Marco jurídico

Resumen del marco jurídico para los negocios

El establecimiento, funcionamiento, disolución, fusión, división y liquidación de empresas está regulado principalmente por la Ley nº 31/1990, publicada el 17 de noviembre de 2004 en el Boletín Oficial del estado nº 1066. La ley ha sido modificada varias veces, las más recientes actualizaciones  en 2012 y 2013, por la aplicación tanto de los nuevos códigos civil y penal como de procedimiento civil y penal. Ambos han entrado en vigor el 1 de de febrero del 2014. 

El 16 de julio de 2015 entró en vigor la Ley nº152/2015, que modifica y completa determinadas leyes en materia de inscripción en el Registro Mercantil y que se publicó en el Boletín Oficial, Parte I, nº 519, de 13 de julio.

 En consecuencia, la Ley nº31/1990 publicada y reformada, está actualizada con las disposiciones de estos nuevos códigos y con lo previsto en las últimas leyes adoptadas.

Igualmente, con la entrada en vigor de la ley del nuevo código de procedimiento civil, Ley nº 134/2010, reformado el 15 de febrero de 2013, queda obsoleto el código comercial, salvo el título II "sobre comercio marítimo y navegación" y lo estipulado por los arts. 948, 953, 954 párrafo 1 y 955, que dejarán de ser vigentes a la entrada en vigor del Código marítimo. Como consecuencia, desaparece la denominación comerciante, siendo cambiada por la de profesional.

El nuevo Código de Procedimiento Civil, recogido por la Ley nº134/2010, de enjuiciamiento civil, republicada en el Boletín Oficial de Rumanía, Parte I, nº 247 del 10 de abril de 2015, en conformidad con el art. XIV de la Ley. 138/2014 que modifica y completa la Ley nº 134/2010, se modifica y se completa reuniendo las previsiones de ciertos actos normativos relacionados publicados en el Boletín Oficial de Rumanía, Parte I, nº 753, de 16 de octubre de 2014.

La versión republicada del nuevo Código de Procedimiento Civil facilita la actividad de aplicación de las normas de procedimiento civil ordinario y se puede encontrar en la página web del Ministerio de Justicia de Rumanía.

Existen también otros textos legales aplicables al propietario único (persona física autorizada, empresas individuales o familiares: Ordenanza de Urgencias del Gobierno nº 44/2008 actualizada por la Ley nº 4/2014) y la Ley nº120/2015, para fomentar la existencia de inversores individuales (business angels).

Las profesiones liberales se rigen por normativa específica. Hay también legislación que contempla medidas de estimulo para la creación de microempresas y de PyMES: OUG nº6/2011 reformada y actualizada (la última modificación fue la Decisión del Gobierno nº679/2015 para estimular la creación y el desarrollo de las microempresas principiantes en negocios) y la Ley nº 346/2004 para estimular la creación y el desarrollo de pequeñas y medianas empresas, ley reformada y actualizada.

 

 

 

 

 

 

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Organismos de apoyo a la inversión extranjera

Tras las elecciones de diciembre de 2012, el gobierno creó un Departamento para proyectos de infraestructura e inversión extranjera (www.dpiis.ro), bajo la dirección del ministro delegado Dan Coman Sova. A principios de 2014 se ha nombrado a D. Doru-Claudian Frunzulica para centralizar las competencias de apoyo a los inversores extranjeros. Ofrecen apoyo a los inversores extranjeros desde la gestación de los proyectos, con la legislación, búsqueda del emplazamiento más apropiado, relación con las autoridades locales, solicitud de ayudas aplicables, etc. Este departamento sustituye a la anterior agencia de promoción de inversiones.

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Contratación Pública. Criterios de adjudicación de contratos

No son muchas las compras del sector público rumano con cargo al presupuesto nacional. Las existentes suelen, en general, establecer una discriminación positiva a favor de las empresas locales. En 2007 se puso en marcha una iniciativa para comenzar a gestionar las licitaciones públicas por medios electrónicos ( www.seap.ro) con objeto de dotarlas de mayor eficiencia y transparencia. La dirección web desde donde se gestiona el servicio es la siguiente:

http://www.e-licitatie.ro/Public/Common/Content.aspx?f=PublicHomePage

A partir del 2010 se estableció que las instituciones públicas estaban obligadas a presentar el 40% de sus contratos de adquisición pública a través del sistema electrónico (www.e-licitatie.ro ), comparado con el 20% obligatorio el 2009. Asimismo,  el gobierno canceló la tasa de 2.500 lei que hasta entonces era obligatoria para registrarse en el sistema electrónico de adquisiciones públicas. Al parecer, a pesar del carácter obligatorio de utilizar el sistema electrónico, muchas instituciones no lo utilizaban por la tasa mencionada. Las publicaciones en el SEAP son gratuitas.

La Ordenanza de Urgencia del Gobierno 34/2006, con todas sus modificaciones posteriores, que regula la adjudicación de contratos públicos, se fundamenta en los principios y provisiones establecidos en la legislación comunitaria. En consecuencia, los principios de adjudicación son los siguientes: libre competencia, uso eficiente de los recursos públicos (es decir, la utilización del criterio económico y de competencia en la adjudicación), transparencia, trato igual y protección del secreto profesional y la propiedad intelectual de los concursantes.

A finales de noviembre del 2012 se modificó esta Ordenanza con las estipulaciones del nuevo Codigo Civil y la ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa. Por lo tanto, el contrato de adquisición pública es ahora un contrato administrativo, dejando de ser un contrato comercial. Asimismo se amplía también el área de aplicación de esta ordenanza para las empresas con capital integral o mayoritario del estado y para empresas mayoritariamente participadas por otras autoridades contratantes y organismos de derecho público.

Para mejorar la transparencia y flexibilizar los procedimientos de adjudicación de contratos, se introduce la obligatoriedad de las autoridades contratantes de notificar al SEAP las compras públicas directas que superen los 5.000 euros sin IVA. Se introducen también otras medidas para flexibilizar los procedimientos de adjudicación, y entre las cuales se modifica el umbral de ofertas que se consideran temerarias, entre el 85% y el 70% del valor estimado del contrato. Asimismo se modifican los plazos para la evaluación de ofertas y se modifica el umbral de la garantía de participación.

En 2013 se simplifica la modalidad de cálculo del umbral de para las ofertas que se consideran temerarias, estableciéndose éste en el 80% del valor estimado del contrato.


En 2014, con el fin de reducir el elevado número de impugnaciones de las licitaciones públicas, el gobierno introduce, a través de la Ordenanza de Urgencias nº 51, la obligación por parte de los ofertantes que impugnen la adjudicación de un concurso público de constituir un aval de buena conducta por importe del 1% del valor estimado del contrato, estableciendo al mismo tiempo unos umbrales máximos. El aval de buena conducta tendrá un periodo de validez de por lo menos 90 días, debe ser irrevocable y prever el pago incondicional a la primera instancia de la autoridad contratante, en la medida en la que la impugnación/demanda/reclamación presentada por el ofertante no resulte admitida o que la parte reclamante renuncie a su reclamación. En el caso en el que la impugnación presentada por el ofertante-reclamante no sea admitida a trámite por el Consejo o la instancia judicial, la autoridad contratante tiene la obligación de retener el aval de buena conducta cuando la decisión del Consejo/decisión de la instancia judicial (en el caso en el que el reclamante se dirige directamente a la instancia judicial) sea definitiva.  

 

La Estrategia Nacional de Adquisiciones Publicas fue aprobada por la Decisión de Gobierno no. 901/2015 y entró en vigor el 25 de noviembre de 2015.

Actualmente está casi finalizado el proceso de aprobación de las leyes de adquisiciones públicas que forman parte de un paquete legislativo que cambiará las existentes (Ordenanza 34/2006)y sus modificaciones) para la adaptación tanto al marco legislativo europeo, como a las particularidades de Rumanía. A continuación se exponen las directrices básicas del paquete legislativo en fase de trámite parlamentario.

 

Estrategia nacional en el área de las adquisiciones públicas:

 

Principio fundamental: un gasto eficiente de los fondos públicos mediante el aumento de la calidad del proceso de adquisición y el aumento de la capacidad administrativa

 

Objetivos específicos:

1.       La elaboración de políticas públicas especificas

2.       Legislación flexible

3.       Apoyo operativo y help-desk

4.       Recursos e impugnaciones

5.       Seguimiento, supervisión y control

6.       Profesionalizar el personal del área de las adquisiciones públicas

 

ANAP señala que el procedimiento está visto como un proceso bien definido, con pasos a seguir, para que no haya más retrasos debido a los recursos y las continuas aclaraciones solicitados sobre los documentos, especialmente técnicos que, hasta ahora, han causado muchos aplazamientos y prórrogas. El criterio de “precio más bajo” se sustituye por el criterio relación calidad-precio.

 

Principales líneas de la estrategia nacional reflejadas en el paquete legislativo en el área de adquisiciones públicas

1. Las Autoridades Contratantes van a tener que elaborar una estrategia de contratación, al menos para los proyectos mayores, antes del inicio del procedimiento de adquisición (para evitar las impugnaciones, observaciones, aclaraciones de la documentación de adjudicación…).

La Autoridad Contratante tendrá la posibilidad de recurrir a expertos externos para la realización integral o  parcial (fases) del proceso de adquisición pública (para asegurar la infraestructura necesaria para el desarrollo del procedimiento de adjudicación, la evaluación de las ofertas,…). En este sentido, el énfasis está en las unidades de adquisiciones centralizadas pero, también en la obtención del resultado.

2.Especificar las fórmulas de cálculo del valor estimado de la adquisición. La Autoridad Contratante elige la modalidad de adquisición en función: del valor estimado de todas las adquisiciones con el mismo objeto, con un objeto similar o un objeto que pertenece a la misma clase CPV (common procurement vocabulary), la complejidad del contrato/acuerdo marco que se adjudicará, el cumplimiento de las condiciones específicas para la aplicación de algunas modalidades de adjudicación. Como excepción, en el caso de los proyectos de inversión pública nuevos, la Autoridad Contratante elige el procedimiento de adjudicación en función de la complejidad de las inversiones, con la condición de que estas no sean parte de un proyecto o estrategia de desarrollo integrado al nivel nacional, regional o local.

3.Si se desea adquirir productos/servicios/obras de elevada complejidad técnica, financiera o contractual, o en ámbitos con progreso tecnológico rápido, el órgano de contratación podrá llevar a cabo un proceso de consulta del mercado como parte del proceso de contratación pública, que se inicia con la publicación de un anuncio en SEAP sobre la consulta, tanto sobre soluciones técnicas, como sobre la posibilidad de dividir en lotes, solicitar ofertas alternativas …

4.En la nueva legislación se incluirán las previsiones relativas al DUAE (Documento Único Europeo para la Adquisición): la ficha de datos de la adquisición tendrá el mismo formato que el documento DUAE.

5.La aplicación del criterio de adjudicación "calidad-precio" es obligatoria en el caso de contratos que tengan como objeto prestaciones intelectuales (como los de asesoría/asistencia técnica), realización de estudios, diseño, supervisión u otros similares, propios de proyectos de alta complejidad), y la selección de la oferta ganadora se realizará mediante la aplicación de un sistema de factores de evaluación donde el factor de ponderación asignado al precio no puede superar el 40%.

6.Los procedimientos de adquisición se van a desarrollar integramente por medios electrónicos (on-line)

7.Se eliminan las disposiciones rígidas sobre el concepto de “precio inusualmente bajo”.

8. Se prevé la posibilidad de utilizar un procedimiento simplificado que se iniciará mediante la publicación de un anuncio simplificado en SEAP, acompañado por la documentación de licitación relacionada.

 

 

En en el año 2016 se aprobó la siguiente normativa en Rumanía relativa a compras públicas:  

-Ley nº 98/2016 sobre contratación pública

-Ley nº 100/2016 sobre concesiones de obras y servicios

 

-     traspone a la legislación rumana la última normativa comunitaria sobre concesiones       

      introduce  valores de umbral para la contratación pública en moneda nacional que se actualizarán cada dos años       

      prevé que los procedimientos se lleven a cabo, en general, por vía electrónica, a través de la SEAP y sólo excepcionalmente off-line;  

-     expone que se pueden utilizar procedimientos de licitación abierta, diálogo competitivo o negociación sin publicación únicamente si se superan los umbrales JOUE;

-     prevé que un Parteneriado Público-Privado se puede realizar bien a través de un contrato de adquisición pública, o bien de una concesión (cuando entrará en vigor el nuevo paquete legislativo se derogará la ley 178/2010);

-     normaliza las etapas de una concesión: etapa de planificación (fundamento y preparación), etapa de organización del concurso y la adjudicación del contrato y etapa de ejecución del mismo;

-     prevé la modificación del módulo de verificación ex ante: se verificaran los pliegos técnicos pero las adquisiciones solo selectivamente, sobre la base de un análisis de riesgos;

-     introduce una sección sobre los mecanismos de pago (a petición o basándose en los pagos en función de disponibilidad).

 

-Ley nº 99/2016 sobre las adquisiciones sectoriales:

 

-     ampliación de la duración máxima del acuerdo marco a los 8 años, para ajustarse mejor a las necesidades de las entidades, frente a la situación de la contratación pública clásica, donde la duración máxima es de 4 años;

-     introducción del concepto de Entidad Contratante, que incluye tanto las Autoridades Contratantes, como las compañías con capital público-privado, o las que se benefician de un derecho especial;

-     la aplicación de las normas  sobre el conflicto de intereses y/o, simplemente, la manifestación de la competencia desleal únicamente a la Autoridad Contratante, no a todas las Entidades Contratantes;

-     introducción del concepto de estrategia de contratación que detalla las modalidades de consulta del mercado;

-     introducción de sistemas de clasificación para el desarrollo de los procedimientos de contratación en su totalidad por medios electrónicos.

 

       En el año 2017 se han probado nuevas normas relativas a la contratación pública de gran calado:

 

 

       -Nuevos modelos de contratos nacionales relacionados con los objetivos de inversión financiados con fondos públicos

 

       Desde el 11 de enero de 2018 existe un nuevo modelo de contrato nacional en Rumanía aplicable al diseño y la ejecución (o solo la ejecución) de proyectos financiados con cargo a fondos públicos reembolsables como no reembolsables. Su ámbito de aplicación se extiende a proyectos de diferente naturaleza como los de infraestructuras y medioambientales, siendo preciso que el valor del proyecto no sea inferior al exigido para una publicación obligatoria de la contratación en el Diario Oficial de la Unión Europea (5M€). En el caso de proyectos de valor inferior la aplicación de estos modelos es potestativa para las autoridades contratantes.Para la elaboración de estos modelos de contrato el gobierno rumano ha contado con el asesoramiento del Banco Europeo de Inversiones (BEI) siguiendo el modelo PRAG usado por la Comisión Europea y sustituyendo a las conocidas como condiciones contractuales FIDIC. Otro aspecto a destacar es que para la la solución de disputas se deberá acudir al arbitraje nacional auspiciado por la Cámara de Comercio Rumana, rechazándose la posibilidad de un arbitraje internacional (incluyendo a la Corte de París). Estas características han sido objeto de protesta por parte del sector por suponer un cambio en las reglas de juego y menor certidumbre, pero por otro lado estos nuevos modelos de contrato intentan limitar la proliferación de condiciones particulares que se habían venido aplicando, e incluyen provisiones para un reparto equilibrado de riesgos entre las partes. Además, con la nueva regulación se trata de evitar que existan comportamientos dispares en la contratación entre diferentes administraciones públicas rumanas.

 

-Ordenanza de Urgencia nº 39/2018 sobre Paternariado Público Privado

Es de aplicación a proyectos de una duración mínima de cinco años en el ámbito de la construcción, rehabilitación y ampliación de activos, para el suministro y/o la prestación de servicios públicos. No obstante, esta regulación solo será de aplicación si se demuestra que más de la mitad de los ingresos que se obtendrían del funcionamiento del proyecto, serán pagados por el socio público. El cumplimiento de esta condición se determinará en base a la realización previa de un estudio de evaluación. En caso de que éste concluya que no se cumple dicho criterio, el proyecto pasará a regularse por la ley de compras públicas general o la sectorial que proceda, o por la ley de concesiones públicas. El proyecto debe ser eficiente en términos económicos para lo que se recurrirá al principio de “value for money” mediante un análisis coste –beneficio incluido en el estudio de valoración.

