Marco jurídico

Resumen del marco jurídico para los negocios

El FMI, Banco Mundial y Agencias de calificación manifiestan que el nuevo gobierno de Hassane Diab tiene la oportunidad de implementar reformas fundamentales para reequilibrar la economía del Líbano. Su posición inicial es difícil, incluidos altos déficits, tanto fiscal como de balanza comercial, unido a una elevada deuda pública y una tasa de crecimiento económico muy baja. Las autoridades ya han aprobado un plan crucial para reformar el sector eléctrico y el presupuesto 2020 para reducir el déficit fiscal. Estos son los primeros pasos, para lograr la sostenibilidad y el crecimiento que deberán incluir un ajuste fiscal y reformas estructurales sustanciales para mejorar el entorno empresarial y la gobernabilidad del Líbano.
El fortalecimiento de la economía libanesa requiere acciones en tres áreas:
Un plan fiscal a medio plazo, que sea creíble, debería estar enfocado a conseguir un superávit fiscal primario sustancial y sostenido que reduzca constantemente la relación deuda pública / PIB a lo largo del tiempo.
Reformas estructurales fundamentales para impulsar el crecimiento y la competitividad externa, comenzando con la mejora de la gobernanza, así como con la implementación del plan de reforma del sector eléctrico y las recomendaciones de la Visión Económica del Líbano.
Medidas para aumentar la fortaleza del sector financiero a través de un balance más sólido del Banco Central (BdL) y mantener el volumen de reservas de los últimos años.
El Líbano ofrece interesantes oportunidades de negocio sobre todo en el sector público, condicionadas a la estabilidad política y al desarrollo de la legislación sobre privatización y asociación entre los sectores público y privado (PPP). La mejora de los deficitarios servicios en infraestructuras como, energía, agua, transporte y telecomunicaciones, implica la ejecución de grandes proyectos de obra pública, para lo que es necesario la financiación internacional.
Además, ligado a la crisis Siria, debería financiarse proyectos por organismos multilaterales, especialmente Comisión Unión Europea (EU), para paliar el problema que los refugiados sirios están ocasionando ante la escasez e inadecuada infraestructura del país que permita garantizar las necesidades básicas de los refugiados, y los municipios afectados por la acogida de los refugiados sirios.
El plan de inversión de capital (CIP por sus siglas en inglés) se presentó en la Conferencia de París, también denominada de los Cedre, en abril 2018 en París. A esta Conferencia le siguió la Conferencia de Bruselas a finales de abril.
La Conferencia de París tenía tres objetivos, conseguir la estabilidad del país, estimular el crecimiento económico y la creación de puestos de trabajo en el Líbano.
Por su parte la Conferencia de Bruselas se ocupó de cómo mitigar el impacto y repercusión de los desplazados sirios.
 

 El Líbano se sitúo en el lugar 143 de 190 países en el Informe Doing Business del Banco Mundial (BM) del 2019. En el año 2018 se sitúo en el puesto 142. Por lo tanto, se observa un descenso continuo en el ranking en los últimos años.

 

 

 

 

Volver a índice de Marco jurídico

Organismos de apoyo a la inversión extranjera

ORGANISMOS DE APOYO A LA INVERSIÓN

Para fomentar las inversiones en el Líbano, el 11 de octubre de 1994 el Ejecutivo del entonces primer ministro Rafic Hariri creó un organismo público para el desarrollo de las inversiones, el Investment Development Authority of Lebanon (IDAL), a través del Decreto 5778.  

Este organismo tiene como misión fijar el marco regulador de las actividades de inversión en el Líbano y proporcionar a los inversores locales y extranjeros incentivos y servicios de apoyo empresarial.

El IDAL goza de una entidad jurídica propia y de una autonomía administrativa y financiera gestionada por un Consejo de Administración formado por siete miembros que se renuevan cada cuatro años, pero funcionalmente depende directamente de la Oficina del Primer Ministro.

Volver a índice de Marco jurídico

Otros incentivos a la inversión

La Constitución libanesa, protege y garantiza la propiedad privada, por lo que el riesgo de nacionalización de activos extranjeros es reducido. Las transferencias de capital, intereses y dividendos con origen o destino en el Líbano, no están sujetas a restricciones bancarias, si bien están sujetas a un mecanismo de control contra el blanqueo de dinero (AML). Los capitales extranjeros gozan de la misma protección que las inversiones libanesas.

