Castilla la Mancha

El 27 de diciembre de 2024, el Gobierno de Castilla-La Mancha aprobó un decreto que regula la gestión de estiércoles de explotaciones porcinas, poniendo fin a la moratoria de dos años que impedía la instalación de nuevas macrogranjas de porcino y la ampliación de las existentes. Esta medida, que se había establecido en enero de 2022 como parte de la Ley de Economía Circular, surge con el objetivo de cumplir con la legislación europea sobre emisiones y cría intensiva de cerdos.

El nuevo decreto impone estrictas medidas ambientales, como la obligación de que los sistemas de almacenamiento de purines y estercoleros se ubiquen a más de 2 000 metros de zonas urbanas y la prohibición del vertido directo de purines sin tratamiento previo. Además, establece técnicas específicas para reducir las emisiones de amoníaco y nitrógeno en las granjas. Según el Gobierno regional, la normativa busca equilibrar el desarrollo del sector porcino, con una mayor protección ambiental y de la calidad de vida de los vecinos rurales.

En cuanto a la exportación de carne de porcino, en 2023, España alcanzó un valor de 6 300 millones de euros, con Castilla-La Mancha representando el 4% de esta cifra. Mientras que las exportaciones españolas de carne de porcino se han duplicado entre 2016 y 2023, las de Castilla-La Mancha han experimentado un aumento más suave del 55%, alcanzando los 254 millones de euros, con una disminución en el número de empresas exportadoras en los últimos años. Entre los principales mercados de destino de las exportaciones destacan Japón donde 28 de los 159 establecimientos españoles autorizados pertenecen a esta comunidad y, en contraste China, donde las ventas han disminuido tras un auge entre 2019 y 2021 debido a la peste porcina. En general, las cifras reflejan un sector en transformación con desafíos ambientales y de sostenibilidad.