Marco jurídico

Resumen del marco jurídico para los negocios

La norma básica que regula la actividad comercial en Honduras es el Código de Comercio (Norma 73/50 y sus reformas entre las que destaca la Ley de Simplificación Administrativa, Decreto Ejecutivo 255/2002). En esta norma se establecen los tipos y requisitos para constituir sociedades mercantiles en Honduras así como las obligaciones de dichas sociedades.

En relación con las empresas extranjeras, se autoriza la realización de actividades mercantiles en Honduras en igualdad de condiciones que las empresas hondureñas, siempre conforme a las leyes nacionales. Se permite la operación a través de filial o de sucursal.

En el caso de que la empresa extranjera no opere con establecimiento en Honduras si no a través de un contrato de servicios, según queda establecido en el art. 5 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el contratista hondureño debe realizar en la factura una deducción en concepto de retención del impuesto sobre la renta que actualmente asciende al 25% (Decreto 182/2012 de 4 de diciembre de 2012). De igual modo, quedan sujetas a esta retención otras rentas obtenidas por extranjeros en el país.

En Honduras, la inversión extranjera se regula a través de la Ley Para la Promoción y Atracción de Inversiones (Decreto 51/2011 de 15 de julio). Esta Ley contempla excepciones de carácter sectorial: desechos de basuras tóxicas, peligrosas o radioactivas, actividades que afecten a la salud pública, la industria y comercio en pequeña escala (art. 337 Constitución), y venta de armas y municiones.

A grandes rasgos, las inversiones extranjeras reciben el mismo tratamiento que las locales y se les garantiza la libre repatriación de capitales, compra de divisas, contratación de seguros o apertura de cuentas bancarias, así como libertad de producción y precios.

La Ley establece para inversiones superiores a 1 M$ la posibilidad de solicitar contratos de estabilidad jurídica que garantizan (por una duración máxima de quince años) la estabilidad del régimen tributario que grave las rentas vigentes a la firma del contrato así como la estabilidad del régimen de libre disponibilidad de divisas, dividendos y remesas para capitales extranjeros.

Los proyectos de “interés prioritario” o de “inversión por regiones”, siempre que sobrepasen unas cantidades determinadas, recibirán exoneraciones parciales del Impuesto Sobre la Renta (ISR) que serán de entre el 60-80% de la suma invertida.

En 2010 se aprobó en Honduras la Ley de Promoción de la Alianza Público Privada. (Decreto nº 143/2010 de 16 de septiembre de 2010) que gestiona y regula los procesos de contratación para la participación público-privada en la ejecución, desarrollo y administración de obras y servicios públicos. En él se establecen las condiciones y garantías para este tipo de contratos, las distintas modalidades de alianza público-privada.

La Legislación hondureña también incluye leyes especiales de carácter sectorial que incluyen incentivos fiscales, entre las que destacan:

  • Ley de Incentivos al Turismo (Decreto  68/2017).
  • Ley de Promoción a la Generación de Energía Eléctrica con Recursos Renovables (Decreto 70/2007 de 2 de octubre de 2007) y reforma 2013.
  • Ley para la Producción y Consumo de Biocombustibles (Decreto No. 144-2007 de 31 de diciembre de 2007).
  • Ley de Fomento a los Centros de Atención de Llamadas y Tercerización de Servicios Empresariales (Decreto 90/2012 de 18 de julio de 2012).

También se han promulgado leyes con carácter sectorial cuyo principal objetivo es la ordenación del sector y no incluyen incentivos a la inversión. Destacan:

  • Ley General de Minería (Decreto 238/2013 de 2 de abril de 2013)
  • Ley Forestal, Áreas protegidas y Vida silvestre. (Decreto 98/2007 y sus reformas – Decreto nº 176/2010)
  • Ley de Hidrocarburos (Decreto 194/84 de 28 de febrero de 1985)
  • Ley de Instituciones del Sistema Financiero (Decreto 170/95 de 16 de noviembre de 1995)
  • Ley de Instituciones de Seguros y Reaseguros (Decreto nº 22/2001)

El Gobierno de Honduras también otorga incentivos fiscales para empresas orientadas a la exportación y radicadas en determinadas regiones especiales, como son:

Ley de las Zonas industriales de Procesamiento para Exportaciones (ZIP) (Decreto No.37/87 de 27 de abril de 1987)

Las Zonas Industriales de Procesamiento, conocidas como ZIP, son parques industriales en los que se instalan empresas industriales 100% exportadoras y en las cuales debe darse un proceso productivo de transformación. Las empresas instaladas gozan de los siguientes beneficios fiscales: importación, libre de todo tipo de impuestos, de materias primas, bienes intermedios, maquinaria y equipo, exoneración del impuesto sobre la renta y exoneración de los impuestos municipales. La empresa operadora de la ZIP goza de los mismos beneficios que las usuarias pero limitados en el tiempo a 20 años para el caso del impuesto sobre la renta y 10 años en el caso de los impuestos municipales.

Ley de Zonas Libres (ZOLI) (Decreto No.356 de fecha 19 de julio de 1976 y Ley de Estímulo a la Producción a la Competitividad y Apoyo al Desarrollo Humano (Decreto 131/98 de 20 de mayo de 1998)

La Ley de Zonas Libres es una reforma a la Ley de la Zona Libre de Puerto Cortés que tiene como objetivo conferir el estatus de zona libre (que en ese momento sólo Gozaba Puerto Cortés) a todo el territorio nacional de Honduras. Las ZOLI pueden establecerse en cualquier lugar como empresas individuales (en este caso actuarían como operadoras-usuarias) o, como en el caso de las ZIP, en parques industriales bajo la administración de una operadora. Además, en las ZOLI pueden establecerse empresas industriales, de servicios y comerciales. Las empresas deben ser 100% exportadoras.

Los beneficios son similares a los otorgados a las ZIP pero, en el caso de las operadoras, las exoneraciones del impuesto sobre la renta y los impuestos municipales son de por vida. Esto ha llevado a que las ZIP hayan ido perdiendo importancia frente a las ZOLI que ofrecen mayores ventajas para la operadora.

Régimen de Importación Temporal (RIT) (Decreto Legislativo No.8-85 de fecha 07 de febrero de 1985 y sus reformas)

Es el régimen aduanero que permite recibir, dentro del territorio aduanero con suspensión del pago de derechos aduaneros, el impuesto general de venta y otros impuestos a la importación de materias primas e insumos, maquinaria, herramientas y repuestos y otros bienes necesarios para la actividad de exportación a países no centroamericanos.

Regiones Especiales de Desarrollo (Decreto 120/2013 de 6 de septiembre de 2013)

Las ZEDE se considerarán de naturaleza urbana, tendrán personalidad jurídica, y deberán contar con su propio sistema de administración pública y fuero jurisdiccional. También podrán emitir su propia normativa legal, que deberá ser aprobada o improbada por el Congreso Nacional por mayoría simple así como firmar tratados y convenios internacionales en temas relacionados con el comercio y cooperación en materias de su competencia.

El objetivo de crear estas ZEDE, más conocidas como Ciudades Modelo, nace con el propósito de generar un ambiente estable y con reglas transparentes para captar inversión nacional y extranjera. Estas regiones operarán en base a lo que se disponga en su Estatuto Constitucional, que deberá ser aprobado por del Congreso Nacional. Por el momento no se ha creado ninguna Ciudad Modelo.

En materia de empleo, la norma básica es el Código del Trabajo (Decreto 189/59 de 15 de julio de 1959) y sus reformas, donde se regulan las relaciones entre el capital y el trabajo. También tienen relevancia las siguientes normas:

  • Programa Nacional por Horas (Decreto 230/2010 de 5 de noviembre de 2010)
  • Ley del Seguro Social (Decreto 80/2001 de 1 de junio de 2001)

En materia de fiscalidad empresarial destacan:

  • Ley del Impuesto sobre la Renta (Decreto Ley nº 25/1963 de 27 de diciembre de 1963 y sus reformas)
  • Ley del Impuesto sobre Ventas (Decreto Ley nº 24/1963 de 20 de diciembre de 1963 y sus reformas)

 

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Organismos de apoyo a la inversión extranjera

El fomento de la inversión en Honduras se realiza principalmente a través de Honduras 20/20 que ha aglutinado y ampliado las funciones de Invest in Honduras/FIDE (Fundación para la Inversión y Desarrollo de las Exportaciones). Está constituido como un ente privado de carácter estratégico auxiliar de la administración pública, y es liderado por un Consejo Directivo integrado por 3 representantes de la empresa privada y 3 representantes del Gobierno. Su marco legal está basado en el decreto legislativo No. 36-2016 que le confiere las siguientes atribuciones:

  • Diseño y ejecución de la estrategia de los sectores priorizados
  • La promoción de exportaciones e inversión
  • Promover la simplificación del marco regulatorio para facilitar el establecimiento de las inversiones y emprendimientos.

