Arabia Saudí no ha sido una excepción, según detalla en su informe sobre presupuesto de 2021 emitido por el Ministerio de Finanzas saudí, y en los últimos años se ha visto obligada a recurrir a financiación adicional en forma de reservas, activos de sus fondo soberano o deuda pública. Desde 2015 a 2019, la deuda pública pasó del 5,8 % al 22,8 % del Producto Interior Bruto (PIB). En 2020 la situación provocada por la pandemia del covid-19, hizo que el Gobierno se viera obligado a subir el límite legal de deuda para llegar al 34,3 % sobre el PIB. Las reservas, por su parte, han pasado de 470.000 millones de riales (103 170 millones de euros) a los 280.000 millones de riales (61 463 millones de riales) presupuestados en 2021.

Esta situación podría agravarse si se concretara un escenario de baja demanda de petróleo con un precio de 40 dólares por barril. Bajo este supuesto, se estima que la pérdida de ingresos de Arabia Saudí podría llegar a los 100 000 millones de dólares anuales, lo que es especialmente relevante en una economía en la que el 65 % de sus ingresos en 2019 fueron generados por hidrocarburos.

Según el Fondo Monetario Internacional, de mantenerse la situación fiscal actual, el Golfo perdería su riqueza financiera en 15 años, convirtiéndose en deudor neto en 2034, lo que hace imprescindible una disciplina fiscal considerable. En este sentido, el reino saudí ha implementado medidas destinadas a aumentar la recaudación del Estado y a reducir los gastos. Para conseguirlo, en el último año se ha subido el tipo del impuesto del valor añadido, se han incrementado los de los derechos arancelarios y se ha creado un impuesto sobre las transacciones inmobiliarias. También se ha recortado el gasto estatal mediante la supresión de ciertos subsidios.

Además, en el marco de la Saudi Vision 2030 se están haciendo esfuerzos por diversificar la economía. Sin embargo, existe un problema fundamental: la falta de liquidez para acometer las inversiones proyectadas, según se detallaba en el programa de inversiones del Fondo de Inversión Pública (PIF) para los próximos 5 años. No obstante, sabemos que el PIF no cuenta con los recursos necesarios para acometerlo y que, en un escenario de ajuste fiscal, no parece probable que el PIF consiga la liquidez necesaria a través de los mercados internacionales de deuda.

Es en este punto cuando se evidencia la importancia de la Inversión Extranjera Directa (IED) en este proceso de diversificación, especialmente en los sectores de telecomunicaciones, transformación digital, turismo, infraestructura y logística, según el informe Word Investment Report, emitido por la UNCTAD, sobre la IED. En los últimos años se han hecho esfuerzos para incentivar la llegada de IED como los programas de privatizaciones y la apertura de sectores a propiedad 100 % extranjera. Sin embargo, la IED no está llegando en los volúmenes requeridos. Los flujos de inversión extranjera directa en 2018 y 2019 fueron de 4247 y 4562 millones de dólares respectivamente, muy lejos de los 8141 millones de 2015 y muy lejos también de los 13 787 millones de dólares atraídos por Emiratos Árabes en 2019.

En definitiva, la situación fiscal de la economía saudí es delicada. En un escenario previsible de crecimiento limitado de la demanda global de petróleo, es imprescindible llevar a cabo el proceso de diversificación de la economía saudí, para lo que es imprescindible la IED. Sin embargo, anuncios como la decisión de prohibir la contratación pública con empresas que tengan sus sedes regionales establecidas en otro país del Golfo a partir de 2024, no ayudan a generar un clima de confianza.