11/11/2019

El Gobierno griego espera aprovechar las ayudas de los programas europeos para desarrollar sus infraestructuras de tratamiento de aguas y de residuos según los estándares internacionales. Esto permitirá mejorar la situación del sector y ya ofrece nuevas oportunidades a las firmas extranjeras.

La recesión que vivió Grecia desde finales de la década pasada hasta 2016 provocó un grave impacto en la actividad económica del país y en la vida de sus cerca de 11 millones de habitantes.

Algunos efectos todavía persisten y tienen un claro reflejo en el desempeño de algunos de sus indicadores macroeconómicos, como en la elevada tasa de paro, que se situó en el 17% en junio pasado, o en la gran descompensación existente en la balanza de pagos.

Esta crisis provocó que la Unión Europea concediese hasta 3 programas de asistencia financiera a Grecia entre 2010 y 2018 con el objetivo de corregir sus desequilibrios macroeconómicos.

Por otro lado, es la principal beneficiaria, en proporción al PIB, del Plan Juncker (programa europeo para fomentar la inversión pública y privada en los países miembros), con 19 grandes proyectos de infraestructuras e innovación considerados como vitales para el desarrollo del país y aprobados hasta 2020.

En particular, hasta septiembre de 2019, la financiación conjunta recibida del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (EFSI) y el BEI asciende a 5.000 millones de euros, lo que se espera que desencadene financiación adicional por un importe de 19.400 millones de euros.

Por su parte, la mejora en la liquidez del sector bancario permitió al Gobierno griego suprimir por completo los controles de capital impuestos al país en 2015 para garantizar la estabilidad financiera.

Tanto estos apoyos como los esfuerzos realizados por el Gobierno están contribuyendo a mejorar los resultados de la economía griega, que crece a tasas positivas desde 2017 (1,4% en 2017 y 1,9% en 2018) y, según los pronósticos del FMI, podría crecer en el entorno del 2% en 2019 y 2020.

Diferentes velocidades

Como no podía ser de otro modo, la situación económica también ha tenido un claro impacto en la evolución reciente del sector de las infraestructuras dedicadas al tratamiento de aguas y de residuos.

Así, durante los últimos años se han producido continuos retrasos de proyectos, cancelaciones de licitaciones adjudicadas y postergaciones de las inversiones en esta actividad.

No obstante, el grado actual de desarrollo varía según el segmento. Las infraestructuras destinadas al tratamiento de aguas, que engloban los proyectos de gestión, aguas residuales (saneamiento y plantas de tratamiento) y desalinización, se encuentran en una situación equiparable a la de los países europeos más avanzados.

En esta descripción, habría que añadir dos factores que caracterizan de forma particular a este subsector: la relevancia de la industria turística y el impacto de su estacionalidad y la existencia de numerosas islas en el país, que ha animado a que el número de instalaciones sea mayor.

El Plan Juncker ha dedicado 38 millones de euros para mejorar los sistemas de tratamiento de aguas en la región de Ática, que conlleva la construcción de una red de alcantarillado de casi 100 km y la instalación de plantas de tratamiento de aguas residuales en las ciudades de Paiania y Koropi.

También hay proyectadas licitaciones más modestas para el tratamiento de los recursos hídricos en varias regiones del país y para el abastecimiento de algunas islas.

Graves problemas

La situación en el segmento del tratamiento de residuos sólidos urbanos (RSU) es muy diferente. Grecia está aquí lejos de alcanzar los estándares europeos, especialmente en lo referido a su gestión y reciclaje, lo que ha provocado multas de la UE superiores a los 20 millones de euros anuales.

Existen graves problemas relacionados con la gestión de los numerosos vertederos descontrolados del país. Según datos de Eurostat, en 2016 más del 80% de los desechos generados acababan entonces en vertederos, frente a, por ejemplo, cerca del 50% registrado en España.

De los más de 5.300 millones de toneladas de basura creadas, apenas se reciclaba el 19%, en comparación con el 40% de la media europea. Igualmente, los niveles de recuperación de residuos son muy inferiores al promedio europeo, del 17% frente al 46%.

Un ejemplo concreto de esta mala situación lo encontramos en el vertedero de la región de Ática, situado entre los montes Egaleo y Parnitha, que está al límite de su capacidad y se cerrará en 2020; o en la península del Peloponeso, que concentra casi la mitad de los vertederos ilegales del país.

Mecanismos de acceso

La demanda en Grecia la conforma, fundamentalmente, un sector público que está inmerso en un polémico y trabado proceso de privatización de algunos de sus activos, como en los casos de las empresas de suministro y saneamiento de agua de Atenas (EYDAP) y de Tesalónica (EYATH).

La participación en proyectos de infraestructuras se realiza mediante licitaciones, que pueden seguirse a través del Ministerio de Medio Ambiente, Energía y Cambio Climático, a las que habitualmente se presentan consorcios o uniones temporales de empresas entre firmas locales y extranjeras. De hecho, las dos vías básicas de acceso al mercado son mediante concursos, de nueva publicación o reconvocados, o a través de la subcontratación por parte de los consorcios ganadores.

Las carencias de la Administración griega a la hora de modernizar por sí sola sus infraestructuras, especialmente en el tratamiento de residuos, han animado a esta a incentivar la competencia y a atraer a compañías foráneas que actúen como socios en los proyectos.

Sin embargo, la competencia sigue configurada fundamentalmente por las constructoras locales Ellaktor, Terna y J&P Avax, así como por otras firmas que cotizan en bolsa como son Intracom Constructions, METKA  y Copelouzos Group.