El Consejo Directivo a su vez creó y conformó la “Unidad de Transformación y Facilitación de Inversiones y Emprendimientos del Programa Honduras 2020”, que es el organismo técnico a cargo de la ejecución de la estrategia de los sectores priorizados.

Funcionan como ventanilla única para todo lo relacionado con la inversión y las exportaciones, brindando sin coste, información y orientación al inversionista internacional para identificar oportunidades de negocio y facilitar el establecimiento de empresas.

Por otra parte, la Secretaría de Desarrollo Económico de Honduras/PROHONDURAS es la entidad competente para la ejecución y aplicación de la legislación vigente en materia de inversiones. Así, entre otros cometidos, se encarga de la gestión del registro de inversiones y otorga la autorización de la inversión extranjera en aquellos casos en los que se precise, de acuerdo con el marco legal.
 

 

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Cuadro de organismos de apoyo a la inversión extranjera

ORGANISMODATOS DE CONTACTO
Fundación para la Inversión y Desarrollo de las Exportaciones (FIDE)

Colonia Lomas del Guijarro Sur, Calle Madrid, Bloque N.
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A

Tel: (504) 2239-6417/18, (504) 2235-9113
E-mail: info@fidehonduras.com

Web: www.hondurassiexporta.hn
Centro de Información Comercial (CIC):
cic@fidehonduras.com

Secretaría de Desarrollo Económico (SDE) - Departamento Promoción Internacional/ProHonduras

Colonia Humuya, Edificio San José sobre el Boulevard José Cecilio del Valle
Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.

Tel. (504) 2213-0633, 2213-0606, 2213-0519, 2213-0377
E-mail: info@prohonduras.hn
Web: www.prohonduras.hn

Honduras 20/20Blvd. Morazán
Tegucigalpa MDC, Honduras, CA.
Tel. (504) 2221-2446

E-mail: investor.relations@honduras2020.com

 

 

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Detalle del APPRI con España

Honduras ha suscrito APPRI (Acuerdos de Promoción y Protección Reciproca de Inversiones) con varios países, entre los cuales se incluye España, cuyo APPRI está en vigor desde el 23/05/1996.

En relación con la protección de las inversiones, el APPRI establece para cada una de las partes la obligación de proteger y no obstaculizar mediante medidas discriminatorias o injustificadas la gestión, el mantenimiento, el desarrollo, la utilización, el disfrute, la extensión, la venta y la liquidación de las inversiones efectuadas por inversionistas de la otra parte.

En cuanto al tratamiento de las inversiones, se aplican las cláusulas de Tratamiento de Nación Más Favorecida (TNMF) y de Tratamiento Nacional (TN). Las excepciones establecidas a la aplicación del TNMF se aplican a los privilegios concedidos en virtud de la participación de una Parte Contratante en un proceso de integración regional y a los beneficios fiscales concedidos por las partes en virtud de Acuerdos de Doble Imposición o similares.

No existen excepciones de carácter sectorial.

El APPRI incluye la obligación de indemnizar o compensar a los inversionistas en caso de pérdidas producidas por conflictos armados o estados de emergencia nacional, aplicando las cláusulas de TNMF y TN.

Se establece la libre transferencia de rentas de las inversiones y el acceso al mercado de divisas y la obligación de facilitar los procedimientos necesarios para efectuar las mismas, de forma que no transcurran más de tres meses desde el momento en el que se solicita la transferencia hasta el momento en el que dicha transferencia se realice efectivamente.

Las controversias entre las partes se resolverán hasta donde sea posible por la vía diplomática y, en caso de que no se llegara a un acuerdo a través de un tribunal de arbitraje constituido conforme a lo establecido en el Acuerdo.

Las controversias entre una parte contratante y los inversionistas de la otra parte se resolverán en la medida de lo posible, mediante un acuerdo amistoso. En caso de que no se llegara a un acuerdo en un plazo de seis meses, se podrá acudir a un tribunal de arbitraje a elección del inversionista entre los siguientes:

  • Tribunales competentes de la Parte Contratante en cuyo territorio se realizó la inversión.
  • Tribunal de arbitraje “ad hoc” establecido por el reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para le Derecho Comercial Internacional.
  • Centro Internacional de Arreglo de Diferencias
  • Tribunal de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional de París.

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Otros incentivos a la inversión

LEY DE PROMOCIÓN DE LA ALIANZA PÚBLICO PRIVADA

Gestiona y regula los procesos de contratación para la participación público-privada en la ejecución, desarrollo y administración de obras y servicios públicos. La alianza público-privada (APP) consiste en una alianza estratégica formalizada en un contrato en la que el Estado asume compromisos de naturaleza firme o contingente. Sus aportes pueden ser:

  • Aportaciones en efectivo.
  • Estudios técnicos.
  • Suscripción de acciones o compra de valores negociables en el mercado financiero.
  • Otorgamiento de bienes de dominio público. No existiría traslado de dominio, ya que se consideran concesiones.
  • Otorgamiento de derechos sobre bienes patrimoniales del Estado o de los Municipios.

La Ley de Promoción de la APP crea la Superintendencia de Alianza Público-Privada que actúa como responsable de la regulación y supervisión de los proyectos y procesos de las APP. Los proyectos que se ejecuten bajo la Ley de APP deben formar parte del Sistema Nacional de Inversión Pública y además, deben contar con un examen de viabilidad previo que realiza el Consejo Nacional de Inversiones. Sobre el control y seguimiento de obras y prestación de servicios mediante el régimen de APP, se encargan los entes reguladores sectoriales creados por leyes especiales. En caso de que no exista un ente regulador sectorial, estará a cargo la Superintendencia de APP.

Por último, para garantizar la transparencia de las APP, la Ley de Promoción de APP determina que la Secretaría de Finanzas determinará los riesgos financieros y no financieros, las garantías, compromisos futuros y las contingencias fiscales.  

PROGRAMA DE EMPLEO POR HORAS

Establece por primera vez en Honduras, un régimen especial de trabajo por horas con modalidades de tiempo limitado y para obra o servicios determinados. La jornada mínima de trabajo en el área urbana es de 3 horas/día, y en la rural 2 horas/día. Aquellas unidades productivas que inicien operaciones podrán contratar un número empleados, bajo este régimen, no superior al 40% de su personal. Y las unidades que tengan de 1 a 15 empleados permanentes podrán contratar un número igual.

LEY DE PROMOCIÓN DE TRABAJO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA NACIONAL 

Aprobada en 1998, esta ley establece un marco jurídico para el suministro y administración directa de servicios públicos y la ejecución de proyectos de infraestructura de interés social por entes privados (individuos, compañías u organizaciones no gubernamentales). La ley estimula la participación extranjera en proyectos de desarrollo de infraestructura y en industrias recién instaladas mediante amplios derechos de concesión.

LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

Se emitió en 1993 para proveer protección a las obras extranjeras y nacionales publicadas en Honduras o fuera del país, de acuerdo con las convenciones y estándares internacionales.

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Zonas francas y ZEE

LEY DE LAS ZONAS INDUSTRIALES DE PROCESAMIENTO PARA EXPORTACIONES (ZIP): (Decreto No.37/87 de 27 de abril de 1987)

Las Zonas Industriales de Procesamiento, conocidas como ZIP, son parques industriales en los que se instalan empresas industriales exportadoras y en las cuales debe darse un proceso productivo de transformación.

