Sistema financiero

Sistema financiero

EL SISTEMA BANCARIO

El sistema bancario de los EE.UU., el más amplio del mundo, cuenta con más de 5.900 bancos y 5.800 cooperativas de crédito, empleando a casi 2,8 millones de personas y operando un volumen de activos valorado en 21.400 millones de dólares en 2016, es decir, el 115% del PIB de los Estados Unidos. Las entidades que actualmente ofrecen depósitos a individuos, empresas e instituciones se pueden segmentar en:

  • Ocho bancos (Bank of America, Bank of New York Mellon, Citibank, Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Morgan Stanley, State Bank y Wells Fargo) designados como bancos globales de importancia sistémica (G-SIB). Cuentan conjuntamente con un total de 10,7 billones de dólares en activos, o aproximadamente el 50% del total de los activos de depósito de los EE.UU., cuando en 2008 representaban el 58%. Además, desempeñan un papel importante en la intermediación de los mercados de capital, tanto a nivel nacional como internacional. Los estados financieros de los G-SIB se han recuperado desde la crisis financiera beneficiándose de su tamaño, alcance geográfico, diversidad en la base de clientes y en las fuentes de ingresos. Las tasas de capitalización han mejorado desde la crisis financiera y el rango de los coeficientes de capital ordinario de tier 1 en los G-SIB se sitúa entre el 10 y el 16% de los activos ponderados por riesgo. A partir del cuarto trimestre de 2016 estas instituciones produjeron rendimientos sobre el capital entre el 6% y el 12%.
  • Los bancos regionales, con activos valorados en más de 50.000 millones de dólares, y los bancos de tamaño mediano, con activos entre los 10.000 y los 50.000 millones de dólares. Ambos grupos de entidades financieras, unas 90 en su conjunto, a menudo operan en varios estados. Por lo general, tienen balances y modelos comerciales orientados a la captación de depósitos y préstamos a consumidores y empresas, desarrollando una actividad poco significativa en los mercados de capital. Tienen un total de 6,7 billones de dólares en activos, o aproximadamente el 31% del total de los activos de depósito de los EE.UU. Al igual que con los G-SIB, en los últimos años los resultados de los bancos regionales y medianos en general se han recuperado. Las tasas de capitalización y el rendimiento de la calidad de los activos han seguido mejorando durante la recuperación posterior a la crisis en línea con las tendencias de toda la industria. El entorno actual de tipos de interés inusualmente bajos así como la carga regulatoria impuestas por la implementación de la ley Dodd-Frank han tenido un efecto en el desempeño de los bancos regionales y medianos. En particular, los umbrales de activos se utilizan para aplicar distintos requisitos regulatorios. Superar el umbral de los 10.000 millones de dólares en activos supone ser sometido a las pruebas de estrés y superar el umbral de $ 50 mil millones supone asumir estándares prudenciales reforzados. Esto ha creado barreras que han disuadido a los bancos regionales y medianos de expandir sus operaciones. Desde el Departamento de Tesoro se ha mostrado preocupación porque tales umbrales están limitando la competencia contra las instituciones más grandes y, en consecuencia, pueden estar contribuyendo a la consolidación de la posición de mercado de las instituciones más grandes.
  • Los community banks o bancos locales, con activos inferiores a los 10.000 millones de dólares, tienen activos por un total de 2,7 billones de dólares. Estos bancos emplean modelos comerciales que se concentran en préstamos inmobiliarios, de consumo y de pequeñas empresas locales. Actualmente hay aproximadamente 5.500 bancos locales en los Estados Unidos y atienden desproporcionadamente las necesidades de las pequeñas empresas y comunidades rurales de la nación, representando el 43% de todos los pequeños préstamos a empresas y el 90% de los préstamos agrícolas. Entre los bancos locales hay dos subconjuntos de instituciones que representan menos del 1% de los activos, las Instituciones Financieras de Desarrollo Comunitario o Community Development Financial Institutions(CDFI) designadas por el Departamento de Tesoro y las Instituciones Depositarias Minoritarias o Minority Depository Institutions (MDI), designadas por la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). Los CDFI y los MDI operan bajo los mismos modelos de negocios que los bancos locales; sin embargo, a menudo no se consideran parte del sector bancario. Los CDFI y los MDI son a menudo la única fuente de servicios crediticios y financieros en áreas urbanas y rurales empobrecidas de ingresos bajos y moderados con acceso limitado al sistema bancario. En 2016 el tamaño medio de los activos de un CDFI y MDI fue de 240 millones dólares y 263 millones dólares, respectivamente. Las tasas de capitalización y la calidad de activos han mejorado en gran parte bancos locales tras la crisis. No obstante, los datos de la FDIC muestran que el número de bancos con seguro federal disminuyó de 17.901 bancos en 1984 a 5.913 bancos en 2016. Si bien muchos factores pueden contribuir a esta tendencia a largo plazo, la carga regulatoria es ciertamente un factor relevante. Al mismo tiempo, las solicitudes de nuevas licencias bancarias se encuentran en mínimos históricos.
  • Las cooperativas de crédito representan más del 19% del total de activos de depósito de los EE.UU, sumando 1,3 billones de dólares. El 95% de las cooperativas de crédito en el sistema tienen activos de menos de mil millones dólares. Actualmente, el sistema de cooperativas de ahorro y crédito está muy bien capitalizado, con una ratio del patrimonio neto total en torno al 11%. Sin embargo, el número de cooperativas de crédito ha disminuido en aproximadamente un 18% desde 2011. La consolidación se ve en gran medida como una tendencia a largo plazo ya que la disminución en las cooperativas se concentra en las más pequeñas.
  • Las entidades bancarias extranjeras tienen activos en EE.UU. valorados en los 4.500 millones de dólares, e incluyen activos de bancos comerciales, sucursales, agencias y filiales no bancarias, que representan aproximadamente el 20% del sistema bancario estadounidense. Desempeñan un papel importante en los segmentos de préstamos comerciales y financiación de infraestructuras. También brindan servicios importantes en los mercados de capitales, como por ejemplo, en las operaciones primarias del Banco de la Reserva Federal de Nueva York.