Con respecto al reparto de riesgos entre la parte pública y la privada, éste vendrá determinado de acuerdo a la capacidad de cada una de ellas para valorar, gestionar y controlar tales riesgos. Tal medida supone una notable diferencia con respecto a la ley rumana de concesiones públicas, donde toda la responsabilidad recae sobre el sector privado.

En cuanto a la aportación financiera del socio público durante la fase de construcción del proyecto, éste puede hacerla no solo por medio de fondos externos no reembolsables, como los fondos UE, sino también por medio de otros recursos financieros. En este último supuesto, esa aportación solo puede representar como máximo el 25% del valor total de la inversión.  A tales efectos se prevé la próxima creación de Fondo especial para la financiación de este tipo de contratos, siempre que se incluyen en la categoría de proyectos estratégicos.

Las garantías que pueda dar el socio privado con respecto a los ingresos derivados del proyecto (incluidas las disposiciones de pagos y los derechos a cobrar tarifas a los usuarios finales) y a las participaciones en la empresa encargada de ejecutarlo; solo se harán durante la duración del acuerdo de PPP. Esta restricción puede tener un efecto negativo sobre la financiación de los proyectos. No obstante, se permite que el socio público llegue a acuerdos directos con los financiadores de los proyectos para el supuesto de que el paternariado finalice antes del tiempo estipulado.

Con este nuevo instrumento legal el Gobierno se propone realizar proyectos estratégicos en infraestructuras de carreteras (unos 760 km de autopistas) y 16 hospitales por un valor aproximado de 15.000 – 20.000 millones de euros.

 

En el año 2018 se han aprobado también:

-Nuevas modificaciones de las leyes de contratación pública

Estas nuevas medidas responden a la intención de simplificar y racionalizar los procedimientos de licitaciones públicas. 

En concreto, para evitar la superposición de funciones entre el Tribunal de Cuentas y la ANAP (Agenția Națională pentru Achiziții Publice) en lo relativo al control de los procedimientos de contratación públicas, se restringe al Tribunal de Cuentas la facultad de verificar como se adjudicó el contrato y el gasto público asociado al mismo. 

Por otro lado, quienes quieran impugnar el resultado de una licitación pública deberán presentar una fianza del 2% del valor del contrato, sin opción de devolución en caso de que la solicitud sea desestimada. También se establece que la comunicación de la adjudicación del contrato se hará al final del procedimiento, existiendo solo entonces la posibilidad de que las empresas la impugnen en caso de oponerse a la resolución. Con ello se quiere evitar que las empresas hagan apelaciones en cada fase del procedimiento con el único objetivo de retrasar su resolución. 

La simplificación de los procedimientos de contratación se logrará mediante:

-reevaluación del principio del precio más bajo. De esta manera, para productos y servicios que superen el umbral de 648.288 leus y para obras con importes superiores a 24 millones de leus, se utilizarán criterios de la mejor calidad-precio y calidad-coste. Por debajo de esos umbrales se podrá utilizar también el criterio de adjudicación del precio más bajo

-los contratos podrán ser ampliados sin la necesidad de retomar el proceso de adjudicación

-los resultados del proceso de adjudicación no serán comunicados para cada etapa, sino al final, para evitar impugnaciones durante el proceso

-modificación parcial de la prohibición de las empresas con deudas de participar en los concursos públicos con presupuestos del estado. De este modo, las empresas con obligaciones fiscales de menos de 10.000 leus pueden acudir a concursos públicos

-introducción de una tasa para la presentación de demandas ante la Corte de Apelación del 2% del importe estimado del contrato para aquellos contratos con un importe de hasta 100 millones de leus, y de 2 millones de leus más el 1% calculado sobre la suma que sobrepasa los 100 millones de leus

-las empresas que impugnen un proceso de adjudicación ante el Consejo Nacional para Solucionar las Contestaciones, están obligadas a presentar una fianza del 2% del importe estimado del contrato, pero no más de 880.000 leus

-reduciendo el número de etapas de licitación (máximo 4)

- eliminación de la Estrategia de Adquisiciones Anual para las autoridades con presupuestos de inversión inferiores a 125 millones de lei

- simplificación de la contratación directa según el modelo de la Comisión Europea - implementación del art. 137 del Reglamento 1.268 / 2012

- evitar la duplicación de información entre la hoja de datos y el aviso de contrato (borrar la hoja de datos)

- definición clara de situaciones de división contractual para evitar futuras correcciones de fondos europeos

- aclarar las situaciones en las que el uso del criterio técnico y económico es obligatorio

- limitar las solicitudes de aclaración y reforzar las respuestas en un máximo de dos documentos

- la muestra del 15% de los procedimientos verificados totales se reducirá al 5% por año

- emisión de avisos de conformidad dentro de los 3 días hábiles

- control ex ante mejorado al verificar directamente el aviso de contrato y los documentos anexos

- suplementación del personal de ANAP, para acortar los plazos de verificación.   

La Oficina Nacional de Adquisiciones Centralizadas se comprará en grandes volúmenes, a través de un procedimiento único para toda la cantidad requerida a nivel nacional, como medicamentos, combustible, computación, automóviles, bombillas, productos de limpieza, equipos de oficina. 


 

 

 

 

 

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Régimen de inversiones

Los inversores extranjeros cuentan con igual trato que los nacionales, según lo exige normativa de la UE.

Principios básicos, derechos y garantías del inversor

La legislación existente se basa en principios generales conforme a los cuales cualquier inversor, local o foráneo, se beneficia de:

  • Libertad de elección en la forma de realizar la inversión;
  • Posibilidad de invertir en cualquier sector y bajo cualquier forma jurídica prevista en la ley;
  • Igualdad de trato – justo, igual y no discriminatorio – para los inversores locales y extranjeros, residentes o no residentes.;
  • Garantías contra la nacionalización, expropiación o cualquier otra medida con efectos similares;
  • Derecho a beneficiarse de los incentivos aduaneros y fiscales establecidos en la ley;
  • Derecho a asistencia para el cumplimiento de las formalidades legales;
  • Derecho a poseer bienes muebles e inmuebles, siempre que se respeten los derechos de tanteo actualmente reconocidos a favor de determinados colectivos en lo que se refiere a terrenos agrícolas;
  • Derecho a elegir la corte de justicia o de arbitraje competente que resuelva las disputas relacionadas con la inversión que puedan producirse;
  • La capacidad de gestionar la empresa con todos los derechos de propiedad;
  • El derecho a la completa repatriación del capital y de los beneficios
  • Acceso a incentivos y financiación otorgada por la Unión Europea y por la legislación rumana

Entre Rumanía y España existe desde 1995 un acuerdo de promoción y protección recíproca de inversiones (APRI). 

Con el fin de atraer y promover la inversión extranjera directa y la inversión de la asociación público-privada, de acuerdo con la Decisión del Gobierno nº536/2014, modificada por la Decisión del Gobierno nº22/2015, se estableció el Departamento de Inversión Extranjera y Partenariado Público -Privado, que se organiza y funciona como órgano especializado de la Administración Pública Central, con personalidad jurídica, financiado con el presupuesto de la Secretaría General del Gobierno, que tiene entre sus responsabilidades la coordinación, supervisión y ejecución de la política del gobierno en este campo a nivel nacional. Desde febrero de 2016, este departamento ha dejado de pertenecer a la Secretaría General del Gobierno y ha vuelto al Ministerio de Economía y Comercio, bajo un secretario de estado. Con la formación de un nuevo gobierno en 2017, el Departamento de Inversión Extranjera y Partenariado Público -Privado depende del Ministerio para el Entorno de Negocios, Comercio y Espíritu Empresarial. La dirección web es http://investromania.gov.ro/.
 
Además, el Código de procedimiento Civil (ley 134/2010), en vigor desde el 1 de febrero de 2013 (Ley 76/2012)  simplifica los procedimientos legales en materia de fusiones y adquisiciones, con el fin de reducir los costes legales para las empresas y aumentar la eficiencia. Entre otros, la oposición de los acreedores de estas sociedades  a estas operaciones se tendrá que realizar antes de 30 días desde la publicación del proyecto de fusión o similares.
 
Por otra parte, la Directiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, recogida en la legislación rumana por la Ley no. 72/2013, publicada en abril de 2013, sobre el control de la demora del pago en las transacciones comerciales, que establece la obligación, de forma general, de abonar las facturas en un plazo máximo de 30 días si el contrato se realiza entre empresarios o profesionales y la administración y de 60 días si el contrato es entre empresarios o profesionales. En todo caso, hay que tener presentes las excepciones previstas al caso general.

 

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Propiedad inmobiliaria

El sistema jurídico rumano establece que:

·  la propiedad pública puede pertenecer al Estado o a sus unidades administrativas locales y se ejerce sobre los bienes que, por su naturaleza o por declaración de la ley, son de uso o de interés público y

·  la propiedad privada puede pertenecer a las personas físicas, las personas jurídicas, el Estado o sus unidades administrativo-territoriales y se ejerce sobre todos los bienes, excepto los declarados de propiedad exclusivamente pública, bienes sobre cuales el titular ejerce la posesión, el uso y la disposición, en el poder y en su propio interés.

  

La Constitución de Rumanía establece en el Art. 44, párr. 2 que " la propiedad privada está garantizada y protegida por igual por la ley, con independencia de su propietario."   

La propiedad pública no puede ser mercantilizada, solo otorgada en concesión o arrendamiento, mediante un proceso de licitación pública. Los terrenos privados del Estado y de las unidades administrativas locales pueden ser transferidos con arreglo a procedimientos específicos.   

La Ley no 312/2005 sobre la adquisición del derecho de propiedad privada de los terrenos por los ciudadanos extranjeros y los apátridas y por las personas jurídicas extranjeras prevé que cualquier ciudadano de un Estado Miembro de la UE, cualquier apátrida domiciliado en Rumanía o en otro Estado Miembro, o cualquier persona jurídica establecida conforme a la legislación de un Estado Miembro de la UE, podrá adquirir derechos de propiedad en las mismas condiciones que las que la ley rumana establece para los ciudadanos y las personas jurídicas rumanas. De este modo, se pueden comprar libremente terrenos edificables para una residencia principal y, a partir del 1 de enero de 2012 (cinco años después de la adhesión de Rumanía a la UE), para una segunda residencia/sede. 

Las personas físicas extranjeras y las entidades jurídicas de los Estados Miembros de la UE que sean residentes en Rumanía pueden, a partir del 1 de enero de 2014 (siete años después de la adhesión de Rumanía a la UE), adquirir terrenos de cultivo, bosques y terrenos forestales.  

La Ley no 312/2005, ley sobre la adquisición de los derechos de propiedad de terrenos bajo los términos derivados de otros acuerdos internacionales, en los que la reciprocidad es un requisito indispensable prevé que: los ciudadanos de un tercer Estado, así como apátridas o personas jurídicas residentes en un tercer Estado, no podrán adquirir terrenos en términos más favorables que los aplicados a los ciudadanos de un Estado Miembro de la UE, o a una persona jurídica establecida según la legislación de un Estado Miembro de la UE. 

La Ley nº 17/2014, sobre medidas regulatorias para la compraventa de terrenos agrícolas situados en las afueras de las localidades, publicada en el Boletín Oficial rumano del  12/03/2014, en vigor desde abril de 2014, recoge el derecho de tanteo preferente,  en la compra de terrenos, de determinados colectivos: los dueños copropietarios, los arrendatarios, los vecinos y el Estado Rumano, a través de la Agencia para las Propiedades del Estado (Agentia Domeniilor Statului). Para la adquisición de terrenos que abarcan yacimientos arqueológicos clasificados como tales, en conformidad con la Ley no 422/2001 sobre la protección de monumentos históricos, se necesitará un permiso del Ministerio de Cultura.

Cuando los terrenos estén a menos de 30 km de las fronteras o del Mar Negro, o a 2,4 km de instalaciones consideradas especiales, también será necesario un permiso del Ministerio de la Defensa.

La ley establece las pautas del proceso. El vendedor tendrá la obligación de presentar en el ayuntamiento una solicitud de notificación a los beneficiarios del derecho preferente y de publicar la oferta de venta del terreno agrícola. La solicitud se debe acompañar de la oferta de venta del terreno agrícola, incluyendo, además del precio requerido por el terreno, el nombre y los apellidos del vendedor, la dirección completa de su domicilio, la ubicación del terreno, la superficie, la categoría de utilización y los documentos catastrales.  Si en el plazo de 30 días ningún beneficiario del derecho de tanteo se muestra interesado en comprar el terreno, éste se podrá vender a cualquier otro comprador.

Las atribuciones de verificar el cumplimiento del procedimiento relativo al ejercicio del derecho de tanteo, así como la expedición del visto bueno previo a la conclusión del contrato corresponderán al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y a las estructuras locales dependientes del mismo.

En consecuencia, se permite la compra de terrenos a ciudadanos comunitarios, pero el mencionado derecho de tanteo puede dificultar los planes de inversión de empresarios extranjeros, en la medida en la que los beneficiarios de un derecho preferente lo ejerzan.

La propiedad sobre terrenos se puede obtener también por medio de herencia legal.

Según el Código Civil, Ley no 287/2009, el derecho sobre los edificios o cualquier otro bien inmueble se debe adquirir a través del Registro de la Propiedad. Sin embargo, dado que las notas simples o demás documentos sobre la información que conste en el registro sobre una finca determinada no representan una prueba absoluta de propiedad, se recomienda una due diligence adicional para verificar el último propietario registrado.

También, como consecuencia del esfuerzo de los órganos responsables de estabilizar el mercado inmobiliario, los riesgos que aparecieron con la puesta en práctica de la Ley no 112/1995, de restitución de las propiedades expropiadas por el régimen comunista, se han reducido de manera importante.

Actualmente se pueden realizar investigaciones específicas sobre las propiedades, debido a los cambios producidos por la entrada en vigor del Nuevo Código Civil y el sistema implementado de registro de la propiedad.

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Incentivos a la inversión (fiscales, sectoriales, regionales y locales)

A continuación se recoge un resumen de las principales ayudas disponibles para empresas:
 
- En los apartados 1-4 aparece un resumen del conjunto de ayudas  para empresas que quieran operar desde Rumanía, no obstante la institución encargada de la atracción de inversiones extranjeras en el país es INVESTINROMANIA (http://investromania.gov.ro/), dependiente del Ministerio de Comercio, la cual presta servicios de asesoramiento en la materia.
 
- En el apartado 5 están incluidas las ayudas ICEX para empresas interesadas en la internacionalización. Para más información pueden consultar directamente a ICEX por medio de la Ventana Global (https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/que-es-icex/contacto/formulario-de-contacto/index.html). Asimismo, para conocer más sobre las ayudas del apartado 6 pueden dirigirse directamente a las entidades convocantes en España.
 
- En el apartado 7 se hace una breve mención a los incentivos regionales reconocidos en las zonas de libre comercio/FTZ y parques industriales.
 
 
 

1.- AYUDAS ESTATALES A LA INVERSIÓN

Los inversores que establezcan instalaciones manufactureras u oficinas en parques industriales, tecnológicos o científicos, se podrán beneficiar de excepciones al pago de impuestos ligados al terreno, construcción y planificación urbana, al igual que de las relativas a los impuestos derivados de los cambios en las calificaciones de los terrenos. 

 

1.1.- A favor de la creación de empleo: régimen de ayudas para apoyar las inversiones en promoción del desarrollo regional mediante la creación de puestos de trabajo aprobado por la Decisión de Gobierno nº332/2014.

Este esquema fue creado en virtud de la Decisión del Gobierno nº 332/2014, modificada por Decisiones posteriores (nº 784/2014, nº860/2018 y nº 588/2020 que ha introducido algunos cambios en los criterios de elegibilidad y la ha prorrogado hasta 2023)  y es parte del programa de "Ayuda estatal para financiar proyectos de inversión" del presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas. Asimismo, depende del presupuesto aprobado anualmente por la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

El presupuesto máximo de la ayuda es de 2.700 M RON, equivalente a 600M EUR aproximadamente. El presupuesto máximo anual es de 450M RON, equivalente a 100M EUR. El número total estimado de empresas beneficiarias es de 1.700. 

