Régimen fiscal

Estructura general del sistema fiscal

El sistema fiscal paraguayo fue objeto de una profunda reforma en 2004, a través de la Ley de Reordenamiento Administrativo y Adecuación Fiscal, que modificó la mayor parte de los impuestos, eliminó otros e introdujo nuevos tributos, como el Impuesto a la Renta Personal (IRP – como impuesto a la renta de las personas físicas). Su aplicación total no se produjo hasta agosto de 2012, debido a las resistencias de parte de la clase política y empresarial a la introducción del IRP.
 
Se trató de uno de los compromisos negociados con el FMI, en diciembre de 2003, cuando el país suscribió un acuerdo stand-by con esa institución, que le permitió acceder a una línea de crédito ante el riesgo de declaración de selective default del Estado, provocado por las tensiones de caja que complicaban la atención a algunos vencimientos de préstamos internacionales.
 
El acuerdo incluía una serie de reformas de profundo calado, dirigidas a sanear la economía, estabilizar los agregados y mejorar la eficiencia del sistema fiscal. La reforma fiscal de más importancia fue la introducción del mencionado IRP. Otras reformas de importancia fueron el Impuesto a la Renta del Pequeño Contribuyente (que asume el papel del antiguo Tributo Único que es eliminado) y la Patente Fiscal Extraordinaria para vehículos.
 
La reforma tributaria del 2004 se planteó como objetivo principal el modernizar el anquilosado, ineficiente y poco progresivo sistema tributario nacional, y se instrumentó a través de la Ley 2.421/04, de Reordenamiento Administrativo y Adecuación Fiscal, que modificaba la Ley 125/91.
 
Los objetivos declarados de la reforma eran combatir la informalidad; reducir la evasión fiscal; incrementar la competitividad de la economía nacional; aumentar la recaudación ampliando la base de contribuyentes; impulsar la participación ciudadana en la red de auto control; mejorar la eficiencia de la administración tributaria; y transparencia informativa, pública y privada.
 
El criterio general es el del gravamen de las rentas de fuente paraguaya. También se gravan las rentas de capitales ubicados en el exterior, cuando el beneficiario sean personas físicas o jurídicas domiciliadas en Paraguay.
 
El 25 de noviembre de 2019 se promulgó la Ley 6530 de Modernización y Simplificación Tributaria, conocida popular y mediáticamente como la Ley de Reforma Tributaria. La misma constituye la principal modificación del sistema fiscal paraguayo establecido en la ley 121 de 1990 desde la que se realizó en 2004.

La reforma de 2019 no ha sido impuesta por terceros, sino que es fruto de la necesidad de simplificar el actual régimen y dotarle de mayor eficiencia en su labor recaudatoria, tratando de incrementar la recaudación reduciendo los altos niveles de fraude fiscal. Según lo expuesto por las autoridades del Ministerio de Hacienda se espera un incremento de los ingresos fiscales de unos 300 millones USD anuales con la implementación de la reforma. También se alinea con las tendencias fiscales en la mayor parte de los países con la incorporación de normativa en materia de precios de transferencia

En su proceso de tramitación parlamentaria el proyecto presentado por el Ministerio de Hacienda sufrió algunas modificaciones, como la exclusión en la aplicación del Impuesto a los Dividendos y Utilidades (IDU) de las cooperativas y empresas maquiladoras o la rebaja en las tasas inicialmente previstas en el Impuesto Selectivo al Consumo.

La nueva reforma se aplica desde el 1 de enero de 2020, si bien no de forma completa sino escalada, con diferentes fechas según el instrumento fiscal. Tiene como principales novedades la unificación de los dos impuestos que hasta ahora gravaban las rentas empresariales, IRACIS e IRAGRO en un solo impuesto, denominado IRE (Impuesto a la Renta Empresarial) con una tasa del 10%; la introducción de un nuevo impuesto a las utilidades, IDU, con tasas del 8% al 15%; la introducción de ciertas modificaciones al impuesto a la renta personal que supondrán de hecho un incremento de la deuda fiscal personal y por tanto de la recaudación, como la supresión de varias gastos que hasta la reforma eran deducibles en la base imponible del Impuesto a la Renta Personal. Otras de las novedades reseñables son la introducción de un impuesto a la renta de los no residentes, IRNR, la supresión de la devolución del IVA a los agroexportadores, o el aumento de las tasas del Impuesto Selectivo al Consumo para ciertos productos.  
 
La estructura fiscal de Paraguay queda así:
 
Impuestos Indirectos:

             Impuesto al Valor Agregado (IVA).

             Impuesto Selectivo al Consumo. 

Impuestos Directos:

            Impuesto a la Renta Personal (IRP)

            Impuesto a la Renta Empresarial, IRE

            Impuesto a los Dividendos y Utilidades, IDU

            Impuesto a la Renta de no Residentes, IRNR

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Sistema impositivo (estatal, regional y local)

La mayor parte de los tributos competen a la administración estatal, a través de la Subsecretaría de Estado de Tributación, SET, del Ministerio de Hacienda.  