Requisitos para ser operadora:

  • Constituirse como Sociedad Anónima de Capital Fijo, suscrito y pagado en una cantidad no menor de dos millones de lempiras, aproximadamente 105.820 dólares.
  • Tener como finalidad exclusiva la explotación de ZIP.
  • Acreditar la disponibilidad del inmueble requerido para los fines de la ZIP.
  • Acreditar la disponibilidad de los recursos técnicos y financieros para prestar los servicios y desarrollar la infraestructura para generar un mínimo de 5.000 empleos nuevos en un periodo de 5 años.

Requisitos para ser usuaria.

  • Firmar un contrato de compra o arrendamiento con la operadora para los fines de procesamiento industrial para la exportación o prestación de servicios complementarios en la ZIP.

Beneficios:

  • Los bienes y mercaderías que se importen y/o exporten gozarán de exoneración total del pago de derechos arancelarios, derechos consulares, cargas y recargos, impuestos internos de consumo, producción, venta y demás impuestos, gravámenes, tasas y sobre-tasas. De igual manera, las ventas y producción que se generen dentro de la zona Industrial de Procesamiento para Exportaciones y los inmuebles y establecimientos industriales y comerciales de la misma, quedan exentos del pago de impuestos estatales y municipales.
  • Las empresas usuarias ZIP quedan exoneradas del pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y del pago de impuestos municipales. De la exoneración del pago del ISR, no gozarán las personas naturales o jurídicas extranjeras cuando en la legislación de sus respectivos países se les permita deducir el ISR pagado en Honduras de los impuestos a pagar en su país de origen. Asimismo, los ingresos por salarios y otras rentas personales similares de las personas que trabajen en la ZIP, pagarán el ISR y Municipales conforme a la ley correspondiente.
  • Las empresas operadoras de la ZIP quedan exoneradas del pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por un periodo de 20 años y del pago de impuestos municipales por 10 años.

Las solicitudes para autorizar a una empresa operadora de ZIP deben presentarse a la Secretaría de Industria y Comercio (SIC), acompañadas de los documentos siguientes:

  • Proyecto de Escritura Pública de Constitución y los Estatutos.
  • Estructura financiera y administrativa, así como proyecciones a 10 años.
  • Estudio económico que justifique el establecimiento de la ZIP.
  • Planos de la ZIP e instalaciones proyectadas.

ZONAS LIBRES (ZOLI) (Decreto No.356 de fecha 19 de julio de 1976 y Ley de Estímulo a la Producción a la Competitividad y Apoyo al Desarrollo Humano (Decreto 131/98 de 20 de mayo de 1998)

La Ley de Zonas Libres es una reforma a la Ley de la Zona Libre de Puerto Cortés que tiene como objetivo conferir el estatus de zona libre (que en ese momento sólo gozaba Puerto Cortés) a todo el territorio nacional de Honduras. Las ZOLI pueden establecerse en cualquier lugar como empresas individuales (en este caso actuarían como operadoras-usuarias) o, como en el caso de las ZIP, en parques industriales bajo la administración de una operadora. Además, en las ZOLI pueden establecerse empresas industriales, de servicios y comerciales.

Requisitos para ser usuarias:

  • Empresa comercial básicamente de exportación, destina no menos del 50% de sus ventas anuales a exportación o a reexportación.
  • Empresa industrial básicamente de exportación: destina no menos del 95% de su producción anual para su comercialización en el extranjero.
  • Empresa de actividades conexas o complementarias, que destina su producción al abastecimiento de procesos productivos o al suministro de servicios a otras empresas establecidas en ZOLI.
  • Empresa de servicio, su actividad sirve de apoyo directo e indirecto a los usuarios de la ZOLI.

Beneficios:

  • Importación libre de cargos de maquinaria, materias primas, suministros y todo lo que se precise para la operación de una planta.
  • Exención del pago del pago de impuestos y contribuciones municipales para los inmuebles y establecimientos comerciales y para las ventas y producciones dentro de la zona libres.
  • Exoneradas del pago del Impuesto Sobre la Renta las utilidades por operaciones efectuadas dentro de la zona, siempre que las empresas no se beneficien de ninguna ventaja similar en sus respectivos países.
  • Permiso de propiedad extranjera en un 100%.
  • Conversión de moneda sin restricciones.
  • Libertad para la repatriación de ganancias y capital sin restricciones.

Las empresas interesadas en convertirse en empresas operadoras o empresas usuarias de ZOLI deberán presentar su solicitud a la Secretaría de Desarrollo Económico. Dicha solicitud deberá contener:

  • La actividad principal a la que se dedicará la empresa así como su localización y teléfono.
  • Productos que elaborará y mercados a los que exportará o actividades y servicios que prestará.
  • Fotocopia de la escritura pública de constitución de la sociedad. En el caso de empresas extranjeras, autorización para ejercer la actividad comercial en Honduras. Se deberá incluir también una fotocopia autenticada del poder legal que acredite al responsable de la empresa.
  • Plano descriptivo de la propiedad e instalaciones donde se desarrollará el proyecto. También, título de propiedad o contrato de arrendamiento por un plazo no menor a cinco años del inmueble donde operará la empresa.

Finalmente, una vez otorgado el permiso para operar en una Zona Libre, la empresa deberá suscribir un contrato de operaciones con la SAR (Servicio de Administración de Rentas).

Los beneficios son similares a los otorgados a las ZIP pero, en el caso de las operadoras, las exoneraciones del impuesto sobre la renta y los impuestos municipales son de por vida. Esto ha llevado a que las ZIP hayan ido perdiendo importancia frente a las ZOLI que ofrecen mayores ventajas para la operadora.

REGIMEN DE IMPORTACION TEMPORAL (RIT) (Decreto Legislativo No.8-85 de fecha 07 de febrero de 1985 y sus reformas)

Es el régimen aduanero que permite recibir, dentro del territorio aduanero con suspensión del pago de derechos aduaneros, el impuesto general de venta y otros impuestos a la importación de:

  • Materias primas, productos semielaborados, envases, empaques y otros insumos para producir los bienes o servicios que se exporten a países no centroamericanos, o cuando los mismos se ensamblen, transformes, modifiquen o se incorporen físicamente a productos o servicios que se exporten a países no centroamericanos.
  • Maquinaria, equipo, moldes, herramientas, repuestos y accesorios exclusivamente para ensamblar, transformar, modificar o producir los bienes o servicios destinados a la exportación a países no centroamericanos. Estos bienes podrán enajenarse libremente después de transcurridos cinco años desde la fecha de su importación temporal, previa autorización de la Secretaría de Finanzas (SEFIN).
  • Muestrarios, instructivos, patrones, maniquíes y modelos, necesarios para ajustar la producción de bienes y servicios a las normas y diseños exigidos en el mercado internacional y para fines demostrativos, de instrucción o e investigación.

Gozan de exoneración total del pago del Impuesto Sobre la Renta por las utilidades provenientes de la exportación a países no centroamericanos, durante diez años, contados a partir de la fecha de inicio de su producción exportable. Para ser beneficiarias de esta exoneración las empresas deberán reunir los siguientes requisitos:

  • La empresa deberá ser en todo caso empresa industrial o agroindustrial.
  • Necesitará mantener como mínimo 25 empleos directos.
  • Los productos que genere deberán ser considerados como no tradicionales, acorde con lo definido en este aspecto en la Ley de Fomento a las Exportaciones.

La solicitud para operar bajo el Régimen Temporal de Importación se presentará ante la Secretaría de Desarrollo Económico y la información a presentar deberá contener, entre otros, lo siguiente: nombre, razón social o denominación, RTN (Registro Tributario Nacional) y demás datos generales; maquinaria, equipo y herramienta a utilizarse, indicando la capacidad de producción; bienes e insumos que solicita importar; descripción de los productos que se exportarán; número de trabajadores con estimación de sueldos y salarios, estimación de valor agregado a coste de factores, estimación del ingreso neto anual de divisas, todas las anteriores estimaciones con proyección a tres años, resumen del proceso de producción, escritura pública que le acredite como sociedad o comerciante individual y demás documentación que sea exigible conforme a las leyes vigentes.