  • FORMULARIOS Y GUÍAS DEL PROGRAMA

Para acceder a toda esta normativa en inglés y rumano, así como al manual sobre pagos y formularios, puede consultar el siguiente link:

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/228580

Mediante este régimen de ayudas se pueden cubrir parcialmente los gastos salariales de los trabajadores nuevos en proyectos de inversión nuevos, durante los dos primeros años con el requisito de crear al menos 20 puestos de trabajo (de acuerdo con la regulación vigente y tal y como se puede leer más abajo, desaparece el requisito de  que al menos 3 de los nuevos empleos sean para trabajadores desfavorecidos  Ej. sin ningún tipo de ingreso en los últimos seis meses, o con edades comprendidas entre los 15 y los 24 años o superiores a los 50, sin estudios, con discapacidades reconocidas, etc.).

El presupuesto máximo de la ayuda es de 2.700 millones de RON, equivalente a 600 millones de euros aproximadamente. El presupuesto máximo anual es de 450 millones de RON, equivalente a 100 millones de euros.

El pago de las ayudas se realizará con cargo a las asignaciones presupuestarias del periodo 2015-2025 (se podrán realizar pagos hasta el año 2028). El número total estimado de empresas beneficiarias es de 1700.

  • GASTOS ELEGIBLES

Se considera gasto subvencionable al salario de los nuevos empleados durante los dos primeros años. No recibirán la ayuda los empleos creados después de tres años desde la recepción del acuerdo de financiación. Además, habrá que demostrar que no ha existido relación laboral entre empleador y empleado durante, al menos, los 12 meses anteriores a la firma del acuerdo de financiación.

Las empresas adquieren el compromiso de mantener los puestos de trabajo durante, al menos, cinco años (tres en el caso de pequeñas y medianas empresas).

  • VOLUMEN DE AYUDA

El porcentaje máximo de la ayuda varía en función de las regiones, en Bucarest es del 15% durante el periodo 2014-2017 y del 10% entre 2018 y 2020. Las regiones occidentales e Ilfov, obtendrán cómo máximo el 35% de los gastos elegibles como subvención, y en el resto del territorio rumano se pueden llegar a cubrir el 50% de los gastos elegibles. Las empresas deberán adelantar los pagos, y recuperarán, con carácter trimestral, los importes correspondientes al porcentaje de subvención aprobado.  

En el año 2020 se ha anunciado la prórroga de este programa de ayudas, además de introducirse algunos cambios, que se detallan a continuación:

- la prórroga hasta 2023 del período en el que se pueden emitir convenios de financiación;

- la prórroga hasta 2028 del período en el que puede efectuarse el pago de la ayuda estatal;

- eliminar la condición para el empleo de trabajadores desfavorecidos;

- la introducción de la posibilidad de iniciar el proyecto de inversión después de la presentación de la solicitud de financiación;

- la eliminación de la obligación del operador económico de no registrar las deudas pendientes en el presupuesto general consolidado del Estado en el momento de presentar la solicitud de convenio de financiación, siendo esta obligación vigente en el momento del pago de la ayuda estatal;

- eliminación de la evaluación de las solicitudes de convenio de financiación en dos etapas para simplificar el procedimiento de evaluación;

- el establecimiento de un plazo de 6 meses a partir de la emisión del convenio de financiación para la obtención de las fuentes de financiación y acreditación de la situación jurídica del lugar, dado que el proceso de elaboración de documentos legales en el contexto actual puede retrasar la presentación de la solicitud de convenio de financiamiento;

- la flexibilidad en el cumplimiento de las condiciones por parte de las empresas explotadoras, que sería la eliminación de la condición relativa a la rentabilidad del volumen de negocios;

- la posibilidad de cambiar la (s) ubicación (es) y sus trabajos relacionados en la misma región; 

- flexibilizar el procedimiento de pago de las ayudas estatales eliminando las condiciones para el número máximo de solicitudes que pueden presentarse en un año natural. 

  • REQUISITOS

 Los criterios de elegibilidad y las condiciones obligatorias necesarias para poder recibir las ayudas, son las siguientes:

● Las inversiones realizadas deben ser consideradas inversiones iniciales o inversiones iniciales a favor de una nueva actividad económica.

● La empresa no entra en la categoría de “empresas en crisis”, definida según el art. 2 párr. (18) del Reglamento. Por lo tanto, las empresas que se encuentran en al menos una de las siguientes situaciones no son elegibles:

- en el último ejercicio, la mitad del capital social suscrito desapareció por las pérdidas acumuladas;

- la relación deuda / capital social es superior a 7,5;

- la capacidad de cobertura de intereses calculada sobre la base del EBITDA es inferior al valor de 1 (en el caso de las grandes empresas).

● No se encuentren en proceso de ejecución, concurso de acreedores, concurso de acreedores, reorganización judicial, disolución, cierre operativo, liquidación o suspensión temporal de la actividad.

● No se han dictado decisiones de recuperación de ayudas estatales en su contra o, si se han emitido, se han ejecutado, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.

● No se han trasladado a la unidad en la que se realizará la inversión. 

● Se demuestra el efecto incentivador de la ayuda.

 

1.2.- Ayuda estatal para empresas que vayan a hacer sus primeras inversiones: Decisión del Gobierno nº 807/2014

Este esquema fue creado en virtud de la Decisión del Gobierno nº 807 del 30 de septiembre de 2014. El volumen mínimo de inversión financiable por este esquema de ayuda, tiene un importe mínimo de 4,5 M lei (aprox. 1M EUR).

La recepción de solicitudes originariamente estaba abierta hasta 2020, si bien se ha prorrogado hasta el año 2024, mientras que los pagos se realizarán entre 2015 y 2023. El presupuesto está limitado a 145 M€ por año, siendo el presupuesto máximo de este esquema de ayuda de 925 M de euros, y según las estimaciones del Ministerio de Finanzas, la ayuda se destinará a aproximadamente a 300 empresas.

  • FORMULARIOS Y GUÍAS DEL PROGRAMA

Se recomienda consultar el siguiente link http://www.mfinante.gov.ro para acceder a información relativa a este esquema de ayuda, accediendo así a los siguientes contenidos:

-Decisión del Gobierno nº807/2014 en rumano e inglés, así como la revisión posterior de la Parte I, nº 377/17.05.2016 publicada en el Boletín Oficial.

-Guía del solicitante de ayuda (OMFP nº 2659/28.08.2020)

-Guía sobre los pagos 

Así como otra información de interés, como por ejemplo, formularios del programa de ayudas.

  • GASTOS ELEGIBLES

El objetivo de los proyectos a financiar puede ser tanto la entrada en el mercado (para las empresas de nueva creación se requiere un capital mínimo aportado de 100.000 leus), como la ampliación de negocio (comprobando, no obstante, que la inversión inicial sea conforme con el procedimiento en materia de ayuda del estado, que sea viable desde el punto de vista económico, que tenga un efecto multiplicador y estimulador en la región y que la inversión sea viable durante por lo menos 5 años desde su implementación). El beneficiario tendrá que aportar el 25% de los gastos elegibles.

De acuerdo con la normativa originaria del año 2014 - Decisión del Gobierno 807/2014- se consideraban gastos elegibles los gastos para la adquisición de activos tangibles e intangibles, así como los alquileres relacionados con las construcciones iniciales. En el caso de las construcciones/edificaciones iniciales, se tendrán en cuenta los estándares de costes al establecer los gastos elegibles y, en el caso de los alquileres relacionados con estas construcciones /edificaciones, unos umbrales máximos de 5 euros/m2/mes. No obstante la Decisión de Gobierno 476/2018 que lo modifica establecía lo siguiente:

-Bienes tangibles: los equipos deben ser nuevos y comprados en condiciones de mercado.

-Bienes intangibles: cuyo valor no supere el 50% de la inversión elegible y solo pueden ser adquiridos a terceros. 

  • VOLUMEN DE AYUDA

El porcentaje máximo de ayuda oscila entre el 10% y el 50% del coste de inversión inicial, pero nunca puede superar los 37,5M euros. La ayuda es pagada por el estado en el plazo de 5 años a contar desde que la inversión se ha realizado.

La intensidad  máxima de ayuda fue para el caso de Bucarest de 11,25 millones de euros para el periodo 2014-2017 y de 7,5 millones de euros para el periodo 2018-2020. En el caso de la región Oeste e Ilfov la intensidad máxima de ayuda será de 26,25 millones de euros para todo el periodo de funcionamiento del esquema (2014-2020). En el caso de las demás regiones (Noroeste, Centro, Noreste, Sureste, Sur-Muntenia, Suroeste Oltenia), la intensidad máxima de ayuda será de 37,5 millones de euros. 

  • SECTORES BENEFICIARIOS

Se aplicará a las ayudas en todos los sectores, a excepción de los siguientes:

-pesca y acuicultura;

-el sector primario;

-procesado y comercialización de los productos agrícolas, en algunas condiciones;si se destinan al cierre de minas no competitivas;

-siderurgia, carbón, construcciones navales, transportes e infraestructuras conexas y energía.

Para recibir el acuerdo de principio del Ministerio de Finanzas para recibir financiación con cargo a este esquema, los solicitantes deberán aportar toda la documentación solicitada de acuerdo con la guía del beneficiario, utilizando los formularios indicados. El Ministerio de Finanzas evaluará la solicitud de ayuda del estado en un plazo de 45 días laborables, si la solicitud /documentación aportada está completa. Una vez hayan recibido el visto bueno de principio del Ministerio de Finanzas, los beneficiarios tendrán un plazo de máximo 4 meses para empezar la inversión.

  • OTROS REQUISITOS

Originariamente la inversión no debía iniciarse antes de obtener el acuerdo, de lo contrario, el proyecto ya no era elegible. Sin embargo, con la revisión del esquema de ayuda hecha en el año 2018 por el gobierno rumano, se acordó que el candidato podrá empezar la inversión inmediatamente después de haber solicitado la ayuda.

Uno de los requisitos importantes es que el beneficiario no haya cerrado en los últimos 2 años anteriores a la solicitud una actividad semejante en el Espacio Económico Europeo.

Aparte de las ayudas anteriores, el Departamento para las PYMEs, el Entorno Empresarial y el Turismo convoca ocasionalmente ayudas para mujeres directivas en PYMEs, jóvenes empresarios, oficios tradicionales, PYMEs, incubadoras tecnológicas, etc.

 

 1.3 Programa "Start Up Nation"

 Se trata de un programa lanzado por el Ministerio de Comercio por primera vez en el año 2018 y que se ha repetido con una periodicidad anual, basado en un esquema de ayudas no reembolsables. Los beneficiarias son microempresas y pymes establecidas con posterioridad al mes de enero del año de vigencia del programa, es decir, son empresas de nueva creación en todo el país.

En la actualidad se está trabajando en la puesta en marcha del programa para el año 2021. De acuerdo con el plan de ayuda de 2017, las empresas beneficiarias podían recibir ayuda por valor de 200.000 lei (aproximadamente 42.000 euros), pudiendo cubrir el 100% del proyectos y, en consonancia, con el plan correspondiente al año 2018 el gobierno adelantó un 30% de la ayuda siempre que se cumplieran una serie de requisitos.

En cuanto a los requisitos de los beneficiarios se exige que las empresas estén registradas de acuerdo con la Ley no 31/1990 sobre compañías, SRL o con base en la Ordenanza de emergencia del gobierno de Rumania no.6 / 2011 (SRL-D). Se incluyen las pymes y también los asociados o accionistas que tienen más de una empresa, pero solo con una de ellas podrán optar a esta ayuda. Además, han de estar registrados en la Oficina de Registro Comercial, tener su domicilio social / lugar de negocios y operar en el territorio de Rumania; el código de actividad debe estar dentro de los elegibles dentro del programa. No han de tener deudas con el presupuesto consolidado general ni con los presupuestos locales, y su actividad no debe de haber superado el límite de minimis de 200,000.00 euros durante tres años financieros consecutivos para una sola empresa. También se exige que no estén en estado de disolución, reorganización judicial, liquidación, ejecución forzada, cierre operativo, insolvencia, quiebra o suspensión temporal de la actividad; y que no hayan sido objeto de una decisión emitida por la Comisión Europea u otro proveedor de ayuda estatal / Consejo de Competencia, para recuperar una ayuda estatal / de minimis. Por último, debe de haber creado al menos un puesto de trabajo a tiempo completo por un período indefinido después de la entrada en vigor del acuerdo de financiación y mantenerlo con posterioridad ocupado en el lugar de implementación del proyecto, al menos 2 años después de que se complete la implementación del proyecto.

 

1.4 Programa de ayudas a PYMES en el contexto COVID 19

A continuación se incluye un listado de ayudas aprobadas en el contexto de la pandemia para pymes, las cuales modifican el esquema de ayuda previamente existente para este tipo de empresas:

-O.U.G. 42/2020 para la enmienda y finalización de O.U.G. No. 110/2017 sobre el Programa de Apoyo a la PYME – “SME INVEST ROMANIA”, así como para la aprobación del Régimen de Ayudas Estatales para el apoyo a la actividad de las PYMES en el contexto de la crisis económica generada por la pandemia COVID-19.

-O.U.G. No. 118/2020 sobre la aprobación del Programa de Apoyo a la PYME "ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA PYMES", con posteriores modificaciones y ampliaciones. Este programa tiene como objetivo brindar avales públicos para contratos de arrendamiento financiero para la adquisición de bienes muebles nuevos o de segunda mano necesarios para las actividades de las PYME y para las empresas con 250 o más empleados.

-O.U.G. No. 146/2020 sobre la aprobación del Programa PYME FACTOR - Producto financiero que ofrece garantías de crédito comercial y Régimen de Ayudas Estatales asociado a este.

 

2.- FONDOS EUROPEOS

Una parte importante de las ayudas en Rumanía provienen de los fondos aprobados por la Comisión Europea tal y como se explica a continuación:

Periodo 2021-2027. En 2020 se aprobó el nuevo Marco Financiero Plurianual para ese periodo, que determina el reparto de Fondos entre Estados Miembros y las áreas a las que se dirigirá. Asimismo, la UE ha puesto en marcha en ese mismo año un Plan Europeo de Recuperación (Next Generation EU), que se concibe como un instrumento extraordinario para la recuperación de los EEMM, incluido Rumanía, de los graves efectos causados por la pandemia. Por último, se han aprobado recientemente una serie de programas de apoyo a los EEMM para inversiones y reformas tales como el Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia, REACT UE orientado a la cohesión, el Fondo de Transición Justa así como un Programa de Desarrollo Rural. De todas estas iniciativas se está beneficiando Rumanía y, en este sentido, es especialmente importante el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia tanto por su volumen de ayuda como por las sinergias y proyectos que pueden generar en el sector privado. En la actualidad el Programa Nacional vinculado a este Mecanismo está en proceso de negociación con la UE.

Periodo 2014-2020 estableció un reparto los 40.000 millones de euros asignados a Rumanía para esos años. En el ejercicio 2014-2020 hubo solamente seis programas operativos y solo tres ministerios supervisaron y gestionaron el gasto de los fondos: el Ministerio de Fondos Europeos, el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Desarrollo Regional y Administraciones Públicas.

Asignación de los fondos estructurales 2014-2020:
Grandes infraestructuras 9.410 M€
Regional 6.700 M€
Recursos humanos 4.110 M€
Competitividad 1.320 M€
Capacidad administrativa 550 M€
Asistencia técnica 210 M€
Programas de cooperación transfronteriza 450 M€
Fuente: Ministerio de Fondos Europeos

Periodo 2007-2013: Cerca de 27.900 millones de euros fueron asignados a Rumanía por el Fondo Social Europeo, el Fondo Europeo de Desarrollo regional y el Fondo Europeo de Agricultura para el Desarrollo Rural.

 

2.1.- Ayuda a la I+D de las start ups y spin-offs innovadoras.

La Actuación 1.2.1 del Programa Operativo Sectorial de Competitividad 2014-2020, gestionado por el Ministerio de Fondos Europeos, apoya a las start ups (no más de tres años de antigüedad) y las Spin offs (compañías por crear sobre la base del resultado de una investigación realizada en una organización de investigación pública).

Se financian las siguientes actividades elegibles:

- Actividades de I+D, investigación industrial y desarrollos experimentales;

- Compra de servicios de consultoría en innovación relacionados con la asistencia tecnológica, la transferencia de tecnología y los derechos de propiedad

- Aplicación de los resultados obtenidos a la producción;

- Compra de materiales necesarios para la I+D;

- Actividades de promoción y publicidad.