La única excepción de relieve es el impuesto sobre inmuebles, que compete a la administración local, las Municipalidades. Se denomina Impuesto Inmobiliario, y grava la tenencia de propiedades inmobiliarias con una tasa del 1% sobre su valor fiscal (ver sección 5.3.5 de esta Guía de País).

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Resumen de la imposición sobre la renta de las personas físicas

Impuesto a la Renta del Servicio de Carácter Personal (IRP).
 
Se trata de la gran novedad introducida por la reforma tributaria de 2004, que ha sido objeto de modificación en la última reforma de 2019.  La primera etapa iba a comenzar en 2006, pero debido a la resistencia que sufrió esta nueva figura fiscal, su aplicación se aplazó en varias ocasiones por decisión de las cámaras legislativas. Finalmente, en agosto de 2012 se formó la mayoría parlamentaria que hizo posible la entrada en vigor de este impuesto. 

La nueva regulación introdujo algunas modificaciones como la separación de rentas de capital y rentas del trabajo. A continuación los aspectos más destacados de la normativa en vigor sobre este impuesto, en particular del contenido del título tercero de la ley, artículo 47 y siguientes. Veremos los principales elementos de este impuesto. Este impuesto grava las rentas tanto del trabajo como del capital obtenidas por las personas físicas residentes en Paraguay. Además, según el artículo 51 se liquida de forma separada el IRP sobre rentas del capital y sobre rentas del trabajo.

Hecho generador: El artículo 47 incluye específicamente a las rentas del capital (salvo las que estén gravadas por el impuesto a las utilidades y dividendos) y a las rentas por la prestación de servicios personales, en forma dependiente o independiente. 

Fuente: Se gravan las rentas de fuente paraguaya que procedan de actividades realizadas, de bienes situados o de derechos explotados en territorio paraguayo. Se consideran también rentas de fuente paraguaya a las siguientes:

 1.  Los rendimientos del capital mobiliario originados en depósitos, préstamos, y en general en toda colocación de capital o de crédito de cualquier naturaleza en el país.

 2.  Las retribuciones por la prestación de servicios personales en relación de dependencia o no, que el Estado pague o acredite a los contribuyentes de este impuesto.

 3.  Las retribuciones por la prestación de servicios personales de cualquier naturaleza desarrollados fuera del territorio nacional por parte de contribuyentes de este Impuesto, siempre que tales servicios sean prestados a contribuyentes del IRE o del IRP. 

Liquidación: una de las novedades introducidas por la nueva ley es que establece una liquidación separada del impuesto, en el artículo 53. Según este artículo para la determinación del impuesto las rentas se dividirán en dos categorías: rentas y ganancias del capital y rentas derivadas de la prestación personal de servicios en forma dependiente o independiente. 

Contribuyente: Se aplica el criterio de la residencia, por tanto, son contribuyentes todas las personas físicas, nacionales o extranjeras, que residan en Paraguay. Además, incluye expresamente algunas situaciones como las sucesiones indivisas, los padres, tutores o curadores por las rentas obtenidas por quienes se encuentren bajo su patria potestad, su tutela o su curatela, las personas de nacionalidad paraguaya por su condición de miembros de misiones diplomáticas o consulares paraguayas, miembros de las delegaciones y de las representaciones permanentes del Paraguay, y funcionarios o personal contratado que presten servicios en el extranjero, que no tengan carácter diplomático o consular, salvo que acrediten su residencia fiscal en el país donde presten servicio.

En el último párrafo del artículo 49 se excluye expresamente a los extranjeros que estén en esas mismas condiciones y tengan su residencia habitual en el territorio paraguayo, aplicándose el principio de reciprocidad salvo que se establezca otra cosa por tratado internacional del que Paraguay sea parte 

Agentes de retención: Se establece en el artículo que la Administración Tributaria puede designar agentes de retención y agentes de percepción de este impuesto y definir los porcentajes de retención y de percepción. 

Rentas y ganancias del capital El artículo 57 las define como aquellas rentas en dinero o en especie, que provengan directa o indirectamente del patrimonio, de bienes o derechos, cuya titularidad corresponda al contribuyente del impuesto. Además, comprende las variaciones positivas en el valor del patrimonio realizadas por el contribuyente que no provengan de rentas derivadas de las prestaciones de servicios personales. El artículo recopila de forma exhaustiva lo que considera rentas de capital gravadas, incluyendo, entre otras, a los dividendos y utilidades de los accionistas que no estén gravadas por el IDU, intereses percibidos por depósitos de dinero, instrumentos financieros, contratos de créditos, pagarés, títulos de deuda pública y privada, regalías por derechos utilizados en el país, ganancias por la enajenación o cesión de bienes inmuebles, por la enajenación de bienes muebles ubicados en el país, entre otros. El último epígrafe del artículo incluye con carácter general todo incremento patrimonial no justificado.

Momento de imputación: las rentas procedentes de instrumentos financieros se consideran percibidas en el momento de su liquidación, en el de la enajenación en el caso de bienes muebles, inmuebles y derechos, y en el ejercicio fiscal en que se obtuvieron las rentas en los demás casos. 