Las inversiones extranjeras en el Líbano pueden acogerse a la protección de los siguientes organismos locales e internacionales:

  • National Investments Guarantee Corporation (NIGC). Creada para fomentar las nuevas inversiones realizadas en el Líbano por empresas comerciales libanesas o extranjeras, la NIGC se beneficia de una garantía gubernamental, cubre los riesgos de guerra, conflictos civiles, manifestaciones violentas, confiscación y expropiación, a cambio de una prima anual del 0,2% sobre el importe asegurado.
  • Multinational Investment Guarantee Agency (MIGA). El Líbano pertenece a esta Organismo del Banco Mundial que cubre la expropiación y riesgos de guerra para cualquier proyecto establecido en el país.
  • National Institute for the Guarantee of Bank Deposits. Empresa semipública, en cuyo capital participan el Gobierno y los bancos libaneses, con el objetivo de garantizar los depósitos de los bancos registrados en el país.

Volver a índice de Marco jurídico

Zonas francas y ZEE

En la actualidad el Líbano cuenta con tres zonas francas, las de los puertos de Beirut y Trípoli, y la del aeropuerto internacional de Beirut. 

La zona franca más importante es el Puerto de Beirut con una extensión de 4.500 m2 que comprende tres edificios repartidos en 194 almacenes, y un espacio de carga y descarga de contenedores. A esto hay que sumar el espacio Duty Free de 2.800 m2 repartidos en 46 tiendas. Por otro lado, la zona franca del Aeropuerto Internacional de Beirut tiene también una extensión de 4.500m2.

Volver a índice de Marco jurídico

Contratación Pública. Criterios de adjudicación de contratos

La contratación pública sigue como norma general las directrices marcadas por el Real Decreto Ley 14969/1963 sobre contabilidad pública. Sin embargo, se aplican las pautas marcadas por las diferentes instituciones internacionales cuando son éstas las que financian los proyectos. Igualmente se rigen por normas específicas las compras públicas realizadas por el Ministerio de Defensa.

Entre los puntos más relevantes de la legislación vigente, hay que señalar que en el ámbito de las licitaciones internacionales, la precalificación no está cubierta en el marco legal y que los criterios para la calificación posterior se ven relegados a las condiciones especiales del contrato. Asimismo, las ofertas de bienes fabricados en el Líbano gozan de un trato preferencial cuando su precio no supera el 10 % de las ofertas competidoras.

Las invitaciones para participar en los concursos se publican en el Boletín Oficial (Jarida Rasmilla) que está disponible en el portal de la Presidencia del Gobierno y en tres periódicos locales con un mínimo de 15 días de antelación a la fecha del cierre del concurso.

Consciente de la antigüedad, ambigüedades y escasa transparencia de la legislación que regula las compras públicas, el Gobierno libanés ha elaborado dos proyectos de ley con el fin de aproximarla a los estándares internacionales. El primero trata de la modernización de la ley actual de contratación pública, incluida la colaboración público-privada del esquema construcción, operación y transferencia (BOT por sus siglas en inglés) y el segundo prevé el establecimiento de una institución que gestione los asuntos de las contrataciones públicas.

Los objetivos que intentaría alcanzar esta ley son los siguientes:

  • Establecer principios de contratación pública que aboguen por el mejor uso del dinero público en términos económicos, como el adquirir la cantidad justa para la necesidad específica en un momento específico.
  • No discriminar entre candidatos: la posibilidad de participar en el proceso debe estar abierta todos.
  • Transparencia.
  • Contabilidad y control efectivo.
  • Alcanzar los objetivos económicos y el desarrollo sostenible.
  • Asegurar la continua mejora en los procesos.

La aprobación parlamentaria de ambas leyes permitirá reducir costes innecesarios, reducir la corrupción y conseguir una competencia más leal y con mayor transparencia.

Además, el Plan de Acción, Colaboración y Cooperación firmado entre la Unión Europea y el Líbano establece como uno de los objetivos prioritarios la adopción en materia de contratación pública de una legislación abierta y transparente que contemple unos mecanismos eficaces y una auditoria más rigurosa, así como la mejora de la calidad de los métodos estadísticos.