El importe máximo de la donación asciende a 200.000€. El porcentaje máximo de financiación de los gastos elegibles es del 90%. Estas ayudas se conceden mediante convocatoria continua hasta agotarse. Para obtener la ayuda es necesario obtener una puntuación mínima.

Dentro de este Programa Operativo Regional encontramos también ayudas para el sector de I+D dirigido a PYMES. La financiación varía en función de la región, el proyecto y el tipo de solicitante. La ayuda máxima es por valor del 50% de los costes elegibles. En el caso de empresas de más tamaño las ayudas varían entre los 200.000 EUR hasta los 6M EUR. Los proyectos pueden durar un máximo de 3 años, y los costes son financiados cada 3 meses después de que los correspondientes justificantes de pago hayan sido remitidos.

2.2.- Apoyo a las compañías innovadoras en el sector de las Tecnologías de la Información

La actuación 1.2.1 del POS Competitividad apoya también a las PYME activas en el sector de las TI o que formen parte de un cluster de TI y que:

- tengan alguno de los códigos CAEN siguientes: C2611, C2612, C2630, J6201, J6203, J6209, M7211, M7219 y

- no tengan deudas tributarias pendientes.

Se financian:

- proyectos dirigidos al desarrollo de productos/servicios/ aplicaciones de TI innovadoras o

- proyectos innovadores estratégicos con un elevado impacto en el desarrollo de toda la industria de TI, a nivel nacional o internacional.

El valor máximo de la donación asciende a 850.000€. Puede cubrir entre un 20% y un 70% de los gastos elegibles, en función del tipo de compañía y el emplazamiento del proyecto. Se irán realizando diversas convocatorias en las que será necesario obtener una puntuación mínima.

2.3.- Ayuda a las microempresas

La actuación 2.1 del Programa Operativo Regional 2014-2020, gestionado por el Ministerio de Desarrollo Regional y Administraciones Públicas apoya a las microempresas que tengan, como mínimo un año de antigüedad y hayan tenido por lo menos un empleado a tiempo completo durante este periodo, y lo sigan teniendo.

Se financiará, siempre que el proyecto tenga un CAEN elegible:

- la construcción/modernización de espacios de producción/servicios;

- la compra de tecnología, maquinaria y equipos de TI y ahorro energético;

- la compra de licencias, patentes y software.

La ayuda máxima ascenderá a 200.000€, pudiendo alcanzar el 100% de los gastos elegibles.

Está previsto que se lance la convocatoria a principios de mayo, si bien podrían producirse retrasos respecto a esta fecha prevista.

2.4.- PYMEs

El Programa Operativo Regional 2014-2020, financiado con cargo al FEDER y gestionado por el Ministerio de Desarrollo Regional y Administración Pública, tiene por eje prioritario 2 la mejora de la competitividad de las PYMEs. La prioridad de inversión 2.2 se destina a Apoyar la creación y la expansión de capacidades avanzadas de producción y desarrollo de servicios. Esta línea puede financiar:

  • La construcción/modernización y expansión de las empresas de producción/servicios, incluida la adquisición de activos materiales e inmateriales;
  • Las actividades necesarias para la certificación y la implementación de los productos, servicios o diferentes procesos específicos;
  • La promoción de productos y servicios, creación de páginas web para la presentación de la actividad y de los productos o de los servicios promovidos, incluyendo herramientas de venta online, la facilitación del comercio y las innovaciones específicas e
  • Internacionalización (participación en ferias y exposiciones internacionales, inversiones en adaptación de procesos de producción a las certificaciones y estándares de mercados de exportación específicos). 

Con cargo a este programa se pueden solicitar ayudas a fondo perdido de entre 200.000€ y 1M€ o mezclas de ayudas a fondo perdido con créditos por valor de entre 1M€ y 5M€.  

 

2.5.- Ayudas para la producción de energía a partir de fuentes renovables

La actuación 6.1 del Programa Operativo de Grandes Infraestructuras 2014-2020, gestionado por el Ministerio de Fondos Europeos, apoya a las compañías cuyo objeto es la producción de energía para su venta.

Se apoyará:

- la construcción y modernización de capacidades de producción energética (eléctrica y térmica) a partir de biomasa y biogás;

- la construcción y modernización de capacidades de producción de energía térmica a partir de fuentes geotérmicas.

Las regiones elegibles del país son: Oeste, Noroeste, Centro, Noreste, Sureste, Sur-Muntenia y Suroeste.

La ayuda máxima ascenderá a 15 millones de euros. El porcentaje de apoyo estará comprendido entre el 60% y el 80% de los gastos elegibles, dependiendo del tipo de compañía. 

Está previsto que se lance la convocatoria en el mes de mayo, si bien podrían producirse retrasos respecto a esta fecha prevista.

2.6.- Ahorro energético en la industria

La actuación 6.2 del Programa Operativo Sectorial de Grandes Infraestructuras apoya a los grandes consumidores de energía, con un consumo energético superior a 1.000 tep/año. 

Se financiarán:

- las compras de equipos/instalaciones para vigilar el consumo energético;

- sistemas de vigilancia, de recolección de datos y de comunicaciones;

- otros equipos.

Las regiones elegibles son la Oeste, Noroeste, Centro, Noreste, Sureste, Sur-Muntenia y Suroeste.

La ayuda máxima ascenderá a 200.000€. El porcentaje de apoyo estará comprendido entre el 60% y el 80% de los gastos elegibles, dependiendo del tipo de compañía.

Está previsto que se lance la convocatoria en el mes de abril, si bien podrían producirse retrasos respecto a esta fecha prevista.

2.7.- Cogeneración 

La actuación 6.4 del Programa Operativo de Grandes Infraestructuras apoya a los grandes consumidores industriales de energía, con un consumo energético superior a 200 tep/año y que puedan justificar una necesidad de energía térmica para procesos industriales de por lo menos 4.000 horas/año.

Se financia la construcción/modernización de estaciones CHP de alta eficiencia de como máximo 8MWe que se alimenten de gas natural, biomasa o gases residuales de procesos industriales.

El valor máximo de la ayuda ascenderá a 6 millones de euros. Se financiará entre el 60% y el 80% de los gastos elegibles, dependiendo del tipo de compañía.

Está previsto que se lance la convocatoria en el mes de mayo, si bien podrían producirse retrasos respecto a esta fecha prevista.

 

3.- INCENTIVOS SECTORIALES

3.1.- SECTOR ENERGÉTICO

3.1.1.- Sistema para la promoción de electricidad producida mediante fuentes renovables

El sistema de certificados verdes proporcionaba incentivos para ciertos tipos de energías renovables pero debido a la aprobación de la OUG 24/2017, que modificó a la ley 220/2008, el periodo de validez de los certificados se amplió y pasa de 12 meses a prolongarse hasta el final de vigencia del esquema de ayudas, es decir, el año 2032. Como resultado de la nueva normativa el apoyo estatal ya no se aplica a inversiones en energías renovables posteriores al 1 de enero de 2017, si bien los inversores reconocidos por este esquema de ayudas si pueden negociarlos hasta el año 2032.

Regulado por: Ley nº122/2015 para la aprobación de medidas en el ámbito de promoción de la generación de energía de fuentes renovables y Ley nº 23/2014 para la aprobación de la Ordenanza de Urgencias nº 57/2013 de modificación y reforma de la Ley nº 220/2008, que fue publicada en el Boletín Oficial del estado nº 184 del 14 de marzo de 2014.

Anteriores: Ley nº 220/2008 sobre el sistema de promoción de la energía de fuentes renovables, enmendada por la Ley 134/2012 de aprobación de la Ordenanza de Urgencia 88/12.10.2011. 

Objetivo: destinado a las plantas productoras de energía a partir de fuentes renovables (para plantas que usen energía hidráulica con potencia instalada menor de 10 KW, energía eólica, solar, geotérmica, biomasa, biocombustible, biogás, residuos y sedimentos de aguas residuales). 

Esquema de apoyo:

-      Se basa en la emisión de certificados verdes con periodo de validez de 1 año a favor de los productores de energías renovables que posteriormente éstos pueden vender a los distribuidores de energía, que están legalmente obligados a adquirirlos (al menos una cantidad, fijada anualmente, por ANRE, la agencia nacional de energía).

 - En 2014 se procedió la compra de certificados verdes.

-      En 2013 se recortó la cantidad de certificados, de forma que el esquema resultante es:

  • Para los proyectos nuevos acreditados a partir de 1 de enero de 2014: 1,5 certificados verdes en el caso de energía eólica, 3 en el caso de los proyectos fotovoltaicos y 2,3 en caso de los proyectos de micro centrales hidroeléctricas;
  • Los proyectos que ya estaban en funcionamiento a finales de 2013: reciben un número reducido de certificados verdes desde julio de 2013 y, además, se les retrasa la obtención de una parte de los certificados hasta el periodo 2017-2020;
  • Además, las instalaciones fotovoltaicas situadas en tierras agrícolas a 31 de diciembre de 2013 ya no se podían beneficiar del esquema de apoyo para la promoción de energía renovable.
     

-      En 2014 se procedió la compra de certificados verdes.

-      En 2015 se les permite a las centrales con potencia instalada de como máximo 1 MW/grupo generador o de 2 MW/ grupo generador en el caso de biomasa de alta eficiencia, así como, en el caso de las PyMEs, de entre 1 MW y 3 MW / generador, en su caso de entre 2 MW y 3MW para las centrales de cogeneración de alta eficiencia a base de biomasa, que se beneficiaban de este esquema de apoyo, negociar directamente contratos bilaterales de compraventa con los suministradores de consumidores finales de energía. 

Restricciones: las centrales que se beneficien de ayudas a la inversión obtendrán un número de certificados verdes minorado proporcionalmente al valor de la ayuda obtenida.

Duración:

-      15 años para las nuevas instalaciones

-      10 años para las centrales hidroeléctricas modernizadas de hasta 10 MW

-      7 años para las plantas anteriores a la entrada en vigor del sistema de certificados verdes

-      3 años para plantas hidroeléctricas no modernizadas de hasta 10MW

-      Pueden admitirse nuevos beneficiarios si la puesta en funcionamiento de sus correspondientes instalaciones o la modernización de las mismas se realizan antes del 31 de Diciembre del 2016

 

3.1.2.- Sistema para la promoción de proyectos de hasta 500KW de biomasa y biogás (feed-in tariff)

El mecanismo de promoción por precios regulados en función de la tecnología utilizada (feed-in tariff) para los proyectos de hasta 500KW a los que hace referencia la ley nº 122/2015 no se ha adoptado todavía aunque el organismo regulador tenía que elaborar el esquema en 90 días desde la fecha de entrada en vigor de la ley (6 de junio de 2015) y el Gobierno tenía que aprobarlo en 30 días desde la comunicación del mismo por parte del organismo regulador.  

Los proyectos que se hayan beneficiado anteriormente del esquema de promoción por certificados verdes, verán disminuido el periodo de aplicación de la ayuda.

 

3.1.3.- Sistema de ayuda para la cogeneración de alta eficiencia

Regulada por la Decisión del Gobierno nº 1215/2009 y sus modificaciones posteriores (las últimas de 2014: se ha recortado el 1 de enero un 20% y luego otro 40% el 1 de julio).

Por este esquema, que se aplica por un periodo de como máximo de 11 años dentro del periodo 2010-2023 para una capacidad máxima instalada de 4000MW, el regulador paga mensualmente una cantidad de dinero (prima) para cada MWh generado y suministrado en el sistema energético nacional a los generadores de energía mediante cogeneración (energía eléctrica y térmica), tras un análisis riguroso de sus costes, para compensar la diferencia entre los costes de producción y el precio de venta. El esquema entró en vigor el 1 de abril de 2011. Hay presión por reformar este esquema por parte de las empresas generadores de energía térmica. 

3.1.4.- Incompatibilidad

No es posible beneficiarse simultáneamente de más de uno de los tres esquemas de ayuda presentados.  

 

4.- INCENTIVOS FISCALES

-      Depreciación acelerada (I+D): amortización de hasta el 50% del valor fiscal de ciertos activos (maquinaria, patentes, ordenadores y periféricos) en el primer año de uso del activo, y del resto de forma lineal el resto de años útiles.

-      Incentivos para gastos en investigación y desarrollo (I+D): los activos empleados en I+D podrán también aplicarse la depreciación acelerada y, además, los gastos elegibles de I+D podrán beneficiarse de una deducción del 50%, siempre que estén relacionados con la actividad de la empresa y se lleven a cabo en Rumanía o cualquier territorio de la UE o EEA. Estos incentivos son aplicados como ayuda del Estado y se aplican de forma distinta a cada proyecto de I+D.

-      Exención del impuesto sobre el beneficio obtenido cuando se reinvierte en la compra de equipos tecnológicos nuevos (maquinaria, equipos, instalaciones, cajas registradoras, programas informáticos, ordenadores y periféricos) incluidos en la posición 2.1 y 2.2.9 del Catálogo sobre la clasificación y el periodo de funcionamiento de los activos fijos, con el requisito de que lo tengan en la empresa al menos la mitad de su vida útil pero no más de 5 años. Los contribuyentes que se beneficien de esta exención, no podrán solicitar también la aplicación del régimen fiscal especial de depreciación acelerada para esos mismos bienes.

-        Exención del pago del impuesto sobre dividendos para los contribuyentes que exclusivamente lleven a cabo actividades I+D+i  (definidas por el Decreto nº 57/2002, así como actividades estrechamente relacionadas). Tal exención es aplicable durante los 10 primeros años de actividad de la nueva empresa establecida y para empresas ya establecidas la excepción de 10 años se aplica desde el 6 de enero de 2017.

-       Super deducción (deducción adicional) para ciertos gastos en I+D de un 50% del gasto total, aplicable a cualquier sector.

-      Exención del impuesto sobre dividendos cuando se reinvierten: si los dividendos repartidos se reinvierten en el accionariado de esa u otra compañía rumana, los dividendos recibidos por parte de una empresa de un país con el cual Rumanía tiene en vigor un convenio de doble imposición, siempre y cuando la empresa rumana que recibe los dividendos tenga una participación como mínimo del 10% del capital de la empresa, habiendo mantenido esta participación como mínimo durante un año desde la fecha de reparto de los dividendos.

-      Exención del impuesto sobre los ingresos procedentes de la liquidación de una empresa rumana o de una empresa extranjera de un país con el cual Rumanía tenga firmado el convenio de doble imposición y siempre y cuando en la fecha de comienzo del procedimiento de liquidación el contribuyente tenga una participación mínima del 10% del capital de la empresa que se está liquidando.

-      IVA reducido del 5% en la venta de inmuebles: las empresas que vendan inmuebles podrán beneficiarse del tipo reducido de IVA del 5% solo una vez en los siguientes casos: 

  • Edificios con fines sociales: residencias de tercera edad, centros de menores, centros de rehabilitación para personas discapacitadas menores de edad.
  • Edificios destinados a viviendas unifamiliares con superficie útil máxima de 120 m2  y cuyo terreno no supere los 250  m2  y de valor inferior a 450.000 leus (sin IVA, aproximadamente 100.000€).

 

-      Ajuste para la depreciación de deudas. Se podrán ajustar hasta un 30% el valor de las deudas no garantizadas siempre y cuando éstas sean de una duración mayor a 270 días.

-      Exención de impuestos locales en el caso de empresas ubicadas en parques industriales y tecnológicos  (impuesto de propiedad y suelo).