Renta neta: El artículo 59 de la ley recoge el criterio para determinar la renta neta en las ganancias de capital según el tipo de renta. Así en el caso de las ventas de bienes muebles, inmuebles, acciones, o cesión de derechos, será la que resulte menor: o el 30% del valor de la venta o la diferencia entre el precio de venta y el de compra más los gastos de venta y aporte de capital realizado. En el caso de los alquileres de inmuebles, igualmente la cantidad que resulte menor: o el 50% del alquiler o la diferencia entre el alquiler y los gastos del arrendamiento incluidos los impuestos inmobiliarios. En el caso de las regalías, utilidades, dividendos no gravados por el IDU es el monto total percibido. También el monto total de los premios de loterías y similares. En el caso de rescate de acciones, la diferencia entre el importe del rescate recibido y el costo de esas acciones. Para el resto de los casos no contemplados en ese artículo, el monto total recibido.  

Tasa aplicable: Para las rentas del capital es del 8%. 

Nacimiento de la obligación: Según el artículo 52 de la ley el nacimiento de obligación se configura al cierre del año fiscal que coincide con el cierre del año civil. En el caso de las rentas del capital, en el momento de su imputación. 

Exoneraciones: El artículo 52 establece una serie de rentas exoneradas, como los intereses recibidos por los títulos de deuda pública, las ganancias por las ventas de bienes muebles hasta un límite de 20 millones de guaraníes (2660 euros),el aguinaldo del trabajador, las indemnizaciones por despido hasta el mínimo legal, las jubilaciones y pensiones graciables no contributivas, los premios de loterías hasta 500.000 guaraníes, unos 67 euros,.,…entre otras.  

Rentas derivadas de la prestación de servicios personales: El artículo 62 define como “rentas derivadas de la prestación de servicios personales a, las rentas de fuente paraguaya que provengan del trabajo personal, profesional o no, prestado por un residente en relación de dependencia o no, consistentes en todo tipo de contraprestación, retribución o ingreso, cualquiera sea su denominación o naturaleza”. A continuación regula casos concretos como los sueldos de tripulaciones aéreas etc. Se establece un mínimo para tributar por este concepto en 80 millones de guaraníes brutos al año. La base imponible es la renta neta, que será el resultado de restar a esos ingresos brutos los gastos deducibles durante el ejercicio fiscal. Estos gastos se deben estar documentados y directamente relacionados con la actividad desarrollada. Sin embargo, el artículo 64.1 de la ley permite deducir también otros gastos, incluyendo gastos personales del contribuyente o de sus familiares a su cargo, como los de alimentación, vestido, alquileres, electrodomésticos, muebles, o gastos de esparcimiento realizados en el país. También incluye gastos en salud, educación, en compra de vehículo (cada tres años), compras o refacción de inmuebles..etc.   

Tasa aplicable: El artículo 69 establece un sistema de tasas progresivas, del 8% al 10% según el nivel de rentas: el 8% para rentas hasta 50 millones de guaraníes. El 9% desde 50 hasta 150 millones, y el 10% para rentas superiores.

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Resumen de la imposición sobre sociedades

Hasta la reforma de 2019, la imposición sobre sociedades comprendía tres impuestos: Impuesto a las Rentas de Actividades Comerciales, Industriales y de Servicios (IRACIS), Impuesto a la Renta de las Actividades Agropecuarias (IRAGRO) e Impuesto a la Renta del Pequeño Contribuyente.

Con las reformas introducidas por la Ley 6380/19 el Impuesto a la Renta Empresarial, IRE, reemplaza a estos tres impuestos, pero mantiene una tasa del 10% sobre los beneficios de las empresas. El IRE reemplaza también al Impuesto a la renta para el pequeño contribuyente, IRPC, estableciendo un régimen de liquidación del impuesto diferenciado, el simple y el resimple, en función del monto de facturación de la empresa. Además, la reforma introduce un nuevo impuesto, el IDU, Impuesto sobre Dividendos y Utilidades.  

Impuesto a la Renta Empresarial IRE 

El IRE se regula en el Título 1 (Impuesto a la Renta Empresarial) del Libro 1 (Impuestos a las rentas) de la ley 6.380 de modernización y simplificación del sistema tributario nacional.  

Hecho generador: El IRE grava las rentas, beneficios o ganancias de fuente paraguaya que provengan de todo tipo de actividades económicas primarias, secundarias y terciarias, excluidas las rentas gravadas por el IRP.

Contribuyentes: Están sujetos al impuesto:  

1. Las Empresas Unipersonales y las sucesiones indivisas de los propietarios de estas empresas.

2. Las Sociedades Simples, Sociedades Anónimas, Sociedades de Responsabilidad Limitada, Sociedades en Comandita por Acciones, Sociedades en Comandita Simple y las Sociedades de Capital e Industria.

3. Los Consorcios constituidos para la realización de una obra pública. En este caso, los consorciados serán solidariamente responsables de las obligaciones tributarias derivadas de las operaciones del consorcio.