REGIONES ESPECIALES DE DESARROLLO (Decreto 120/2013 de 6 de septiembre de 2013)

En junio de 2013 se aprobó la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), tras un largo debate nacional. La idea de crear estas ZEDE, más conocidas como Ciudades Modelo, nace con el propósito de generar un ambiente estable y con reglas transparentes para captar inversión nacional y extranjera. Estas regiones operarán en base a lo que se disponga en su Estatuto Constitucional, que deberá ser aprobado por del Congreso Nacional. Por el momento no se ha creado ninguna Ciudad Modelo.

Las ZEDE se considerarán de naturaleza urbana, tendrán personalidad jurídica, y deberán contar con su propio sistema de administración pública y fuero jurisdiccional. También podrán emitir su propia normativa legal, que deberá ser aprobada o improbada por el Congreso Nacional por mayoría simple así como firmar tratados y convenios internacionales en temas relacionados con el comercio y cooperación en materias de su competencia.

 

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Contratación Pública. Criterios de adjudicación de contratos

En noviembre de 2001 fue aprobada la nueva ley de Contratación del Estado, aplicable a los contratos de obra pública, suministro de bienes y servicios y consultoría que celebren los órganos de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada.

La Ley garantiza el principio de igualdad y libre competencia entre oferentes, observando el principio de reciprocidad para oferentes extranjeros.

Los contratos que contemplan exoneraciones o incentivos fiscales y prolongan sus efectos a otro periodo de Gobierno deben ser aprobados por el Congreso.

La Ley de Contratación del Estado permite la presentación a licitaciones públicas de personas jurídicas extranjeras, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en la legislación civil y mercantil para ejercer actividades en Honduras. Además, deberán inscribirse en el Registro de Proveedores y Contratistas por especialidades o áreas de actividad, según los formularios proporcionados por la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones sin costo alguno. Dicha inscripción dura tres años y puede ser renovada por el interesado.

Según el monto de los proyectos se aplican las distintas modalidades de contratación: licitación pública, licitación privada, concurso público, concurso privado y contratación directa.

Licitación Pública

Cuando se trata de construcción de obra pública, el órgano responsable del proyecto realizará la precalificación de las compañías interesadas. En la precalificación, se tomarán en cuenta la experiencia de la empresa, la disponibilidad de equipo e instalaciones, la capacidad administrativa y técnica disponible, la capacidad financiera y el cumplimiento de contratos anteriores.

La ley determina que entre precalificación e invitación a presentar ofertas debe mediar un plazo no menor a treinta días a partir de la notificación de la precalificación.

La adjudicación de los contratos de construcción de obra pública o de suministro se hará al oferente que, ajustándose a los requisitos establecidos en los pliegos de condiciones, presente el precio más bajo. Si se presenta una oferta anormalmente baja en relación a las otras o al presupuesto, el contratante puede pedir información adicional e incluso solicitar una garantía por el doble del monto establecido por ley. Si la oferta no tiene fundamento será desestimada.

Existe la posibilidad de “adjudicación por criterios objetivos de evaluación”, cuando así se estipule en los pliegos, debiendo establecer éstos un sistema de puntuación para evaluar los criterios distintos del precio (condiciones de financiación, beneficios ambientales, compatibilidad de equipos, disponibilidad de repuestos, entre otros).

Cuando concurren oferentes nacionales y extranjeros se aplica el “margen de preferencia nacional”: en el caso de suministros, mediante la suma, a la oferta extranjera más baja, de los impuestos de importación correspondientes (o un 15% del valor de la oferta); en el caso de obra pública se añade un 7,5%. Este mecanismo no se aplica cuando existen acuerdos bilaterales de reciprocidad o en la ejecución de préstamos otorgados por organismos financieros internacionales. Cuando la licitación no se adjudique al oferente de precio más bajo deberá motivarse suficientemente o será declarada nula.

Licitación privada

Mediante este procedimiento el órgano contratante invita a participar a tres oferentes potenciales inscritos en el registro correspondiente.

La licitación privada también puede convocarse en casos de urgencia debidamente calificada, por razones de seguridad y abastecimiento, requiriéndose en todos los casos autorización del Presidente de la República (Administración Centralizada) o del Órgano de decisión superior (Administración Descentralizada).

Concurso

Se aplica a los contratos de consultoría, ajustándose a la modalidad pública o privada según los montos.

El procedimiento de selección es el siguiente: el oferente mejor calificado desde el punto de vista técnico es invitado a negociar el contrato. Invitándose al segundo mejor calificado y sucesivos hasta obtener un resultado satisfactorio, sin perjuicio de declararlo fracasado.

Contratación Directa

Puede realizarse en una serie de casos establecidos por la ley: situación de emergencia, adquisición de bienes y servicios especializados de fabricación o venta exclusiva, acuñación de moneda y papel timbrado, realización de trabajos científicos, técnicos y artísticos y operaciones secretas. En todos ellos se necesita autorización del Presidente de la República (Administración Centralizada) o del Órgano de decisión superior (Administración Descentralizada).

Garantías

Existen los siguientes tipos de garantías:

- Garantía de mantenimiento de la oferta: los participantes deben garantizar el mantenimiento del precio y demás condiciones de oferta mediante otorgamiento de una garantía mínima del 2% del valor de la oferta, que será devuelta a todos los oferentes salvo el oferente seleccionado.

- Garantía de cumplimiento: el particular que contrata con el Estado debe constituir esta garantía por un 15% del valor de los bienes o servicios a entregar durante el año, renovándose 30 días antes de cada vencimiento y hasta tres meses después del fin previsto de la obra o entrega del suministro.

- Garantía de calidad: sustituye a la anterior cuando se realice la liquidación, siempre que se haya pactado en el contrato, por un monto equivalente al 5% del valor de éste.

-Garantía por anticipo de fondos: cuando se pacte un adelanto de fondos (que nunca podrá ser superior al 20% del contrato), el contratista deberá constituir una garantía equivalente al 100% del anticipo.

Contratos de Consultoría

Aplicado a la contratación de servicios de estudio, diseño, asesoría, supervisión, programación, preparación de términos de referencia, entre otros.

La adjudicación se realiza mediante concurso, y en el caso de consultoría para el diseño o supervisión de obras públicas se lleva a cabo una precalificación.

La garantía de cumplimiento se fija mediante retenciones del 10% de los pagos parciales por honorarios, o del 15% para contratos de diseño o supervisión de obras.

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Régimen de inversiones

Régimen de Inversiones

En Honduras, la inversión extranjera se regula a través de la Ley para la Promoción y Protección de Inversiones. No obstante, las inversiones establecidas bajo el amparo del Decreto 80-92 (anterior Ley de Inversiones) mantienen los beneficios durante un periodo de cinco años a partir de la entrada en vigencia de la nueva legislación.

A grandes rasgos, las inversiones extranjeras reciben el mismo tratamiento que las locales. Además, desde la Secretaría de Desarrollo Económico, a través de ProHonduras y Honduras 20/20, se trata de fomentar la inversión, tanto extranjera como local, en sectores cuya producción está destinada a la exportación.

LEY PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE INVERSIONES (Decreto 51/2011 de 15 de julio)

La Ley para la Promoción y Protección de Inversiones se crea para incrementar las facilidades y garantías a la inversión, tanto nacional como extranjera, en Honduras. Los principales aspectos que se regulan son:

 Se contemplan una serie de sectores restringidos, en los que esta Ley no será de aplicación:

  • Disposiciones y desechos de basuras tóxicas, peligrosas o radioactivas.
  • Actividades que afecten a la salud pública.
  • La industria y comercio en pequeña escala (art. 337 Constitución).
  • Fabricación, importación, distribución y venta de armas, municiones y artículos similares.

