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Panamá regula el régimen de Asociación Público-Privada

Enero - 2020 | La Estrella de Panamá | Comentarios (0)

El pasado 19 de septiembre de 2019 se aprobó la Ley 93, de 19 de septiembre de 2019, (Ley 93) para el régimen de Asociación Público-Privada, la cual estará lista el primer trimestre de 2020 y se espera que ofrezca grandes oportunidades de inversión.

El objetivo es regular el marco institucional y los procesos para el desarrollo de proyectos de inversión bajo la modalidad de Asociación Público-Privada (APP). El fin último de la ley es promover el desarrollo de infraestructuras y servicios públicos en el país, contribuyendo al crecimiento de la economía, a la creación de empleos y a la competitividad, así como a mejorar las condiciones de la vida de la población en general.

Esta legislación es aplicable a casi cualquier tipo de proyecto a excepción de algunos sectores e instituciones considerados clave, estos son:

• El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales
• La Autoridad del Canal de Panamá
• La Caja de Seguro Social
• El Banco Nacional de Panamá
• La Caja de Ahorros
• El Banco de Desarrollo Agropecuario
• El Banco Hipotecario Nacional
• El Instituto de Seguro Agropecuario
• La Superintendencia del Mercado de Valores y la Superintendencia de Bancos de Panamá
• Los Servicios de Seguridad Pública
• Los Servicios de Salud Médica
• Los Servicios de Educación Oficial
• Concesiones de Extracción de Minerales Metálicos

La Ley 93 supone una gran oportunidad para el desarrollo de autopistas de peaje, puertos, aeropuertos y demás infraestructuras.

Estos proyectos serán de iniciativa pública y de un importe mínimo de 15 millones de balboas (unos 13 600 millones de euros), salvo para los municipios.

Existen dos clasificaciones para los proyectos APP:

• Autofinanciadas: aquellas que no necesitan ningún apoyo institucional para generar ingresos y alcanzar una rentabilidad aceptable. La recuperación de la inversión resulta del cobro de tarifas, peajes cuotas o cargos al usuario final del servicio.
• Cofinanciadas: aquellas que, durante el periodo de vigencia del contrato APP o parte de este, necesitan recursos financieros del Estado. Esto se producirá en aquellos casos en los que haya ausencia de pagos por el usuario final o habiéndola, esta sea suficiente para la viabilidad del proyecto.

La aplicación de esta ley y la futura reglamentación supondrá una enorme oportunidad para las empresas. Actualmente se están estudiando 17 proyectos que podrían encajar en esta modalidad, como son la carretera costera (Panamá Oeste) o el corredor norte de David (Chiriquí), por un valor aproximado de 2000 millones de dólares.
 


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