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La Cámara de Representantes de Filipinas permitirá a empresas extranjeras controlar la totalidad de ciertos servicios públicos

Febrero - 2020 | Philstar.com | Comentarios (0)

La Cámara de Representantes, equivalente al Congreso de los Diputados, ha aprobado en la sesión del 18 de febrero una enmienda que permitirá a empresas extranjeras ser titulares del total del capital en determinados servicios públicos. Se aprobó, en segunda votación, el House Bill 78, que enmienda la ley de Servicios Públicos, de 84 años de antigüedad.

Foto de la Cámara de Representantes filipina

Según la sección 11, artículo XII de la Constitución Filipina de 1987, el capital de las compañías de bienes públicos debe estar en manos de empresas o ciudadanos filipinos, al menos en un 60 %. Asimismo, se recoge la necesidad de que los gerentes y directivos de estas empresas sean filipinos. Dicha restricción, que ha limitado durante años la inversión extranjera en sectores clave para el desarrollo de Filipinas, será eliminada en poco tiempo si finalmente el House Bill 78 supera todos los trámites para su aprobación.

La fórmula ha consistido en cambiar la denominación del transporte, las comunicaciones o la energía a servicios públicos (public services), en lugar de bienes públicos (public utilities), como eran considerados anteriormente. Los bienes públicos se restringen ahora a la distribución y transmisión de electricidad, distribución de agua y sistemas de alcantarillado.

Los diputados promotores de la medida buscan abrir el mercado de Filipinas a los competidores internacionales mediante la aprobación de este proyecto. También aseguran que la obligación de un 60 % de capital en manos filipinas lastra el desarrollo económico en el país. La adopción de la nueva medida redundaría en el beneficio del consumidor al incrementar la competitividad en muchos sectores, reduciendo los precios y mejorando la calidad del servicio, según el criterio de dichos diputados.

No obstante, existen voces discordantes y ciertos diputados opositores al proyecto de ley lo han tachado de anticonstitucional, afirmando a su vez que es un peligro para la economía nacional. Además, se muestran reticentes a dejar en manos de empresas extranjeras sectores críticos como la energía o los medios de comunicación.

Con todo lo mencionado anteriormente, el proyecto de ley aún tiene un largo camino por recorrer antes de entrar en vigor. En primer lugar, debe pasar el filtro del Senado, que tiene capacidad de hacer modificaciones. Una vez superado este, pasaría a ser estudiado por las Comisiones de la Cámara de Representantes y el Senado correspondientes, en este caso, las relacionadas con economía y servicios públicos. Finalmente, la última palabra correspondería al presidente de la República de Filipinas, Rodrigo Duterte, quien cuenta con la potestad de modificar en última instancia el texto de la ley antes de aprobarlo o incluso rechazarlo. Sin embargo, el proyecto de ley ya ha superado el trámite más complicado: su aprobación en la Cámara de Representantes.

Si finalmente se aprobase, la ley supondrá una importante mejora de las condiciones para los inversores extranjeros en Filipinas y una oportunidad para las empresas españolas.

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