Además, la Administración de EE.UU. interviene en la intermediación financiera directamente a través de instituciones financieras por él patrocinadas e, indirectamente, garantizando préstamos que hacen los intermediarios financieros privados. Las agencias federales de crédito son instituciones financieras públicas que se dedican a la concesión de ciertos préstamos por razones de política económica y social. Los tres sectores principales en los que intervienen son el crédito agrícola, la financiación de la vivienda y los préstamos a estudiantes.

  • El sistema de Crédito Agrícola (Farm Credit System) emite bonos y papel comercial en los mercados financieros para conceder a los agricultores préstamos hipotecarios para la adquisición de equipo y préstamos de campaña. El sistema de Crédito Agrícola está formado por cinco bancos regionales (cuatro Farm Credit Banks y un Agricultural Credit Bank).
  • La participación de la Administración en la financiación de la vivienda es la más importante de las actividades de financiación pública. De hecho, el grado de intervención pública existente en el mercado hipotecario es posiblemente el más elevado de los países desarrollados. La Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), y la Federal Home Loan Mortgage Company (Freddy Mac), fueron agencias públicas hasta que se privatizaron en 1968 y 1970 respectivamente, aunque siempre se consideró que seguían contando con una garantía implícita de la Administración. Con la crisis hipotecaria esta garantía se hizo explícita, puesto que la Administración intervino ambas empresas y tuvo que inyectar capital público para evitar su quiebra. Aunque posteriormente ambas agencias han vuelto a registrar beneficios considerables que se han transferido al Tesoro, su régimen sigue siendo objeto de debate. Aunque ha habido varias iniciativas en el Congreso para volverlas a privatizar no ha sido posible alcanzar un acuerdo. La Government National Mortgage Association (Ginnie Mae) permanece como una agencia federal, y se ocupa de emitir bonos en los mercados financieros para suministrar fondos al mercado hipotecario.
  • Para promover los préstamos a los estudiantes, la Administración creó la Student Loan Market Association (Sallie Mae), que compra bajo la garantía del Estado Federal los préstamos concedidos por intermediarios financieros privados a estudiantes.

