Demanda y Coyuntura

Estructura del PIB por sectores y por componentes del gasto

En Finlandia, la importancia relativa del sector de servicios en el conjunto de la economía se combina con un pujante sector manufacturero exportador que ha mantenido, hasta la fecha su participación en la generación del valor añadido bruto del país. Aunque en los últimos periodos, la contracción de la demanda exterior, la falta de reformas estructurales y la obsolescencia de algunos sectores está minando esta capacidad.

En el sector de servicios destacan el comercio con un 13% de la formación de valor añadido y el sector inmobiliario con un 11%. El sector de la Administración Pública, defensa, educación, salud humana y actividades de trabajo social, destaca con casi un 18% del valor añadido. El sector de la información y las comunicaciones está en declive tras la desaparición de Nokia.

Conjuntamente, los sectores manufacturero y de la construcción suponen alrededor del 30% del tamaño de la economía nacional. Esta proporción, que se ha mantenido estable a lo largo de los últimos años, ha reflejado una fortaleza clara del sector industrial finlandés. Los datos sobre el desglose sectorial y por componentes de gasto se refieren al año 2018.

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Cuadro de PIB por sectores de actividad y por componentes del gasto

% Valor agregado de las industrias (enfoque de producción del PIB) 2015 2016 2017 2018
Agricultura, industria forestal y pesca 2,2 2,4 2,4 2,5
Manufacturas, minería canteras y otras industrias 17,8 17,6 18,2 18,4
Construcción 5,5 5,9 6,2 6,3
Comercio, transporte y almacenamiento, alojamiento y servicios de alimentación 13,8 13,5 13,5 13,4
Información y comunicación 4,9 5,0 5,0 5,0
Finanzas y seguros 2,5 2,5 2,5 2,3
Inmobiliario 10,9 11,0 11,0 10,9
Actividades profesionales, científicas, técnicas, de administración y servicios de apoyo 7,2 7,3 7,5 7,5
Administración pública, defensa, educación, salud humana y actividades de trabajo social 18,8 18,3 17,5 17,4
Otros servicios 2,7 2,7 2,6 2,6
Impuestos menos subsidios en productos 13,7 13,9 13,6 13,7
Actualizada toda la tabla: 12/04/2019. Fuente: StatFin

 

PIB por componente del gasto  (%) 2015 2016 2017 2018
CONSUMO 79,6 78,9 77,3 76,2
Consumo privado 55,2 55,1 54,3 53,5
Consumo público 24,4 23,9 23,0 22,7
FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL  20,9 22,1 22,6 23,7
Fomación bruta de capital fijo 20,3 21,7 22,1 22,5
EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS 36,4 35,9 38,5 39,0
IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS 36,8 36,9 38,2 39,5
Discrepancia estadística 0,0 0,0 -0,2 0,7
Actualizada toda la tabla: 12/04/2019. Fuente: StatFin

 

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Evolución de las principales variables económicas: crecimiento, inflación…

La Comisión Europea había previsto a primeros de 2019 que la economía finlandesa redujera su crecimiento para el año al 1,6% y que en 2020 quedara en 1,2%, pero en septiembre de 2019 se revisaron a la baja estos datos. Al final se ha calculado que en 2019 el PIB finlandés ha crecido el 1,1% y que en 2020 lo haga en el 0,9%. En 2018 el crecimiento del PIB se situó en 2,3%. La previsión de crecimiento de la economía finlandesa para el año 2021 se estima ya que será del 1,1%.

El debilitamiento del crecimiento de la economía del país se atribuye principalmente a la desaceleración de la zona euro y de la economía global, ya que son un país muy dependiente de las exportaciones. Por ello se ha revisado a la baja en el sentido que se ha indicado la previsión de aumento del PIB para el año 2020, ya que la economía finlandesa va a permanecer dependiente de la demanda doméstica.

La balanza comercial de bienes ha sido deficitaria durante los últimos años, en torno al 1% del PIB, y en 2018 el saldo fue negativo del 1,1% del PIB. La previsión de la balanza comercial es que se mantenga la tendencia negativa actual.

Las exportaciones finlandesas en 2019 han crecido el 3,8%, pero la previsión para el año 2020 es del 1,3%. Varias entregas de buques que ha habido en 2019 explican una parte de esta caída, pero el resto se debe a la desaceleración de los mercados exteriores a nivel global en el año 2020.

El saldo negativo de la balanza de servicios fue del 1% del PIB en 2018, más de 2.300 millones de euros, y de -2.183 millones de euros al cierre del tercer trimestre de 2019, último trimestre con cifras publicadas.