4. Las Asociaciones, las Corporaciones, las Fundaciones, las Cooperativas y las Mutuales.

5. Las Estructuras Jurídicas Transparentes, en las formas y condiciones establecidas en el Capítulo I de la Ley.

6. Las empresas públicas, entes autárquicos, entidades descentralizadas y sociedades de economía mixta.

7. Las sucursales, agencias o establecimientos permanentes de personas domiciliadas o entidades constituidas en el exterior que realicen actividades gravadas en el país. 

En los subsiguientes artículos la ley define qué entiende por empresa unipersonal, estructura jurídica transparente, residencia de personas o estructuras jurídicas, o el concepto de fuente:

Fuente: Se consideran como rentas de fuente paraguaya a aquellas que provienen de actividades desarrolladas en la República, de bienes situados o de derechos utilizados económicamente en la misma.

A continuación cita expresamente una serie de situaciones que se incluyen dentro del concepto de renta de fuente paraguaya:  

  • Los servicios prestados en el país en concepto de asistencia técnica, gestión, publicidad, propaganda, servicios técnicos y logísticos.
  • La cesión de uso de bienes y derechos, cuando sean utilizados o aprovechados en el país, aún en forma parcial.
  • Los intereses, comisiones, rendimientos o ganancias de capital provenientes de títulos y de valores mobiliarios, así como los provenientes de financiaciones o préstamos realizados a favor de personas o entidades del exterior, cuando la entidad emisora o prestadora esté constituida o resida en el país.
  • Los intereses, comisiones, rendimientos o ganancias de capitales depositados en entidades bancarias o financieras públicas o privadas en el exterior, así como las diferencias de cambio, y los dividendos o utilidades netas obtenidos en carácter de socio o accionista de entidades del exterior, cuando la entidad inversora o beneficiaria esté constituida o resida en el país.
  • Las operaciones de seguros o reaseguros que cubran riesgos en el país, o que se refieran a personas o entidades que al tiempo de la celebración del contrato residan en el país.
  • Las operaciones de transporte internacional de bienes o personas, excluidas las que tienen origen y destino en otro país o jurisdicción.
  • Las operaciones con instrumentos financieros derivados, cuando la entidad inversora o beneficiaria esté constituida o radicada en el país.
  • Se incluyen también a las obtenidas por la realización de actividades en el exterior no comprendidas en los casos anteriores por parte de los contribuyentes de este impuesto, salvo que por las mismas el contribuyente haya pagado en el exterior un Impuesto a la Renta, cualquiera sea su denominación, a una tasa igual o superior a la tasa de este impuesto. Si ese es el caso, el artículo 6 de la ley prevé la aplicación del artículo 134 que permite descontar de la obligación las cantidades pagadas en el extranjero para evitar la doble imposición.   

Nacimiento de la obligación tributaria: El nacimiento de la obligación tributaria se configurará al cierre del ejercicio fiscal, el que coincidirá con el año civil. Para la liquidación del impuesto, el método de imputación de las rentas, costos y gastos será el de lo devengado en el ejercicio fiscal. 

Renta bruta y Renta neta: La renta bruta es la diferencia entre el ingreso bruto total proveniente de las actividades económicas y el costo de las mismas. Cuando las operaciones impliquen la enajenación de bienes o prestación de servicios, la renta bruta estará dada por el total de las ventas netas menos el costo de adquisición, producción del bien o de la prestación del servicio. A estos efectos se considerará venta neta la diferencia que resulte de deducir de la venta bruta, los descuentos u otros conceptos similares. Los costos deberán estar debidamente documentados, representar una erogación real; y en el caso que la operación deba documentarse con una autofactura, no deberá ser a precio superior al de mercado.

La renta neta se determinará deduciendo de la renta bruta los gastos que: 1. Sean necesarios para obtener y mantener la fuente productora; 2. Representen una erogación real; 3. Estén debidamente documentados y en los casos que corresponda, hayan efectuado la retención; y 4. No sea a precio superior al de mercado, en los casos en que la operación deba documentarse con una autofactura.

Rentas netas en operaciones internacionales: Para la determinación de las rentas netas de fuente paraguaya correspondientes a actividades ejercidas parcialmente dentro del país por contribuyentes del impuesto, se fija como renta neta, sin admitir prueba en contrario, el 30% (treinta por ciento) sobre el monto del ingreso bruto proveniente de: 1. La realización de operaciones de radiogramas; llamadas telefónicas; servicios de transmisión de audio o video; emisión y recepción de datos por internet y otros servicios similares, que se presten desde el país al exterior. 2. La cesión de uso de contenedores. 3. La realización de operaciones de transporte internacional de personas o de bienes, incluida la venta de pasajes internacionales.  

Tasa: 10% sobre la renta neta.

