Marco jurídico

Resumen del marco jurídico para los negocios

Al crear una empresa, se requiere primero su inscripción en el Registro Mercantil y posteriormente en el Ministerio del Poder Popular para el Comercio Exterior e Inversión Internacional (Mppcoexin) o, en su caso, en el organismo específico que establece la ley. Así por ejemplo, una inversión en banca debe registrarse en la Superintendencia de Bancos; en seguros en la Superintendencia de Seguros, etc. Estos registros que se hacen una vez constituida la compañía, son también necesarios para los contratos de transferencia de tecnología, que se inscriben en el Mppcoexin.

 

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Organismos de apoyo a la inversión extranjera

En Venezuela existen, a nivel nacional, dos instituciones de promoción de inversiones:

 

•          La Superintendencia de Inversiones Extranjeras (SIEX), organismo oficial encargado de registrar y controlar las inversiones extranjeras en Venezuela, así como de promocionar la inversión y proporcionar información dirigida a instituciones y empresas extranjeras.

•          El Consejo Nacional de Promoción de Inversiones (CONAPRI), entidad sin ánimo de lucro participada entes públicos y privados. El CONAPRI busca promover el interés por invertir en Venezuela de diferentes maneras; editando boletines informativos, realizando estudios o asesorando a empresas de forma personalizada.

 

Algunas de las 24 gobernaciones del país también tienen organismos de promoción, muy focalizados en el desarrollo del turismo.

ORGANISMO

DATOS DE CONTACTO

Superintendencia de Inversiones Extranjeras – SIEX

Capitolio, esquina La Bolsa a Mercaderes, Edif. La

Perla, pisos 3, 5 y PH 1010 Caracas-Venezuela

Apdo. de correos 213

Tel.: (+58-212) 483 66 66 / 484 29 45

Fax: (+58-212) 484 43 68

E-mail: siexdespacho@cantv.net

Web: www.siex.gov.ve

 

 

La SIEX es una entidad pública dependiente del Ministerio de Comercio. Sus funciones básicas son las siguientes:

1.         Emisión del Registro de Inversionistas Extranjeros, Calificación de Empresa y Registro de Contratos de Tecnología, excepto para las inversiones en los sectores de hidrocarburos, minería, banca y seguros.

2.         Elaboración de las estadísticas relacionadas con las Inversiones Extranjeras e Importación de Tecnología.

3.         Apoyo e instrumentación de las políticas de promoción, captación y protección de inversiones nacionales y extranjeras.

 

Para SIEX, los sectores prioritarios para la recepción de inversión extranjera son todos aquellos relacionados con la industria petroquímica y energética, manufacturera, turismo, pesca, siderurgia, minería, agroindustria e infraestructuras.

ORGANISMO

DATOS DE CONTACTO

 

Consejo Nacional de Promoción de Inversiones- CONAPRI

 

Edificio Alimer, Piso 1. Calle Orinoco con Av. Ppal de las Mercedes, Urbanización Las Mercedes, Caracas 1060, Venezuela

Teléfonos: (+58-212) 993.3501

Fax: (+58-212) 993.1591

E-mail: conapri@conapri.org

Web: www.conapri.org

 

El Consejo Nacional de Promoción de Inversiones (CONAPRI) es una asociación civil sin ánimo de lucro, cuyos miembros son entes e instituciones públicas (7 ministerios, Banco Central de Venezuela, FOGADE, PDVSA y CVG) y privadas (con representación de corporaciones en el área de alimentos y bebidas, telecomunicaciones, banca, bienes de consumo, petróleo, bienes raíces, tecnología, automoción, servicios, etc.).

Sus áreas de acción principales son tres:

•          Apoyo a inversionistas potenciales y establecidos a través de un equipo de asesores expertos.

•          Propiciar el clima de inversión a través de la identificación de los problemas que la obstaculizan.

•          Proporcionar un flujo constante de información hacia empresas inversoras a través de su boletín electrónico Invest Venezuela, y mediante la organización de seminarios y foros informativos.

Los sectores que CONAPRI ha identificado como de mayor interés para la inversión, aparte del petroquímico, son el de alimentación, tecnología de comunicaciones, turismo y todas las etapas de los procesos minero-siderúrgicos.

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Detalle del APPRI con España

El Acuerdo entre la República de Venezuela y el Reino de España para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, APPRI, fue suscrito en Caracas  el 2/11/1995 y entró en vigor con la publicación en el BOE el 13/10/1997, tuvo una vigencia  inicial por diez años y se ha renovado, por tácita reconducción, por períodos consecutivos de dos años, estando actualmente en vigor, ya que no ha sido denunciado.

El contenido de dicho APPRI al igual que los cerca de tres mil vigentes en todo el mundo, recoge que cada Estado garantiza a los ciudadanos y empresas del otro que las inversiones tendrán tratamiento justo, equitativo y no discriminatorio, con imposibilidad de nacionalización o expropiación, o medida similar, sin indemnización, equivalente al valor de mercado de la inversión expropiada antes de la medida.

La garantía de su cumplimiento estriba, en la cláusula que permite la reclamación directa del inversor contra el Estado infractor ante el Tribunal Internacional de Arbitraje creado por el Banco Mundial en 1965 ante el CIADI, con sede en las oficinas centrales del Banco en Washington,  al que finalmente, tendrán que acudir las empresas reclamantes, si no llegan antes a un acuerdo satisfactorio.

En este sentido es oportuno señalar que el 24 de enero de 2012, Venezuela denunció el Convenio del CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones), lo que supondría el abandono, el 25 de julio 2012, de este organismo de arbitraje, que actualmente es el más importante del mundo en materia de inversiones. Venezuela sigue así los pasos de Bolivia y Ecuador, que salieron del CIADI en 2007 y 2009, respectivamente.

La retirada de Venezuela del CIADI supone para las inversiones españolas el descenso de una garantía plena a otra semiplena, pero siguen protegidas en lo sustancial, debido a que nuestro APPRI está en vigor.

La garantía de las inversiones españolas en Venezuela no viene dada tanto por la pertenencia de Venezuela al CIADI, como por el tratado bilateral o APPRI (Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones) vigente.

Este instrumento, permite a las empresas españolas reaccionar eficazmente ante cualquier acción lesiva -una expropiación o nacionalización sin adecuada compensación o, en general, cualquier trato injusto, arbitrario o discriminatorio- por parte del Estado venezolano.

Sin embargo, debido a la salida de Venezuela del CIADI a partir de ahora, los inversores españoles ya no podrán llevar sus reclamaciones al CIADI propiamente dicho -competente sólo si los dos Estados son parte del Convenio de Washington-, sino que deberán plantearlas ante el llamado Mecanismo Complementario del CIADI -ente encargado de administrar los casos en que el Estado receptor de la inversión no pertenece al CIADI-.