El saldo de la balanza por cuenta corriente ha seguido una evolución de similar signo, con un déficit que osciló entre el -2,2% y el -1,6% en los peores años tras la crisis y que se redujo después al -0,7% en 2016 y -0,3% en 2017. Sin embargo, el déficit por cuenta corriente ha vuelto a repuntar y se ha situado en el 1,4% en 2018, último año completo del que hay cifras, ya que las del 2019 aún no han salido.

En 2018 el crecimiento del consumo privado se situó en el 2,7%, llegando a suponer el 53,5% de PIB. El consumo privado y las exportaciones han sido los dos factores que han tirado de la economía en los últimos años. Aunque como ya se ha dicho el aumento de las exportaciones en 2019 ha sido del 3,8%, en 2018 habían crecido el 5,5%. El aumento del consumo privado en 2019 ha sido del 0,7% y la previsión para 2020 es que sea del 1,1%. Ha mejorado el poder adquisitivo en términos reales pero no lo suficiente como para inducir una subida de la tasa de ahorro de las familias en los próximos años. 

La inversión bruta en capital productivo fijo, que se había contraído durante la crisis y que se recuperó desde hace cuatro años, en 2018 creció el 6,1%. Sin embargo en 2019 ha habido una desaceleración porque se ha ralentizado la construcción de viviendas, y la estimación más reciente es la de un crecimiento del 1,5% en inversión bruta de capital fijo el último año; en 2020 se estima que va a crecer por debajo del 1%.

Los acuerdos salariales con los sindicatos de 2016 frenaron el crecimiento nominal salarial y permitieron recuperar productividad, y con ella una mejoría en el empleo. La tasa de desempleo de 2019 ha sido del 6,5% y se calcula que en 2020 descenderá modestamente hasta quedar en el 6,3%.

La tasa de inflación se ha mantenido baja, en el 1,0% al acabar 2019, cuatro décimas por debajo de lo que a principios de año se había previsto. Un año antes había estado en el el 1,1%. La previsión de inflación es del 1,1% en 2020 y del 1,4% en 2021, por debajo de la media prevista en la zona euro.

En cuanto al sector público, la deuda pública estuvo en el 58,9% del PIB en 2018, último año completo publicado, y al cierre del tercer trimestre de 2019, último trimestre con cifras publicadas, se situó en el 60,0% del PIB. La deuda externa bruta ha ido aumentando, desde el 182,4% del PIB en 2017, al 211% al cierre de 2018. Todavía no han salido las cifras de cierre de 2019 pero con los datos de deuda más recientes publicados, estaría aumentando al 234% del PIB.

Hace dos años se tomaron medidas tendentes a aumentar tipos de gravamen y a extender los impuestos especiales que se reforzaron con recortes extraordinarios, y como resultado en el año 2018 el déficit público fue de solo el 0,7% del PIB, que ha quedado en el 0,9% del PIB en 2019. La previsión de déficit público para 2020 y 2021 es del 1,4% del PIB. El aumento se va a deber a la ralentización del PIB y al esfuerzo de gasto público del nuevo gobierno que se eligió en 2019.

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Cuadro de principales indicadores macroeconómicos

PRINCIPALES INDICADORES 2015 2016 2017 2018
PIB
PIB (M€ a precios corrientes) 209.952 216.073 223.892 232.096
Tasa de variación real (%) 0,5 2,8 2,7 1,7
Tasa de variación nominal (%) 2,2 2,9 3,6 3,7
INFLACIÓN
Media anual (%) -0,2 0,4 0,7 1,1
Fin de período (%) -0,2 1,0 0,5 1,2
TIPOS DE INTERÉS DE INTERVENCIÓN DEL BANCO CENTRAL (365)
Media anual (%) 0,17 -0,04 -0,15 -0,18
Fin de período (%) 0,1 -0,1 -0,2 -0,1
EMPLEO Y TASA DE PARO
Población 15-64 años (1.000 habitantes) 3.476 3.463 3.451 3.439
Población activa 15-64 años (1.000 habitantes) 2.619 2.615 2.635 2.665
Población desempleada 15-64 años (1.000 habitantes) 251 236 233 200
% Desempleo sobre población activa 9,6 9,0 8,8 7,5
DÉFICIT PÚBLICO
% de PIB -2,8 -1,7 -0,8 -0,7
DEUDA PÚBLICA
en M€ 133.206 136.150 137.278 137.545
en % de PIB 63,4 63,0 61,3 58,9
EXPORTACIONES (BP)
De bienes en M€ 53.880 51.878 59.711 63.864
% variación anual -3,7 -3,7 15,1 7,0
De bienes y servicios 76.342 77.500 86.228 91.005
IMPORTACIONES DE BIENES (BP)
en M€ 54.493 55.003 62.469 66.525
% variación anual -5,7 0,9 13,6 6,5
De bienes y servicios 77.304 79.736 85.577 92.329
SALDO B. COMERCIAL DE BIENES
en M€ -613 -3.125 -2.758 -2.661
en % de PIB -0,3 -1,4 -1,2 -1,1
SALDO B. CUENTA CORRIENTE
en M€ -1.510 -1.615 -727 -3.217
en % de PIB -0,7 -0,7 -0,3 -1,4
DEUDA EXTERNA
en M€ 448.576 421.443 408.293 483.352
en % de PIB 213,7 195,0 182,4 208,3
SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA
en M€ n.d. n.d. n.d. n.d.
en % de exportaciones de b. y s. n.d. n.d. n.d. n.d.
RESERVAS INTERNACIONALES
en M€ 5.721 6.171 5.302 5.334
en meses de importación de b. y s. 0,9 1,0 0,7 0,7
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA
en M€ 1.338 8.362 -630 n.d.
TIPO DE CAMBIO FRENTE AL DÓLAR
media anual 1,1095  1,1069 1,1297 1,1810
fin de período 1,0887 1,0541 1,1993 1,1450
Fuente: StatFin, Suomen Pankki y Tulli. Última actualización: octubre, 2019