Barreras e incentivos

A pesar de los esfuerzos realizados en materia legislativa para agilizar y dotar de una mayor transparencia a la ejecución de las inversiones, como la promulgación de la Ley Fast Track en 2010, la burocracia y la complejidad legal permanecen como importantes obstáculos para que estas se materialicen.

La dura competencia en la fase de licitaciones puede suponer también la presentación de recursos entre los candidatos o en contra del propio procedimiento. La mayoría se solucionan vía judicial, lo que en Grecia supone importantes retrasos en los proyectos.

Asimismo, la situación económica griega ha dificultado el acceso a la financiación e, incluso, las altas exigencias de los proyectos pueden sobrepasar el valor del contrato en algunos casos. Además, los retrasos en los pagos son también habituales en algunos proyectos públicos.

Consciente de esta realidad, el Gobierno heleno ha dado pasos para solucionar esos problemas y ha desarrollado igualmente diferentes leyes para fomentar la llegada de inversión extranjera directa (IED) al país.

Así, el anterior ejecutivo promulgó la Ley 4399/2016, aplicable al período 2016-2020, que busca garantizar un desarrollo equilibrado de los recursos naturales y las áreas más desfavorecidas, un avance tecnológico de calidad y atraer inversión extranjera directa.

En los últimos años se han puesto en funcionamiento una serie de incentivos a la IED, que incluyen medidas como desgravaciones fiscales, subvenciones o créditos blandos.

Por otro lado, el nuevo Gobierno griego, constituido tras las elecciones generales de julio de 2019, ha establecido como una de sus principales prioridades la atracción de IED. A este respecto, está en preparación una nueva ‘ley de desarrollo’ que introducirá nuevos incentivos para fomentar y facilitar este tipo de inversión (por ejemplo, la simplificación de los trámites de concesión de licencias).

De esta manera, la consolidación de un panorama más favorable a la llegada de empresas extranjeras especializadas abre aún más un nicho de mercado complejo, pero con amplias posibilidades de crecimiento.

Oportunidades crecientes

El nuevo Gobierno griego se ha fijado como objetivo explícito solucionar el problema de la gestión de residuos, pasando de una tasa de reciclaje del 19% actual al 30% en cuatro años, y al 50% en 10 años. Se ha establecido como prioridad la actualización del plan nacional de gestión de residuos, de tal manera que se pueda contar con objetivos factibles y medibles para períodos de cuatro años.

También se prevé impulsar la colaboración público-privada (PPP) para que sea esta la fórmula que elijan las autoridades regionales y municipales (responsables de los proyectos en este ámbito) a la hora de promoverlos.

Actualmente funcionan tres plantas de gestión de residuos bajo la fórmula PPP en Grecia (región de Épiro, Serres y Macedonia Occidental), con una más en construcción en la zona de Ilia.

Por otro lado, se están construyendo otras plantas con el método tradicional de obra pública en Alexandroupoli, Fokida y Thiva. Además, está prevista la construcción de 12 nuevas plantas y hay hasta 40 proyectos relacionados con la gestión de residuos en proceso de licitación o en la fase final de estudios.

Por tanto, se espera que sigan produciéndose oportunidades de negocio para las firmas extranjeras tanto en proyectos de construcción o instalación de plantas de gestión de residuos de tamaño relativamente grande (por ejemplo, las de las regiones de Kavala, Macedonia Central o la isla de Corfú), como a través de contratos de servicios auxiliares de las obras ya adjudicadas.

La UE ha destinado además fondos valorados en 150 millones de euros para el tratamiento de residuos en la región de Ática, que aglutina el 35% de la población nacional y genera el 40% de los residuos del país. Los recursos servirán para construir centrales de gestión de desechos domésticos en Grammatiko y Schisto y para ampliar el complejo de reciclaje y compostaje de Fyli, así como la terminal de Hydra. Con estas medidas se pretende reducir el volumen de residuos del vertedero de Fyli, que pasaría de los 1,7 millones de toneladas actuales a 1,1 millones.

Cabe recordar igualmente que el Marco Estratégico Nacional de Referencia (MENR) 2014-2020 establece la mejora del sector en el país como destino prioritario de fondos europeos en Grecia. En este sentido, el nuevo secretario general para la Gestión de Residuos del Ministerio de Medio Ambiente y Energía griego, Manolis Grafakis, señaló recientemente la necesidad de contratar proyectos por importe de 940 millones de euros durante el próximo año y medio, a riesgo de perder fondos europeos destinados a ello en el actual período de programación 2014-2020 (de los cuales, 700 millones de euros procedentes del MENR).

Dada la buena imagen del sector de las infraestructuras español en el exterior, nuestras empresas disponen de una excelente carta de presentación para acceder a un mercado en el que los proyectos ya realizados cuentan con una valoración positiva.

Un ejemplo reciente de ello es la participación de la firma ilicitana Greene en la iniciativa Waste2Power para generar energía a partir de los lodos de la planta de depuración de aguas ubicada en la ciudad cretense de Rethymno.
R.V.B. / JAVIER GARCÍA CUESTA

Documentación

Ficha País. Grecia 
Ed. Oficina de Información Diplomática, febrero 2019, 12 págs., en español

El mercado de las infraestructuras de agua y residuos en Grecia
Ofecomes Atenas, ed. ICEX, mayo 2018, 25 págs., en español

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