Aparte de los ministerios que gestionan y emiten concursos públicos, los principales organismos involucrados con la contratación pública en el Líbano son el Consejo de Desarrollo y Reconstrucción (CDR), la Oficina del Ministro de Estado para la Reforma Administrativa (OMSAR) y el Consejo Superior de Privatización (HCP). En cuanto a energía renovable, The Lebanese Center for Energy Conservation (LCEC) que depende del Ministerio de Energía y Agua.

Volver a índice de Marco jurídico

Régimen de inversiones

El derecho mercantil libanés, muy amplio en términos de libertad comercial, está en principio abierto a todas las formas tradicionales de inversión. En 2001 el gobierno libanés aprobó la Ley 360 sobre Inversiones con el objetivo de mejorar la competitividad del Líbano en la atracción de inversión directa extranjera, reforzando las competencias del organismo público IDAL (Investment Development Authority of Lebanon). En concreto, se centralizaron todos los instrumentos de apoyo a la inversión, ofreciendo a través del IDAL un servicio integral que incluía las siguientes funciones: 

  • Elaboración de información económica, comercial y jurídica necesaria para la toma de decisiones de los nuevos inversores.
  • Preparación y elaboración de estudios, encuestas, estadísticas y propuestas sobre la inversión en el Líbano y sus tendencias actuales.
  • Identificación de las oportunidades de negocio e inversión en el Líbano.
  • Diseño de planes de comunicación, campañas de publicidad y distribución de material promocional para apoyar y orientar las inversiones extranjeras y de libaneses residentes en el extranjero.
  • Promoción del turismo del país junto a las Administraciones Públicas competentes, con el fin de promocionar los productos libaneses, en especial aquellos de la agricultura y la industria alimentaria del país.
  • Participación en el capital de sociedades anónimas en los sectores prioritarios cuando las Instituciones Internacionales exigen la participación del Estado.
  • Concesión de incentivos fiscales y administrativos.
  • Agilización de los trámites administrativos para facilitar el establecimiento de empresas y facilitar la operación de diferentes proyectos.
  • Establecimiento de contactos entre empresarios locales e inversores extranjeros potenciales para apoyar la expansión de proyectos.

Es preciso apuntar que la Ley de Inversiones 360 del Líbano introduce incentivos personalizados a través de paquetes de acuerdos para grandes proyectos de inversión, incluidas exenciones fiscales de hasta 10 años, reducciones en las tarifas de permisos de construcción y trabajo y una exención total de las tarifas de registro de tierras.

IDAL también realiza tareas de promoción del país como mercado atractivo para la inversión extranjera. En este sentido, es el intermediario entre el inversor y las empresas locales, suministrando información y análisis de los principales sectores de interés. En su página web, identifica las oportunidades de negocio más significativas para los inversores extranjeros en los sectores prioritarios de la economía libanesa: industria, agricultura, agroindustria, turismo y tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Esta agencia, que está bajo la autoridad directa del Primer Ministro, otorga numerosas exenciones tributarias y ofrece regímenes excepcionales, siempre que la inversión se realice en sectores de actividad definidos, en determinadas zonas y parta de una cierta cifra mínima de inversión. Asimismo, la agencia tiene la facultad de emitir las licencias y permisos necesarios. Además, IDAL estableció la Unidad de Soporte Comercial (BSU), que brinda asesoramiento legal, contable y financiero gratuito a las nuevas empresas de todos los sectores.

Por otro lado, en 2017 el parlamento ratificó la ley de Asociación Público-Privada (PPP). Todos los proyectos de asociación que planeen el gobierno, las administraciones públicas y los municipios se rigen por esta ley. Ésta se aplicará a proyectos gubernamentales y municipales especialmente enfocados en infraestructura. Esto incluye la producción y distribución de electricidad, transporte público y gestión de residuos, así como telecomunicaciones y aviación civil.