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Principales objetivos de política económica

Actualmente, la política económica del Gobierno se ha marcado como prioridades el mantenimiento del crecimiento económico finlandés a largo plazo junto a un aumento de la competitividad exterior del país dentro de un contexto de estabilidad macroeconómica que contribuya a la reducción del desempleo a medio plazo así como a adaptar la economía finlandesa a los desafíos planteados por el envejecimiento y la reducción de la población a largo plazo. Para ello se han establecido un conjunto de reformas orientadas a mejorar la productividad de la economía finlandesa (políticas de oferta) a la vez que se trata de mantener un control estricto de las finanzas públicas, primando la reducción del gasto sobre la subida de los ingresos.

Para lograr unas finanzas públicas sostenibles, el Gobierno del presidente Sauli Niinisto implementará un paquete de política económica que consistirá, entre otras, en las siguientes medidas:

- una política fiscal que respalda el trabajo y el empleo

- fortalecer el espíritu empresarial y la propiedad, así como la financiación de las empresas

- Inversiones promotoras del crecimiento

- Ahorro de gastos y reformas estructurales para fortalecer las finanzas públicas rápidamente

- Reformas a más largo plazo para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas

- Reformas que impulsan el empleo

 

a)    Mejora de la Competitividad:

La finalidad es reducir en cinco por ciento los costes laborales unitarios y aumentar la movilidad laboral.

-      Flexiseguridad: apoyar a los trabajadores de las empresas con más de 20 empleados a conseguir un nuevo trabajo: paga similar al salario medio de la compañía durante el periodo de formación de reciclaje profesional.

-      Igualdad de género: apoyar las bajas de maternidad con una transferencia de una vez por todas a la empresa de 2.500 euros.

-      Reducción de dos días festivos al año; reducción de los días de permiso por enfermedad (el primero no se paga y el resto hasta los nueve días, sólo se paga el 80%); los ingresos las horas extraordinarias se reducen al 50% y los de los días de trabajo en festivo se reducen en 25%.

-      Las cotizaciones sociales de las empresas se reducen en 1,72% a partir de 2017, que serán compensadas por una aumento de las cotizaciones delos empleados.

-      Las vacaciones de los empleados públicos se reducen de 38 a 30 días laborables.

 

 b)    Control del gasto Público.

Con el fin de reducir el “sustainability gap”, cifrado en 10.000 millones de euros, el Gobierno propone una serie de medidas:

-      Recortes del gasto público en 4.000 millones

-      Reformas estructurales (redistribución competencias administrativas) por valor de 4.000 millones

-      Medidas de fomento de competitividad (punto (a)), 2.000 millones de euros.

 Todas estas medidas están programadas para tomarse por parte del Gobierno si las negociaciones de los convenios colectivos no logran acuerdos significativos en la línea de mejora de la competitividad y reducción del “sustainability gap"

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Previsiones macroeconómicas

Finlandia está disfrutando del cuarto año de recuperación económica con un crecimiento real del 2,3%, tres decimas por encima del crecimiento medio de la Unión Europea y cuatro por encima de la zona euro. El crecimiento está respaldado por las exportaciones netas, la inversión y el fuerte consumo privado. Las previsiones macroeconómicas generales del Fondo Monetario Internacional señalan que el crecimiento económico finlandés reducirá su crecimiento hasta situarse en 2019 en 1,9% y en 2020 en 1,7%; principalmente debido a la desaceleración de la demanda global y las condiciones financieras contractivas.