Tanto los laudos CIADI como los del Mecanismo Complementario del CIADI son, susceptibles de ejecución forzosa sobre todos los activos -petróleo, inmuebles, valores, cuentas bancarias- de los que sea titular el Estado venezolano en cualquier parte del mundo, siempre que no gocen de inmunidad de ejecución. La diferencia es básicamente en el régimen aplicable a la ejecución de los laudos, que no será ya el Convenio del CIADI, sino el de Nueva York de 1958. Mientras los laudos CIADI son inmunes a toda resistencia, los del Mecanismo Complementario admiten la oposición del Estado, oposición que excluye la revisión del fondo del asunto, pero oposición al fin y al cabo, enojosa e incierta.

En resumen, la retirada de Venezuela del CIADI supone para las inversiones españolas el descenso de una garantía plena a otra semiplena; pero, al seguir bajo el paraguas del APPRI, siguen protegidas en lo sustancial. Una denuncia del APPRI entre España y Venezuela no afectaría de inmediato a las inversiones ya efectuadas, que seguirían bajo la protección del APPRI diez años más. Pero las inversiones que se realizaran en lo sucesivo sí quedarían de inmediato expuestas a los rigores de la intemperie bolivariana

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Zonas francas y ZEE

En el territorio venezolano se han establecido, dos Zonas Francas importantes:

1) Zona Franca Industrial, Comercial y de Servicios de Paraguaná: Ubicada en la Península de Paraguaná, en el Estado Falcón, publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria N°5.145 de fecha 30 de Abril de 1997. Se encuentra bajo la potestad y control de la Aduana Principal de “Las Piedras de Paraguaná”.

2) Zona Franca Industrial, Comercial y de Servicios ATUJA (ZOFRAT): Ubicada en el Municipio San Francisco de la Ciudad de Maracaibo, Estado Zulia, publicada en Gaceta Oficial N° 36.097 de fecha 29 de Noviembre de 1996. Se encuentra bajo la potestad y control de la Aduana Principal de “Maracaibo”.

Existen otros tipos de Regímenes territoriales vigentes en Venezuela, estos son:

• Los Puertos Libres: Ubicados en Santa Elena de Uairén y en el Estado Nueva Esparta.

• Las Zonas Libres: conformadas por la Zona Libre Cultural, Científica y Tecnológica del Estado Mérida y la Zona Libre para el Fomento de la Inversión Turística de la Península de Paraguaná.

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Contratación Pública. Criterios de adjudicación de contratos

En Gaceta Oficial Extraordinaria Nro. 6154 de fecha 19 de noviembre de 2014 fue  publicado el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas (en lo sucesivo “LCP”) el cual derogó la Ley de Contrataciones Públicas, publicada en la Gaceta Oficial No. 39.503 del 6 de septiembre de 2010. A continuación, los aspectos más destacados de la nueva ley:

1. Objeto: Se define como su objeto regular la actividad del Estado para la adquisición de bienes, prestación de servicios y ejecución de obras, con la finalidad de preservar el patrimonio público, fortalecer la soberanía, desarrollar la capacidad productiva y asegurar la transparencia de las actuaciones de los contratantes sujetos a la LCP coadyuvando  al crecimiento sostenido. Los procesos dispuestos en la Ley son de obligatorio cumplimiento, salvo las excepciones previstas en el texto legal (Art. 1).

2. Ámbito de aplicación: La LCP regirá para todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, en los términos en ella previstos;  dentro de los sujetos regidos por la Ley se incluyen las comunas, las organizaciones de base del Poder Popular, las asociaciones socio-productivas, así como cualquier otra forma de organización popular que maneje fondos públicos (Art 3).

3. Exclusiones de la LCP:

  • La ejecución de obras, la adquisición de bienes  y la prestación de servicios en el marco de acuerdos internacionales
  • La contratación con empresas constituidas en el marco de acuerdos internacionales
  • Los servicios laborales.
  • El arrendamiento de bienes inmuebles, inclusive el financiero.
  • El patrocinio en materia deportiva, artística, literaria, científica o académica.

No obstante la previsión de estas exclusiones a la aplicación de la LCP, se establece que las mismas no impiden la obligación de cumplir con lo establecido en las demás disposiciones que regulan la materia de contratación pública, a los fines de establecer garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones contractuales y promuevan la participación nacional (Art. 4). Es decir que tales excepciones se refieren a los procedimientos de selección de contratistas más no al resto de las regulaciones de la ley.

4. Exclusión de las Modalidades de Selección de contratistas: se establece una relación contratos que  pueden ser adjudicados directamente por la autoridad contratante (art. 5):

5. Compromiso de Responsabilidad Social:

Se incorpora el Compromiso de Responsabilidad Social, el cual tiene la finalidad de garantizar el cumplimiento de lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela respecto a la contribución de los particulares, según su capacidad, en la consecución del bienestar general (Art. 29). Este compromiso constituye una obligación contractual para el beneficiario de la adjudicación, y su ejecución debe ser garantizada (Art. 30), procediendo en caso de ofertas cuyo monto total -incluyendo los tributos- superen las dos mil quinientas unidades tributarias (2.500 UT), y será del tres por ciento (3%) sobre el monto de la contratación (Art. 31).

En cuanto a la aplicación del Compromiso de Responsabilidad Social, se establece que se aplicará a proyectos sociales y solicitudes determinados en base a la información de las necesidades del entorno social que reciba el contratante. El cumplimiento del compromiso deberá efectuarse antes del cierre administrativo del contrato (Art. 32).

En este sentido, se creó el Fondo de Responsabilidad Social, el cual estará bajo la supervisión del Presidente de la República o la autoridad que éste señale, y se establecerá como patrimonio separado e independiente del Tesoro Nacional. En el Fondo de Responsabilidad Social serán depositados los aportes de Responsabilidad Social recibidos en dinero (Art. 33). Se prohíbe utilizar el aporte correspondiente al Compromiso de Responsabilidad Social para atender requerimientos que formen parte de las obligaciones y competencias contempladas en los Planes Operativos de los órganos y entes de la Administración Pública. (Art. 34).