Volver a índice de Marco jurídico

Propiedad inmobiliaria

El mercado inmobiliario registró fuertes subidas de los precios de la vivienda en el período de 2008 a 2012. Sin embargo, el boom de la construcción empezó a mostrar signos de desaceleración en 2013 al registrarse un ajuste en los precios del parque inmobiliario de Beirut. A principios del 2016, se observa una total paralización del mercado inmobiliario debido a las tensiones de Arabia Saudí y Países del Golfo- Gulf Cooperation Countries (GCC). Asimismo, han contribuido tanto la situación actual de inestabilidad política interna, las repercusiones negativas de la situación de Siria y la caída del crecimiento económico del país. La elección del Presidente de la República se esperaba que dinamizase el sector, pero no ha sido así dado que la incertidumbre política y la inestabilidad regional no han contribuido. Durante el 2017 se observa la des-aceleración del sector, y continúa en el 2018 con un gobierno en funciones después de las últimas elecciones y las tensiones políticas de la región.
No obstante, desde octubre 2019 se observa un aumento de la inversión en inmuebles motivado por las restricciones de la banca a la retirada de efectivo así como pagos al exterior, como por ejemplo, para pagar las importaciones. Este hecho ha motivado la compra de inmuebles ante el temor a una devaluación de la libra o colapso del sistema bancario.

A fecha 20 febrero 2020 solo se puede retirar 200 o 300 USA $ cada dos semanas, dependiendo del banco. Se trata de un corralito oficialmente no reconocido ajeno a los importadores. La libra libanesa ha perdido más de 50 % de su valor en el mercado paralelo, mientras que los bancos siguen aplicando el tipo de cambio oficial.
 

 

 

 

 

Volver a índice de Marco jurídico

Incentivos a la inversión (fiscales, sectoriales, regionales y locales)

Incentivos Fiscales

El Líbano tiene un bajo nivel de carga fiscal, situación ideal para atraer la inversión extranjera.

Otros Incentivos (sectoriales y regionales)

El "Acuerdo de Conjunto" (o Package Deal Contract) de IDAL ofrece los siguientes incentivos, exenciones y reducciones:  

  • Exención total de los impuestos sobre la renta e impuestos sobre los dividendos por un periodo de diez años. Esta exención total se aplica a partir de la fecha del inicio del proyecto.
  • Otorgamiento de permisos de trabajo de todas las categorías, exclusivamente necesarios para el proyecto, si por cada empleado extranjero contratado se contrata a dos trabajadores libaneses, registrados en la Caja Nacional del Seguro Social.
  • Rebaja de hasta un 50% en las tarifas de los permisos de trabajo y residencia según el número de permisos requeridos independientemente de la categoría. Se reduce, también al 50%, el valor del certificado de depósito bancario para la vivienda.
  • El Consejo de Administración de las sociedades anónimas de acciones compartidas está exento de la obligación de incluir a un miembro o Entidad Jurídica de origen libanés.
  • Disminución de hasta un 50% en la tarifa de los permisos de construcción necesarios para el proyecto.
  • Exención total de las tasas de registro de la parcela y de los impuestos para la anexión, subdivisión, hipoteca e inscripción de contratos de arrendamiento del proyecto a realizar en el Catastro de Inmuebles, siempre y cuando la ejecución del proyecto se realice en un periodo de cinco años a partir de la fecha de registro de la parcela. El incumplimiento de dicho plazo obligará al inversor a pagar una penalidad equivalente a tres veces el importe de estas tarifas.

Para que los inversores extranjeros puedan acogerse a las ventajas que ofrecen los “package deal”, deberán cumplir una serie de requisitos.

 El primero de ellos hace referencia al importe mínimo de la inversión (en millones de dólares) que daría derecho a estos beneficios, que varía dependiendo del área geográfica de actuación, que tiene como objetivo fomentar la inversión en las áreas menos desarrolladas del interior del país. El segundo hace hincapié en la creación de un número mínimo de puestos de trabajo en un periodo de cuatro años. En ambos casos, los requisitos varían según el sector de actividad del proyecto.

Por otra parte, el IDAL requiere para este acuerdo la creación de un número mínimo de puestos de trabajo en un periodo de cuatro años según el sector del proyecto:

SectorNúmero mínimo de puestos de trabajo requerido
Turismo200
Industria100
Agroindustria60
Agricultura50
Tecnologías de la Información, Tecnología, Telecomunicaciones y Medios de Comunicación25

 

Junto a los incentivos sectoriales del “package deal” existen una serie de incentivos regionales, los llamados “proyectos de inversión”, creados para fomentar la inversión en las zonas menos desarrolladas y alejadas de los núcleos de inversión habituales. Estos proyectos se benefician de una serie de incentivos según la localización de los mismos en las distintas zona geográficas A, B y C. 

