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Según informa The Irish Times, el coste de la construcción comercial seguirá subiendo en Irlanda durante este año tras un aumento del 13 % en 2021.
La volatilidad de los precios de los aislantes, el cemento, las placas de yeso, los metales y el combustible es la causante principal de esta inflación. Además, también ha sido determinante el incremento del precio de la energía, provocada en gran medida por la invasión de Ucrania.
Se trata de una situación estrechamente ligada al sector doméstico, que también se verá gravemente afectado. Desde Electric Ireland, la empresa de servicios públicos irlandesa que suministra electricidad y gas a clientes comerciales y residenciales en el país, se ha anunciado un aumento de los precios de la electricidad residencial y del gas en un 23,4 % y en un 24,8 %, respectivamente, a partir del 1 de mayo de 2022.
Según las cifras publicadas por la Sociedad de Agrimensores Colegiados de Irlanda, la inflación de la construcción alcanzó ya el 8,4 % el primer semestre de 2021, antes de dar un nuevo salto en los últimos seis meses. Asimismo, se observa que en 2020 los precios aumentaron a un ritmo mucho más lento, cuando el Gobierno irlandés cerró las obras durante 10 semanas en el país. Por ejemplo, un edificio que hubiera costado 1,6 millones de euros en diciembre de 2020, habría costado 1,82 millones de euros a finales del año pasado. En este contexto, la Autoridad Sostenible de Irlanda ha publicado métricas de competitividad de los costes energéticos.
En cuanto a las previsiones a futuro, en lo que respecta al 2022, el pronóstico es poco alentador, ya que los peritos creen que los precios seguirán aumentando. Kevin Brady, presidente del Grupo de Aparejadores de la Sociedad, explica que la escasez de mano de obra y la elevada demanda de construcción contribuyen a la inflación, una situación que se arrastra desde la crisis de la COVID-19. Brady señaló que los costes laborales aumentaron a partir del 1 de febrero, cuando entraron en vigor las nuevas tarifas salariales mínimas fijadas mediante órdenes de empleo sectoriales legalmente vinculantes. Ante esta situación, dijo que los constructores se centraron en la gestión de los riesgos y en garantizar que los contratos ofrecieran protección contra la inflación. Además, algunos contratistas estaban retrasando los trabajos o seleccionando aquellos en los que los clientes asumían el riesgo de inflación, pero que esto pasaba especialmente en el sector privado. Por ello, se pide desde el Grupo de Aparejadores que el Gobierno tome medidas para proteger de la inflación a los contratistas que trabajan en proyectos de construcción financiados por el Estado. De esta forma se mitigarían muchos riesgos.
A pesar de esta situación, Irlanda, es un país comprometido en el bienestar de su sociedad en materia energética. La hoja de ruta establecida en Libro Blanco del Gobierno un marco político que trata de regular esta situación y de que se lleve a cabo una transición energética justa.
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