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Nueva normativa de contratación pública en Australia

Marzo - 2017 | Oficina Económica y Comercial de España en Sidney | Comentarios (0)

La última actualización de las Commonwealth Procurement Rules (CPRs), base del marco regulatorio para la política de contratación del Gobierno Federal, entró en vigor el 1 de marzo de 2017.

La nueva versión de las 'CPRs' incorpora cambios importantes que el Gobierno ha explicado con detalle. El primero establece que si existe un estándar australiano aplicable a los bienes o servicios objeto del contrato, los licitadores deben demostrar en sus ofertas su capacidad para cumplir con dicho estándar si resultaran elegidos. Es decir, no necesitan contar con un certificado antes de ser seleccionados. La carga de la prueba recae, por tanto, sobre las potenciales empresas proveedoras de los bienes o servicios.

En este contexto, en general, si en los pliegos de condiciones la entidad contratante exige especificaciones técnicas, estas se deberían basar en estándares internacionales, excepto si no cumplieran con los requisitos exigidos o supusieran una carga mayor que los estándares australianos.

Para asegurarse del cumplimiento del estándar, las entidades contratantes deberán realizar consultas razonables basadas en recogida de evidencias de certificaciones relevantes y auditorías periódicas por parte de un asesor independiente. Se debe verificar el cumplimiento del estándar incluido en el contrato durante todo el periodo del mismo.

De igual manera, se señala que es obligación de los responsables de las compras verificar si la compra o la contratación se lleva a cabo considerando la regulación laboral relevante. Esto implica que los compradores podrán solicitar distintos documentos —por ejemplo, una declaración jurada o garantía, informes independientes de auditoría, credenciales de sostenibilidad— antes o después de adjudicar un contrato a los proveedores.

Además de otros criterios, los licitadores deberán tener en cuenta que la compra genere beneficio económico para la economía australiana, cuando dicha compra sea superior a 4 millones de dólares australianos (cerca de 2,9 millones de euros) para bienes y servicios no relacionados con la construcción, y superior a 7,5 millones de dólares (unos 5,4 millones de euros) para servicios de construcción. Se entiende que se producirá un beneficio económico para la economía australiana cuando los bienes y servicios permitan un mejor uso de los recursos australianos que en otro caso estarían infrautilizados o representen un aumento de la productividad.

Lo anterior se aplica en el contexto de acuerdos nacionales e internacionales (incluidos acuerdos de libre comercio) y políticas de contratación pública en las que Australia sea país firmante y, en cualquier caso, el análisis de la existencia o no de beneficio para la economía australiana no podrá discriminar entre proveedores nacionales y extranjeros.

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