El gobierno junto con el apoyo del Banco Mundial apoya la inversión en el norte del país, Tripoli, ampliación puerto, red de carreteras y ferrocarril desde Trípoli hasta Siria. El objetivo es la creación de empleo en la zona, y especialmente la integración de la mujer en el mercado laboral.

Volver a índice de Marco jurídico

Representación y agencia

Las empresas extranjeras pueden operar a través de una sucursal o de una oficina de representación. Las sucursales pueden realizar cualquier actividad industrial o comercial, mientras que las oficinas de representación están únicamente autorizadas a representar el producto o el servicio de la empresa matriz, sin poder desarrollar ninguna operación comercial directa.

La protección que concede el derecho libanés a la figura del agente y del distribuidor exclusivo es muy estricta. Se recomienda elegir el socio comercial cuidadosamente, asegurándose de su solvencia y cartera de clientes. Por otra parte, es necesario prestar una atención particular a ciertas cláusulas del contrato de representación exclusiva, como el periodo de prueba, los objetivos de venta, la renovación anual escrita etc.

En los litigios, la jurisprudencia libanesa se ha venido decantando por la indemnización a favor del agente o el intermediario libanés. Además el procedimiento suele ser muy lento y pueden pasar hasta cinco años antes de que se emita un veredicto, periodo en el que el exportador puede tener interceptadas sus ventas a Líbano.

Según el articulo 4 del decreto ley No. 34 de 1967, el representante tiene derecho, incluso cuando el contrato llega a término (salvo toda disposición contraria) a reclamar una indemnización si su representación ha permitido lanzar con éxito manifiesto la marca representada, o aumentar el número de sus clientes sin que él pudiera recoger los beneficios de este éxito, en razón del rechazo de quien le contrata para renovar su contrato de representación. Los tribunales suelen tener muy en cuenta la reclamación y la jurisprudencia se viene mostrando muy severa y acuerda casi sistemáticamente los daños y perjuicios al representante libanés que los demanda.

Adicionalmente el articulo 5 del mismo decreto ley apoya esta protección y otorga la competencia para este tipo de diferencias entre la empresa española y el representante o agente local a los tribunales libaneses, donde el representante ejerce su actividad.

En los contratos comerciales, la empresa exportadora podría estipular que la resolución de los conflictos corresponda al Centro Libanés de Arbitraje, creado en 1995 por la Cámara de Comercio e Industria de Beirut y otras asociaciones, además de establecer claramente las condiciones a cumplir por el importador libanés (por ejemplo, fijar una cantidad mínima de compras para que el contrato siga en vigor). Para poder acogerse al arbitraje, el contrato deberá incluir la siguiente cláusula:

"Si se tuviese que acudir al Centro de Arbitraje, las partes podrían decidir qué norma debería ser aplicada. Si no se llega a un acuerdo entre las partes sobre la ley a aplicar, el árbitro aplicará la legislación contemplada por el Reglamento de Conflictos. La decisión final se considerará como sentencia definitiva. Y una vez firmado, el fallo arbitral podrá ser ejecutado inmediatamente por las autoridades judiciales."

En el Líbano no existen contratos-tipo. Cada sociedad establece sus propias cláusulas respecto a la duración del compromiso, la jurisdicción competente, el tipo de distribución, etc.

 

Volver a índice de Marco jurídico

Formación de "joint-ventures". Socios locales

La realización de negocios en el Líbano suele requerir la búsqueda de un socio local, agente o distribuidor. Los agentes pueden presentar la forma jurídica de empresario individual, sociedad anónima o sociedad limitada.

La legislación libanesa no considera que las compañías mixtas (joint venture) sean entidades legales separadas y, por tanto, estas formas societarias no están obligadas a inscribirse en el Registro Comercial.

