Se trata de un impuesto a la riqueza que se paga por única vez como contribución de las rentas más altas al Estado en el contexto de emergencia mundial creado por la pandemia, según se desprende de la información publicada por Infobae. Grava el patrimonio mundial de los argentinos, así como el patrimonio en Argentina de los no residentes.

El decreto que reglamenta el ‘Aporte solidario y extraordinario’, establece un plazo máximo hasta el 30 de marzo para que los sujetos afectados por la medida presten declaración jurada e ingresen la cuota que les corresponda según la ley.

El tipo impositivo aplicable es entre el 2 % y el 3,5 % sobre los patrimonios de las personas físicas que tengan declarados más de 200 millones de pesos -unos 2 millones de dólares (1,65 millones de euros)-. Para los ciudadanos argentinos residentes, el monto incluirá los bienes declarados en el extranjero, mientras que los no residentes tributarán por su patrimonio radicado en Argentina.

La cantidad para pagar se incrementa progresivamente en función del patrimonio declarado.

• o Un 2 % para el patrimonio entre 300 y 400 millones de dólares
• o 2,5 % entre 400 y 600 millones de dólares
• o 2,75 % entre 600 y 800 millones de dólares
• o 3% entre 800 y 1500 millones de dólares
• o 3,25% entre 1500 y 3000 millones de dólares
• o 3,5% para quienes superen los 3000 millones de dólares

La norma afectará a unas 12 000 personas y se pretenden recaudar con ella unos 3675 millones de dólares. El Gobierno, por su parte, desglosó hacia donde se destinarán los fondos: un 20 % de los fondos de destinarán a gastos sanitarios, otro porcentaje igual a ayudas a pequeñas y medianas empresas y otro 20 % a programas educativos. El resto financiará “un fondo para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de barrios populares y para proyectos de exploración y producción de gas natural”.

En contra de la medida, la clase empresarial cree que el decreto, además de ser confiscatorio y anti inversión, alienta el éxodo empresarial.