La tercera economía del mundo tuvo que hacer frente a principios de esta década a una delicada situación derivada del impacto de la crisis, que afectó especialmente a un país que ya mostraba claros síntomas de estancamiento, y de las trágicas consecuencias del terremoto de 2011 y del posterior accidente nuclear en Fukushima. Con la llegada al Gobierno de Shinzo Abe en 2012 se puso en marcha una ambiciosa estrategia destinada a revertir la parálisis económica y convertir a Japón en “el mejor país para los negocios”.
Conocida como Abenomics, esta iniciativa identificó tres ejes, o “flechas”, de actuación, dirigidos a alcanzar un crecimiento anual del 2%: una política monetaria expansiva destinada a lograr una inflación del 2%; una política fiscal flexible capaz de lograr el equilibrio; y una serie de reformas estructurales enfocadas a mejorar la tasa de crecimiento.
El dinamismo económico de Japón ha mejorado notablemente desde entonces, aunque sigue lastrado por algunos problemas estructurales y por las tensiones comerciales existentes en el panorama internacional; las últimas estimaciones calculan que su PIB crecerá unas décimas por encima del 0,8% registrado en 2018, pero por debajo del 1,9% alcanzado en 2017.
Japón ofrece un mercado de más de 126 millones de habitantes con un elevado poder adquisitivo y muy cualificados, que disfrutan de unas excelentes infraestructuras de comunicación y transporte. Dispone, igualmente, de un tejido industrial en expansión con un alto componente tecnológico e innovador en ramas como la salud, la electrónica o las telecomunicaciones, y se prepara con entusiasmo para la celebración de los próximos Juegos Olímpicos en Tokio.
No obstante, también presenta ciertos obstáculos para la actividad empresarial, como los relacionados con los costes, la cultura de negocios o la excesiva regulación, que explican su posición 39 en el informe “Doing Business 2019” del Banco Mundial sobre la facilidad para hacer negocios.
En este contexto, el Gobierno ha realizado importantes esfuerzos para crear un mercado más abierto, capaz de atraer un mayor interés de las empresas foráneas y así alcanzar el objetivo fijado de contar con una inversión extranjera directa (IED) acumulada de 35 billones de yenes, unos 290.000 millones de euros, para 2020.
Según los últimos datos publicados por la institución japonesa encargada de fomentar el comercio exterior y las inversiones, JETRO, este país captó 25.885 millones de dólares de IED en 2018, alrededor de un 25% más que en el ejercicio anterior. Esta se dirigió, principalmente, hacia las actividades manufactureras con un elevado valor añadido y los servicios financieros, y procedió, en su mayor parte, de Europa, Estados Unidos y las Islas Caimán.
Por otro lado, la IED acumulada a finales de ese año llegaba hasta los 278.000 millones de dólares, de los que cerca de la mitad correspondía a la UE, con los Países Bajos, con 41.897 millones de dólares, y Francia, con más de 34.000 millones de dólares, a la cabeza. No obstante, Estados Unidos se situó como el país más destacado, con cerca de 59.150 millones de dólares.
Los proyectos de IED pueden acceder en Japón a prácticamente todos los sectores, si bien existen ciertas limitaciones o particularidades como notificaciones previas aplicables a aquellos considerados especialmente sensibles, relacionados con la agricultura, el sector financiero o los servicios públicos básicos. Igualmente, no existen restricciones aplicables a la propiedad inmobiliaria por parte de extranjeros, pero sí es necesario notificar en algunos casos su adquisición al Ministerio de Finanzas.
No obstante, y tal y como destacan desde Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio, “los criterios para interpretar la legislación en materia de inversiones pueden ser estrictos”, especialmente en aquellos ámbitos esenciales para el interés nacional.
Aunque no existan a escala nacional incentivos fiscales establecidos expresamente para captar inversiones foráneas, sí hay una serie de iniciativas que implican deducciones para todas las empresas y diversos incentivos a las firmas extranjeras que trabajen en los campos de la I+D, promuevan la competitividad de las pymes locales, deseen establecerse fuera del área metropolitana de la capital o se dirijan hacia zonas consideradas estratégicas para el desarrollo del país.
Además, también se han adoptado medidas para mejorar el entorno empresarial en general, entre las que destacan el establecimiento de un nuevo registro de empresas en 24 horas o la reducción de los costes administrativos.
Por otra parte, el Gobierno japonés aprobó en 2018 un programa de apoyo a la IED con el objetivo de revitalizar el atractivo de las diferentes regiones mediante la aplicación de varias medidas: asesoramiento en la elaboración de planes de actuación; ayuda en la conexión de las empresas extranjeras con las locales; apoyo en el empleo efectivo de las políticas de los distintos organismos públicos implicados; y asesoramiento sobre la normativa existente y los distintos procedimientos administrativos.
De acuerdo con los últimos datos ofrecidos por JETRO, el papel inversor de nuestras empresas en Japón es notablemente inferior al de sus firmas en España, con cerca de 6.700 millones de euros de inversión directa acumulada, pues el stock de la IED española ascendía a 273 millones de dólares a finales de 2018.
Las compañías españolas más activas en el país asiático son las correspondientes a los sectores del comercio minorista, la automoción y las energías renovables. Precisamente, esta última actividad se ha convertido en una de las prioridades del Gobierno, tal y como queda reflejado en el quinto Plan Básico de Energía.
Este país necesita solucionar los problemas derivados de la gestión de residuos radiactivos, aumentar su independencia energética y cumplir con los compromisos de reducción de emisiones, por lo que es muy probable que se abran nuevas oportunidades de negocio en la generación no convencional, especialmente en todo lo relacionado con el hidrógeno.
Además, otros ámbitos de trabajo de interés para nuestras empresas son el sistema de franquicias, que cuenta con un amplio desarrollo en el país, la contratación pública, que suele requerir un buen conocimiento del mercado y presencia física, y, sobre todo, la cooperación industrial en terceros mercados en campos como la energía, las infraestructuras o el tratamiento de aguas.
En este punto, hay que recordar que este país asiático es uno de los principales donantes mundiales y dispone de un amplio entramado de instituciones financieras capaces de ofrecer asistencia a las compañías asociadas con las firmas locales.
También se espera que la reciente firma del Acuerdo de Asociación Económica entre la UE y Japón, que abarca un área que supone más del 25% del PIB mundial, sirva tanto para estrechar los lazos comerciales entre las dos partes como para facilitar y fomentar los flujos de inversión en ambos sentidos.
Por último, hay que recordar que las filiales de las empresas foráneas están sujetas al mismo sistema tributario que las locales y que, entre otros acuerdos, existe desde 1974 un Convenio para Evitar la Doble Imposición entre España y Japón, aunque ya ha sido firmado otro nuevo en 2018 que todavía se encuentra en fase de tramitación.
JAVIER GARCÍA CUESTA
Guía de negocios. Japón
Ed. Ofecomes Tokio, junio 2019, 42 págs., en español
Informe económico y comercial. Japón
Ed. Ofecomes Tokio, junio 2019, 44 págs., en español
Guía país. Japón
Ed. Ofecomes Tokio, abril 2019, 42 págs., en español
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