Volver a índice de Marco jurídico

Tipos de sociedades

El derecho mercantil libanés reconoce varios tipos de sociedades comerciales. La Sociedad Anónima (SAL) tiene una normativa muy similar a la del derecho español en lo referente a la emisión de títulos, responsabilidad y emisión de obligaciones, incluidas las convertibles. Las sociedades anónimas creadas en el Líbano deben tener su sede social en el territorio del país, un mínimo de tres socios y un capital no inferior a los 30 millones de libras libanesas (LBP). Salvo en el sector inmobiliario, bancario y de seguros, y medios de información, el valor del capital que pueda ser aportado por los inversores extranjeros no está limitado. No obstante, la mayoría de las acciones de la sociedad deben pertenecer a libaneses.

Por su parte la Sociedad de Responsabilidad Limitada (SARL) exige un número de constituyentes superior a tres e inferior a veinte y un capital mínimo de 5 MLBP enteramente desembolsado, ofreciendo un límite de responsabilidad para los accionistas. En lo referente a la nacionalidad de los socios o el lugar de residencia, este tipo de sociedad no impone ninguna condición.

En cuanto a la Sociedad Holding, reviste la forma de sociedad anónima y tiene como objeto social la adquisición de acciones y la gestión de empresas. Su capital social mínimo es de 30 MLBP y puede ser depositado en dólares o euros al tipo de cambio oficial. Su sede principal debe estar en el Líbano y el 51% de las acciones deben pertenecer a libaneses. Su presidente, si no es libanés y reside en el extranjero, no necesita permiso de trabajo.

La Sociedad Offshore está creada para aquellas compañías que operan fuera del territorio del país, acogiéndose a un estatuto fiscal especial. Para su constitución es necesario un capital mínimo de 30 MLBP.

Otro tipo de compañías reconocidas por la legislación libanesa son las Sociedades Colectivas (SNC), Comanditarias Simples (SCS) y Comanditarias por Acciones (SCA), cuyos funcionamientos son similares a los contemplados por el derecho continental europeo.

Formalidades de constitución

Tanto las oficinas de representación como las empresas filiales deben formular una solicitud de licencia del Ministerio de Economía y Comercio libanés, acompañada de la correspondiente documentación legalizada por el Gobierno del país de origen y compulsada por la acreditada Embajada del Líbano. Las oficinas de representación no tienen entidad legal independiente de la matriz y deben comunicar al Ministerio de Economía y Comercio el nombre del apoderado de la empresa.

El procedimiento de solicitud dura aproximadamente dos meses. El expediente debe ser examinado por el Ministerio de Economía y por la Oficina de Boicot al Comercio con Israel, que verifica si el solicitante ha realizado alguna actividad comercial con este país o con empresas que se encuentren dentro de la lista negra de entidades que colaboran con el Estado judío. En caso de aprobación, el Ministerio emite un permiso que expresa claramente el tipo de actividad a realizar por la sucursal o la oficina de representación. La inscripción en el Registro de Comercio se cumple con la remisión de un formulario de declaración y una copia notarial de la licencia del Ministerio.

Actualmente, el Líbano está estudiando el establecimiento de un sistema simplificado de Registro de Empresas a través de Libanpost, lo que permitirá abreviar sustancialmente el procedimiento.

Volver a índice de Marco jurídico

Régimen de Franquicias

Franquicias

El derecho libanés no cuenta con una legislación específica sobre el régimen de franquicias. Las franquicias se regulan por el derecho consuetudinario y las cláusulas establecidas en los contratos entre franquiciador y franquiciado. 

La ausencia de normas específicas no es perjudicial, y permite, en la práctica contractual, adoptar nuevas disposiciones para cada caso particular, siempre y cuando los principios básicos del Código de Obligaciones y Contratos sean respetados. No obstante, la Lebanese Franchise Association (LFA) están trabajando en un proyecto de ley, que, según su presidente, no tendría que ser necesariamente una ley separada, sino una ley complementaria que regule el sector por sus peculiaridades específicas que tienen que ver con la protección de la propiedad intelectual y las marcas.

El sistema de franquicias en el Líbano contempla diversos gastos a los que tiene que hacer frente el franquiciado. En concreto, son tres las categorías de gasto que el franquiciador va a cargar sobre el franquiciado y su cuantía va a depender en función de sí la franquicia tiene origen local o internacional.

