consistir en una o más palabras, lemas, emblemas, monogramas, sellos, viñetas, relieves, nombres, vocablos de fantasía, letras o números con formas o combinaciones distintas, combinaciones o disposiciones de colores, etiquetas, envases y envoltorios.
 
El organismo encargado de registrar una marca es, tras su creación, la DINAPI.
 
El registro de una marca, según establece la ley, concede a su titular el derecho de uso exclusivo de la misma, así como a ejercer ante los órganos jurisdiccionales, las acciones que correspondan contra quien lesione sus derechos. 
 
El uso de la marca es obligatorio, y en el caso de no ser utilizada, ha pedido de parte, se cancelará el registro. La validez del registro es de 10 años, y cabe la posibilidad de ser prorrogado indefinidamente por períodos de 10 años, siempre que se solicite dentro del último año de expiración.
 
La ley también establece que el propietario de una marca de productos o servicios inscrita en el extranjero, gozará de las garantías reconocidas en la ley, una vez registrada la marca en el país.
 
Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos
 
La ley tiene por objeto la protección de los autores y demás titulares de derechos sobre obras literarias o artísticas, de los titulares de derechos conexos al derecho de autor y otros derechos intelectuales.
 
La ley reconoce a los titulares de las obras derechos morales y derechos patrimoniales sobre las mismas.  Los derechos morales son el derecho a divulgación, de paternidad, de integridad y de retiro de la obra del comercio. Los derechos patrimoniales son el derecho exclusivo a realizar, autorizar o prohibir la reproducción de la obra; la comunicación pública de la misma; la distribución pública de ejemplares y la importación al territorio nacional de copias; la traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la obra; y cualquier otra forma de utilización de la obra que no esté contemplada en la ley.
 
El goce o ejercicio de los derechos reconocidos en la ley no está supeditado al requisito del registro o al cumplimiento de cualquier otra formalidad. El autor de una obra tiene, por el solo hecho de la creación, la titularidad originaria de un derecho, oponible a todos, que comprende los derechos de orden moral y patrimonial determinados en la ley.
 
Las obras protegidas bajo esta ley pueden ser objeto también de otros regímenes de protección de propiedad intelectual, tales como marcas, patentes de invención, modelos industriales y otros.
 
La ley establece que el derecho patrimonial dura toda la vida del autor y 70 años después de su fallecimiento. Y se transmite, por causa de muerte, de acuerdo a las disposiciones del Código Civil.
 
El organismo encargado de registrar una marca es, tras su creación, la DINAPI.
 
El registro es meramente declarativo y no constitutivo, de manera que su omisión no perjudica el goce ni el ejercicio de los derechos reconocidos por la presente ley.
 
Las faltas, infracciones y delitos incluidos en la ley son, en virtud de la Ley 1.444/99, de acción penal pública; y, consecuentemente, pueden ser promovidas o iniciadas de oficio sin perjuicio de la promoción de la acción penal por las partes afectadas. La legislación anterior establecía que toda infracción deberá ser promovida exclusivamente por las partes afectadas (acción penal privada).
 
Los programas de ordenador (software) se protegen en los mismos términos que las obras literarias. También se consagra el derecho de los organismos de radiodifusión para autorizar o prohibir la retransmisión de sus emisiones por cualquier medio o procedimiento, así como los derechos de los productores de fonogramas, de los intérpretes o ejecutantes.
 
Ley de Patentes e Invenciones. 
 
Tiene por objeto conceder los derechos y obligaciones a los autores de patentes de invención y patente de modelos de utilidad.
 
La nueva normativa abarca todos los aspectos relativos a las patentes de invención y modelos de utilidad, teniendo como fuente el derecho comparado y las más modernas legislaciones y convenios sobre la materia, especialmente el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), incluido en el Acta Final de la Ronda Uruguay del GATT, ratificado por el Paraguay según Ley N° 444/94, en vigor desde el 1º de enero de 2000.
 
Están sujetas a este tipo de derechos y obligaciones todas aquellas invenciones nuevas de productos o procedimientos que impliquen una actividad inventiva y que sean susceptibles de aplicación industrial.
 
En cuanto a quien pueden obtener una patente, este puede ser una persona física o jurídica, nacional o extranjera, Para obtener la concesión de la patente deberá  presentar una solicitud a la DINAPI.
 
La patente de invención tendrá una duración improrrogable de 20 años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud en el país.
 
Para mantener en vigencia una patente o solicitud de patente en trámite deberán pagarse tasas anuales.  La primera tasa anual se pagará antes de comenzar el tercer año; pueden pagarse varias tasas anuales por anticipado.
 
