La política económica guatemalteca puede presumir de ortodoxia, estabilidad y prudencia fiscal, así como de un endeudamiento razonable y una disciplina monetaria que mantiene la inflación bajo control.
Estos parámetros han permitido al país alcanzar un crecimiento sólido aunque atemperado en los últimos años. Para 2017 se observa una moderación de los niveles de actividad económica que responde, entre otros factores, a una menor ejecución respecto a la prevista en el gasto público y a la influencia de una serie de factores extraeconómicos que han afectado significativamente a la inversión privada, de manera que el Banco de Guatemala (Banguat) ha revisado a la baja el crecimiento real del PIB, situándolo en el 2,8%. Por su parte, las perspectivas para 2018 anticipan un crecimiento del PIB que podría ubicarse en un rango de entre el 3% y el 3,8%.
A pesar de esos buenos datos, casi el 60% de la población vive en la pobreza. Además, la actividad económica depende en gran medida del vigor de Estados Unidos, origen mayoritario de las imprescindibles remesas.
En el último lustro, el país ha apuntalado su economía mediante una creciente recepción de inversión extranjera directa (IED). Esta superó los 1.200 millones de dólares al año entre 2012 y 2015, pero se quedó en los 1.181 millones durante el pasado ejercicio.
Los principales emisores son Estados Unidos, Colombia, México, Canadá y España. La mayor parte de las operaciones se centran en el sector energético, la industria manufacturera, el comercio, la agricultura y la minería.
El respeto a los inversores extranjeros se encuentra recogido en la propia Constitución de Guatemala, que consagra la igualdad de trato entre nacionales y foráneos, prohibiendo a su vez la penalización fiscal del capital extranjero mediante una tributación múltiple.
Más allá de los principios generales de la Carta Magna, el marco legal de referencia para la IED es la Ley de Inversión Extranjera, que desarrolla el contenido constitucional y proscribe toda forma de discriminación contra el extranjero.
Las expropiaciones por parte del Estado están totalmente prohibidas, y al capital foráneo se le permite participar en cualquier sector lícito de actividad y controlar el porcentaje que estime oportuno de las operaciones.
Otras legislaciones complementarias refuerzan la figura del inversor. Es el caso de la Ley de Alianzas Público-Privadas aplicada al desarrollo de infraestructuras, que establece la justa distribución de los riesgos entre el Estado y el participante privado guatemalteco o extranjero.
Del mismo modo, la Ley de Contrataciones Públicas concede trato nacional a los candidatos foráneos. Sin embargo, en la práctica, las empresas extranjeras que no están afincadas en el país se enfrentan a ciertas dificultades administrativas que complican su acceso a los negocios promovidos por el Estado.
Si bien la normativa es generalmente ventajosa, el Índice de Facilidad para Hacer Negocios del Banco Mundial sitúa a Guatemala en un discreto puesto 97. El país obtiene buenas puntuaciones en materia de obtención de crédito (puesto 20), pero se encuentra en el peor tramo de la clasificación en lo referido a cumplimiento de los contratos (176), protección de inversores minoritarios (170) y resolución de insolvencia (153). Todo ello apunta a un entorno en el que persiste la incertidumbre jurídica.
La legislación guatemalteca ofrece incentivos interesantes. Las empresas ubicadas en las zonas francas del país se benefician de exenciones impositivas y arancelarias a la importación de equipamientos y mercancías, y también de la exoneración total del Impuesto sobre la Renta durante un período máximo de 10 años. Igualmente, están exentas de IVA en las transferencias de mercancías que se realicen entre estos espacios.
También existen atractivos beneficios sectoriales. La Ley de Incentivos para el Desarrollo de Proyectos de Energías Renovables comporta la exención de derechos arancelarios para las importaciones, así como otras ventajas fiscales para este tipo de operaciones.
Por su parte, la normativa vigente en materia de hidrocarburos permite a los inversores en la industria del petróleo y del gas importar los materiales que necesiten sin pagar derechos de aduana u otros gravámenes relacionados. Los sectores de la minería y la agricultura disfrutan de ventajas similares.
Además de los incentivos, las autoridades ponen al servicio de los inversores distintos mecanismos para facilitar los trámites administrativos de acceso al mercado. La principal referencia hasta el momento ha sido la agencia nacional de promoción de la IED, Invest in Guatemala -que proporcionaba información sobre la legislación del país y ayuda en la organización de visitas y el establecimiento de contactos en todas las fases del proyecto-, cuyo relevo será Guatemala Trade & Investment, dependiente del Ministerio de Economía.
Otra iniciativa es PRONACOM, un programa que favorece las alianzas entre el sector público, el privado y la sociedad civil con objeto de impulsar acciones políticas que mejoren la inversión productiva y apoyen la formación de conglomerados competitivos.
Nuestro país figura entre los cinco primeros inversores en Guatemala. Con un monto de 71,7 millones de dólares en 2016, se ha consolidado como el mayor emisor europeo.
La fuerte presencia en este mercado centroamericano es el resultado de un largo proceso que comenzó con las privatizaciones de los servicios públicos guatemaltecos en los años noventa. En el período comprendido entre 1999 y 2016, la cifra de inversión bruta española ascendió, según datos oficiales, a casi 1.000 millones de dólares.
Las operaciones se apoyan en la certidumbre aportada por el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones firmado en 2002, y que entró en vigor en mayo de 2004.
A su vez, la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Guatemala prevé que, con la reciente puesta en marcha del Acuerdo de Asociación UE-Centroamérica, se avanzará hacia un entorno más seguro, transparente y predecible, lo que podría traducirse en un incremento de los flujos de IED.
Las mejores oportunidades para la inversión española se encuentran en los sectores designados como prioritarios por las autoridades guatemaltecas, entre los que se incluyen la agroindustria, la manufactura liviana, el desarrollo de infraestructuras, el turismo o la industria textil.
También es interesante la subcontratación de servicios, con objeto de que las empresas puedan ahorrar costes en sus operaciones cotidianas y, al mismo tiempo, identificar potenciales líneas de negocio en Guatemala.
Otra opción atractiva es utilizar el país centroamericano como base productiva para sectores intensivos en mano de obra. Esto permite no solo incrementar las ventas dentro del mercado nacional, sino sobre todo las destinadas a Estados Unidos, que recientemente ratificó el Tratado de Libre Comercio con Guatemala.
La Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Guatemala está a disposición de las empresas españolas interesadas en este mercado, por lo que es recomendable que se contacte directamente para consultar cualquier información general o sectorial más detallada y actualizada (guatemala@comercio.mineco.es).
PABLO DÍEZ
Guía País. Guatemala
Ed. Ofecomes Guatemala, octubre 2017, 35 págs., en español
Informe Económico y Comercial. Guatemala
Ed. Ofecomes Guatemala, octubre 2017, 52 págs., en español
Country Report. Guatemala
Ed. The Economist Intelligence Unit (EIU), noviembre 2017, 34 págs., en inglés
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