Exoneraciones: la ley exonera a una serie de rentas de este impuesto:

a) Los intereses y las utilidades provenientes de los títulos de la deuda pública emitidos por el Estado a través del Ministerio de Hacienda y las Municipalidades.

b) Los servicios de enseñanza inicial y preescolar, básica, media, técnica, terciaria, universitaria y de educación superior, prestados por personas o entidades reconocidas por el Ministerio de Educación y Ciencias o por ley.

c) Los dividendos y las utilidades que estén gravados por el IDU, que se obtengan en carácter de accionistas, empresas consorciadas o de socios de Sociedades Anónimas, Sociedades de Responsabilidad Limitada, Sociedades en Comandita por Acciones, Sociedades en Comandita Simple, Sociedades Simples y las Sociedades de Capital e Industria o de Consorcios constituidos en el país.

d) Los excedentes de las entidades cooperativas provenientes de operaciones con sus socios y las cooperativas entre sí; así como los excedentes que se destinen a la reserva legal, al fondo de educación y el aporte para el sostenimiento de la federación o las federaciones a las que esté asociada la cooperativa, en los límites previstos en la Ley N° 438/1994 y sus modificaciones.

e) Las operaciones de fletes internacionales prestados por la empresa transportadora, destinados a la exportación de bienes. Se entenderá por empresa transportadora la que emita la documentación internacional de respaldo de transporte, tales como: Carta de Porte por Carretera, Conocimiento de Embarque, Carta de Porte Aéreo.

f) Los intereses percibidos del Banco Central del Paraguay por la colocación de Letras de Regulación Monetaria y Cartas de Compromiso.

g) Los intereses, los rendimientos, la valoración y las utilidades provenientes del mayor valor, obtenidos por la negociación de títulos y valores a través de las Bolsas de Valores reguladas por la Comisión Nacional de Valores, incluidos los títulos de deuda emitidos por Sociedades Emisoras autorizadas por dicha entidad.

h) Los rendimientos provenientes de la valoración de la cuota de participación o el mayor valor de la negociación o de la liquidación de la misma, de los Fondos Patrimoniales de Inversión previstos en la Ley N° 5452/2015.

También deja exoneradas a las rentas obtenidas por a) Los organismos oficiales de países extranjeros a condición de reciprocidad, y por los organismos internacionales de derecho público que integre el Paraguay, siempre que provengan de actividades realizadas en el marco de sus fines, para los cuales fueron creados.

b) Las entidades religiosas, con personería jurídica y reconocidas por autoridades competentes, provenientes del culto, servicios religiosos, donaciones y diezmos, destinados a sus fines o su misión.

c) Las asociaciones, federaciones, fundaciones y demás entidades similares con personería jurídica que desarrollen o realicen actividades de bien social o interés público con fines lícitos y que no tengan como propósito obtener lucro, beneficios monetarios o apreciables en dinero para repartir entre sus miembros, es decir, cuando el rendimiento de dichas operaciones se destinen libres de costos o gastos necesarios al cumplimiento de los fines para los cuales fueron creados, destinados a la asistencia sanitaria, social o de beneficencia, la instrucción científica, literaria, artística, de cultura física o de difusión cultural, la defensa del medio ambiente y del ecosistema; la promoción y defensa de los derechos humanos, así como del sistema democrático de gobierno establecido en la Constitución. Así como los partidos políticos reconocidos, los sindicatos y los gremios empresariales. 

La nueva ley establece dos regímenes de liquidación del impuesto, el régimen simplificado para medianas empresas, denominado régimen simple, y el régimen simplificado para pequeñas empresas, denominado resimple: 

Régimen Simple: Aplicable a contribuyentes con ingresos en el ejercicio fiscal que no superen los 2.000 millones de guaraníes: pueden optar por liquidar el impuesto determinando la renta neta sobre base real o sobre base presunta, la que resulte menor:

-Renta neta real: La diferencia positiva entre el total de ingresos y de egresos relacionados directamente a la actividad gravada, siempre que los mismos se encuentren debidamente documentados, representen una erogación real; y en el caso que la operación deba documentarse con autofactura, no deberá ser a precio superior al de mercado. En este concepto, se podrá deducir la adquisición de mercaderías, insumos, materias primas, muebles, equipos, así como los egresos relativos a la construcción, remodelación o refacción de su establecimiento.

-Renta neta presunta: El 30% de la facturación bruta anual

Régimen Resimple: Aplicable a las empresas unipersonales que realizan actividades gravadas por el IRE cuyos ingresos brutos del ejercicio fiscal anterior sean iguales o inferiores a G. 80.000.000 (Ochenta millones de guaraníes). En estos casos pagan una suma mensual en función del monto ingresado en el ejercicio anterior: 20.000 Gs. para ingresos de hasta 20 millones Gs., 40.000 Gs. Para ingresos de 20 a 40 millones Gs., 60.000 Gs. para ingresos de 40 a 60 millones Gs. y 60.000 Gs. para ingresos de 60 a 80 millones Gs.  

Impuesto a los Dividendos y Utilidades, IDU 

Se trata de un impuesto nuevo introducido por la ley de 2019, que grava los dividendos distribuidos a sus accionistas en el país o en el exterior, aplicando una retención del 8% en el primer caso y del 15% en el segundo.

