En el sultanato de Omán, la ley concursal promulgada por el Real Decreto 53/2019 entra en vigor el día 7 de julio de 2020, en un momento de crisis importante provocada por el Covid-19 y por el desplome del precio del petróleo. En esta situación de desaceleración económica mundial, el impago o la quiebra de empresas es algo inevitable. La existencia de una regulación de este tipo, garantiza una mayor seguridad jurídica para los empresarios que lo necesiten y un marco legal que permite salvaguardar los intereses de todas las partes.
La ley de quiebras se encuentra ya presente en muchos países del Consejo de Cooperación del Golfo. En Emiratos Árabes Unidos, fue aprobada en septiembre de 2016 y en 2018, fueron Bahréin y Arabia Saudí los que promulgaron dicha legislación.
Esta nueva regulación establece medidas concretas para las empresas en dificultades. Su contenido es especialmente de carácter preventivo y facilita posibles reestructuraciones para dar continuidad a la actividad empresarial. Esto es una garantía para los inversores, sobre todo para los extranjeros.
El objetivo principal es evitar el cierre total de las empresas, posibilitando la reestructuración de las deudas, la liquidación con deudores, y en última instancia, facilita el proceso concursal, si es necesario. Para ello, un juzgado encargará a un administrador la supervisión de todo el proceso, como si de una liquidación se tratara, aunque ésta sería la última opción. Este supervisor analizará la operación y estudiará las posibilidades de reestructuración. Si finalmente no es viable, el juzgado declarará la bancarrota.
Cuando analizamos los pros y los contras de este proceso, nos encontramos que las mayores desventajas son:
1. Dependiendo de la estructura societaria, el propietario de la empresa podría llegar a responder con patrimonio personal ante sus acreedores.
2. Un concurso de acreedores podría suponer un empeoramiento del rating crediticio futuro.
3. Si se declara la bancarrota, el propietario del negocio podría encontrarse con dificultades para conseguir nuevas líneas de créditos.
4. Además, los precios de los seguros podrían incrementar.
Por otro lado, esta nueva ley permitirá que más negocios sigan en funcionamiento y protegerá a los dueños frente a sus acreedores. Además, limitará el derecho de éstos, a los desahucios y al corte de suministros.