La recuperación fue inicialmente impulsada por la inversión y el consumo privado. En 2016 la inversión aumentó un 8,5%, crecimiento que se ha mantenido durante los últimos años entorno al 3%. En relación con consumo privado, este aumentó un 2% en 2016 y se ha mantenido el crecimiento por encima del 1% en los últimos años. Sin embargo, la moderación salarial y la inflación sobre los ingresos reales de los hogares harán que se ralentice el consumo privado durante los próximos años. La inversión en construcción también se desacelerará y las condiciones proteccionistas globales podrían afectar la demanda de exportaciones finlandesas y dañar la confianza.

El crecimiento económico se ha recuperado considerablemente, ampliándose a las exportaciones y la inversión en equipos. Se espera que la recuperación económica permanezca fuerte a corto plazo, pero el crecimiento potencial se ve limitado por la rigidez y el envejecimiento del mercado laboral. Aun así, incluso asumiendo un mayor crecimiento de la productividad y una mayor participación en el mercado laboral, una reducción de la población en edad de trabajar limita el crecimiento a más largo plazo. Promover aumentos en el empleo y la productividad sería necesario para elevar esta tasa.

El alto y creciente endeudamiento de Finlandia, principalmente en forma de hipotecas, es una fuente de vulnerabilidad financiera y macroeconómica (aunque es menor que en el resto de los países nórdicos). En la actualidad, los precios de la vivienda son estables, pero podrían aumentar a medida que la economía cobra impulso. El conjunto de herramientas macroprudenciales se está ampliando para ayudar a prevenir el sobrecalentamiento del mercado de la vivienda. 

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Política fiscal y presupuestaria

Las finanzas del gobierno general incluyen el gobierno central, los municipios y las autoridades municipales conjuntas, el gobierno provincial de Åland, las compañías e instituciones de seguro de pensiones legales y otros fondos de seguridad social.

Las finanzas del gobierno central consisten en las finanzas dentro del presupuesto del gobierno central y los fondos fuera del presupuesto del gobierno central. El Fondo de Pensiones del Estado, sin embargo, está incluido en los fondos de seguridad social. En las cuentas nacionales, el sector del gobierno central también incluye las universidades, la empresa de inversión estatal Solidium y la Finnish Broadcasting Company.

El Ministerio de Finanzas también es responsable de preparar el Plan Fiscal del Gobierno General y decidir los límites de gasto del gobierno central para los próximos años. El Plan Fiscal del Gobierno General es el documento de decisión del Gobierno que consiste en medidas relacionadas con la línea de política fiscal, todo el gobierno general y sus subsectores. Los límites de gasto establecen un límite para el gasto presupuestario del gobierno central y también aportan previsibilidad a la política económica.

Las finanzas del gobierno local cubren las finanzas de los municipios y las autoridades municipales conjuntas. La Constitución garantiza a los municipios un alto grado de autonomía, principalmente el derecho a recaudar impuestos y el derecho a decidir sobre sus propios gastos. Los municipios deciden independientemente la tasa del impuesto municipal sobre la renta, así como la tasa del impuesto inmobiliario dentro de un rango determinado por el Parlamento. Las disparidades económicas entre municipios se igualan utilizando el sistema de transferencias del gobierno central al gobierno local. Además, los municipios reciben una proporción del impuesto sobre la renta empresarial, según lo decidido por el Parlamento.

Una parte importante de la seguridad social de los ciudadanos se financia con la seguridad social y los sistemas de pensiones relacionados con los ingresos. Los beneficios se financian a través de las contribuciones a la seguridad social y al seguro social relacionadas con las rentas y los ingresos fiscales generales. El gobierno central garantiza un nivel suficiente de financiación para los sistemas nacionales de pensiones, seguros de salud y pensiones para trabajadores independientes. La ley determina el nivel de las contribuciones a la seguridad social y la contribución al seguro de salud del empleador y la persona asegurada. El Ministerio de Asuntos Sociales y Salud confirma anualmente el nivel de las contribuciones. El sistema de seguridad y pensiones de desempleo tiene amortiguadores cíclicos incorporados que moderan el crecimiento de las contribuciones al seguro si el desarrollo económico se deteriora.