 Los principios más destacables que son de aplicación a la inversión, son los siguientes:

  • Acceso ilimitado a las divisas en moneda de libre uso para la importación de insumos, pago a proveedores extranjeros y pago a créditos pendientes en el extranjero que provengan de inversiones en Honduras.
  • Derecho a la apertura de cuentas en bancos sin más requisitos que los nacionales.
  • Garantía sobre la propiedad y derecho a no expropiación (salvo causas art. 106 Constitución). En caso de expropiación justificada, se garantiza al inversor el derecho a la repatriación del 100% de la cantidad percibida como indemnización.
  • Libertad de producción y comercialización de bienes y servicios en general, excepto los prohibidos por ley, así como la libre determinación de precios.
  • No aplicación de restricciones al número de proveedores y no imposición de limitaciones al valor total de los activos ni al número de operaciones.
  • Libertad para la contratación de seguros dentro y fuera del país que cubran sus inversiones de riesgos comerciales y no comerciales.
  • Se reconocen garantías para la protección a los inversores en propiedad raíz: garantía sobre el título de la propiedad; régimen preventivo de conflictos y régimen de garantía de recuperación de inversiones de continuidad de un proyecto en ejecución sobre una propiedad en litigio.
  • Para acogerse al régimen preventivo de conflictos se deberá presentar solicitud ante la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Inversiones. Dicha solicitud deberá publicitarse mediante notificaciones en medios de comunicación y colocando carteles en el sitio que se quiere proteger. Si en el plazo indicado en el reglamento no se presenta oposición, quedan extinguidos los derechos de propiedad que terceros pudieran tener sobre el inmueble.
  • Para promover que se concluya la construcción de inmuebles en litigio, siempre que se cumplan una serie de circunstancias establecidas en la Ley, el promotor del inmueble podrá pedir que se constituya un fideicomiso para: garantizar la continuidad del proyecto; garantizar la recuperación de la inversión realizada; garantizar la venta o arrendamiento de lo construido. Por otro lado, si no desea constituir un fideicomiso sobre el proyecto, podrá solicitar que el conflicto se resuelva mediante arbitraje obligatorio.
  • Podrán solicitar contratos de estabilidad jurídica (por una duración máxima de 15 años) los inversores que realicen inversiones superiores a 1.000.000 de dólares mediante: aportes de capital en una empresa establecida o por establecerse en Honduras, adquisición de acciones de propiedad directa o indirecta del Estado, aportes de capital a la empresa beneficiaria de una Alianza Público-Privada; mediante los contratos de estabilidad jurídica se garantiza la estabilidad del régimen tributario que grave las rentas vigentes a la firma del contrato así como la estabilidad del régimen de libre disponibilidad de divisas, dividendos y remesas para capitales extranjeros.
  • En el caso de las inversiones bajo Alianza Público-Privada la duración del contrato de estabilidad jurídica será la de la duración de la Alianza.
  • Las disputas que surjan entre personas naturales o jurídicas, tanto nacionales como extranjeras, y el Estado serán resultas mediante negociación y, en su defecto, conciliación. Para facilitar la resolución de conflictos mediante negociación, conciliación y arbitraje, se permite la disertación en varios idiomas y la participación de abogados no colegiados en Honduras.
  • Los proyectos de “interés prioritario” o de “inversión por regiones”, siempre que sobrepasen unas cantidades determinadas, recibirán exoneraciones parciales del Impuesto Sobre la Renta (ISR) que serán de entre el 60-80% de la suma invertida.

La Ley garantiza específicamente a los inversores extranjeros:

  • Tratamiento nacional a la inversión extranjera.
  • Derecho a realizar la transferencia al exterior en moneda de libre uso del íntegro de sus capitales provenientes de las inversiones realizadas.
  • Derecho a acceder al crédito en el sistema financiero nacional en igualdad de condiciones que los nacionales.
  • Derecho a la repatriación de divisas y ganancias de capital
  • No imposición de medidas que restrinjan los tipos de establecimiento o empresas conjuntas a través de los cuales un extranjero puede desarrollar una actividad económica.
  • El inversor extranjero que participe en una Alianza Público-Privada o que se acoja al régimen de beneficios fiscales de esta Ley, podrá solicitar el Permiso de Residencia para él, para sus descendientes y para sus empleados.

 

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Propiedad inmobiliaria

La Ley para la Promoción y Protección de las Inversiones (2011) garantiza a los inversores locales y extranjeros el derecho a poseer propiedad, pero con ciertas restricciones establecidas en la Constitución hondureña, así en el artículo 107 se establece que los terrenos (de propiedad pública o privada) situados en las zonas limítrofes del país, en el litoral de ambos mares y en una extensión de cuarenta kilómetros hacia el interior, así como las islas, cayos y arrecifes, sólo podrán ser propiedad de nacionales hondureños (por nacimiento),o por sociedades integradas en su totalidad por socios hondureños.

En el caso de efectuarse por personas físicas o jurídicas no nacionales, la compra de bienes urbanos que se encuentren en las áreas descritas por el artículo 107 está sometida a una regulación especial (Decreto 90/90): los inmuebles sólo pueden adquirirse si se destinan a proyectos turísticos, de desarrollo económico o social o de interés público. Además, el Instituto Hondureño de Turismo debe aprobar dichos proyectos. En el caso de que el destino del inmueble sea para uso privado (sea adquirido por una persona natural o jurídica), y el terreno no exceda de 3.000 m2, no es necesario solicitar dicha autorización.

La existencia de estas limitaciones a la propiedad en las zonas de mayor potencial turístico ha limitado las inversiones extranjeras, y ha habido alguna propuesta de modificación del artículo 107, que no ha sido posible debido a la presión de los grupos étnicos (garífunas y miskitos) que habitan dichos territorios.

Conscientes de la necesidad de atraer inversión extranjera para desarrollar el sector, los distintos Gobiernos han impulsado la participación de sociedades extranjeras mediante fórmulas de coinversión. La Ley de Incentivos al Turismo de 2017 establece trato igualitario a la inversión para cualquier tamaño de empresa turística y procedencia.

En Honduras, el 80% de la propiedad privada no tiene un título de propiedad o si lo tiene es incorrecto, mediante la Ley de Inversiones de 2011, se pretendía solucionar esta carencia, así en su artículo 8, se establece que las personas jurídicas o naturales interesadas en desarrollar proyectos o inversiones sobre bienes inmuebles, pueden acogerse a la ley para prevenir posibles conflicto sobre el inmueble extinguiendo los posibles derechos de propiedad de personas que no posean la tenencia del inmueble.

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Incentivos a la inversión (fiscales, sectoriales, regionales y locales)

LEY DE PROMOCIÓN A LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON RECURSOS RENOVABLES (Decreto 70/2007 de 2 de octubre de 2007)

Para garantizar el fomento de proyectos basados en recursos renovables, se considera que la electricidad de fuentes renovables tendrá prioridad de despacho sobre otras de fuentes no renovables.

Entre los beneficios de los que gozarán las plantas renovables, se encuentran los siguientes:

  • Exoneración del pago de aranceles y gravámenes de importación durante el periodo de estudio y construcción.
  • Exoneración del impuesto de ventas de equipos, accesorios y repuestos durante el periodo de estudio y construcción.
  • Exoneración del impuesto sobre la renta, aportación solidaria temporal, impuesto al activo neto y todos aquellos impuestos conexos a la renta, durante un plazo e 10 años contados a partir del inicio de la operación comercial para los proyectos con capacidad instalada de hasta 50 MW.
  • Dispensa del pago de impuestos por importación temporal. Las plantas de energía renovable recibirán de la ENEE (Empresa Nacional de Energía Eléctrica) un contrato por 10 años y una tarifa 10% mayor que el costo marginal de corto plazo. Para las plantas de hasta 50 MW este incentivo de 10% en la tarifa se extenderá por 15 años.
  • Exoneración del impuesto sobre la renta y sus retenciones sobre los pagos de servicios u honorarios contratados con personas naturales o jurídicas extranjeras.

LEY PARA LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE BIOCOMBUSTIBLES (Decreto No. 144/2007 de 31 de diciembre de 2007)

Beneficios:

  • Exoneración del pago de de impuestos y tasas estatales, excepto el impuesto sobre la renta (beneficio eliminado en diciembre de 2013), durante un periodo de 12 años improrrogables.
  • El componente de biocombustibles incorporado en el producto tiene una exoneración del pago de “Aporte para la Atención a Programas Sociales y Conservación del Patrimonio Vial”, estableciendo mediante Decreto No. 41-2004 de 1 de abril del 2004, por los primeros 15 años improrrogables, a partir del año 16 se pagará un veinticinco por ciento (25%) del aporte pagado por los combustibles fósiles.
  • Los proyectos gozan de los demás beneficios establecidos en la Ley de Aduanas en relación con la importación de maquinaria y equipo necesario para la construcción y operación de los citados proyectos por el periodo que dure la construcción, así como de los beneficios establecidos en la Ley del Régimen de Importación Temporal (RIT).
  • Estos derechos enunciados anteriormente no podrán ser transferidos a terceras personas, sean estas naturales o jurídicas.

