Régimen fiscal

Estructura general del sistema fiscal

Las principales características del Sistema Tributario vigente en Uruguay desde el 1 de Julio de 2007, a partir de la Ley de Reforma Tributaria (Ley N° 18.083 de 27/12/2007), se resumen a continuación:

- Comprende impuestos directos e indirectos, siendo estos últimos la principal fuente de recaudación, impuestos internos, aduaneros y las contribuciones especiales a la seguridad social.

- Rige el principio de la fuente y no se otorga crédito fiscal por impuestos aplicados en el extranjero (salvo en el caso de que exista un Convenio para evitar la doble imposición con el país que los aplica), aunque las rentas generadas en el exterior tienen unas condiciones fiscales muy favorables.

Las rentas están gravadas por el Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE), Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) e Impuesto a las Rentas de No Residentes (IRNR), según corresponda.

- Los principales impuestos a la actividad empresarial son el IVA, el Impuesto al Patrimonio (IPAT) y el Impuesto al rendimiento de las Actividades Económicas, o IRAE.

- Las sociedades instaladas en zonas francas están eximidas del pago de la mayoría de los tributos.

- Otras características destacables serían la ampliación de la base de los impuestos que gravan la renta, introduciendo el impuesto a la renta personal; la simplificación de la imposición al consumo y la eliminación de impuestos de baja recaudación.

 

 

 

 

 

 

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Sistema impositivo (estatal, regional y local)

Todas las actividades productivas están sujetas básicamente a dos clases de obligaciones tributarias: las aportaciones a la Seguridad Social (que administra el Banco de Previsión Social, el instituto de seguridad social uruguayo, o BPS) y los impuestos regulados por la Dirección General Impositiva, unidad dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas, a los que nos referiremos en este epígrafe.

 

La tributación sobre sociedades se desdobla en dos alternativas según la rama de actividad de la empresa:

  • Cuando se trata de actividades agropecuarias se aplica, a opción del sujeto pasivo, el Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE) o el Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios (IMEBA).
  • Cuando se trata de actividades industriales, comerciales, de prestación de servicios o similares, se aplica el IRAE.

El 24 de abril de 2011 entra en vigor el “Convenio para evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio” entre Uruguay y España. En efecto, el 24 de enero de 2011 se cumplió la última notificación por canales diplomáticos entre ambos gobiernos, lo cual concluye las formalidades necesarias para la vigencia del instrumento de acuerdo con lo previsto en el Art. 28 del mismo. El mencionado Convenio fue suscrito por Uruguay y el Reino de España el 9 de octubre de 2009, y aprobado por ambos Parlamentos, constituyendo un aporte significativo para la profundización de las relaciones comerciales y de inversión entre ambos países.

 

 

 

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Resumen de la imposición sobre la renta de las personas físicas

De liquidación anual, grava las rentas de capital y trabajo generadas en Uruguay, de las personas físicas residentes. Se consideran residentes aquellos que permanezcan más de 183 días del año en territorio nacional o que radiquen en el territorio nacional el núcleo principal o la base de sus actividades o de sus intereses económicos o vitales.

El Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas (IRPF) introducido en el nuevo Sistema Tributario en 2012 sustituyó al Impuesto a las Retribuciones Personales (IRP) que regía anteriormente. 

La estructura del IRPF está concebida sobre la base de un “sistema dual”, mediante el cual se establece un tratamiento diferencial para las rentas del capital (Categoría I) y las rentas del trabajo (Categoría II), debiéndose realizar su liquidación por separado.

a) Rentas de capital: se tributa vía retención, es decir, se designan agentes responsables (el Estado, las empresas y los escribanos) quienes deben retener el impuesto a los titulares de las rentas gravadas y volcarlo ante la Administración Tributaria Si bien existen determinadas rentas gravadas a tasa reducida, la tasa general aplicable es del 12%.

b) Rentas de trabajo: corresponde determinar tanto la base de cálculo de rentas como de deducciones, ya que a ambas se les aplican escalas de tramos de rentas y deducciones establecidas, determinándose así un “impuesto” por rentas y otro por deducciones, siendo el impuesto a pagar la diferencia entre ambos. Los tramos van del 10% hasta el 36%, y se aplican en forma progresiva, existiendo un mínimo no imponible (MNI). El MNI, que está eximido del pago de IRPF, es desde el 1 de enero de 2019, 36.148 pesos uruguayos mensuales, equivalentes a unos 1.000€ mensuales (12.000€ anuales).

 

 

 

 

 

 

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Resumen de la imposición sobre sociedades

Con el nuevo Sistema Tributario en vigor, el Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE) sustituyó a los anteriores Impuesto a las Rentas de Industria y Comercio (IRIC) e Impuesto a las Rentas Agropecuarias (IRA). Parcialmente también sustituye al Impuesto a las Comisiones.