Con la crisis económico-financiera que se originó tras el estallido de la burbuja inmobiliaria hace más de 10 años, se revelaron brechas en la regulación financiera estadounidense que provocaron deficiencias significativas tanto en la fortaleza financiera como en las actividades de gestión de riesgos de las organizaciones bancarias. Por ello, el 21 de julio de 2010 se promulgó la Ley Dodd-Frank con el objeto de mejorar la estabilidad del sistema financiero persiguiendo un fortalecimiento del capital de las entidades bancarias, una mejoría de los estándares de liquidez, una mayor calidad de la cartera de préstamos y la implementación de mejores prácticas de gestión de riesgos. Paralelamente, las agencias bancarias también impusieron cambios importantes en las expectativas operativas y los requerimientos de capital y liquidez de las instituciones reguladas. Durante este período, como parte de la respuesta internacional a la crisis financiera mundial, Estados Unidos ha desempeñado un papel relevante en la agenda de reforma regulatoria financiera del G-20 y en el desarrollo de normas regulatorias financieras internacionales por parte de los organismos tales como el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (Comité de Basilea) y el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB).

Tanto la administración del gobierno Trump como el Congreso están realizando recomendaciones e iniciativas legislativas para reformar la Ley Dodd-Frank con el fin de simplificar el sistema de supervisión y regulación del sistema financiero en general.

LA ESTRUCTURA REGULATORIA DEL SECTOR BANCARIO

Actualmente existen ocho grandes órganos reguladores del sistema bancario centradas en la regulación prudencial:

  • Cuatro encargadas de la regulación bancaria prudencial, que incluyen la Federal Reserve (FED), Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), Office of the Comptroller of the Currency (OCC) y National Credit Union Administration (NCUA);
  • Dos encargadas de la regulación de los mercados de capitales, estas son, la Securities and Exchange Commission (SEC) y la Commodity Futures Trade Commission (CFTC);
  • La Federal Housing Finance Agency (FHFA), encargada de la regulación del mercado hipotecario; y
  • La Consumer Financial Protection Bureau (CFPB), encargada de la regulación para la protección al consumidor.

Además, existen organizaciones privadas que ayudan a regular y supervisar ciertas partes del sector financiero tales como la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera o Financial Industry Regulatory Agency (FINRA), la Junta de Reglamentación de Valores Municipales o Municipal Securities Rulemaking Board (MSRB) y la Asociación Nacional de Futuros o National Futures Association (NFA). El sector asegurador está regulado principalmente a nivel estatal.

La Junta de Gobernadores de la Reserva Federal

La Reserva Federal desempeña un papel central en el sistema financiero. Supervisa la política monetaria a través del Comité Federal de Mercado Abierto u Open Market Fedederal Committee (OMFC) y opera, a través de los Bancos de la Reserva Federal, componentes clave del sistema de pagos, compensación y liquidación. También regula los holdings bancarios, los holdings de compañías de ahorro y tenencia de préstamos, los bancos con licencia estatal y las compañías financieras no bancarias designadas por el Consejo de Supervisión de Estabilidad Financiera o Financial Stability Oversight Council (FSOC) para la supervisión de la Reserva Federal. La misión de la Reserva Federal también incluye mantener la estabilidad del sistema financiero.

Si bien la Reserva Federal regula y supervisa a todos los holdings bancarios, por lo general delega al regulador funcional la supervisión con una subsidiaria específica. Los Bancos de la Reserva Federal están a cargo de la supervisión de la Reserva Federal, aunque esta supervisa directamente dentro del marco del Comité Coordinador de Supervisión de Grandes Instituciones o Large Institution Supervision Coordinating Committee(LISCC).

La ley Dodd-Frank requirió a la Reserva Federal reforzar la normativa prudencial para los grandes bancos estadounidenses y para ciertas operaciones de entidades bancarias extranjeras, así como para las entidades financieras no bancarias designadas por el FSOC. En este sentido, la Reserva Federal es una de las cinco agencias responsables de implementar, entre otras, la Regla Volcker o la Regla de Hipoteca Residencial Cualificada. También realiza pruebas de estrés para los holdings bancarios y, en conjunto con la FDIC, revisa los testamentos de vida de los grandes holdings bancarios así como de las entidades financieras no bancarias designadas por FSOC.

