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El informe ‘La aportación de la mujer en la economía española’ constata que las mujeres representan el 51,8% del PIB de nuestro país.
La patronal de las pequeñas y medianas empresas catalanas PIMEC reclama que los fondos europeos lleguen con mirada de género y pide medidas de igualdad en el ámbito de la Unión Europea a tenor de las conclusiones del informe ‘La aportación de la mujer en la economía española’, que constata que las mujeres aportan más de la mitad del PIB en nuestro país.
Así, el presidente de dicha patronal, Antoni Cañete, lamenta la existencia de "problemas de equidad en el reparto de ayudas y apoyos, dejando muchas veces al margen sectores con una importante presencia femenina”. Y añade que “solo el 35% de las mujeres llega a lugares de dirección y sufren una discriminación sectorial, predominando en el sector servicios”, hecho por el que ha pedido trabajar en la orientación y políticas públicas ambiciosas para fomentar la inserción de la mujer en sectores como el industrial.
El estudio revela que las causas de estas desigualdades son el resultado de una actividad profundamente segmentada desde un punto de vista sectorial o industrial. También se destaca la omisión de un conjunto importante de horas de trabajo en la contabilización de la actividad económica general, básicamente relacionadas con el tiempo de trabajo no remunerado y, por tanto, realizado principalmente por mujeres.
Los datos disponibles para España que se mencionan en ‘La aportación de la mujer en la economía española’ afirman que “las féminas siguen asumiendo buena parte de la responsabilidad de las tareas domésticas y de cuidado, lo que implica una sustancial carga de trabajo no remunerado. A su vez, esta mayor carga tiene importantes derivadas en el tipo de empleo que ellas pueden escoger, así como las condiciones en las que este se desarrolla”.
Por su parte, Maria Teixidor, presidenta de la Comisión Mujer y Empresa de PIMEC, considera necesario que ayudas como los fondos europeos Next Generation incluyan financiación específica para la igualdad de género, requisitos e indicadores explícitos para alcanzarla, y garantizar una gestión equilibrada e igualitaria de las políticas socioeconómicas.