Hecho generador Lo constituye, según el artículo 40 de la ley, el pago de utilidades, rendimientos o dividendos al dueño, consorciados, socios o accionistas por parte de empresas unipersonales, sociedades anónimas, de responsabilidad limitada, de capital e industria, en comandita simple o consorcios para la ejecución de una obra pública y el resto de sociedades  de naturaleza similar con personalidad jurídica, constituidas dentro del país pero también los establecimientos permanentes de entidades constituidas en el exterior. También se define el concepto de utilidad, beneficio o rendimiento, como toda distribución de beneficio, en dinero o en especie, excepto la entrega de acciones o cuotas parte por capitalización de utilidades, con cargo a patrimonio que se realice a los socios y accionistas por parte de la sociedad o la entidad.

También define en qué consiste distribuir dividendos, utilidades o rendimientos: es la distribución al dueño, consorciado, socio o accionista del exceso de la reserva legal, de las reservas facultativas o del capital por reducción del capital que fuera integrado por capitalización de utilidades no distribuidas o reservas. Se presumirá, sin admitir prueba en contrario, que el retiro del capital opera en primer término respecto al capital constituido por las reservas, incluidas las provenientes del revalúo, a las utilidades no distribuidas y al capital efectivamente aportado, en ese orden. También se presume que hay una distribución en los siguientes casos: otorgamiento de préstamos al dueño, consorciado, socio o accionista, salvo que el objeto social sea la intermediación financiera y que el mismo no supere el 2% (dos por ciento) de su cartera de préstamos; El faltante de dinero superior al 10% del monto de la cuenta “caja” expuesto en los estados financieros de la empresa, sociedad o entidad; Todo retiro de fondos o la afectación de uso o consumo personal de bienes o servicios por parte del dueño, consorciado, socio o accionista, sin la debida contraprestación. Incluido el pago de gastos personales a favor de aquellos y de sus familiares. Excluye de la aplicación de este impuesto a las utilidades, excedentes o rendimientos distribuidos por las cooperativas regidas por la ley N438/1994, por las mutuales regidas por la ley N3472/2008 y por las empresas maquiladoras a sus accionistas según lo que establece la ley 1.064/1997.

Contribuyentes: Personas físicas, jurídicas y demás entidades residentes en el país o no, que perciban dividendos, utilidades o rendimientos, en carácter de dueños, consorciados, socios o accionistas de las entidades descritas más arriba en este informe.

Agentes de retención: Deben actuar como agentes de retención quienes pongan a disposición o paguen las utilidades, los dividendos o los rendimientos a los contribuyentes de este impuesto. Establece la ley que responden solidariamente por el pago de este impuesto.

Base imponible: El IDU se determinará sobre las utilidades, dividendos o rendimientos netos puestos a disposición o pagados al dueño, al consorciado, a los socios o accionistas. Las utilidades destinadas a la cuenta de reserva legal, a reservas facultativas o a capitalización, no son gravadas por este impuesto, salvo cuando se produzca el rescate del capital.

Nacimiento de la obligación tributaria:

En el caso de las Sociedades Anónimas la ley establece que la obligación nace en el momento en el que la asamblea tome la decisión de distribuir los dividendos, utilidades o rendimientos entre sus accionistas, con independencia de cuándo se realice ese pago. Para las SRL y otras entidade que no tengna la obligación de realizar asambleas, el momento será el que establezcan sus estatutos, salvo que sus socios haya decido otro plazo, que debe formalizarse ante notario. Si sus estatutos no dicen nada sobre el plazo de distribución de dividendos la ley establece que las utilidades, los dividendos o los rendimientos son distribuidos en el cuarto mes posterior al cierre del ejercicio fiscal. Igual criterio establece para las empresas unipersonales. 

Tasa: 8% cuando el receptor de los dividendos, utilidades o rendimientos resida en el país, y 15% cuando resida en el exterior.

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Resumen de la imposición sobre la el patrimonio

El único impuesto sobre el patrimonio es un impuesto municipal, el ya referido Impuesto Inmobiliario. Grava la tenencia de activos inmobiliarios. La tasa aplicable es el 1% del valor fiscal del activo. Este valor se ajusta anualmente por la variación del IPC. La valoración fiscal la realiza el Servicio Nacional de Catastro, que depende del Ministerio de Hacienda (ver la sección 5.3.5. de esta Guía de País).

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Resumen de la imposición sobre el consumo

1. IVA, Impuesto al Valor Agregado

En la nueva ley el tipo aplicable sigue siendo el 10% como en la regulación anterior como tipo general, con un tipo reducido del 5% para la enajenación de ciertos productos correspondientes a la canasta básica familiar y a las medicinas. La principal novedad radica en la supresión de la devolución del impuesto a los exportadores de productos en estado natural o los derivados de una primera transformación o industrialización. Además, se designa a las entidades financieras, casas de cambio, cooperativas, procesadoras de pagos y otras entidades similares como agentes de percepción por los pagos por servicios digitales que hayan sido prestados desde el exterior. 

