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Polonia podrá reintroducir el impuesto a la distribución minorista

Mayo - 2019 | Rzeczpospolita | Comentarios (0)

Polonia ha ganado, en el Tribunal General de la Unión Europea, la disputa contra la Comisión Europea sobre el impuesto a las ventas minoristas, que entró en vigor el 1 de septiembre de 2016 y fue suspendido poco después.

El impuesto a las ventas minoristas fue anunciado por el partido ahora gobernante, Ley y Justicia (PiS), durante su campaña electoral en 2015, como ha recordado el diario Rzeczpospolita. Tras la llegada al Gobierno del PiS, el impuesto entró en vigor el 1 de septiembre de 2016, pero tres semanas después la Comisión Europea (CE) ordenó su suspensión por considerarlo una ayuda de Estado al pequeño comercio frente a las grandes cadenas de tiendas. El Gobierno, por su parte, apeló la decisión ante el Tribunal General de Justicia de la Unión Europea y ha ido suspendiendo la aplicación del impuesto año tras año, hasta la suspensión actual vigente hasta finales de 2019.

El gravamen opera con progresividad y se divide en tres tramos que son: exención del impuesto a todos los comercios y cadenas de tiendas cuyos ingresos no superen los 17 millones de zlotys (aproximadamente 4 millones de euros) al mes; un tipo impositivo del 0,8 % para aquellos comercios que ingresen entre 17 y 170 millones de zlotys (entre 4 y 40 millones de euros) mensuales; y un tipo del 1,4 % para las compañías que superen los 170 millones de zlotys (aproximadamente 40 millones de euros) al mes en sus ingresos.

El pasado 16 de mayo, el Tribunal General de la Unión Europea dictaminó que no consideraba probado que la naturaleza progresiva del nuevo impuesto estuviera encubriendo una ayuda de Estado ilegal para las pequeñas empresas a costa de los grandes distribuidores. Además, procedió a anular la decisión de la CE de suspender la aplicación del impuesto. No obstante, esta es la primera instancia y ahora la CE cuenta con dos meses para apelar el veredicto, lo que parece probable.

Por el momento, el impuesto continúa en suspenso por la enmienda a la ley aprobada por el Gobierno y parece que continuará así hasta que la decisión sea firme y vinculante, lo que puede suceder dentro de dos meses si la CE decide no apelar. En caso de que apele en segunda instancia, la puesta en marcha del impuesto se retrasaría varios meses más.

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