-      Incentivos fiscales al empleo (regulados por la Ley 76/2002 para el estímulo de la ocupación laboral, reformada en 2015 por la Ley nº 195/2015)

  • Empleo de recién titulados: los empleadores podrán obtener una ayuda mensual de 2.250 RON por cada recién titulado en una institución reconocida, contratado por un periodo indeterminado (esta ayuda se hace extensible en el caso de recién titulados con discapacidad). Los empleadores pueden recibir esta ayuda de 18 meses. Además, los empleadores reciben una ayuda igual a los seguros sociales por cada recién titulado cuyo contrato se prolongue los 18 meses requeridos pero no más de 2 años.
  • Empleo de personas mayores de 45 años o que sean la única fuente de ingresos de una familia: exención de contribución al fondo de desempleo. Además se puede recibir la misma ayuda que en el caso de la contratación de nuevos titulados vista en el párrafo anterior. No obstante, la ayuda está disponible por un periodo de 12 meses, teniendo los empleadores la obligación de mantener al empleado en plantilla por al menos 18 meses.
  • Empleo de personas que necesitan cotizar un periodo de hasta 5 años para recibir pensión: recepción de una ayuda igual al indicador de referencia social hasta el cumplimento del periodo necesario para jubilarse. No se benefician de este incentivo los empleadores que hayan tenido relaciones contractuales con los trabajadores que se podrían beneficiar de esta ayuda y los vuelven a contratar en un periodo menor de dos años.
  • Empleo de personas en situación de desempleo: se ofrece una reducción de la contribución al fondo de desempleo para los empleadores que den empleo a personas en desempleo y que mantienen estos empleos durante un periodo de como mínimo 6 meses. Además, los empleadores también se pueden beneficiar de la misma ayuda mensual y en las mismas condiciones, vista en párrafos anteriores para la contratación personas mayores de 45 años por valor de 2.250 RON.
  • Empleo de personas en riesgo de marginación y con edad comprendida entre 16 y 26 años – a través de un convenio con la Agencia de Empleo que, a su vez, firma un contrato de solidaridad con la persona en riesgo de marginación. Se compensa durante la existencia del contrato de solidaridad y por un periodo de máximo 3 años y mínimo de un año a los empleadores que se beneficien de esta ayuda con una suma igual al salario base, pero no más del doble del indicador de referencia social. Si a la finalización del contrato se mantiene empleado al joven en riesgo de marginación, el empleador recibirá el 50% de la ayuda por desempleo a la que se hubiese tenido derecho el joven si no se hubiese mantenido en la plantilla, durante un periodo de como máximo 2 años.
  • Formación: los empleadores que ofrezcan programas de formación a sus empleados podrán obtener una devolución del 50% de los gastos de formación de, como máximo, el 20% de sus empleados (sujeto también a otras condiciones y limitaciones).
  • Facilidades para los empresarios que dan empleo a los estudiantes para el ejercicio de prácticas: se ofrece una ayuda igual a 1,5 veces el indicador de referencia social para un periodo de 6 meses, considerados de prácticas, para los recién titulados superiores
  • Préstamos para creación de empleo: del presupuesto general para seguros de desempleo se pueden ofrecer préstamos a tipos de interés muy ventajosos (el 50% del tipo de referencia del Banco Nacional de Rumanía o incluso el 25% del tipo de referencia en aquellas provincias donde el desempleo se sitúa por encima de la media nacional) para creación de empleo en el caso de creación o desarrollo de PyMEs, cooperativas con un máximo de 249 miembros, empresas individuales, empresas familiares y autónomos, proporcionales al número de puestos creados y sobre la base de planes de viabilidad, para un máximo de 3 años en el caso de inversiones, y de un año para garantizar la producción, con un periodo de 6 meses de gracia. Las actividades elegibles son: servicios, producción y turismo. Requisito: un 50% de los nuevos puestos de trabajo tendrán que ser para desempleados oficiales, existiendo también la obligación de mantenimiento de estos puestos durante un periodo de 3 años. De estos préstamos en condiciones preferentes se benefician con prioridad los desempleados e incluso estudiantes de hasta 30 años, PyMEs, cooperativas, asociaciones y personas físicas autorizadas.

 

-      Incentivos para el aprendizaje en el trabajo: están regulados por la ley nº 279/2005 del aprendizaje en el trabajo reformada por la Decisión del Gobierno nº 855/2013. Los jóvenes entre 16 (los jóvenes de 15 años necesitan el acuerdo formal de sus tutores legales) y 25 años se pueden beneficiar de un contrato de trabajo con una duración de entre 1 y 3 años, en función de la calificación que se pretende obtener (son 3 niveles de calificación profesional, en función del número de horas de formación teórica y práctica) a través de un contrato individual de aprendizaje en el trabajo. El periodo de prueba no puede superar en este caso 30 días y el salario mínimo es el mínimo garantizado establecido a nivel nacional correspondiente a un horario de 8 horas al día y 40 horas semanales para los jóvenes mayores de edad (18 años) y de 6 horas al día y 30 horas semanales para los jóvenes de entre 16 y 18 años. El empleador está obligado a asegurar a los aprendices una formación teórica y práctica. Al finalizarse su contrato de aprendizaje en el empleador está obligado a dar de alta a los aprendices en un centro autorizado de evaluación y certificación de competencias profesionales para su evaluación, de acuerdo con lo estipulado por la Ordenanza de Urgencia del Gobierno rumano nº 129/2000 sobre la formación profesional de los adultos. Estos costes de evolución de las competencias profesionales corren a cargo del empleador. La principal ventaja para el empleador es la recepción de una suma del 60% del índice social de referencia (500 RON para 2016).
Las ocupaciones que se pueden beneficiar de este incentivo están detalladas en la COR (Clasificación de las Ocupaciones de Rumanía).

Por otro lado, los empleadores que lleven a cabo programas de formación para sus empleados, podrán solicitar una devolución del 50% del gasto incurrido así como de un 20% por actividades relacionadas. Si bien, su obtención está sujeto a ciertas limitaciones y al cumplimiento de determinadas condiciones.

-      Puede encontrar más información sobre algunos de estos incentivos en: https://www.anaf.ro – Agencia Nacional de Administración Fiscal y en http://www.anofm.ro/ - Agencia Nacional de Empleo.

 

5.- AYUDAS DEL ICEX 

El Instituto Español de Comercio Exterior ofrece a las empresas exportadoras un abanico amplio de programas en función de las necesidades de internacionalización del tejido productivo español. En concreto, destacamos a continuación el programa ICEX NEXT por su gran aportación a la ampliación de la base exportadora española.

ICEX NEXT (www.icexnext.es) es un programa integral que apoya a la empresa en las distintas fases de su proyecto de internacionalización, tanto en su iniciación como en su consolidación en mercados.

Las PYMES españolas que quieran ser beneficiarias de este programa, han de cumplir los siguientes requisitos: 

- Ser PYME según la definición otorgada por el Anexo 1 del Reglamento UE n.º 651/2014. Se excluyen Asociaciones y Fundaciones.

- Tener producto o servicio propio que pueda ser comercializable internacionalmente y contar con marca propia. En caso de empresa de servicio, éste debe poder prestarse en el exterior.

- No ser filial comercial o productiva de empresa extranjera.

- Contar con un mínimo de facturación, que se definirá en cada convocatoria, reduciéndose este importe para las start-ups de reciente creación.

- Contar con una cifra de exportación no superior a un porcentaje de la facturación de la empresa que se determinará en cada convocatoria. Este porcentaje se podrá superar en los casos que se establezca en la misma.

- Contar con medios personales y materiales mínimos para abordar su crecimiento internacional que se definirán en cada convocatoria, en particular una web propia.

- No haber participado en programas de Iniciación de ICEX con posterioridad a la fecha que se defina en cada convocatoria.

- No tener impagos con ICEX.

- Cumplir los requisitos exigidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

 

La subvención máxima por empresa beneficiaria es de 15.000 euros correspondiente al 50% de cofinanciación de ICEX. Por tanto, la empresa podrá presentar hasta un máximo de 30.000 euros de gasto realizado al que se aplicará el 50% para determinar la subvención de ICEX.

*Importe total del gasto por bloque:

-Bloque 1 – Asesoramiento personalizado ICEX NEXT Importe Total del gasto 4.500 euros (2.250 euros Financiación ICEX).

-Bloque 2 – Gastos de promoción, prospección, desarrollo de red comercial y personal 25.500 euros (12.750 euros Financiación ICEX). 

 

Bloque 1

 El programa como contrapartida ofrece a las empresas beneficiarias los siguientes servicios:

- 50 horas de asesoramiento personalizad (obligatorio la elaboración/revisión de un Plan estratégico de Negocio Internacional con el apoyo de los consultores ICEX Next), prestado por expertos en distintos ámbitos de la internacionalización y competitividad exterior.

*Asesoramiento estratégico y operativo dirigido a la elaboración o revisión de un Plan Estratégico de Negocio Internacional tanto off-line como on-line.

*Asesoramiento para la elaboración de un Plan operativo digital (Plan de marketing digital, canales digitales, digitalización de procesos clave para la internacionalización y otras actuaciones insertas en dicho plan).

*Asesoramiento para la elaboración de un Plan de Contingencia/Seguimiento en Reino Unido con motivo del Brexit, para las empresas con presencia en el mercado británico.

*Asesoramiento en destino y otros servicios de asesoramiento específico para la mejora de la competitividad internacional de las empresas. 

Bloque 2

Los gastos subvencionables son los siguientes:

- Asesoramiento personalizado: se incluye el número determinado de horas de consultoría especializada del que dispone el beneficiario, prestado por los consultores ICEX-Next. Dicho asesoramiento tendrá como finalidad el diseño de la estrategia internacional y su implementación. Así mismo, contará con más horas de asesoramiento en temáticas que faciliten la mejora de su competitividad exterior. En la convocatoria se señalará el número de horas y cuantía máxima que puede ser subvencionada.

- Gastos de prospección y estudios referidos a mercados internacionales: estudios, informes, bases de datos y servicios, realizados por terceros, cuyo objetivo sea el facilitar el conocimiento del mercado objetivo, la viabilidad del producto o servicio en el mismo y el conocimiento de las oportunidades de negocio.

- Gastos de promoción internacional: Son todos aquellos gastos que impulsen el conocimiento del producto o servicio en el exterior. En este sentido, se incluyen los gastos de material promocional, difusión, publicidad relaciones públicas y marketing digital, así como los gastos de participación en ferias, seminarios, jornadas, conferencias y acciones promocionales en el exterior. También se incluyen los gastos de registro y defensa de patentes, propiedad intelectual y marcas internacionales, así como los viajes de prospección de mercados y promoción.

- Gastos de desarrollo de red comercial en el exterior: Son todos aquellos gastos que permitan a la empresa el desarrollo de su red comercial en destino. En este sentido, se incluyen los gastos relacionados con el acceso del producto o servicio al mercado, el registro, homologación y certificación del producto, la auditoría y vigilancia de marca, certificados de Exportación y de calidad internacional, los gastos de asesoramiento legal, financiero y administrativo para el desarrollo de la red comercial en destino y, por último, los gastos de establecimiento relativos a los estudios de viabilidad, y contratación de servicios de desarrollo comercial en destino.  

- Gastos de contrataciones para el refuerzo del Departamento Internacional. 

 

 

6.-AYUDAS DE OTROS ORGANISMOS 

Existen diferentes organismos (ICEX, ICO y COFIDES son los más importantes) e instrumentos públicos en España que apoyan las exportaciones y la inversión directa en Rumanía. A continuación, se muestran los aspectos básicos de los principales programas de subvenciones y financiación existentes. 

Para ampliar la información acerca de estas ayudas y ver los programas de las distintas administraciones autonómicas (IVEX, IGAPE, EXTENDA, SPRI, COPCA, etc.) se puede consultar la guía de servicios para la internacionalización en: 

http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/que-es-icex/que-es-icex/guia-servicios-internacionalizacion/index.html  

Se detallan a continuación:

 

  • 6.1.- LÍNEA ICO EXPORTADORES 2019  

Objeto: Proporciona financiación a autónomos y empresas con domicilio social en España que necesiten liquidez. Se anticipan las facturas con cargo a una línea de hasta 12,5 M€ por cliente (en una o varias operaciones) con interés variable, más el margen establecido por la entidad de crédito según la tipología de la operación. 

Para ampliar información sobre este producto puede consultar el siguiente enlace: https://www.ico.es/web/ico/ico-exportadores-corto-plazo

 

  • 6.2.- LÍNEA ICO INTERNACIONAL 2019  

El objeto de la financiación es: 

1)    Tramo I Inversión y liquidez: autónomos, empresas y entidades públicas y privadas españolas, domiciliadas en España o con domicilio en el extranjero que cuenten al menos con un 30% de capital de empresa española para acometer sus actividades empresariales y/o cubrir las necesidades generales de liquidez fuera de territorio nacional. 

2)      Tramo II Exportadores Medio y Largo plazo: concesión de crédito suministrador, Comprador y Financiación complementaria a empresas con interés español. 

 

Se trata de hasta 12,5 M€ para el Tramo I y hasta 25 M€ para el Tramo II (en una o varias operaciones, euro o dólar). El Tramo I financia proyectos empresariales y/o necesidades de liquidez fuera del territorio nacional y el Tramo II tiene tres variables de financiación: 

*Crédito Suministrador: empresas con domicilio social en España para la venta de bienes o servicios a empresas con domicilio social fuera de España. 

*Crédito Comprador: empresas con domicilio social fuera de España para la adquisición de bienes o servicios exportador por empresas con domicilio social en España o empresas con domicilio social fuera de España que tengan “interés español”. 

*Financiación complementaria: empresa extranjera que adquiera los bienes o servicios españoles, que no se haya cubierto en su totalidad con un Crédito Comprador. 

Para ampliar información sobre estos productos puede consultar el siguiente enlace: https://www.ico.es/web/ico/ico-internacional

 

  • 6.3.- CESCE MASTER ORO  

CESCE facilita una alternativa que incorpora un seguro con una cobertura elevada y rápida, impulsa el desarrollo del negocio a través de prevención de impagos, ayuda en la toma de decisiones de crédito a cliente, de gestión de circulante, de información y que facilita el acceso a Financiación. Esta solución la lleva a cabo a través de las herramientas Risk Management, Seguro y Apoyo a la Financiación, que incluye: 

-Certificados de seguro: documento emitido por CESCE, que facilita el acceso a la financiación bancaria para el anticipo de créditos comerciales incluidos en el seguro CESCE.

-Títulos de liquidez: documento validado por el Banco de España como Garantía Personal y emitido por CESCE, que facilita el acceso a financiación bancaria para el anticipo de créditos comerciales incluidos en el seguro de CESCE, en modalidad de Factoring Sin Recurso.

-Financiación express: servicio on-line y gratuito, que facilita la obtención de financiación bancaria para el anticipo de créditos comerciales incluidos en el seguro de CESCE sobre deudores de todo el mundo.

-CESCE Fondo de Apoyo a Empresas: canal de financiación no bancario en modalidad de Factoring Sin Recurso para el anticipo de créditos comerciales incluidos en el seguro de CESCE, a un tipo de interés inmejorable y sin necesidad de aportar garantías. 

Para ampliar información sobre estos productos puede consultar el siguiente enlace: http://www.cesce.es/cesce-master-oro

 

  • 6.4.- FIEM (FONDO PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA)

Programa de apoyo oficial a estudios de viabilidad, asistencias técnicas, operaciones de exportación y de inversión en el exterior, suministro y proyectos llave en mano, gestionado de Gobierno a Gobierno a través de la Secretaría de Estado de Comercio. 

Se ofrecen tres modalidades de financiación: financiación concesional, financiación comercial e inversión. 

Para ampliar información sobre estos productos puede consultar el siguiente enlace: https://comercio.gob.es/Financiacion_para_internacionalizacion/FIEM/Paginas/fiem.aspx

 

  • 6.5.- FINANCIACIÓN MEDIANTE SISTEMA DE GARANTÍAS RECÍPROCAS  

ICEX y la Compañía Española de Reafianzamiento S.A. (CERSA) facilitan el acceso de las pymes a financiación a través del sistema español de garantías recíprocas. Las SGRs emiten avales financieros a favor de las empresas para operaciones de implantación comercial y productiva y gastos relacionados con pre-exportación, y avales técnicos para participación en licitaciones internacionales. 

Para ampliar información sobre estos productos puede consultar el siguiente enlace: https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/financiacion-para-la-internacionalizacion/otra-informacion-financiacion/Convenio-icex-cersa/index.html

  

  • 6.6.- AYUDA PARA LA OBTENCIÓN DE UN SEGURO DE CRÉDITO  

La Póliza 1 Millón ICEX-CESCE facilita el acceso al seguro de crédito a las pymes con un volumen de ventas máximo de un millón de euros, por el período de 1 año y cobertura de riesgos políticos y extraordinarios y comerciales del 95%. El riesgo se puede mantener hasta 30 días al 50% y la prima mínima sería el 100%. 