La política fiscal es parte de la política económica del gobierno. Los objetivos de la política fiscal, es decir, cómo la economía pública recauda y asigna fondos, se acuerdan en el Programa del Gobierno. Las decisiones sobre impuestos, beneficios de seguridad social, pensiones y su financiación cambian las estructuras económicas y, en consecuencia, dan forma a las oportunidades para los ciudadanos, los hogares y las empresas. Las decisiones de política fiscal son, por lo tanto, parte de la política social estructural y afectan a la economía en el futuro. El Plan Fiscal del Gobierno General (incluidos los límites de gasto del gobierno central) y el Presupuesto son los instrumentos por los cuales el Gobierno implementa su política fiscal.

El Presupuesto del año 2018 representó por la parte del gasto el 53,1% del PIB y en 2017 fue de 54,2% del PIB. En 2017, último año de los que se disponen datos detallados del gasto del Gobierno finlandés, se dedicó un 10,5% de su gasto público a la educación, 13,1% a sanidad y 2,3% a defensa. Los ingresos tributarios y contribuciones a la seguridad social supusieron en 2017 el 43,2% del PIB, una bajada de 0,7 puntos porcentuales respecto al año 2016. En 2018, estos ingresos han disminuido 1,1 puntos porcentuales situándose en 42,3 % del PIB. La partida más importante de los ingresos de los últimos años es la referente a la imposición sobre renta y patrimonio, seguida de la imposición a bienes y servicios.

Finlandia destaca por ser el segundo país con mayor ratio de gastos sobre PIB (53,1% en 2018) y el tercero de ingresos sobre PIB (52,5% en 2018) de toda la UE. El déficit lleva reduciéndose desde 2014, situándose en torno al 0,6% del PIB en 2018. Según el FMI, el déficit estructural en 2017 fue de 0,1% del PIB y el déficit estructural primario se situó en el 1,1% del PIB (últimos datos disponibles en 2019).

La economía de Finlandia se encuentra en fase de expansión desde 2015. Este comportamiento se debe a una mayor actividad y empleo que repercuten positivamente en los ingresos y reducen, vía estabilizadores automáticos, el gasto público. Aun así, la recesión prolongada durante años anteriores ha revelado ciertas debilidades estructurales, como datos demográficos adversos y cambios tecnológicos, que siguen ejerciendo presión sobre la recuperación en la economía.

Para abordar los problemas de sostenibilidad a largo plazo, se planteó aprovechar la mejora económica para reducir los gastos, continuando con el programa de consolidación fiscal 2016-19 y la reforma de los servicios sociales y de salud. La prociclicalidad fiscal esperada para los próximos años se debe, en parte, al repentino crecimiento económico y a que los incrementos estructurales en los gastos relacionados con la edad automáticamente relajan el déficit fiscal estructural.

En el último decenio, los niveles de deuda/PIB han aumentado notablemente llegando su máximo histórico en 2015, situándose en el 63,4% del PIB. En 2016 comenzó una tendencia descendente que ha durado los últimos años situándose el nivel de deuda sobre el PIB en 58,9% en 2018. El pasado gobierno puso un gran empeño en consolidar las finanzas públicas. En este sentido, se llevaron a cabo algunas reformas, en el ámbito de la recaudación y gastos públicos (pensiones y subsidios). 

GOBIERNO GENERAL: INGRESOS, GASTOS Y DÉFICIT
(% PIB) 2017 2018 2019* 2020* 2021* 2022*
INGRESOS 53,4 52,5 52,8 51,2 49,7 48,1
GASTOS 54,2 53,1 53,1 51,2 49,6 48,1
DÉFICIT -0,8 -0,6 -0,3 0,0 0,1 0,0

*Previsiones. Fuentes: Statfin y FMI

Medidas de control del déficit:

El pasado gobierno efectuó recortes en los gastos públicos en un intento de dotar de mayor flexibilidad y competitividad a la economía finlandesa. La estrategia de reformas llevada a cabo tuvo como objetivo a largo plazo ahorrar hasta 3.000 millones de euros. El plan 2016-2019 previó unos recortes en gastos del 2%. Se pudo ahorrar un 1% con las reformas laborales como el Pacto de Competitividad y las reformas de beneficios de desempleo. Sin embargo, las reformas en sanidad y servicios sociales no se pudieron llevar a cabo por falta de consenso y es lo que desencadenó la salida del pasado gobierno.

La política fiscal del gobierno de Rinne

El Gobierno aumentará el gasto permanente del gobierno general en aproximadamente 1.400 millones de euros hasta 2023. El aumento se asignará, entre otras cosas, a la seguridad social, así como a los servicios sociales y de salud, educación e investigación, protección del medio ambiente y medidas de política climática. Los límites de gasto para el período parlamentario y el límite de gasto para el gasto del gobierno local establecidos por las medidas del gobierno central se establecerán teniendo en cuenta esta política de gastos.