6. Sistema Nacional de Contrataciones:

Se crea la Dirección de Capacitación en Contrataciones Públicas, definida como una dependencia administrativa del Servicio Nacional de Contrataciones (Art. 54) que tiene por objeto coordinar, supervisar y ejecutar las actividades de capacitación en contratación pública y en materias relacionadas, para el fortalecimiento de las actividades de la Administración Pública Nacional en el proceso de contratación

De igual modo se crea el Registro Nacional de Contrataciones del Estado, el cual es una dependencia administrativa del Servicio Nacional de Contrataciones (Art. 52) y tiene por objeto garantizar y mantener un sistema de información de las Contrataciones del Estado con el fin de proveer información a cualquier interesado.

Se crean los Registros Auxiliares de Contratistas, los cuales tienen por objeto apoyar al Registro Nacional de Contratistas en el desarrollo de sus competencias (Art. 43). Los Registros Auxiliares están a cargo de un Registrador Auxiliar (Art. 44), el cual es responsable de la integridad y verificación de la información que maneje. (Art. 45).

La calificación de los contratistas por parte del Registro Nacional de Contratistas se agrega como requisito para presentar ofertas en todas las modalidades permitidas por la Ley, para contratos de bienes y servicios cuyo monto sea superior a cuatro mil unidades tributarias (4.000 UT), y para contratos de ejecución de obras con montos superiores a cinco mil unidades tributarias (5.000 UT). La calificación durará un (1) año, debiendo ser renovada (Art. 48).

Quedaron exceptuados de la calificación prevista en el artículo 48 de la LCP, realizada por el Registro Nacional de Contratistas, los siguientes supuestos (Art. 49):

  • Cuando el monto de la contratación no supere las 4.000 UT para bienes y servicios, y 5.000 UT para ejecución de obras, sean a cargo de un mismo contratista y en un mismo ejercicio fiscal.
  • En caso de pequeños actores económicos, proveedores que suministren alimentos o productos declarados como de primera necesidad y contratistas que presten servicios altamente especializados de uso esporádico.
  • En cualquiera de los supuestos previstos en los procedimientos excluidos de la modalidad de selección de contratistas.
  • En el caso de los órganos y entes de la Administración Pública que participen en modalidades de selección de contratistas.
  • Cuando se trate de interesados en participar en la modalidad de concurso abierto anunciado internacionalmente.
  • Para las personas naturales y jurídicas sin domicilio ni filiales en Venezuela, que participen en concursos cerrados o en consulta de precios; o que formen parte de consorcios, alianzas o conglomerados que participen en cualquier modalidad de selección de contratistas.
  • Para las personas naturales y jurídicas sin domicilio ni filiales en Venezuela, que pudieran ser seleccionados con ocasión de alguno de los supuestos de contratación directa previstos en la LCP, así como las que sean seleccionadas a través de las consultas de precios en ejecución de planes excepcionales.

7. Modalidades de contratación:

7.1. Concurso abierto: pueden participar personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras. Procede para adquisición de bienes superior a 20.000 unidades tributarias UT, prestación de servicios superior a 30.000 UT y ejecución de obras superior a 50.000 UT. Deben ser publicados en la web del contratante y remitidos al Servicio Nacional de Contrataciones y excepcionalmente en los medios de comunicación nacional o regional.

Se establece la obligación del contratante de fijar un término para la calificación, evaluación de las ofertas, emisión del informe de recomendación, adjudicación y notificación de los resultados en los procedimientos de concurso abierto, que no podrá ser mayor a los siguientes lapsos (Art. 81):

  •  
    • Para el procedimiento de acto único de recepción y apertura de sobres: 9 días para adquisición de bienes, 12 días para prestación de servicios, y 16 días para ejecución de obras.
    • Para el procedimiento de acto único de entrega de sobres separados con apertura diferida: 11 días para adquisición de bienes, 14 días para prestación de servicios y 18 para la ejecución de obras.
    • Para el procedimiento de actos separados de entrega de sobres: 17 días para adquisición de bienes, 21 días para prestación de servicios y 26 días para la ejecución de obras.

El Concurso Abierto Anunciado Internacionalmente se efectuará utilizando el sistema de calificación mediante procedimiento de recepción con apertura diferida de ofertas o actos separados. (Art. 82).

7.2. Concurso cerrado: invitación a al menos 5 participantes Procede para adquisición de bienes desde 5.000 a 20.000 unidades tributarias UT, prestación de servicios desde 10.000 a 30.000 UT y ejecución de obras superior desde 20.000 a 50.000 UT. Igualmente si se trata de equipos altamente especializados destinados a la experimentación, investigación y educación; por razones de seguridad de Estado y cuando de acuerdo con el RNC determine que hay 5 o menos oferentes.

7.3. Consulta de precios: invitación a  al menos 3 proveedores

7.4. Contratación directa: dentro de los supuestos de procedencia para la Contratación Directa, se permite en los siguientes casos (Art. 101):

  •  
    • Suministros que puedan poner en peligro un proceso productivo
    • Adquisición de obras de arte o científicas
    • Si hay un solo fabricante del producto o servicio
    • Si el mercado objeto hace inviable el proceso de licitación
    • En caso estados de excepción
    • En caso de contratos resueltos o rescindidos si una nueva licitación pone en peligro los intereses del contratante
    • En caso de urgente necesidad
    • Bienes y servicios de primera necesidad siempre que haya desabastecimiento certificado
    • Cuando el contratante, habiendo adquirido ya bienes, equipos, tecnología, servicios u obras a determinado proveedor o contratista, decide adquirir más productos del mismo proveedor o contratista por razones de normalización o por la necesidad de asegurar su compatibilidad con los bienes, equipos, la tecnología o los servicios que ya se estén utilizando, y teniendo además en cuenta la eficacia con la que el contrato original haya respondido a las necesidades del contratante, el volumen relativamente bajo del contrato propuesto en comparación con el contrato original, el carácter razonable del precio y la inexistencia de otra fuente de suministro que resulte adecuada.
    • Cuando por condiciones especiales de la solicitud del contratante, la aplicación de una modalidad de selección de contratista distinta a la contratación directa, no permita la obtención de los bienes o servicios en las condiciones requeridas. En este caso se deberá indicar mediante acto motivado las razones por las cuales abrir un nuevo procedimiento de contratación pudiera resultar perjudicial para el contratante.
    • En el supuesto de contrataciones a organizaciones socio-productivas creadas en el marco de la Ley que rige el sistema económico comunal o comunidades organizadas mediante la adjudicación de proyectos para impulsar el desarrollo de las mismas.
    • Cuando se trate de contrataciones con empresas conjuntas o conglomerados creados en el marco de la Ley que promueve y regula las nuevas formas asociativas conjuntas entre el Estado y la iniciativa comunitaria privada, siempre y cuando se establezcan las ventajas de la contratación, con base a los principios que regula la creación de estas formas asociativas conjuntas.

