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En el marco de la COP28, la organización ha publicado un informe que señala a las mujeres como las más afectadas por el calentamiento global.
La crisis del clima que afecta a nuestro planeta puede provocar que 158 millones más de mujeres y niñas sean pobres, y que 236 millones más se enfrenten a la inseguridad alimentaria en 2050. Es la principal conclusión que se extrae del nuevo informe de ONU Mujeres titulado “Justicia climática feminista: un marco para la acción”, presentado durante la última Conferencia del Clima COP28 en Dubái.
Según afirma este estudio, la crisis climática está aumentando los conflictos y la migración, así como el discurso político de exclusión y antiderechos dirigido a las mujeres, los refugiados y otros grupos vulnerables. Y en este entorno, ONU Mujeres, a través de su directora ejecutiva adjunta, Sarah Hendriks, señala la necesidad de que las sociedades dejen atrás “una economía extractiva y contaminante e integren los derechos de las mujeres en todos los aspectos de la política climática y financiera”. Así, la organización reclama una “justicia climática feminista” basada en cuatro áreas de acción.
La primera de estas áreas se centra en el reconocimiento de los derechos de las mujeres, porque afecta a su resiliencia frente al cambio climático y a cómo aprovechar el conocimiento femenino de cualquier edad y parte del mundo, incluyendo sectores no pagados como el de los cuidados, para que las políticas se adapten a las exigencias que marca el clima.
El segundo ámbito de acción tiene que ver con la redistribución de recursos económicos y la priorización de la perspectiva de género en los procesos de transición ecológica. El informe habla de iniciativas políticas que favorezcan la remuneración justa de las mujeres en sectores tradicionalmente presentes, como el de los cuidados, y da el ejemplo de los programas de alimentación en las escuelas, que pueden ser sustentados por negocios de agricultoras rurales.
El tercer sector de aplicación de medidas habla de la baja representación política. Según la investigación de ONU Mujeres, la participación femenina en los parlamentos se asocia a políticas medioambientales más fuertes, pero ellas solo ocupan una quinta parte de los puestos de decisión y un 15% de los ministerios “verdes”. También la intervención de las mujeres ha sido irregular en las Conferencias del Clima celebradas estos últimos diez años. Mientras que las delegaciones nacionales han subido del 30 al 35% su nivel de presencia femenina, las misiones encabezadas por mujeres han permanecido en el 20%.
La última área de acción habla de la reparación de los desequilibrios e injusticias históricas, donde los países del norte planetario, causantes del 92% de las emisiones de C02 desde 1850, paguen su deuda climática con los países más vulnerables priorizando la perspectiva de género, ya que solo el 3% de las ayudas para el desarrollo medioambiental tienen en cuenta estos criterios. “Aunque las mujeres son las más afectadas, sus organizaciones se están viendo privadas de la financiación que necesitan para realizar su trabajo vital en la primera línea frente al cambio climático. Esto tiene que cambiar”, afirma Laura Turquet, experta en políticas de ONU Mujeres y autora principal del informe.