El gasto adicional permanente estará cubierto principalmente por ingresos discrecionales permanentes y reasignaciones adicionales. Según el Programa del Gobierno, la base financiera del estado de bienestar se fortalecerá mediante impuestos en aproximadamente 0,7 millones de euros. El objetivo también es promover los objetivos climáticos a través de decisiones fiscales. El Gobierno fortalecerá la base impositiva y aumentará los impuestos indirectos. Se incrementarán los impuestos sobre la energía, el tabaco, el alcohol y los refrescos. Para compensar los cambios en los impuestos indirectos, los impuestos sobre la renta del trabajo de las personas con ingresos bajos y medios se reducirán en 2020.

Para alcanzar el objetivo de tasa de empleo del 75%, el Gobierno fortalecerá las finanzas públicas generales, de modo que parte del fortalecimiento podría asignarse a gastos adicionales. Las medidas de empleo necesarias para alcanzar el objetivo de la tasa de empleo se prepararán en cooperación con las organizaciones del mercado laboral.

Durante el período parlamentario, el Gobierno implementará un programa único de inversiones orientadas al futuro, que no aumentará el gasto del gobierno general hasta 2023. Las medidas se financiarán en su mayor parte a través de los ingresos de la propiedad para que no conduzcan a un aumento de la carga de la deuda en 2023. Se asignarán hasta 3.000 millones de euros a inversiones puntuales y planes experimentales de importancia social. Del Plan Fiscal General del Gobierno, aproximadamente 1.400 millones de euros se asignarán en 2020-2022. Además, se destinarán 200 millones de euros al Fondo de la Vivienda de Finlandia en 2020–2022.

El gasto adicional incluido en el Programa del Gobierno puede utilizarse para apoyar el crecimiento económico de Finlandia a medida que el crecimiento económico internacional se desacelere. Además, como parte de los límites de gasto de las finanzas del gobierno central, se establecerá un mecanismo para permitir un aumento en el gasto de hasta mil millones de euros en caso de una recesión económica excepcionalmente grave. Junto con una política fiscal activa, el crecimiento económico se estabilizará mediante los llamados estabilizadores automáticos, es decir, un aumento automático en el gasto del gobierno general y una reducción de los ingresos fiscales en una recesión económica.

El Gobierno supervisará continuamente la situación económica y el logro de los objetivos de empleo y equilibrio, y reaccionará según lo requiera la situación económica. El Gobierno se compromete a revisar las medidas del Programa de Gobierno en caso de que su implementación ponga en peligro el logro de los objetivos establecidos para las finanzas del gobierno general.

Los objetivos multianuales del gobierno general para el periodo 2021-2023 están reflejado en la siguiente tabla:

OBJETIVOS ANUALES DE LAS FINANZAS DEL GOBIERNO GENERAL
(% PIB) 2019 2020 2021 2022 2023
POSICIÓN PRESUPUESTARIA NOMINAL DEL GOBIERNO GENERAL -1,0 -1,4 -1,0 -0,6 0,0
GASTOS DEL GOBIERNO GENERAL 52,7 53,1 52,1 51,4 50,7
INGRESOS DEL GOBIERNO GENERAL 58,8 58,8 58,7 58,6 58,1
Fuente: Ministerio de Finanzas de Finlandia

Los objetivos presupuestarios nominales por sectores de las finanzas generales del gobierno son para 2023:

  • Déficit del gobierno central de como máximo 0,5% en relación con el PIB.
  • Déficit del gobierno local de como máximo 0,5% en relación con el PIB.
  • Superávit de los fondos de pensiones relacionados con las ganancias de aproximadamente 1% en relación con el PIB.
  • Saldo equilibrado de otros fondos de seguridad social.

Para consultar más información visitar la web oficial del Ministerio de Finanzas en: www.vm.fi

 

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Política monetaria

La pertenencia de Finlandia al euro como moneda europea común implica que la política monetaria nacional sea aquella determinada por el Banco Central Europeo en todos sus aspectos. En consecuencia, Finlandia no puede adoptar ni medidas de política monetaria ni decisiones de política cambiaria de forma autónoma. La política económica solo se puede influir indirectamente en el desarrollo de la productividad. La clave de la productividad es un entorno operativo estable para las empresas y estructuras económicas flexibles que respalden la renovación. Fomentar la competitividad de Finlandia también es importante, especialmente a medida que el crecimiento en los mercados de exportación de Finlandia se desacelera.