Para ampliar información sobre este producto puede consultar el siguiente enlace: https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/financiacion-para-la-internacionalizacion/otra-informacion-financiacion/poliza-un-millon-para-pymes-espanolas/index.html

 

  • 6.7.- FINANCIACIÓN DE LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA  

CDTI ofrece diferentes programas de financianción de proyectos e iniciativas de cooperación en el ámbito de la internacionalización de la I+D+i, entre ellos: 

-Préstamos bonificados con: Innovación Global

-Ayudas parcialmente reembolsables con: CIEN, Estratégicos de I+D, Proyectos de I+D, Proyectos de demostración tecnológica, Innovación CDTI, Línea Expansión y Proyectos FEMP.

-Subvenciones: FEDER, Innterconecta, Innoglobal, CDTI-Eurostars, CDTI-EraNets, Ayudas y Neotec.

-Capitales de riesgo: Innvierte               

Para ampliar información sobre estos productos puede consultar el siguiente enlace:

http://www.cdti.es/index.asp?MP=101&MS=821&MN=1&r=1920*1080 

 

  • 6.8.- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS PARTICIPATIVOS  
  • 6.8.1.- Fondo FOND-ICO Pyme  

Ofrece financiación para los procesos de internacionalización de empresas españolas que, habiendo superado las primeras fases de implantación, realicen inversiones para impulsar su crecimiento. 

Los recursos invertidos deben tener los siguientes destinos: adquisición de activos fijos productivos, nuevos o de segunda mano, el IVA de las inversiones, la compra de empresas, las inversiones en I+D+i y los procesos de internacionalización. 

Importe: de 750.000 a 1.500.000 euros en empresas innovadoras, y de 1,5 a 15 millones de euros en empresas en expansión o consolidadas, mediante préstamos participativos y participaciones en capital. 

Para ampliar información sobre este producto puede consultar en el siguiente enlace: 

https://www.ico.es/web/ico/fond-ico-pyme 

  • 6.8.2.- Líneas ENISA

Presenta tres líneas de financiación, dependiendo de la fase en la que se encuentre la empresa:

-Línea Jóvenes Emprendedores: dirigida a pymes de reciente constitución creadas por jóvenes para abordar las inversiones que precisa el proyecto empresarial en su fase inicial. 

*Requisitos: compañía constituida durante los 24 meses anteriores a la solicitud; mayoría del capital en manos de personas físicas de edad no superior a 40 años; y los socios tendrán que aportar, vía capital o a través de fondos propios, al menos, un 50% del préstamo. 

*Condiciones: importe mínimo 25.000€ y máximo 75.000€; vencimiento máximo 7 años con una carencia máxima de 5. 

-Línea Emprendedores: dirigida a apoyar las primeras fases de vida de pymes promovidas por emprendedores, sin límite de edad. 

*Requisitos: compañía constituida durante los 24 meses anteriores a la solicitud; fondos propios han de ser, como mínimo, equivalentes a la cuantía del préstamo; y cofinanciación de las necesidades financieras asociadas al proyecto empresarial. 

*Condiciones: importe mínimo 25.000€ y máximo 300.000€; vencimiento máximo 7 años con una carencia máxima de 5.  

-Línea Crecimiento: dirigida a apoyar los proyectos empresariales de compañías interesadas en expandir su negocio o lograr una mejora competitiva. 

*Requisitos: fondos propios han de ser, como mínimo, equivalentes a la cuantía del préstamo; cofinanciación de las necesidades financieras del proyecto empresarial; y para préstamos superiores a 300.000€ se deberá tener auditados externamente los estados financieros del último ejercicio cerrado. 

*Condiciones: importe mínimo 25.000€ y máximo 1.500.000€; vencimiento máximo 9 años con una carencia máxima de 7. 

Para ampliar información sobre estos productos puede consultar en el siguiente enlace: https://www.enisa.es/es/financia-tu-empresa/lineas-de-financiacion 

 

  • 6.9.- Fondo para Operaciones de Inversión en el Exterior de la Pequeña y Mediana Empresa (FONPYME)  

El Fondo para Operaciones de Inversión en el Exterior de la Pequeña y Mediana Empresa (FONPYME), junto con los recursos propios de COFIDES, proporcionan financiación entre 75.000 y cinco millones de euros para proyectos de pymes en el exterior en los que exista algún tipo de interés español. El tipo de apoyo financiero son participaciones en capital e instrumentos próximos al cuasi-capital. Las solicitudes han de plantearse a COFIDES, ya que es la gestora del fondo. 

Para ampliar información sobre estos productos puede consultar en el siguiente enlace: https://www.cofides.es/financiacion/instrumentos-financieros/fondo-para-operaciones-inversion-exterior-pequena-mediana

 

  • 6.10- Pyme Invierte de ICEX y COFIDES  

- Para inversiones productivas: asesoramiento sobre la inversión, financiación de entre 75.000 y cinco millones de euros (hasta el 80% de las ne¬cesidades de financiación a medio y largo plazo del proyecto) y acceso preferente al programa de Servicios Personalizados de ICEX.

-  Para implantaciones comerciales: asesoramien¬to sobre la implantación, financiación de entre 75.000 y un millón de euros (hasta el 80% de las necesidades de financiación a corto plazo del proyecto) y acceso preferente al programa de Servicios Personalizados de ICEX. 

Para ampliar información sobre este producto puede consultar en el siguiente enlace: https://www.cofides.es/biblioteca-de-documentos/folleto-linea-pyme-invierte

 

  • 6.11.- Línea ICO Garantía SGR/SAECA 

Proporciona financiación a autónomos y empresas españolas o mixtas con capital mayoritariamente español que cuenten con el aval de una SGR o de SAECA. El importe financiado por cliente es un máximo de 2 millones de euros en una o varias operaciones. 

Para ampliar información sobre este producto puede consultar en el siguiente enlace: https://www.ico.es/web/ico/ico-garantia-sgr

 

  • 6.12.- Fondo para Inversiones en el Exterior (FIEX)  

A través de la gestión del FIEX y sus recursos propios, COFIDES financia a medio y largo plazo proyectos privados y viables en el exterior en los que exista interés español. Con instrumentos de capital y deuda, COFIDES proporciona financiación entre 250.000 y 30 millones de euros para proyectos que impliquen la creación de una nueva empresa, la compra de una empresa existente o la ampliación de la actividad, siempre que incorporen activos que requieran financiación a medio y largo plazo.

Para ampliar información sobre este producto puede consultar en el siguiente enlace: 

https://www.cofides.es/financiacion/instrumentos-financieros/fondo-para-inversiones-exterior-fiex

 

  • 6.13.- Financiación de COFIDES en países en desarrollo  

COFIDES, como miembro de European Development Finance Institutions (EDFI), moviliza recursos para proveer financiación a empresas españolas en países en desarrollo o en economías en proceso de transición. Principalmente se financian proyectos orientados a mitigar el cambio climático, fomentar la eficiencia energética y el desarrollo en países receptores de Ayuda Oficial al Desarrollo, así como proyectos en África, Caribe y Pacífico. 

Se puede ver una lista con las condiciones y los sectores por país en el siguiente enlace: https://www.cofides.es/financiacion/internacionalizacion/paises

   

  • 6.14.- ICO Garantías Internacionales  

El Instituto de Crédito Oficial concede garantías a compañías españolas que participen en pro-cesos de licitaciones o adjudicaciones internacionales, o contraten de manera directa con empresas e instituciones ubicadas fuera de España. Las empresas deben tener una facturación superior a 50 millones de euros y unos activos totales de más de 43 millones de euros (esta información no está en la web, no sé si seguirá vigente). La tramitación de las operaciones se realiza directamente en la Subdirección de Financiación Directa del Instituto de Crédito Oficial. 

El esquema de ayuda se materializa en la concesión por parte del ICO de una garantía bancaria a operaciones previamente garantizadas o contragarantizadas por Entidades de Crédito españolas, asumiendo el ICO el riesgo de estas Entidades. El 100% del riesgo con las empresas es asumido por la Entidad de Crédito española. 

Son las Entidades de Crédito las encargadas de la comercialización de la Línea a través de sus redes de oficinas, a las que se dirigen directamente los clientes interesados, y son las citadas Entidades de Crédito quienes asumen el riesgo de impago, deciden sobre la concesión o no de la garantía y determinan las garantías a exigir. 

Para ampliar información sobre este producto puede consultar en el siguiente enlace: 

https://www.ico.es/web/ico/linea-garantias 

 

  • 6.15.- FOND-ICO Infraestructuras II 

El fondo FOND-ICO Infraestructuras II financia empresas que desarrollen proyectos de infraestructuras en sectores de transporte, infraestructura social y servicios, energía y medio ambiente. Proporciona financiación a través de participaciones en capital, deuda subordinada y préstamos participativos. El importe de las operaciones oscila entre 10 y 40 millones de euros. La tramitación se realiza en Axis, gestora del fondo. 

Para ampliar información sobre este producto puede consultar en el siguiente enlace: 

https://www.ico.es/web/ico/fond-ico-infraestructuras

 

  • 6.16.- FOND-ICO Global

Es el primer “Fondo de Fondos” público de capital riesgo que se crea en España, dotado con 2.000 millones de euros, con el objetivo de promover la creación de fondos de capital riesgo de gestión privada, que realicen inversiones en empresas españolas en todas sus fases de desarrollo. 

Para ampliar información sobre este producto puede consultar en el siguiente enlace: 

http://www.axispart.com/documents/1459996/1508286/Presentacion+FondICO+Global+ESP.pdf/b0086df7-f952-4ff6-8c47-663f7b4dd44b (el enlace es para descargar un documento directamente, no lleva a la web)

 

  • 6.17. CRECE + INTERNACIONAL

Programa de COFIDES dirigido a pymes y empresas de pequeña y mediana capitalización que, a través de instrumentos de capital y cuasi-capital, financia el plan de crecimiento de la empresa mediante la implantación en nuevos mercados y/o el crecimiento en los mercados en los que ya estén presentes.

El límite de financiación es de 30 millones euros -con un máximo del 90% de las necesidades de inversión en activos- siendo la inversión mínima inicial permitida de 1 millón de euros. 

Para ampliar información sobre este producto puede consultar en el siguiente enlace:

https://www.cofides.es/financiacion/internacionalizacion/crece-internacional

 

7.- INCENTIVOS 

Las zonas de libre comercio o "Free Trade Zones" (FTZ) están reconocidas en Rumanía desde el año 1992 y en ellas se permiten operaciones de entrada y rexportación ilimitada, así como una excención al pago de aranceles y del IVA. Asimismo, la ley permite el alquiler y transferencia de bienes inmuebles y tierras entre empresas y personas indistintamente y con independencia de la nacionalidad en un plazo de hasta 50 años. 

Las FTZ operativas en la actualidad son:

 

 

 

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Representación y agencia

Generalmente, las oficinas de representación las establecen compañías extranjeras para llevar a cabo actividades que no son de tipo comercial, como actividades de promoción o estudios de mercado, para la sociedad matriz. También son frecuentemente utilizadas por sociedades extranjeras como primer paso de implantación en el país. Las oficinas de representación no pueden desarrollar actividades comerciales.

La oficina de representación no tiene personalidad jurídica y no puede, en ningún caso, desarrollar actividades de producción de bienes, prestación de servicios o de ejecución de obras; por lo tanto, puede ejercitar funciones de mandatario o comisionario; actúa como intermediario entre la empresa comercial principal que la organizó y sus socios contractuales.


Las sociedades y las organizaciones económicas extranjeras son responsables solidariamente con los empleados contratados en las oficinas de representación por los daños causados por actos ilícitos cometidos por sus empleados en el ejercicio de la actividad o en relación con la misma.


La oficina de representación sólo podrá desarrollar actividades de apoyo para la empresa matriz, como las actividades de publicidad (marketing, promoción y publicidad) o proporcionar información para la investigación científica o para actividades similares que tengan carácter preparatorio o auxiliar para la empresa extranjera.


Para registrar una oficina de representación, la empresa deberá realizar la solicitud ante el Ministerio de Economía y pagar una tasa anual en RON equivalente a 1.200 dólares para obtener y renovar la licencia. Adicionalmente, la oficina deberá también registrarse en la Cámara de Comercio e Industria y obtener la autorización de funcionamiento en el Ministerio de Finanzas.


Las oficinas de representación pagan un impuesto de sociedades anual en RON equivalente aproximadamente a 4.000 euros al tipo de cambio anunciado por el banco central rumano el día anterior al que se efectúa el pago, y que se devenga a finales del mes de febrero

En caso de querer establecerse en Rumanía mediante una oficina de representación, que carece de personalidad jurídica, los pasos son: Presentación de la solicitud de autorización de la política comercial ante la Dirección General de Comercio y Relaciones Internacionales del Ministerio de Economía, acompañada de los siguientes documentos (originales y copia legalizada en rumano):


- Certificado del país de origen (expedido por el Registro Mercantil) con la existencia de la empresa, su ámbito de aplicación y su capital
- Certificado de solvencia
- Escrituras de constitución
- Poder autentificado del representante de la empresa en Rumanía
- Documentos que demuestren la existencia de la oficina en Rumanía (ejemplo: contrato de alquiler)
- Comprobante de pago de USD 1.200/año (al tipo de cambio del día de pago), en concepto de licencia anual. Este importe se encarece un 10 % cuando una oficina de representación de una persona jurídica    extranjera solicita realizar o intermediar actividades de comercio exterior para otras empresas extranjeras, aparte de la que representa.


En un plazo de 30 días se recibirá la autorización por parte del Ministerio de Economía y se deberá registrar la oficina en la Cámara de Comercio e Industria de Rumanía (en un plazo no superior a 15 días desde la autorización).


Todos los representantes se inscribirán en la administración financiera que les corresponda (por jurisdicción del lugar en el que se encuentre la sede), para obtener la licencia de operación y el código fiscal.


Fuente:http://www.dce.gov.ro/poli-com/reprez_straine.htm
 

 

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Formación de "joint-ventures". Socios locales

La legislación nacional en Rumanía permite la celebración de un acuerdo de Asociación en Participación. Según este acuerdo, las partes actuarán juntas para la realización de un objetivo empresarial común. Esta forma de hacer negocios en Rumanía no crea una persona jurídica. No obstante, a parte de este tipo de JV contractual, existe otra modalidad de JV corporativa regulada por la Ley Nº 31/1990 y sus sucesivas modificaciones. En este caso su constitución si que implica la creación de una entidad legal separada, propiedad de las partes.

En cuanto a la asociación con socios locales, no existe ningún tipo de normativa que obligue o favorezca la formación de sociedades con éstos (las personas o entidades extranjeras cuentan con los mismos derechos que los nacionales), por lo que la asociación vendrá determinada por la conveniencia del inversor extranjero.

La aportación de bienes y servicios de las partes colaboradoras a la empresa creada no está sujeta a IVA siempre y cuando esta contribución sea proporcional a la participación de cada empresa.

Frecuentemente los socios de la asociación abren una cuenta bancaria conjunta, regulada expresamente en la legislación rumana como una cuenta corriente propiedad conjunta de varios cotitulares 

En lo que se refiere a la constitución de asociaciones para la participación en licitaciones públicas, por lo general, una parte, que actúa como “líder”, está a cargo de la contabilidad de la empresa conjunta.

Según la Orden del Ministerio de Finanzas núm. 3055 del 29 de octubre de 2009, que aprueba la “Regulación Contable conforme a las directivas europeas”, la evidencia contable de las Asociaciones en Participación, debe llevarse, tanto a nivel de la Asociación, como a nivel de cada co-participante, en este último caso aplicando el segmento “Descuento de las operaciones en participación”.

En cuanto a la asociación con socios locales, no existe ningún tipo de normativa que obligue o favorezca la formación de sociedades con éstos (las personas o entidades extranjeras cuentan con los mismos derechos que los nacionales), por lo que la asociación vendrá determinada por la conveniencia del inversor extranjero.

Con carácter general no es estrictamente necesario contar con un establecimiento permanente para participar en una Asociación en Participación con actividad en Rumanía, si bien pueden existir casos en los que sí sea necesario. La Asociación en Participación deberá contar con un miembro con establecimiento permanente en Rumanía que actúe como líder con las siguientes implicaciones fiscales:

·         Impuesto de sociedades: el registro fiscal de la Asociación en Participación es obligatorio en caso de que una de las partes sea no residente. En caso de que todos los miembros de la Asociación en Participación tengan establecimiento permanente en Rumanía, cada parte lo presentará de forma independiente. Cada parte tendrá que pagar como impuesto de sociedades un 16% de los beneficios que les correspondan. Al haber un Convenio de Doble Imposición con Rumanía, las empresas españolas podrán deducirse el importe desembolsado en Rumanía al declarar en España los beneficios obtenidos en aquel país.

