Page 120 - Guía Legal de compliance Colombia

120 8. Compliance de derecho de la competencia
Prácticas restrictivas de la competencia
El derecho de la competencia busca proteger la libre competencia en los merca- dos y el interés de los consumidores, mediante la prohibición de conductas que tienden a distorsionar artificialmente la estructura del mercado impidiendo su desarrollo en un entorno competitivo libre y natural. Lo que se busca, por medio del derecho de la competencia, es que (i) el mercado se comporte de la manera más libre y eficiente posible, (ii) se regule la concentración de poder económico en beneficio de la competencia y (iii) se proteja el bienestar del consumidor.
Resumen de la normativa española en materia de prácticas restrictivas de la competencia
En España la normativa de defensa de la competencia está compuesta prin- cipalmente por las siguientes normas: (i) Ley 15/2007 de Defensa de la Com- petencia (“LDC”) especialmente los artículos 1 y 2; y (ii) el Tratado de Funcio- namiento de la Unión Europea (“TFUE”) en sus artículos 101 y 102 prohíbe esencialmente las mismas conductas que los artículos 1 y 2 de la LDC cuando son susceptibles de afectar al comercio intracomunitario.
La LDC prohíbe:
los acuerdos, decisiones o recomendaciones colectivas, o prácticas concer- tadas o conscientemente paralelas como por ejemplo, la fijación, de forma directa o indirecta, de precios o de otras condiciones comerciales o de ser- vicio; la limitación o el control de la producción, la distribución, el desarrollo técnico o las inversiones; el reparto del mercado o de las fuentes de apro- visionamiento; la aplicación, en las relaciones comerciales o de servicio, de condiciones desiguales para prestaciones equivalentes que coloquen a unos competidores en situación desventajosa frente a otros; o la subordinación de la celebración de contratos a la aceptación de prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o con arreglo a los usos de comercio, no guarden relación con el objeto de tales contratos; y
los abusos de posición dominante, entre ellos la imposición, de forma di- recta o indirecta, de precios u otras condiciones comerciales o de servicios no equitativos; la limitación de la producción, la distribución o el desarrollo técnico en perjuicio injustificado de las empresas o de los consumidores; la negativa injustificada a satisfacer las demandas de compra de productos o de prestación de servicios; la aplicación, en las relaciones comerciales o de servicios, de condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, que coloquen a unos competidores en situación desventajosa frente a otros, o la subordinación de la celebración de contratos a la aceptación de presta- ciones suplementarias que, por su naturaleza o con arreglo a los usos de comercio, no guarden relación con el objeto de dichos contratos.