Sistema financiero

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Sistema Financiero

El sistema financiero uruguayo tiene un claro predominio del sector bancario. Está conformado por dos Bancos públicos, nueve bancos privados, y una amplia variedad de Instituciones no bancarias: Cooperativas de Intermediación Financiera, Casas Financieras, Instituciones Financieras Externas (banca Off Shore), Empresas Administradoras de Grupo de Ahorro Previo, Empresas Administradoras de Crédito y Casas de Cambio.

El mercado de valores, como forma de financiación está escasamente desarrollado, y lo mismo cabría decir del mercado de deuda pública local. El sector del seguro es asimismo reducido, aunque en rápido crecimiento.

Una de las particularidades tradicionales del sistema financiero es la legislación sobre secreto bancario, tipificada penalmente en la ley (Decreto Ley 15.322). Se prohibía a las entidades financieras aportar ningún tipo de información sobre los activos del cliente mantenidos en la entidad, sobre cualquier información confidencial – sobre activos o pasivos aportada por el cliente- o sobre el cliente, salvo requerimientos del Poder Judicial.

Si bien existen excepciones, tanto la ley como su interpretación han sido tradicionalmente enormemente rigurosas en defensa del anonimato. Ello unido a la relativa solidez y tradición de seriedad, permitieron convertir a Uruguay en un importante centro financiero de la región. Como derivación de la crisis regional de 2002, Uruguay registró un enorme retroceso como centro financiero regional.

La Ley de Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, de finales del 2017, asignó a las entidades financieras la categoría de "sujetos obligados", que han de comprobar los orígenes de los fondos de sus clientes y denunciar cualquier anomalía observada, incluyendo en responsabilidades penales en caso de incumplimiento.

Sistema bancario:
La banca oficial está formada por el Banco República (BROU) y el Banco Hipotecario del Uruguay (BHU). El primero opera como Banco comercial del Estado y el segundo se dedica exclusivamente al crédito para viviendas. La banca privada está compuesta por nueve bancos de diversos orígenes, con fuerte presencia de Bancos europeos y regionales. Los más importantes por depósitos son el Santander, el Itaú brasileño, el BBVA y el Scotia Bank casi a la par. Más atrás quedan el HSBC, el suizo Heritage, el Citybank, el venezolano Bandes y el Banco de la Nación de Argentina.
El sistema financiero está regulado y supervisado por el Banco Central del Uruguay (BCU), a través de la Superintendencia de Servicios Financieros (SSF), tomando como referencia los estándares del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, para la definición del marco regulatorio.
Los depósitos del sistema bancario uruguayo han evolucionado hacia una mayor proporción de depósitos de residentes y hacia una menor dolarización.
El crédito al sector privado no financiero residente aumentó únicamente en US$ 49 millones (+0,3%) en 2019, repartiéndose el stock de crédito prácticamente a partes iguales entre moneda nacional y extranjera. El endeudamiento de las familias uruguayas experimentó un mayor crecimiento durante el segundo semestre de 2019, hasta alcanzar el 28,6% de su ingreso anual.
La morosidad del crédito al sector privado se mantiene en niveles reducidos, situándose en el 3,2% a finales del 2019 (4,1% en caso de la morosidad del crédito bancario al consumo).
La solvencia de las instituciones financieras emplazadas en Uruguay viene caracterizada por dos factores. Por un lado, el excedente de capital, que lo sitúa muy por encima de lo que exige un régimen prudencial. Por el otro, el régimen prudencial establecido por la Superintendencia de Servicios Financieros, que prevé la creación de un fondo para hacer frente a la morosidad. 

El mercado de valores en Uruguay el mercado de valores está compuesto por la Bolsa de Valores de Montevideo (BVM) y la Bolsa Electrónica de Valores (BEVSA).

Aunque ha experimentado un continuo crecimiento desde 2006 hasta la actualidad, aun es un mercado poco desarrollado en comparación con otros mercados de la región. Una característica del mercado de valores uruguayo es que las empresas privadas ofrecen en su gran mayoría obligaciones negociables en lugar de acciones.

En 2019 se registró un descenso del 18% en el volumen de operaciones negociado en el mercado de valores, que fue US$ 43.334 millones - BEVSA negoció el 72% del volumen total. En el mercado primario tienen gran importancia las emisiones de LRM (Letras de Regulación Monetaria) que regulan la liquidez del sistema financiero y, en menor medida, las emisiones de obligaciones negociables. En el mercado secundario, predomina la operativa sobre valores públicos, que fue el 87,2% del total. 

Por último, el mercado de seguros está liderado por el Banco de Seguros del Estado (BSE) de titularidad pública, que tiene el monopolio del seguro de accidentes de trabajo, e integrado además por 17 empresas privadas de seguros y 7 mutuas. Entre las empresas privadas de destaca la participación de la española Mapfre. En 2019 la estructura del mercado no experimentó cambios importantes, aumentando la prima neta devengada un 10,9% en términos reales hasta los 54.802 millones de pesos. Las principales ramas, en cuanto a volumen de primas devengadas, fueron los seguros de vida previsional (31%) y los seguros de vehículos (21%).

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Líneas de crédito, acuerdos multilaterales de financiación

Uruguay no es un país elegible para ayuda concesional ligada según los criterios de la OCDE. En cualquier caso, existen importantes líneas de financiación a través de los OOII, especialmente el BID y el BM y más recientemente la CAF, así como con la UE.

FMI: es miembro desde 1946. En diciembre de 2006 Uruguay canceló anticipada y definitivamente el último Acuerdo Stand by heredado de la crisis del 2002 (suscrito el 8 de Junio 2005, con una duración de 3 años, y una asistencia financiera de 766 millones DEG). De todos modos, el equipo económico mantiene en su programa gran parte de las reformas estructurales sobre las que estaba condicionado el Stand by, especialmente las vinculadas con las reformas del sector financiero.