8. Causas de Descalificación: Las causales de descalificación de los oferentes dentro de un proceso de Concurso Abierto:

  • Si el participante no ha suministrado adecuadamente la información solicitada, no siendo posible su valoración o apreciación.
  • Si durante el proceso de calificación, el oferente se declara o es declarado en disolución, liquidación, atraso o quiebra.
  • Si durante el proceso de calificación, alguna de las empresas de un consorcio o alianza, renuncia a participar en el proceso.
  • Si el oferente no cumple con alguno de los criterios de calificación establecidos en los pliegos de condiciones.
  • Si el contratante determina que el oferente ha presentado información falsa en sus documentos de calificación. (Art. 84).

Se regulan los Concursos Cerrados con empresas no nacionales, en este sentido, los contratantes podrán invitar a participar en la modalidad de Concurso Cerrado a empresas extranjeras que no posean sucursales o filiales en el país, siempre y cuando en el acta de inicio del procedimiento conste la imposibilidad de la obtención de los bienes o servicios en el país por no existir producción nacional, circunstancia que deberá ser debidamente certificada por los órganos y entes competentes en la materia, igualmente debe constar la certificación legal, financiera y técnica con base en los parámetros requeridos para la contratación utilizados para estas empresas en concursos abiertos anunciados internacionalmente, y debe indicarse la disponibilidad presupuestaria de las divisas para atender los pagos que deriven de esa contratación (Art. 88).

Excepcionalmente se puede utilizar esta modalidad para procedimientos de contratación en los cuales el concurso abierto anunciado internacionalmente haya sido declarado desierto, siempre y cuando, en acto motivado se justifique la imposibilidad de contar con ofertas de empresas no nacionales con filiales en el país. (Art. 88).

9. Decaimiento de la Adjudicación: Se incluye una nueva disposición que prevé que en caso de que el beneficiario de la adjudicación no formalice el contrato, el contratante generará el acto de decaimiento de la adjudicación, procediendo a adjudicar a la segunda o tercera opción en caso de que la hubiere, o declarando desierto el procedimiento si no se cuenta con ofertas válidas. En tal supuesto  deben aplicarse  las sanciones correspondientes por incumplimiento de la formalización del contrato por parte del oferente beneficiado de la adjudicación. (Art. 109).

10. Garantía de Anticipo, Garantía de Fiel Cumplimiento y Garantía Laboral:

Se establece que en casos de que la Garantía de Anticipo no sea consignada en el lapso establecido para la formalización del contrato, se procederá a suscribir el respectivo contrato, dándole inicio, y pudiendo el contratista consignar posteriormente la garantía de anticipo. (Art. 122).

Se aumenta el porcentaje previsto como Garantía de Fiel Cumplimiento a veinte por ciento (20%) del monto del contrato, incluyendo los tributos. Asimismo, se agrega la obligación del contratante de verificar y asegurar la suficiencia de la garantía, pudiendo éste acordar la sustitución o coexistencia de la garantía de fiel cumplimiento, con la garantía que prevé la retención del diez por ciento (10%) sobre los pagos que se realicen al contratista (Art. 123).

Igualmente se establece expresamente el porcentaje de retención en caso de no presentarse la Garantía Laboral, quedando en el equivalente al 5% sobre los pagos que se realicen, cuyo monto total retenido será reintegrado al momento de la recepción definitiva de la obra, el bien o la terminación del servicio. (Art. 124).

11. Póliza de Responsabilidad Civil y Otras garantías:

Se establece que para solicitar la Póliza de Responsabilidad Civil de los contratistas, el contratante deberá realizar previamente la evaluación del riesgo y las características propias de la obra o servicio a ejecutarse (Art. 125).

Se agrega una nueva disposición en la que el contratante podrá solicitar a los beneficiarios la constitución de otras garantías distintas a las previstas en la LCP que fueren necesarias para responder por el cumplimiento de las contrataciones, señalándolas en los pliegos o en las condiciones generales de contratación. (Art.126).

12. Prórrogas, Suspensiones y Paralizaciones de la Ejecución de Contratos: En cuanto a la prórroga de los contratos, se establece que  deberá ser solicitada por el contratista, y el contratante podrá acordar prórrogas del plazo de la ejecución del contrato por razones plenamente justificadas en los siguientes supuestos (Art. 135):

  • Cuando se hayan determinado diferencias entre lo establecido en el contrato y la ejecución del mismo, siempre que estas diferencias supongan variación significativa de su alcance.
  • En caso de fuerza mayor o situaciones imprevistas debidamente comprobadas.
  • En cualquier otra situación que el contratante considere.

Por otro lado, se determina que de haberse ordenado la suspensión temporal de la ejecución por causas no imputables al contratista o por modificación de ésta, se acordará la prórroga de forma automática debiendo dejar constancia en el expediente de la contratación (Art. 135).

Si la paralización en la ejecución del contrato es por causas injustificadas imputables a los contratistas, se aplicarán las sanciones previstas en el contrato o en la LCP (Art. 135).

13. Terminación de la Contratación: Las causales de terminación de los contratos (Art. 145) son:

  • Cumplimiento del objeto del contrato.
  • Rescisión unilateral por causa no imputable al contratista (el contratante podrá rescindir en cualquier momento la contratación mediante acto motivado. Art. 152).
  • Resolución por mutuo acuerdo.
  • Rescisión por causa imputable al contratista.

En cuanto a la terminación de los contratos de bienes y servicios por cumplimiento del objeto del contrato, se estableció que una vez ejecutados a satisfacción del contratante, éste deberá certificar el cumplimiento de todas las obligaciones contraídas, realizar el finiquito y liberar las garantías que correspondan (Art. 146).

Se eliminó el artículo 122 de la Ley anterior, el cual disponía las prórrogas del plazo de la ejecución del contrato, a solicitud expresa del contratista.

En cuanto a la rescisión unilateral por causa no imputable al contratista, se agregó una nueva disposición que prevé una indemnización que el contratante deberá pagar al contratista por la terminación de la contratación, en los conceptos y cantidades establecidas en el Reglamento de la LCP (Art. 153).

 

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Régimen de inversiones

La Constitución de 1999 reserva al Estado la industria petrolera y ciertos sectores estratégicos y señala como sectores de interés preferente la agricultura, la seguridad alimentaria o auto-abastecimiento, las PYMEs y el turismo: asimismo establece igualdad de tratamiento para el capital nacional y el extranjero.

El 29/12/2017 entró en vigencia una nueva Ley Constitucional de Inversión Extranjera Productiva (G.O 41.310), redactada y aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), que deroga la Ley de Inversiones Extranjeras del 18/11/2014 (G.O(e) 6.152).