·         IVA: a efectos de IVA el tratamiento es diferente dependiendo de si se actúa como líder de la Asociación en Participación o no. La empresa que no sea líder emitirá factura con IVA al líder por todos sus servicios. La empresa líder incluirá en su declaración de IVA todos los ingresos de la Asociación en Participación, descontándose todo el IVA soportado, incluyendo el de las facturas que le ha emitido la empresa no líder. Ésta presentará su propia declaración de IVA en la que incluirá como ingresos sólo su participación en los ingresos de la Asociación en Participación y se descontará el IVA que haya soportado ella misma. Dicha Asociación en Participación no tiene que registrarse a efectos del IVA.

Las autoridades contratantes ponen a disposición de los ofertantes una plantilla de acuerdo de asociación (en rumano "Acordul de asociere"), que en general incluye una disposición en base a la cual los miembros de la asociación (con independencia de su forma jurídica) responden solidariamente  ante la autoridad contratante en relación a todas las obligaciones y responsabilidades relacionadas con la ejecución del contrato. Por lo tanto, independientemente de la cuota de participación en la asociación, la autoridad contratante tiene, en principio, derecho a ir en contra de cualquier socio, que será considerado responsable de la satisfacción  de la obligación en su totalidad.

 

 

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Tipos de sociedades

 A. Por su relación con la matriz extranjera 

1. Sucursales

Se trata de entidades que carecen de personalidad jurídica y que no están obligadas a constituirse aportando un capital social. Son creadas por sociedades rumanas o extranjeras, y están obligadas a inscribirse en el Registro Mercantil.

Por ley se requiere el nombramiento de un apoderado para representar a la sucursal, es decir, un representante legal, cuyo nombramiento puede constar en el acuerdo por el que, según los estatutos, se decide la creación de la sucursal o en un apoderamiento especial. Es obligatorio que la actividad de las sucursales se circunscriba en la misma área de actividad de la empresa matriz.

Los inversores extranjeros, generalmente, crean sucursales cuando su intención es permanecer por un corto periodo de tiempo en Rumanía, o porque no quieren separar legalmente la entidad rumana de la empresa matriz.

Una sucursal se reconoce también por el nombre: que debe estar compuesto por el nombre de la persona jurídica matriz y por la localidad en la que esté ubicada la sede social de la misma, seguida por la palabra “sucursal” y la localidad en la que se encuentre dicha sucursal. Si la misma persona jurídica establece varias sucursales en la misma localidad, es necesario mencionar en la denominación un indicativo que las distinga. 

2. Filiales

Son sociedades mercantiles con personalidad jurídica propia y que tendrán el régimen jurídico de la forma de sociedad en la que se constituyeron.

La filial tiene su propio patrimonio, delimitado en la totalidad del patrimonio de la sociedad y concluye contratos con terceros en nombre propio, siendo el titular de una o más de sus cuentas bancarias.

Conforme al Código civil rumano, las personas jurídicas cuya sede se establece en Rumanía son consideradas entidades jurídicas de nacionalidad rumana.

Diferencias entre sucursal y filial. Ventajas e inconvenientes - sobre todo de cara a participar en concursos públicos

B.    POR LA COMPOSICIÓN DEL ACCIONARIADO

 De conformidad con la Ley de Sociedades rumana (Ley 31/1990) modificada y actualizada, los tipos de empresas son: 

1.    Sociedades de responsabilidad limitada (SRL);

2.    Sociedades anónimas por acciones (SA);

3.    Sociedad comanditaria por acciones;

4.    Sociedad comanditaria simple;

5.    Sociedad en nombre colectivo;

6.    Sociedad Europea.

 

Cada vez más se encuentran en la práctica otras dos formas modernas de asociación: el grupo de interés económico y el grupo de interés europeo. Sus regímenes jurídicos están regulados por la Ley 161/2003 sobre determinadas medidas para garantizar la transparencia en el ejercicio de potestades públicas, de las funciones públicas y en el entorno empresarial, la prevención y sanción de la corrupción. 

1.    Sociedades de responsabilidad limitada (SRL)

 Se trata del tipo de sociedad más utilizado tanto por inversores locales como por inversores extranjeros, debido a:

·         El número de los asociados no pueden ser superior a 50;

·         Una sociedad de responsabilidad limitada puede estar constituida por un socio único;

·         La responsabilidad de los asociados se limita a su participación en el capital social de la empresa;

·         La simplicidad de los trámites administrativos;

·         La mayor flexibilidad respecto a otras formas societarias;

·         Los bajos requisitos iniciales de capital (el capital mínimo es de 200 leus), que además en el año 2020 y en virtud de la ley 223/2020 han desaparecido.

 

Una SRL puede ser gestionada por uno o más administradores, independientemente de su nacionalidad, y con poderes limitados o totales.

Los administradores no pueden aceptar el cargo de administrador en otras sociedades competidoras o con el mismo objeto de actividad, ni hacer el mismo tipo de comercio u otro concurrente en su propio nombre o por otra persona física o jurídica, sin la autorización de la junta de los socios, so pena de ser revocados y responder por posibles daños.

Los socios de una SRL pueden ser personas físicas y/o personas jurídicas. No obstante, una misma persona, física o jurídica, no puede ser el único socio de más de una SRL y un individuo o una entidad jurídica no puede ser asociada en exclusiva en más de una compañía de responsabilidad limitada.

2. Sociedades anónimas por acciones (SA)

 Número de socios: mínimo 2 personas físicas o personas jurídicas, públicas o privadas, sin límite máximo

Capital mínimo: 90.000 RON (20.000 euros a un tipo de cambio 4,5 RON/euro). El Gobierno podrá actualizar, una vez cada 2 años, el valor mínimo del capital social, teniendo en consideración el tipo de cambio, de forma que sea el equivalente en RON de 19.355 Euros.

 La Ley establece dos posibles tipos de administración de estas sociedades:

· Sistema Unitario: la compañía es administrada por una o varias personas, siempre por un número impar de personas. Cuando hay varios administradores, se organizan en un consejo de administración,  que puede designar a uno o varios directores administradores de la compañía. Las sociedades por acciones cuyas situaciones financieras anuales están sujetas a la obligación legal de auditoría tienen que ser administradas por al menos 3 administradores.

· Sistema Dualista: la dirección de la compañía recae sobre un órgano directivo ejecutivo (directorate) sobre el cual ejerce control permanente un Consejo de Supervisión, el cual será el encargado de informar a la Junta General de Accionistas.

Los Administradores, miembros del “directorate” y los miembros del Consejo de Supervisión no podrán tener una relación laboral con la compañía, pero sí se requerirá un contrato de dirección (“contract de mandat”). Los miembros del ¨directorate¨ no pueden ejercer concomitantemente el cargo de miembros del Consejo de Supervisión.

Esta forma societaria está siendo cada vez más utilizada en Rumanía. Se crean los tipos de sociedades mencionados cuando:

· La empresa quiere llevar a cabo determinados tipos de actividades como seguros, banca, etc.

· Se prevé que en algún momento la compañía podría necesitar comprar sus propias acciones (por ejemplo, si se quisieran ofrecer a sus directivos)

· Se prevé que la empresa cotice en bolsa en un futuro.

· Se quiere financiar la empresa mediante la emisión de bonos u otros instrumentos financieros.

3. Sociedad comanditaria por acciones

 Es una forma menos usual de constituir una sociedad limitada. La responsabilidad de sus socios está limitada como en una SRL, pero el capital social está representado por acciones como en una SA. Los socios comanditarios responden de las deudas de la sociedad más allá de sus compromisos económicos iniciales, mientras que los socios colectivos tan sólo responderán con el capital aportado inicialmente.

4.    Sociedad Europea (SE)

Se puede establecer una SE en cualquier estado miembro de la UE de acuerdo con el Reglamento del Consejo (CE) nº 2157/2001 y la Directiva del Consejo 2001/86/CE. La ley europea requiere a los estados miembros tratar a las SEs como si fueran sociedades de responsabilidad limitada constituidas conforme a la ley del estado miembro en el que se registre su oficina principal. La SE permite que una única empresa opere en diferentes estados bajo la misma forma jurídica, evitando que su actividad esté sujeta a normas distintas según el país en el que opere. Las SE son adecuadas para grandes empresas.

El capital de la sociedad debe estar expresado en euros y no puede ser menos de 120.000 EUR, lo que hace que esta forma jurídica en la práctica solo se aplique a grandes empresas.

 5. Consorcios o asociaciones en participación

La creación de consorcios o “joint-ventures” (contract de asociatiune in participatiune en la ley rumana), forma jurídica bajo la cual dos partes trabajan juntas para lograr un objetivo común, está permitida por la legislación rumana. No supone la creación de una entidad legal, los socios establecen sus derechos y obligaciones mediante contrato.

 Sociedades civiles

 Se rigen por el Código Civil. No tienen personalidad jurídica y son transparentes a efectos fiscales.

 Procedimiento y requisitos para la constitución de sociedades

En la página web de la Oficina Nacional del Registro Mercantil (ONRC) se pueden encontrar todas las formalidades y documentos necesarios para el registro y autorización de empresas, así como para realizar modificaciones en las mismas:

 http://www.onrc.ro/index.php/ro/inmatriculari/persoane-juridice

A. Requisitos específicos para sucursales:

1) Para sucursales no es obligatoria la verificación previa de la disponibilidad y/o la reserva del nombre de la empresa.

2) El nombre de la empresa está compuesto por la firma de la persona jurídica que la estableció, la denominación de la localidad de la sede social de la misma, seguida por la palabra “sucursal” y la denominación de la localidad donde tiene la sede la sucursal.

3) En caso de establecimiento, por parte de la misma persona jurídica, de más sucursales en la misma localidad, se puede añadir un indicativo para distinguirlas.

4) Cuando, excepcionalmente, el nombre de la sucursal es diferente del de la persona jurídica extranjera, el nombre de la sucursal estará seguido por la indicación de la empresa y la persona jurídica, y la palabra "sucursal”.

5) El nombre de la sucursal en Rumanía de una empresa extranjera tendrá que incluir la mención de la sede principal en el extranjero.

Los documentos requeridos para la inscripción en el Registro Mercantil, registro fiscal y la autorización de funcionamiento de una sucursal establecida en Rumanía por una empresa con sede en el extranjero (o de un Grupo de Interés Económico Europeo) son:

1.    La solicitud de registro – formulario.

2.    Anexo 1 sobre el registro fiscal – formulario.

3.    Declaración jurada firmada por los socios o administradores que muestran, según el caso, que:

Ø  la persona jurídica no desarrolla, en su sede social o en las sedes secundarias, o fuera de estas, las actividades declaradas, durante un periodo de tiempo superior a tres años;

Ø  la entidad jurídica cumple con las condiciones de funcionamiento requeridas por la legislación específica en el área sanitaria, sanitario - veterinaria, de protección del medio ambiente y de protección del trabajo, formulario estándar.

4.    Decisión del órgano estatutario competente sobre el establecimiento de la sucursal que designa a la persona autorizada para representarla.

5.    El documento constitutivo y el estatuto del profesional del extranjero, si fueran objeto de un acto separado, junto con todas las enmiendas a estos documentos o la incorporación del documento constitutivo actualizado, original o copia autentificada y la traducción realizada por un traductor jurado cuya firma sea  autentificada por un notario público ;

6.    El poder del representante de la sucursal, si este no fue nombrado a través de decisión del órgano estatutario competente (fotocopia traducida y autentificada).

7.    Los documentos de identidad de las personas apoderadas para representar a la sucursal (fotocopias).

8.    El documento que certifica el derecho a utilizar el espacio destinado a albergar la sede social de la sucursal (fotocopia).

9.    La solicitud ante ANAF para obtener el certificado expedido por la autoridad fiscal competente, certificando que, para el inmueble destinado a ser la sede social, no se ha registrado otro documento para la enajenación del derecho a utilizar el mismo, ya sea a título oneroso o gratuito.

10.  Declaración jurada en forma auténtica de que se cumplen las condiciones relativas a la sede, si resulta, según el certificado expedido en virtud pt.9, que ya se han registrado en la administración fiscal otros documentos que confirman el derecho a utilizar el espacio destinado a albergar la sede, así como su registro.

11.  En el caso de las sucursales de los profesionales de países que no pertenecen a la UE, los documentos contables del agente económico del extranjero, tal como están emitidos, auditados y publicados en conformidad con la ley del estado miembro que regule los profesionales del extranjero.

12.  En el caso de las sucursales de los profesionales de países no miembros de la UE o del Espacio Económico Europeo, documentos que certifiquen la sede social del profesional del extranjero, el objeto de su actividad y, por lo menos anualmente, el importe del capital suscrito, si dicha información no se encuentra en los documentos contables del agente económico del extranjero, auditados y publicados en conformidad con la ley en Rumania, salvo que la normativa para los profesionales del derecho del extranjero proporcione normas equivalentes a las de la UE.

13.  El certificado y la traducción autentificada del registro donde esté registrado el profesional extranjero, que acredite la existencia de la sociedad.

14.  Si procede, se mencionará información sobre:

Ø La apertura de un procedimiento de insolvencia judicial o extrajudicial del profesional en el extranjero;

Ø  La disolución de la empresa en el extranjero, el nombre y los poderes de los liquidadores, la terminación de la liquidación;

Ø El cierre de la sucursal.

15.  Notificación enviada al Banco Nacional de Rumanía por la autoridad del Estado miembro de origen en el caso de la sucursal de una entidad de crédito, en conformidad con el art. 48 O.G. no. 99/2006.

16.  En su caso, la declaración jurada autentificada ante notario (con la apostilla de la Haya si la declaración no ha sido firmada ante un notario rumano) de la persona física ciudadano extranjero autorizada para representar en el extranjero a la sucursal que muestra que no tiene deuda tributaria (original) y, en su caso, la traducción realizada por un traductor jurado cuya firma sea autentificada por un notario público.

17.  Las declaraciones juradas autentificadas ante notario realizadas por las personas autorizadas a representar a la sucursal, de que cumplen los requisitos legales para ejercitar tales funciones (original y, en su caso, copias traducidas y autentificadas).

18.  Especímenes de firma de los apoderados de la sucursal autentificadas ante notario (original).

19.  Comprobantes del pago de las tasas/impuestos legales:

· 250 leus – tasa de Registro;

· 150 leus – un 20% de los cuales se dirigen al fondo de liquidación, un 10% “a la tasa de boletín” y el resto se calcula como un porcentaje de la tasa de registro);

· tasa de publicación en el Boletín Oficial, Parte IV.

· Si procede:

· Notificación sobre el cambio del destino de los inmuebles colectivos en régimen de vivienda, en conformidad con  la Ley 230/2007 (un formulario estándar).

· Otras notificaciones previstas por leyes especiales (fotocopia).

Si un profesional con sede en el extranjero establece varias sucursales en el país, los documentos antes mencionados se presentan sólo en una sucursal, a elección de los profesionales; en el Registro Mercantil donde estén registrados las demás sucursales solo se indica el registro a través de cual se aseguran las formalidades de publicidad.

B. Requisitos específicos para filiales

 1) La solicitud de comprobación de disponibilidad y/o reserva del nombre de la empresa (original) - formulario rellenado mencionando tres nombres - por orden de preferencia y, en su caso, disponibilidad y/o reserva logotipo – formulario

2) El comprobante de pago de la tasa de registro (por separado para reservar nombre de la empresa, en su caso, logotipo):

Ø 45 leus - registro de impuestos;

Ø 27 leus – un 50% de los cuales se dirigen al fondo de liquidación y el 10% al Fondo de publicación en el Boletín Oficial de Rumanía (Ley 85/2014).

 Los documentos requeridos para la inscripción en el Registro Mercantil, registro fiscal y la autorización de funcionamiento para una sociedad económica filial de una empresa con sede social y administración central en territorio UE son:

1. La solicitud de registro de la filial sociedad europea – formulario.

2. Anexo 1 – sobre el registro fiscal y Anexo 2 sobre la inversión extranjera

3. Declaración jurada firmada por los socios o administradores que muestran, en su caso, que:

Ø La persona jurídica no desarrolla, en su domicilio social o en las sedes secundarias, o fuera de estas, las actividades declaradas, durante un periodo de tiempo superior a tres años (modelo 1 - original);

Ø La entidad jurídica cumple con las condiciones de funcionamiento requeridas por la legislación específica en área sanitaria, sanitario - veterinaria, protección del medio ambiente y protección del trabajo, en declaración estándar (modelo 2 - original).