 LEY DE LA PROMOCIÓN DE LA ALIANZA PÚBLICO-PRIVADA (Decreto 143-2010)

Gestiona y regula los procesos de contratación para la participación público-privada en la ejecución, desarrollo y administración de obras y servicios públicos. La alianza público-privada (APP) consiste en una alianza estratégica formalizada en un contrato en la que el Estado asume compromisos de naturaleza firme o contingente.
La Ley de Promoción de la Alianza Público-Privada crea la Superintendencia de Alianza Público-Privada como una entidad colegiada adscrita al Tribunal Superior de Cuentas, respecto del cual funciona con independencia técnica, administrativa y financiera. La Superintendencia de Alianza Público-Privada es el ente encargado de la regulación, control y seguimiento de los proyectos APP. Los proyectos que se ejecuten bajo la Ley de APP deben formar parte del Sistema Nacional de Inversión Pública y además, deben contar con un examen de viabilidad previo.
Por último, para garantizar la transparencia de las APP, la Ley de Promoción de APP determina que la Secretaría de Finanzas determinará los riesgos financieros y no financieros, las garantías, compromisos futuros y las contingencias fiscales.


LEY PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE INVERSIONES (Decreto 51-2011)

Los principios más destacables que son de aplicación a la inversión, son los siguientes:

  • Acceso ilimitado a las divisas en moneda de libre uso para la importación de insumos, pago a proveedores extranjeros y pago a créditos pendientes en el extranjero que provengan de inversiones en Honduras.
  • Derecho a la apertura de cuentas en bancos sin más requisitos que los nacionales.
  • Garantía sobre la propiedad y derecho a no expropiación (salvo causas art. 106 Constitución). En caso de expropiación justificada, se garantiza al inversor el derecho a la repatriación del 100% de la cantidad percibida como indemnización.
  • Libertad de producción y comercialización de bienes y servicios en general, excepto los prohibidos por ley, así como la libre determinación de precios.
  • No aplicación de restricciones al número de proveedores y no imposición de limitaciones al valor total de los activos ni al número de operaciones.
  • Libertad para la contratación de seguros dentro y fuera del país que cubran sus inversiones de riesgos comerciales y no comerciales.
  • Se reconocen garantías para la protección a los inversores en propiedad raíz: garantía sobre el título de la propiedad; régimen preventivo de conflictos y régimen de garantía de recuperación de inversiones de continuidad de un proyecto en ejecución sobre una propiedad en litigio.
  • Podrán solicitar contratos de estabilidad jurídica (por una duración máxima de 15 años) los inversores que realicen inversiones superiores a 1.000.000 de dólares mediante: aportes de capital en una empresa establecida o por establecerse en Honduras, adquisición de acciones de propiedad directa o indirecta del Estado, aportes de capital a la empresa beneficiaria de una Alianza Público-Privada; mediante los contratos de estabilidad jurídica se garantiza la estabilidad del régimen tributario que grave las rentas vigentes a la firma del contrato así como la estabilidad del régimen de libre disponibilidad de divisas, dividendos y remesas para capitales extranjeros.

La Ley garantiza específicamente a los inversores extranjeros tratamiento nacional a la inversión extranjera.

LEY DE FOMENTO A LOS CENTROS DE ATENCIÓN DE LLAMADAS Y TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS EMPRESARIALES (Decreto 90/2012 de 18 de julio de 2012)

La ley tiene como objeto establecer las normas generales y procedimientos con que deben funcionar dentro del territorio nacional, los centros de atención de llamadas (call centers) y los centros de tercerización de servicios empresariales (BPO), así como los beneficios y obligaciones de los titulares que desarrollen, administren u operen los mismos.

Beneficios:

  • Exención total del pago de impuestos arancelarios, cargos, recargos, derechos consulares, impuestos internos, de consumo y demás impuestos que graven la importación de equipo, herramientas, repuestos, accesorios, mobiliario y equipo de oficina, y demás bienes que tengan relación directa con las operaciones y la ejecución de la actividad incentivada.
  • Exención del Impuesto sobre la Renta exclusivamente por los ingresos provenientes de la actividad incentivada, durante el período que realicen sus operaciones en la zona libre, contados a partir del inicio de operaciones.

LEY NACIONAL DE EMPLEO POR HORAS (Decreto 354-2013)

Establece por primera vez en Honduras, un régimen especial de trabajo por horas con modalidades de tiempo limitado y para obra o servicios determinados. La jornada mínima de trabajo en el área urbana es de 3 horas/día, y en la rural 2 horas/día. Aquellas unidades productivas que inicien operaciones podrán contratar un número empleados, bajo este régimen, no superior al 40% de su personal. Y las unidades que tengan de 1 a 15 empleados permanentes podrán contratar un número igual.

ZONAS DE EMPLEO Y DESARROLLO ECONÓMICO (ZEDE) (Decreto 120-2013)

En junio de 2013 se aprobó la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), tras un largo debate nacional. La idea de crear estas ZEDE, más conocidas como Ciudades Modelo, nace con el propósito de generar un ambiente estable y con reglas transparentes para captar inversión nacional y extranjera. Estas regiones operarán en base a lo que se disponga en su Estatuto Constitucional, que deberá ser aprobado por del Congreso Nacional. Por el momento no se ha creado ninguna Ciudad Modelo.
Las ZEDE se considerarán de naturaleza urbana, tendrán personalidad jurídica, y deberán contar con su propio sistema de administración pública y fuero jurisdiccional. También podrán emitir su propia normativa legal, que deberá ser aprobada o improbada por el Congreso Nacional por mayoría simple así como firmar tratados y convenios internacionales en temas relacionados con el comercio y cooperación en materias de su competencia.
 

LEY DE INCENTIVOS AL TURISMO (Decreto 68/2017).

Esta Ley tiene como objeto propiciar el desarrollo de la oferta turística del país, mediante el otorgamiento de incentivos fiscales que posibiliten una mayor participación de la inversión privada nacional y extranjera en el desarrollo de productos turísticos.

Entre los incentivos que establece se encuentran los siguientes:

  • Exoneración del pago del impuesto sobre la renta,  impuesto al activo neto y aportación solidaria por un periodo de 15 años.
  • Exoneración del impuesto sobre la renta y retenciones sobre los pagos de servicios u honorarios contratados necesarios para los estudios, instalación, construcción y monitoreo del proyecto por 5 años. 
  • Exoneración del pago del impuesto sobre ventas en las compras locales de bienes y servicios ligados directamente al proyecto por 10 años.
  • Los proyectos gozan de todos los beneficios establecidos en la Ley de Aduanas en relación con la importación de los equipos necesarios para la construcción y mantenimiento del proyecto.
  • Exoneración del pago de los Derechos Aduaneros de Importación (DAI), impuesto selectivo al consumo y demás tributos aduaneros en la importación y compra local de todo lo relacionado directamente con el proyecto turístico por 10 años.

 

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Representación y agencia

Representación y agencia

Los agentes o representantes, que desempeñan un papel importante en casi todos los sectores, están regulados por la Ley de Representantes, Distribuidores y Agentes de Empresas Nacionales y Extranjeras de 1977 y su reglamento de 1979.

En ellas se definen como concesionarios, cualquiera que sea la denominación que adopten, “las personas naturales o jurídicas nacionales que, por contrato o por la real y efectiva prestación del servicio representen, distribuyan o agencien los productos o servicios de un concedente o principal, nacional o extranjero, en forma exclusiva o no, en todo o parte del territorio nacional”.