La nueva ley añade una serie de regulaciones que limitan el acceso de las inversiones extranjeras directas a la economía venezolana y que son determinantes en el libre desenvolvimiento de las empresas que deseen invertir con capital extranjero. La Ley otorga un excesivo poder discrecional al Presidente de la República para adoptar medidas que modifiquen los propios mandatos establecidos en la Ley, sin que para ello medie la opinión vinculante de otros entes públicos, reguladores o árbitros.

Las competencias en materia de inversión extranjera que ejercía el Centro Nacional de Comercio Exterior, pasan ahora al Ministerio del Poder Popular para el Comercio Exterior e Inversión Internacional (Mppcoexin), ampliando sus facultades de control y fiscalización sobre las empresas que estén realizando la inversión con capital extranjero, así como el establecimiento de políticas públicas en la materia.

La inversión mínima es de EUR 800 000 con una permanencia no menor a dos años. La repatriación de capital y utilidades está habilitada una vez transcurridos 2 años de haber realizado la inversión. Se podrá repatriar hasta el 100% de las utilidades obtenidas en un año y el 100% de la inversión en caso de liquidación de la empresa, una vez descontados los impuestos aplicables. El Presidente de la República podrá reducir estos porcentajes de repatriación entre el 60% y 80% en situaciones económicas especiales.

Se crea la figura del contrato de inversión, el cual deberán suscribir los inversionistas extranjeros, y que incluye los términos y condiciones de sus contrapartes en el país. Este contrato es parte del registro de la inversión extranjera que deberá realizarse ante el Mppcoexin, con independencia de la actividad afín de la inversión.

El valor constitutivo de la inversión deberá estar representado por el 100% de activos presentes en el país, cerrando la posibilidad de mantener parte de ellos en el exterior como lo permitía la ley anterior. Los activos invertidos también estarán sujetos al peritaje de parte del Mppcoexin que validará el valor de los activos.

La legislación ordena también canalizar los recursos monetarios obtenidos de la inversión extranjera a través del sistema financiero nacional, y por tanto, restringe el uso de cuentas en el exterior para el manejo de recursos propios de la inversión, teniendo que usar únicamente los bancos nacionales para este fin.

De igual modo, se fija en 15% el límite máximo de financiamiento interno con el cual podrán contar las empresas de inversión extranjera.

Los inversionistas cuyos ingresos provengan en más de un 70 % de exportaciones de productos petroleros o mineros, tienen la obligación de liquidar los pagos de los impuestos en divisas. Los inversionistas podrán realizar operaciones financieras, siempre que no impliquen nuevas inversiones de capital, pero deben notificar de las mismas al Mppcoexin so pena de anulación.

El Estado venezolano se reserva el desarrollo de sectores estratégicos conforme al interés nacional. Los sectores considerados estratégicos para el estado venezolano no están definidos por ley, lo que deja un vacío legal con respecto a los criterios de acceso y tratamiento. El Gobierno también podrá decretar regímenes de inversión con participación de capital extranjero en niveles inferiores a los establecidos en la ley por razones de seguridad y defensa nacionales.

La Ley ordena agotar los medios judiciales nacionales (tribunales) para la solución de controversias antes de poder acudir a cualesquiera otros mecanismos que ofrezcan los sistemas de integración latinoamericanos y de El Caribe. Cabe destacar que Venezuela se retiró del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) en 2012, en consecuencia, no es posible asistir a este órgano de solución de controversias.

Se establece un sistema de multas estricto en cuanto al incumplimiento de los deberes del inversionista. Las sanciones pecuniarias se calculan con base a un porcentaje del monto total invertido, pagadero en la divisa en la que se realizó la inversión, en un plazo de 15 días. El Mppcoexin puede considerar la suspensión de las condiciones favorables otorgadas a la inversión, tales como amortización acelerada,  desgravámenes, compra de producción por parte de entes públicos, bonificación en impuestos, exenciones arancelarias y tributarias, condiciones crediticias especiales y tarifas especiales de servicios públicos, acceso preferencial a insumos y/o materias primas administradas por el Estado, y cualquier otro beneficio dispuesto por el Ejecutivo.

Los beneficios otorgados a los inversionistas podrán ser suspendidos cuando haya falta de alguna de las disposiciones establecidas en la ley. Así mismo se podrá revocar el registro de inversión extranjera de ser considerado por el Mppcoexin.

La Ley prohíbe al inversionista a participar en actividades políticas o boicots que puedan considerarse como desestabilizadores y que atenten contra la democracia y sus instituciones,  así como en la conformación de opinión sobre temas de interés público en medios de comunicación. Igualmente, queda sujeto a control del Mppcoexin autorizar la participación en actividades sociales del país o colaborar de manera alguna con cualquier institución venezolana, sea pública o privada. 

 

 

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Propiedad inmobiliaria

La propiedad en Venezuela, está garantizada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) en su artículo 115, en concordancia con el artículo 545 del Código Civil Venezolano,(1982). En este sentido tenemos que la C.R.B.V establece: “Toda persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes. La propiedad estará sometida a las condiciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad pública o de interés general. Sólo por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes.” por su parte el C.C.V define el derecho de propiedad como el derecho de usar, gozar y disponer de una cosa de manera exclusiva, con las restricciones y obligaciones establecidas por la Ley.

Este derecho puede adquirirse tanto de forma originaria como derivada; en el primero de los casos se refiere a la adquisición hecha directamente por el adquiriente a través de la usucapión o prescripción adquisitiva  (posesión por el transcurso de 20 años) como forma derivada, están todos aquellos actos entre vivos o por causa de muerte traslativos de la propiedad.

Ahora, bien aun cuando la Constitución garantiza el derecho a la propiedad también lo limita cuando el Estado actúa en beneficio de una causa de utilidad publica o de interés social (Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Publica o Social 2002).

Específicamente la propiedad de bienes inmuebles se encuentra regulada por otras leyes como son:

LEY ORGANICA PARA LA PLANIFICACION Y GESTION DE LA ORDENACION DEL TERRITORIO. cuyo objeto es establecer las normas que rigen el proceso para la planificación y gestión de la ordenación del territorio, tomando en consideración las realidades ecológicas y los principios, criterios, objetivos estratégicos del desarrollo sustentable, que incluyan la participación ciudadana y sirvan de base para la planificación del desarrollo endógeno, económico y social de la Nación.

LEY DE VENTAS DE PARCELAS. Regula la enajenación de inmuebles urbanos y rurales por parcelas y por oferta pública.

