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Estados Unidos ha anunciado nuevas medidas comerciales contra Nicaragua tras una investigación realizada al amparo de la Sección 301 de la Ley de Comercio. La investigación concluye que existen abusos laborales, vulneraciones de derechos humanos y un deterioro del estado de derecho en el país. A partir del 1 de enero de 2026, las importaciones procedentes de Nicaragua que no cumplan las reglas de origen del acuerdo CAFTA-DR estarán sujetas a un nuevo esquema arancelario progresivo: 0 % en 2026, 10 % en 2027 y 15 % en 2028, arancel que se acumulará a otros gravámenes ya existentes. La medida busca dar margen a las empresas estadounidenses para ajustar sus cadenas de suministro si no se producen mejoras en el país.
Para las empresas españolas, la medida introduce mayor incertidumbre en operaciones que utilicen Nicaragua como base productiva o de aprovisionamiento, especialmente en sectores intensivos en mano de obra. A corto plazo, el arancel cero en 2026 limita el impacto inmediato, pero el calendario de aumentos puede afectar a la competitividad de productos nicaragüenses frente a otros orígenes de Centroamérica o terceros países. Al mismo tiempo, estas medidas pueden abrir oportunidades de relocalización o diversificación hacia otros mercados de la región que mantengan un acceso preferencial y estable al mercado estadounidense.