La Corporación Federal de Seguros de Depósito (FDIC)

La FDIC trabaja para mantener la confianza del público en el sistema financiero asegurando los depósitos, examinando y supervisando las instituciones financieras para garantizar su solvencia y liquidez y para proteger al consumidor frente a la quiebra de entidades bancarias. La FDIC es el principal regulador federal para los bancos con licencia estatal que no son miembros del Sistema de la Reserva Federal, y tiene la autoridad para supervisar y realizar exámenes en instituciones depositarias aseguradas en las que no es el regulador principal.

A partir de la Ley Dodd-Frank la FDIC emite reglas sobre la Regla Volcker, los testamentos en vida y la implementación de la autoridad de liquidación ordenada del Título II, y trabajar con las otras agencias reguladoras financieras con respecto al capital, liquidez y pruebas de estrés.

La Oficina Interventora de la Moneda (OCC)

La Oficina Interventora de la Moneda u Office of the Comtroller of the Currency (OCC) regula y supervisa todos los bancos nacionales y las cooperativas de ahorro federales, así como las sucursales federales y de bancos extranjeros.

La agencia recibió el mandato de Dodd-Frank para trabajar con las otras agencias reguladoras financieras para promulgar reglas que cubran la mitigación de riesgo de crédito sobre titulizaciones, capital, liquidez, pruebas de estrés, la Regla Volcker y sistemas de compensación para ejecutivos. El Título III de Dodd-Frank abolió la Oficina de Supervisión de Ahorro y transfirió la supervisión y regulación de las cooperativas de ahorro autorizadas por el gobierno federal a la OCC.

Administración Nacional de Cooperativas de Crédito (NCUA)

La Administración Nacional de Cooperativas de Crédito o National Credit Union Administration (NCUA) regula y supervisa las cooperativas de ahorro y crédito federales. La NCUA también administra el National Credit Union Share Insurance Fund, que ofrece un seguro de depósitos para las cuentas de depósito de todas las cooperativas de crédito federales y la mayoría de las estatales. Con la Ley Dodd-Frank, la NCUA es uno de los reguladores encargados de redactar nuevas reglas de compensación para ejecutivos. La NCUA también implementó una regla de prueba de estrés para las cooperativas de ahorro y crédito con más de $ 10 mil millones en activos.

Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB)

Creado con la Ley Dodd-Frank, la Oficina de Protección Financiera del Consumidor o Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) es la agencia encargada de velar por las 18 leyes financieras federales que destinadas a regular al consumidor de productos y servicios financieros. Además, desarrolla iniciativas de educación del consumidor e investiga y supervisa el mercado de servicios financieros. El CFPB tiene autoridad supervisora y ejecutiva sobre:

  1. bancos, entidades de ahorro y cooperativas de crédito con activos superiores a 10.000 millones de dólares, así como sus filiales;
  2. todos los originadores de hipotecas residenciales no bancarias, intermediarios y administradores;
  3. todos los prestamistas que aceptan la nómina como garantía;
  4. todos los prestamistas privados no bancarios a estudiantes; y
  5. otros mayoristas de otros productos o servicios financieros de consumo según lo determine la reglamentación CFPB.

La Agencia Federal de Financiación a la Vivienda (FHFA)

La FHFA es responsable de la supervisión de las entidades federales de crédito hipotecario Fannie Mae, Freddie Mac y el Federal Home Loan Bank System. Desde 2008, FHFA ha sido el gestor de Fannie Mae y Freddie Mac. A partir de la Ley Dodd-Frank el FHFA promulga reglas conjuntas específicas con otras agencias sobre temas tales como la compensación del originador de hipotecas, la retención del riesgo hipotecario, los requisitos de evaluación y las pruebas de estrés.

LA ESTRUCTURA REGULATORIA DE LOS MERCADOS DE CAPITALES

Actualmente existen dos grandes órganos reguladores de los mercados de capitales en Estados Unidos, la Comisión de Bolsa y Valores y la Comisión de Comercio de Futuros de Mercadería.