El IRAE grava las rentas de fuente uruguaya de las actividades económicas de cualquier naturaleza (industriales, comerciales, agropecuarias y de servicios) a la tasa del 25%. Si bien la norma prevé algunas excepciones, se entiende por rentas de fuente uruguaya, aquellas provenientes de actividades desarrolladas, bienes situados y derechos utilizados económicamente en Uruguay.

La actividad agropecuaria mantendrá la opción de tributar IRAE o por el Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios (IMEBA). Para los que explotan superficies mayores al equivalente a 1.500 has, el impuesto sobre base ficta se determina aplicando a las ventas de bienes agropecuarios la tasa del IMEBA incrementada en un 50% (cualquiera sea el adquirente). Los restantes contribuyentes agropecuarios pueden optar por el IMEBA por las rentas agropecuarias originadas en la enajenación de productos agropecuarios. Están exonerados del IRAE por las otras rentas agropecuarias (pastoreos, servicios, ventas de activo fijo) siempre que en el ejercicio no superen las 300.000 UI.

En las Leyes de Rendición de Cuentas (equivalente a la Ley de Presupuestos en España) se establecen las condiciones del año, y en ocasiones, como en el año 2018 se establecen nuevos impuestos sobre actividades nuevas o se modifican las antiguas (como tasa al juego de azar, la tasa consular, la tasa Netflix ... )  y exoneraciones fiscales, como las aplicadas al desarrollo del software, u otras sobre sectores que se consideren estratégicos.

 

 

 

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Resumen de la imposición sobre la el patrimonio

IPAT

El Impuesto al Patrimonio de las empresas es un impuesto anual que grava a la tasa del 1,5% el patrimonio de las empresas situado en el país, ajustado de acuerdo a la normativa fiscal, a la fecha del cierre del ejercicio fiscal de la empresa. Para las entidades financieras, la tasa es del 2,8%.

 

IPPF

El Impuesto al Patrimonio de las Personas Físicas es un impuesto anual que grava el patrimonio fiscal de las personas físicas, los núcleos familiares y las sucesiones indivisas. Estos liquidarán el impuesto sobre el patrimonio que supere determinado mínimo no imponible, determinado al 31 de diciembre de cada año, aplicando tasas progresivas y escalonadas, que van desde el 0,5% al 0,8%, con algunas excepciones. No se computan los activos situados en el exterior.

Mínimo no Imponible: Aproximadamente unos US$ 90.000, que para el núcleo familiar se duplica a US$ 180.000. Las tasas varían de 0,7% a 2,75%, a partir del mínimo no imponible según tasas que se publican anualmente.

 

 

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Resumen de la imposición sobre el consumo

La tasa básica del IVA es del 22% y la tasa mínima del 10% (este tipo reducido se aplica a determinados bienes y servicios, como, por ejemplo, alimentos básicos, medicinas y servicios hoteleros). Se disminuyó en 2015 en dos puntos la tasa básica, llevándola al 20% para los pagos realizados con cuentas bancarias o instrumentos derivados del sistema bancario (tarjetas de crédito).

Así mismo, para pagos de servicios turísticos (básicamente hoteles y restaurantes), se ha aplicado una exoneración del IVA excepcionalmente en 2018 la cual sigue vigente en el 2022. El objetivo de esta exoneración es favorecer el turismo extranjero.

En lo que refiere a la imposición al gasto, la misma está dada fundamentalmente por el Impuesto al Valor Agregado (IVA), siendo complementada por el Impuesto Específico Interno (IMESI).

 

 

 

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Otros impuestos y tasas

Impuesto a las Rentas de No Residentes (IRNR)

Grava la renta de fuente uruguaya de cualquier naturaleza obtenida por personas físicas y entidades no residentes, a una tasa básica del 12% y diferenciales del 7%, 5%, 3% y con ciertas exenciones.

La legislación tributaria considera no residente a toda persona que no hubiere constituido un establecimiento permanente en Uruguay.

Se consideran de fuente uruguaya las rentas obtenidas por prestaciones de servicios realizadas desde el exterior a contribuyentes residentes en Uruguay, siempre que los servicios sean afectados por quien los recibe a la obtención de rentas comprendidas en el IRAE.

Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS)

El IASS es un impuesto anual, de carácter personal y directo, que grava los ingresos de fuente uruguaya originados en jubilaciones, pensiones y prestaciones de pasividad de similar naturaleza, con tasas que van del 10% al 30%.

 Impuesto Especifico Interno (IMESI)

El IMESI es un tributo que grava la primera enajenación a cualquier título de una serie de productos, entre los que destacan bebidas, tabacos y cigarrillos, cosméticos, combustibles, lubricantes, automóviles y perfumería. Se aplica sobre precios administrativos “nacionales” o “fictos”, establecidos por decreto y actualizados periódicamente; las tasas actuales varían desde el 10% hasta el 180% sobre los precios estimados. 

 

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Tratamiento fiscal de la inversión extranjera

Existe igualdad de trato para inversores nacionales o extranjeros a los que se les aplica el mismo régimen fiscal e incentivos a la inversión, salvo para grandes proyectos en los que las condiciones son negociadas por el Gobierno con el Inversor.

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