LEY DE TIERRAS Y DESARROLLO AGRARIO. Establece las base del desarrollo rural sustentable y afecta el uso de todas las tierras públicas y privadas con vocación para la producción agroalimentaria, por lo que las Tierras Privadas quedan sujetas al cumplimiento de la función social de la seguridad agroalimentaria de la Nación.

LEY DE PROPIEDAD HORIZONTAL señala que los apartamentos y locales de un inmueble pueden pertenecer a distintos propietarios.

LEY ESPECIAL DE REGULARIZACIÓN INTEGRAL DE LA TENENCIA DE LA TIERRA DE LOS ASENTAMIENTOS URBANOS POPULARES. Esta ley regula los asentamientos urbanos populares que ocupen tierras públicas o privadas, en barrios y urbanizaciones populares, en núcleos urbanos o periurbanos y en áreas de urbanismo progresivo, donde están construidas sus viviendas o bienhechurías, a quienes siendo poseedores o poseedoras de la tierra, no le ha sido reconocida su propiedad.

LEY ORGÁNICA DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS. Mediante esta ley el Estado reconoce y garantiza a los pueblos y comunidades indígenas los derechos originarios y la propiedad colectiva sobre las tierras que ocupan, a las que han tenido acceso ancestral y tradicionalmente y que son necesarias para desarrollar y garantizar sus formas de vida. Las tierras de los pueblos y comunidades indígenas son inalienables, imprescriptibles, inembargables e intransferibles, de acuerdo a lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

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Incentivos a la inversión (fiscales, sectoriales, regionales y locales)

Venezuela, como medio para atraer la inversión extranjera a su territorio, ha promovido la firma de Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI) con múltiples países (existe un APPRI con España, en vigor desde el 12/9/1997, vigente desde el 1/1/2005), así como también convenios bilaterales, como el suscrito con España en materia de transporte marítimo y aéreo, que entró en vigor el 18/4/1988.

Por otra parte, el gobierno venezolano ha puesto en marcha a lo largo de los últimos años diversos programas de incentivos, concretados en forma de leyes y decretos, dirigidos a incentivar la inversión tanto nacional como extranjera. A continuación se detallan los más relevantes:

1.    Sectoriales:

Bienes de Capital, Informática y Telecomunicaciones: exoneración del pago del impuesto al Valor Agregado (IVA), y la aplicación de la alícuota del 2% o 0% ad valorem, según corresponda, a las importaciones definitivas de bienes muebles de capital (BK), bienes de informática y telecomunicaciones (BIT), sus partes, piezas y accesorios previstos en la normativa.

Construcción de Viviendas: Se exonera del ISLR los enriquecimientos obtenidos por personas jurídicas constituidas o por constituirse, instaladas  o por instalarse en el territorio nacional, independientemente de las actividades a que se dediquen, provenientes de actividades tales como: estudios,  proyectos, construcción, instalación, reparación, recuperación, realización de obras civiles, entre otros, que se ejecuten en el marco del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Emergencia para Terrenos y Vivienda y la Gran Misión Vivienda Venezuela.

2.    Aduaneros:

Restitución de derechos de importación (draw back).

Regímenes de perfeccionamiento activo y pasivo.

3.    Zonas con régimen fiscal especial:

Zonas Francas: Ubicadas en Paraguaná, Estado Falcón y en el Municipio San Francisco (Al Sur de Maracaibo), Estado Zulia.

Puertos Libres: Santa Elena de Uairén (Estado Bolívar) y en el Estado Nueva Esparta.

Zonas libres: Zona Libre Cultural, Científica y Tecnológica, Estado  Mérida y la Zona Libre para el Fomento de la Inversión Turística  de la Península de Paraguaná, Estado Falcón.

Para mayor información de Zonas Francas, Puertos Libres y Zonas Libres:http://www.seniat.gob.ve/portal/page/portal/MANEJADOR_CONTENIDO_SENIAT/04ADUANAS/4.4REGIMENES_TERRITOR/4.4-3.html

4.    Regiones de Desarrollo Integral, Zonas Económicas Especiales y las Zonas de Desarrollo Estratégico Nacional:

Zonas Económicas Especiales: Zona Económica Especial Fronteriza Ureña-San Antonio: centros poblados de Ureña y San Antonio del Táchira; yZona Económica Especial de Paraguaná: Península de Paraguaná del estado Falcón.

Zonas de Desarrollo Estratégico Nacional: Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Faja Petrolífera del Orinoco “Hugo Chávez”: abarca 6 Estados (Apure, Guárico, Anzoátegui, Monagas, Norte de Bolívar y Delta Amacuro) y 26 Municipios;

Zona de Desarrollo Estratégico Nacional «Arco Minero del Orinoco»: Comprende 111 mil kilómetros cuadrados, desde la Guayana Esequiba hasta Colombia.; y,la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional «Faja Pesquera y Acuícola de Venezuela»: abarca los espacios marítimos, e incluye las costas de los estados Zulia, Falcón, Carabobo, Aragua, Vargas, el territorio insular Miranda, Anzoátegui, Sucre, Nueva Esparta, Monagas y Delta Amacuro.

Para mayor información de Regiones de Desarrollo Integral, Zonas Económicas Especiales y Zonas de Desarrollo Estratégico Nacional:

http://zonaseconomicasespeciales.mppp.gob.ve/index.html

5.    Incentivos Fiscales

En esta sección se detallan los incentivos desde el punto de vista fiscal en lo que respecta a la restitución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) soportado para la producción de exportación; régimen especial en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del IVA para contribuyentes en ejecución de proyectos industriales; exoneración total o parcial del Impuesto Sobre la Renta (ISLR) para ciertas regiones, actividades, situaciones o categorías de contribuyentes, así como otros incentivos fiscales.

Restitución del IVA soportado para la producción de Exportación:

Los contribuyentes ordinarios que realicen exportaciones de bienes o servicios de producción nacional, tendrán derecho a recuperar los créditos fiscales soportados por la adquisición y recepción de bienes y servicios con ocasión de su actividad de exportación.

Aplicación a Empresas mixtas: Las empresas mixtas reguladas en la Ley Orgánica de Hidrocarburos serán asimiladas a los contribuyentes ordinarios exportadores, a los efectos de la aplicación del régimen de recuperación de créditos fiscales previstos en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del IVA, por las ventas de hidrocarburos naturales efectuadas en el país a Petróleos de Venezuela, S.A. o a cualquiera de sus filiales.