Comisión de Bolsa y Valores (SEC)

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos O U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) es una agencia del Gobierno de Estados Unidos que tiene la responsabilidad principal de hacer cumplir las leyes federales sobre valores y tiene jurisdicción sobre corredores y agentes, ofertas de valores en los mercados primario y secundario, compañías de inversión, asesores de inversión, agencias de calificación crediticia y concesionarios de swaps basados en la seguridad. La SEC fue creada por la sección 4 de la Ley de Intercambio de Valores de 1934 —ahora codificada como 15 U.S.C. § 78d— y es comúnmente llamada la ley de 1934. Además de la ley de 1934 que la creó, la SEC hace cumplir la Ley de Valores de 1933, la Ley de Fideicomiso de 1939, la Ley de Compañías de Inversión de 1940, la Ley de Asesores de Inversión de 1940, la Ley Sarbanes-Oxley de 2002 y otras leyes.

Comisión de Comercio de Futuros de Mercadería (CFTC)

La Comisión de Comercio de Futuros de Mercadería o Commodities Future Trading Commission (CFTC) se estableció en 1974 como una agencia reguladora federal independiente con jurisdicción exclusiva sobre los mercados de futuros de productos básicos y opciones sobre futuros. La Ley de Intercambio de Mercancías es la ley federal que rige los mercados de futuros y las autoridades de la CFTC. Aunque originalmente se centró en los contratos de futuros de productos básicos agrícolas, la jurisdicción de la CFTC también se extiende a los contratos de futuros sobre productos de energía, metales, activos e índices financieros, tasas de interés y otras contingencias financieras, comerciales o económicas. En 2010, Dodd-Frank modificó la Ley de Intercambio de Mercancías para ampliar la jurisdicción de la CFTC sobre los swaps e implementar la Regla de Volcker.

 

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Régimen de cobros y pagos al exterior. Control de cambios

Estados Unidos no impone, como norma general, control de cambios, pudiendo los inversores extranjeros repatriar capitales, préstamos e ingresos. Algunos pagos, como dividendos, intereses y servicios de ingresos pueden estar sujetos a retención de impuestos. Todas las transacciones de más de 10.000 dólares deben notificarse a Hacienda (Internal Revenue Service, http://www.irs.gov ). Las personas que entren o salgan del país con más de 10.000 dólares en efectivo, ya sea en dólares o en moneda extranjera, deben efectuar una declaración ante Aduanas en el puerto de entrada o salida.

La Administración de Estados Unidos aplica una política activa de sanciones económicas a ciertos países que tienen reflejo en algunas o en todas las actividades de carácter económico y comercial con dichos países. Compete al Departamento del Tesoro administrar los programas de sanciones económicas relacionadas directa o indirectamente con transacciones financieras o comerciales con Cuba, Irán, Corea del Norte y Sudán, grupos terroristas que dificultan el proceso de paz en el Medio Oriente, organizaciones terroristas internacionales (Estado Islámico, Al Qaeda y grupos semejantes), y grupos narcotraficantes con sede en Colombia, así como las cuentas bancarias de esas personas o grupos que han sido bloqueadas en Estados Unidos.

La lista actualizada de sanciones activas y países afectados se encuentra aquí: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx

Se encuentran prohibidas las nuevas inversiones americanas en Myanmar, así como las donaciones o las transferencias procedentes de los Estados de Siria y Sudán a grupos que puedan aumentar el peligro de acciones terroristas en los Estados Unidos. Las importaciones de bienes y servicios procedentes de Cuba, Irán, Corea del Norte y Sudán, así como algunos productos procedentes de Angola están prohibidas. Los atentados del 11 de septiembre de 2001 han supuesto una intensificación de estas medidas comerciales y su extensión a un contexto internacional. La congelación de activos terroristas en territorio nacional y extranjero ha constituido una de las primeras medidas para la lucha anti-terrorista.

La Patriot Act es el resultado de la revisión y refuerzo de diferentes leyes estadounidenses que se produjo como consecuencia de los atentados del 11 de septiembre. Esta Ley, aprobada el 26 de octubre de 2001, establece la base legal para que las autoridades puedan combatir desde dentro a las personas, grupos u organizaciones que pudieran intentar perpetrar acciones terroristas contra los Estados Unidos, sus instituciones o sus ciudadanos.

La Ley persigue tres objetivos principales: identificar y rastrear a los potenciales terroristas; identificar y eliminar sus posibles fuentes de financiación; y detectar y prevenir la importación de cualquier arma o material peligroso que pudieran ser empleados en atentados.