Publicación: Establece que al cumplirse 18 meses contados desde la fecha de presentación de la solicitud de patente, o desde la fecha de presentación de la solicitud prioritaria si se hubiese invocado un derecho de prioridad, la Dirección de la Propiedad Industrial dispondrá de oficio que la solicitud de patente se haga pública y ordenará su publicación.
 
La ley no contempla como invención los simples descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos; las creaciones puramente estéticas; los esquemas, planes, principios o métodos económicos, de negocios, de anuncios, o de publicidad y los referidos a actividades puramente mentales o intelectuales o a materia de juego; los programas de computación aisladamente considerados; los métodos de diagnósticos, terapéuticos, quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales; y, las diferentes formas de reproducir informaciones.
 
Además la ley excluye de protección por patentes a: las invenciones cuya explotación comercial deba impedirse necesariamente para proteger el orden público o la moral, proteger la salud, la vida de las personas o de los animales, y para preservar los vegetales, para evitar daños graves al medio ambiente; y las plantas y los animales, excepto los microorganismos, y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas y animales, que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos.
 
Tampoco podrán ser objeto de una nueva patente los productos o procedimientos comprendidos en el estado de la técnica, conforme a lo establecido en esta ley, por el simple hecho de atribuírsele un uso distinto al que está comprendido en la patente inicial.
 
De acuerdo con la Ley, las patentes en Paraguay se concederán por una duración de 20 años contados desde la fecha de su presentación. Esta disposición no tendrá carácter retroactivo y afectará a los productos de invención nueva, no a los que están en plaza.
 
Licencias obligatorias y otros usos sin autorización del titular. La ley establece, además de la obtención de licencias convencionales, las llamadas licencias obligatorias y usos sin autorización del titular, mediante un procedimiento administrativo ante la DINAPI, en los siguientes casos:
  • Cuando una persona haya intentado y no haya obtenido una licencia en términos y condiciones comerciales razonables, podrá solicitar a la Dirección de la Propiedad industrial la concesión de una licencia obligatoria.
  • Por falta de explotación: Cuando una patente no ha sido explotada transcurridos 3 años desde la concesión de la patente o cuatro años desde la fecha de la presentación de la solicitud o cuando la explotación de la patente se haya interrumpido por más de un año.
  • Por motivos de emergencia sanitaria, seguridad nacional y desarrollo socioeconómico y tecnológico de determinados sectores estratégicos autoriza al Poder Ejecutivo a otorgar licencias obligatorias a través de decretos.
  • Licencias obligatorias por prácticas anticompetitivas.
  • Licencias obligatorias por dependencia de patente.
La ley contempla la revisión, revocación y modificación de las licencias obligatorias por autoridad judicial. Durante la revisión judicial no se podrán dictar medidas precautorias que afecten la validez o la modalidad de la licencia obligatoria otorgada.
 
Asimismo se establece que, en caso de licencias obligatorias, y cuando la patente comprende la materia prima a partir del cual se deba desarrollar el producto final, el licenciatario se deberá obligar a adquirir dicha materia prima, molécula o principio del titular de la patente. Sin embargo, en caso de que otro proveedor ofrezca al licenciatario la materia prima respectiva a un precio inferior al 15% que el ofrecido por el titular, el licenciatario podrá adquirirlo debiendo justificar que la materia prima adquirida ha sido puesta lícitamente en el mercado nacional o internacional por el titular de la patente, o por un tercero con su consentimiento o habilitado legalmente.
 
Patentabilidad de los productos farmacéuticos. En el caso de los productos farmacéuticos, la Ley 2047/02 estableció que, conforme al Artículo 65 de las Disposiciones Transitorias del Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), la entrada en vigor de la Ley 1.630/00 para los productos farmacéuticos tendría lugar el 1 de enero de 2005. Hasta esa fecha no habría vigencia ninguna de las normas en las que se disponga el patentado de productos farmacéuticos, ni cualquier otro precepto que se relacione con el patentado de los mismos.  
 
De acuerdo con la Ley, las patentes en Paraguay se concederán por una duración de 20 años contados desde la fecha de su presentación. Esta disposición no tendrá carácter retroactivo y afectará a los productos de invención nueva, no a los que están en plaza.
 
La Ley Nº 1.630/00 fue modificada por la Ley nº 2.593/05 que, en su artículo 25, señala que para la expedición de patentes farmacéuticas se requerirá un dictamen técnico del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
 
Ley que crea la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI).
 