Se regula en el Título 1, artículo 80 y siguientes, del Libro 2 de la ley dedicado a los impuestos al consumo. 

Hecho generador: Este impuesto grava tres tipos de actos: las enajenaciones de bienes; la prestación de servicios salvos los de carácter personal en relación de dependencia; las importaciones de bienes, según el artículo 80. 

Contribuyentes: las personas físicas por la prestación de servicios personales o profesionales sin relación de dependencia y por la explotación de empresas unipersonales, y las entidades privadas, consorcios de obra pública, sucursales agencias y establecimientos de entidades domiciliadas o constituidas en el exterior por las actividades realizadas en el país, los importadores, casuales o habituales, estructuras jurídicas transparentes, entes autárquicos, empresas públicas, entidades descentralizadas y sociedades de economía mixta, sucesiones indivisas y contribuyentes del INR. 

Nacimiento de la obligación: Será en el momento en que primero ocurra alguno de los hechos descritos en el artículo 83: o la entrega del bien o prestación del servicio, la percepción del pago por ese bien o servicio, o el vencimiento del plazo para ese pago. El artículo posteriormente regula situaciones concretas de nacimiento de la obligación. 

Territorialidad: El principio general establecido en la ley es gravar a las prestaciones de servicios realizadas en el territorio nacional, las enajenaciones de bienes ubicados en el territorio nacional y la importación de bienes al territorio nacional, con independencia del lugar de celebración del contrato o de la nacionalidad o residencia de las partes o del lugar de procedencia del pago. Es interesante el inciso 1 del artículo 84 que incluye expresamente a los servicios prestados desde el exterior cuando sean utilizados o aprovechados en el país, o cuando se realicen en él en el caso de los servicios logísticos y los de agentes de comercio exterior. 

Base imponible: Es el precio correspondiente al servicio prestado o al bien enajenado en las operaciones a título oneroso. Contempla el artículo 85 una serie de situaciones especiales, como la enajenación de bienes inmuebles, donde la base imponible es el 30% del precio de venta. 

Liquidación: Se liquida mensualmente y se determina por la diferencia entre el IVA débito y el IVA crédito, siendo el primero la suma de los importes devengados correspondientes a las operaciones gravadas durante el mes y el segundo la suma del impuesto incluido en los comprobantes de las compras realizadas en el mes. El IVA crédito también lo compone el impuesto pagado por el importador durante el mes y las retenciones aplicadas a residentes en el exterior correspondientes a operaciones gravadas en el territorio paraguayo. 

Tasa: Se mantienen las dos tasas, del 10% como tipo general, y del 5% como tipo reducido, aplicable a productos de la canasta básica, venta de inmuebles, medicamentos, ciertos productos agrícolas como el algodón, maíz, soja, trigo entre otros, ciertos productos elaborados del sector primario como harinas o aceites, algunos productos hortícolas, frutícolas y pecuarios, enumerados en el artículo 90 de la ley. 

Exoneraciones: recogidas en el artículo 100, en una larga lista que incluye, entre otros, a los libros y periódicos en papel y electrónicos, combustibles derivados del petróleo, las exportaciones de bienes, fletes internacionales, servicios de enseñanza, transporte público de pasajeros (hasta 100 kms), importaciones de equipajes, etc. 

IVA Crédito Exportador: Sobre la devolución del IVA al exportador el artículo 101 de la ley establece que se devolverá el IVA Crédito correspondiente a la adquisición de bienes y servicios relacionados con la exportación de bienes, siempre que cumplan con requisitos previstos en la ley, pero indicando que ese IVA debe ser imputado en primer lugar contra el IVA Débito cuando el exportador también realice operaciones gravadas en el mercado interno. Una vez realizada esa imputación, si hay un excedente podrá pedir su devolución o utilizarlo para la liquidación del impuesto en sucesivos ejercicios fiscales. 

2. ISC, Impuesto Selectivo al Consumo

La principal novedad que introduce la reforma en relación con este impuesto es el incremento de las tasas aplicables a las bebidas alcohólicas y al tabaco, si bien el incremento es inferior al contemplado originalmente en el proyecto de reforma, aunque se contempla un incremento gradual de las tasas en función de las condiciones económicas internas y externas. 

Hecho generador: este impuesto grava la importación de una serie de bienes tasados en la ley así como su primera enajenación cuando sean de producción nacional. 

Contribuyentes: las empresas fabricantes por las enajenaciones realizadas dentro del territorio paraguayo y las empresas importadoras por los bienes importados. 

Nacimiento de la obligación: Se configura en el momento de la entrega del bien contra comprobante de venta o, en el caso de las importaciones, en el momento de apertura del registro de entrada de los bienes en la aduana. 

Territorialidad: Se gravan las operaciones realizadas dentro del territorio paraguayo, independientemente de la nacionalidad o residencia de los intervinientes, del lugar de celebración del contrato o de donde provenga el pago. 