La puesta en marcha de la Patriot Act y la reglamentación que la desarrolla han impuesto responsabilidades adicionales a los bufetes jurídicos y profesionales del derecho que actúan en los ámbitos relacionados con el sector financiero, las leyes de inmigración, el derecho internacional, el comercio interior o el derecho aduanero a la hora de aconsejar a sus clientes respecto a la maraña de nuevas disposiciones legales o de determinar si sus prácticas mercantiles se ajustan o no a las referidas provisiones legales o incluso a la hora ayudar a los nuevos negocios a adaptarse a las mismas.

El Export-Import Bank de Estados Unidos (ExImBank) (http://www.exim.gov) - agencia crediticia oficial para la promoción de las exportaciones de Estados Unidos, respalda la adquisición de bienes y servicios estadounidenses por parte de compradores internacionales solventes que no pueden obtener créditos a través de fuentes tradicionales de comercialización y financiación estructurada. 

Ex-Im Bank no compite con entidades crediticias del sector privado sino que proporciona productos que cubren las lagunas en el área de comercialización y financiación estructurada. EximBank asume el riesgo país y el riesgo crediticio que el sector privado no puede o no quiere aceptar y ayuda a equiparar las condiciones para los exportadores de Estados Unidos igualando la financiación que otros Estados brindan a sus exportadores.

Ex-Im Bank apoya la adquisición de bienes de capital y servicios relacionados de EE.UU. garantizando o asegurando los préstamos a compradores internacionales. En algunos casos, también proporciona préstamos directos a los compradores. Hay financiación a corto, mediano y largo plazo.

Instituciones Financieras

En primer lugar cabe destacar que el Tesoro (concretamente el “Financial Crimes Enforcement Network”, también conocido como “FinCen”) dispone legalmente de amplios poderes a la hora de investigar potenciales actividades terroristas.

La Patriot Act también modificó y complementó la Bank Secrecy Act y otras reglamentaciones federales, a la vez que establece de forma pormenorizada nuevos requisitos operativos de obligado cumplimiento por las instituciones financieras.

En este sentido, las instituciones financieras han desarrollado y puesto en marcha programas contra el blanqueo de dinero; han obtenido y verificado nueva información sobre nuevos y antiguos depositantes; y han procedido a documentar, actualizar y archivar dichos datos.

La Ley exige además que las entidades financieras lleven a cabo investigaciones adicionales relativas a sus clientes con el fin de detectar y en su caso dar parte de aquellos casos de blanqueo de dinero así como de identificar y proporcionar al Departamento del Tesoro información sobre cuentas corrientes de riesgo a partir de la información disponible en las nuevas o actualizadas bases de datos.

Programas contra el blanqueo de dinero

La Patriot Act otorga la consideración de crimen al blanqueo de dinero conforme lo establecido en el código penal (el United States Code) y establece que las organizaciones financieras deberán establecer programas anti-blanqueo de capitales. Estos programas se añaden al ya existente “know your customer ” y a los requisitos del “enhanced due diligence”.

Sin embargo, una de las novedades de la Ley a estos efectos es que extiende el concepto de entidad financiera a otras figuras distintas tradicionalmente de aquellas. Así, por entidad financiera deberá entenderse una institución o banco asegurado, banco de depósitos, banco comercial, compañía de seguros, las figuras del broker/dealer, la joyería, la agencia de viaje, o el prestamista.

Al respecto, la Ley establece que dichos programas anti-blanqueo deberán establecer y poner en marcha políticas internas, procedimientos y controles, designar personas responsables de su ejecución, impartir programas de formación a los empleados en medidas contra el blanqueo de capitales y crear y administrar un cuerpo independiente de auditoría responsable de controlar y regular el programa contra el blanqueo de capitales. Cabe señalar que dichas actuaciones deben ajustarse caso a caso a cada institución, no siendo de utilidad los programas de carácter genérico. Incluso, expertos del sector recomiendan acudir a consultores externos que evalúen el grado de conformidad de sus programas con la Ley con el fin de evitar las posibles sanciones y multas previstas en la misma.

Exigencia de informaciones adicionales

La Ley (Patriot Act) confiere al Secretario del Tesoro, a través del FinCen, la potestad de reclamar a las instituciones y agencias financieras nacionales la adopción de medidas especiales, si existen evidencias razonables, para determinar si una entidad puede estar involucrada en operaciones de blanqueo de capitales.