A petición del Gobierno, el procedimiento de consultas en virtud del Artículo IV tendrá una periodicidad anual (en lugar de bianual). En diciembre de 2019, como en años anteriores, visitó Uruguay una misión del FMI para realizar el procedimiento de consultas anual acordado, cuyo informe final fue favorable, aunque señalando la necesidad de acometer reformas estructurales en varios sectores.

Banco Mundial: La estrategia del Banco Mundial con Uruguay para el periodo 2016-2020 rondaría los US$ 1.150 millones de financiación, de los que se estima que US$ 400 millones serán de los denominados "préstamos de inversión" y el resto de "préstamos contingentes", que solamente se desembolsan si el gobierno lo necesita.

La estrategia está estructurada en torno a tres pilares: aumento de la resiliencia ante vulnerabilidades económicas y climáticas; políticas sociales enfocadas hacia los niños y jóvenes más vulnerables e integración a las cadenas globales de valor, mediante la mejora de las infraestructuras y una creciente investigación y oportunidades de desarrollo de la innovación. Uruguay es el prestatario activo de mayores ingresos del grupo del Banco Mundial, pero hay razones para mantener y fortalecer esta asociación, sobre todo para minimizar posibles retrocesos en la situación socio-económica uruguaya, especialmente por la vulnerabilidad del país. En este sentido, el grupo del Banco Mundial sigue siendo un socio crítico para el desarrollo del país.

BID: Uruguay posee un 1,15% del total de las acciones. Comparte silla con Paraguay y Bolivia (2,45% votos). El BID es el principal agente de financiación internacional del país. Durante los últimos cinco años, sus desembolsos representaron más del 50% del total proveniente de organismos multilaterales hacia el sector público.

En la actualidad el BID tiene préstamos activos para Uruguay, por US$ 1984 millones para sectores varios tales como (comercio, transporte, mercado financiero, reforma del estado, agua y saneamiento, vivienda, educación, ciencia y tecnología, turismo, salud, etc.). El BID apoyó avances significativos en áreas como energía, innovación, facilitación comercial, y reducción del déficit de viviendas. Progresos más limitados se lograron en sectores como el transporte urbano, sanidad e inocuidad, y rehabilitación y mantenimiento de redes viales secundarias. Asimismo, la modalidad de crédito contingente tuvo un importante rol financiero, al apoyar la estrategia precautoria de endeudamiento del gobierno, contribuyendo para que el país recuperara el grado de inversor.

Banco de Desarrollo de América Latina (CAF): Uruguay es un miembro relativamente reciente, y ya ha obtenido créditos destinados al sector energético uruguayo, así como para financiación de proyectos de inversión, en la modalidad PPP y en modo de “project finance” tradicional.

Por otra parte, es de destacar la participación de Uruguay en el Banco del Sur, cuyos miembros son: Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Ecuador, Bolivia y Venezuela. Su sede central está en Caracas y las subsedes en Buenos Aires y La Paz. Este Banco cuenta con un capital inicial de US$ 7.000 millones: Argentina, Venezuela y Brasil aportaron cada uno US$ 2.000 millones; Uruguay y Ecuador US$ 400 millones; y Paraguay y Bolivia US$ 100 millones, cada uno. Sin embargo, cada país es representado por un voto en el Directorio.

FONPLATA. Su sede se encuentra en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, y es un organismo multilateral regional conformado por cinco países: Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay. El Fonplata ha ejecutado hasta ahora en Uruguay US$ 112 millones en obras viales y otros US$ 250 millones se encuentran ahora en proceso de aprobación, abarcando proyectos viales, de infraestructura portuaria (Puertos de Juan Lacaze, Colonia de Sacramento, Palmira y Fray Bentos) y vial, además de obras de saneamiento, y de transmisión de electricidad.

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Régimen de cobros y pagos al exterior. Control de cambios

Uruguay posee desde mediados de la década del 70, un régimen de total libertad en el movimiento de fondos, desde y hacia Uruguay, sin ningún tipo de restricciones, en cualquier tipo de divisas, metales preciosos o valores mobiliarios. A ello se une la confidencialidad del manejo de información mediante el deber de secreto bancario consagrado jurídicamente, aunque últimamente matizado por la legislación contra el lavado de dinero que se aprobó en 2009.

Está establecida la obligación de declarar entradas o salidas de dinero del país por importe mayor a US$ 10.000 (diez mil dólares USA).

Se ha iniciado un proceso de reforzamiento de las actividades de control de ciertas actividades (especialmente intermediación offshore, casas de cambio, inmobiliario, casinos, etc.) para evitar que Uruguay sea una plaza favorable para operaciones de lavado de dinero. A este respecto, se creó en junio de 2009 (Decreto 239/009) la Secretaría Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismos (SENECLAFT), dependiente de Presidencia de la República, que coordina la labor de control e inspección en este área, que obliga a los bancos y otros agentes económicos a denunciar cualquier operación sospechosa, incurriendo en responsabilidades penales en caso de hacerlo... de acuerdo con la Ley 19.355 que regula la inspección de las entidades financieras y no financieras en relación a este cometido.

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Repatriación de capital/control de cambios

No hay limitaciones a las transferencias de ganancias ni a la repatriación de capital: No se requiere autorización administrativa. El mercado de cambios es libre, y no hay restricciones para la compra o venta de moneda extranjera. Las inversiones se pueden realizar en cualquier moneda convertible. La ley antilavado de activos de 2017, sin embargo, requiere la justificación del origen de los fondos.

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