Y como contrato de representación, distribución o agencia: “aquel por el cual una persona natural o jurídica nacional, con independencia de la forma en que las partes denominen, caractericen o formalicen dicha relación, se obligan con un concedente o principal, nacional o extranjero, en forma exclusiva o no a representarlo en sus negocios, prestarle servicios de agencia o distribuir sus mercancías o productos en el mercado nacional”.

De acuerdo con dicha norma, “cuando exista en el país uno o más concesionarios para determinados artículos o servicios, solamente por intermedio de ellos podrán introducirse u ofrecerse en el territorio nacional; se exceptúan de la anterior disposición las ventas directas a particulares hechas en forma no sistemática”.

En cuanto a la cancelación del contrato, la ley indica que “el concedente no podrá unilateralmente poner término, modificar o negarse a renovar el contrato, sin justa causa, bajo pena de indemnizar al agente, representante o distribuidor”.

Se consideran justas causas las siguientes:

“a) el incumplimiento por parte del concesionario de las obligaciones esenciales del contrato.

b) El fraude o abuso de confianza en las gestiones encomendadas al concesionario.

c) La disminución continúa en las ventas o colocación de debido a la negligencia o ineptitud del concesionario.

d) La negativa infundada del concesionario para rendir los informes y cuentas.

e) La divulgación de información confidencial.

f) La quiebra, insolvencia, suspensión de pagos

g) Cualquier acto imputable al concesionario que redunde en perjuicio de la introducción al mercado o venta de los productos”.

La indemnización se calculará, en su caso, de la siguiente forma:

“a) Los gastos efectuados por el concesionario que no puedan ser recuperados.

b) El valor de las inversiones hechas en beneficio del concedente, en la medida en que el concesionario no pueda darles aprovechamiento.

c) El valor de las existencias en mercancías, cuando los concesionarios no puedan aprovecharlas en el giro de la actividad mercantil.

d) El monto de la utilidad bruta obtenida por el concesionario en el ejercicio de la representación, agencia o distribución, durante los últimos años.

e) El valor de los créditos que el concesionario haya otorgado en el giro de la concesión”.

Finalmente, a los efectos del cobro de las indemnizaciones correspondientes, la ley indica que el concesionario goza del derecho de retención sobre las mercancías propiedad del concedente que estén en su poder, teniendo además consideración de acreedor preferente.

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Formación de "joint-ventures". Socios locales

Joint Ventures

En aquellos sectores muy regulados o para competir en licitaciones públicas es común que las empresas interesadas en el mercado hondureño constituyan joint ventures con socios locales.

El Código de Comercio de Honduras en su Capítulo XIII, Título II, Libro IV, junto la Ley de Inversiones (Decreto 80-92) regulan esta figura. Este decreto estipula, salvo por una serie de excepciones, que no existen límites de porcentaje de capital que puede ser poseído por el inversor foráneo.

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Tipos de sociedades

Tipos de sociedades

Según el Código de Comercio, la constitución de una sociedad mercantil en Honduras puede adoptar siete formas diferentes:

1. Comerciante Individual

Un comerciante Individual es dueño de todo el capital invertido en las operaciones (cuyo capital social no será inferior a 5.000 lempiras), y se responsabiliza ilimitadamente por el negocio.

En Honduras, no existe, de momento, un marco jurídico que regule a los “Trabajadores por cuenta propia”, por lo que entraría en la categoría de comerciante individual.

2. Sociedad en Nombre Colectivo

La Sociedad Colectiva es una compañía que se dedica al comercio bajo una razón social, en la que todos los socios participantes responden de forma solidaria, subsidiaria e ilimitadamente por todas las obligaciones contraídas por la empresa. La razón social está formada por el nombre de uno o más de los participantes, y va acompañada de las palabras “y compañía” si es necesario. Cualquier persona cuyo nombre aparezca en la razón social está sujeta a responder conjuntamente por la empresa. El Código de Comercio no establece el capital mínimo ni máximo para constituirse.

La administración es confiada a uno o más administradores, quienes pueden o no ser socios.

Las decisiones son tomadas por la mayoría de votos de los administradores; el nombramiento y despido de administradores se hace considerando la mayoría de votos de los socios, no obstante un administrador que es a la vez socio puede ser despedido solamente por el Consejo si ha cometido fraude o actuado con negligencia e incapacidad.

3. Sociedad en Comandita Simple

Existe bajo una razón social y está compuesta por uno o varios socios comanditados. A la razón social se le agregan siempre las palabras "Sociedad en Comandita" o su abreviatura "S. en C". Esta forma de compañía está compuesta por uno o más socios generales (comanditos) que tienen que responder conjunta e ilimitadamente de las obligaciones de la empresa y uno o más socios limitados (comanditarios) quienes son responsables solamente por el importe de sus aportaciones.

El capital social no será inferior a 5.000 lempiras.

Los socios limitados pueden no realizar actos de administración, excepto los de mera supervisión. Tampoco tienen voto en los acuerdos que pudieran considerarse una intervención en los asuntos de la compañía. En otros aspectos el socio limitado o en comandita simple es similar al socio de la Sociedad Colectiva.

4. Sociedad de Responsabilidad Limitada

Sus socios sólo son responsables por el valor de sus aportaciones, sin que las partes sociales puedan cederse. El número de socios esta limitado a veinticinco. La denominación se forma libremente, pero debe hacer referencia a la actividad social principal y la razón social se forma con el nombre de uno o más socios, inmediatamente seguidas de las palabras “Sociedad de Responsabilidad Limitada” (o S. De R.L.). El capital social debe ser suscrito completamente en el momento de su organización y debe ser como mínimo de 5.000 lempiras.

La administración está a cargo de uno o más gerentes, que pueden ser socios o no. La asamblea de socios es el órgano supremo y toman las decisiones por mayoría.

El costo estimado de constituirla se estima entre 400-600€.

5. Sociedad Anónima

La ley que regula la organización de una Sociedad Anónima requiere lo siguiente:

- Mínimo de dos socios

- Capital suscrito no inferior a 25.000 lempiras, suscrito íntegramente.

- Al menos el 25% del valor de cada acción debe aportarse en efectivo.

- Las acciones representan partes iguales del capital social.

Una Sociedad Anónima puede constituirse de dos formas: por fundación simultánea mediante la comparecencia ante un Notario Público o por suscripción pública.

La organización de una Sociedad Anónima incluye los accionistas, la Asamblea General y el administrador. La Asamblea General es la autoridad suprema de la Sociedad Anónima y posee todos los poderes que la Ley o reglamentos no confiere a ningún otro órgano de la sociedad, incluyendo la discusión, modificación y aprobación del Balance General, la contratación y despido de Administradores y auditores, y la determinación de la compensación para administradores y auditores.

La administración es realizada por un administrador o una Junta Directiva y la supervisión de la sociedad es confiada a uno o más auditores (Comisarios).

El costo estimado de constituirla se estima entre 550-800€.

6. Sociedad en Comandita por Acciones

La Sociedad en Comandita por Acciones Anónima está compuesta por uno o más socios seguidos de las palabras "y compañía". Se le agregarán las palabras "sociedad en comandita" o su abreviatura "S. en C." Los socios comanditados responden conjunta e ilimitadamente por las obligaciones de la empresa y por uno o más socios limitados (comanditarios) que son responsables solamente por el monto de sus aportaciones.

Este tipo de empresa está dirigida por las disposiciones aplicables a las Sociedades Anónimas. El capital está dividido en acciones y al menos una décima parte de éstas debe estar suscrita por los socios generales, los cuales no podrán transferir sus acciones sin el consentimiento unánime de todos los socios de su clase y el consentimiento de la mayoría de los socios limitados.

7. Sociedad de Capital Variable

Se rige por las disposiciones que corresponden al tipo de sociedad de que se trate. A la razón social o denominación se le añadirán siempre las palabras de "capital variable" o su abreviatura "de C.V."

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Régimen de Franquicias

Aunque se reportan más de 140 empresas, Honduras no cuenta con un registro oficial de franquicias. Según datos proporcionados por la Asociación Internacional de la Franquicia (AIF), en Honduras están establecidas más de 65 franquicias. La mayoría de los establecimientos corresponden a franquicias foráneas, la mayor parte corresponden al sector de comida rápida y restauración debido a los incentivos fiscales que en los 90 el Gobierno otorgó a este tipo de establecimientos. El número actual de franquicias de origen español en el país, es de ocho, todas ellas han tenido buena acogida en el mercado.