Base imponible: Es el precio que aparecen en el comprobante de venta, sin incluir IVA ni este ISC. En las importaciones el equivalente en guaraníes al valor expresado en moneda extranjera en la factura comercial más los impuestos aduaneros, aunque tengan su aplicación suspendida, y demás impuestos que correspondan excluyendo el IVA y este ISC. 

Tasas: la ley segmenta la regulación de las tasas por tipo de productos en los artículos 115 a 119 

· Tabacos, cigarrillos, esencias y similares: se establece una tasa mínima del 18% y una tasa máxima del 24%

· Bebidas: según el tipo de bebida la tasa oscila entre el 5% y el 12% como tasas máximas.

· Productos de alto contenido calórico: 2% como tasa máxima.

· Combustibles derivados del petróleo: 50% como tasa máxima.

· Otros bienes: desde aeronaves hasta armas de fuego, oscilan entre el 0% y el 6% como tasas máximas.

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Otros impuestos y tasas

Impuesto Inmobiliario.
 
Se trata de un impuesto municipal, que se aplica a los bienes inmuebles ubicados en territorio paraguayo.
 
Contribuyentes.
 
Son contribuyentes los propietarios o usufructuarios y, en caso de propiedad compartida, cualquiera de los copropietarios de los mismos, personas físicas o jurídicas.
 
Están exentos de este impuesto los inmuebles estatales, municipales, religiosos, los inmuebles declarados monumentos históricos nacionales, los que sean propiedad de asociaciones reconocidas como de utilidad pública, así como los establecimientos destinados a prestar servicios hospitalarios o de asistencia social, los de gobiernos extranjeros y las sedes de partidos políticos, etc.
 
Base imponible.
 
La constituye el precio del inmueble.
 
El Servicio Nacional de Catastro (SNC), dependiente del Ministerio de Hacienda, es el encargado de fijar los valores fiscales de los inmuebles.
 
Dada la amplia diferencia entre el valor fiscal de la tierra y su valor de mercado, en 2015 se modificó el impuesto, a través de la Ley 5513/15, “Que modifica los artículos 60, 62, 66, 70 y 74 de la Ley Nº 125/91 y establece el nuevo régimen tributario” y los artículos 155 y 179 de la Ley Nº 3.966/10, “Orgánica Municipal”. Tras esta modificación, que comenzó a regir desde 2016, se determinó que:
  • Para el caso de los inmuebles de carácter urbano, la reforma establece que el Servicio Nacional de Catastró determinará su valor sumando el valor de la tierra y el de la construcción.
  • Para los inmuebles rurales, el sistema de valoración fiscal se definió clasificando a las tierras según su característica agrológica natural. Posteriormente se multiplicó su valor fiscal de 2015 por un coeficiente basado en la capacidad agrológica del suelo, y que oscila entre 3,4 veces su valor en el momento de la reforma (tierras con menor capacidad agrológica), hasta 4,0 (tierras con mayor capacidad agrológica).
Para fomentar el respeto al medio ambiente la nueva regulación concede incentivos fiscales a los propietarios de inmuebles que contengan zonas boscosas, mediante una reducción de la base imponible que puede llegar hasta el 50%.
 
En el caso de los terrenos baldíos el impuesto varía según los años de propiedad. El Decreto 4646/15 reglamenta la Ley 5513/15 y pone en vigencia el sistema de valoración fiscal de inmuebles desarrollado por el Servicio Nacional de Catastro. El artículo 8 del Decreto establece que a partir del 2016 todos los escribanos (notarios) que realicen escrituras relativas a transmisión, modificación o creación de derechos reales sobre inmuebles, declararán, en documentos habilitados por el SNC, el valor real de la operación. Esta medida busca lograr una mayor transparencia en las operaciones inmobiliarias y elaborar una base de datos con información sobre el valor real de los inmuebles.
 
Desde este año, además, es el propio SNC el responsable de proveer la liquidación de este impuesto a los municipios, gestión por la que cobra un 1% del 70% del impuesto, que deberá destinar a financiar la creación de un catastro nacional actualizado.
 
Tipo impositivo.
 
La tasa es del 1% como regla general. Para inmuebles rurales, inferiores a 5 hectáreas, se reduce al 0,5%.
 
Este impuesto contempla tasas adicionales para:
  • Inmuebles baldíos. Recarga adicional 4 por mil, si el inmueble está ubicado en Asunción, y 1 por mil para inmuebles ubicados en municipios del interior. 
  • Latifundios. Se recarga al impuesto una tasa adicional del 50%.

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Tratamiento fiscal de la inversión extranjera

Para ver detalles del tratamiento fiscal de la inversión extranjera, consultar las siguientes secciones de esta Guía de País:

4. INVERSIONES EXTRANJERAS / INCENTIVOS A LA INVERSIÓN.
4.1 Marco Legal.
4.2. Repatriación de capital / control de cambios
4.3. Incentivos a la inversión

5. SISTEMA FISCAL.
5.3.1. Imposición sobre sociedades.
5.3.4. Imposición sobre el consumo

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  • Movilidad Internacional
  • Barreras Comerciales
  • ICE
  • Datainvex