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Brasil presenta riesgo de cierre de servicios en el sector público en 2021

Diciembre - 2020 | Poder 360 | Comentarios (0)

Pese a la aprobación de la Ley de Directrices Presupuestarias (LDO) de 2021 en la Cámara legislativa, la administración pública brasileña puede sufrir falta de recursos para financiarse durante 2021.

El presupuesto brasileño se compone de gastos obligatorios y discrecionales (no obligatorios). El primero tiene que ser ejecutado durante el año, como los pagos de jubilación y otros servicios públicos esenciales, y representa más del 93 % del total.

Tal y como informa el portal Poder 360, según Gabriel Leal de Barros, economista jefe de RPS Capital, el Gobierno tendrá que recortar 26.000 millones de reales (4143 millones de euros) en gastos obligatorios para mantenerse dentro del techo de gasto y evitar el cierre de servicios. Además, calcula que se necesitarán, como mínimo, 120.000 millones de reales (19 124 millones de euros) en gastos discrecionales para evitar el cierre.

En su opinión, o el Gobierno federal debe aprobar medidas que flexibilicen los gastos obligatorios, o habrá un endurecimiento fiscal y dificultad para cumplir con la enmienda constitucional.

Esta Enmienda Constitucional 95 fue aprobada en 2016, durante la administración de Michel Temer, para controlar la trayectoria de la deuda pública. Limitó el crecimiento del gasto a la inflación del país, medida por el Índice Nacional de Precios al Consumidor (IPCA).

Al existir este techo de gasto, la expansión de los gastos obligatorios limita sobremanera el espacio fiscal reservado para los gastos discrecionales, haciendo más rígido el presupuesto del país.
Según de Barros, la salida a esta situación es aprobar reformas estructurales en 2021, como la Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) del Pacto Federativo o el PEC Emergencial. De lo contrario, el techo será sobrepasado.

La falta de respeto al ‘techo de gasto’ es uno de los grandes temores de los operadores del mercado, que ven en las cuentas públicas del país su principal debilidad. El país ha registrado un déficit fiscal desde 2014. Es decir, los gastos vienen superando los ingresos desde esa fecha.

Además, el país ha gastado el 8 % de su PIB (Producto Interior Bruto) para mitigar los efectos de la pandemia del covid-19, aumentando la deuda pública a más del 90 % del PIB.

No obstante, según el experto, es posible avanzar en la agenda de reformas fiscales y mantener las políticas de transferencias de rentas. Calcula que los programas sociales suman 220 000 millones de reales. Teniendo en cuenta las principales transferencias de ingresos del gobierno federal a las familias, actualmente poco articuladas entre sí, habría 100 000 millones de reales disponibles para mejorar la calidad del gasto público.


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