Según datos recogidos en una encuesta a franquiciadores (segundo semestre de 2013), cuando la franquicia es local, el franquiciado se hace cargo de los siguientes gastos:

1) Uso de la marca o nombre de la franquicia (55.000 USD);
2) Canon o royalty a favor del franquiciador (4,9% sobre las ventas mensuales);
3) Comisión por gastos de marketing a favor del franquiciador (1,9% sobre las ventas mensuales).

Tratándose de una franquicia extranjera, la relación de gastos a cargo del franquiciado es la siguiente:

1) Uso de la marca o nombre de la franquicia (184.400 USD);
2) Canon o royalty a favor del franquiciador (5,4% sobre las ventas mensuales);
3) Comisión por gastos de marketing a favor del franquiciador (2,1% sobre las ventas mensuales).

Por su parte, los franquiciados encuestados indican las siguientes cifras:

1) Uso de la marca o nombre de la franquicia (156.900 USD);
2) Canon o royalty a favor del franquiciador (9,2% sobre las ventas mensuales);
3) Comisión por gastos de marketing a favor del franquiciador (4,0% sobre las ventas mensuales).

Volver a índice de Marco jurídico

Propiedad industrial (marcas, patentes, diseños, licencias)

El Líbano es signatario del Convenio de Berna sobre propiedad literaria y artística, el Convenio de París sobre protección de derecho de patentes y el Convenio de Madrid sobre declaración falsa del origen de las mercancías.

La normativa sobre propiedad intelectual e industrial está recogida en un Decreto de 1924, al que se han incorporado modificaciones dictadas en 1946 y ciertas enmiendas subsiguientes. El Código Penal, en los artículos 701-721, establece las penas para el caso de incumplimiento de la Ley.

El registro industrial de marcas se realiza ante la Oficina de Comercio del Ministerio de Economía y Comercio donde se presentará la siguiente documentación: formulario sellado, copia del certificado de registro sellado (si el solicitante es una corporación libanesa registrada en la Oficina de Comercio del ministerio), una fotografía y seis impresos de la marca.

El Ministerio de Finanzas entrega al solicitante dos copias del recibo por la gestión realizada, una para el solicitante, y otra que debe ser remitida a la Oficina de Propiedad Intelectual. El solicitante recibe entonces una comunicación escrita para publicar la marca en el Boletín Oficial. El interesado debe entregar una copia sellada a la Oficina de Propiedad Intelectual, de quien recibe, a cambio, el certificado de registro de la marca sellada.

El registro de marcas comerciales, propiedad intelectual y patentes, se supedita a una solicitud y la subsiguiente publicación en el Boletín Oficial. Contrariamente a lo que sucede en el sistema legal anglosajón, las autoridades no examinan ni estudian las solicitudes y no ofrecen garantías una vez otorgado el registro, pero se admiten las acciones de terceros contra las patentes y marcas registradas durante los cinco años subsiguientes al registro.

Para las patentes se establece un período de duración de 15 años y se garantiza su transferencia. Las marcas comerciales disfrutan de un período de protección de quince años, con extensiones de hasta 20, 45 y 60 años, a partir de la fecha de registro. Los derechos están protegidos desde su inscripción en la Oficina de Propiedad Intelectual e Industrial del Ministerio de Economía. En la práctica, resulta muy conveniente que los productores y comerciantes internacionales registren sus marcas y patentes antes de que sus productos o servicios hayan sido introducidos en Líbano.

Volver a índice de Marco jurídico

Barreras de entrada para inversores españoles

La situación de inestabilidad política, los problemas burocráticos, los elevados costes de producción, sobre todo por los cortes de electricidad, la falta de transparencia y la corrupción suponen un freno a la inversión y actividad empresarial. Todo ello explica que Líbano ocupe el puesto 143 de 190 países en el ranking Doing Business del Banco Mundial (2020). Los trámites para iniciar un nuevo negocio, el acceso a la electricidad, la obtención de permisos de construcción y el acceso a crédito figuran entre las principales barreras a la inversión por parte del Banco Mundial.

Volver a índice de Marco jurídico

  • Movilidad Internacional
  • Barreras Comerciales
  • ICE
  • Datainvex