Las decisiones del FinCen se basarán en normas de carácter objetivo pero tienen la capacidad de afectar a las relaciones de las instituciones financieras con sus clientes. Estos últimos se ven obligados a responder a las exigencias y prerrequisitos que marca la Ley.

De esta manera, el Secretario del Tesoro puede exigir que las organizaciones financieras:

Diseñen y pongan en marcha un sistema de mantenimiento de datos y de traslado de la información requerida. Obtengan y conserven la información relativa al propietario beneficiado de los fondos en cuestión. Prohíban o impongan condiciones respecto a la apertura y mantenimiento de cuentas corrientes.

La Ley también exige que las instituciones financieras pongan en marcha procedimientos para verificar la identidad de los clientes que soliciten abrir cuentas corrientes y para mantener información que permitan la verificación de la identidad del cliente.

Además, las entidades financieras deberán consultar las listas proporcionadas por las diferentes agencias estatales de conocidos sospechosos o de organizaciones terroristas. Asimismo, las referidas entidades tienen prohibida la gestión financiera de cuentas en EE.UU. de entidades financieras internacionales que no tengan una clara sede social.

Diligencias adicionales

La Patriot Act exige además que las instituciones financieras que administren cuentas bancarias o cuentas de correspondencia en EE.UU. de personas no estadounidenses establezcan políticas, procedimientos y controles apropiados, específicos y, cuando sean necesarios, reforzados destinados a detectar y comunicar casos de blanqueo de capitales a través de dichas cuentas.

Actuaciones adicionales de esta naturaleza serán de aplicación para el caso de cuentas propiedad de inversores individuales con un saldo de más de 1 millón de dólares.

En resumidas cuentas, las instituciones financieras deberán:

Verificar quiénes son los propietarios de las cuentas y de dónde proceden los fondos. Informar de las transacciones sospechosas. Controlar especialmente las cuentas de personalidades políticas extranjeras relevantes y de sus familiares.

La ley también contempla normas adicionales que, además de facilitar legalmente la revelación de información sobre cuentas y personas, incrementen la colaboración entre las instituciones financieras y el Departamento del Tesoro. Estas normas exigirán que las instituciones financieras designen empleados encargados de recibir información, de hacer el seguimiento de cuentas o de identificar a personas o entidades y posteriormente a compartir dicha información con el Departamento del Tesoro y otros organismos financieros.

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Repatriación de capital/control de cambios

Estados Unidos no aplica, por norma general, control de cambios, y los inversores extranjeros pueden repatriar libremente capitales, préstamos y beneficios. Algunos pagos, como dividendos e intereses, pueden estar sujetos a retención fiscal.

El IRS, la Hacienda federal, persigue las actividades de money loundering o blanqueo de dinero que tienen origen en actividades ilegales: https://www.irs.gov/uac/overview-money-laundering. Todas las transacciones al contado de más de 10.000 dólares deben notificarse al IRS, la Hacienda federal. Las personas que entren o salgan del país con más de 10.000 dólares en efectivo, ya sea en dólares o en moneda extranjera, deben efectuar una declaración ante Aduanas al respecto, en el punto de entrada o salida.

La Administración de EEUU aplica una política activa de sanciones económicas contra algunos países y grupos específicos. El Departamento del Tesoro es el órgano competente para la administración de los programas de sanciones económicas relacionadas directa o indirectamente con transacciones financieras o comerciales con Corea del Norte, Cuba, Irán, Rusia/Ucrania y Siria. El Tesoro también impone sanciones contra grupos terroristas en Oriente Medio, organizaciones terroristas de carácter internacional (Al Qaeda y grupos afines) y grupos internacionales de narcotraficantes. Para mayor información sobre estos programas consultar la web del Tesoro: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx. Los atentados del 11-S intensificaron estas medidas sancionadoras y la congelación de activos terroristas en territorio nacional y extranjero fue una de las primeras medidas adoptadas con carácter general en la lucha antiterrorista. La administración Obama aplicó medidas para mejorar las relaciones con países como Cuba y Myanmar, eliminando sanciones y limitaciones al comercio existentes contra estos países pero Trump no parece interesado en seguir ese camino.

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