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Costa Rica lanza una licitación para el monitoreo de personas en libertad vigilada

Febrero - 2021 | Oficina Económica y Comercial de España en Panamá | Comentarios (0)

El 2 de febrero se publicó en el Sistema Integrado de Compras Públicas de Costa Rica (SICOP) la licitación Arrendamiento operativo llave en mano de una solución integral de mecanismos electrónicos alternativos al cumplimiento de la privación de libertad (Número de Procedimiento: 2021LI-000001-0006900001) promovida por el Ministerio de Justicia y Paz de Costa Rica.

Con este proceso, se pretende una solución tecnológica integral que incluya elementos de hardware, software, transferencia de conocimiento, procesos y participación de personal por parte del contratista, tanto presencial como remoto. Debe ser ilimitada en la transferencia de datos, sin importar el número de equipos de monitoreo activos durante la ejecución del contrato.

El Pliego de Condiciones, denominado “cartel” en Costa Rica, no fija un precio de referencia total, puesto que el número de equipos de monitoreo contratados es variable, aunque establece un presupuesto unitario de 11,20 dólares estadounidenses + 13 % de IVA (9,26 euros + IVA) por persona monitoreada y día. Además, requiere al oferente desglosar el precio estableciendo un precio total de la solución para el monitoreo de 1900 personas (número aproximado de personas en seguimiento actualmente).

La duración del contrato es de 48 meses desde el día natural siguiente a la fecha en la que el “administrador del contrato notifica al contratista que la solución ofrecida y los dispositivos instalados” funcionan en los términos fijados por el Ministerio de Justicia y Paz en el Pliego de Condiciones y sus documentos anexos.

La fecha límite para la recepción de ofertas es el 29 de abril.

De acuerdo con el tiempo de ejecución y la estimación de personas en seguimiento recogidas en los anexos, el importe total del contrato sería, aproximadamente, de 40 millones de dólares (33 millones de euros). Asimismo, y según recoge el Pliego, el monitoreo electrónico de 2000 personas supone un ahorro anual de casi 20 millones de dólares (16,53 millones de euros), respecto al coste de mantenerlos en prisión.

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