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Políticas estructurales (programas, reformas, etc.)

Finlandia es un país de la UE que respeta las normas del mercado interno de la misma. Por lo tanto su  Programa de Estabilidad de Finlandia forma parte del Plan Fiscal General del Gobierno, que cumple con los requisitos de la UE para un plan fiscal a medio plazo (Reglamento (UE) Nº 473/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo).

El Gobierno mantiene sin cambios el objetivo a medio plazo  de Finlandia de -0,5% del PIB para el balance estructural. Este es el nivel mínimo con el que Finlandia se comprometió en el Pacto Fiscal.

A pesar de que el marco institucional en Finlandia es relativamente eficiente en sus infraestructuras físicas e institucionales (justicia, administración y educación) y su población, en términos relativos, altamente cualificada, es necesario orientarlos hacia una estrategia de generación de empleo y mejora de la productividad. Para alcanzar estos objetivos, el pasado Gobierno llevó a cabo un Pacto de Competitividad en 2016 que mejoró la competitividad internacional, como se puede apreciar en las exportaciones las cuales crecieron; impulsó el crecimiento económico, siendo 2018 el tercer año consecutivo de crecimiento económico real; y creó nuevos empleos, situando la tasa de empleo entorno al 70%. El Pacto de Competitividad también persiguió la mejora de la productividad laboral del sector público, reduciendo un 30% los beneficios vacacionales.

Adicionalmente, la tendencia descendente de la población activa, supone un problema estructural que afecta tanto al aumento de los gasto del estado como a la disminución de los ingresos, afectando en gran medida al déficit estructural.

Respecto a la estructura administrativa, Finlandia tiene más municipios de los que, por población, resulta deseable. En 2015 se cambió el enfoque de la reforma municipal, hacia un modelo de fusiones voluntarios. En el periodo 2005-17 el número de municipios se redujo de 444 a 311. En este sentido, el pasado Gobierno intentó llevar a cabo reformas parciales que afectan también al sector sanitario, tratando de reagrupar la gestión municipal, especialmente la relacionada con el envejecimiento y hospitalaria (no necesariamente de atención) en entidades administrativas mayores para prestar eficientemente los servicios prestados y aprovechar, así, posibles economías de escala. Sin embargo, la no consecución de la reforma sanitaria llevó a la salida del pasado Gobierno. Algunas instituciones (BCF y Gobierno) abogan, adicionalmente, para que se aumente la eficiencia de las administraciones locales en la puesta a disposición de suelo urbanizable para asignar más eficientemente los recursos urbanos.

En lo que se refiere a los aspectos relacionados con la competitividad, se Finlandia es un país con una estructura poco competitiva en general (aunque altamente productiva) pero, especialmente, en el sector de ventas al por menor. A pesar de que se han iniciado acciones legislativas para subsanar este aspecto, la costumbre, la estrechez del mercado, los intereses creados por las propias empresas y el gobierno (monopolio del alcohol, monopolio municipal de apertura de locales y declaración zona urbanizable, etc.) pueden hacer que los esfuerzos en este área resulten infructuosos.

Concerniente al ámbito de investigación e innovación, en 2017 la agencia nacional de innovación de Finlandia, Tekes, cambió su nombre a Business Finland después de fusionarse con Finpro, el organismo que ayuda a las pymes finlandesas en su internacionalización y fomenta la inversión extranjera directa en Finlandia. Las responsabilidades de Tekes y Finpro no cambiaron, pero la organización y la oferta de servicios se armonizó, combinando las necesidades de las empresas locales con las oportunidades globales. En 2018 Business Finland financió 4.440 proyectos otorgando un total de 565 millones de euros de financiación. Aproximadamente el 20% de la misma se destinó a investigación y el resto a empresas. De la financiación a empresas , el 85% de la misma se destinó a innovación.

Las reformas estructurales de los último años son:

a) Pacto de Competitividad 2016

Los objetivo principal del Pacto de Competitividad de 2016 era aumentar la competitividad reduciendo los costes laborales en un 5% aproximadamente, el pacto contemplaba:

  • Congelación salarial para 2017.
  • Reducciones salariales para los empleados del sector público.
  • Transferencia de parte de las contribuciones a la seguridad social de los empleadores a los empleados.
  • Aumento de trabajo anual de 24 horas sin compensación adicional.

El Pacto de Competitividad requería que el gobierno finlandés:

  • Revocara su proyecto de legislación obligatoria.
  • Cancelara el paquete adicional de 1.500 millones de euros en recortes de gastos y aumentos de impuestos especificados en el programa gubernamental como alternativa al acuerdo.
  • Implementara recortes de impuestos a la renta.