Contribuyentes en ejecución de proyectos industriales: Los contribuyentes que se encuentren en la ejecución de proyectos industriales cuyo desarrollo sea mayor a seis (6) períodos de imposición, podrán suspender la utilización de los créditos fiscales generados durante su etapa pre-operativa por la importación y la adquisición nacionales de bienes de capital, así como por la recepción de aquellos servicios que aumenten el valor de activo de dichos bienes o sean necesarios para que éstos presten las funciones a que estén destinados, hasta el período tributario en el que comiencen a generar débitos fiscales. A estos efectos, los créditos fiscales originados en los distintos períodos tributarios deberán ser ajustados considerando el índice Nacional de Precios al Consumidor fijado por la autoridad competente, desde el período en que se originaron los respectivos créditos fiscales hasta el período tributario en que genere el primer débito fiscal.

Supuesto para la recuperación del impuesto y procedimiento aplicable: Dichos contribuyentes podrán optar, previa aprobación de la Administración Tributaria, por recuperar el impuesto que hubieran soportado por las operaciones de importación y la adquisición nacionales de bienes de capital, así como por la recepción de aquellos servicios que aumenten el valor de activo de dichos bienes o sean necesarios para que éstos presten las funciones a que estén destinados siempre que sean efectuadas durante la etapa pre-operativa de los referidos sujetos. La Administración Tributaria deberá pronunciarse acerca de la procedencia de incluir a los solicitantes dentro del régimen de recuperación previsto en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del IVA, en un lapso que no podrá exceder de treinta (30) días continuos contados a partir de la presentación de la solicitud respectiva.

La recuperación del impuesto soportado se efectuará mediante la emisión de certificados especiales por el monto indicado como crédito recuperable. Dichos certificados podrán ser empleados por los referidos sujetos para el pago de tributos nacionales y sus accesorios, que ingresen a la cuenta del Tesoro Nacional, o cedidos a terceros para los mismos fines.

Exoneración total o parcial del ISLR para ciertas regiones, actividades, situaciones o categorías de contribuyentes: El Presidente de la República, en Consejo de Ministros, dentro de las medidas de política fiscal que sean requeridas de acuerdo a una situación coyuntural, sectorial y regional de la economía del país, podrá exonerar total o parcialmente del impuesto establecido en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del ISLR, los enriquecimientos obtenidos por sectores que se consideren de particular importancia para el desarrollo económico nacional o que generen mayor capacidad de empleo, así como también los enriquecimientos derivados de las industrias o proyectos que se establezcan o desarrollen en determinadas regiones del país.

Los Decretos de exoneración deberán señalar las condiciones, plazos, requisitos y controles requeridos, a fin de que se logren las finalidades de política fiscal perseguidas en el orden coyuntural, sectorial y regional. Sólo podrán gozar de las exoneraciones previstas quienes durante el período de goce de tales beneficios den estricto cumplimiento a las obligaciones establecidas en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del ISLR, su Reglamento y el Decreto que las acuerde.

Sólo se podrán establecer exoneraciones de carácter general, para ciertas regiones, actividades, situaciones o categorías de contribuyentes y no para determinados contribuyentes en particular.

 

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Representación y agencia

Las compañías extranjeras también pueden actuar a través de un agente, un representante comercial o un distribuidor. En Venezuela no hay regulación especial para distribuidores y agentes comerciales, estableciéndose la relación libremente en el contrato correspondiente, de manera que los  derechos del agente o distribuidor son los especificados en el contrato.

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Formación de "joint-ventures". Socios locales

Crear consorcios o joint ventures en Venezuela es un factor muy importante para poder acceder a determinadas actividades que están reservadas a empresas venezolanas y que tienen que ver con aquellas que necesitan la colegiación para poder ser ejercidas, esto es por ejemplo: las consultoras de ingeniería, las actividades médico-sanitarias o las de comunicación social, entre otras establecidas por la normativa de inversiones extranjeras.

Por otro lado, en tanto que el éxito de un gran número de negocios depende de las relaciones personales, siempre es conveniente contar con un socio local que aporte su red de contactos tanto en el sector privado como en el de la Administración. En ese sentido, es aconsejable comprobar la validez y eficacia del agente o socio local, así como comprobar que esos contactos se traducen en avances reales y concretos para el negocio, muy especialmente en aquellos en los que intervenga el Estado. De la elección de un buen socio dependerá en gran parte el éxito de su negocio.

 

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Tipos de sociedades

Los tipos de empresas más usuales son las Compañías de Responsabilidad Limitada (S.R.L.) y las Sociedades Anónimas (S.A.). Las sociedades no tienen capital mínimo de carácter legal

Los pasos para registrar una sociedad anónima son:

1) Registro del nombre en el Registro Mercantil

2) Obtención del Registro de Identificación Fiscal RIF

3) Presentación de los documentos siguientes:

  • Poder notarial a un ciudadano venezolano o a un residente que le autoriza a registrar la compañía en el Registro Mercantil y en otros organismos.
  • Los estatutos de la sociedad. Deben incluir el objetivo de la misma, el capital suscrito, el desembolsado, la estructura del accionariado, los nombres del Consejo de Administración etc.
  • Prueba de que la aportación de capital extranjero ha sido vendido en un banco local al tipo de cambio oficial y que los bolívares originados se han depositado en una cuenta al nombre de la compañía. Cuando la contribución es en forma de equipos u otros bienes, se requiere copia de los documentos de importación.
  • Si en lugar de una empresa local se quiere establecer una sucursal de una empresa extranjera, es preciso nombrar un representante legal local con poderes para representar a la casa matriz.
  • Venezuela y España han ratificado el Convenio de la Apostilla de la Haya de 1961, según el cual los documentos públicos que tengan la apostilla en el país de origen son válidos en el país de destino.

 

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Propiedad industrial (marcas, patentes, diseños, licencias)

Venezuela cuenta con una legislación bastante amplia y competitiva para la protección de los derechos de la propiedad industrial.

La regulación sobre esta materia se sitúa en varios instrumentos ente los que destacan: el Convenio de París, el acuerdo sobre los aspectos del Propiedad Intelectual relativos al Comercio TRIP´S, y además por la Decisión 486, sobre el Régimen Común de Propiedad Industrial. Esta Decisión fue publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena,  la cual entró en vigor el 1° de enero de 2000 al ser publicada en la Gaceta Oficial de Venezuela. Sin embargo, no se deroga expresamente la Ley de Propiedad Industrial de 1955, por lo cual la misma continua vigente en aquello en lo que la mencionada Decisión no haya legislado o no contradiga a  la anterior.