4. Las decisiones de las juntas generales de cada empresa involucrada a través de las cuales  se aprobará la participación en la constitución de la filial;

5. El acta constitutiva de la filial de la sociedad;

6. Las pruebas sobre el cumplimiento de las condiciones específicas previstas en el art. 12 alin.2, Reglamento 2157/2001 sobre:

Ø El acuerdo sobre las modalidades de participación e implicación de los trabajadores en la actividad de la sociedad, o:

Ø La prueba de haber tomado la decisión a través de la cual se ha concluido el acuerdo sobre la modalidad de implicación de los trabajadores en la actividad de la sociedad

Ø La prueba que tras  la constitución del grupo especial de negociación para la conclusión del acuerdo con respecto a las modalidades de implicación de los empleados en la actividad de la sociedad europea, las negociaciones han continuado durante al menos 6 meses más sin llegar a un acuerdo.

7. Los certificados expedidos por las autoridades competentes en cuyo territorio estén establecidas las personas jurídicas involucradas, con domicilio social y administración central en la Unión Europea, que muestran que al menos dos de ellas:

Ø Se rigen por la ley de los distintos Estados miembros

Ø Tienen desde hace por lo menos dos años una filial sujeta al ordenamiento jurídico de otro Estado miembro o una sucursal en otro Estado miembro.

8. Evidencia de presentación de contribuciones y/o prueba de pertenencia sobre bienes en especie, así como la prueba de la evaluación de los bienes en especie o el informe pericial.

9. Documentos que acrediten las operaciones concluidas por los fundadores en la cuenta de la filial de la sociedad, aprobadas por la asamblea constituyente, si no estuvieron previstas en los estatutos.

10. La prueba de la aceptación expresa del cargo de administrador/miembro de la junta directiva o del nombramiento como auditor/censor.

11. En su caso, la prueba de comprobación de la disponibilidad y reserva del nombre de la empresa y/o de su logotipo.

12. El comprobante de la sede social/secundaria de la filial (fotocopia).

13. Las declaraciones juradas firmadas ante notario (y con la apostilla de la Haya si no han sido firmadas ante un notario de Rumanía), según proceda, de los fundadores/gerentes /directores/miembros del consejo de supervisión/miembros de la junta/auditores o personas físicas representantes de la persona jurídica nombrada administrador o auditor que indican que cumplen con las condiciones legales para el ejercicio de estas funciones,

14. Muestras de firmas de representantes de la sociedad filial.

15. En su caso, la declaración jurada firmada ante notario (y con la apostilla de la Haya si no ha sido firmada ante un notario de Rumanía) de la persona física ciudadano extranjero en su propio nombre o en representación de la persona jurídica extranjera que no está registrada fiscalmente en Rumanía, exponiendo que no tiene deudas tributarias, en original y, en su caso, la traducción realizada por un traductor jurado cuya firma sea autentificada por un notario público.

16. Los documentos de identidad de los fundadores/gerentes/directores/miembros de la junta de supervisión/miembros de la junta directiva/auditores, según el caso, en fotocopia.

17. Para la persona jurídica fundadora - documento de registro, copia de la decisión del organismo de derecho público sobre la participación en la constitución de la persona jurídica y el mandato de la persona autorizada para firmar el acta constitutiva en nombre y por cuenta de la persona jurídica fundadora (original).

18. El certificado de vigencia (bonitate) de la persona jurídica no-residente implicada en la constitución de la filial.

19. Evidencia de pago de tasas/impuestos legales (jurídicas):

Ø 250 leus – tasa de Registro;

Ø 150 leus – un 20% de los cuales dirigidos al fondo de liquidación, un 10% “a la tasa de boletín” y el resto se calcula como un porcentaje de la tasa de registro);

Ø Tasa de publicación en el Boletín Oficial de Rumanía, Parte IV.

Si procede:

Notificación sobre el cambio del destino de los inmuebles colectivos en régimen de vivienda, de conformidad con  la Ley núm. 230/2007 (un formulario estándar en original).

El poder especial (en original), emitido por abogados o delegación para las personas designadas para cumplir con las formalidades legales (original). 

Actividades que requieren autorización

Ciertas actividades necesitan autorización previa para constituirse (bancos, sociedades de seguros y de valores mobiliarios y comerciantes de armas y municiones). Estas autorizaciones deberán solicitarse ante diferentes instituciones, dependiendo de la naturaleza de la empresa. Puede encontrar más información acerca de la obtención de las diferentes autorizaciones en la siguiente página web:

http://www.romanianlawoffice.com/permit-license-company-romania.htm

Otra información de utilidad

Pueden encontrar información adicional sobre los costes de implantación en Rumanía en el documento de Costes de Establecimiento elaborado por la Oficina Comercial, disponible a través del portal de ICEX, y en el simulador de costes de establecimiento disponible a través del mismo portal.

En la página web de la Oficina Comercial puede encontrar los siguientes listados que le pueden ser útiles a la hora de establecer una empresa en Rumanía. Asimismo, puedes ponerse en contacto directo con esta Oficina Comercial y solicitarlos:

  • Listado de asesorías jurídicas, contables y fiscales en Rumanía;
  • Listado de traductores e intérpretes en Rumanía;
  • Listado de empresas de RR. HH. y asesorías laborales,
  • Listado de empresas españolas en Rumanía

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Régimen de Franquicias

El régimen de franquicias en Rumanía viene regulado por la Ley 79/1998 de 9 de abril, por la que se aprueba la Ordenanza del Gobierno 52/1997 relativa al régimen jurídico de la franquicia.

Se define una franquicia como un sistema de comercialización basado en una colaboración entre personas físicas o jurídicas, independientes desde el punto de vista financiero, a través de la cual una persona (el "franquiciador") concede a otra persona (el "beneficiario") el derecho de explotar o desarrollar un negocio, un producto, una tecnología o un servicio.

Se define al franquiciador como un comerciante que:

- es titular de los derechos sobre una marca registrada por un periodo no interior al de la duración del contrato de franquicia,

- concede el derecho de explotar o desarrollar un negocio, producto, tecnología o servicio,

- asegura la formación inicial del beneficiario de cara a explotar la marca registrada,

- emplea personal y fondos para promover su marca, la investigación e innovación, a la vez que asegura el desarrollo y la viabilidad del producto.

Se define al beneficiario como un comerciante, persona física o jurídica, seleccionado por el franquiciador, que adhiere al principio de la homogeneidad de la red de la franquicia, tal como la misma viene definida por los franquiciadores.

Se define como know-how el conjunto de fórmulas, definiciones técnicas, documentos, dibujos y modelos, recetas, procedimientos y otros elementos similares empleados en la fabricación y comercialización de un producto.

Se define la red de la franquicia como un conjunto de relaciones contractuales entre un franquiciador y varios beneficiarios, con el objetivo de promover una tecnología, un producto o servicio, asó como desarrollar su producción y distribución.

Se exigen determinados requisitos para poder ser franquiciador:

- poseer y explotar una actividad comercial, durante un periodo determinado, con anterioridad al lanzamiento de la red de franquicia,

- ser titular de los derechos de propiedad intelectual y/o industrial y

- asegurar una formación inicial a sus beneficiarios, así como asistencia comercial y/o técnica permanente, a lo largo de la existencia de los derechos contractuales.

En base a las relaciones contractuales con sus beneficiarios, el franquiciador creará una red de la franquicia, que deberá explotarse de manera que permita mantener la identidad y el renombre de la red por la cual el franquiciador garantiza.

La red de la franquicia está formada por el franquiciador y los beneficiarios. A través de su organización y desarrollo, la red de la franquicia debe contribuir a mejorar la producción y/o distribución de productos y/o servicios.

La publicidad para seleccionar a los beneficiarios no debe ser ambigua o contener información errónea.

Los documentos publicitarios que presenten los resultados financieros estimados de un beneficiario deben ser objetivos y comprobables.

El franquiciador debe seleccionar al beneficiario que demuestre las competencias dicectivas y la capacidad financiera solicitadas para explotar el negocio.

El franquiciador, en su calidad de iniciador y garante de la red de la franquicia, deberá vigilar que se mantenga la identidad y la reputación de la red de la franquicia.

Por su parte, el beneficiario deberá:

- desarrollar la red de la franquicia y manterner su identidad común, así como la reputación de la misma,

- suministrar al franquiciador cualquier información que pudiera facilitar el conocimiento y análisis de los resultados y de la situación financiera real, para asegurar una gestión eficaz en relación con la franquicia y

- no divulgar a terceros el know-how facilitado por el franquiciador, a lo largo del contrato y después de la cesación del mismo.

El contrato de franquicia debe reflejar los intereses de los miembros de la red de la franquicia y proteger los derechos de propiedad industrial o intelectual del franquiciador, a la vez que mantendrá la identidad común y la reputación de la red de franquicia. El contrato debe definir, sin ambigüedad, las obligaciones y responsabilidades de cada una de las partes, así como cualesquiera otras cláusulas de colaboración. Debe incluir las siguientes cláusulas:

- objeto del contrato,

- derechos y obligaciones de las partes,

- condiciones financieras,

- duración del contrato y

- condiciones de modificación, prórroga y rescisión.

A la vez, se deberán respetar los siguientes principios.

- el plazo se debe fijar de modo que permita al beneficiario amortizar las inversiones específicas de la franquicia,

- el franquiciador deberá notificar al beneficiario con suficiente antelación sobre la intención de no renovar el contrato en la fecha de vencimiento o la de no firmar un nuevo contrato,

- se deben especificar claramente las condiciones para poder ceder los derechos derivados del contrato, especialmente las condiciones para nombrar a un sucesor,

- se estipulará el derecho de preferencia, en caso de que para mantener o desarrollar la red sea necesario el reconocimiento de este derecho y

- las obligaciones financieras del beneficiario se estipularán claramente y se determinarán de manera que favorezcan la consecución de los objetivos comunes.

Se reconoce al franquiciador el derecho de controlar, mediante el contrato de franquicia, el cumplimiento de todos los elementos constitutivos de la imagen de la marca. Así, la marca del franquiciador, símbolo de la identidad y del renombre de la red, constituirá una garantía de la calidad del producto/servicio/la tecnología suministrada al consumidor. Esta garantía se asegurará al transmitirse y controlarse el cumplimiento del know-how, al suministrarse una gama homogénea de productos y/o servicios y/o tecnologías.

El franquiciador tiene derecho a comprobar que el beneficiario, a través de una promoción adecuada, da conocer que es una persona independiente desde el punto de vista financiero en relación con el franquiciador.

El derecho que se transfiere obliga al beneficiario a pagar regalías y le autoriza a utilizar la marca de los productos y/o servicios y/o de las tecnologías, el know-how u cualquier otra experiencia de la franquicia, así como cualquier otro derecho de propiedad intelectual o industrial, según proceda, con la asistencia comercial y/o técnica permanente del franquiciador, a lo largo de la vigencia del contrato de franquicia.  

El franquiciador deberá notificar al beneficiario por escrito cualquier violación de las obligaciones contractuales y le concederá al mismo un plazo de subsanación razonable.

l cesar las relaciones contractuales, las relaciones postcontractuales se basarán en las reglas de la competencia leal. En caso de que exista un contrato de exclusividad, el Franquiciador podrá imponer una cláusula de nocompetencia y confidencialidad, para impedir la enajenación del know how transmitido durante la vigencia de dicho contrato. Asimismo, podrá imponer obligaciones firmes al antiguo beneficiario, de cara a asegurar la protección de la confidencialidad del negocio y, especialmente, para asegurar que el know-how no sea utilizado por una red competidora.

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Propiedad industrial (marcas, patentes, diseños, licencias)

Rumanía es miembro fundador de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual – OMPI. Asimismo, Rumanía es desde 1920 miembro de la Unión de París para la protección de la propiedad industrial y desde 1927 miembro de la Unión de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas.

En 2001 Rumanía ratificó las más recientes regulaciones internacionales en el ámbito digital de los derechos de autor y conexos: el Tratado OMPI sobre el derecho de autor y el Tratado OMPI sobre las interpretaciones, ejecuciones y fonogramas, que fueron firmados en Ginebra en 1996.

En Rumanía hay dos organismos responsables de la protección de la propiedad industrial y de los derechos de autor: OSIM www.osim.ro – Oficina de Patentes y Marcas – y ORDA www.orda.ro – Oficina rumana para Derechos de Autor.

La protección de los derechos de propiedad industrial está regulada principalmente por las siguientes leyes especiales, armonizadas con la legislación europea del mismo ámbito:

·         Ley nº 64/1991 sobre los patentes de invenciones, reformada y complementada por la Ley nº 203/2002 y la Ley nº 28/2007.  Con posterioridad se han llevado a cabo otras modificaciones, siendo la última versión de la misma la publicada en el boletín oficial rumano nº613 de 19 de agosto de 2014.

·         Ley nº 84/1998 sobre las marcas y las indicaciones geográficas, reformada y complementada por la Ley nº 66/2010

·         Ley nº 129/1992 sobre la protección de los dibujos y modelos, reformada y complementada por la Ley nº 585/2002 y la Ley nº 280/2007

·         Ley nº 16/1995 sobre la protección de las topografías de los productos semiconductores, reformada y complementada por la Ley nº 337/2005

·         Ordenanza del Gobierno nº 41/1998 sobre las tasas en el ámbito de la la propiedad industrial y el régimen de utilización de las mismas, reformada y complementada por la Ley nº 383/2002 y la Ley nº 381/2005

·         Ley nº 255/1998 sobre la protección de los nuevos tipos de plantas, reformada y complementada por la Ley nº 119/2006 republicada. La versión final de la ley se publicó en el boletín oficial rumano nº230 de 1 de abril de 2014.

·         Ley nº 350/2007 sobre los modelos de utilidad

 

 

La protección de los derechos de autor está regulada por la Ley nº 8/1996, con sus modificaciones posteriores, siendo la última la correspondiente a la ley 15 de 8 de enero de 2019.

La asesoría especializada en el ámbito de la propiedad industrial y la representación de las personas físicas y jurídicas interesadas, tanto rumanas como extranjeras,  ante la Oficina del Estado para Patentes y Marcas se realiza a través de consejeros de propiedad industrial. Estos están organizados en la Cámara Nacional de Consejeros de Propiedad Industrial http://www.patent-chamber.ro/ 

Por último, la Ley no 28/ 2007, que modifica y completa la Ley sobre patentes de invenciones, que armoniza la legislación rumana con la Convención Europea sobre Patentes.

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Razones y ventajas para la implantación de empresas españolas

Los principales atractivos de Rumanía son su pertenencia a la UE desde 2007 y, por lo tanto, la aproximación ya avanzada hacia el acervo comunitario, su cercanía a las principales cadenas de valor y mercados de Europa, sus moderados costes salariales y una presión fiscal relativamente favorable (Impuesto de sociedades del 16%). En Rumanía se pueden encontrar recursos humanos altamente cualificados en algunos sectores y oficios, en particular en las TIC. Al mismo tiempo, el tamaño de su mercado, si bien es pequeño comparado con España, es relativamente importante si lo comparamos con otros países de Europa oriental, gracias a su población de 20 millones de habitantes y a pesar de su reducida renta per cápita. 

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Barreras de entrada para inversores españoles

La gestión de los impuestos, la corrupción y la inestabilidad política son los obstáculos más importantes a los que se enfrentan las empresas en Rumanía.

El Consejo de inversores extranjeros (Foreign Investment Council) sigue criticando que el debate público de leyes importantes dura sólo unos pocos días y se aprueban sin tener en cuenta las opiniones de los afectados.  

Las restricciones presupuestarias de la educación, la inadaptación de la fuerza de trabajo a las necesidades del mercado de trabajo y la emigración del talento son problemas recurrentes. Se destacan siete áreas de intervención urgente: tendencias demográficas, sanidad, educación, I+D+i, infraestructuras, agricultura y coherencia en las políticas públicas.  

Por otro lado, se ha generalizado la dificultad de encontrar personal, particularmente personal con el conocimiento y la formación adecuada para fábricas. Esto viene dado por lagunas de la formación profesional técnica y por la emigración a otros países, donde se pagan salarios más elevados.

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