Además, se extendieron los convenios colectivos durante un año y se congelaron los salarios durante la extensión

La carga impositiva de las contribuciones sociales de los trabajadores se traspasó de empleador a trabajador de forma que:

  • La contribución de las pensiones de los ingresos del empleado aumentó gradualmente en un total de 1,2 puntos porcentuales entre 2017 y 2020, disminuyendo en misma medida la contribución del empleador.
  • La contribución del seguro de desempleo del empleado aumentó en un total de 0,85 puntos porcentuales entre 2017 y 2018; disminuyendo en misma medida la contribución del empleador.
  • La contribución a la seguridad social del empleador disminuyó al menos un 1% entre 2017 y 2019. A partir de 2020, la reducción de la contribución a la seguridad social del empleador no será inferior a 0,58 puntos porcentuales.

En el sector público, se redujeron un 30% los beneficios vacacionales. Se mejoró la seguridad de los empleados frente al despido. Las empresas compensarían a los trabajadores despedidos que hubieran trabajado para un empleador durante al menos cinco años. Estas regulaciones afectan a los empleadores con al menos 30 empleados. El empleador deberá reconocer el derecho de un empleado despedido a la formación para la reconversión laboral. El coste de esta reconverisón será a cargo del empleador y no será inferior al salario mensual promedio pagado por la empresa u organización del sector público. El empleado despedido tendría derecho a continuar los servicios de atención de salud ocupacional durante otros seis meses después de que finalice el deber de trabajar.

El impacto del Pacto de Competitividad es visible en la disminución de los costos laborales unitarios y en la recuperación de la competitividad nacional. Sus efectos a corto plazo sobre las finanzas públicas son negativos pero se prevé que a largo plazo el efecto sobre estas se neutralice con el aumento del empleo, lo cual está sucediendo.

Las reformas del mercado laboral completadas hasta el momento incluyen: reforma de pensiones; reducción en la duración de beneficios de desempleo por 100 días; planes obligatorios de búsqueda de empleo y entrevistas regulares para todos los desempleados en busca de empleo; reformas al sistema de seguros por desempleo, aumentando los incentivos para la búsqueda activa de empleo y haciendo más atractivo el trabajo a corto plazo o a tiempo parcial.

La reforma de las pensiones continuó elevando la edad de jubilación. Los ajustes en los beneficios de maternidad y cuidado infantil se orientaron a aumentar la oferta de trabajo de las mujeres en edad fértil. También se tomaron medidas para promover que los estudiantes tarden menos en graduarse de la educación terciaria.

Se está intentando eliminar los desincentivos al empleo, incorporando cambios en el sistema de beneficios de modo que una combinación de prestaciones de desempleo y pagos de transferencia más estrictos haría más atractivo aceptar un empleo en lugar de permanecer desempleado. La financiación para las políticas de activación aumentará en 2018-19. En relación con la reforma SOTE, el pasado Gobierno intentó reorganizar los servicios públicos, pero al no poder llevarla a cabo, desencadenó su salida.

Se deben intensificar las medidas para mejorar la movilidad laboral. Un obstáculo importante es la falta de viviendas asequibles en los núcleos urbanos de crecimiento. Si bien la construcción de viviendas en el área metropolitana de Helsinki ha aumentado, tomará tiempo satisfacer la demanda de viviendas asequibles. Se continúan tomando medidas para abordar la situación de la vivienda.

b) Control del gasto Público.

Con el fin de reducir la brecha de sostenibilidad, cifrada en 10.000 millones de euros, el pasado Gobierno propuso una serie de medidas:

  • Recortes del gasto público en 4.000 millones.
  • Reformas estructurales (redistribución competencias administrativas) por valor de 4.000 millones.
  • Medidas de fomento de competitividad, 2.000 millones de euros.

La brecha de sostenibilidad surge principalmente de los costos relacionados con el envejecimiento de la población. La reforma laboral consiguió mejorar las condiciones económicas del país y por lo tanto se redujo la brecha de sostenibilidad. Sin embargo, el Gobierno de Juha Sipilä no pudo sacar adelante la reforma sanitaria. El Ministerio de Finanzas del nuevo Gobierno, estima que la brecha de sostenibilidad será de poco más del 4,5% en relación al PIB. En consecuencia, las finanzas públicas tendrán que consolidarse permanentemente en un poco más de 4,5% en relación al PIB o mediante reformas estructurales para frenar las futuras presiones de gasto, a fin de equilibrar los ingresos y gastos a largo plazo.

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