Venezuela se retiró de la Comunidad Andina de Naciones el 22 de abril de 2006. A pesar de que se debería seguir aplicando la normativa andina en materia de Propiedad Intelectual hasta 5 años después (a menos que durante ese período se publicara una nueva ley venezolana), el 14 de noviembre de 2008, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI) ratificó el contenido del Aviso Oficial publicado en fecha 17 de septiembre de 2008, en el que informa la restitución de la aplicabilidad de la Ley de Propiedad Industrial de 1956, dejando sin efecto la Decisión 486 de la Comunidad Andina. En consecuencia, alguno de los procedimientos a seguir ante la Oficina de Registro se verán afectados, entre los cuales destacamos:

MARCAS:

Con la ley vigente las marcas se vienen registrando con normalidad.

Se requiere publicación en prensa por parte del solicitante. 

La vigencia de las marcas es de quince (15) años, a partir de la fecha de registro.

Se podrán renovar por períodos sucesivos de quince (15) años, dentro de los seis (6) meses anteriores a la expiración, eliminándose así el período de gracia establecido en el Convenio de Paris.

Se sustituye la Clasificación Internacional de Niza por la Clasificación Nacional establecida en la Ley de Propiedad Industrial de 1956, tanto para solicitudes como para renovaciones.

Se invierte la carga de la prueba en la Cancelación por Falta de Uso, siendo el solicitante quien debe demostrar que la marca no ha sido usada.

PATENTES:

Hay una política restrictiva de patentes, ya que desde hace 10 años no se concede ninguna.

Se requieren publicaciones en prensa por parte del solicitante.

Las patentes de invención, mejora, modelo industrial, dibujo industrial, se expedirán por cinco (5) o diez (10) años a voluntad del solicitante.

No son patentables los medicamentos, las preparaciones farmacéuticas y químicas, las bebidas y artículos alimenticios.

Sin embargo se recomienda continuar con la presentación de las patentes relacionadas con los productos antes mencionados a fin de preservar los derechos de los mismos, y a la vez solicitar, según aplique, la protección de los procedimientos para la preparación de productos químicos, los cuales son patentables de acuerdo la Ley.

- Transferencia de tecnología, contratos de licencia y franquicias:

También estaba regulada por  las Decisiones 291 y 292 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y el Decreto 2095 y por la Decisión 486 desde primero del enero de 2000, sobre el Régimen Común de Propiedad Industrial. Actualmente no se aplican las Decisiones señaladas de la Comunidad Andina, debido a la salida de Venezuela de la misma. La Ley Constitucional de Inversión Extranjera Productiva de 2017 establece que los contratos de licencia relativos a la transferencia de tecnología y asistencia técnica, deben registrarse en el Ministerio de Comercio Exterior y para la Inversión Extranjera.

Con respecto a las franquicias no existe legislación específica y no se cuenta legalmente con una definición del término. Por tanto se regula por los contratos de licencia, diferenciándose de estos, en que los de franquicia comprenden, además de la franquicia,  la transferencia de tecnología y se rigen en principio por las reglas del franquiciador.

- Marco legal para el derecho de autor:

La Ley de Derecho de Autor  de 1 de octubre de 1993 reconoce los derechos de los autores sobre todas las obras de ingenio  de carácter creador, cualquiera que sea su género, mérito, forma de expresión y destino (Artículo 11).  Igualmente, son reconocidos los derechos de los artistas, intérpretes y ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión, conocidos en la doctrina como derechos conexos a los del autor, pero no por ello de menor importancia.

Venezuela ha ratificado varios Tratados Internacionales en materia de derechos de autor: la Convención de Berna para la Protección de las Obras Literarias, la Convención Universal sobre el Derecho de Autor; y la Convención de Ginebra sobre Fonogramas.  El país ha adecuado su normativa interna a muchos de los principios contenidos en estos acuerdos y provee ahora una mejor tutela a los titulares de derechos en relación con las creaciones extranjeras sobre sus obras.

La Ley reconoce las tecnologías modernas en los campos de informática o telecomunicaciones, las obras audiovisuales y las obras radiofónicas. Establece presunción de cesión en favor del productor de la obra audiovisual, radiofónica y de los programas de computación.  Regula  los límites a los derechos de explotación

A menos que una norma expresa indique lo contrario, es ilícita la comunicación, reproducción o distribución total o parcial de una obra sin el consentimiento del autor, o sus causahabientes o derechohabientes, salvo en los casos de comunicaciones consideradas lícitas.

Como principio, en esta materia el autor goza del derecho exclusivo de explotar la obra y sacar de ella beneficio y por ello los derechos de explotación que le corresponden pueden ser cedidos. Toda cesión de derechos de explotación debe presumirse onerosa.

Se posibilita al autor o a sus derechohabientes o causahabientes a optar por conceder una simple licencia o autorización de uso, no exclusiva e intransferible, a cambio de una remuneración.  Bajo esta figura, no se transmiten al beneficiario derechos de explotación sobre la obra, sino la simple autorización de uso de la obra bajo las modalidades previstas en la licencia. Se contempla la formalidad escrita de estos contratos, salvo disposición expresa de la Ley.

Se mantiene el efecto meramente declarativo del registro y depósito de las obras del ingenio, razón por la cual ellas están protegidas por el sólo hecho de la creación y su omisión no perjudica la adquisición y el ejercicio de los derechos establecidos por la Ley. Se permite así el registro de las obras del ingenio, producto y producciones protegidos por la Ley, norma que alcanza además el registro de las producciones que configuran los derechos conexos.

 

 

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Barreras de entrada para inversores españoles

Desde 2008 se han incrementado los riesgos para la inversión extranjera debido a la alta probabilidad de que se produzcan cambios arbitrarios e inesperados de la legislación y a posibles expropiaciones (menos frecuentes desde 2012 aunque siempre latentes), a lo que se podrían añadir también los aumentos salariales por decreto, la creación de nuevos impuestos, creación de empresas estatales competidoras, expropiaciones de fincas, de instalaciones industriales consideradas inactivas y de inmuebles…Asimismo está el problema de la inseguridad física que condiciona la llegada de expatriados. A todo ello hay que añadir, como la principal barrera que afecta a la IED en Venezuela, las distorsiones e incertidumbre que produce el control de cambios que mantiene bloqueada la repatriación de dividendos desde el ejercicio 2007. Igualmente hay que tener en cuenta las restricciones a la inversión que implica la nueva Ley de Inversiones Extranjeras aprobada en 29 de diciembre de 2017, la Ley Constitucional de Inversión Extranjera Productiva, cuyo objeto es la regulación de las inversiones extranjeras. Dicho texto legal mantiene en general la misma estructura que el Decreto de 2014 derogado con algunas modificaciones, que a falta de su correspondiente reglamentación mantiene un mayor control y discrecionalidad por parte de la administración.


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