En los últimos años ha habido un desarrollo importante, teniendo en cuenta la dimensión del mercado, de la actividad franquiciadora, especialmente por la inversión en centros comerciales, sobre todo en Tegucigalpa y San Pedro Sula, que ha propiciado la apertura de negocios a través de franquicias, especialmente del sector de alimentación y bebidas, de entretenimiento y textil. Además otros régimenes de franquicia muy demandados en el país han sido los relacionados con el sector turismo, especialmente hoteles y servicios de alquiler de coches.

En el país no existe una legislación específica para el régimen de franquicias.  

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Propiedad industrial (marcas, patentes, diseños, licencias)

Honduras forma parte del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, del Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial (marcas, nombres comerciales y expresiones o señales de propaganda) que recoge el trámite y condiciones de la protección que el registro de la propiedad industrial puede ejercer; en cuanto a la  legislación nacional específica, el Código de Comercio regula la protección a los derechos del nombre comercial, de las marcas y otros signos distintivos, así como las patentes de inversión. En la Ley de Propiedad Industrial de 1999 (decreto nº 12-99E) se especifican los trámites necesarios para gestionar el registro de la marca y la protección de la patente.

La protección de la propiedad industrial está en manos de la Secretaría de Desarrollo Económico y del Instituto de la Propiedad (Oficina de Registro de la Propiedad Industrial).

Las patentes y marcas han de ser inscritas en el Instituto de la Propiedad (IP) para gozar de protección. El instituto se creó en 2004 como un ente descentralizado de la Presidencia, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

Para el registro de una marca

Como primer paso, el interesado ha de acudir al IP, a la ventanilla de del Registro de Marcas y Patentes para solicitar que se busquen los antecedentes de la marca que se desea registrar. La etiqueta de la marca debe contener la siguiente información:

  • Marca o nombre del producto
  • Contenido neto (peso, volumen o unidades)
  • Identidad o descripción del producto
  • Contenido nutricional
  • Ingredientes
  • Dirección de empresa y teléfono
  • Nombre del fabricante
  • Registro sanitario, fecha de elaboración y vencimiento

Una vez verificado los antecedentes, para poder registrar la marca ha de presentarse la siguiente documentación:

  • Carta poder autenticada (todos los trámites son realizados por un representante legal local, excepto la solicitud de antecedentes de la marca que la puede hacer una persona natural)
  • 21 etiquetas de la marca a registrar
  • Escritura pública de la empresa a registrar
  • Certificado de origen

Una vez efectuados los exámenes de conformidad, el Registro de la Propiedad Industrial ordenará que se anuncié la solicitud mediante la publicación de un aviso en el Diario Oficial La Gaceta, tres veces, con intervalos de diez días entre publicaciones, pudiéndose dentro del periodo de publicación y con un plazo de hasta 30 días desde la última publicación presentar oposición contra el registro de la marca, registrándose la misma sino se ha presentado oposición dentro del plazo establecido; teniendo una vigencia de 10 años.

Si la marca está registrada fuera del país y reclaman el derecho de uso, el representante puede registrarla presentando la solicitud invocando el derecho de prioridad que es de seis meses a partir de la primera solicitud presentada en cualquier país centroamericano. Una vez registrada la marca, se extiende el certificado de derecho de registro de la marca. El trámite de registro de una marca dura alrededor de dos a tres meses.

Para el registro de una patente, el apoderado legal necesita presentar los siguientes documentos:

  • Tres descripciones de la utilidad de la patente
  • Presentar tres ejemplares de las reivindicaciones
  • Explicar clara y detalladamente en que consiste el invento
  • Presentar tres fotografías, planos, dibujos, etc
  • En fórmulas químicas, diseños o dibujos se deberán presentar cuatro ejemplares
  • Carta poder autenticada

Una vez efectuados los exámenes de conformidad, el Registro de la Propiedad Industrial ordenará que se anuncie la solicitud mediante la publicación de un aviso en el Diario Oficial La Gaceta, tres veces, con intervalos de 30 días entre publicaciones. Transcurrido este periodo, sino ha habido oposición, se procedería a emitir al concesión de la patente.

Las patentes son concedidas por un plazo de 20 años. Para mantener la vigencia o la solicitud de trámite han de pagarse tasas anuales de mantenimiento. El trámite dura alrededor de dos años.

Para solicitar el registro de un diseño industrial se presentará ante la Oficina de Registro de Propiedad Intelectual la siguiente documentación:

  • Tres representaciones gráficas del diseño industrial
  • Tres indicaciones implícitas o explícitas de que se solicita el registro

Una vez efectuados los exámenes de conformidad, el Registro de la Propiedad Industrial ordenará que se anuncie la solicitud mediante la publicación de un aviso en el Diario Oficial La Gaceta, tres veces, con intervalos de 30 días entre publicaciones. Transcurrido este periodo, sino ha habido oposición, se porcedería a emitir el registro del diseño.

El registro es concedido por un período de cinco años.

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Razones y ventajas para la implantación de empresas españolas

Honduras es competitiva a nivel internacional en ciertos productos del sector agroalimentario como el café, azúcar, tabaco, camarón o aceite de palma, por las condiciones naturales del país. Por otro lado, Honduras cuenta con el mayor puerto del Caribe que, aunque perdió importancia en las últimas décadas debido a la falta de inversión, está siendo objeto de un ambicioso proceso de modernización y reforma.

En el sector servicios (ingeniería, seguros, servicios financieros, tecnologías de la información, marketing etc.) existe escasez de oferta y carencias en las capacidades disponibles en el mercado que sólo se pueden aprovechar con presencia permanente en el país. Así lo prueban las empresas españolas de ingeniería y seguros presentes en Honduras.

Los reducidos costes laborales y los incentivos del Gobierno a las regiones especiales de exportación, convierten a Honduras en un país con ventajas competitivas en la industria de la transformación (maquila).

Aunque es un proceso lento y desigual, la integración centroamericana es una realidad y la experiencia en Honduras es aplicable a los países que componen el SICA, facilitando la entrada en el territorio de los otros países miembros.
 
La experiencia de varias empresas españolas demuestra que la inseguridad física y jurídica existente en el país son riesgos gestionables. El Gobierno ha lanzado un agresivo plan de atracción de inversión extranjera al país canalizado a través de la institución Honduras 20/20, priorizando los sectores turismo, textil, manufactura, servicios a empresas y agro. El programa contempla exenciones y facilidades a las empresas extranjeras inversoras. Dadas las necesidades actuales de Honduras para alcanzar un grado de desarrollo elevado y sostenible, las empresas extranjeras van a jugar un papel importante en los próximos años, que será tanto mayor cuanto más rápido sea el avance en la mejora del clima de negocios. En este sentido, las empresas que ya estén instaladas en el país estarán mejor posicionadas para aprovechar las oportunidades que surjan en este proceso.

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Barreras de entrada para inversores españoles

Limitaciones a la contratación de extranjeros: El artículo 34 de la Constitución de Honduras establece que los extranjeros solamente podrán desempeñar empleos en la enseñanza de las ciencias y de las artes y prestar al Estado servicios técnicos o de asesoramiento, cuando no haya hondureños que puedan desempeñar dichos empleos. Adicionalmente, el artículo 11 del Código de Trabajo de Honduras prohíbe a los patronos emplear menos de un 90% de trabajadores hondureños. Esta restricción tiene especial impacto en varias empresas de servicios españolas de ingeniería y consultoría.

Limitaciones a la compra de terrenos en zonas costeras: El artículo 107 de la Constitución de Honduras establece que los terrenos situados en la zona limítrofe a los estados vecinos, o en el litoral de ambos mares, en una extensión de 40 km hacia el interior del país solo podrán ser adquiridos por hondureños de nacimiento, por sociedades integradas en su totalidad por socios hondureños por nacimiento y por las instituciones del Estado. No obstante la reciente de Ley de Incentivos al Turismo contempla ciertas excepciones cuando las compras sean destinadas a proyectos de desarrollo turístico. 

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