De acuerdo con la Ley, la DINAPI es una persona jurídica de derecho público, de carácter autárquico, que se encarga de ejecutar la política nacional de propiedad intelectual.
Se encarga de aplicar las normas de protección de los derechos de propiedad intelectual, de acuerdo con la legislación vigente y convenios internacionales suscritos y ratificados por Paraguay.
 
Ley de Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen.
 
Su artículo 49 derogó los artículos 57, 58, 59 y 60 de la Ley n° 1.294/98 de Marcas, cumpliendo los compromisos asumidos en virtud del acuerdo TRIPS de la  OMC, en la parte referida a la protección de las indicaciones geográficas. La Cámara de Comercio de la Stevia, producto edulcorante natural autóctono del país, ha sido la principal impulsora de esta ley, precisamente para dar mayor protección jurídica a este producto paraguayo.
 
La nueva ley define la indicación geográfica como "el nombre de un país, región, departamento, distrito o localidad, o de un lugar determinado, que sirve para designar un producto originario de alguno de éstos, cuando determinada cualidad, reputación y otra característica sea imputable o atribuible fundamentalmente a su origen geográfico".
 
La denominación de origen es definida como “el nombre de un país, región, departamento, distrito o localidad, o de un lugar determinado, que sirve para designar un producto originario de alguno de éstos, y cuya calidad o características se deban esencial o exclusivamente al medio geográfico en el cual se produce, comprendidos los factores naturales así como los que sean resultado de la actividad humana".
 
Como en el resto de la legislación local sobre derechos de propiedad intelectual, el mecanismo de protección de estos derechos consiste en la realización del correspondiente registro público. Según el artículo 3 de la ley pueden solicitar dicho registro “quienes demuestren tener legítimo interés, entendiéndose por tales, las personas naturales o jurídicas que directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración del producto o los productos que se pretenden amparar, así como las asociaciones que las agrupen. Las autoridades departamentales o municipales también se considerarán interesadas, cuando se trate de indicaciones geográficas o denominaciones de origen de sus respectivas circunscripciones”.
 
Para cada indicación geográfica y para cada denominación de origen se creará, según la ley, un Comité Regulador de Productores.
 
El art. 23 contempla el registro de IG extranjeras. Para ello:
  • No podrán ser objeto de registro las indicaciones geográficas o denominaciones de origen que no estén protegidas o que hayan dejado de estarlo en su país de origen, o que hayan caído en desuso en ese país.
  • Se podrá realizar el registro de las indicaciones geográficas o denominaciones de origen previamente inscriptas en el país de origen, que ofrezca reciprocidad para los registros otorgados en Paraguay. Para ello, será requisito esencial la presentación del certificado de reconocimiento expedido por el país de origen a nombre del solicitante.

Así, en el caso de los países que no otorgan a los ciudadanos o entidades del Paraguay los mismos derechos con respecto al registro y protección de indicaciones geográf¡cas o denominaciones de origen otorgados a sus ciudadanos, los nacionales de dicho país no gozarán del derecho a solicitar o que se les otorgue el registro como propietarios de indicaciones geográficas o denominaciones de origen en Paraguay, o de uso autorizado de tales denominaciones.

 

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Barreras de entrada para inversores españoles

Paraguay es un país abierto a la inversión extranjera. El gobierno promueve la llegada de capital externo y garantiza bajo la ley 117/19 igual tratamiento para el inversor externo. Históricamente ha mantenido una de las cargas fiscales más bajas en la región: 10% de impuesto sobre beneficios de empresa y 10% de IVA para la mayoría de bienes y servicios.

Siendo el marco de acceso al mercado uno de los más abiertos de la región, sin embargo, existen, no obstante, factores  que limitan  la entrada de capital externo. Tras la reforma fiscal de 2003 los beneficios empresariales se gravan con un tipo general del 10%, y si éstos son repatriados se les aplica una tasa adicional del 15%, adicional al 5% que se aplica sobre los dividendos que se distribuyan a socios o accionistas domiciliados en el país. En concreto se gravan las remesas de utilidades netas y dividendos a beneficiarios que no estén domiciliados en Paraguay.

Sigue siendo un problema importante la imprevisibilidad, consecuencia de la inseguridad jurídica (se traduce en la dificultad para hacer cumplir la ley en un tiempo razonable, injerencia del poder político en las decisiones de la justicia, cambios frecuentes del marco jurídico que restan previsibilidad al mercado y acciones de discutible legalidad), además de una situación endémica de corrupción y una burocracia bastante pesada. 

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